En la reunión de audiencia pública que hubo entre funcionarios de la secretaría de obras, encabezada por Ángel Torres Culebro y los distintos colectivos que se oponen a la construcción del circuito vial de Caña Hueca PAG. 2
De las entrañas del secretario de obras se filtró que se iban a destinar 30 millones de pesos para acabar con la resistencia a la construcción del circuito vial. Situación que evidencia que el proyecto de la construcción del puente, responde más a intereses económicos que a una necesidad social.
$ 7.00
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
El presidente López Obrador dijo que no detallaría las encuestas, “porque entonces sí estaría yo a lo mejor infringiendo las normas. Nada más voy a dar a conocer de esas encuestas una pregunta”
CHIAPAS
CEREMONIA
“Destacados en Olimpiadas del Conocimiento reciben reconocimientos”
INFORME
Frente Amplio por México presenta su estructura para organizar proceso de selección rumbo al 2024
HOY ESCRIBEN
MAS DE CIEN MILLONES DE PESOS SE HAN EMBOLSADO O HAN TIRADO A LA BASURA LOS DIRIGENTES DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA EN CHIAPAS
Raymundo Díaz S.
ANÁLISIS A FONDO: AHORA VUELVE LA AMENAZA DE LA INFLACIÓN
Francisco Gómez Maza
ARTISTAS Y CREADORES CONTRA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Jorge Bravo
HERENCIA INVALUABLE PARA EL AVANCE DE LA IZQUIERDA Y LA DEMOCRACIA EN MÉXICO
Olga Pellicer
NI A MORENA LE CONVIENE QUE LOS JUZGADORES PASEN POR LAS URNAS
Laurence Pantin*
VIOLENCIA Y DERECHO A
SABER
Lucía Melgar Palacios
En la reunión de audiencia pública que hubo entre funcionarios de la secretaría de obras, encabezada por Ángel Torres Culebro y los distintos colectivos que se oponen a la construcción del circuito vial de Caña Hueca, el secretario de obras consideró que podían incorporarse varias de las propuestas que realizaron los colectivos pero que el puente se tenía que construir, cuando en realidad, gran parte de la oposición ciudadana se gestó en contra de la construcción del puente por el daño ambiental que ocasionaría una obra de estas características; lo que condujo a que las partes no llegaran al acuerdo.
En esa reunión, el secretario Ángel Torres aplaudió la realización de la audiencia pública y manifestó su respeto al trabajo de los colectivos y pese a que no se llegó al acuerdo definitivo, se comprometió a continuar con las reuniones en la búsqueda del consenso. Hoy, los colectivos en torno a “Menos Puentes más Ciudad”, saben de la falsedad del secretario de obras y de su desesperación para que la obra inicie, pues las intimidaciones y amenazas en contra de las perso -
nas amparadas, particularmente de quienes tienen medidas cautelares de suspensión definitiva, se incrementó, a tal punto, que algunas de ellas, decidieron desistir del amparo.
Lo significativo, es que el propio secretario orquestó la presión directa de los amparados y se utilizó el nombre del gobernador, como la persona interesada para que se desistieran, incurriendo en el delito de extorsión, debido a que en la intimidación se combinaron las amenazas y el pago hasta de quinientos mil pesos para que firmaran el escrito de desistimiento, mismo que tenía preparado el secretario. La firma de ese escrito carece de validez si el desistimiento no se realiza personalmente en el juzgado, para eso, las personas deben de acudir en los próximos días a desistirse ante el juez, lo que en la lógica del funesto secretario, se acaba con el impedimento de la construcción de la obra.
Es mucha la ignorancia del secretario de obras, que no entiende que la audiencia pública es uno de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la ley y es de carácter obligatorio su cumplimiento. Este mecanismo forma parte del ejercicio
de los derechos políticos de la ciudadanía y por lo tanto su violación o la falta de acuerdos, abre la posibilidad para que los vecinos puedan acudir al Tribunal Electoral a denunciar al funcionario responsable de la violación de sus derechos políticos. Actuación que está perfectamente documentada al estar grabada la sesión de audiencia y estar grabadas las llamadas de intimidación realizadas por funcionarios del gobierno a las personas amparadas.
De ahí que los colectivos que rechazan la construcción del circuito vial, con las acciones emprendidas por el secretario, tienen más opciones para litigar las violaciones a derechos humanos, en donde la violación al derecho de un ambiente saludable seguirá dirimiéndose en los juzgados federales y la violación a los derechos políticos se puede litigar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El secretario de obras ya demostró que como abogado es un ignorante, no conoce que en el litigio de los derechos humanos perdiendo se gana, al agotar las instancias nacionales y se abre la posibilidad para litigar las violaciones en las instancias internacionales.
GENERAL José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL Franni Gudiel A.C
La necedad en la construcción del circuito vial
San
La presidenta de la Asociación de Hoteles de San Cristóbal, Guadalupe Moguel Gómez, reveló que la actual temporada vacacional, se encuentran apenas al 30 por ciento de ocupación y esperan que mejore en las próximas semanas, ya que no han cancelado tanto, si no hay prórrogas en las reservaciones.
“Han habido algunas cancelaciones, pero sobre todo cambios de fechas, hay algunos grupos que ya tienen pagada su reservación o un anticipo, entonces han movido las fechas, nos ha afectado los bloqueos carreteros, sobre todo en la zona de Ocosingo, en la autopista, Teopisca, todo eso afecta, porque el turismo no solo viene a San Cristóbal, va a Palenque, Chiflón y todos los bloqueos afecta, la inseguridad en las carreteras”, dijo.
En entrevista, recordó que en la ciudad hay alrededor de mil 500 habitaciones, en toda la ciudad, independiente si están o no afiliados a la Asociación de Hoteles de San Cristóbal, “hay competencia desleal que también afecta, porque muchos no pagan impuestos y eso no lo tenemos monitoreando”.
“Eso también afecta el ramo hotelero, sobre todo porque la mayoría no está en regla, no pagan impuestos, no pagan algunos servicios y cobran como negocio, lo cual debe regularse”, concluyó.
En entrevista, recordó que en la ciudad hay alrededor de mil 500 habitaciones, en toda la ciudad, independiente si están o no afiliados a la Asociación de Hoteles de San Cristóbal, “hay competencia desleal que también afecta, porque muchos no pagan impuestos y eso no lo tenemos monitoreando”
Óscar Gómez/Corresponsal San Cristóbal de Las Casas.
Como parte de acuerdos tomados por Maestros del Nivel Indígena (NEI) de la Coordinadora Regional de Los Altos, anunciaron bloqueo carretero en el kilómetro 46 del tramo de cuota San Cristóbal-Chiapa de Corzo, a partir de las 9 de la mañana, con la finalidad de presionar a las autoridades en el pago de sueldo a maestros interinos.
En conferencia de prensa, Sergio Gómez Martínez, coordinador regional en la zona altos del NEI, explicó que el pasado viernes sostuvieron una reunión de las bases, donde se determinó apoyar a los más de 2 mil maestros que desde hace más de 2 años no les han pagado sueldo.
“Estaremos realizando una concentración en el kilómetro 46 de la salida Tuxtla-San Cristóbal, para exigir presionando al gobierno del estado, aceleré el pago del salario de
los compañeros, tenemos conocimiento que Secretaria de Hacienda ya les hizo el depósito para el pago de los maestros, sin embargo la administración de personal del área de pago de la subsecretaría aún no realiza dicho pago”, dijo.
Precisó que a los maestros interinos les han dicho que les harán efectivo dicho pago hasta el mes de septiembre, pero los maestros jóvenes tienen la necesidad de ese salario que ya lo devengaron durante mucho tiempo.
Anunciaron también que viernes, los maestros se concentrarán en asamblea masiva regional en el estadio de fútbol “ Hugo I. Robles Guillén, para informar a los socios de la situación que está pasando en la caja de ahorro.
PEDRO DÍAZ
Excelsior
José Antonio Aguilar Castillejos, delegado de la Secretaría de Bienestar en Chiapas, perteneciente al movimiento de la Cuarta Transformación (4T), es acusado de utilizar recursos públicos para remodelar la fachada y el camino principal del rancho de su familia.
De acuerdo con datos de una investigación, en el municipio de Ixtapa, Chiapas, que se distingue por la falta de atención de parte de la Secretaría de Obras Públicas e infraestructura, el funcionario gestionó 21 millones 760,177.25 pesos de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para renovar el lugar.
Limpieza de carretera, alumbrado público y renovación de banquetas fueron los trabajos que se pagaron desde el fondo para habilitar el acceso y los alrededores del rancho de José Antonio Aguilar Castillejos, pues este tipo de obras únicamente se mantienen en los alrededores del lugar, no así para el resto del municipio de Ixtapa.
En la investigación, se expone que el actual Fondo para Infraestructura Social (FAIS) desembolsó los recursos autorizados con los que el delegado de la Secretaría de Bienestar en Chiapas renovó el acceso y
Limpieza de carretera, alumbrado público y renovación de banquetas fueron los trabajos que se pagaron desde el fondo para habilitar el acceso y los alrededores
En la mañana del miércoles, se realizó en el Sector 28 una ceremonia para reconocer a los alumnos destacados en las olimpiadas del conocimiento. María Fernanda Cabrera Cruz, estudiante de la escuela Ángel Albino Corzo en la comunidad de Pino Suárez, Jiquipilas, Chiapas, obtuvo el primer lugar entre más de 8 mil participantes. El evento también contó con la inauguración de un techo que beneficiará las oficinas del sector.
alrededores de la propiedad que, de acuerdo con sus declaraciones, se trata de una herencia familiar, por lo que se deslinda de cualquier obligación para explicar su adquisición.
También se ha exhibido que el rancho familiar se benefició de numerosas remodelaciones durante el gobierno de la 4T, pasando de un alambrado a una muralla,
lo que ha despertado cuestionamientos de los vecinos respecto a cuánto presupuesto público se ha invertido al interior de la propiedad del funcionario.
El jefe del Sector 28, Ezequiel Constantino Villatoro, felicitó a los maestros y padres de familia por el importante logro académico obtenido por los niños. Además, animó a seguir participando en las olimpiadas del conocimiento para impulsar aún más la educación en el Valle de Jiquipilas y Cintalapa.
Finalmente, se destacó el desempeño de Dora María Moguel Rodas, quien fue reconocida por su trabajo como asesora en la revisión de libros de textos gratuitos. Se anunció que próximamente participará como ponente en futuros eventos.
“Destacados en Olimpiadas del Conocimiento reciben reconocimientos”
Un policía estatal muerto y cuatro más heridos fue el saldo de un enfrentamiento que sostuvieron esta madrugada las fuerzas del orden contra criminales al norte de la entidad, informó el gobernador Miguel Riquelme.
El deceso de hoy se suma a la muerte del agente Hugo Javier Moreno, “El Centauro”, que fue agredido el martes junto con otros dos agentes que resultaron lesionados a balazos, en una racha violenta que se da en el contexto del esfuerzo de la Policía Civil del estado, por impedir que convoyes de grupos criminales ingresen a Coahuila, por Nuevo León y Tamaulipas.
Este miércoles, mientras se hacían los servicios funerarios del agente caído el martes, Riquelme Solís dio cuenta de otro ataque a los uniformados en el que perdió la vida el agente Giovanni Hasiel Coronado, en el enfrentamiento registrado en el municipio de Hidalgo, que se conecta a Anáhuac, Nuevo León y Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un corredor fronterizo con Texas.
“Los elementos repelieron el fuego y no permitieron el acceso de criminales a nuestra entidad”, señaló el mandatario tricolor.
Por su parte, el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, recomendó a la ciudadanía abstenerse,
El deceso de hoy se suma a la muerte del agente Hugo Javier Moreno, “El Centauro”, que fue agredido el martes junto con otros dos agentes que resultaron lesionados a balazos, en una racha violenta que se da en el contexto del esfuerzo de la Policía Civil del estado, por impedir que convoyes de grupos criminales ingresen a Coahuila, por Nuevo León y Tamaulipas
por ahora, a circular por esa vía, mientras pasan el riesgo por más enfrentamientos.
Riquelme señaló que la Policía Civil ha establecido un muro de contención, con vigilancia y patrullajes, para impedir que civiles armados ingresen al estado a delinquir, para que Coahuila no se convierta en “tierra de criminales”.
Atacan a policías en NL El cuartel de la policía estatal
Un Ferrari Roma con valor de más de cuatro millones de pesos robado en el estado de Aguascalientes fue recuperado en el municipio de Acatic, Jalisco. Policías de la Secretaría de Seguridad de Jalisco recibieron el reporte de que el lujoso vehículo rojo modelo 2022 había sido visto en la región de Los Altos.
Durante el patrullaje, los elementos localizaron el auto deportivo en una brecha lodosa que conduce a la delegación Agua Blanca, municipio de Acatic.
El vehículo presenta daños en la parte frontal, al parecer por un choque.
El Ferrari fue puesto a disposición del agente del Ministerio público de la Fiscalía de Jalisco.
En la zona buscaron a los ladrones del auto, pero no fueron localizados.
Fuerza Civil, ubicado en el poblado Colombia, en la frontera con Texas, fue atacado a balazos por los ocupantes de varias camionetas que dispararon a la construcción, sin que se reportaran lesionados.
Fue esta mañana cuando elementos de la corporación estatal repelieron la agresión en la comandancia fortificada, ubicadacerca del Puente Internacional Colombia, n el municipio de Anáhuac, que hace frontera con
Laredo, Texas.
El secretario de Seguridad Pública, Gerardo Palacios Pámanes confirmó la agresión a las 9:00 horas de hoy, por hombres armados que provocaron a los agentes estatales que respondieron al ataque.
Anáhuac es el municipio que conecta Coahuila con Nuevo Laredo a través de la Carretera Ribereña, donde se encuentra una de las zonas de mayor actividad del crimen organizado en Tamaulipas.
Un
De la Redacción
Ciudad de México (Cimacnoticias)
El Ejército y la Marina han ocultado información y han dado declaraciones falsas acerca de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero. Además, pese a haberlo negado, el personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) sí estuvo presente durante los hechos. Así lo dio a conocer este 25 de julio el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), el cual dio por concluida su participación en el caso de Ayotzinapa debido a las barreras que estas tres instituciones han puesto durante los procesos de investigación.
Las conclusiones a las que ha llegado el GIEI contradicen las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien el 26 de septiembre de 2022 declaró que se estaba avanzando en las investigaciones y se estaba «rompiendo el pacto del silencio y de impunidad«. Apenas el 28 de junio de este 2023, además, dijo que no habría impunidad en el caso Ayotzinapa y que no se protegería a los miembros del Ejército responsables por los hechos.
Este martes, Ángela Buitrago Ruiz y Carlos Beristáin —integrantes del GIEI— anunciaron que la labor del Grupo se ha dado por concluida en vista de que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Marina y el CISEN han mostrado resistencia para ofrecer información clara sobre lo ocurrido la noche de aquel 26 de septiembre de 2014. Además de ocultar información, integrantes de estas y otras instituciones han mentido en diversas ocasiones al GIEI o han cambiado sus declaraciones.
Al respecto, Buitrago Ruiz informó que pese a que en un principio se había dicho lo contrario, la policía federal sí estuvo presente la noche de la desaparición de los 43 estudiantes, además de la Policía Ministerial de Iguala. De hecho, el GIEI señala que integrantes de este último organismo persiguieron y trataron de disparar contra sobrevivientes de uno de los autobuses tomados por los jóvenes. También hubo participación de la policía municipal de Cocula, Iguala, Huitzuco y Tepecoacuilco.
De acuerdo con los especialistas, la policía de estos dos últimos municipios participó (junto con el grupo delictivo Guerreros Unidos) en la balacera contra el equipo de futbol “Los Avispones”. Según una hipótesis, dicha balacera se desató porque las autoridades y los criminales confundieron el autobús del equipo con otro vehículo en el que podían estar los normalistas de Ayotzinapa.
Por otra parte, el GIEI señala que miembros de Guerreros Unidos también colaboraron con la policía de Iguala y con la policía ministerial en la detención de varios jóvenes a la altura de la calle Juan N. Álvarez, uno de los puntos donde atacaron a los estudiantes. Dos normalistas perdieron la vida durante esta detención. Además, Ángela Buitrago Ruiz y Carlos Beristáin aseguran que el grupo Guerreros Unidos pudo haber actuado en colaboración con la policía para llevar a cabo la tortura y el asesinato de Julio César Mondragón.
A lo largo de su trabajo, el GIEI realizó diversas entrevistas con miembros de las Fuerzas Armadas de México. De igual manera, recibió varios documentos de las instituciones que las conforman para conocer sus investigaciones sobre el caso Ayotzinapa. Sin embargo, tanto en las entrevistas como en los documentos hay información contradictoria que devela una serie de mentiras por parte de las instituciones.
Un ejemplo es la información que SEDENA dio sobre la localización de los restos de Julio César Mondragón. Según la zona militar 35 de Chilpancingo, el cuerpo del joven fue localizado en el municipio de Mexcaltepec; no obstante, el 41 batallón dice que a Mondragón lo encontraron en Iguala. Ambas versiones difieren además en otros detalles como las personas que estuvieron presentes en el levantamiento del cuerpo y los responsables de hacer dicho levantamiento.
SEDENA, además, se movilizó de diferentes maneras la noche de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, pero nunca reconoció estas movilizaciones en entrevistas de acuerdo con el GIEI. Ejemplo de ello es que ya se comprobó, por medio de un monitoreo de llamadas, que militares de esta institución estuvieron en el Palacio Municipal de Iguala esa noche pese a haberlo negado. De igual manera, SEDENA niega tener información sobre el posible paradero de los normalistas o sobre lo ocurrido la noche de su desaparición.
Sin embargo, el GIEI descubrió que
la SEDENA tiene transcripciones de llamadas que ofrecen pistas sobre la localización de los estudiantes y sobre la coordinación que hubo entre el Batallón 27 y el 41, la Zona Militar 35, la 9a Región Militar y grupos del crimen organizado durante la noche del 26 de septiembre. Entre las llamadas también se encuentra una conversación donde se dice que el crimen organizado y la policía habían detenido a 17 estudiantes y los iban a entregar. También se dice que otros estudiantes estaban en una cueva.
Por otro lado, el GIEI descubrió que esa noche había dos Órganos de Búsqueda e Inteligencia (OBIs) de SEDENA de los que la institución no había informado. El Ejército también dijo que uno de los integrantes de los OBIs se había retirado de los dos puntos donde atacaron a los normalistas, pero el monitoreo de llamadas de esa noche revela que esto nunca sucedió.
La Secretaría también ha declarado que su Centro Regional de Inteligencia (CRI) funciona desde 2015 cuando sus propios documentos dicen que en CRI del 27 Batallón funciona desde marzo de 2014.
GIEI señala que, aunado a esta tergiversación de información, SEDENA ha mentido al asegurar que no tiene más información o archivos sobre el caso Ayotzinapa. Fuentes cercanas al Grupo de Expertas y Expertos han declarado que sí existen más archivos pero que éstos se cambiaron de ubicación en agosto de 2022.
SEDENA también ha caído en varias contradicciones más. Por ejemplo: cuando se le pidió que identificara a las personas que hicieron los monitoreos técnicos de los hechos según sus documentos, la Secretaría respondió que no se pueden identificar. Asimismo, ha negado la existencia de unidades o dependencias militares relacionadas con inteligencia e incluso ha intentado cambiar la definición de algunas siglas, como cuando declaró que CMI no era Centro Militar de Inteligencia sino Contenido Mediático de Información.
La SEDENA, además, entregó varios documentos a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el
caso Ayotzinapa (CoVAJ) y al GIEI que luego pasaron a manos de la Fiscalía General de la República (FGR). La Fiscalía pidió a SEDENA verificar estos documentos, pero la Secretaría negó que existieran.
El CISEN, por su parte, había reconocido que un trabajador suyo se encontraba en Iguala la noche de los hechos, pero aseguró que se había retirado luego de recibir intimidaciones y amenazas por parte de la policía. Sin embargo, las investigaciones del GIEI muestran que el trabajador nunca se retiró de la zona donde agredieron a los 43 normalistas. Estas investigaciones también revelan que el CISEN llevaba a cabo un seguimiento de los estudiantes, sus movilizaciones y otras actividades que realizaba.
En cuanto a la actuación de la Secretaría de Marina (SEMAR), el GIEI concluyó que integrantes de esta institución detuvieron y torturaron a varias personas para que ofrecieran testimonios que terminaron en la construcción de la llamada “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa. Esto provocó la muerte de dos personas. Igualmente, la Marina tuvo una intervención en el basurero de Cocula antes de que se comenzaran las investigaciones en este lugar.
La Marina, además, estuvo en el Río San Juan un día antes de que se encontraran bolsas con restos en dicho caudal. Según el GIEI, el personal naval militar estuvo en el lugar dos días antes del hallazgo y encontró varias bolsas cuyo contenido fue manipulado por marinos.
De igual manera, se ha determinado que la Marina tuvo otro puesto naval en el municipio de Coatepec Costales cuyo funcionamiento y actividades no se ha conocido. Además, hay documentos que señalan que hubo intervención de unidad de inteligencia naval, detenciones y monitoreo de comunicaciones por parte de la Marina en las agresiones contra los normalistas, pero la institución no ha dado información al respecto.
Las investigaciones del GIEI dejan ver que la noche del 26 de septiembre de 2014 hubo comunicación permanente entre el Batallón 27 del Ejército y la comandancia de Iguala, la Policía Ministerial y Municipal de Iguala, la Comandancia de Cocula, el Ayuntamiento de Iguala, la 9a Región Militar, la 35 Zona Militar y varios soldados del Sistema de Información e Inteligencia de SEDENA. También, con policías de tránsito, una empresa de automotores y otras personas identificadas en el peritaje como taxis, así como sedes de SEDENA no institucionalizadas.
Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi nueve años en Iguala, Guerrero, demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que ordene a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la entrega de la información que ocultó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En conferencia de prensa para fijar su posición frente al sexto informe del GIEI presentado en la víspera por Ángela Buitrago y Carlos Beristáin, quienes anunciaron su decisión de dejar el caso ante el ocultamiento de información, los padres y madres reconocieron la labor de los expertos en la investigación y exigieron a las autoridades que atiendan sus recomendaciones.
Luego de sostener este miércoles una reunión con el subsecretario Alejandro Encinas, en el contexto de la Comisión para el Acceso a la Verdad y a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), en nombre de los familiares de las víctimas, Cristina Bautista, Emiliano Navarrete y Mario González resaltaron que ya solicitaron formalmente una reunión con el presidente López Obrador “lo más pronto posible”.
Las voces de los familiares
Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, confió que los padres de los 43 se sienten “tristes y enojados” porque, “a más de ocho años de la desaparición de sus hijos, “no se está cumpliendo la palabra del presidente”, plasmada en el decreto presidencial de diciembre de 2018, por el que se crean la Covaj y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), dentro de la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR).
“Agradecemos a los expertos su ayuda, aunque se van sin alcanzar la verdad; nos sentimos muy tristes porque además no somos los únicos, somos miles los que estamos buscando a los nuestros, estamos desesperados”, dijo Cristina Bautista.
Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, destacó que después del informe presentado por el GIEI, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos no están dispuestos a aceptar otras conclusiones, por lo que exigió que se atiendan las recomendaciones formuladas por el grupo de expertos como líneas de investigación.
“Vamos a seguir impulsando que se cumpla el informe que deja el GIEI, porque además es obligación del gobierno que se atienda”, dijo Navarrete tras recordar que la creación del GIEI formó parte de un acuerdo del Estado mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Padre de César González Hernández, Mario González acusó que el presidente López Obrador esta “fallando” a su palabra al no hacer nada frente al incumplimiento de la Sedena al decreto firmado en diciembre de 2018, por el que esa dependencia y otras más se comprometieron a entregar la información necesaria para esclarecer el caso Ayotzinapa.
“Ya basta de tanta cerrazón ¿Qué esconden? ¿Cuál es el problema de no entregar la información? La Sedena debe decir la verdad si tiene vergüenza. Urge una reunión con el presidente, no se vale jugar con 43 padres, nosotros y todo México tenemos derecho a conocer la verdad”, dijo González Contreras.
Durante la conferencia de prensa, familiares y representantes de organizaciones sociales reconocieron que la reunión de este miércoles con el subsecretario Encinas fue “ríspida”, y añadieron que la única demanda sobre la mesa fue la reunión con el presidente para exigirle que ordene a la Sedena la entrega de documentos negados al GIEI.
Ante la insistencia de los familiares, que no aceptaron hablar de supuestos avances en las investigaciones y que tampoco estaban dispuestos a aceptar otras conclusiones que no fueran las del GIEI, pues se sabe que el gobierno de López Obrador tiene otros datos con los que prepara otro informe, Encinas no tuvo más remedio que señalar que buscaría la reunión con el presidente.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, explicó que la petición de entrevistarse con el presidente se
fundamenta en que “es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, la máxima autoridad para decidir que se entregue la información”.
Resaltó que, dado que existe un decreto presidencial que ordena a la Sedena proporcionar toda la documentación relacionada con el caso, esa dependencia incurre en “un delito al no entregarla; está por verse si el presidente permite que el Ejército cometa ilícitos por no entregar la información”.
La responsabilidad de AMLO Humberto Guerrero, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, apuntó que, después de que se ha divulgado el informe del GIEI, “no es posible darle la vuelta y hacer como si no hubiera pasado nada”, e insistió en que el asunto es responsabilidad de López Obrador, como comandante supremo de las fuerzas armadas.
Reiteró que para las familias resulta inaceptable otro informe que no sea el del GIEI y recordó que en agosto del año pasado el subsecretario Alejandro Encinas presentó un documento “sin sustento técnico”.
Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, llamó a las autoridades a “ponerse en los zapatos” de los familiares de los jóvenes desaparecidos, para entender la demanda de que la Sedena entregue la documentación que le fue solicitada.
“El GIEI ha dicho que los documentos son fundamentales para esclarecer el caso; por eso la exigencia de los padres y madres es sólo una: acceder a los documentos.”
La reunión con el presidente “es una llamado a que diga de qué lado va a estar el gobierno, del lado de la Sedena y la mentira o del lado de las víctimas y la verdad”, sentenció Aguirre Espinosa.
Ciudad de México (apro)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las impugnaciones contra las reformas a la Ley de Minería que fueron aprobadas a finales de abril pasado, durante lo que se conoció como “el viernes negro”.
Las impugnaciones presentadas por diputados de la oposición fueron admitidas a trámite por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien también analizará las modificaciones a las leyes generales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la del Equilibrio Ecológico y la de
Protección al Ambiente, además de la Ley de Aguas Nacionales.
Entre las reformas impugnadas por los legisladores se incluyen los cambios a los plazos de las concesiones y a los límites en el uso del agua, así como el establecimiento de la obligación para las empresas mineras de pagar a las comunidades que sean aledañas a las minas y que puedan resultar perjudicadas por la explotación.
Entre las acciones de inconstitucionalidad que argumentaron 192 diputados federales del PAN, PRI y PRD, mencionaron que durante la aprobación se violaron procesos legislativos.
Proceso informó que varias em -
presas mineras, como Cobre del Mayo y First Majestic Plata, han tramitado amparos contra las reformas, con el propósito de evitar que se les apliquen las nuevas reglas.
Actualmente, ambas empresas cuentan con suspensiones para que las concesiones que han solicitado no se vean afectadas por los plazos que modificaron los legisladores.
El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza emitió este miércoles una sentencia que condena al Estado mexicano y al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a suspender de inmediato la construcción del Tren Maya en la península de Yucatán por los “crímenes de ecocidio y etnocidio” provocados por la obra.
El veredicto, que fue divulgado en Quito, Ecuador, donde se ubica la sede del tribunal, incluye también la desmilitarización de todos los territorios indígenas donde se desarrolla el proyecto, una de las obras emblemáticas del gobierno de López Obrador.
El Tribunal también urgió a que cese “el despojo de tierras ejidales” y llamó al titular del Poder Ejecutivo a “terminar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación contra las personas defensoras de la naturaleza”.
Las violaciones del Tren Maya
La sentencia, producto de una audiencia que el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza realizó en Valladolid, Yucatán, entre el 9 y el 12 de marzo de 2023, considera, “de modo irrefutable”, que el Tren Maya viola los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya, que ancestralmente ha sido protector y guardián de su territorio.
El proyecto, detalla el veredicto, vulnera los cenotes, las cuevas, las costas, las selvas, la biodiversidad y los cultivos tradicionales de la Península de Yuca-
Dalila Escobar Ciudad de México (apro)“Serenos, morenos”, pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la campaña que, insiste, emprendieron periodistas vinculados a Carlos Salinas de Gortari para señalarlo como responsable si algo le sucede a Xóchitl Gálvez, y exhibió los pagos que recibían en anteriores sexenios, por lo que el llamado es a no caer en provocaciones.
“Pero están muy desesperados, no sé si podríamos poner, para recordar, cuánto recibía López Dóriga y la señora Pagés y otros más del gobierno anterior, para explicar por qué llegan a estos extremos”, señaló.
El mandatario federal pidió a la población y a sus simpatizantes “con la transformación de México que no debemos caer en ninguna provocación”.
Insistió en que otras campañas, como la de hablar de una violencia desbordada en el país, mostrar que el
El Tribunal Internacional entregó esta mañana su veredicto en las oficinas de la Presidencia de México. La sentencia está firmada por 23 jueces honorarios de varios países del mundo
Poder Ejecutivo y del Ejército en ese crimen contra la naturaleza. “Estamos ante la destrucción de la ecología de un territorio mexicano que abarca tres estados de la República (Yucatán, Campeche y Quintana Roo)”, sostuvo.
tán, así como a los seres no humanos que habitan los ecosistemas de ese territorio, “todo lo cual configura crímenes de ecocidio y etnocidio”.
El Tribunal “responsabiliza al Estado Mexicano por la violación de estos derechos fundamentales de la Naturaleza y del Pueblo Maya”.
Agrega que la obra del Tren Maya, que ejecuta el Ejército mexicano, lesiona derechos al agua como fuente de vida, a la salud integral y a estar libres de contaminación, polución y desechos tóxicos o radioactivos.
El veredicto Leído por la presidenta del tribunal, Maristella Svampa, el veredicto condena a las autoridades mexicano a la suspensión inmediata “del megaproyecto Tren Maya con todos sus componentes”.
La sentencia ordena también varias medidas de reparación integral, entre ellas una auditoría indepen -
diente, interdisciplinaria e intercultural, con la participación de las comunidades afectadas en los diferentes tramos del Tren Maya, y exige al gobierno de López Obrador entregar el Plan Maestro de la obra, que no ha sido presentado hasta ahora.
Además, instruye “reparar y restaurar integralmente” todos los ecosistemas afectados por la ejecución del proyecto y sus instalaciones colaterales, así como “todos los impactos sociales generados por esta obra en cuanto a la tenencia comunal de la tierra y los territorios”.
Destrucción ecológica en tres estados del país: Raúl Vera
El sacerdote y exobispo de Saltillo, Raúl Vera, uno de los jueces del tribunal a cargo del caso “Megaproyecto Tren Maya”, dijo en rueda de prensa virtual, realizada tras la presentación del veredicto, que como mexicano se siente “avergonzado” del “ecocidio” causado por la obra y por la participación del
Señaló que la negativa de presentar el Plan Maestro del proyecto obedece a que las autoridades “están escondiendo la destrucción directa contra la naturaleza y atentan contra el pueblo que protege la naturaleza”.
El Tren Maya, que al cierre del primer trimestre de este año presentaba un avance de 58%, es un proyecto ferroviario de mil 500 kilómetros que ha costado hasta ahora 359 mil 863 millones de pesos, 130% más del monto estimado en 2020.
El presidente López Obrador se ha negado de manera reiterada a admitir que el Tren Maya provoque daños ecológicos, y a los expertos que critican la obra los ha acusado de “ingenuos” y de estar manipulados por “intereses conservadores”, aunque nunca ha especificado a qué se refiere con esa formulación.
El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que es un tribunal ético, entregó esta mañana su veredicto sobre el Tren Maya en las oficinas de la Presidencia de México. La sentencia está firmada por 23 jueces honorarios de varios países del mundo.
peso se devaluaría o temas sociales, no les resultó y por eso ahora emprenden una más.
“Como no les sale nada, están desesperados y es importante que se sepa que son capaces de mentir, de calumniar y de crear ambientes enrarecidos. Eso también es muy característico de la derecha, generar odio y la violencia, no tiene que ver con la izquierda ni en México ni en el mundo. Siempre el autoritarismo lo impulsa la derecha, el conservadurismo, siempre”.
Afirmó que en México hay pruebas suficientes de lo que sostiene, “baste decir que es en el periodo neoliberal en que se atreven a asesinar a un candidato, a Luis Donaldo Colosio”, y agregó que “en el tiempo que llevamos no ha habido represión y no va a haber represión, porque no somos iguales”.
Reiteró que quienes impulsan esta campaña, “esta guerra sucia, son personajes muy vinculados a Salinas de Gortari, al grupo de poder económico y político que dominaba México, que se sentían dueños de México” y su distintivo, dijo, es la vinculación “a la oligarquía corrupta que dominaba nuestro país”.
Entre las cifras que dio a conocer, entre publicidad y “otros servicios”, están Beatriz Pagés, para Editorial Cruzada SA de CV, con un monto total de 57 millones 204 mil 346 pesos; Raymundo Riva Palacio, para Estrictamente Digital SC, con 31 millones 134 mil 703 pesos; y Joaquín López Dóriga, para cuatro empresas, con 251 millones 482 mil 145 pesos.
“Casi todos recibían dinero del gobierno anterior y eso los tiene muy
molestos, porque no les están saliendo las cosas, para fortuna del pueblo de México está bien la economía, hay bienestar en el país y estamos enfrentando el flagelo de la violencia.
Ayer se dieron a conocer resultados de Inegi sobre disminución de homicidios en los últimos tiempos. Hemos logrado reducir homicidios alrededor de 17%; robo de vehículo, en alrededor de 50%; robo general, 30%; secuestro, 65% menos”.
“No existe ningún fenómeno político que pueda implicar que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación. No hay nada”, aseguró el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y para demostrarlo infringió las medidas cautelares del INE para presentar dos encuestas que ubican a Morena con amplia ventaja en preferencia para la elección presidencial.
Dijo que espera que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo entiendan porque demostraría sus dichos y lo haría por única vez.
Incluso advirtió: “creo que vale la pena, aunque me infraccionen, pero lo más importante es mantener la paz, la tranquilidad y que no haya ninguna agresión a nadie. Nuestra lucha ha sido, es y seguirá siendo pacífica. Nosotros somos partidarios de la no violencia, somos pacifistas y somos partidarios del amor al prójimo. No nos preocupemos, vamos muy bien porque sí somos buenos, somos felices”.
El mandatario federal mostró las encuestas, para reafirmar que no existe ningún temor a nada y que no tendría ningún motivo para agredir a ningún adversario, esto como respuesta a la campaña que, afirma, hay de periodistas vinculados con Carlos Salinas de Gortari, para señalarlo como responsable en caso de que se dé un atentado contra, principalmente, Xóchitl Gálvez.
Fue insistente en asegurar que son respetuosos de los derechos de los demás, además de que son humanistas, pacifistas y políticamente no tendrían ningún motivo para agredir a nadie. Llamó a no ocuparse ni preo-
El presidente López Obrador dijo que no detallaría las encuestas, “porque entonces sí estaría yo a lo mejor infringiendo las normas. Nada más voy a dar a conocer de esas encuestas una pregunta”
cos”, resaltó.
Esta exhibición de encuestas, aun cuando lo tiene prohibido, también la dio en respuesta a que la mayoría de los medios están en contra de su gobierno, porque, dijo, pertenecen a la oligarquía corrupta que dominaba al país y bombardean desde las diferentes plataformas.
cuparse porque el pueblo de México está muy avispado.
Como introducción agregó que no detallaría las encuestas, “porque entonces sí estaría yo a lo mejor infringiendo las normas. Nada más voy a dar a conocer de esa encuesta una pregunta”.
Primero mostró la encuesta de Covarrubias: “Si las elecciones para presidente de la República fueran el día de hoy, ¿me podría decir por qué opción votarías? Morena-Verde-PR, 49%. No lo digo yo. PAN-PRI-PRD, 19%; MC, 7%. ¿Cuánta es la diferencia? 30. Esta es una encuesta de Covarrubias que apareció el lunes”.
La segunda encuesta es de Enkoll, publicada en el periódico El País de España, y de nuevo dijo: “No lo digo yo” y expuso sobre la pregunta en torno a si las elecciones para elegir presidente, cuál sería la preferencia: “Morena, preferencia bruta 54% y efectiva 60%; PAN, preferencia bruta 13, efectiva 14”.
Y cuestionó sobre los señalamientos de que él sería responsable si hay algún atentado contra los aspirantes de la oposición: “¿Por qué vamos a hacerle daño a los posibles candidatos
del PAN? Además de que no somos de malas entrañas, ¿por qué tendríamos que hacerles daño?”. Y siguió con los datos: “PRI, preferencia bruta 11, efectiva 12%: MC, 5 y 5; PT, 3 y 3; PRD, 3 y 3; Verde, 2 y 3; ninguno, 5; y no sabe/ no respondió, 4%”.
El mandatario federal dijo que esa información es para que se tenga una idea de que no hay ninguna razón para atacar a sus adversarios.
Consideró que “es una invención producto de un coraje exacerbado porque no han podido detener el proceso de transformación y porque cada vez se les aleja más la posibilidad de regresar por sus fueros y sus privilegios”.
Llamó a que todos se tranquilicen y se serenen, porque su gobierno va muy bien y México es ejemplo a nivel mundial en el manejo de la economía, en lo social y en cómo se enfrenta el flagelo de la violencia; también en cómo lleva sus relaciones con el exterior. “Estamos viviendo momentos interesantes, estelares, en la historia del país.
“Por eso estamos por única vez, por única ocasión puntualizando, subrayando más sobre estos asuntos públi-
“Pueden llegar a aturdir y hacer dudar, pero no hay nada que temer y debemos de tener confianza en el pueblo, que es sabio, que está muy consciente, muy politizado (…) Es uno de los mejores aportes de nuestra lucha, el cambio de mentalidad.”
Y lanzó una invitación: “A todo el pueblo de México, y en especial a nuestros simpatizantes, hago un llamado a no caer en ninguna provocación. Ni siquiera discutir o querer convencer a estas personas, es muy difícil porque están defendiendo privilegios que ya no tienen. Es muy difícil convencerlos. Sí es importante de que todo esto se sepa para enseñanza de los jóvenes, que se conozca cómo estaba podrido el régimen político neoliberal o neoporfirista”.
Detalló que no se debe caer en provocaciones, no pelearse ni preocuparse de más porque no hay que tocarlos ni con el pétalo de una rosa, ni siquiera testerearlos. “Decía yo abrazarlos y decirme así amor y paz, y decirle primo hermano sigue tu camino, vas bien, ahí la llevas. Sigue con Claudio X. González, con Salinas, con Fox con Calderón. Sigue con los medios de información y manipulación, sigue leyendo el Reforma, sigue empapándote de la sabiduría de los articulistas o intelectuales de Reforma y de otros medios. Vas bien”.
El Frente Amplio por México (FAM), presentó hoy a quienes integran su estructura territorial en todo el país, con la designación de coordinadores estatales.
Se trata de 244 integrantes repartidos en los 32 comités locales que se harán cargo de realizar los diálogos, consultas y elecciones de candidato, eufemísticamente llamado responsable de dirigir el FAM.
El coordinador es un experto en materia electoral en cada entidad federativa. Por ejemplo, en Coahuila, el coordinador designado es Jesús Al-
berto Leopoldo Lara Escalante, quien fue presidente del Instituto Electoral de Coahuila al inicio de este siglo.
El esquema de integración de los comités fue dado a conocer por Marco Baños, quien expuso que cada comité estará integrado por tres representantes de la sociedad civil y un representante de cada partido, además del mencionado coordinador.
El papel de la mencionada estructura será coordinar los trabajos y logísticas de las diferentes actividades
para lo que se considera son elecciones primarias en las que se elegirá
al abanderado presidencial de los partidos PRI, PAN y PRD.
No se mata la verdad matando periodistas
Si recordamos que durante los periodos electorales y de transición política tiende a aumentar la violencia política y criminal, por agresiones para obstaculizar o eliminar candidaturas y por reacomodo de grupos de poder, la intensidad de la violencia actual contra quienes ejercen el periodismo o defienden derechos humanos y territorios, así como los brutales actos criminales contra agentes del Estado y población civil que han sucedido en las últimas semanas, son señales de alerta que deberían movernos a exigir una acción decidida del gobierno contra la impunidad, además de un giro en su estrategia de seguridad, que dé prioridad a la prevención y a la protección y atención integral de las víctimas.
Aunque el empecinamiento del gobierno es una supuesta estrategia de “abrazos y no balazos” o de “atención a las raíces de la violencia” mediante el asistencialismo no pemite esperar demasiado en este último tramo del sexenio, es necesario insistir en que la crudeza e impunidad de la violencia que vivimos no es aceptable y no puede seguir normalizándose como si fuera parte de un paisaje remoto y no afectara la convivencia social de todos.
No es normal ni tolerable que en este año hayan sido asesinados siete periodistas en diversos estados. No es normal que se asesine impunemente a investigadores y defensores del agua o del territorio. No es normal que se ataque a
policías y funcionarios públicos, como sucedió recientemente en Chiapas y Jalisco.
No es aceptable que la respuesta sea algún tipo de negociación con criminales o la decisión de cesar las búsquedas de desaparecidos, afectando el derecho de las familias a buscar a sus seres queridos con el apoyo del Estado (de por sí omiso). Tampoco es normal que las mujeres asesinadas, los hombres y niños aniquilados y las personas desaparecidas se conviertan en cifras que, además, se manipulan o subregistran para esconder la dimensión del problema.
Al minimizar, ignorar o pretender ocultar masacres, actos de corte terrorista, muertes violentas y desapariciones, el Estado viola los derechos humanos elementales de las víctimas y sus familias y envía un mensaje de indeferencia a toda la sociedad: esas muertes no importan, la violencia se puede seguir “administrando” mientras la población aguante.
Quienes protestan y denuncian, como los zapatistas que advierten la gravedad de los conflictos por tierras y territorios en Chiapas, son descalificados, o, como las madres buscadoras, estigmatizadas y aún más marginadas.
En este contexto, el asesinato de periodistas es una de las señales más graves de la crisis de derechos humanos que padecemos desde hace tres lustros, no porque unas vidas sean más valiosas que otras, sino porque la indiferencia gubernamental ante estos crímenes y la impunidad que los caracteriza atenta contra la vida y seguridad de quienes se dedican a investigar,
reportar e informar, mina la libertad de expresión y opinión y coarta nuestro derecho a la información, fundamental para entender las realidades que se viven en este país desigual y conflictivo.
Ninguna profesión puede idealizarse; ninguna profesión debe tampoco estimatizarse. Quienes ejercen el periodismo de investigación y crítico, quienes se arriesgan por informar, en condiciones precarias y zonas peligrosas, merecen cuando menos el respeto del gobierno.
La andanada de ataques contra periodistas y medios específicos desde el discurso oficial ha agravado la escalada de muertes y amenazas de todo tipo que viven hombres y mujeres periodistas (como han documentado Artículo 19 y CIMAC), mientras se reducen los recursos para el sistema de protección (ya deficiente) y en muchos estados la indiferencia gubernamental raya en la permisividad, cuando no en la complicidad.
De ese periodismo investigativo y crítico depende nuestra capacidad de saber en qué país vivimos, de entender los impactos de la violencia, la corrupción y los daños al medio ambiente, a la salud y a la vida comunitaria, que el gobierno oculta. Permanecer también indiferentes ante amenazas y asesinatos contra quienes buscan documentar los hechos y sus consecuencias es resignarse a la ignorancia y a la pasividad, ceder nuestro derecho a saber a favor del monólogo del poder, político y criminal, cuando urge reconocer y frenar la degradación de la vida política y social.
El 12 de julio último, acompañado de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, el ministro Javier Laynez Potisek acudió a la Cámara de Diputados para recibir, a nombre del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las conclusiones de una serie de conversatorios organizados en el seno del grupo parlamentario de Morena en torno a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los ministros, magistrados y jueces federales sean nombrados por voto popular.
Frente a las dos ministras y el ministro, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado de Morena Ignacio Mier Velazco, expresó que el documento entregado buscaba causar “la discusión, reflexión democrática, sin otro interés de que realmente se garantice que vivimos en un país democrático que garantiza la justicia igualitaria para todos”.
Sin duda, el anhelo de asegurar un acceso igualitario a la justicia no es exclusivo de Morena: es un reclamo social de larga tradición. Los mexicanos sabemos que, si los azares de la vida nos llevan ante los tribunales, no podemos estar seguros de que el servicio que recibamos sea el mismo que el de nuestra contraparte. Más bien, la percepción arraigada es que existe una justicia para las personasricas y “con contactos” y otra para el resto de los mortales.
De hecho, revertir esta percepción bien fincada en la realidad ha sido la intención de no pocaspolíticas emprendidas tanto a escala federal como local, como es el caso de la reciente reforma judicial impulsada por Arturo Zaldívar, que contempló, entre otras cosas, mejorar la atención que reciben las poblaciones más desfavorecidas por parte de los defensores públicos federales, mediante su capacitación, profesionalización y selección con base en criterios objetivos y meritocráticos.
Por ello, además de coherente con el lema de campaña de López Obrador (“Por el bien de todos, primero los pobres”), es loable que Morena quiera emprender una reforma que pueda asegurar ese acceso igualitario a la justicia. La pregunta es si modificar sustancialmente el proceso de designación de las personas juzgadoras federales, para que intervenga el voto popular, ayudará o no a que se cumpla este objetivo.
La forma de nombrar ministros no es la mejor, pero…
Ya hemos expresado en este espacio nuestras críticas al actual método de nombramiento de las personas ministras de la Suprema Corte,
por su falta de transparencia y espacios de participación ciudadana, y por su ‘apresuramiento’. Pero lo peor es que no garantiza que sean designadas las personas más idóneas para el cargo, sino muchas veces las más cercanas al Poder Ejecutivo, lo cual puede poner en entredicho que sus decisiones sean realmente independientes e imparciales.
¿Puede el voto popular mejorar estos aspectos y, de paso, garantizar una justicia más igualitaria? Lasexperiencias internacionales no aportan ninguna evidencia en sentido positivo. De acuerdo con Lawrence Friedman, quien analizó el uso del voto popular para nombrar a personas juzgadoras en varias entidades de Estados Unidos, este método de designación no ha mejorado el perfil de las personas nombradas ni ha logrado que los electores se interesen genuinamente por el proceso.
Ahora, ¿el hecho de que las personas juzgadoras sean elegidas directamente por la ciudadaníacambia en algo su manera de tomar decisiones? La respuesta parece ser... sí. Una investigación de Stephanie Lindquist indica que las personas juzgadoras nombradas en las urnas invalidan más leyes aprobadas por el Legislativo o cambian más a menudo precedentes ya establecidos, en comparación con que las designadas de manera tradicional.
Ahora bien, si lo que queremos saber es si las decisiones de ambos tipos de juzgadores favorecen más o menos a grupos de interés económico, la evidencia es más difícil de obtener, pero existen percepciones al respecto.
Una encuesta de la organización Justice at Stake realizada en 2013 indicó que 87% de los votantes registrados consideraban que la compra de propaganda para campañas de aspirantes a cargos de jueces por parte de grupos de interés, o las contribuciones a sus campañas, tenían alguna o mucha influencia en las decisiones de los jueces. Es decir, si bien parece que los juzgadores que son sometidos a la elección popular pueden ser más independientes frente al poder político, frente al poder económico tal independencia estaría en riesgo.
A cualquier actor político, y más a los integrantes de Morena, debería preocupar el hecho de que la reforma
propuesta pueda incrementar el riesgo de dependencia de los aspirantes a ministros y otras personas juzgadoras en relación con los intereses económicos. Y es que en lugar de reducir la brecha existente en el acceso a la justicia –un objetivo de la propuesta de reforma, nos dice el diputado Mier–, más bien la ampliaría.
Al menos a una persona le conviene que los ministros pasen por las urnas...
Entonces, si a la ciudadanía en general y a los más vulnerables en particular no les conviene que las personas ministras sean nombradas por voto popular, ¿por qué propone el presidente de la Repúblicaeste método? ¿Porque le conviene a su partido? No. Como ya esbozamos, esto tampoco parece que le convenga a Morena. Pero hay otros factores. Cabe recordar que el actual método de nombramiento permite que el Ejecutivo proponga una terna de aspirantes al cargo, con personas afines, como ha sido el caso de algunos nombramientos recientes.
Ya que Morena, en vista de la mayoría de las encuestas, tiene grandes expectativas de conservar laPresidencia en 2024, ¿por qué López Obrador querría modificar el proceso de nombramiento de las personas ministras, dejando así al próximo presidente o presidenta sin la posibilidad de influir directamente en la composición de la Corte?
Para entender entonces esta propuesta, hay que leer con cuidado el contexto político, como apuntórecientemente el académico Pablo Mijangos, en un evento organizado por la Comisión de Historia del Derecho de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, coordinada por Rafael Estrada Michel.
Mijangos consideró que, incluso si proviene de Morena, es probable que el próximo presidente o presidenta sea más débil que López Obrador, quien presumiblemente seguirá tomando las principales decisiones en materia de candidaturas del partido, incluyendo las hipotéticas de ministras y ministros de la Suprema Corte. Entonces, modificar el sistema de designación formaría parte de una estrategia de López Obrador para “seguir ejerciendo una influencia directa sobre el Poder Judicial y el máximo tribunal”.
Conclusión: la reforma propuesta por López Obrador no parece responder a las prioridades ideológicas de su partido, ni favorecerá a su sucesor o sucesora. Sólo a él podría serle útil.
Morena debe tener cuidado con lo que desea
Vale la pena analizar la experiencia de Bolivia, el único país donde los jueces de las más altas cortesson nombrados por voto popular desde la reforma de 2009, la cual fue impulsada por el entonces presidente Evo Morales.
Uno de los problemas que se detectaron en el país andino es que las elecciones para designar a juzgadores tienen poca participación en comparación con otros procesos electorales, y que la mayoría de los votos son nulos o blancos. Además, las personas que ganaron las elecciones no han sido las más idóneas y su designación ha sido muy politizada, según concluye un informe de laRelatoría Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados. Finalmente, el rezago judicial y la corrupción al interior de las instituciones de justicia no han disminuido.
Si consideramos que años después el propio gobierno boliviano reconoció que este sistema de designación no tuvo los resultados esperados, y que era necesario reformarlo nuevamente, como lo describe muy bien el Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2022, esta experiencia no es muy alentadora.
Retroceso para los jueces y magistrados
Tampoco se ha discutido mucho sobre el hecho de que la reforma propuesta por López Obrador no solamente implicaría modificar el proceso de nombramiento de las personas que integran nuestro máximo tribunal, sino también el de las personas magistradas y juezas federales, el cual, hasta ahora, está basado en concursos de oposición.
Sin duda, el proceso actual es perfectible, como ya lo hemos señalado. Pero tiene la gran ventaja de que está basado en evaluaciones de conocimiento y meritocráticas, como lo recomienda la Relatoría Especial de la ONU. Por ello, si pasa la iniciativa estaríamos ante un franco retroceso de la eficiencia e independencia judiciales.
En conclusión, si bien la propuesta de López Obrador de designar a los juzgadores federales por voto popular no le conviene a nadie, ni a Morena (o acaso a un solo morenista), al menos ha hecho algo bueno: poner sobre la mesa dos urgencias cada vez más grandes, que desafortunadamente no fueron consideradas en la reforma judicial de 2021.
Son muchas las perspectivas para referirse al personaje que desempeñó un papel tan creativo en la vida política de México como Porfirio Muñoz Ledo.
Su presencia se hizo sentir en muchos frentes y su actuación dio lugar a numerosas polémicas. Pocos son indiferentes a sus acciones y opiniones; ninguno deja de reconocer sus grandes capacidades para analizar, como pocos lo han hecho, el devenir de la política nacional.
Fue mi amigo de toda la vida. Nos conocimos cuando acaba de ganar un concurso de oratoria. Él tenía 18 años; yo tres menos. Desde entonces nuestras vidas se cruzaron en multitud de ocasiones.
Yo llegué a París a realizar mi postgrado cuando él ya estaba ahí; se fue como profesor a una universidad al sur de Francia. Por azares del destino, el 2 de Octubre nos sorprendió mientras asistíamos a un acto organizado por los estudiantes de la Universidad de Quebec.
Discutimos largamente tratando de entender lo acontecido; como en otras ocasiones, nuestras opiniones no coincidían, pero se mantuvo el respeto mutuo por posiciones divergentes.
Más tarde estuvimos cerca cuando tomó forma la corriente democrática al interior del PRI, su evolución hacia el rompimiento con dicho partido, la creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y la postulación de Cuauhtémoc Cárdenas para presidente de la República. Porfirio, Ifigenia Martínez y Cuauhtémoc fueron los artífices principales de decisiones que marcaron para siempre el camino para la demo-
cracia mexicana.
El apoyo espontáneo, cuantioso y entusiasta que tuvo la candidatura de Cuauhtémoc hizo evidente hasta dónde la ciudadanía anhelaba ese nuevo camino. La “caída del sistema” en la Secretaría de Gobernación, que controlaba entonces las elecciones, no permitió que se confirmara la existencia del fraude y sus dimensiones.
Carlos Salinas de Gortari tomó la presidencia de la República, pero sea como fuere, las puertas hacia la democracia ya estaban abiertas.
Los problemas políticos tan serios que sacudieron a México el año de 1994, iniciado con el alzamiento zapatista y, poco después, el asesinato del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio, presagiaban unas elecciones presidenciales enormemente conflictivas. Existía una franca crisis de credibilidad y desconfianza hacia los procedimientos electorales, dado los recuerdos que dejó la experiencia de 1988. Era imprescindible buscar un acuerdo entre las fuerzas políticas organizadas para abrir canales de entendimiento que proporcionaran normas electorales capaces de sostener elecciones genuinas y creíbles.
Tuvo lugar entonces un encuentro de líderes con sentido de responsabilidad y conocimientos, pertenecientes a diversas posiciones ideológicas, pero dispuestos a abrir el dialogo para modificar los procesos electorales pertenecientes a un régimen autoritario y anquilosado que requería de profundos cambios.
En ese contexto se iniciaron las negociaciones que tuvieron lugar bajo la conducción del secretario
de Gobernación, en las que participaron lideres políticos de la talla del exrector de la UNAM Jorge Carpizo, el conocido intelectual dirigente del PAN Carlos Castillo Peraza, Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI (que luego sería asesinado), y por el PRD Porfirio Muños Ledo.
La influencia que tuvo Muñoz Ledo en esas negociaciones fue enorme. Por su gran lucidez, conocimiento de las disposiciones constitucionales que debían modificarse y enorme intuición política para entender el momento y sus posibilidades.
Un artículo reciente publicado en El Financiero por Ciro Murayama: “1994: el estadista Porfirio” (12/07/ 23) relata sus aportaciones sobresalientes a lo largo de negociaciones que se prolongaron hasta haber configurado todas las normas e instituciones que hoy conducen los procesos electorales en México.
En el nuevo contexto, las elecciones intermedias de 1997 dieron fin a la mayoría del PRI en el Congreso y otorgaron la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal a la izquierda, con el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas. Recuerdo mi llamada a Porfirio para felicitarlo por el papel que había desempeñado en la creación del entramado que hacía posible un ambiente de pluralidad en México. El sello de Porfirio en la evolución de la democracia y el avance de la izquierda en México alcanzó un punto culminante en 2018, cuando entregó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador.
El primer presidente de izquier-
da en el siglo XXI en México, un luchador social de gran perseverancia cuyo eslogan más conocido penetraba en sectores sociales tradicionalmente marginados: “Por el bien de México, primero los pobres”.
Desafortunadamente, la historia no ha tomado los caminos que muchos esperábamos. Porfirio se distanció del gobierno de López Obrador desde hace más de dos años, expresando sus puntos de vista en múltiples entrevistas, declaraciones y artículos. Será necesario compilar, analizar, estudiar sus opiniones, lo que sin duda ayudará a entender el difícil momento que vive el país.
Los efectos devastadores de la pandemia; la desarticulación de los cuadros del gobierno de quien se espera más lealtad que eficiencia; el monopolio de la comunicación a través de “mañaneras”, cuya información es de gran pobreza y muy poca transparencia; el empeño de AMLO en polarizar, dividiendo a la sociedad en “el pueblo” y la oligarquía, incluyendo entre los últimos a todos aquellos que no respalden acríticamente sus decisiones, ha creado un ambiente político envenenado.
Así está llegando a su fin un sexenio polémico que deja sin resolver grandes problemas: la persistencia de la pobreza, la debilidad del papel del Estado para conducir la economía y el inquietante problema del crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico.
La ausencia de la inteligencia y valentía de Porfirio Muñoz Ledo se resiente más que nunca. Una generación de líderes políticos de altura desaparece sin que aparezca la generación que los reemplace.
La industria del entretenimiento en Estados Unidos se encuentra en un momento de inflexión, con dos de sus sindicatos más importantes, el de Escritores y Guionistas (WGA) y el de Actores de Cine-Federación Estadunidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), emancipados en una huelga histórica contra la Inteligencia Artificial (IA).
La protesta tiene como objetivo abordar un temor creciente no sólo en Hollywood: la protección de la imagen, la voz y la creatividad de los artistas, actores y actrices frente a la Inteligencia Artificial Generativa (IAG), entre otras demandas laborales.
El izamiento de la bandera rojinegra ocurre por la preocupación de los trabajadores de la industria del entretenimiento de la Unión Americana por la protección de su trabajo frente al reemplazo por copias creadas con Inteligencia Artificial. Para los escritores, actores y artistas, la salvaguarda de su fuente de ingresos y su posición en la industria está en riesgo debido al uso y eficiencia de la IA.
Los guionistas exigen que se pongan límites al uso de la IA y que se incluya una cláusula en su contrato que estipule que todo guionista acreditado debe ser humano. Además, demandan que la IA no se emplee para generar guiones, libretos, historias y demás material literario que se utiliza para crear series, películas, programas de TV y documentales.
Los actores también se han sumado a la huelga, exigiendo mejores condiciones laborales y salarios. El SAG-AFTRA ha acusado
a las productoras de Hollywood y a las plataformas de streaming de querer utilizar modelos de IA para generar “actores” artificiales y evitar pagar salarios y regalías.
El actor Will Smith, quien ha interpretado personajes con Inteligencia Artificial en películas como I, Robot, ha expresado su preocupación por el potencial de la IA para superar a los seres humanos en habilidades intelectuales, lo cual podría afectar a la humanidad en el futuro.
En una entrevista el reconocido actor Morgan Freeman también planteó los posibles efectos en el empleo por la adopción de IA, afirmando que la tecnología podría desplazar a muchas personas de sus trabajos en diversas industrias, no sólo la del entretenimiento.
Más catastrófico fue el fallecido físico teórico Stephen Hawking, quien en su momento advirtió sobre los riesgos asociados con la IA. Consideraba que, si no se controla, la IA podría superar la inteligencia humana y representar una amenaza para nuestra existencia.
La alarma de los trabajadores de la industria del entretenimiento por la IA es comprensible; esta tecnología puede reducir significativamente el tiempo que demoran los escritores en realizar su trabajo creativo y, en última instancia, reemplazar a los “auténticos” creadores, que hasta antes de la irrupción generalizada de la IAG eran de carne y hueso.
Con los avances en la IA y el Aprendizaje Profundo, los algoritmos pueden recrear y superar en velocidad el trabajo de escritores y guionistas. La generación de texto, la recreación de voces sintéticas y las técnicas de ima -
gen generativa han evolucionado rápidamente.
Ahora existen sistemas que pueden escribir guiones, doblar voces o incluso crear personajes digitales basados en actores reales sin su participación activa. Por su puesto, también sin su autorización.
Fotograma de la cinta “El Irlandés”, donde el actor Robert De Niro fue rejuvenecido con inteligencia artificial. Imagen: Netflix Estas tecnologías ya se utilizan para tareas de producción, animación por computadora y efectos especiales, pero la IA ha comenzado a extender su alcance a la creación de contenido artístico autónomo y reemplazo de actores, pero sin la intervención directa de los creadores humanos.
Los actores de cine y televisión ya trabajan cada vez más frente a pantallas verdes que después son perforadas con imágenes para simular escenas o situaciones. En la película de Netflix “El Irlandés”, de Martin Scorsese, se utilizó IA para rejuvenecer a los actores Robert de Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Esto lo explican los propios actores y el director en un documental sobre cómo se realizó ese filme.
Ante la amenaza de reemplazo, el WGA y el SAG-AFTRA han levantado la voz en defensa de los derechos y el reconocimiento de los artistas. Cuando se utilizan copias generadas por IA de los artistas, ¿quiénes serían los dueños de los derechos de autor y de la propiedad intelectual? ¿Los actores tendrán control sobre cómo se utilizan sus voces e imágenes digitales? No es que los actores se opongan a la IA, quieren saber cuánto van a ganar por la explotación algorítmica de su imagen.
Ambos sindicatos están creando un precedente en el debate sobre la implementación de la IA en distintas profesiones como los médicos o abogados, quienes pueden ser reemplazados por diagnósticos más precisos o sentencias más veloces.
Aunque la IA presenta oportunidades innovadoras para la creatividad y la eficiencia en el entretenimiento y muchas otras industrias, también desencadena un debate inaplazable sobre la gobernanza y la ética en su uso.
Aunque el avance tecnológico no se detendrá, se pueden establecer límites para proteger los derechos y la imagen de artistas y creadores literarios.
Se necesitará una colaboración entre sindicatos, estudios cinematográficos y autoridades para crear un marco regulatorio que aborde estos y otros desafíos.
Es indudable que la IA es una herramienta poderosa. No significa que deba –aunque pueda–reemplazar la creatividad, las emociones, el talento, el carisma y la autenticidad que los artistas aportan a sus obras.
La conexión entre los actores y el público, la energía y habilidad para interpretar un personaje, recrear una situación y reflejar experiencias humanas complejas, y la visión e imaginación únicas de los escritores son aspectos que hacen que el entretenimiento sea una forma de arte y de experiencia significativa desde tiempos inmemoriales, desde que los humanos primigenios nos reuníamos alrededor de una fogata para escuchar historias y narraciones que han forjado nuestros mitos, leyendas e identidad.
• No sólo el odio político; ahora, el aumento de precios
• La ventaja de México es que lleva delantera a los EU
El gobierno del presidente López Obrador no sólo tiene que enfrentar el odio de sus enemigos del panismo. Ahora tendrá que bregar con un eventual repunte de la inflación mexicana, que venía desinflándose prometedoramente, hasta la primera quincena de este julio. No es por demás recordar que la inflación, medida por el comportamiento de los precios al consumidor, es considerada el impuesto más grave, que tienen que soportar los consumidores, particularmente los trabajadores más pobres, y que las autoridades monetarias habían venido venciendo durante el gobierno de la Cuarta Transformación.
Ahora, el gobierno de López Obrador se verá en la necesidad de contribuir con las autoridades monetarias del Banco de México para que el proceso “desinflacionario”, que lleva la economía nacional, no se desborde. ¿Pero cómo puede contribuir a ello el gobierno, no siendo autoridad monetaria? Claro que puede. La Reserva Federal de Estados Unidos subió, este miércoles 26 de julio, sus tasas de interés en 25 puntos básicos, llevándolas a su nivel más alto en 22 años, y dejó la puerta abierta a más incrementos, a medida que busca afinar sus esfuerzos para aplacar la inflación.
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de México registró, en la primera quincena del presente julio, una variación de 0.29% respecto a la quincena anterior, resultado con el cual la inflación general anual se ubicó en 4.79 por ciento. En la misma quincena de 2022, la inflación quincenal fue de 0.43 % y la anual, de 8.16 por ciento.
La doctora Victoria Rodríguez Ceja, quien cumplió año y medio, este julio, como gobernadora del Banco de México, a propuesta de López Obrador, tendrá que cuidar al extremo la política monetaria de la institución, cuyo mandato es lograr que la inflación se mantenga bajo control, ya que el objetivo del Instituto Bancario Central es mantener a raya el comportamiento de los índices de precios.
Indudablemente que, en base a la decisión del Banco de la Reserva Federal, la Junta de Gobierno del Banco de México, que se reunirá el 10 de agosto, deberá subir por lo menos en 25 puntos base la tasa de interés interbancaria, tal como lo ha h echo su homólogo de Washington.
En la Reserva Federal, la decisión de incrementar la tasa de interés de fondos federales en un rango de entre 5.25% y 5.5%, la cifra más alta desde 2001, fue unánime. Es la decimoprimera subida desde marzo de 2022, cuando las tasas
se encontraban cerca de cero.
“El comité continuará evaluando información adicional y sus implicaciones para la política monetaria”, dijo el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en una declaración, que fue prácticamente igual a su mensaje de junio.
Por lo que respecta a México, que tiene menos problemas con su inflación, deberá estar pendiente de la política que asuman las autoridades monetarias del vecino país.
En sexenios anteriores, en los que se imponían políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, México no pudo controlar su proceso inflacionario. Y con inflaciones altas, los gobiernos del llamado neoliberalismo económico no supieron qué políticas monetarias serían las adecuadas para vencer la inflación.
Sin embargo, el Banco de México tiene el mandato de ajustar diariamente la oferta de dinero para que corresponda a la demanda. Adicionalmente, conduce su política monetaria, estableciendo un objetivo para la tasa de referencia, que es la tasa interbancaria a un día. Las decisiones de política monetaria, tomadas por el Banco de México están enfocadas a garantizar el poder adquisitivo del peso, a partir del control de la inflación y del seguimiento del tipo de cambio.
Raymundo Díaz S.
• Han recibido más de VEINTE MILLONES anuales durante cinco años.
• Aparte de recibir esos recursos, también son diputados.
• Son una VERDADERA ESTAFA para el pueblo chiapaneco.
PERFIL FRONTERIZO
De los 161 millones 736 mil 34.23 pesos que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEyPC) en Chiapas aprobó y distribuyó este 2023 a los 14 partidos políticos con acreditación y registro ante este organismo, más de 20 millones -VEINTE MILLONES, CINCUENTA MIL, CINCUENTA y CINCO PESOS, NOVENTA y CINCO CENTAVOS, para ser exactos, son para el Partido Verde Ecologista de México en el estado de Chiapas.
Considerando que esa cifra es anual o sea sólo correspondiente a este 2023 que ya transcurre, los dirigentes del PVEM en Chiapas, encabezados por la Diputada Federal Valeria Santiago Barrientos, han recibido y están recibiendo casi DOS MILLONES DE PESOS MENSUALES de prerrogativas que debieron y deberían estar utilizando, según las normas y mandatos del IEyPC, de la siguiente manera: para “actividades de formación y capacitación para desarrollo del liderazgo político de las mujeres, el 6%, para liderazgos juveniles el 3 %, y para la generación de estudios e investigación de temas del Estado de Chiapas, el 2 %.
Sin embargo, Valeria Santiago Barrientos, Jorge Luís Llaven Abarca, Roberto Rubio Montejo,
Ariosto Borrallas González y otros ESPURIOS y CORRUPTOS “líderes” de este partido político, SE HAN EMBOLSADO esos MILLONES DE PESOS o los han tirado a la basura realizando giras y grandes banquetes para promoverse y autoelogiarse pero no han invertido ni un sólo peso en los comités municipales, en la rotulación de una barda a favor del partido, en la colocación de un anuncio o espectacular, en la compra de una playera, de una gorra o elaborado de alguna publicidad utilitaria del PVEM.
Por si esta ENORME CORRUPCIÓN que envuelve a este TRIO o CUARTETO de CORRUPTOS fuese poca, aparte de que Valeria Santiago Barrientos, Jorge Luís Llaven Abarca y Roberto Rubio Montejo, son Diputados Federales en dónde ganan más SETENTA MIL PESOS MENSUALES, más otras regalías, el edificio que alberga las oficinas de dicho partido en Chiapas es de Jorge Luís Llaven Abarca Llaven quién cobra una muy jugosa renta mensual con lo cuál ENGORDA su poderío económico que iniciara cuándo fuera Secretario de Seguridad y Fiscal de Chiapas, tiempos en los que también adquiriera hasta una Plaza Comercial.
Estos CORRUPTOS y SÁTRAPAS de la política verde ecologista en Chiapas, que de ecologista no lo son ni por asomo, han despedido
injustificadamente a trabajadores administrativos del comité estatal por lo que ya tienen varias denuncias laborales en contra, y por si fueran poco esos MILLONES DE PESOS QUE SE EMBOLSAN, aún tienen el descaro y desvergüenza de obligar a los presidentes municipales a pagar los eventos cada vez que se quieren exhibir como los “grandes líderes” en algún municipio de Chiapas donde gobierna el Verde, por ese hostigamiento abusivo muchos alcaldes renunciaron al Verde y se pasaron a Morena.
Si han recibido más de VEINTE MILLONES DE PESOS ANUALES, multiplicados estos por los 5 años que llevan al frente del PVEM, son más de CIEN MILLONES DE PESOS que se han embolsado o han tirado a la basura porque no han dedicado ni un sólo peso para la capacitacion y formación política, para las mujeres, para jóvenes, para la inclusión, para la promoción y utilitaria de dicho partido al cuál sólo han utilizado para sus fines económicos, políticos y personales. ¿Que esperan para mandarlos a la calle o la cárcel?
Pero, claro, no se puede esperar grande avances y grandes cosas de quiénes son CORRUPTOS, CRIMINALES y VERDUGOS del pueblo chiapaneco como Jorge Luís Llave Abarca quién violó los derechos de cientos de campesinos
y chiapanecos a quiénes les prefabricó delitos y los encarceló, como Roberto Antonio Rubio Montejo quién, venido de la frontera con Guatemala (Huixquilar), lo emplearon como chofer para después suplantar y desplazar a indígenas y convertirse en diputado federal, como Valeria Santiago Barrientos quién se peleó con el presidente de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa, porque este destituyó a su esposo quién estuvo preso en “El Amate”, como Ariosto Borrallas González quién, como Director del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA), se hizo millonario con los recursos de dicho organismo, según los documentos aportados por empleados del mismo.
Pero no sólo eso, la suciedad no para ahí, “aún hay más”. Sobre estos gangsters de la política verde ecologista de Chiapas, existen cientos de actos SUCIOS, CORRUPTOS y NEGROS ANTECEDENTES que debería tenerlos tras las rejas y no dirigiendo a un partido político que sigue desangrando al ya deporsí empobrecido pueblo chiapaneco.
¿Y estos son los dirigentes del Partido Verde en Chiapas? ¿Y estos, como Jorge Luís Llaven Abarca, aspiran a ser candidatos al gobierno de Chiapas?
Ya abundaremos, y mucho, muchísimo, he dicho.
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
SENTENCIA
Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza emite condena para suspender obras del Tren Maya
IMPUGNACIONES
Revisará la Suprema Corte reformas a la Ley Minera
VIOLENCIA
Reportan otro policía muerto y cuatro heridos por enfrentamiento en Coahuila
EXIGENCIA
AMLO debe ordenar la entrega de la información que Sedena le negó al GIEI: familiares de los 43
Un policía estatal muerto y cuatro más heridos fue el saldo de un enfrentamiento que sostuvieron esta madrugada las fuerzas del orden contra criminales al norte de la entidad, informó el gobernador Miguel Riquelme.
AMLO exhibe pagos que recibían los periodistas que lo acusan de poner en riesgo a aspirantes
