El ICAVA renueva el convenio con la Diputación de mediación vecinal gratuita en los municipios de la provincia

El Colegio de Abogados de Valladolid (ICAVA) ha renovado el convenio con la Diputación de Valladolid, con el objetivo de mejorar la convivencia de los ciudadanos vallisoletanos, que recoge un servicio de mediación vecinal gratuita. Esta prestación está dirigida a ciudadanos de municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes. El acuerdo se cerró con la celebración de charlas de asesoramiento legal a jóvenes de colegios, institutos y asociaciones juveniles de la provincia para informarles sobre qué comportamientos pueden suponer un delito y advertirles de las consecuencias penales.

Los abogados del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Valladolid (CEMICAVA), que funciona desde 2015 y que está formado por 46 letrados, son los encargados de llevar a cabo el servicio gratuito de resolución de conflictos que recoge el convenio. Esta prestación ofrece a los vecinos de la provincia un apoyo en problemas de proximidad vecinal, de utilización de espacios y mobiliario público, de convivencia, de asociaciones y de asuntos familiares intergeneracionales.

Los servicios municipales de cada localidad se encargan de contactar con el ICAVA para fijar una fecha para una primera sesión informativa presencial o telemática con los ciudadanos interesados en la prestación, con el objetivo de encontrar una solución consensuada a las diferencias que puedan existir entre vecinos de manera dialogada.

La agrupación de la abogacía joven de Valladolid, el pasado 26 de octubre, tras la celebración de la preceptiva Junta General Extraordinaria, aprobó los nuevos estatutos que regulan la misma.

Entre las principales novedades introducidas, se modifica la duración del mandato, el cual pasa a ser de tres años, en vez de cuatro años, según la redacción del texto anterior.

Gema Hernández, nueva

La abogada Gema Hernández García ha sido elegida nueva delegada del partido judicial de Medina del Campo y su función será la de coordinar con la Junta de Gobierno del ICAVA las diferentes actuaciones que se realicen en dicho ámbito territorial, sirviendo de interlocutora respecto al conjunto de profesionales de la abogacía que residen en dicho partido.

JUzGADO DE FAMILIA

Justicia deja a Valladolid sin un nuevo juzgado especializado en familia

Valladolid tendrá que esperar un año más, al menos, para la creación de un nuevo juzgado de primera instancia especializado en Familia, ya que en la actualidad en esta jurisdicción hay una litigiosidad abundante y en constante crecida, lo que conlleva a la saturación de los juzgados en esta materia, que sufre un atasco medio de unos 373 asuntos en cada uno de sus tres juzgados.

En la redacción del Boletín Oficial del Estado publicado el pasado 16 de no

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viembre, se hacía constar los nuevos 70 juzgados a nivel nacional y no está en la lista ni un nuevo juzgado de familia para Valladolid, ni un juzgado de vigilancia penitenciaria para Soria y tampoco un nuevo juzgado de primera instancia e instrucción para Miranda de Ebro, los tres solicitados en la región por la saturación actual.

El CGAE ha emitido un comunicado debido a las descalificaciones contra la actuación de la abogacía en aplicación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, lamentando y rechazando todos los comentarios vertidos contra los letrados que en el ejercicio de sus funciones buscan la mejor defensa para sus representados durante el proceso penal ,conforme es su obligación deontológica.

El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL), Julio Sanz Orejudo, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, analizaron la situación judicial de la Comunidad durante la Comisión Mixta que acogió el Colegio de Abogados de Segovia. La necesidad de conseguir la conciliación efectiva para los profesionales de la abogacía ha sido una de las demandas que han traslado los abogados a Concepción. Aunque el Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia

Organizativa del Servicio Público de Justicia recoge la suspensión de procedimientos judiciales por permisos de maternidad y paternidad y los días de Navidad —del 24 de diciembre al 6 de enero— han sido declarados inhábiles, los letrados continúan reclamando un avance legislativo inmediato para disfrutar de los mismos reconocimientos laborales que el resto de profesiones.

El CACYL ha denunciado también que la escasez de equipos psicosociales en la Comunidad continúa siendo un problema de especial gravedad, ya que provoca retrasos de hasta un año en los asuntos de familia, que requieren informes elaborados por los psicólogos y trabajadores sociales que componen este servicio. “Tras años de peticiones por parte de la abogacía, no solamente no se ha hecho nada, sino que ha ido a peor y esto ralentiza considerablemente la administración de justicia”, ha explicado Julio Sanz, y ha añadido: “Este retraso afecta a temas muy delicados, como por ejemplo la custodia de los hijos, y en cuestiones relacionadas con los menores hay que pensar principalmente en ellos y no alargar los procedimientos”.

Por otra parte, los abogados de Castilla y León apuestan por la especialización de los funcionarios de los juzgados de las nueve provincias y por la necesidad de disponer de puestos más estables para los jueces. El presidente del CACYL ha destacado también que en algunas provincias de la Comunidad las restricciones por motivos sanitarios están afectando al funcionamiento diario de los juzgados, además de que han puesto de manifiesto las carencias de espacios acondicionados para el uso tanto de los ciudadanos como de los profesionales de la abogacía, que en muchas ocasiones deben esperar en la calle.

Situación en Valladolid

En concreto, el Colegio de Valladolid volvió un año más a poner de manifiesto el problema de la dispersión de las sedes judiciales en la ciudad. Además, el ICAVA criticó las instalaciones de muchos de los juzgados, ya que no disponen de salas de espera, los pasillos son muy estrechos, sin ventilación ni salidas de emergencia y, en muchas ocasiones, tampoco son accesibles.

En la Comisión Mixta, celebrada el pasado 8 de noviembre, entre el CACYL y el TSJCyL se acordó trasladar a los secretarios coordinadores la necesidad de que las vistas recuperen la presencialidad tras la pandemia y se aprobó el Protocolo de Buenas Prácticas Procesales. Además, el TSJCyL mostró su apoyo a la demanda del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) y envió a los juzgados y tribunales de la Comunidad la recomendación de no realizar notificaciones ni señalamientos durante el periodo navideño. Una recomendación que no fue necesaria, porque finalmente fue aprobada en el Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, donde se ha recogido la declaración de inhabilidad entre el 24 de diciembre y el 6 de enero. El objetivo de las recomendaciones, dirigidas a todos los operadores jurídicos y recogidas en el Protocolo de Buenas Prácticas, es contribuir a la agilización de la tramitación de todo procedimiento jurisdiccional y a la eficacia y eficiencia procesal. El texto, que atiende a las tramitaciones escritas, las orales y las suspensiones de actos procesales y vistas, se centra especialmente en la jurisdicción civil-mercantil y en la contencioso-administrativa.

Agrupaciones

Nace la Agrupación del Derecho del Trabajo y Seguridad Social. La Agrupación del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social nace con el fin de compartir e innovar conocimientos en la materia, ya que presenta constantes cambios normativos y jurisprudenciales. Un total de 29 profesionales de la abogacía arrancan la organización formando un equipo que aúna experiencia e ilusión.

NUEVOS DECANATOS EN CUATRO COLEGIOS DE CASTILLA y LEÓN