CONTRAPODER EDICIÓN 2571

La importancia de la manifestación del domingo 26 de febrero

Una perversión de la democracia es la manipulación inducida a través de la desinformación que hay en la población.

D O X A

No hay cabida a la impunidad y la corrupción expresó el diputado Llaven Abarca. Y fue más allá, señaló que las investigaciones en contra de García Luna deben continuar.

El cinismo es extremo porque él representa la impunidad y la corrupción de la 4t.

Y si de verdad no hubiera impunidad en Chiapas él estaría bajo proceso judicial.

CONTRA PODER EN

LLAMADO

El INE será presidido por una mujer, ordena el TEPJF

Con cuatro votos a favor y dos en contra, las y los magistrados determinaron modificar la convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, pues consideraron que ésta no cumplía con el principio de alternancia de género

Damnificados por incendio piden apoyo

DENUNCIA Nepotismo y corrupción en la Delegación del ISSSTE de Tuxtla Gutiérrez

REUNIÓN

FGE

Caravanas,

la única esperanza de migrantes para salir de Tapachula: Irineo Mujica

de Chiapas y Cónsules de Guatemala,Salvador y Honduras acuerdan acciones para el acceso a la justicia de migrantes

GARCÍA LUNA: UN RELATO SIN ATRIBUTOS

Y LA

Jueves 23 de Febrero de 2023 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2571

Una perversión de la democracia es la manipulación inducida a través de la desinformación que hay en la población. Un ejemplo de esta perversidad se observa con la campaña iniciada por la presidencia de la república en contra de la manifestación ciudadana en defensa del voto libra y la autonomía del INE, convocada para el próximo domingo 26 de febrero a las 11 horas en más de 80 ciudades del país y del extranjero. Esta campaña falsa y manipuladora busca hacer creer que quienes se manifiesten este domingo, es porque se apoya a García Luna y a la narcopolítica o porque se quiere que se mantenga la corrupción del antiguo régimen. Nada más falso que esta campaña que busca confundir a la población y continuar con un gobierno de mentiras, de promesas incumplidas y que busca dañar la pobre vida democrática en el país, al disminuir las facultades del INE.

En esta manifestación, nadie busca mantener una política de narcoestado, porque esta se implementa desde la esfera del gobierno que mantiene intacta las redes de macrocriminalidad y que en uno de los momentos más trágicos de

la historia, por órdenes del presidente López Obrador se liberó al hijo de uno de los criminales más peligrosos que había diso detenido en Sinaloa y que hace unas semanas fue detenido, como una de las condiciones que impuso el gobierno norteamericano en la pasada visita del presidente Biden a México.

En la reciente sentencia de la Corte norteamericana se resolvió que García Luna, el principal policía del gobierno de Felipe Calderón, es culpable de los delitos con que fue acusado, entre ellos el de permitir a un grupo delincuencial introducir drogas al territorio norteamericano. En automático esta acción se la apropia como logro suyo el gobierno de López Obrador, cuando este gobierno no ha implementado ninguna política de combate al tráfico de drogas, pero lo más grave, en el antiguo régimen García Luna aparece como el responsables, pero nada se dice sobre quién es el culpable de este gobierno que continúe el tráfico de drogas, particularmente el fentanilo. Aquí mismo en Chiapas se ha señalado el nombre de los funcionarios públicos que protegen a la delincuencia organizada y el gobierno no hace nada, lo que evidencia la colusión que existe

entre el gobierno y los grupos criminales. Lo que resulta una verdad, es que la delincuencia organizada no puede crecer si no es a través de la protección de las autoridades, por eso se denomina como redes de macrocriminalidad, en donde participan los delincuentesautoridades-empresas.

Lo que es un hecho es que la democracia no puede existir sin ciudadanos y en México se ha dejado de lado la construcción de ciudadanías, por eso el éxito en el país de la manipulación y la inducción del voto. De igual manera. La democracia no puede existir sin el ejercicio crítico, la reflexión lúcida y el cuestionamiento al Estado y en el actual gobierno castiga esta actividad, como se pretende castigar la convocatoria de la manifestación en defensa del voto libre y la defensa de la autonomía del INE. Pero sobre todo, se cuestiona la acción gubernamental emprendida por Morena y sus partidos aliados de aprobar unas reformas de ley conocido como el Plan B, que son violatorias a la Constitución. Por eso la manifestación del domingo es sobre todo la exigencia del retorno a la legalidad, que esta siendo violentada por el gobierno de la 4t.

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La importancia de la manifestación del domingo 26 de febrero

Colombianos relacionados con préstamos ilegales “Gota a Gota”, detenidos en Chiapa de Corzo

De la Redacción

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Dos hombres de nacionalidad colombiana relacionados con préstamos ilegales de dinero denominado “Gota a gota”, detenidos por elementos de la Policía Municipal de Chiapa de Corzo luego de ser denunciados de amedrentar y agredir a una persona en el barrio Santa Elena de la cabecera municipal.

Elementos del Grupo Táctico Unidad Policial de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al barrio Santa Elena, tras la denuncia de la agresión física de una persona del sexo masculino por dos hombres de nacionalidad colombiana, quienes acudieron al cobro de los “intereses” del dinero prestado mediante el sistema “Gota a gota”.

Los detenidos Eddie “N” y Wilver “N”, quienes intentaron darse a la fuga a bordo de una motocicleta fueron señalados por la víctima como los responsables de la agresión.

En la detención, a los presuntos

De la Redacción Tapachula, Chis. (Tribuna)

Migrantes de diversas nacionalidades, quienes se cansaron de tantos atropellos en Tapachula, transitaron cerca de 250 kilómetros de carreteras federales, para llegar y concentrarse en el municipio de Arriaga en los límites con Oaxaca y de ahí formar una Caravana rumbo a los Estados Unidos.

Los extranjeros, conformados por Hombres y mujeres solas, así como familias completas. “Burlaron” más de una docena de puestos de control del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, ya que pasaron sin problemas, e incluso de manera anónima los mismos extranjeros señalaron que pagaron para tener libre paso.

A pesar de que todos y cada uno de los migrantes cuenta con su Forma Migratoria Múltiple, documento que acredita su legal estancia en el país, los agentes federales del INM ya los esperaban en los límites con Oaxaca, ya que la instrucción es no dejarlos avanzar.

“La mera verdad no sabemos qué es lo que pretenden las autoridades de migración México, porque nos dan solo un documento para estar en Chiapas, pero no podemos trabajar y ya nuestros familiares no nos mandas

Elementos del Grupo Táctico Unidad Policial de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al barrio Santa Elena, tras la denuncia de la agresión física de una persona del sexo masculino por dos hombres de nacionalidad colombiana, quienes acudieron al cobro de los “intereses” del dinero prestado mediante el sistema “Gota a gota”

responsables de la extorsión se les aseguró dinero en efectivo y tarjetas de cobro de los supuestos clien-

Caravanas,

tes de préstamos con cobros con violencia, así como la motocicleta. Ante el flagrante ilícito fueron

puestos a disposición del Fiscal del Ministerio Público, para determinar su situación jurídica.

de Tapachula: Irineo Mujica

más plata y no tenemos que comer ni donde vivir”, Explica Astrid, quien viaja junto a su hermana y sus dos menores hijos.

Irineo Mujica director de organización pueblos sin fronteras, dijo que la FMM es una trampa, ya que solo es para darles esperanza pero no salir, por eso se desesperan, la intención del INM es contener para que desistan.

“Los migrantes no desisten y se desesperan simplemente y terminan por juntarse y buscar la manera de salir, pero es más peligroso, y atraviesan zonas peligrosas como en el caso de la arrocera, por Huixtla Chiapas, ya que hay bastantes agresiones y muertes”.

El problema más grande de Chiapas es la orden de contener y no deportar y se crea una crisis humanitaria, ya que tampoco están tratando de resolver el problema, es inhumano lo que hacen ya que contener afecta a los migrantes y también a los tapachultecos.

Las caravanas no son la solución pero es la única esperanza de los migrantes para salir, y son un síntoma de la fallida política migratoria, ya

que este gobierno ha sido demasiado cruel contra la comunidad migrante porque no los atiende ni los deporta, y terminan fomentando la migración irregular.

La población en general exige a las autoridades que se aplique la ley y que dejen de estar jugando al gato y al ratón, “si en verdad la ley señala que se les puede regularizar su estancia en México para que continúen avanzando que lo hagan, y si la ley señala que los tienen que deportar pues que también que lo hagan, pero ya no es posible que los tengan aquí amontonados, no es justo para ellos y mucho menos para nosotros los tapachultecos”.

Tal parece que las caravanas son la única opción que les dejan las autoridades de los tres niveles de gobierno a los migrantes; ahora buscarán la forma de seguir avanzando, arriesgándose al paso de vehículos y ser atropellados o engancharse con polleros para sufrir algún accidente como los que ya se han documentado en Chiapas donde las cifras son fatales, con un buen número de migrantes fallecidos.

En el parque central de Tapachula la aglomeración de migrantes es tan grande que ya ocasionó afectaciones a los sectores productivos y empresariales, por lo que de un momento a otro se espera un estallido social.

la única esperanza de migrantes para salir

Organizaciones civiles estiman que 90 mil migrantes cruzan cada mes la frontera sur de México

De la Redacción

Tapachula, Chis. (Tribuna)

Asociaciones civiles estimaron este miércoles que cada mes cruzan la frontera sur de México 90 mil migrantes, lo que significa que cerca del 90% de los migrantes en situación irregular que llegan a la frontera con Estados Unidos pasan por esa zona.

Esto convierte al estado de Chiapas en uno de los mayores pasos migratorios del mundo, aseguró el director de la organización Pueblos

Sin Fronteras, Irineo Mujica.

Puedes leer: Activistas critican propuesta de Biden que obligaría a los migrantes a pedir asilo en otros países antes de solicitarlo a EU

El experto mencionó que miles de migrantes se quedan varados en la frontera sur ante las crecientes restricciones migratorias.

Señaló que algunas personas deben esperar para que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) procese sus solicitudes de asilo o que el Instituto Nacional de Migración (INM) complete sus trámites.

Además, denunció que las restricciones aumentaron desde el encuentro entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Estados Unidos, Joe Biden, en la Cumbre de Líderes de América del Norte, en el pasado mes de enero.

“El problema que tiene la entidad

De la Redacción

Tapachula, Chis. (Tribuna)

Trabajadores del ISSSSTE denunciaron una serie de problemas que atraviesan el gremio laboral que vienen siendo víctimas de violaciones a los derechos laborales de los compañeros.

Además señalan serias violaciones a las garantías individuales, corruptelas y malos manejos de los recursos por parte del contador Rafael Alejandro Tovar Velasco, subdelegado de Administración y del doctor Carlos Alberto Domínguez Maldonado, subdelegado Médico.

Los quejosos aseguran que desde hace años han lucrado con las plazas de confianza e interinatos de la delegación de Tapachula, debido a que estos sujetos ambiciosos y avaros no merecen ser llamados funcionarios públicos, pero les queda mejor el título de “ratas de dos patas”.

Además dicen que éstos se están llevando las plazas de confianza y los interinatos que pertenecen a la

Esto convierte al estado de Chiapas en uno de los mayores pasos migratorios del mundo, aseguró el director de la organización Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica

(Chiapas), es que después de la reunión con los presidentes de Estados Unidos y México, trataron de sellar o cerrar la frontera para detener a la migración”, afirmó Irineo Mujica.

Un ejemplo de esta crisis migratoria es Ali Moreno, de Venezuela, quien huyó de su país por los problemas políticos, la mala situación económica, la falta de agua y energía eléctrica.

“Nosotros pensábamos que, como

México es un país de tránsito, sería un poco más acelerado el proceso para salir de Tapachula y no congestionar esta ciudad fronteriza”, dijo Moreno.

El presidente de la Asociación Nacional de Ciudadanos Independientes en Tapachula (ANCI), Víctor de León Noel López, consideró que las autoridades de los tres niveles de gobierno no han puesto empeño para atender la situación migratoria en la

frontera entre México y Guatemala.

“Jamás se había visto en Chiapas a tantas miles de personas, porque se ha salido de control la migración y no tienen la capacidad para atender a tantas personas”, aseguró Noel López.

La región vive un flujo migratorio récord, con dos millones 76 mil migrantes detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el 2022.

Nepotismo y corrupción en la Delegación del ISSSTE de Tuxtla Gutiérrez

clínica de Tapachula a otros lugares.

Los arriba señalados utilizan sus influencias para poder meter a sus conocidos, amigos y familiares con plazas e interinatos que no les corresponden. Es un abuso de poder, en la delegación de Tuxtla Gutiérrez.

Siempre han salido boletines para dichos interinatos y plazas y ahora resulta que estás personas que no tienen llenadera, quieren también acaparar los boletines de plazas e interinatos de Tapachula lo cual no se vale y afecta a la gran mayoría de trabajadores.

Por lo anterior, exigen los afectados una auditoría a dichos funcionarios y que se llegue hasta las últimas consecuencias para destituirlos de sus cargos que solo lo utilizan para beneficio propio.

Los trabajadores del ISSSTE,

hacen un llamado de atención a los doctores Norma Liliana y Pedro Zenteno Santaella, director general y al presidente Andrés Manuel López Obrador para que tomen cartas

en el asunto, ya que se están violando los derechos de muchos trabajadores que pertenecen a la bolsa de trabajo que nunca han podido tener una plaza de confianza o interino.

FGE de Chiapas y Cónsules de Guatemala,Salvador y Honduras acuerdan acciones para el acceso a la justicia de migrantes

De la Redacción

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

Con el objetivo de reforzar las acciones de coordinación en materia de acceso a la justicia, asistencia y protección consular a migrantes, la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía de Inmigrantes participó en reunión de trabajo con el cuerpo diplomático con sede en los municipios de Tapachula y Suchiate.

En representación del fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández, el fiscal de Inmigrantes, Iván Martínez Villatoro, reconoció la importancia de la labor de los Cónsules de Guatemala, Honduras y El Salvador, destacando sus acciones diplomáticas, para la asistencia consular a sus connacionales que transitan y radican en el estado de Chiapas.

Durante el desarrollo de la reunión, se intercambiaron opiniones

Durante el desarrollo de la reunión, se intercambiaron opiniones e información sobre los temas para garantizar el acceso a la justicia de la población migrante en tránsito y radicada en el estado de Chiapas

de trabajo constantes, con el fin de realizar puntual seguimiento a los asuntos relevantes a tratar por los representantes consulares.

Por otra parte, los Cónsules destacaron la oportuna coordinación y trabajo que existe con la Fiscalía General del Estado.

e información sobre los temas para garantizar el acceso a la justicia de la población migrante en tránsito y radicada en el estado de Chiapas. Asimismo se abordó el seguimiento en la integración de carpetas

de investigación iniciadas por delitos graves y asistencia consular a las víctimas e imputados, al margen de la Convención de Viena.

Cabe destacar que en este encuentro se acordó realizar reuniones

Durante las reuniones de trabajo, se contó con la asistencia de: Carlos Enrique Chopen y Persy Gerardo Ralda Batres, Cónsules Generales de Guatemala, en Tapachula y Suchiate, respectivamente; Ana Irma Rodas de Mendoza, Encargada del Consulado General de El Salvador en el estado de Chiapas y Samuel Armando Galo Espinal, Encargado del Consulado General de Honduras en el estado de Chiapas.

Damnificados por incendio piden apoyo

Rodolfo Flores

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

15 familias que resultaron damnificadas por un incendio ocurrido en la delegación Terán piden ayuda a la población, puesto que perdieron todas sus pertenencias y sus humildes viviendas localizadas en el Tercer Callejón El Refugio.

En dos operativos, la Secretaría de Marina (Semar) detectó, persiguió e interceptó a tres embarcaciones en altamar y detuvo a 10 personas que trasladaban dos mil 400 kilogramos de cocaína que fue asegurada y llevada a Puerto Chiapas.

La Marina dijo hoy que, en ambos casos, además de las dos toneladas y 400 kilos de cocaína, aseguró a los 10 detenidos tres mil 512.5 litros de combustible y siete motores fuera de borda de alta potencia.

El primero de los operativos realizado el pasado lunes 20 de febrero, a 407.4 kilómetros al suroeste de Puerto Chiapas, en el que se trabajó en conjunto con la Guardia Costera de Estados Unidos, se logró el aseguramiento de aproximadamente mil

500 kilogramos de cocaína, una embarcación menor con tres motores fuera de borda, así como la detención de cuatro presuntos infractores.

En el segundo operativo realizado el pasado martes 21 de febrero, a 496.3 kilómetros al suroeste de Puerto Chiapas, se logró el aseguramiento de aproximadamente 900 kilogramos de cocaína dentro de 30 bultos con 30 paquetes cada uno; dos embarcaciones menores con dos motores fuera de borda cada una y tres mil 512.5 litros de combustible contenido en un carrotanque y 53 bidones, así como la detención de seis presuntos responsables.

La droga, las tres lanchas, las 10 personas detenidas y todo lo decomisado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República en su subdelegación de Tapachula.

El incendio afectó a ocho viviendas, el siniestro fue ocasionado por un sujeto en estado inconveniente, que prendió fuego a una casa pero las llamas se extendieron al resto.

En uno de los casos, Ismael reconoció que, a pesar de ser una zona de alto riesgo dictaminada como no apta para vivir, los propietarios son personas de muy bajos recursos que no tienen un espacio donde vivir.

“Acá nosotros nos dedicamos a recolectar chatarra, fierro viejo, cartón, plástico y otras cosas para sobrevivir, no tenemos casa, no tenemos a donde ir”, expresó.

Las viviendas eran en su mayoría de cartón, madera y plástico, por ello la pérdida fue total.

Los afectados hacen un llamado a las autoridades y a la sociedad a tender la mano en estos momentos que requieren de alimentos, víveres y otros artículos.

Por su parte, Eder Fabián Mancilla Velázquez, secretario muni -

cipal de Protección Civil de Tuxtla informó que, se ha levantado un censo para tener certeza de las familias afectadas y brindar apoyo en la medida de las posibilidades.

Recordó que desde hace dos años se había notificado a los habitantes de este punto de la ciudad que no podían habitar por tratarse de una zona de alto riesgo.

“Se les está brindando el apoyo, lo que esté en nuestras posibilidades, pero la realidad es que, en esta zona no pueden habitarla”, expresó.

Las autoridades, indicaron que, a estas familias no se les permitirá regresar a este lugar, incluso, las otras viviendas que están en el margen del Sabinal, serán desalojadas para evitar cualquier tipo de riesgo.

Los afectados estarán pernoctando de manera momentánea en el Domo del parque de la Colonia San José Terán.

Isaín Mandujano

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

La Semar asegura 2.4 toneladas de cocaína y detiene a 10 presuntos traficantes en dos operativos

Colapsa Cuernavaca: Bloquean los accesos a la ciudad por falta de agua

Jaime Luis Brito Cuernavaca, Mor. (apro)

Desde las 6:30 de la mañana, las principales calles, avenidas y accesos a Cuernavaca se encuentran cerrados por centenares de personas provenientes de diversas colonias en demanda del restablecimiento del servicio del agua potable.

El servicio del líquido, que lleva suspendido desde hacer varias semanas, es debido al corte de electricidad en los pozos a consecuencia de un adeudo del gobierno municipal con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La protesta se ha venido repitiendo a lo largo de las últimas semanas y meses. Proceso reportó el año pasado la terrible crisis económica que vive el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), mismo que ha sido tomado como “caja chica” por varios gobiernos desde hace unos 20 años y que ha dejado fallas en el suministro y adeudos millonarios con la CFE, lo que ha dejado sin servicio a miles de pobladores.

Hace un mes, a través de redes sociales, vecinos convocaron a cerrar todos los accesos de la ciudad, lo que provocó incluso que unos 25 mil estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) pasaran de clases presenciales a virtuales durante 24 horas, para evitar los problemas de movili-

dad que provocan los bloqueos.

El martes 21 hubo bloqueos que mantuvieron a miles de automovilistas varados, y este miércoles los bloqueos iniciaron aún antes de amanecer.

A las 6:30 de la mañana ya estaba bloqueado el acceso más importante a la ciudad en el norte, en el monumento de la Paloma de la Paz y en los siguientes minutos se bloquearon todas las arterias que conectan el oriente con el norte de Cuernavaca, haciendo casi imposible llegar al campus de la UAEM.

Luego, los bloqueos se extendieron a lo largo de todas las salidas del Paso Exprés, generando caos en prácticamente toda la ciudad, cortando de tajo la comunicación entre el oriente y el poniente de Cuernavaca.

Enseguida se bloquearon las ca -

lles del centro de la ciudad. Alrededor de las 10 de la mañana, en la carretera federal a Tepoztlán, frente a la sede de la Secretaría del Bienestar del gobierno federal, aprovechando que por los bloqueos estaba vacía, los vecinos armaron la “cascarita” de futbol.

Mientras tanto, las autoridades de Cuernavaca encabezadas por el panista José Luis Urióstegui Salgado, mantuvieron una negociación con la CFE y argumentaron que el adeudo es heredado desde hace varias administraciones. De acuerdo con la información disponible, el ayuntamiento de Cuernavaca tiene pasivos por más de 310 millones de pesos con corte al 15 de febrero.

Los adeudos se acumularon particularmente en la pasada administración del morenista Francisco Antonio Villalobos Adán, quien de hecho se

encuentra preso y bajo proceso por cohecho y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el adeudo comenzó a acumularse en la época de Cuauhtémoc Blanco Bravo, hoy gobernador de Morelos, quien fue presidente municipal de 2016 a 2018, pero se ahondó en el gobierno de Villalobos Adán.

Esta tarde se anunció un acuerdo entre el SAPAC y la CFE para restablecer el servicio en los pozos de agua, sin embargo, los vecinos en la mayoría de los bloqueos no quieren más promesas y mantienen sus protestas.

En algunos pozos donde todavía no ha sido cortada la luz, vecinos han comenzado a hacer guardias para evitar que trabajadores de la CFE corten el suministro y con ello dejarlos sin agua potable.

Con palos, piedras y palos, algunos vecinos han montado guardias y se dicen dispuestos a defender los pozos municipales de los trabajadores de la CFE. “Nosotros pagamos nuestra agua, cada mes llega el recibo y vamos y lo pagamos. Y estos hijos de la chingada (autoridades del ayuntamiento) no pagan, se roban el dinero y luego nosotros nos quedamos sin agua. No es justo, señor. No lo vamos a permitir. Si vienen esos cabrones (de la CFE), no vamos a dejarlos que nos quiten el agua, a madrazos o como sea lo vamos a impedir”, dijo un vecino que aseguró que ha padecido varios cortes del suministro.

Pedro Zamora Morelia, Mich. (apro)

Alfredo Cisneros Madrigal, defensor de bosques de la comunidad purépecha de Sicuicho, fue asesinado a balazos la noche del martes 21 al llegar a su domicilio, denunció el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM).

Cisneros, quien fue un promotor de la autonomía de su comunidad, era presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Sicuicho y “un defensor incansable de los bosques, del territorio y de los derechos colectivos”, indicó el organismo a través de un comunicado.

Asimismo, añadió el CSIM, el líder comunal había denunciado ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y ante Gobierno del Estado de Michoacán la tala clandestina de los bosques de pino y combatió el cambio de uso de suelo que se promueve para la siembra inmoderada de aguacate.

El Consejo Indígena denunció que en Michoacán, en las últimas décadas, más de 60 activistas sociales, defensores de los bosques, autoridades comunales y ambientalistas,

Matan a Alfredo Cisneros, defensor de bosques de la comunidad purépecha de Sicuicho

“han sido asesinados o desaparecidos por defender la vida, los recursos naturales y luchar en contra de las injusticias sociales, sin que hasta la fecha, se haya resuelto un solo caso, esto a pesar de que se presentaron las denuncias correspondientes”, por lo que “en Michoacán imperan la inseguridad y la impunidad”.

Asimismo, manifestó que desde el asesinato de Alfredo Cisneros, a través de las autoridades civiles, comunales y tradicionales de Sicuicho, se solicitó la presencia de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil, pero a lo largo de este miércoles ninguna institución de seguridad se presentó en la comunidad.

Por lo anterior, “en este contexto de inseguridad, inoperatividad y omisión de la Secretaria de Seguridad Pública, exigimos la renuncia de su secretario, José Alfredo Ortega Reyes, por no cumplir con el convenio firmado por el gobernador de Michoacán con las Rondas Comunales, donde se comprometían a enviar un

destacamento de la Guardia Civil a las comunidades autónomas, en lo que las Rondas Comunales continuaban con su capacitación y certificación”.

El CSIM se quejó también de que las autoridades no han respondido en tiempo y forma a los llamados de auxilio de las comunidades indígenas, además de que han reprimido a los pueblos originarios y no han cumplido con su obligación constitucional de otorgar seguridad para el pueblo de Michoacán.

Finalmente, emplazaron al Go-

bierno de la República y al Gobierno de Michoacán a instaurar una Mesa de Justicia para las comunidades indígenas, “de lo contrario, no nos dejarán otro camino que movilizarnos en todos nuestros territorios, para exigir justicia por los defensores de las comunidades desaparecidos o asesinados”.

Frente a los últimos acontecimientos, el Consejo Indígena exigió “enérgica y colectivamente al Estado mexicano justicia para el compañero Alfredo Cisneros Madrigal y seguridad para la comunidad de Sicuicho”.

México dará asilo y nacionalidad a todos los nicaragüenses que lo soliciten: AMLO

Dalila Escobar Ciudad de México (apro)

En México están abiertas las puertas a nicaragüenses que lo soliciten, las relaciones con el gobierno de Daniel Ortega se mantienen con normalidad y se apuesta por la vía del diálogo para resolver el conflicto en ese país, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Decirles que México siempre ha estado abierto a dar protección y hacer valer el derecho de asilo”, afirmó.

“Ya cuando deciden tomar la última determinación de sacar al exilio a Estados Unidos a un grupo de nicaragüenses, ya para nuestros adversarios que no entienden cómo debemos actuar en estos casos y nunca van a estar de acuerdo con nosotros empiezan a decir qué pasa con México”.

Dio a conocer una carta que le envió a su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, el 1 de diciembre de 2022, de la cual no ha tenido respuesta.

“Ahora damos a conocer esto y también les informo que ha habido personas de Nicaragua que han pedido estar en México. Me lo informó el secretario de Relaciones Exteriores, me consultó y la instrucción que todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas y son bien recibidos”, dijo.

Agregó que se dará asilo y nacionalidad a quienes lo pidan, aunque dijo que “la nacionalidad no se puede perder por decreto”.

Al sostener que las relaciones entre México y Nicaragua se mantienen porque “nosotros no podemos

Diana Lastiri Ciudad de México (apro)

Diversas autoridades de la UNAM impugnaron la suspensión provisional concedida a la ministra Yasmín Esquivel Mossa que frenó la emisión de una resolución sobre el caso del supuesto plagio de su tesis de licenciatura y prohibió a la casa de estudios informar sobre dicho asunto.

El rector de la UNAM, Enrique Graue; así como el Comité Universitario de Ética; el director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón e integrantes del Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón presentaron un recurso de queja ante la juez Quinto de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México.

El recurso impugna el acuerdo del 15 de febrero pasado en el que la juez concedió la suspensión y ordenó remitir su informe y el expediente a un Tribunal Colegiado para que sea este el que resuelva si la medida

alejarnos de la posibilidad de ayudar en la reconciliación”, porque, afirmó, se tiene que actuar como hermanos y procurar la fraternidad universal, porque la patria es todo el mundo.

“Ojalá que las cosas se resuelvan bien que el pueblo hermano de Nicaragua y vamos a seguir actuando de manera responsable y prudente” y añadió: “Nosotros somos respetuosos y queremos buscar que mediante el diálogo se resuelvan las diferencias, muchos opositores de otros países escogen a México para venir a dialogar porque es un país que les garantiza libertades y eso es lo que buscamos”.

Expresó que varios de los personajes implicados, que vienen del sandinismo, es como “decía nuestro gran poeta Efraín Huerta: Mis maestros del marxismo no los puedo entender, unos están en la cárcel y otros en el poder. Así estamos en el caso del sandinismo, a mis amigos sandinistas unos están en la cárcel, otros en el destierro y otros en el poder”.

López Obrador no se había pronunciado al respecto “porque lo que

se debe de buscar es la reconciliación y la unidad, (-¿Hay disposición?-), es que se tiene que insistir en eso. Es posible dialogar, todos dialogan, hasta los acérrimos enemigos (…) Siempre buscamos nosotros que se llegara a un acuerdo y que se liberara a los presos”.

Sobre si Ortega violó derechos humanos, el presidente contestó: “No me voy a enganchar”.

En la carta enviada hace casi tres meses se lee:

José Daniel Ortega Saavedra Presidente de la República de Nicaragua

Presente

Me permito transmitirle un cordial saludo y los mejores deseos para usted, su familia y todo el hermano pueblo de Nicaragua.

Recientemente nos han llegado diversas expresiones de malestar por la situación de ciudadanas y ciudadanos nicaragüenses, miembros de diversas organizaciones políticas, que actualmente se encuentran en prisión en su país.

Entre ellos, de manera particular, nos preocupa el caso de la seño-

ra Dora María Téllez, cuyo estado de salud, según nos informan, es delicado. En consecuencia, queremos reiterar a usted la disposición y voluntad de nuestro pueblo para recibir a la señora Téllez en México, evitando fines protagónicos, con el único propósito de que reciba la atención médica necesaria y pueda permanecer en nuestro país, si así lo solicita y es su voluntad.

Este planteamiento responde a razones humanitarias. Reitero: no nos mueve otro interés más que la hermandad con el pueblo de Nicaragua, nuestra historia común y el compromiso de México de siempre abrir las puertas a quienes lo consideran indispensable para su seguridad y protección, más allá de ideologías o posturas políticas. También le expreso que en ningún momento nos prestaríamos a ser usados en campaña contra Nicaragua y su gobierno, alentada por intereses ajenos a los de nuestros pueblos.

Considero que un gesto humanitario hacia la señora Téllez, o de cualquier otra de las personas hoy recluidas, de ninguna forma iría en desdoro de la política soberana de Nicaragua y sería recibido muy positivamente por la comunidad internacional, en particular por quienes somos sus hermanos y amigos.

En ese sentido, no es nuestra intención hacer ninguna expresión pública sobre el tema que nos ocupa y, de así considerarse, cualquier comunicación al respecto se haría según lo determine el gobierno de Nicaragua.

Sin otro particular, reciba las seguridades de mi más alta consideración.

UNAM impugna suspensión que le impide informar sobre el caso Yasmín Esquivel

estuvo apegada a la ley.

Los recursos 76 al 78/2023 fueron admitidos a trámite por el Vigésimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito y se prevé que sean revisados en las próximas horas.

En tanto, este miércoles, la juez Quinto de Distrito celebrará la audiencia incidental en la que resolverá si concede o no la suspensión de manera definitiva a la ministra para que la medida se mantenga vigente hasta que se dicte sentencia de amparo.

Esto, debido a que los recursos de queja presentados por la UNAM no impiden a la juzgadora resolver sobre la suspensión definitiva.

Proceso informó el pasado viernes que para la UNAM la suspensión provisional concedida a Yasmín Esquivel coarta el derecho a la información de

los universitarios y de la sociedad.

“Esta casa de estudios es respetuosa de la ley y acatará lo estipulado en el acuerdo de suspensión provisional referido en el sentido de no divulgar información relativa al caso y hasta uso de los recursos jurídicos a que tiene derecho.

“La Universidad es un espacio de

libertades donde la pluralidad de las ideas se expresa y confronta sin restricciones ni cortapisas. En la Universidad no se acallan las voces; por el contrario, es donde se alienta el debate y se cultiva el pensamiento crítico. La censura siempre será contraria a la esencia de la Universidad”, señaló.

Morena y sus aliados aprueban el Plan

B de la reforma electoral en el Senado

De la Redacción

Ciudad de México (apro)

Con el voto de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y Encuentro Social, fue aprobado en el Senado el llamado Plan B de la reforma electoral y de inmediato fue turnado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solamente hubo un cambio en la propuesta: se eliminó la llamada cláusula de vida eterna de los partidos pequeños como el Partido del Trabajo y el Partido Verde.

Con 72 votos a favor de Morena, PT, PVEM y PES, y 50 en contra del PAN, PRI, MC, PRD y Grupo Plural fue aprobada la reforma electoral. Sin embargo, la oposición reiteró de inmediato que se presentarán más acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esta reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, implica una reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE), recorte en el gasto y eliminación de su autonomía presupuestal, el despido del 84.6 por ciento del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), la fusión de áreas y la remoción anticipada del actual secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo

Con 72 votos a favor de Morena, PT, PVEM y PES, y 50 en contra del PAN, PRI, MC, PRD y Grupo Plural fue aprobada la reforma electoral. Sin embargo, la oposición reiteró de inmediato que se presentarán más acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (apro)

El apoyo fiscal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para contener el incremento del precio de las gasolinas ascendió a 397 mil 298 millones de pesos en el 2022, lo que equivale al 10.4% de los ingresos tributarios, reveló el Centro de Estudios Económicos y Presupuestarios (CIEP).

No solo eso, de acuerdo al reporte Estímulos fiscales sobre el IEPS a combustibles, Petróleos Mexicanos (Pemex) fue el más favorecido por esta política, ya que, además de recibir el 31% de los ingresos petroleros extraordinarios, el 77.6% de las devoluciones por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a combustibles reportadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), correspondieron a dicha empresa productiva del Estado.

Según el CIEP, el decreto por el que se establecen estos estímulos fiscales, publicado en marzo de 2022, afectó la recaudación tributaria extraordinaria, ya que a pesar de que todos los conceptos tributarios distintos a

Molina, entre otros cambios que deberán efectuarse a más tardar el 1 de agosto de 2023. También establece la reducción de los salarios de los consejeros, quienes ganan más que el mandatario federal, y la eliminación de fideicomisos. Pero permite que los partidos podrán conservar el dinero que no se gaste en el año para utilizarlo posteriormente y que no haya multas por padrones irregulares.

Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado, remitió la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral al Ejecutivo Federal para su publicación. Por siete horas, los partidos discu-

tieron la reforma, sin embargo, los legisladores de Morena aprovecharon para hablar del veredicto de la Corte de Brooklyn, que declaró culpable de narcotráfico a Genero García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón; a su vez, los legisladores de oposición llamaron a participar en la manifestación del próximo domingo a favor del Instituto Nacional Electoral (INE).

Subsidio a las gasolinas sumó 397 mil 298 millones de pesos en 2022

IEPS a combustibles fueron mayores a lo esperado, la recaudación fue 135 mil 814 menor a lo estimado.

Dentro del total del apoyo fiscal a las gasolinas por parte del gobierno, la estimación no contempla los gastos fiscales en otros impuestos como IVA e ISR.

Por un lado, al controlar el precio final de las gasolinas, se pierde recaudación por IVA; y, por el otro lado, el marco legal permite compensar los saldos a favor en IEPS contra dichos impuestos.

“Estos gastos no han sido reportados de forma detallada, por lo que se desconoce el gasto fiscal total que los incentivos fiscales al IEPS tienen en otros conceptos tributarios”, acotó el CIEP.

Por otra parte, al segundo trimestre de 2022 se observó una recaudación negativa en IEPS a gasolinas por 22 mil 055 millones de pesos; lo que corresponde a una cuota

promedio de cero e incrementos en ambos estímulos.

Asimismo, al cuarto trimestre la política de incentivos disminuyó al mismo tiempo que la de cuotas creció, lo que representó un crecimiento en la recaudación respecto al tercer trimestre para cerrar el año en menos 79 mil 162 millones de pesos.

Dada el alza en los precios de los combustibles observados de forma mundial, en México se incrementaron los estímulos fiscales a los combustibles automotrices a través de una reducción a la cuota del IEPS, lo anterior con el objetivo de reducir la volatilidad en los precios de dichos productos.

El INE será presidido por una mujer, ordena el TEPJF

Rodrigo Vera

Ciudad de México (apro)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (TEPJF) ordenó hoy a la Cámara de Diputados que se incluyera solo a mujeres en la quinteta para elegir al próximo presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), con el objeto de cumplir con el principio de paridad y de alternancia de género.

Con cuatro votos a favor y dos en contra, las y los magistrados determinaron modificar la convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, pues consideraron que ésta no cumplía con el principio de alternancia de género.

Por esta razón, exhortaron a los diputados a que la quinteta de aspirantes a la presidencia del Consejo General del INE esté integrada solo por mujeres, a fin de garantizar esta alternancia de género.

A favor de esta propuesta votaron el presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez y el magistrado Felipe de la Mata, así como las magistradas Mónica Soto y Janine Otálora.

Mónica Soto argumentó que

Con cuatro votos a favor y dos en contra, las y los magistrados determinaron modificar la convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, pues consideraron que ésta no cumplía con el principio de alternancia de género

en los espacios públicos, como las presidenciales en las autoridades, en este caso electorales, que son de gran relevancia para la democracia”.

La magistrada Janine Otálora detalló que, desde su creación, el órgano electoral ha tenido 12 presidentes hombres, mientras que dos consejeras mujeres lo han encabezado solo de manera provisional, mientras se daban los nombramientos.

Ante esta situación, Otálora señaló:

“Estimo que se tiene que ordenar que en la quinteta para la presidencia del INE se integre únicamente por mujeres, para así garantizar que quien presida sea una mujer”.

Y el magistrado Felipe de la Mata señaló por su parte:

desde que nació el Instituto Federal Electoral, ahora INE, jamás ha sido presidido por una mujer, por lo que ahora debe haber alternancia.

Dijo:

“Para alcanzar la igualdad plena, efectiva y sustantiva, es necesario emitir medidas a favor de las mujeres que aceleren su representación

“Ya es momento de que exista una presidenta en el INE. La historia de la institución ha sido bastante injusta con la lucha histórica de las mujeres”.

Organizaciones civiles piden audiencia ante la CIDH para denunciar el desabasto de medicamentos en México

De la Redacción Ciudad de México. (Tribuna)

Organizaciones civiles mexicanas solicitaron este miércoles una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el desabasto de medicamentos, especialmente los oncológicos, que suma varios años en el país.

“El objetivo de la audiencia es poner a disposición de la Comisión información sobre las deficiencias en el acceso, compra y distribución de medicamentos en México, las violaciones a derechos humanos que ha provocado el esquema empleado por el gobierno actual y la poca o nula actividad del Estado mexicano para atender esta problemática”, dijeron en un comunicado.

Lideradas por Renace capítulo San Luis Potosí, Justicia Justa y Colectivo Toma tu Remo e Impunidad Cero, las organizaciones detallaron que, en caso de que se otorgue la audiencia, pondrán a disposición de la CIDH documentos e informes referentes a temas como la falta de

transparencia y de publicidad sobre los términos de la compra consolidada y distribución de medicamentos.

Asimismo, expondrán problemáticas como el nuevo esquema de adquisición y distribución de fármacos implementado por el gobierno mexicano a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

También abordarán la falta de regulación para que el Insabi realice la compra consolidada de medicamentos a nivel nacional, así como las deficiencias detectadas en el nuevo esquema de compras y cómo esto afectó a la salud y el acceso a medicamentos oncológicos, especialmente para niñas y niños con cáncer.

Las agrupaciones añadieron que advertirán sobre los riesgos que podrían darse si no se consiguen soluciones, así como las violaciones a los derechos humanos a la salud, a la dignidad, a la integridad física y el derecho a la vida contra la población mexicana.

Además, dijeron que evidenciarán los mecanismos legales que ha empleado la población para exigir

al gobierno mexicano el acceso a la salud y a los medicamentos.

Finalmente, las organizaciones hicieron un “llamado urgente” a la CIDH para que se abran los espacios de comunicación para que reciba la información recabada por las cuatro organizaciones.

“Con el objetivo de que se puedan tomar a la brevedad las medidas adecuadas para que las niñas, niños y adolescentes de México tengan una esperanza de vida”, puntualizaron.

La crisis por el desabastecimien-

to de medicamentos en el sector salud se agudizó en 2019 por los recortes presupuestarios y los cambios en la compra de las medicinas, impuestos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018.

Además, en 2020 la situación se complicó por el impacto de la pandemia de la covid-19, lo que desató protestas y una crisis política para el gobierno. Con información de Latinus (EFE)

“Presidente, rompa el pacto”: a dos años del movimiento de mujeres que confrontó al presidente de México

De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

Este 17 de febrero se cumplieron dos años de la campaña con la que ciudadanas y mujeres de la esfera pública exigieron a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) romper el pacto patriarcal y pronunciarse contra la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Actualmente, Macedonio sigue ejerciendo un cargo público a pesar de las acusaciones de violencia sexual en su contra. Aunado a esto, la aprobación del llamado Plan B de la reforma electoral abriría la puerta a que más agresores lleguen a cargos de elección popular.

En 2021, Félix Salgado Macedonio se lanzó como precandidato para la gubernatura de Guerrero por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Sin embargo, sus planes quedaron estancados luego de que saliera a la luz el testimonio de una mujer militante del partido a quien Salgado presuntamente violó en 2016.

Al ser increpado al respecto, el presidente López Obrador respondió minimizando los hechos y afirmando que eran tiempos electorales, por lo que podía tratarse de una mentira. Sus declaraciones despertaron la indignación en varios sectores de la sociedad, en especial de las mujeres, quienes comenzaron a difundir el mensaje “Presidente, rompa el pacto” (el pacto patriarcal) a través de redes sociales.

Entre quienes difundieron este mensaje se encuentran Natalia Beristáin, directora de la película Ruido (2023), y las entonces diputadas Wendy Briseño Zuloaga y Laura Imelda Pérez Segura. Ellas, junto con muchas otras mujeres, exigieron a López Obrador posicionarse en contra de la candidatura de Salgado Macedonio emergida desde el seno de su partido.

Días después, AMLO dio respuesta a estas exigencias aludiendo a una “simulación del feminismo”. También afirmó que no sabía lo que significaba “romper el pacto” y que esas expresiones “importadas” no tienen que ver con la realidad mexicana. Sin embargo, esta realidad contradice las palabras del presidente mexicano y evidencian que aún no entiende lo que significa dejar de respaldar a agresores.

El pacto patriarcal desde la pre -

Al ser increpado al respecto, el presidente López Obrador respondió minimizando los hechos y afirmando que eran tiempos electorales, por lo que podía tratarse de una mentira. Sus declaraciones despertaron la indignación en varios sectores de la sociedad, en especial de las mujeres, quienes comenzaron a difundir el mensaje “Presidente, rompa el pacto” (el pacto patriarcal) a través de redes sociales.

sidencia de AMLO

Félix Salgado Macedonio cesó en su intento de gobernar Guerrero. No obstante, su carrera política no paró a pesar de las presuntas violaciones que cometió contra una trabajadora en 2016: aunque la situación llegó a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, tal parece que el partido no tomó acciones al respecto, pues Salgado Macedonio actualmente se desempeña como senador de la República.

De hecho, justo este 17 de febrero, el político y presunto agresor afirmó a través de Twitter que López Obrador volverá a ser presidente en 2030. Con esto queda claro el respaldo entre ambos políticos afianzado en un pacto que invisibiliza las violencias contra las mujeres y las minimiza en favor del sistema político.

Pero el caso de Félix Salgado Macedonio no es el único ejemplo de esto. El nuevo gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, tiene dos señalamientos en su contra por acoso sexual y violencia de género. Su partido, Morena, no se ha pronunciado al

respecto, mientras Villarreal ya empezó a ejercer su cargo sin ningún problema.

Ambos funcionarios ocupan puestos de poder, lo que significa que tienen la facultad necesaria para legislar y actuar a favor o en contra de los derechos de las mujeres. También significa que están inmersos en redes donde pueden hacer uso de su jerarquía política para permanecer en la impunidad.

Plan B podría solapar a agresores en el poder

En México, la iniciativa 3 de 3 se ha presentado como una de las alternativas para impedir que agresores sexuales, deudores alimentarios y agresores por razón de género accedan a cargos públicos de elección popular.

Dicha iniciativa consiste en que quien desee postularse para estos cargos no tenga antecedentes penales relacionados con las violencias enumeradas arriba. Con ello se pretende, justamente, que el poder deje de estar en manos de quienes no son capaces de respetar los derechos humanos de las mujeres y de las infancias.

No obstante, los avances de esta iniciativa (que ya fue adoptada en Yucatán, Nuevo León e Hidalgo) podrían estar en riesgo con el recién aprobado Plan B de la reforma electoral. Este plan establece que las autoridades electorales “no tendrán competencia para rechazar candidaturas de personas que han cometido violencia política en razón de género contra las mujeres, como resultado de sanciones administrativas o judiciales distintas de las penales”.

Además de esto, no se reconoce la posibilidad de cancelar candidaturas a hombres que se encuentran en situación de deudores alimentarios, algo por lo que varios frentes como el Frente Nacional Contra Violencia Vicaria y el Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios han trabajado desde hace años. De esta forma, el Plan B abre la ventana a la posibilidad de que haya más casos como los de Félix Salgado Macedonio y Américo Villarreal Anaya. Con esto, el pacto patriarcal que no se ha roto desde la presidencia permanecerá en la esfera de la política mexicana.

FELIPE CALDERÓN, GARCÍA LUNA Y LA

GUERRA CONTRA LAS MUJERES

Cirenia Celestino Ortega

Las últimas cuatro semanas la sociedad mexicana y, esperaríamos que todo el mundo, estuvo al tanto del juicio contra Genaro García Luna y, lo que muchas y muchos esperábamos el señalamiento a Felipe Calderón como socio delictivo.

Felipe Calderón Hinojosa fue presidente de México del 1 diciembre 2006 al 30 de noviembre de 2012, mismo periodo en el que su mano derecha, secretario de Seguridad Pública, fue Genaro García Luna.

En 2007, los responsables de la seguridad de las y los mexicanos declararon la Guerra contra el narcotráfico. Hoy, uno de ellos, enfrenta tres cargos por tráfico de cocaína, uno por delincuencia organizada y uno más por dar declaraciones falsas. Se trata de delitos graves por los que podría ser sentenciado entre 10 años de cárcel a cadena perpetua, a menos que se llegue a un acuerdo.

Los testigos fueron integrantes de grupos delictivos como Sergio Villarreal Barragán; Tirso Martínez o El Mecánico; Harold Poveda; Israel Ávila; Jesús Zambada; así como Francisco Cañedo y Raúl Arellano, ex policías federales y testigos del tráfico de droga; son algunos de los 26 testigos presentados por el equipo que encabeza la fiscal Saritha Komatireddy para comprobar que el Cartel de Sinaloa entregó sobornos millonarios a García Luna para ayudar en el paso de toneladas de droga por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que la defensa, encabezada por César de Castro, pretende denostar al señalar que,

por ser delincuentes, no se puede confiar en su dicho. Como si el acusado no fuera un delincuente.

El sexenio de Felipe Calderón se catalogó como el más sangriento para las mujeres. De acuerdo con el diagnóstico La violencia feminicida en México: aproximaciones y tendencias (ONUMujeres, 2020[1]), de 2007 al 2012, 12 mil 429 mujeres fueron víctimas de homicidio. Antes del 2007 el feminicidio ocurría principalmente dentro de los hogares; después de esa fecha, los asesinatos de mujeres no solo incrementaron si no que se modificó la forma en que sucedían: con mayor frecuencia en la vía pública e incrementó el feminicidio cometido con armas de fuego “durante los momentos más cruentos de la violencia relacionada con el crimen organizado”.

Gráfica 1. Número de homicidios de mujeres 2007-2012, elaboración propia con información de ONUMujeres, 2020

Gráfica 2. Lugar en que ocurrieron los homicidios de mujeres, tomado de ONUMujeres, 2020

En este contexto violento se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) que, entre otras cosas, definió la violencia feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y pueden culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres”.

Hoy sabemos que se trató de

más de 12 mil mujeres víctimas de feminicidio, la cifra podría ser mayor debido al subregistro.

La violencia contra la prensa no era menor, de acuerdo con el registro de CIMAC, en ese período se registraron 7 casos de feminicidio de mujeres periodistas perpetradas por la delincuencia organizada: tres en Oaxaca, uno en Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y Chihuahua. La última testigo en el juicio fue Cristina Pereyra, esposa de García Luna, porque la guerra contra el narco también nos trajo la “narco cultura” y la idealización del amor por el delincuente, entender sus motivaciones, humanizarlo en sus razones para ser criminal, saber que tiene una familia y si esta familia lo respalda, seguro es un “buen hombre”.

Así que el acusado no declaró. En su juicio por narcotráfico y delincuencia organizada durante el período más violento para las mujeres, la defensa la hizo su esposa. Por supuesto, explicó como trabajaron duro en negocios pequeños, ahorros, hipotecas y salieron adelante.

El juez a cargo es Brian Cogan, el mismo juez que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán en 2019, en un juicio que se lleva a cabo en Brooklyn, Nueva York y no en México.

Por cierto, la tendencia a la alza de casos de feminicidio, aún no se frena. Hasta nuestros días permanecen las consecuencias de sus estrategias de seguridad.

[1]https://mexico.unwomen. org/sites/default/files/Field%20 Office%20Mexico/Documentos/ Publicaciones/2020/Diciembre%202020/ViolenciaFeminicidaMX_.pdf

GARCÍA LUNA: UN RELATO SIN ATRIBUTOS

Ricardo Raphael

César de Castro es un elocuente abogado que hizo lo mejor que pudo a favor de su cliente, Genaro García Luna. Sin embargo, su estrategia de defensa desnuda la complicación que enfrentó a la hora de construir un relato sobre la inocencia del personaje.

Los testigos que no presentó, las explicaciones que no proporcionó, la evidencia que no pudo poner ante los ojos del jurado, podrían terminar condenando a su cliente.

Los reflectores del juicio que se sigue en Brooklyn contra ese exfuncionario están puestos, como debe ser, sobre los argumentos de la parte acusadora.

Esto es lo obvio del juicio: si la fiscal Saritha Komatireddy no logra convencer, “más allá de toda duda razonable”, que García Luna conspiró para traficar drogas en el estado de Nueva York, el imputado saldrá libre.

Las personas que integran el jurado no son teóricas del derecho y por más que el juez les haya explicado lo que quiere decir la fórmula “más allá de toda duda razonable”, su decisión terminará basándose en lo que su sentido común indique a propósito del relato más verosímil.

El jurado, como cualquier jurado integrado por gente que no es abogada, pondrá en la balanza dos relatos, uno que narra la inocencia y otro la culpabilidad del acusado. Si bien el de la culpabilidad puede tener deficiencias, el relato de la inocencia salió peor librado durante las audiencias.

Esto no quiere decir que las pruebas presentadas en el juicio importen menos, sino que lo relevante es la conexión entre esas pruebas. En efecto, la clave está en el hilo que relaciona (o no) a la evidencia.

Mientras De Castro eligió como estrategia desvirtuar esa evidencia, la fiscal Komatireddy hizo énfasis en la coherencia de las conexiones entre las pruebas exhibidas.

¿Por qué De Castro renunció a proporcionar, de su lado, testimonios o elementos materiales para hacer que el relato de la inocencia prevaleciera?

La defensa de García Luna subió al estrado a una sola persona como testigo, Cristina Pereyra, la esposa del imputado. ¿Por qué no llamó a declarar a nadie más? Pudo, por ejemplo, haber propuesto a Mike Vigil, quien fuera durante muchos años el responsable de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para América Latina.

Fuera de los tribunales, Vigil ha defendido la honorabilidad de García Luna y sin embargo no pudo o no quiso hacerlo dentro de la sala del juez Brian Cogan. La defensa afirmó durante el juicio que, en su época como servidor público, García Luna gozó del respeto de distintos políticos y funcionarios estadunidenses. Textualmente anunció a “un fiscal, al director de la DEA, al de Seguridad Nacional, al del Departamento de Estado (y) congresistas”.

Para probar su afirmación el abogado mostró fotografías, pero fue incapaz de convencer a alguna de esas personas para que hablaran bien de su defendido dentro de la sala.

Tampoco logró que excolaboradores, exjefes o periodistas amigos (tiene varios que lo defendieron ciegamente en México durante estas últimas semanas) participaran en el proceso. Un par de esos testimonios habrían ayudado para apuntalar el relato de la inocencia.

Sobre todo, hay un elefante blanco que no pudo ser derribado:

el patrimonio inexplicable de García Luna. ¿Cómo hizo este exfuncionario mexicano para comprarse una mansión de más de 3 millones de dólares en el exclusivo fraccionamiento de Golden Beach, Florida? ¿Cómo pudo permitirse la colección de automóviles caros y un yate cuyo valor superaría los 700 mil dólares?

Tal patrimonio podría ser considerado evidencia circunstancial y finalmente ser desestimado por el jurado, pero de haber contado con elementos –distintos al relato ingenuo aportado por la señora Pereyra–, para explicar la súbita riqueza de su cliente, con seguridad De Castro los habría ostentado.

El abogado consideró subir a García Luna para que testificara, pero al final se echó para atrás. Como buen profesional, sabía que la única razón para pedir que el inculpado testificara era si con ello hubiese podido revertirse el relato narrado en su contra.

Intentó De Castro acotar el cuestionario de la fiscalía para que el equipo de Komatireddy no interrogara a su cliente sobre el origen de su fortuna, particularmente sobre los millonarios ingresos obtenidos, supuestamente, después de que se mudó a vivir a Estados Unidos. No obstante, el juez Cogan le impidió jugar ese juego: si García Luna testificaba, no iba a consentir restricciones injustificadas.

Quedó flotando como interrogante esta extraña petición de la defensa. Si obtuvo su fortuna honestamente, García Luna habría hablado, como lo hizo su esposa. Probablemente temió la defensa la aparición, en el estrado, de un hombre corrupto, lo cual habría robustecido peor el relato de la culpabilidad.

Con todas esas puertas cerradas, De Castro decidió centrarse

en desvirtuar el caudal probatorio de la parte acusadora. La fiscal Komatireddy enderezó 26 testimonios, la mitad de ellos difíciles de desestimar: 10 exfuncionarios de Estados Unidos, un exembajador en México (Anthony Wayne) y dos exfuncionarios mexicanos.

Llama la atención que en su discurso final De Casto no haya dicho una sola palabra sobre estas personas. Se dedicó en cambio en destruir la credibilidad de los otros 13 testigos, cuya trayectoria criminal fue utilizada para persuadir al jurado de no escucharlos. Estos testimonios, dijo, pertenecen “posiblemente a los peores criminales que el mundo haya visto”. Erin Reid replicó desde la fiscalía: “Nosotros no hemos elegido a los testigos, García Luna los eligió para hacer negocio con ellos”.

De Castro insistió con que las testificales estaban viciadas porque detrás había intereses mezquinos, como la obtención de una visa o la reducción de una pena. En esto último podría tener razón, si no fuese por el gran número de voces coreando en un mismo sentido a favor de la culpabilidad.

“Son sólo palabras”, reclamó la defensa. Pero en el caso de la fiscalía no fueron únicamente palabras de abogado. La estrategia de De Castro no fue mejor porque no podía serlo. Apostó a destruir los argumentos de la fiscalía porque no tenía con qué construir los propios.

Luchó por demostrar que las pruebas en contra del mexicano eran imperfectas, pero no pudo perfeccionar las propias. En el balance, el relato de la inocencia sucumbió ante el de la culpabilidad. Esto no quiere decir que vaya a condenarse a García Luna, “más allá de toda duda razonable”, pero se está muy cerca de esa posibilidad.

CRÓNICA DE UNA SENTENCIA ANUNCIADA...

Édgar Corzo Sosa*

¿Estarías dispuesto, querido lector, a esperar cerca de 16 años para que llegara una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y protegiera tus derechos? Yo tampoco. Es más, si a cualquiera de nosotros nos dijeran que por lo menos deben pasar 15 años para obtener una sentencia de la Corte Interamericana, seguramente nos desilusionaríamos y dudaríamos en seguir ese camino, porque igual y ya no estaremos para cuando se emita la sentencia, lo que penosamente sucedió con una de las personas involucradas en el caso que a continuación te comentaré. Los sucesos ocurrieron en enero de 2006, cuando tres personas, Gerardo Tzompaxtle Tecpile, Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, fueron primeramente asistidos por elementos de la entonces Policía Federal Preventiva al descomponerse el automóvil en el que se transportaban en la carretera México-Veracruz, pero posteriormente detenidos por esos mismos policías sin decirles los motivos de la detención y manteniéndolos incomunicados. Después de varios días, se les informó que estaban detenidos por realizar actividades relacionadas con el delito de terrorismo, razón por la cual se les arraigó, mediante orden judicial, 90 días. Ya en el mes de abril el juez les inició un proceso quedando en prisión preventiva, y en junio de 2007 se les adicionó otro delito más, el de cohecho, al haber intentado sobornar a los elementos policiales. Se les condenó en mayo de 2008 por ambos delitos, el de terrorismo y el de cohecho, pero en apelación lograron quitarse de encima el delito de terrorismo, no así el de cohecho, pero como la pena de prisión de este último era de tres meses, tiempo que ya se había cum-

plido en exceso con la prisión preventiva, fueron liberados después de pasar dos años, nueve meses y cinco días privados de su libertad.

El asunto se presentó a la Comisión Interamericana en febrero de 2007 y fue hasta diciembre de 2018 que se resolvió, casi 12 años después, sosteniéndose, a grandes rasgos, que la detención fue ilegal y arbitraria, que su puesta tardía ante un juez violaba sus derechos, lo mismo la revisión del vehículo que realizaron los policías. El arraigo al que fueron sujetos afectó el derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia, y la prisión preventiva fue arbitraria, por lo que todo esto contravino los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos en perjuicio de las tres víctimas.

Esos 12 años se convirtieron en 14, pues por más de año y medio se buscó el cumplimiento por parte del Estado de la resolución de la Comisión Interamericana, incluido un Acuerdo de Entendimiento entre las partes para facilitar dicho cumplimiento, en febrero de 2020. Finalmente, el 1 de mayo de 2021 la Comisión Interamericana sometió el asunto a la Corte Interamericana, la que lo resolvió el pasado 7 de noviembre de 2022, no sin señalar su preocupación de haber recibido el asunto después de 14 años. Habían pasado, ya para entonces, cerca de 16 años.

Varios temas llaman la atención de esta sentencia. Quisiera señalar, por falta de espacio, sólo dos. Para empezar, era de presuponerse que la Corte Interamericana condenaría al Estado, no por ser adivinos, sino porque simple y sencillamente los precedentes en casos similares así lo indicaban. Era la crónica de una sentencia anunciada. Y en efecto así sucedió. La Corte Interamericana terminó sosteniendo la inconvencionalidad del arraigo y de la prisión

preventiva (no la oficiosa, pues ésta no tuvo aplicación en el caso). Es más, se advierte que el Estado mismo estaba consciente de esta situación tiempo atrás, por eso celebró el Acuerdo de Entendimiento con las víctimas ante la Comisión Interamericana, al cual desafortunadamente sólo se le dio cumplimiento parcial. Ya ante la Corte, reiteró su reconocimiento de responsabilidad parcial, quizá con la intención de que el asunto no siguiera su curso, pero aquí la Corte Interamericana volvió a aplicar sus criterios reiterados bajo los cuales, por un lado, valoró positivamente la voluntad del Estado, pero, por otro, debido a la gravedad de los hechos y de las violaciones alegadas, procedería a la determinación amplia de los hechos ocurridos para contribuir a los fines de la jurisdicción interamericana, ayudando a la reparación de las víctimas y analizando las violaciones sobre las que subsiste la controversia, como eran el deber de adoptar disposiciones de derecho interno en relación con las figuras del arraigo y de la prisión preventiva, y la violación a la vida privada por los cateos a una casa y a una tienda.

El segundo de los temas que llama la atención es la parte de la reparación integral a que tienen derecho las víctimas, y en la que la Corte Interamericana retomó, de nueva cuenta, el Acuerdo de Entendimiento celebrado entre las partes. En especial, vale la pena mencionar lo sostenido en las garantías de no repetición que forman parte de la reparación integral. A este respecto, ante las reformas que había venido haciendo el Estado con posterioridad a los hechos, la Corte Interamericana advirtió que en esas nuevas regulaciones se seguía presentando la problemática ya señalada del arraigo y la prisión preventiva, y de manera

muy particular llegó a indicar que eso mismo pasaba con la redacción del artículo 16 de la Constitución federal. Concluyó que los aspectos que hacen incompatible la regulación anterior del arraigo con la Convención Americana persisten en la regulación actual, por ello, con base en el deber de los Estados de adoptar medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a los derechos previstos en la convención, la Corte concluyó que el Estado deberá dejar sin efecto, en su ordenamiento jurídico, la normatividad relacionada con el arraigo como medida de naturaleza preprocesal restrictiva de la libertad para fines investigativos.

Respecto a la prisión preventiva se ordenó al Estado adecuar el ordenamiento jurídico para hacerlo compatible con la convención, en particular los requisitos que deben cumplir este tipo de medidas. También se indicó que las autoridades internas al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito.

No cabe duda que habrá que analizar con detalle lo que la Corte Interamericana quiso decir, y lo que ello implica en los diversos niveles de las disposiciones jurídicas, con la expresión “dejar sin efecto la normatividad”.

Finalmente, no quiero dejar de señalar el interés que el tema suscitó en la sociedad en general, a grado tal que la Corte Interamericana recibió ocho escritos, bajo la categoría Amigos de la Corte, presentados por diversas instituciones, personas físicas y organizaciones de la sociedad civil.

Una alternativa para los chiapanecos es aprender algún oficio, como por ejemplo: sastrería, carpintería, talabartería, entre otros.

El gobierno local promueve la capacitación y la entrega de herramientas y equipos para que los habitantes de las comunidades más rezagadas puedan tener mejores posibilidades de auto emplearse o conseguir un trabajo bien remunerado.

Se fomenta el emprendimiento con todo y apoyo.

Actualmente, mediante el programa Capacitando con el Corazón, a través de siete aulas móviles, se lleva a la gente de las zonas marginadas la enseñanza para que tengan un oficio o trabajo que den ingresos para ellos y sus familias e incluso generar pequeñas organizaciones que permitan expender el producto de su esfuerzo en los mercados de las localidades más grandes.

Al inicio del sexenio, quedó de manifiesto la necesidad de capacitar a la gente.

Sobre todo a quienes viven en las

EL DIVÁN

Sergio Stahl Capacitación y condiciones

de vida

quien hace mejores cosas, obtiene mayores dividendos.

El programa Capacitación de Corazón entrega las herramientas a quienes los cursan y pasan satisfactoriamente su adiestramiento.

Las comunidades con mayor marginación y pobreza solicitan que lleguen las aulas móviles a sus localidades para emprender cuanto antes el aprendizaje.

En los talleres impartidos en Chiapas se han capacitado alrededor de 30 mil personas en aulas fijas, además de otras 4 mil en aulas móviles.

La meta es aumentar a ocho mil y por ello se han sumado siete unidades más para esta cruzada e incluso se comprometió Rutilio Escandón Cadenas a buscar fondos de los ahorros para sumar más unidades.

comunidades más rezagadas.

Así se arraigan a su tierra y consiguen mejores ingresos porque además de enseñarles, se les dotaría de las herramientas básicas para emprender desde una microempresa o

integrarse en pequeñas cooperativas para producir más y a costo más bajos para entrar a los mercados regionales.

Antaño se aprendían oficios para poder vivir bien.

Las cosas no han cambiado, y

Estas acciones son de enorme ayuda para la gente en zonas pobres y rezagadas de Chiapas, que ahora tienen mejores elementos para el emprendimiento y así transformar sus hogares y localidades en mejore lugares para vivir dignamente.

Una aspiración legítima de la gente. En fin.

EFECTOS DE LA CARESTIA EN ALIMENTOS: INFLACIÓN

En el mundo, la inseguridad alimentaria afecta más a las mujeres que a los hombres. La disparidad en la región es de 11,3 puntos porcentuales y es mayor a la del mundo, donde la brecha es de 4,3 puntos porcentuales. (Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional. América Latina y el Caribe 2022. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).)

Por el aumento en el precio de los alimentos, 26.3 por ciento de la población mexicana no puede seguir una dieta saludable. En enero de 2023, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una variación de 0.68 con respecto al mes anterior.

Con este resultado, la inflación general anual se colocó en 7.91 por ciento. Y en el mismo año de 2022, la inflación anual fue de de 7.07 por ciento (Inegi).

Los alimentos aumentaron 12.9 por ciento en enero de 2023. Esta situación es alarmante porque produce más pobreza y mayor desigualdad de género; la inflación es una gran preocupación para los consumidores, desde mediados de 2022 el panorama es complejo y en 2023 no es muy diferente.

El precio del chile muestra un incremento mensual de 25 por ciento; aguacate fue de 19.6; huevo 15; el del aceite, 11.1, y el de la papa, 9.1 por ciento, según la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec). Estos incrementos superan ampliamente las cifras del INPC, reportado en enero (7.91 por ciento).

América Latina y el Caribe registran el costo de la dieta saludable más alto en comparación con otras regiones del mundo, cifra que alcanza los USD $3,89 diarios por persona; mientras que el promedio mundial es de USD $3,54. Como consecuencia, 131 millones de personas no pueden acceder a este tipo de dietas.

Como illustran las cifras de la gráfica en todos los países seleccionados para el período comprendido de 2017-2020, el costo de una dieta saludable creció. En América Latina y el Caribe este incremento fue de 6.5, pero el más alto fue en México, con un registro del 10.0 por ciento.

Entre abril de 2021 y abril de 2022, el precio de los alimentos subió 11 por ciento en México, por encima del aumento de otros productos. Esta situación provoca que las familias con menos recursos gasten un alto porcentaje de sus ingresos en comida ( 49 por ciento); mientras que los grupos con ingresos altos únicamente destinan a los alimentos 18 de c/100 pesos.

“De tal forma que el aumento de la tasa de pobreza en el contexto de la pandemia, el nivel elevado de desigualdad de ingresos, el aumento de los precios internacionales de

los alimentos han contribuido al aumento de la prevalencia de la inseguridad alimentaria y del costo de una dieta saludable”.

Según FAO la inseguridad alimentaria se produce cuando las personas no tienen acceso regular y permanente a alimentos en cantidad y calidad suficientes para sobrevivir. Esa es la importancia que tienen estas cifras.

En 2022, el índice de precios de los alimentos, que sigue la variación de los valores internacionales de una cesta de productos básicos, se estableció en 143.7 puntos de promedio, «es decir, un 14.3 por ciento más que el valor medio de 2021, indicó la organización internacional citada.

Claro, si suben los precios de los alimentos un porcentaje de 14.08 es el aumento anualizado del subíndice de alimentos, bebidas y tabacos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), los prestadores de esos servicios de restauración encuentran razones o pretextos para subir sus precios.

Politica anti inflacionaria monetarista

Banco de México tiene la responsabilidade de contener la inflación, pero no es la única institución. Su

junta de Gobierno decidió incrementar en 50 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 11.00 por ciento, su aplicación es a partir del 10 de febrero de 2023.

Hasta ahora aumentar el costo del dinero no ha podido contener los precios de los alimentos. En realidad sus efectos están en restringir la inversión productiva y el desarrollo económico; alienta o estimula la especulación financiera y debilita los salarios y sus incrementos. En síntesis, un gran negocio para el Sector Financiero.

El nivel de ganancias del sector bancario en 2022 fue de 236 mil 743 millones de pesos en su conjunto, un 30 por ciento más que en 2021. Para 2022 sus ganacias crecieron 50 por ciento, respecto a 2018, ¡todo un record!. (Comisión Nacional Bancaria y de Valores).

Conclusión:

“La asequibilidad de una dieta saludable no solo depende del costo de los alimentos nutritivos, sino también de los ingresos de consumidores y consumidoras. Los mecanismos de protección social son una de las opciones políticas que los gobiernos de la región han aplicado con éxito para reducir la pobreza en las últimas décadas. Si se diseñan teniendo en cuenta la nutrición, estos mecanismos pueden mejorar la calidad de la dieta. Además, unas políticas fiscales bien diseñadas podrían hacer que los alimentos nutritivos fueran más asequibles que los alimentos de alta densidad energética y mínimo valor nutricional”. FAO.

Carmen R Ponce Meléndez

EN LA MIRA

Héctor Estrada

Rector de la UNACH bajo investigación penal por usurpación de grados académicos

El escándalo desatado al interior de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) apunta a convertirse en uno de los más graves que haya atravesado esa institución. Y es que, el actual rector Carlos Faustino Natarén Nandayapa enfrenta hoy una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de usurpación de profesiones, uso de documentos e información falsa y fraude, cuyas pruebas documentales lo tienen en una posición bastante comprometedora.

Se trata de la denuncia interpuesta el pasado 23 de diciembre de 2022 por los delitos antes mencionados, y los que resulten. En el expediente se acusa a Carlos Natarén de haber mentido y defraudado a la Junta de Gobierno universitaria para poder acceder al cargo de rector mediante el uso de grados académicos que simplemente no existen en los registros de las instituciones implicadas.

Y es que, de acuerdo a los datos curriculares que Natarén Nandayapa entregó a la institución en 2018, y que pueden verificarse en los portales de transparencia, el actual rector aseguraba contar con una Maestría en Derecho Constitucional acreditada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y un Doctorado en Derecho Procesal por la Universidad Complutense de Madrid, España.

Ambas credenciales curriculares fueron presentadas por Carlos Natarén como parte importante de los requisitos para su postulación a la rectoría. Sin embargo, la realidad parece ser muy distinta. Como parte de las evidencias presentadas dentro del proceso penal, se expone un docu -

mento emitido y sellado por la misma UNAM en el que niega la existencia de cualquier registro de expedición de grado académico, ni de Maestría ni de Doctorado, a favor del rector de la UNACH.

Algo similar sucedió con el informe expedido la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, quien señaló que hasta enero pasado no existía ningún registro de grado académico de maestría o doctorado acreditado por Carlos Natarén Nandayapa en las bases de datos oficiales. En los registros sólo consta la Licenciatura en Derecho que cursó en la Facultad de Derecho de la UNACH, con el número de cédula 2656502.

Entonces, ¿tiene validez el supuesto doctorado en la Complutense de Madrid que Natarén Nandayapa presentó como importante credencial académica ante la Junta de Gobierno universitaria? Lo cierto es que dicho grado académico no aparece acreditado en ningún registro oficial de México. Y es que, como documento expedido por una institución extranjera, la ley establece que el grado académico requiere ser legalizado en nuestro país para tener validez nacional y, por lo tanto, contar con un registro oficial.

Es ahí justo donde la situación legal del currículo académico de Natarén Nandayapa se complica. Y es que, ¿bajo qué condiciones pudocursar un doctorado en Madrid sin cédula profesional de maestría? ¿Qué estatus real tienen los documentos académicos presentados por Carlos Natarén a lo largo de su desempeño como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y ahora rector de la UNACH? ¿Cómo fue posible que

la Junta de Gobierno decidiera su elección y reelección sin validar los grados académicos expuestos?

El tema y sus consecuencias son más graves de lo que parecen. En primera instancia porque la Ley Orgánica de la propia UNACH, en su Artículo 17, establece de manera muy clara que para poder ser electo rector se requiere“Tener, preferentemente, grado de maestría o doctorado otorgado por institución de educación superior que tenga reconocimiento por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”, tal y como se pide hoy (como requisito indispensable) a todo el personal académico que labora en esa institución.

En segunda instancia porque de confirmarse la NO acreditación de los grados académicos señalados, mediante sus respectivas cédulas profesionales, el asunto también significa graves implicaciones legales en materia penal por haber defraudado a la institución, haber ostentado documentación falsa y haber usurpado grados académicos. Con lo anterior, el actual rector no sólo podría ser inhabilitado de sus funciones, sino también vinculado a proceso penal.

La Junta de Gobierno, responsable de una posible destitución, tampoco podría hacerse de “la vista gorda” respecto al proceso penal, pues de no proceder también sería copartícipe y corresponsable de conductas delictivas… Por eso lo que sucede hoy dentro de la UNACH y su rector es verdaderamente grave. Porque no sólo podría exponer de fondo una profunda cadena de corrupción para la elección y reelección de Carlos Natarén Nandayapa, sino también implicaciones para toda la certidumbre legal bajo su rectoría… así las cosas.

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