Si el gobierno de Chiapas, a través del secretario de obras, continúa promoviendo la construcción del circuito vial, puede caer en el delito de desacato, en virtud de que un juez de distrito resolvió PAG.
El miércoles hubo una balacera en La Concordia. Ayer jueves la balacera se vivió en Cintalapa. En SCLC grupos ligados a Los Motonetos detuvieron a miembros de la Guardia Nacional. Pero esta realidad es ficticia porque Chiapas tiene saldo blanco.
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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó hoy a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) que transparente los documentos que muestren la recuperación de 950 millones de pesos, tras la adquisición fraudulenta de certificados bursátiles en 2020 y 2021.
ADVERTENCIA
REPORTE
Más de 90 mil se dedican a trabajos del hogar
LLAMADO Consumo local, clave para reactivar economía en Semana Santa
HOY ESCRIBEN
CARTELERA POLÍTICA
Leonel Durante López
ANÁLISIS A FONDO: LA TASA DE INTERÉS PODRÍA BAJAR A FINALES DE 2024, CUANDO LA INFLACIÓN RONDE EL 3% EN PROMEDIO
Francisco Gómez Maza
POR PRIMERA VEZ, EDOMEX SERÁ GOBERNADO POR UNA MUJER
Bernardo Barranco V.
LA MIGRACIÓN MEXICANA Y SU CAMINO A LA NACIÓN
Tonatiuh Guillén López
LA TRAGEDIA DE CIUDAD JUÁREZ EXHIBE DESCOORDINACIÓN GUBERNAMENTAL Y AMBICIONES POLÍTICAS
Mathieu Tourliere
Retienen por más de dos horas a doce miembros de la Guardia Nacional en Santa Cruz El Pinar
Si el gobierno de Chiapas, a través del secretario de obras, continúa promoviendo la construcción del circuito vial, puede caer en el delito de desacato, en virtud de que un juez de distrito resolvió: “se suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la ejecución del Proyecto Ejecutivo correspondiente del Circuito Interior Chiapas de Corazón, en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hasta en tanto cuente con la evaluación en materia de Impacto Ambiental en la que se determine la factibilidad del proyecto”.
La construcción de este circuito vial ya se judicializó y esto sucedió por la cerrazón del secretario de obras al negarse a escuchar a grupos de la sociedad civil, que buscaron hablar con él para exponerle alternativas al proyecto de obras, pero prefirió ignorar el disenso y con ello violó disposiciones normativas que obligan a la autoridad a realizar consultas públicas antes de realizar obras que afectan a la población. Estos grupos y personas han buscado tener una reunión con el secretario de obras y éste ha cerrado las puertas a toda posibilidad de diálogo.
Inclusive le enviaron por escrito una solicitud para una reunión y jamás hubo una respuesta. La salida fue la movilización política y la defensa por la vía jurisdiccional.
El gobierno tiene prisa en el inicio de la construcción del circuito vial. En esa prisa, el secretario de obras dejó de cumplir con ordenamientos indispensables, como es la autorización del estudio de impacto ambiental y se pasaron por altos procedimientos normativos obligatorios, que se deben cumplir antes del inicio de la obra. Por los errores cometidos en esa prisa, un juez federal ordenó la suspensión definitiva de la obra, hasta que no cuente con la evaluación en materia de impacto ambiental en la que se determine la factibilidad del proyecto.
En los cálculos optimistas, el gobierno pensaba iniciar en este mes de abril las obras, aún y cuando su proyecto no está terminado, en la exposición realizada por el secretario de obras no está definido en donde se junta el puente elevado con el libramiento y no está contemplada la vía de acceso del Boulevard Belisario Domínguez al circuito vial. Junto a estas ausencias el secretario de obras
promueve la construcción de estos puentes elevados sin que cuente con la autorización del estudio de impacto ambiental y tampoco tiene el estudio de impacto social. Por estas circunstancias hay una negativa para entregar copia de la documentación que soporte la construcción de estos puentes, violando inclusive las disposiciones contempladas en la ley de información y transparencia.
En este conflicto quién miente es el secretario. En todo momento ha hecho uso y abuso del engaño, tan no tiene autorizado el estudio de impacto ambiental, que un juez de distrito ordenó la suspensión definitiva de la obra en tanto no presente esta autorización.
El punto es que este movimiento cada vez obtiene mayo legitimidad y cada vez más población se adhiere a la protesta, y junto a ello está la judicialización de una decisión política. Lo sensato en este momento, y que la daría sensibilidad y estatura política al gobernador, es la cancelación de la obra y abrir un espacio de diálogo para encontrar la salida más adecuada para mejorar la movilidad de la población y mejorar las vialidades de Tuxtla Gutiérrez.
GENERAL José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL Franni Gudiel A.C
La necesidad de construir acuerdos
Óscar Gómez/Corresponsal San Cristóbal de Las Casas.
El investigador Leobardo de Jesús Cancino Bermúdez invitó a la población a la reflexión, “porque merecemos vivir en armonía, en paz y en concordia, y que aprendamos a discutir nuestros problemas y no nos empeñemos en disputar los argumentos y las ideas”, siendo que este 31 de marzo esta ciudad cumple 495 años de haber sido fundada por Diego de Mazariegos.
En entrevista, Cancino Bermúdez llamó a la reconstrucción del tejido social y a la construcción de los nuevos perfiles de la sociedad, para llegar a 2028 con un nuevo propósito de coexistencia. Dentro de las actividades para conmemorar este aniversario se encuentra el “Llamado de las campanas”, organizado por la Diócesis, en coordinación con la autoridad local, el cual tendrá lugar a las 20 horas.
Mencionó que replicarán por espacio de 20 minutos las campanas de todos los templos que hay en la ciudad, tal como ocurre en otras entidades del país, como en Cholula, Puebla.“El ‘Llamado de las campanas’ es el momento más oportuno para ejercitar, con la memoria y los sentimientos, el reencuentro de nuestros más sublimes anhelos”.
Recalcó que el “Llamado de las campanas” también es el reencuentro de nuestros más sublimes anhelos en homenaje al fructífero transitar existencial de sus pobladores, que
En entrevista, Cancino Bermúdez llamó a la reconstrucción del tejido social y a la construcción de los nuevos perfiles de la sociedad, para llegar a 2028 con un nuevo propósito de coexistencia. Dentro de las actividades para conmemorar este aniversario se encuentra el “Llamado de las campanas”, organizado por la Diócesis, en coordinación con la autoridad local, el cual tendrá lugar a las 20 horas
desde hace 495 años diseñaron con inteligencia y trabajo esta ciudad tan plural y diversa en su idiosincrasia.
Por otra parte, mencionó que “ya no debemos recordar la fecha de fundación de la ciudad, un tanto alejada de nuestra realidad, sino que debe-
mos de reflexionar qué somos desde su fundación como una sociedad plural y pluriétnica, eso está escrito, hay que leer, eso nos hace falta, porque no se puede querer algo que no se conoce”.
“En este aniversario, todos los que poblamos la ciudad, nacidos o
no aquí, debemos darnos un tiempo para la reflexión. Aprendamos a discutir nuestros problemas, pero no nos empeñemos en discutir los argumentos, y si no hay conocimiento y razonamiento, hay algo muy importante, que es el sentido común”, concluyó.
Óscar Gómez/Corresponsal
San Cristóbal de Las Casas.
Doce elementos de la Guardia Nacional fueron retenidos en Santa Cruz El Pinar, al norte de San Cristóbal, justo cuando se encontraban realizando recorridos de seguridad, minutos después de que uno de los líderes de esa comunidad Cecilio “N” fuera detenido por elementos de la Fiscalía de Chiapas.
De acuerdo a videos que fueron difundidos en redes sociales, los pobladores de El Pinar, les reclamaron que tenían prohibido el ingreso, de acuerdo a una plática que sostuvieron con la regidora Karen Ballinas, por lo que ignoraban el
porqué de la presencia.
Y es que en fechas pasadas, la regidora presidenta de la Comisión de Seguridad, acudió a El Pinar para tratar de convencer a los habitantes se sumaran al proyecto de la Reconstrucción Social, sin embargo le reclamaron la relación que tiene con el dirigente de la Almetrach, Narciso Ruiz, que es señalado como no grado en esa comunidad.
Como muestra a que son una comunidad de paz y tranquilidad, dos horas más tarde dejaron que los elementos uniformados, se retiraron del lugar con la advertencia de no volver a regresar, además de difundir que no fueron agredidos o desarmados.
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
Padres de familia de la capital chiapaneca dan a conocer que, realizan diferentes acciones en favor de la población autista, principalmente para sensibilizar a la población.
José Antonio Cubas Carballo, vocero de los padres dijo que, el principal problema es que la población no sabe como tratar a esta población, a los niños con esta condición.
En Tuxtla hay apenas 20 escuelas que dan atención a niños con autismo, por lo que pidió a las autoridades y a la población atender las necesidades de este sector de la sociedad.
La petición de los padres de la comunidad TEA en Chiapas es que se brinde capacitación general a los profesores frente a grupo de los niveles Preescolar y Primaria, gestionar la no desaparición en Chiapas de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), que se tiene previsto ocurra de manera paulatina.
Asimismo pedimos crear la red de profesionales en el acompañamiento, conocidas como “maestras sombra”.
“Esto con el fin de tener una suerte de censo de profesionales en la materia y un protocolo conjunto entre las secretarías de Protección Civil, Salud y Seguridad para el Autismo, que se sume al regular existente en los centros escolares de la Secretaría de Educación en el Estado de Chiapas”, remarcó.
En Tuxtla hay apenas 20 escuelas que dan atención a niños con autismo, por lo que pidió a las autoridades y a la población atender las necesidades de este sector de la sociedad
Lennyn Flores Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (El Estado)Hugo Armando Porras Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en Tuxtla Gutiérrez, hizo un llamado a la ciudadanía tuxtleca y a turistas a consumir en los comercios locales, así como visitar los atractivos turísticos con los que cuenta la capital chiapaneca.
La capital de Chiapas cuenta con espacios para disfrutar de espacios turísticos y gastronómicos
“Invitamos a todas las personas que disfrutarán de sus vacaciones en la ciudad a visitar y consumir local, esto es muy importante para continuar reactivando la economía. A pesar de que vemos que algunos de los hoteles ya tienen ocupación, aún no es suficiente para lograr las expectativas en ventas comparado con años antes de la pandemia”, agregó el líder empresarial.
Porras Pérez señaló que previo a
comenzar las vacaciones de Semana Santa, hoteles afiliados al organismo cuentan con reservaciones de habitaciones que va desde un 12% hasta un 35% y esperan que para el próximo fin de semana y el transcurso de las fechas vacacionales esta logre ir a la alza.
Los espacios hoteleros esperan que en la semana que viene incremente la ocupación
“Tenemos que aprovechar también estos días visitando las plazas comerciales, los diferentes negocios y restaurantes. Es importante consumir local, ya que de no hacerlo los comercios se verán afectados ante la disminución de sus ventas y eso también recae en un recorte de empleos o cierre de empresas”, puntualizó.
Sugirió a turistas y capitalinos a
reservar habitaciones en cualquiera de los hoteles que se encuentran en la ciudad. “Las y los invito a consentirse, olvidarse del estrés y a disfrutar
estos días en algunas de las albercas, con los desayunos, bebidas y cómodas habitaciones con las que cuentan nuestros afiliados”.
Óscar Gómez/Corresponsal
San Cristóbal de Las Casas.
Elementos de la Fiscalía de Justicia de Chiapas, provenientes de Tuxtla Gutiérrez ejecutaron orden de aprehensión en contra de Cecilio López, elemento segundo de la Organización que presidía Pablo Pérez Sántiz, detenido detenido el 28 de octubre por homicidio calificado cometido el 3 de febrero del 2021 en contra de una persona de nombre Mateo “N”.
De acuerdo a las versiones extraoficiales, se sabe que Cecilio López, venía del municipio de Teopisca al parecer de una reunión de la Organización, sin embargo en el conocido crucero de San Pablo, regresando de Teopisca, esto por elementos de la fiscalía de Tuxtla Gutiérrez, y llevado directamente a El Amate, esto alrededor de las 13:00 horas.
Aunque se ignora el delito por el que es acusado, se sabe que Cecilio, ha encabezado diversas movilizaciones en busca de la liberación de Pablo Pérez.
Se sabe que después de la detención, en diversos puntos, se comenzaron a concentrar a per -
De acuerdo a las versiones extraoficiales, se sabe que Cecilio López, venía del municipio de Teopisca al parecer de una reunión de la Organización, sin embargo en el conocido crucero de San Pablo, regresando de Teopisca, esto por elementos de la fiscalía de Tuxtla Gutiérrez, y llevado directamente a El Amate, esto alrededor de las 13:00 horas
sonas en motocicletas, por lo que miembros del Ejército y Guardia
Nacional, montaron operativo en diversos puntos de la ciudad,
además del sobrevuelo de un helicóptero.
Ainer Marroquín / Mural Chiapas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (muralchiapas.com)
En el estado de Chiapas, más de 90 mil personas de 15 años y más se dedican a labores de aseo, asistencia y los relacionados al cuidado del hogar de una persona o de una familia, a cambio de una remuneración económica.
En el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar —el cual se conmemora cada 30 de marzo—, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que en México, alrededor de 2.5 millones de personas de 15 años y más realizan actividades de trabajo doméstico remunerado, en donde el 90.2 por ciento de la fuerza laboral es realizado por mujeres, y el 9.8 por ciento por hombres.
En este contexto y por entidad federativa, destaca que por dicha actividad sobresalen entidades como: Quintana Roo, donde el 76.5 por ciento de las personas se ocupan en actividades domésticas, seguido de Baja California con 57.6 por ciento, y Baja California Sur con 57.2 por ciento.
Para el caso de Chiapas, el organismo público refiere que las personas trabajadoras del hogar representan el 4.4 por ciento del total de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, de alrededor de 97 mil 288 trabajadores.
Sin embargo y de acuerdo al estudio: “El Mercado Laboral de las Trabajadoras del Hogar Remuneradas en Chiapas” de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México (Flacso), las mujeres trabajadoras del hogar en Chiapas son las que menor paga perciben en todo el país.
El estudio revela que las mujeres chiapanecas reciben por estas actividades alrededor de 24.2 pesos por hora, es decir, menos de 200 pesos por jornada laboral.
Asimismo, investigadores como Nelson Florez Vaquiro y Graciela Bensusán, mencionan en el estudio: “El mercado laboral de las trabajadoras del hogar remuneradas en Chiapas y recomendaciones para su formalización”, que las 71 mil 600 trabajadoras chiapanecas del hogar se encuentran todavía más expuestas a múltiples riesgos
y desventajas, ya que tales tareas se suman a dinámicas complejas, como la interculturalidad, la migración, la marginación estructural y la discriminación, entre otras.
Por tanto, los investigadores coinciden que la política de cuidados ha hecho visibles las condiciones y situaciones, en el que muchas ocasiones las condiciones son injustas y peligrosas, al estar expuestas a malos tratos, vejaciones o discrimi-
nación por su origen étnico.
Cabe mencionar que, en 1988 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) declaró el 30 de marzo como el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. El objetivo es informar y diferenciar el trabajo en los hogares de las y los trabajadores domésticos remunerados, así como favorecer la discusión en la agenda pública sobre sus condiciones laborales.
Irene Olea Torres, alcaldesa de Izúcar de Matamoros, se deslindó de la agresión contra dos periodistas y tres activistas de la colectiva Marea Púrpura, ocurrida el 10 de marzo.
En rueda de prensa dio a entender que este caso tenía un fondo político, pues acusó a Melitón Lozano Pérez, exalcalde de esa misma localidad y exsecretario de Educación del Estado en los primeros años del gobierno de Miguel Barbosa, de pretender desestabilizar su gobierno.
En torno a la denuncia que presentaron en su contra cinco jóvenes que fueron golpeadas, torturadas y humilladas sexualmente por parte de policías municipales, la edil rechazó que ella haya ordenado ese ataque y se dijo abierta a cualquier investigación pues ella era la “principal interesada” en esclarecer lo ocurrido.
Indicó que desde el 21 de marzo, el área de Contraloría Municipal de Izúcar de Matamoros inició la investigación contra seis policías que se presume estuvieron involucrados en la agresión contra cinco mujeres y un hombre. Incluso ofreció aplicar “mano dura” contra quien resulte responsable.
Mientras que la periodista Natalie Hoyos López dijo temer por su vida y
Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)Mujeres indígenas, feministas, activistas y organizaciones de la sociedad civil condenaron que el gobierno del estado emanado de las filas de Morena solape y respalde a hombres abusadores y violentos mediante un pacto patriarcal del sistema de gobierno.
Al mismo tiempo exigieron al gobernador Salomón Jara Cruz la destitución inmediata de su coordinador de Delegados de Paz, Donato Vargas Jiménez, pues de lo contrario estará incumpliendo la última reforma de la Ley 3 de 3, lo que confirmaría que este gobierno morenista no será garante del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y que tolerará que hombres integrantes de la administración pública estatal sean agresores de mujeres en el ámbito privado o público.
Alrededor de 13 organizaciones, entre ellas el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca, Encuentro para el Camino y Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México también demandaron a la Fiscalía General de Oaxaca que se actúe en el caso de la denuncia presentada por Martha Aracely Cruz en contra de Donato Vargas Jiménez.
Mientras que la periodista Natalie Hoyos López dijo temer por su vida y responsabilizó de lo que pudiera ocurrirle a Olea Torres, la edil afirmó que también ella teme que algo pudiera pasarle y acusó de cualquier agresión en su contra a Melitón Lozano
lectiva Marea Púrpura reclamó a la edil de Izúcar de Matamoros por pretender “politizar” la detención ilegal que cometieron policías municipales contra las periodistas y las feministas.
responsabilizó de lo que pudiera ocurrirle a Olea Torres, la edil afirmó que también ella teme que algo pudiera pasarle y acusó de cualquier agresión en su contra a Melitón Lozano.
Dijo que el exfuncionario barbosista estaba detrás del constante “golpeteo político” contra su persona y su administración, con lo que buscaba cansarla y hacer que renunciara al cargo. Recordó que ella misma presentó una denuncia en contra del exfuncionario morenista por presuntas amenazas de muerte que profirió contra su familia
“El autor de esta serie de acciones en contra mía y de mi gobierno tiene nombre y apellido: se llama Melitón Lozano
Pérez. Responsabilizo a Lozano Pérez de lo que pudiera ocurrir a mí, a mi familia, a mis compañeras regidoras y a todas personas servidoras públicas más cercanas a mi gobierno”, recalcó.
Durante la rueda de prensa se mencionó que el padre de las dos periodistas Michelle y Natalie Hoyos era compadre de Lozano Pérez, pero la alcaldesa dijo que no hablaría de información que pudiera afectar las investigaciones que llevaba las autoridades sobre la agresión a las mujeres ocurridas precisamente en el marco del 8M.
Marea púrpura
En respuesta a esta postura, la co-
“La justicia no es un tema político, la dignidad no es un tema político, la seguridad de las mujeres no es un tema político. Exigimos a la presidenta municipal que rinda cuentas claras y deje de usar la tragedia como trampolín político para atacar a sus adversarios, deje de desviar la atención”, manifestaron.
Por otra parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos determinó establecer medidas cautelares a Olea Torres, a la que pidió un informe de los hechos del 10 de marzo.
La CEDH expuso que las medidas emitidas eran con la finalidad de que el personal en el ejercicio de sus funciones se abstenga de realizar actos que atenten en contra de la vida, dignidad e integridad física y/o psicológica de las periodistas, asimismo, se instruya al personal, sujeten su actuar en términos de lo establecido en la Constitución y respetando los derechos humanos.
Martha Aracely Cruz, indígena mixe, ha manifestado haber sufrido violencia física, sexual y emocional por parte del servidor público Vargas Jiménez.
Consideran que “su denuncia ha tomado una lentitud tal, que actualmente no ha contado con acceso a la justicia, debido a que este servidor sigue ejerciendo su poder desde el espacio público, solapado por la estructura del gobierno, por el partido MORENA y por un sistema de justicia no centrado en las víctimas”.
Además, abundaron, “varias compañeras han levantado la voz visibilizando que Donato Vargas Jiménez y sus compinches políticos son personas que no abonan a la cultura de paz y no violencia que tanto requiere nuestro estado, siendo ellos mismos agentes violentos y perpetradores de violencia en contra de las mujeres cercanas a su círculo social y político, pero también en contra de aquellas que han levantado la voz”.
Es lamentable que “las denuncias hayan sido tratadas como meros ‘problemas con tintes políticos’, y sí, no hay nada más político que la violencia en contra de las mujeres”.
Sin embargo, “vemos con suma preocupación la pasividad del gobierno estatal con su silencio y con tolerancia total a los actos misóginos de los servidores públicos como Donato Vargas Jiménez”.
Por lo tanto: “condenamos cualquier acto violento perpetrado en contra de las mujeres en la entidad oaxaqueña por cualquier hombre, pero, sobre todo, por hombres que ostentan cargos en la administración pública y/o cargos de elección popular”.
Las organizaciones conminaron al fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez, a que se actúe en el caso de la denuncia presentada por Martha Aracely Cruz aplicando los valores jurídicos de igualdad, imparcialidad, seguridad jurídica, particularmente en la integración de la Carpeta de Investigación
en contra del servidor público Donato Vargas Jiménez, así como a tener presente el derecho de la víctima a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial.
Finalmente, “responsabilizamos al Gobierno del Estado de Oaxaca de actos violentos que como represalias puedan ejercerse contra las compañeras denunciantes, así como en contra quienes en pleno ejercicio de la defensa de sus derechos hayan levantado su voz denunciando a servidores públicos estatales”, puntualiza el pronunciamiento suscrito por el Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Red Nacional de Abogadas Indígenas, la Red Mariposas de Mujeres Mixes y “Mujeres Lilas” Oaxaca.
De la Redacción
Ciudad de México (apro)
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) podrá invalidar certificados, títulos profesionales y grados cuando los alumnos no cumplan con los requerimientos académicos y éticos, efecto que se hace extensivo a egresados.
El Consejo Universitario aprobó este jueves una serie de modificaciones y adiciones a diversos ordenamientos de la legislación universitaria para garantizar la integridad y honestidad académica y prevenir o, en su caso, proceder en contra de faltas a este principio universitario en sus diferentes vertientes.
Las reformas surgieron tras la controversia surgida en diciembre tras los señalamientos contra Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de que supuestamente plagió la tesis con la que se tituló como licenciada en derecho en la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
En sesión extraordinaria, el Consejo hizo reformas al Estatuto General que, en su artículo 5, señala que la UNAM puede ahora declarar la nulidad absoluta de certificados, títulos profesionales y grados, cuando los requerimientos académicos y éticos no hayan sido cubiertos de forma cabal.
El rector Enrique Graue destacó la importancia de las modificaciones que subsanan un vacío legislativo e irán acompañadas de diversas acciones preventivas todavía más sólidas.
No nos debe volver a suceder que no se tengan los mecanismos para conducir circunstancias lamentables como esas, dijo.
“Entre las modificaciones al Estatuto General de la UNAM se establece que antes de iniciar sus trámites de titulación, los y las alumnas deberán firmar la protesta universitaria de integridad y honestidad, en la que aceptan actuar de manera ética y conforme a los valores universitarios, ya que en caso contrario su título podrá ser anulado, de acuerdo con la fracción V del artículo 87”, detalló la casa de estudios en un comunicado.
“Además, asienta que los profesores serán responsables por el incumplimiento de integridad y honestidad académica en la supervisión y seguimiento de pruebas, exámenes, tesis, así como trabajos y artículos académicos, de manera especial, los que son necesarios para cualquier forma de titulación u obtención de grado,
El Consejo Universitario aprobó este jueves una serie de modificaciones y adiciones a diversos ordenamientos de la legislación universitaria para garantizar la integridad y honestidad académica y prevenir o, en su caso, proceder en contra de faltas a este principio universitario en sus diferentes vertientes
jurados de exámenes profesionales serán designados por el director de la facultad o escuela, y los directores o tutores principales de trabajos escritos para titulación o graduación podrán formar parte del jurado, pero no podrán presidirlo.
señala la fracción III del artículo 96.
“También se precisa que el alumno, graduado o cualquier persona que haya prestado o recibido ayuda fraudulenta para la titulación o examen de grado, se someterá a proceso de revisión y en su caso, procederá la nulidad del examen sustentado, de acuerdo con la fracción III del artículo 97 del mismo ordenamiento.
“Las modificaciones contemplan también la expulsión definitiva de la Universidad de aquel alumno o alumna, en los casos que la gravedad lo amerite; sin embargo, se prevé que en situaciones en que sea declarada la anulación de un título, el o la estudiante podrá optar por alguna otra forma de titulación, siempre y cuando el consejo técnico correspondiente así lo considere”, detalla la UNAM
El pleno del Consejo Universitario también aprobó modificar diversos reglamentos en concordancia con las modificaciones hechas al Estatuto General.
“El Reglamento General de Estudios Universitarios, por ejemplo, en su artículo 61 establece que los exámenes, pruebas y cualquier otro tipo de evaluación académica de los alumnos permiten comprobar sus conocimientos, nivel de pensamiento crítico y la autoría original en sus trabajos.
“Al artículo 62 del mismo ordenamiento se adicionan los incisos g y h. El primero refiere que los consejos técnicos o académicos establecerán los mecanismos para garantizar la autoría original de los trabajos presentados para su evaluación, buscan-
do siempre asegurar la integridad y honestidad académica”, expone el comunicado de la Universidad.
El segundo inciso detalla que serán estos consejos los que determinen la nulidad de exámenes, la procedencia de aprobar un segundo proceso de titulación o graduación, de conformidad con el Reglamento General de Exámenes, previa valoración sobre la gravedad del caso.
“El artículo 68 indica que para obtener el título de licenciatura o título profesional se deberán acreditar todas las asignaturas del plan de estudios, cumplir con los requisitos de alguna de las opciones de titulación y suscribir la protesta universitaria de integridad y honestidad académica y profesional”.
En el Reglamento General de Exámenes se modifica el inciso c del artículo 1 para establecer que mediante las calificaciones se da testimonio de la capacitación del estudiante, de sus conocimientos y habilidades y la autoría original de las ideas sustentadas en sus trabajos académicos.
El artículo 21 relacionado con el examen profesional y las opciones de titulación y obtención de grado que requieran trabajos escritos, indica que estos deben ser de autoría original, efectuados con integridad y honestidad académica, garantizando el reconocimiento y protección de la autoría intelectual, así como el compromiso social y ético universitario.
“Además, que el contenido de dichos trabajos deberá verificarse a través de herramientas tecnológicas, aprobadas por los consejos técnicos y comités académicos correspondientes”, subrayó.
El artículo 24 establece que los
“El artículo 33 subraya que, en la búsqueda, ejercicio, construcción y transmisión del conocimiento, las autoridades, funcionarios, profesores, investigadores, técnicos académicos, asesores, tutores, sinodales y alumnado deben actuar con honestidad académica, citar adecuadamente las fuentes de información que empleen, generen o difundan y dar el debido reconocimiento a la autoría intelectual”.
Las denuncias por presunta falta de integridad académica deberán presentarse ante los directores de las entidades académicas correspondientes, quienes las turnarán a los comités de ética o equivalentes y al Consejo Técnico, instancias facultadas para conocer, analizar, investigar y emitir un dictamen al respecto, de acuerdo con el artículo 36.
“Si se resuelve que una persona en su calidad de alumno haya cometido una falta de integridad y honestidad académica, deberá determinarse la nulidad del trabajo académico -tesis, tesina o artículo académico, y la réplica oral correspondiente-“, indica el comunicado.
“La decisión podrá ser recurrida ante la Comisión de Honor del Consejo Universitario, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, después de recibir la notificación.
“La resolución definitiva deberá enviarse a la Dirección General de Administración Escolar para dejar sin efectos las actas de exámenes y los títulos o grados otorgados”, indica el artículo 39 de dicho ordenamiento.
En el caso del Reglamento del Tribunal Universitario y de la Comisión de Honor se modificaron los artículos 23, 27, 28 y 30, los cuales detallan la competencia de la Comisión de Honor y el proceso para la revisión de las resoluciones emitidas por el Tribunal Universitario, los Consejos Técnicos y del Comité Universitario de Ética.
Karine Jean Pierre, la vocera del presidente estadunidense Joe Biden, declinó comentar sobre un presunto ultimátum que la USTR de la Casa Blanca estaría presentando a México por las diferencias que se mantienen en el T-MEC sobre inversiones energéticas.
Durante su conferencia de prensa cotidiana, la portavoz presidencial dijo “no tener comentarios” respecto a lo reportado por la agencia británica Reuters de que la USTR de la Casa Blanca estaba dispuesta a solicitar la formación de un panel de resolución de disputas en el marco del T-MEC ante el impase con México sobre los diferendos en materia energética.
“En algunos asuntos y casos estamos de acuerdo y en otros no, México seguirá siendo un aliado cercano de los Estados Unidos”, declaró la portavoz del presidente de los Estados Unidos en su rueda de prensa.
El año pasado y ante la negativa del
“El presidente Biden ha estado en México con el presidente AMLO y con el primer ministro de Canadá (Justin Trudeau) y se han entendido muy bien; México es un gran y cercano aliado de Estados Unidos”, matizó la vocera del presidente estadunidense
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se encuentran en un callejón sin salida en el tema energético.
Esa inviabilidad, según Reuters, llevó a la Representación Especial de Comercio de la Casa Blanca (USTR) a la opción de dar el ultimátum al gobierno de AMLO o de lo contrario recurrirá, junto con Canadá, a la formación del panel independiente de resolución de disputas.
Pese al incumplimiento de AMLO con lo que se comprometió en el T-MEC, la Casa Blanca intentó atenuar el tono presuntamente expresado por la USTR.
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, incumpliendo con el T-MEC –que él mismo firmó en la Casa Blanca siendo Donald Trump presidente de Estados Unidos–, de permitir inversiones estadunidenses y canadienses en el sector energético,
especialmente el eléctrico, Washington y Ottawa emplearon el recurso de consultas para encontrar una solución negociada.
Las conversaciones que ya llegaron al límite de los plazos establecidos por el Tratado de Comercio México,
“El presidente Biden ha estado en México con el presidente AMLO y con el primer ministro de Canadá (Justin Trudeau) y se han entendido muy bien; México es un gran y cercano aliado de Estados Unidos”, matizó Jean Pierre.
Un juez federal concedió una suspensión con la que el Senado de la República no puede designar, por ahora, a una nueva comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El juez Octavo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Martín Santos, dio entrada a la demanda presentada por Yadira Alarcón, cuya designación como comisionada del INAI fue vetada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
“La medida cautelar que se concede no suspende cualquier otro acto diverso al señalado en la demanda y no implica que la quejosa pueda asumir el cargo y percibir la contraprestación correspondiente.
“Toda vez que, conforme a las normas que establecen el procedimiento, el cargo se asume únicamente cuando transcurran diez días hábiles posteriores al nombramiento, y el presidente no presente objeción”, señaló el juez.
La suspensión únicamente es para que el Senado no designe a otra persona en el puesto que había sido asignado a Alarcón hasta que el juez decida si concederá la medida de manera definitiva o no.
Con el amparo, Yadira Alarcón busca evitar perder su lugar en el INAI hasta que se resuelva el conflicto generado por el veto efectuado por el presidente por el que actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene pendiente la admisión de una controversia constitucional en la que el Instituto busca que el Máximo Tribunal obligue al Senado a concluir el proceso de designación de comisionados.
Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V. es la empresa que brindaba su servicio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 39 migrantes a causa de un incendio; de acuerdo con la revisión de su expediente, se constataron varias irregularidades por las que se determinó rescindir el contrato.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que se tienen identificados a los socios: David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet, así como a representantes y apoderados legales.
La empresa está registrada ante la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad desde el 3 de septiembre de 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024, bajo la modalidad de seguridad privada “en todo el territorio nacional”.
La primera irregularidad, de acuerdo con el gobierno federal, es que sólo tenía reportados cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes. Sin embargo, el contrato con el Instituto Nacional de Migración (INM) era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de México.
Tampoco cuenta con permiso de portación de armas y en los informes
mensuales no reportó altas o bajas de personal.
Paralelo al proceso penal que lleva la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la probable responsabilidad de la empresa, dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso e imponerle una multa económica.
“Solicitamos rescindir el contrato de la empresa y, a partir de mañana, elementos de seguridad federal estarán en estación migratoria en Ciudad Juárez” y serán 48 elementos federales los que prestarán en servicio en la instalación migratoria, indicó la funcionaria federal.
La autoridad también busca un proceso para lograr la reparación del daño, aunque consideró que “la pérdida de vidas no se supera con esta acción”, además expuso que “se abrirá procedimiento en la Secretaría de Gobernación para determinar la ayuda de gobierno mexicano a las familias afectadas. Se busca la no repetición y reparación del daño a las víctimas”.
Cancelarán contrato a la empresa de seguridad de la estancia migratoria en Ciudad JuárezDiana Lastiri Ciudad de México (apro)
Mathieu Tourliere
Ciudad de México (apro)
El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó hoy a Seguridad
Alimentaria Mexicana (Segalmex) que transparente los documentos que muestren la recuperación de 950 millones de pesos, tras la adquisición fraudulenta de certificados bursátiles en 2020 y 2021.
En diciembre pasado, Leonel Cota Montaño, quien sustituyó a Ignacio Ovalle Fernández al frente de Segalmex, compareció ante la Cámara de Diputados y dio un panorama demoledor sobre las “desviaciones” multimillonarias operadas durante la gestión de su antecesor, cuyo monto total rebasaría los 15 mil millones de pesos, según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En esa ocasión, Cota aseveró que Segalmex había recuperado el 100% de los 950 millones de pesos de Segalmex y Liconsa invertidos en certificados bursátiles en 2020 y 2021.
Mediante una solicitud de información, una persona solicitó los documentos que comprueban la recuperación de los 950 millones de
En diciembre pasado, Leonel Cota Montaño, quien sustituyó a Ignacio Ovalle Fernández al frente de Segalmex, compareció ante la Cámara de Diputados y dio un panorama demoledor sobre las “desviaciones” multimillonarias operadas durante la gestión de su antecesor, cuyo monto total rebasaría los 15 mil millones de pesos, según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)
De la Redacción
Ciudad de México (apro)
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó ordenar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hacer pública la tesis y el título universitario del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La resolución tuvo lugar durante la última sesión con el quórum legal para reunir al pleno. El INAI resolvió un recurso de revisión interpuesto por un particular, quien solicitó los datos mencionados, pero le fueron negados al estar catalogados como clasificados.
El comisionado Adrián Alcalá Méndez explicó durante la sesión que tras la solicitud del particular, la UNAM informó que se trata de información pública y proporcionó un vínculo y los pasos a seguir para poder consultar la tesis de López Obrador.
Sin embargo, en el caso del título profesional, destacó que, al tratarse de información concerniente a la trayectoria académica de una persona
pesos. Sin embargo, en respuesta Segalmex solo le entregó el Contrato de Intermediación Bursátil número 28759-8, por 100 millones de pesos, quedando a deber la información completa.
En otras palabras: Segalmex no entregó las evidencias que respalden las declaraciones de Cota ante la Cámara de Diputados.
La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena,
elaboró entonces una resolución, que fue adoptada hoy, en la cual ordenó a Segalmex la entrega de toda la información que compruebe la recuperación del 100% del dinero gastado en los certificados bursátiles.
física, se actualizó la clasificación de información como “confidencial”.
La UNAM refirió que para hacer público el título, el titulado debe dar su consentimiento; sin embargo, inconforme con la respuesta, el particular interpuso el recurso de revisión.
Alcalá explicó que, al revisar el caso, se confirmó que sí se podía acceder a la tesis del presidente de la República ingresando al vínculo electrónico que proporcionó la UNAM “por lo que ese agravio resultó totalmente infundado”. Sin embargo, en el caso del título profesional se siguió resguardando la información.
Al respecto, el comisionado refirió que debido a que el título profesional requerido pertenece a un funcionario del más alto rango como el presidente de la República, “reviste trascendencia social y se debe hacer público para fortalecer la rendición de cuentas”.
Así, por unanimidad, el pleno del INAI ordenó a la UNAM, hacer
público el título universitario de López Obrador.
La resolución tuvo lugar durante la última sesión con el quórum legal para reunir al pleno. A mediados de marzo se dio a conocer que el presidente López Obrador vetó los nombramientos de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados del INAI.
El organismo acordó por tanto presentar una controversia consti-
tucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la falta de nombramiento de integrantes del pleno.
Este 31 de marzo concluye su encargo el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, por lo que pleno del INAI quedará solo con cuatro integrantes, es decir, sin el quórum necesario para sesionar. A partir del 1 de abril, el Inai se verá obligado a suspender las reuniones de su Pleno.
De la Redacción
Ciudad de México (Cimacnoticias)
Este 30 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa de la Ley 3 de 3, la cual limita los derechos de agresores y deudores alimentarios de acceder a cargos públicos de elección popular. Ahora, la iniciativa pasará al Senado de la República para concluir con el proceso legislativo y permitir que entre en vigor.
El proyecto de decreto aprobado modifica los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En las fracciones agregadas al primero de estos artículos se establece que, para ser registrada como candidata a cualquier cargo de elección popular, ser votada o ser nombrada para cualquier empleo del servicio público, una persona no debe:
Tener una sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y el desarrollo normal psicosexual de otra persona
Tener una sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos por violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual o violencia política contra las mujeres en razón de género
De la Redacción
Ciudad de México (Cimacnoticias)
Esta semana entró en operaciones la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales Cometidos en Agravio de Estudiantes de Educación Media Superior y Superior. Dicha unidad fue creada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) luego de que, desde el año pasado, alumnas de diferentes universidades públicas se hayan manifestado contra la violencia que viven dentro de las aulas. Algunas de sus protestas aún continúan activas.
En uno de sus informes semanales, la fiscal general de la CDMX, Ernestina Godoy Ramos, informó sobre la creación de esta unidad especializada. Según detalló, dicha instancia está atendiendo las denuncias de estudiantes de bachillerato y universidad en el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) ubicado en la Colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez.
De acuerdo con Godoy Ramos, en estas instalaciones se ofrece apoyo multidisciplinario a las víctimas, el cual incluye atención médica y psicológica, así como exploraciones médico-ginecológicas en caso de que las mujeres hayan sufrido algún tipo
Tener una sentencia firme como persona deudora alimentaria morosa
En cuanto al artículo 102, se agregó la especificación de que para ser titular de la Fiscalía General de la República se requiere tener ciudadanía mexicana por nacimiento y estar en el ejercicio de sus derechos.
La iniciativa 3 de 3 ya ha sido aprobada a nivel local por diferentes entidades, entre ellas Yucatán y Nuevo León. Con la iniciativa aprobada el día de hoy sería aplicada a nivel federal, lo cual podría obligar a estos estados a homologar sus legislaciones al respecto.
Diputado Gerardo Fernández Noroña «se pone el saco» con la 3 de 3
Tal como se reflejó en la votación, la mayoría de las y los diputados se mostraron en favor de la iniciativa durante sus participaciones en el podio. Sin
embargo, quien mostró una postura contraria a lo largo de toda la discusión fue el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT).
De hecho, Noroña presentó una moción suspensiva que fue rechazada. Además, durante su primera intervención dijo que el dictamen era «políticamente correcto» y que «no ha movido ni un milímetro» los índices de violencia contra las mujeres; también afirmó que no funcionaba para cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Con esto, el diputado demostró su ignorancia respecto al hecho de que los agresores suelen hacer uso de sus posiciones de poder en la función pública para evadir sus responsabilidades e incluso para agredir institucionalmente a sus víctimas. Prueba de ello es que 9 de cada 10
agresores acusados de violencia vicaria recurren al sistema de justicia corrupto para levantar denuncias falsas contra sus exparejas, según datos del Frente Nacional Contra Violencia Vicaria. El diputado del PT también se tomó la iniciativa como un ataque personal. Esto, debido a que durante la discusión se le señaló por supuestos ataques misóginos que ha proferido contra sus compañeras de curul. En este sentido, Fernández Noroña afirmó que era «evidente» que la iniciativa iba a usarse para ir contra él en caso de que se aprobara, lo cual dejaría ver «el uso perverso» que se puede hacer de ella.
Por su parte, diputadas como Lidia García Anaya y Olga Luz Espinosa Morales (del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y el Partido de la Revolución Democrática, PRD, respectivamente) reconocieron la importancia de esta iniciativa para brindar mayores garantías de seguridad a las mujeres y avanzar en la erradicación de la violencia contra las mexicanas. De igual forma, hicieron énfasis en los esfuerzos de la sociedad civil para impulsar este proyecto de ley. Entre las organizaciones detrás de estos esfuerzos se encuentra Las Constituyentes MX, la cual ha empujado la aprobación de la ley 3 de 3 desde 2018.
de agresión sexual física.
La fiscal también informó que la unidad es operada en su totalidad por mujeres peritos en psicología, ministerios públicos, oficiales secretarias y policías de investigación. Quienes deseen interponer una demanda en esta unidad pueden hacerlo en el CTA ubicado en la calle Enrique Pestalozzi número 1115, en la Colonia del Valle, alcaldía Benito Juárez, CDMX. El horario de atención es de 9am a 7 de la tarde y, de acuerdo con Ernestina Godoy, más tarde se dará a conocer una línea telefónica de atención directa.
Igualmente, la fiscal recuerda que las mujeres también pueden acudir a realizar sus denuncias a las agencias territoriales de la Fiscalía, así como a las agencias especializadas y a los Centros de Justicia para Mujeres.
La creación de esta unidad especializada (cuya operación está a cargo de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género de la FGJCDMX) parece ser una res-
puesta a la denuncia pública de miles de estudiantes organizadas ante los casos de violencia sexual dentro de sus planteles.
Desde el 1 de enero de 2022 hasta este 30 de marzo de 2023, Cimacnoticias ha dado seguimiento a ocho de estas denuncias que se han visibilizado a través de paros de labores y manifestaciones públicas. Estos casos son:
Una manifestación ante un presunto caso de violación en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) número 7 del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Una protesta de estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan por casos de agresión sexual en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Movilización de estudiantes del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) por la falta de respuestas ante casos de violencia sexual.
El paro de septiembre de 2022 del IPN donde estudiantes de la Escuela Superior de Medicina (ESM) denun-
ciaron la falta de atención a casos de violencia sexual.
El paro de la FES Acatlán en septiembre de 2022 por diversos señalamientos por violencia de género. Paros de labores y otras acciones de las alumnas de CCH Sur por una presunta violación ocurrida dentro del plantel en octubre de 2022.
El paro histórico que se está llevando a cabo en los cinco planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) por diversos casos de violencia sexual contra las alumnas.
El paro de labores en el CCH Azcapotzalco por una presunta violación ocurrida este mes de marzo de 2023 en el plantel.
Ante el incendio del centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, en el que fallecieron al menos 38 personas, marcando una de las peores tragedias en materia migratoria de la historia reciente del país, imperó una pésima coordinación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde se impusieron las ambiciones personales de dos aspirantes a la sucesión presidencial.
Ayer, a medida que crecía la indignación por lo sucedido en la ciudad fronteriza, el presidente López Obrador responsabilizó a los migrantes reclusos por iniciar el incendio; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, protagonizó una entrevista con Joaquín López Dóriga en la que se destapó como candidato a la Presidencia y declaró que la política migratoria incumbe al canciller Marcelo Ebrard Casaubón; y éste, quien hacía proselitismo en Nuevo León, aseveró que los “responsables directos” habían sido presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR), dato que ninguna dependencia de gobierno --ni siquiera la Cancillería-- pudo explicar.
A esta cacofonía se sumaron los tres boletines que publicó el Instituto Nacional de Migración (INM) durante el día, en los cuales indicaba, en un primer momento, que 39 personas habían fallecido en el incendio; posteriormente, informó que eran 40, y finalmente redujo la cifra a 38.
La institución, dirigida por Francisco Garduño Yáñez –otrora responsable de las cárceles federales-- no se pronunció sobre el
video que muestra cómo los custodios del INM abandonaron a los reclusos encerrados en sus celdas mientras se propagaba el fuego. El Instituto se limitó a prometer que cubrirá los gastos funerarios y que entregará tarjetas de visitantes temporales por razones humanitarias a las personas que sobrevivieron al incendio, mismas que pretendía deportar el día anterior. Desde temprana hora, el presidente López Obrador desató reacciones molestas de las organizaciones defensoras de derechos humanos cuando aseveró, en su conferencia matutina, que el incendio “tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron que iban a ser deportados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue, y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia”.
Acto seguido, las organizaciones y los activistas recalcaron que las personas se encontraban bajo la custodia del INM, y por ende del gobierno mexicano, por lo que éste era responsable de su integridad física. Aparte, recordaron que existe un sinnúmero de informes y evidencias sobre las pésimas condiciones de detención de los migrantes en los centros del INM, y criticaron al mandatario por referirse al recinto como “albergue”, pues se trata de un centro de privación de la libertad.
Garduño viajó a Ciudad Juárez, donde recorrió hospitales y anunció que el INM colaboraría con la FGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para esclarecer los hechos. Sin embargo, ni la dependencia ni su titular
comentaron el video que empezó a circular en la tarde, en el cual se aprecia cómo los custodios salen, sin prisa aparente, del centro de detención, dejando a su suerte a los detenidos.
El video provocó una ola de indignación. A pesar de la gravedad del asunto, Adán Augusto López Hernández se presentó con naturalidad en el estudio de Radio Fórmula durante el noticiero que conduce Joaquín López Dóriga. Aunque reconoció que el incendio es una “tragedia”, dedicó varios minutos a explicar que, en los hechos, el INM responde ahora a la Cancillería, y que por “un acuerdo al interior del gobierno, es Marcelo (…) quien se encarga del tema migratorio”. Con ello, el tabasqueño se desentendió del incendio de Ciudad Juárez, y echó la responsabilidad de la tragedia a Ebrard.
Por si fuera poco, el secretario de Gobernación aprovechó su paso por el programa de radiodifusión para empujar su perfil en la carrera para definir la candidatura de Morena en las elecciones presidenciales de 2024, en la que lucha contra el propio Ebrard y contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. “Yo voy a ser presidente”, dijo López, mientras en el chat donde se difunde información de la fuente de Gobernación llegaban boletines contradictorios del INM sobre las cifras de personas fallecidas.
Los equipos de comunicación social de la Segob y del INM funcionan de manera separada, lo que creó una creciente confusión y una serie de mal entendidos entre los equipos de prensa.
Y todo se confundió más cuando Ebrard salió de su silencio. Por la
mañana, el canciller había lamentado “profundamente” el incendio, pero había pasado las horas siguientes publicando, en su cuenta de Twitter, fotografías con grandes sonrisas al lado del gobernador de Nuevo León, Samuel García, durante un recorrido por la futura fábrica de automóviles eléctricos de Tesla.
Tras las declaraciones de López, Ebrard publicó una serie de mensajes en Twitter donde indicó que la Cancillería había estado en comunicación con los gobiernos de los nacionales fallecidos. En respuesta al secretario de Gobernación, Ebrard aseveró que “dejo cualquier consideración de índole política para otros momentos. Cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora”.
Aparte, el canciller declaró que informó a los gobiernos extranjeros que, según la Segob y el INM, “los responsables directos de los hechos han sido presentados ante la FGR”. El dato era relevante: el canciller revelaba que ya habían iniciado las acciones judiciales, e incluso que había “responsables directos” identificados.
Preguntada al respecto, la Cancillería no supo aclarar a qué se refería Ebrard. La Segob aseveró que esa información la podría tener el INM, pero la institución dirigida por Garduño aseveró que no tenía ese dato. La FGR tampoco informó sobre una “presentación” de personas en el marco del incendio. Todavía por la mañana de este miércoles 29, la Cancillería no tenía explicación sobre el mensaje de Ebrard. “Si no decimos más, es porque no tenemos más”, dijo su equipo de comunicación después de más de 12 horas de silencio.
La relación entre la nación y la migración mexicana en el extranjero ha sido una historia cargada más hacia la incomprensión y exclusiones, que a la inclusión y fraternal vínculo. Pese a que la migración mexicana ha mantenido poderosos lazos de solidaridad y generosidad excepcionales, de “aquí para allá” han perdurado actitudes rudas y escaso reconocimiento, salvo que se trate de las remesas que, en ese caso, hasta el gobierno intenta colgarse el mérito como si fuera propio.
Son muchos los escenarios donde la relación entre migración y política pública encuentra aristas tensas, cargadas de prejuicios y de modos excluyentes e injustos. Basta con observar el trato que damos a las personas deportadas desde Estados Unidos, apenas suficiente para el registro estadístico y despreocupado por sus condiciones emocionales, materiales o por sus alternativas inmediatas. Para el gobierno no alcanzan los 60 mil millones de dólares que la comunidad en el exterior aporta anualmente para proveer condiciones decorosas a quienes son retornados a México en condiciones críticas, especialmente severas para quienes dejaron hijos y familiares en Estados Unidos.
Una situación similar encontramos entre la población migrante de retorno o nacida en el extranjero, niñez y juventud, que debe enfrentar viacrucis burocráticos para el reconocimiento de su documentación escolar y, además, afrontar un modelo educativo no adecuado a su perfil cultural y bilingüe. Es frecuente que estas experiencias terminen cargadas de prácticas discriminatorias y costos emocionales, que después se repiten ante
otras funciones públicas como el registro civil o los servicios médicos, por ejemplo.
Es decir, como muestran estos casos, las instituciones gubernamentales –de los tres órdenes de gobierno– siguen funcionando con los parámetros de un México que ya no existe y, por el contrario, siguen amplificando su desfase frente al despliegue y movilidad internacional de la población mexicana.
Dicho en términos generales, el Estado mexicano y sus instituciones no han avanzado gran cosa en su adecuación a la realidad de una sociedad nacional que tiene una proporción muy numerosa residiendo en el extranjero. La falta de reformas institucionales, legislativas y de políticas concretas, va acumulando prácticas discriminatorias que además cancelan oportunidades de desarrollo que pudieran implementarse mediante la inclusión abierta y clara de la población mexicana en el extranjero (casi toda en Estados Unidos).
Las y los mexicanos que viven en el extranjero son alrededor de 40 millones de personas, con derechos plenos, iguales a quienes han nacido en el territorio nacional. Con derechos plenos –debe insistirse– como lo establece la Constitución política. Por consiguiente, no es justificable la continuidad de prácticas discriminatorias, especialmente cuando derivan de un modelo gubernamental que sigue pensando que la población mexicana se encuentra solamente en el territorio. Ya no es más así.
La nación mexicana es hoy transterritorial y el Estado debe adecuarse a la nueva estructura social de la nación. Son cerca de 12 millones las y los mexicanos que nacieron en el territorio y emigraron al extranjero. Son alrededor de
14 millones las y los hijos nacidos en el extranjero, primera generación. Deben añadirse aproximadamente otros 12 millones de segundas y terceras generaciones nacidas en el extranjero. En total nos acercamos a 40 millones de mexicanos en el extranjero, viviendo en Estados Unidos y además en países como Canadá, España, Reino Unido y otras partes del mundo.
¿Puede el Estado mexicano seguir inmóvil o lento en sus reformas para adecuarse a la nueva realidad social de la nación? Sería un contrasentido histórico y un desastroso desperdicio en múltiples sentidos: demográficos, económicos, culturales, políticos y sociales en todas sus expresiones. Los desfases se acumulan y el tiempo histórico es implacable.
La evolución de la nación mexicana –vista desde el marco de nuestra Constitución– ha tenido tiempos de franca exclusión de la migración mexicana en el extranjero y, sobre todo, de exclusión de su descendencia como integrantes de la nación. Por décadas se apilaron deudas con nuestra migración y además se crearon prejuicios y distanciamientos que todavía repercuten en las instituciones y en no pocos espacios del imaginario cultural. Hasta el año 1997, por ejemplo, la Constitución establecía la pérdida de nacionalidad si se adquiría otra; era imposible la doble nacionalidad. Se corrigió esta restricción, afortunadamente. Pero igual persistieron otras limitaciones que se superaron con la reforma en el año 2021 del Artículo 30 constitucional, que amplió de manera decisiva el universo social de la nacionalidad mexicana.
Pero aún persisten inercias excluyentes y discriminatorias. Muchas de ellas, simplemente porque
así ha sido por largo tiempo. Muchas de ellas, simplemente porque esas reglas y prácticas se han repetido por años y años. Hoy son tiempos para corregir y ampliar el horizonte que observan las leyes y las instituciones del Estado. En prácticamente todas, la mirada institucional está “atorada” en el espacio territorial y no alcanzan a incluir a la población mexicana en el extranjero ni a comprender su movilidad en ambas direcciones. Esa movilidad es tan intensa y cotidiana como las remesas, para decirlo usando un parámetro conocido.
Lo cierto es que no hemos terminado de resolver la relación entre la nación y la migración mexicana en el extranjero. Como tampoco la relación entre la migración y las instituciones del Estado, que es parte sustancial de esa relación. Se han dado pasos importantes, pero no suficientes. Hay asuntos pendientes relativamente simples, como la formalización de la nacionalidad mediante actas de nacimiento, pasaportes, registros de población, por ejemplo; pero se ha hecho muy poco. Hay otros asuntos de enorme complejidad, como la cuestión de la representación política, que es algo mucho más denso que el voto en el extranjero o que la cuestión sobre diputaciones o senadurías migrantes. Habrá que avanzar esa ruta de manera progresiva.
En cualquier caso, la agenda pendiente es extraordinariamente importante y decisiva para el futuro de la nación, que hoy vive un tiempo histórico muy distinto al de hace apenas unas décadas. Más nos vale ser congruentes con una realidad que, pese a su complejidad, al mismo tiempo ofrece potencialidades de evolución social y de desarrollo excepcionales. El costo de no hacerlo puede ser altísimo para la nación misma.
Es inédito en la historia del Estado de México: será gobernado por primera vez por una mujer. Es un hecho incontrastable, de gran relevancia, por la atávica cultura patriarcal que pervive en la entidad. Desde la Revolución Mexicana ha perdurado un sistema político patriarcal, machista y misógino.
En efecto, las candidatas a la gubernatura del Edomex se registraron en estos días ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). Alejandra del Moral, abanderada de la coalición Va por el Estado de México (PRI, PAN, PRD y NA), presentó el martes 21 la documentación oficial para formalizar su candidatura. Por su parte, Delfina Gómez, con la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, Verde y PT), tiene programado registrarse este domingo 26.
Pese a que muchos analistas aseguran que Alfredo del Mazo ha entregado la plaza, la gran maquinaria de gobierno mexiquense está echada para adelante para favorecer a su candidata con viejos hábitos ilícitos. Está en juego la gubernatura de la entidad más poblada del país. También la existencia nacional del PRI que arrastra un enorme desprestigio. Una dirigencia federal que ha fracturados los equilibrios de poder del tricolor. Lo que pase en el Edomex tendrá repercusiones en las elecciones presidenciales de 2024.
Una cuestión es clara, el PRI del Estado de México no es el PRI nacional. Sin embargo, por primera vez en la historia de la entidad, el PRI enfrenta un poderoso rival: Morena. Delfina Gómez cuenta con el apoyo incondicional del
presidente AMLO, del gobierno federal y en particular del gobierno de la CDMX por la imbricación político-geográfica.
El que una mujer, independientemente de su procedencia política, sea la próxima titular del Ejecutivo, nos lleva a pensar en cambios y nuevas sensibilidades de gobernabilidad. ¿Cómo la próxima gobernadora enfrentará diversos tipos de violencia de género? Recordemos que el Estado de México tiene el mayor número de feminicidios en el país. La reclusión obligada por la pandemia desnudó la gigantesca violencia intrafamiliar que los hombres ejercen contra mujeres y niños. El ejercicio del terror contra las mujeres incluye una gran variedad de abusos verbales y físicos, como la violación, la tortura, la esclavitud, la trata, el incesto y el abuso sexual infantil, al igual que la agresión psicológica.
Delfina o Alejandra podrán encabezar políticas públicas del estado y, como próxima gobernadora, enfrentar las diferentes vertientes de la violencia hacia las mujeres; es decir, la violencia doméstica, violencia sexual, el acoso laboral o violencia política en razón de género. Estas diversas manifestaciones de violencia parten de una base común: son agresiones diversas precisamente por ser mujeres y sólo tiene sentido cuando se sitúa en un contexto más amplio de desigualdades y cultura machista entre hombres y mujeres.
El tema es complejo y conviene inquirir el posicionamiento de la próxima gobernadora. ¿Cómo afrontará el maltrato de una masculinidad tóxica como una práctica regular y hasta naturalizada que las leyes y normas toleran o
son letra muerta?
La violencia contra la mujer refleja las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que han dado lugar a la discriminación y obstaculización de la promoción profesional. La violencia contra las mujeres, por lo tanto, no es sólo una cuestión de una interacción particular entre dos personas, es parte de un contexto más amplio, de una cultura patriarcal, que somete y legitima discriminar, relegar y cosificar a la mujer.
Las trayectorias de las candidatas no están identificadas con las causas feministas, como la liberación sexual y el aborto. Pero podrán hacer suya la cusa contra la violencia y encarar los feminicidios. Luchar para deconstruir la cultura de una masculinidad hegemónica. ¿Podrán asumir la agenda del feminismo actual? ¿Harán suya parte de la teoría de género? Lo dudo. Ambas candidatas a la gubernatura son católicas y en cierto modo se reconocen en la agenda conservadora de la Iglesia católica o al menos no querrán enfrentarla durante las campañas.
Alejandra del Moral concentró sus encantos hacia la Iglesia católica en torno a defender a la familia tradicional. Como secretaria de Desarrollo Social intercambió guiños con los obispos de la entidad. Ante los arzobispos de Tlanepantla y Toluca, destacó: “Coincidimos en los mismos valores y en el trabajo constante por las familias mexiquenses”. El salario rosa ha sido un medio de acercamiento para que Alejandra del Moral aborde reivindicaciones sociales de mujeres, que alcanza a cerca de 700 mil mujeres de es-
casos recursos, aunque la política social se enturbia bajo diversas formas de activismo político.
Por su parte, la maestra Delfina Gómez tiene un pasado católico más definido. Fue en su momento catequista y misionera. Su paso por la Secretaría de Educación tuvo constantes intercambios tanto con obispos como con la rijosa Unión Nacional de Padres de Familia. En plena pandemia, en agosto de 2021, la maestra conferenció con la cúpula eclesiástica. Ahí reconoció: “Tener este diálogo con ustedes nos permite cubrir una necesidad de intercambio de ideas”. Y agradeció la preocupación de la Iglesia católica por considerar al sistema educativo como prioritario en la política pública nacional. Los orígenes mazahuas de la candidata morenista se dejaron sentir en el cierre de su precampaña. Durante el último acto, representantes de pueblos originarios mexiquenses como otomíes, mazahuas y tlahuicas celebraron una ceremonia prehispánica para agradecer a la “Madre Tierra, la vida y la salud”, en la cual le entregaron el “Bastón de la Esperanza” como dirigente moral de las diferentes etnias del Estado de México.
El peor escenario de una mujer gobernadora sería la impostura. El uso político de género como recurso oportunista para seguir legitimando el imperio masculino como factor dominante. Espero no ocurra. Los astros se alinearon, casi de manera revolucionaria, para que emerja una mujer en un contexto de machismo arraigado, herencia patriarcal de usos y costumbres culturales que debe ser resignificados.
• Los economistas del Banxico esperan que, hacia finales de ese año, el aumento de precios se estabilice en un 3%
• Aunque el balance de riesgos del comportamiento de los índices de precios al consumidor se mantiene al alza
No termina todo aún con el problema de la inflación y su impacto en el costo del dinero para financiar la producción de bienes y servicios, así como los nocivos efectos que tiene en la capacidad de compra de los consumidores, especialmente de los más vulnerables.
Los pronósticos de las autoridades monetarias, para las inflaciones y subyacente, se ajustaron se marginalmente, y mantienen una trayectoria estable.
Siguen anticipando que la inflación converja a la meta del 3%, en el cuarto trimestre de 2024, cuando se haya iniciado un nuevo gobierno sexenal.
Ante ese panorama, como lo supusimos en la entrega de este jueves, el Banco central subió la tasa de interés interbancaria a un día en 25 puntos base para quedar en 11.25% anual, un nivel aún muy alto para financiar los procesos productivos.
Nuevos movimientos del costo del dinero continuarán pendientes del comportamiento de los precios de la economía. Si la inflación no cede, seguramente la autoridad monetaria se verá obligada a continuar con el alza de las tasas de interés y el enfriamiento de los procesos productivos.
En tanto, las previsiones del comportamiento de la inflación están sujetas a riesgos, tanto al alza como a la baja.
Los riesgos al alza, estimados por el Banco de México, serían:
i) persistencia de la inflación subyacente en niveles elevados;
ii) depreciación cambiaria ante eventos de volatilidad financiera internacional;
iii) mayores presiones de costos; y
iv) presiones en los precios de energéticos o agropecuarios.
Los riesgos a la baja son:
i) una desaceleración de la economía global mayor a la anticipada;
ii) un menor traspaso de algunas presiones de costos;
iii) una disminución en la intensidad del conflicto geopolítico o un
iv) mejor funcionamiento de las cadenas de suministro; y
v) un efecto mayor al previsto de las medidas del Gobierno Federal
vi) ante la carestía.
Los banqueros centrales consideran que el balance de riesgos, respecto de la trayectoria prevista para la inflación, en el horizonte de pronóstico, se mantiene sesgado al alza. En base a esta percepción, la Junta de Gobierno del Banxico evaluó la magnitud y diversidad de los choques inflacionarios y sus determinantes, así como la evolución de las expectativas de mediano y largo plazos, y el proceso de formación de precios.
Consideró el Banco los retos ante el apretamiento de las condiciones financieras globales, el entorno de incertidumbre, la persistencia de las presiones inflacionarias acumuladas y la posibilidad de mayores afectaciones a la inflación, así
como la postura monetaria, que ya se ha alcanzado en este ciclo alcista.
Con base en lo anterior, y con la presencia de todos sus miembros, la Junta decidió, por unanimidad, incrementar en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 11.25%. Con esta acción, se reduce el ritmo de incrementos y la postura de política monetaria se ajusta a la trayectoria que se requiere para que la inflación converja a su meta de 3% dentro del horizonte de pronóstico.
La Junta de Gobierno del Banco Central informó que vigilará estrechamente las presiones inflacionarias, así como todos los factores que inciden en la trayectoria prevista para la inflación y en sus expectativas. Ello, con el objetivo de determinar una tasa de referencia congruente en todo momento, tanto con la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3%, en el plazo en el que opera la política monetaria, como con un ajuste adecuado de la economía y de los mercados financieros.
Así, la Junta de Gobierno dijo que tomará su próxima decisión en función del panorama inflacionario, considerando la postura monetaria ya alcanzada.
Presume Ramírez de la O de finanzas públicas sanas
En el primer bimestre del año, los balances del Sector Público superaron lo previsto en el programa y se compararon favorablemente
respecto a lo observado en el mismo periodo de 2022, lo que demuestra la solidez de las finanzas públicas, presumió el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O De acuerdo con el informe de Finanzas y deuda públicas, a febrero de 2023, los ingresos públicos mantienen un buen desempeño, lo que refleja la fortaleza de la economía nacional.
La recaudación tributaria registró un crecimiento de 4.2% anual en términos reales, impulsada por el sólido desempeño de la demanda interna y los altos niveles de empleo, dijo la vocería de la dependencia encargada de la hacienda pública.
Dentro de los ingresos tributarios, destacó el crecimiento anual del ISR en 8.2% en términos reales, mientras que la recaudación del IEPS de gasolinas y diésel registró cifras positivas por cuarto mes consecutivo debido al retiro gradual de los estímulos a los combustibles en el contexto de la estabilización de los precios del petróleo.
En línea con el objetivo de elevar los niveles de crecimiento económico de mediano y largo plazos, la inversión física directa creció 16.3% anual a febrero.
Asimismo, en busca de mejorar los indicadores sociales y económicos, un 69.5% del gasto programable total fue destinado a desarrollo social y un 23.1% a desarrollo económico.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de la 4T y de Morena es el responsable de las muertes de los cerca de 40 migrantes que murieron incinerados en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El Instituto Nacional de Migración les llama albergues o estación migratoria, pero la realidad es que son prisiones disimuladas para retener de manera obligada e ilegal a los extranjeros que viajan desde ciudades lejanas en busca del casi imposible sueño americano.
Aunque tratan de evadir su responsabilidad, lo cierto es que nadie más que ellos son los responsables de ese crimen, no hay forma de echarle culpa a otros, aunque lo harán, buscarán chivos espiratorios para que los verdaderos culpables no pisen la cárcel.
Como suele hacerlo, el presidente López Obrador re victimizado a los muertos alegando que ellos mismos prendieron fuego a un colchón y responsabilizando a una empresa privada Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. de C.V. (SEICSA), cuyo propietario es Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul honorario del gobierno de Nicaragua, del dictador Daniel Ortega, en México, con quien López Obrador mantiene jugosos negocios por más de tres mil millones de pesos.
Que son las estaciones migratorias para sus ocupantes que son llevados en calidad de presos por los agentes de migración, pues son verdaderas bombas de tiempo y espacios de privación de la libertad.
El supuesto albergue de Ciudad Juárez, se encuentra en una cochera, bodega o en es cualquier espacio en donde las autoridades mexicanas eligen como estaciones migratorias temporales para el alojamiento de migrantes, quienes a pesar de no ser delincuentes, son
Leonel Durante López
• Las muertes a AMLO se le dan a borbotones
• Las muertes de los migrantes quedarán impunes
privados de su libertad.
No nos cabe la menor duda que esas muertes fueron debido a una irresponsabilidad criminal del gobierno de la república, pero en noviembre pasado, al rendir su informe en ocasión de su cuarto informe de gobierno, el tabasqueño proclamó que su legado de gobierno deberá definirse como Humanismo Mexicano por la orientación social de sus políticas, sin embargo, creo que esa proclama le quedó grande.
Por qué lo digo, por una irresponsabilidad mayor caracterizada por una insensibilidad, pues un día después de la tragedia en su show mañanero se carcajeó a nivel nacional en su conferencia a la cual se toma la molestia de hablar un par de minutos, con una indiferencia tal como si nada hubiera pasado.
La muerte de 39 migrantes de diferentes nacionalidades, también provocó la vanidad de integrantes del gobierno del presidente López Obrador, conocidas hoy como las “corcholatas”, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien atribuyó al canciller Marcelo Ebrard la responsabilidad del tema migratorio.
Sin una mueca de dolor, el también tabasqueño no pierde la oportunidad para hacer proselitismo el mismo día de la tragedia y anunciar su ambición de ser presidente de la república.
La otra corcholata, tampoco canta mal las rancheras, pues mientras estaba recién la tragedia, este se lucia subiéndose a un auto eléctrico.
Pero si alguien le queda duda que el responsable de las muertes de los migrantes fue el estado, es este caso pues las víctimas se encontraban en centros de reclusión del gobierno mexicanos.
Ahí podemos dilucidar el caso porque en el lugar decía Secretaría
de Gobernación, INM, y que desafortunadamente de centro de reclusión se convirtió por una horas en un crematorio de inocentes que solo buscaban cambiar su futuro.
A diferencia de otras muertes de migrantes, los de la estación migratoria murieron en instalaciones del gobierno federal y víctimas de la cuarta transformación que más bien suena a destrucción que encabeza López Obrador.
Las familiar de las 39 víctimas del alberque del INM no tendrán justicia
Los familiares de las víctimas que fallecieron en Ciudad Juárez no se les hará justicia, porque el presidente López Obrador, buscará “chivos expiatorios” que paguen justos por pecadores.
Para empezar ya se habla que existen seis órdenes de aprehensión contra presuntos responsables del incendio en el que dejaron morir encerrados a 39 migrantes en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, que funcionaba como cárcel.
De hecho cinco de esos seis ya se encuentran tras las rejas, pero son de los que se les conoce como de la “tropa”, es decir, ningún directivo, ningún jefe, ningún funcionario público o privado de nivel, es decir, ningún machuchón, fueron de los de abajo que como siempre, les toco “bailare con la más fea”.
Son tres funcionarios del INM, dos guardias de la empresa de propiedad privada, del presunto cónsul honorario de Nicaragua, con quien López Obrador hace negocios millonarios con el dictador Daniel Ortega, y un migrante al que responsabilizar de iniciar el incendio.
Ahora éstos pobres cristianos tendrán que responder por el fracaso de toda la política migratoria del gobierno de López Obrador, y como dijera el clásico, ojala y los agarren confesados.
Del Montón
Este jueves el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) quedó inoperante debido a que en el Senado no se logró un acuerdo para nombra a los nuevos comisionados. Lo anterior después de que Andrés Manuel López Obrador vetó a los que previamente ya habían elegido los legisladores. Por lo anterior, el Inai quedará inoperante debido a que no tiene los cinco comisionados, mínimos, que requiere para laborar. En este contexto, a partir del 1 de abril, día laboral, el Inai quedará suspendido y por lo tanto, el derecho a la información y a la protección de datos de los mexicanos está en riesgo. Debido a la falta de acuerdos al interior de la bancada de Morena y sus aliados, el Senado de la República no logró construir antes del asueto de Semana Santa las propuestas de nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que este viernes quedará inoperante, con sólo cuatro de sus siete integrantes del Pleno. El Bloque de Contención, integrado por las fracciones opositoras, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y Grupo Plural, insistió a lo largo de la jornada de ayer en que se presentaran las candidaturas mejores evaluadas para designar por lo menos a un comisionado y así salvar el quórum del INAI para que pudiera seguir sesionando. Sin embargo, primero los intereses personales de los senadores que se tomarán 12 días de asueto: dejando pendientes nombramientos y el relevo de Francisco Javier Acuña, quien concluye su periodo este viernes., Como lo quería su majestad de Palacio Nacional, a quien no le interesa la transparencia de su gobierno, la opacidad y la corrupción, va viento en popa. * * * Eso es todo por hoy, hasta el lunes próximo primero Dios con más de lo mismo.
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Padres de familia de la capital chiapaneca dan a conocer que, realizan diferentes acciones en favor de la población autista, principalmente para sensibilizar a la población. José Antonio Cubas Carballo, vocero de los padres dijo que, el principal problema es que la población no sabe como tratar a esta población, a los niños con esta condición.
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