CONTRAPODER EDICIÓN 2721

Los costos de una mala selección del gobernador

En la reunión de hoy, el consejo estatal de Morena va a seleccionar los primeros cuatro aspirantes que van a ser sometidos a una encuesta, que por cierto no va a ser aplicada por una encuestadora importante PAG.

DIARIO

D O X A

La violencia continúa en los municipios fronterizos de la Sierra. Aún y con la presencia de la Guardia Nacional prevalece el pago de piso. Las principales cabezas de la delincuencia organizada no han sido tocadas. Quienes mantienen su poder y continúan operando pese a la presencia militar.

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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

REPORTE

ACCIONES

la energía eléctrica en municipios fronterizos de Chiapas tras cuatro días sin servicio por la irrupción del Cártel de Sinaloa

Restablecen

Despliegan 500 soldados en Comalapa, Chiapas, tras enfrentamientos entre CJNG y Cártel de Sinaloa

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), en coadyuvancia con fuerzas federales y estatales, restableció el martes el suministro de energía eléctrica en el municipio de Frontera Comalapa tras cuatro días de interrupción debido a conflictos entre integrantes de cárteles en la región.

ACUSACIÓN

Migrantes realizan trámites ante el INM con documentos apócrifos

DENUNCIA

HOY ESCRIBEN

HOJAS LIBRES

Roberto Domínguez Cortés

ANÁLISIS A FONDO: LOS PADRES NO CREEN, PERO EL GOBIERNO DE AMLO SIGUE INVESTIGANDO AYOTZINAPA

Francisco Gómez Maza

EL DIVÁN

Sergio Stahl

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2024: ENDEUDARNOS ¿PARA QUÉ?

Lucía Melgar Palacios

LA OPORTUNIDAD

PERDIDA DE LA IGLESIA

Javier Sicilia

T-MEC, UNESCO Y GATT: LA INCIERTA DEFENSA DEL PATRIMONIO

CULTURAL MEXICANO

Jorge Sánchez Cordero

Pese a presencia del Ejército en Chiapas, la actividad comercial en Frontera Comalapa aún no se normaliza

Miles de migrantes en el sur de México viven en asentamientos insalubres y precarios: Médicos Sin Fronteras

En la reunión de hoy, el consejo estatal de Morena va a seleccionar los primeros cuatro aspirantes que van a ser sometidos a una encuesta, que por cierto no va a ser aplicada por una encuestadora importante sino por el propio partido lo que puede ocasionar sesgos importantes o que bien confirma que todo este proceso es simulado, para ocultar que continúa la vieja práctica del dedazo. En esta selección de dos mujeres y dos hombres, se corre el riesgo en que prevalezcan los intereses e intenciones del gobernador Rutilio Escandón, en virtud de que él es quien controla la mayoría de los consejeros, y como ya se observó en estos cinco años de gobierno, los intereses de Rutilio Escandón no son Chiapas.

Bajo estas circunstancias, los intereses de Chiapas y de la población chiapaneca no van a estar puestos en la reunión de hoy, en el que va a privar la consigna sin reflexión y en donde no va a importar las consecuencias de seleccionar precandidatos sin legitimidad y sin

la trayectoria política adecuada de compromiso social.

En Chiapas la población se ha equivocado en las últimas votaciones. Fue un error que Juan Sabines haya sido gobernador; lo mismo sucedió con la elección de Manuel Velasco y desafortunadamente esta tendencia se confirmó con la elección de Rutilio Escandón y, por el manojo de posibilidades, se observa, que se va a volver a errar en el proceso electoral de 2024. Chiapas históricamente ha sido el paraíso de las oportunidades perdidas. En 1994, después del movimiento indígena zapatista, se perdió la oportunidad de construir un nuevo Chiapas; en las elecciones del año 2000, la gran misión del gobierno de Pablo Salazar era sentar las bases para construir una nueva clase política, y para colmo de males, se terminó reconstituyendo el viejo modelo, con la juniorcracia, y todas las posibilidades de cambiar el rostro del Chiapas de pobreza y de injusticia se fue a la basura con los gobiernos que continuaron. El mal que prevalece en todos los gobiernos que van de este siglo, es

que ninguno de los gobernadores ha cuidado su salida. Pablo Salazar cometió el gran error de su vida al escoger a su sucesor, y Juan Sabines lo traicionó y le pagó de la peor manera. Sabines tampoco cuidó su salida y se convirtió en el primer exgobernador que no puede pisar Chiapas, por el riesgo de ser agredido y por los posibles reclamos de los que puede ser objeto. Manuel Velasco tampoco cuidó su salida y tuvo que vivir el autoexilio, y pudo pisar Chiapas nuevamente, a partir de la campaña de selección del candidato de Morena a la presidencia. Esta historia la ha ignorado Rutilio Escandón, y tampoco ha cuidado su salida y no se ha dado cuenta, que él se encuentra en la misma condición en la que estuvo Pablo Salazar, se dejó llevar por sus venganzas personales y le cerró la puerta a quienes, sin duda alguna, hubiera escrito otra historia para Chiapas. El costo de esta decisión, se ha pagado con creces por la población de Chiapas y lo grave es que se continuarán pagando los errores cometidos por la elección de gobernadores.

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Los costos de una mala selección del gobernador

Restablecen la energía eléctrica en municipios fronterizos de Chiapas tras cuatro días sin servicio por la irrupción del Cártel de Sinaloa

De la Redacción Frontera Comalapa, Chis. (Tribuna)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), en coadyuvancia con fuerzas federales y estatales, restableció el martes el suministro de energía eléctrica en el municipio de Frontera Comalapa tras cuatro días de interrupción debido a conflictos entre integrantes de cárteles en la región.

En las labores de reestablecimiento de luz también participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Policía y Protección Civil Estatal.

Las Comandancias de la Séptima Región Militar y Trigésima Novena Zona Militar se unieron para llevar a cabo operativos en la zona para garantizar la seguridad y el restablecimiento del servicio eléctrico en las comunidades afectadas.

El pasado sábado, un convoy de hombres armados, presuntamente pertenecientes al Cártel de Sinaloa, ingresó a la zona, lo que resultó en el corte de energía eléctrica y de señal telefónica en varios munici -

Las Comandancias de la Séptima Región Militar y Trigésima Novena Zona Militar se unieron para llevar a cabo operativos en la zona para garantizar la seguridad y el restablecimiento del servicio eléctrico en las comunidades afectadas

por grupos del crimen organizado. Según reportes, los habitantes recibieron a los soldados y agentes de la Guardia Nacional con los gritos de “queremos paz, queremos paz”

La violencia en el municipio de Frontera Comalapa por la disputa del territorio entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada ha provocado el desplazamiento forzado de algunos de sus habitantes y desabasto de productos básicos en al menos cuatro municipios.

De la Redacción Tapachula, Chis. (Tribuna)

Habitantes de los municipios fronterizos de Chiapas, lanzan un llamado de auxilio al gobierno federal, ya que las acciones violentas de grupos delictivos se han recrudecido en las últimas semanas, al grado de enfrentarse sin miramientos a las propias instituciones castrenses.

Diariamente a través de la frontera sur se trafica con mercancías ilícitas como drogas, fayuca y ahora hasta humanos, donde las bandas delictivas quieren imponer la ley del más fuerte, ocasionando enfrentamientos sangrientos entre ellos mismos y las autoridades.

“Ya nadie detiene a los polleros, diario pasan decenas de carros de tres toneladas y van custodiados por hombres armados, quienes van dispuestos a todo, incluso aquí en Suchiate se atreven a enfrentarse al propio Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, donde como ciudadanos corremos un grave peligro al vernos en medio de la balacera”, señalaron habitantes de Suchiate.

Durante el último enfrentamiento 1 halcón resultó muerto y 2 más resultaron lesionados de bala; ahora los elementos de castrenses corren el riesgo de seguir un proceso legal en su contra, aun cuando al hacer su

pios, incluyendo Chicomuselo y Frontera Comalapa.

Se espera que las autoridades continúen monitoreando la situación en la región y tomando medidas para prevenir futuros incidentes similares.

Sin embargo, ayer habitantes de la comunidad El Paraíso colocaron barreras, que realizaron con llantas y fogatas, en protesta por la llegada de los agentes de la Guardia Nacional (GN) a las localidades de Frontera Comalapa azotadas

El grupo criminal conocido como Fundación Maiz (acrónimo de Mano izquierda), vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), comenzó una persecución contra quienes, según este, apoyan al Cártel de Sinaloa, con el que disputan el control del territorio fronterizo de Chiapas con Guatemala. Con información de Latinus (Argenis Esquipulas).

Empoderamiento de Polleros, en la frontera sur, rebasa a autoridades

trabajo solo repelieron la agresión de los presuntos delincuentes.

El excesivo flujo de Migrantes de todas las nacionalidades, ha generado que grupos de la delincuencia organizada, cambien de giro, es decir del tráfico de drogas ahora pasan al tráfico de humanos, ya que al parecer les trae menos riesgo y más ganancias.

Hace 2 meses se hizo viral un video donde Miembros del Cartel de Sinaloa, amenazaron a todos los polleros, “si no se alinean y pagan la cuota, aténganse a las consecuencias”, días de después empezaron con la razia contra polleros, aparecieron cuerpos desmembrados, levantamiento de gente y ejecuciones con armas de grueso calibre.

Por unos días se detuvo el flujo migratorio y los extranjeros, tenían que caminar de la frontera con Guatemala hasta el municipio de Tapachula, pues básicamente ya no existe ningún control Migratorio, ya que los retenes funcionan como agencia de viajes; enlistan a los migrantes, les cobran cuotas y los suben a un autobús para ser

regularizados, con prioridad para los que pagan.

Ahora reaparecen vehículos de 3 toneladas llenos de Migrantes por el Municipio de Suchiate, sin que ninguna autoridad les diga nada, pero esto no acabaría aquí, recientemente hicieron el cambio de General de la 36 Zona Militar, quien ha empezado a retomar el control.

A decir de grupos representativos y líderes de opinión, será muy difícil

poder llegar este control, pues las mismas autoridades juzgadoras se han coludido con estos delincuentes; el personal castrense hace todo lo posible por detener a los infractores y les sale contraproducente, ya que con ayuda de los MP´s, las carpetas de investigación se elaboran de tal manera que los delincuentes (polleros) se vuelven víctimas, y son los elementos castrenses que ahora corren el riesgo de ir a la cárcel.

Pese a presencia del Ejército en Chiapas, la actividad comercial en Frontera Comalapa aún no se normaliza

De la Redacción

Frontera Comalapa, Chis. (Tribuna)

Los patrullajes del ejército en comunidades del municipio Frontera Comalapa permitieron la reapertura de la carretera Panamericana, aunque la actividad comercial aún no se reanuda en sitios como San Gregorio Chamic.

San Gregorio Chamic fue el epicentro de los bloqueos y pese a la presencia de 500 soldados, aún se observan numerosos negocios cerrados, pero la gasolinera que estuvo cerrada ya ha retomado su operación.

Puedes leer: Restablecen la energía eléctrica en municipios fronterizos de Chiapas tras cuatro días sin servicio por la irrupción del Cártel de Sinaloa

En el tramo de la carretera Panamericana entre San Gregorio Chamic y Nueva Linda, a unos 10 kilómetros, se pueden observar hogares abandonados y fachadas dañadas por enfrentamientos previos entre

En el tramo de la carretera Panamericana entre San Gregorio Chamic y Nueva Linda, a unos 10 kilómetros, se pueden observar hogares abandonados y fachadas dañadas por enfrentamientos previos entre los cárteles

ñal telefónica en varios municipios, incluyendo Chicomuselo y Frontera Comalapa.

De la Redacción

Frontera Comalapa, Chis. (Tribuna)

El despliegue de unos 500 soldados a comunidades de las regiones Fronteriza y Sierra alivió las tensiones en las comunidades, después de los bloqueos carreteros de tres semanas y los movimientos de los Carteles Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa.

La carretera Panamericana que enlaza el centro del país con Guatemala recobró medianamente su actividad, con el recorrido de vehículos del transporte público, de pasaje y de carga, así como algunos automovilistas que han salido de sus comunidades para comprar alimentos.

La actividad comercial en San Gregorio Chamic, donde se estableció un bloqueo carretero por tres semanas, es baja, con muchos negocios cerrados, pero la gasolinera sigue funcionando con normalidad.

Los pueblos sobre la Panamerica-

los cárteles.

Este miércoles se reanudó el servicio de transporte público hacia la cabecera municipal de Frontera Comalapa y la energía eléctrica fue restaurada desde el martes, después de que técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabajaran en

la localidad El Rodeo, Siltepec, para reparar las líneas cortadas por actos vandálicos.

El pasado sábado, un convoy de hombres armados, presuntamente pertenecientes al Cártel de Sinaloa, ingresó a la zona, lo que resultó en el corte de energía eléctrica y de se-

Se espera que las autoridades continúen monitoreando la situación en la región y tomando medidas para prevenir futuros incidentes similares. Sin embargo, ayer habitantes de la comunidad El Paraíso colocaron barreras, que realizaron con llantas y fogatas, en protesta por la llegada de los agentes de la Guardia Nacional (GN) a las localidades de Frontera Comalapa azotadas por grupos del crimen organizado.

Según reportes, los habitantes recibieron a los soldados y agentes de la Guardia Nacional con los gritos de “queremos paz, queremos paz”. Con información de Latinus. (Argenis Esquipulas).

Migrantes realizan trámites ante el INM con documentos apócrifos

De la Redacción Tapachula, Chis. (Tribuna)

na, en el tramo que va de San Gregorio Chamic a Nueva Linda, en unos diez kilómetros, el panorama es desolador, con hogares abandonados y algunos con las fachadas dañadas por los enfrentamientos de mayo pasado entre las dos organizaciones.

Este miércoles se reanudó el transporte público de pasaje, hacia la cabecera municipal de Frontera Comalapa.

También la energía eléctrica llegó la tarde del martes, después de que un grupo de técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) laboró por varias horas en el punto conocido como El Rodeo, del municipio de Siltepec, donde “gente desconocida causó daños en las líneas de tendido”, para “perjudicar a la población” económicamente, informó el comandante del 15 Regimiento de Caballería, teniente coronel Félix Moreno Ibarra.

Agregó que son 500 soldados los que se han desplegado en el municipio de Frontera Comalapa. Con información de EL UNIVERSAL.

En una revelación impactante, se ha descubierto un oscuro esquema, donde los migrantes acuden al Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas, para realizar su trámite, entregando documentación falsa, principalmente una supuesta denuncia ante el Ministerio Público como presunta víctima de delito.

Todo parece indicar que esta artimaña la realizan en contubernio con gestores o polleros y la mismísima funcionaria del INM, Farha Gertrudis, ya que al parecer este beneficio solo lo obtienen los migrantes que están dispuestos a soltar 30 mil pesos para obtener su regulación migratoria por Razones Humanitarias.

De manera extraoficial se supo que los migrantes ya ni siquiera se deben presentar ante el MP para hacer su denuncia por víctima de delito, ya que cuentan con un machote que llenan de manera discrecional e incluso cuentan con un sello que le da la autenticidad al citado documento.

Tal parece que, para acelerar la fa-

bricación de estas denuncias falsas, al parecer existe contubernio entre el INM Chiapas y la Fiscalía del Estado.

Por si esto fuera poco, esta operatividad ilícita la hacen en las propias narices del Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, quien junto a su equipó que lo acompaña, visitó Chiapas solo para reírse de los Chiapanecos, lejos de ayudar a esa crisis migratoria, solo viene a verificar el desorden que se ha hecho con las órdenes que él mismo ha dado al personal del INM en Chiapas.

“Los que sufrimos todo este descontrol somos los ciudadanos de la frontera sur y del centro de Chiapas”, señalan los ciudadanos, y es que miles de migrantes deambulan por las calles, con la esperanza de obtener sus documentos ante la COMAR y el INM, pero solo atienden a los que pagan para que se agilicen sus documentos.

Despliegan 500 soldados en Comalapa, Chiapas, tras enfrentamientos entre CJNG y Cártel de Sinaloa

Miles de migrantes en el sur de México viven en asentamientos insalubres y precarios: Médicos Sin Fronteras

De la Redacción

Tapachula, Chis. (Tribuna)

Miles de migrantes, entre ellas menores de edad y mujeres embarazadas, viven estancados en asentamientos en condiciones insalubres y precarias en el sur de México, denunció la organización Médicos Sin Fronteras (MSF).

En medio de la nueva oleada migratoria, la asociación expuso en un comunicado que miles se encuentran varados en asentamientos en varias ciudades sin servicios básicos sanitarios, de agua o saneamiento, lo que afecta gravemente su salud.

“Ante el incremento del número de personas migrantes en las últimas semanas, MSF hace un llamado a redoblar los esfuerzos, tanto por parte de las autoridades como del resto de organizaciones, para cubrir las necesidades de los que están migrando”, indicó la ONG.

La organización explicó que está interviniendo en Viva México, localidad de Chiapas, en un lugar en condiciones insalubres, una isla en medio de carreteras, al lado de un canal de agua sucia y donde los migrantes quedan estancadas durante

Dalila Escobar Ciudad de México (apro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se restableció la energía eléctrica en municipios de Chiapas afectados por grupos criminales; y se mantienen elementos de la Guardia Nacional que visitan los municipios afectados, así como la permanencia de algunas bases militares en el poblado El Rodeo para operaciones militares disuasivas.

Destacó seis acciones de la Federación durante el martes y para hoy se tenían previstas tres, entre ellas el traslado vía aérea de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el retiro de posibles bloqueos.

Ofreció un reporte de las labores por parte de las autoridades federales en apoyo de las estatales, luego del desfile de un presunto grupo delincuencial que entre vallas civiles aplaudían al paso de camionetas con hombres armados.

En torno a los bloqueos, indicó que “se quitaron todos” y sin dar más detalle sobre el hecho, enseguida se volvió a quejar de la que acusa es una campaña y propaganda, “es increíble cómo Frontera Comalapa… ojalá fueran a Frontera Comalapa, pueden, eh, sin ningún problema, pero para que conozcan, es que nada más están desde aquí en sus oficinas, con sus cojines, en el reposet”.

En medio de la nueva oleada migratoria, la asociación expuso en un comunicado que miles se encuentran varados en asentamientos en varias ciudades sin servicios básicos sanitarios, de agua o saneamiento, lo que afecta gravemente su salud

México vive una nueva ola migratoria, como mostró la semana pasada la suspensión de 60 trenes de carga de la empresa Ferromex por la presencia de más de cuatro mil migrantes en los carros y en las vías, manifestaciones, y estampidas de miles de migrantes en las oficinas de atención a refugiados en la frontera sur.

días antes de seguir su trayecto.

“Allí hace falta más ayuda y el traslado de esta población a un lugar habitable en condiciones dignas”, explicó Gemma Domínguez, coordinadora de la organización en México.

El campamento en Viva México alberga una media diaria de alrededor de 600 migrantes que malviven allí entre cinco y 10 días en promedio.

“Es importante que trabajemos coordinadamente para que la respuesta sea más efectiva. Sabemos que esta situación se ha generado por un au-

mento en el número de migrantes que buscan bienestar y seguridad fuera de sus países, y todas las organizaciones e instituciones públicas debemos estar preparados”, afirmó Domínguez.

A lo largo del país hay más localidades en condiciones similares, consideró MSF, donde miles de migrantes viven en condiciones precarias e inhumana.

Por esto, MSF analizará la expansión de sus actividades a estos otros lugares, para ofrecer asistencia médica y psicológica básica, como hacen en el campamento de Viva México.

El pasado 18 de septiembre, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) reportó un incremento interanual del 30% de enero a agosto de 2023, cuando registró casi 100 mil solicitudes, una situación que mantiene saturada la frontera sur.

Migrantes cubanos, haitianos y hondureños son los principales extranjeros que se han congregado en busca de asilo político en Tapachula, en el límite de México con Guatemala, donde la Comar lidia con irrupciones, grandes filas y la entrega de documentos con apoyo de la Guardia Nacional. Con información de Latinus (EFE).

Restablecen la energía eléctrica en municipios de Chiapas afectados por grupos criminales: AMLO

La primera acción fue la entrevista con autoridades ejidales y pobladores de El Porvenir, El Rodeo y El Palmar, para informar el motivo de la presencia del personal militar; la segunda fue a las 7:00 horas con tres helicópteros de Protección Civil estatal y uno de la Comisión Federal de Electricidad, que trasladaron a personal de la CFE al poblado El Rodeo, Chiapas, para restablecer la energía eléctrica.

El tercer aspecto de la Federación es: Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana proporcionó seguridad a las aeronaves, realizó reconocimientos y proporcionó apoyo durante el retiro de bloqueos. Personal Militar, Guardia Nacional y policía estatal proporcionaron seguridad durante el traslado vía terrestre y los trabajos del personal de la Comisión Federal de Electricidad.

A las 15:40 horas del martes se restableció el servicio de energía eléctrica, “estableciéndose tres bases operativas en el poblado El Rodeo”.

La quinta acción fue el retiro de dos bloqueos: Frontera Comalapa y en el ejido El Sabinalito, Chiapas; el sexto fueron trabajos de acondicionamiento y reparación en el tramo carretero Fron-

tera Comalapa, El Porvenir.

En torno a las actividades de este miércoles, está el retiro vía aérea del personal de la Comisión Federal de Electricidad; tres bases permanecerán en el poblado El Rodeo para operaciones militares disuasivas.

“El comandante de la séptima región militar, con dos agrupamientos, se trasladará vía terrestre al poblado de Motozintla, Chiapas, para retirar posibles bloqueos y garantizar el libre tránsito”, indicó.

El presidente mostró dos mapas de Chiapas, para ubicar el punto donde se han presentado estos conflictos entre grupos delincuenciales y al asegurar que no es un estado donde se presenten problemas de violencia, afirmó que es porque son poblaciones con antecedentes de valores.

“Vean los nombres (de las poblaciones). La gente humilde, trabajadora siempre tiene esperanza y le pone nombres así. Donde viven los ricos sus nombres es la Barranca del Diablo, las Lomas, el Pedregal, pero siempre la gente pobre tiene la esperanza, por eso van a Paraíso”, señaló.

Reconoció que la región fronteriza

es de las más pobres del país, “se conoce la pobreza de Los Altos de Chiapas y se conoce la pobreza de la Lacandona, en Chiapas, pero la pobreza que hay aquí parte el alma (…) Se presentó esto y me llamó mucho la atención, porque nadie se ocupa de esto”.

Volvió al tema de la campaña en contra de su gobierno: “La propaganda de nuestros adversarios, claro que tenemos que cuidar todo el país, pero afortunadamente no hay problemas mayores”.

En torno a si hay detenciones de quienes encabezaron el desfile, respondió: “Se está haciendo la investigación, hay bandas en esta región y acuérdense que hubo un secuestro de unos trabajadores de Chiapas, de custodios por esa zona, policías, y sí hay grupos que actúan, pero Chiapas, lo hemos visto aquí y se los voy a volver a recordar, es de los estados con menos violencia en el país”.

Avalancha de aspirantes en Puebla obliga a Morena a modificar convocatoria de inscripción

Gabriela Hernández

Puebla, Pue. (apro)

La dirigencia nacional de Morena decidió modificar la convocatoria ante la gran cantidad de registros de aspirantes a la coordinación estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Puebla

Debido a que la cifra de interesados ya suma 21, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo anunció que los consejos estatales aplazarán las sesiones que tenían previstas para el jueves 28 con el propósito de realizarlas el domingo 1 de octubre.

También se cambió el número de perfiles que se medirán en la encuesta para definir al coordinador y eventual candidato de Morena a la gubernatura.

La convocatoria había establecido que el Consejo Estatal propondría a dos hombres y a dos mujeres, mientras que el Consejo Nacional podría agregar a otro hombre y a una mujer, pero ahora Delgado señaló que el Consejo Nacional podría incluir hasta cuatro nombres, igual respetando la paridad.

En rueda de prensa, Mario Delgado detalló que los 21 aspirantes ya registrados, ocho mujeres y 13 hombres, participarán en la primera fase del proceso para tener un lugar en la siguiente etapa.

Indicó que para decidir quiénes

La convocatoria establecía que el Consejo Estatal propondría a dos hombres y a dos mujeres, y el Consejo Nacional podría agregar a otro hombre y a una mujer; ahora el Consejo Nacional podría incluir hasta cuatro nombres

Hombres armados incendiaron vehículos pesados con los que bloquearon diversos tramos de la Carretera Nacional, al sur de la entidad, en respuesta a operativos de la policía estatal Fuerza Civil que dejaron como saldo dos delincuentes abatidos y varios detenidos.

La acción de los delincuentes ocurre luego de que la mañana de este miércoles llegaron a Nuevo León unos 100 soldados que reforzarán las acciones preventivas en la entidad, tras el hallazgo, el martes, de los cuerpos de 12 personas mutiladas, cuyos restos fueron dejados en diversos puntos de la zona metropolitana.

La operación de los uniformados ocurrió hoy a las 16:00 horas en Doctor Arroyo, municipio rural ubicado a 340 kilómetros de la capital, en el extremo sur del estado, lo que habría desatado la respuesta violenta

pasan a la siguiente fase, la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) del partido mandará realizar una encuesta de reconocimiento de los perfiles que se inscribieron para definir cuáles son los más conocidos y con posibilidades reales de ganar los comicios.

El dirigente nacional de Morena reiteró que fue la gran cantidad de registros, que además ocurrió en otras entidades, la que llevó a hacer cambios en el proceso interno.

De todo en la larga fila de aspirantes En las últimas horas se ha hecho pública incluso la participación en el proceso interno de Antonio Gali López, hijo del exgobernador panista Antonio Gali Fayad, a propuesta del PVEM. El lunes, los primeros en inscribirse fueron el senador Alejandro Armenta; el diputado federal Ignacio Mier Velazco; la exalcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco; la viuda del fallecido Miguel Barbosa Huerta, Rosario Oroz-

co Caballero; y los exsecretarios estatales de Economía, Olivia Salomón; de Gobernación, Julio Huerta Gómez, y de Educación, Melitón Lozano.

Este martes 26 hicieron público su registro Rodrigo Abdala, delegado de la Secretaría del Bienestar; Lizeth Sánchez, secretaria estatal del Bienestar; David Méndez Márquez, exsecretario de Gobernación; Antonio Martínez García, extitular estatal de Salud, y la alcaldesa de San Martín Texmelucan, Norma Layón.

Queman camiones y bloquean carretera de NL tras enfrentamiento

de presuntos integrantes del crimen organizado. Además de los dos civiles muertos, se reportó uno más herido de gravedad y seis detenidos.

Un policía fue herido de bala, pero se encuentra estable.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraban un camión refresquero en llamas, atravesado en la vía que comunica Galeana y Linares, a la altura del Puente Santa Rosa, cerca del sitio de la balacera.

También hubo bloqueos de camionetas en los límites de Linares y Montemorelos, donde hombres armados despojaron de las unidades a los conductores, sin que fueran reportadas afectaciones personales.

En Hualahuises, 120 kilómetros al

sur de la capital, fueron incendiados coches que se colocaron como barricadas en la Carretera Nacional.

Se espera que en breve Fuerza Civil proporcione información oficial sobre estos bloqueos.

Luciano Campos Monterrey, NL (apro)

Encinas presenta informe de Ayotzinapa e implica a García Harfuch en la “verdad histórica”

De la Redacción Ciudad de México (apro)

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, al presentar el segundo informe de la Comisión Ayotzinapa, dijo que en el caso de la desaparición de los 43 normalistas, tienen 132 detenidos de las cuales 41 son integrantes de Guerreros Unidos, 71 son policías de distintas corporaciones.

Con la ausencia de los padres de los estudiantes desaparecidos y un día después de que los familiares de los normalistas conmemoraron el noveno aniversario de la desaparición con una marcha en la Ciudad de México en la que acusaron que la narrativa que les presentó el gobierno federal el pasado lunes es una “segunda verdad histórica”, Encinas dijo que “la verdad histórica” fue una construcción del gobierno federal a partir de “la junta de autoridades”, donde participó el expresidente Enrique Peña Nieto.

“Con toda claridad señalamos que la verdad histórica fue una construcción desde el gobierno federal para legitimar socialmente la verdad de los hechos” dijo el funcionario al presentar el Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) del Caso Ayotzinapa.

El funcionario federal fue cuestionado sobre si el nombre de Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México y aspirante de Morena a la jefatura de gobierno de la CDMX, aparece en los dos informes sobre el caso Ayotzinapa. Al respecto, dijo:

“Está tanto en el primero como en el segundo informe, en donde evidentemente no están los nombres completos. Sí aparece, ahorita que lo veas en el documento (...)”, afirmó el funcionario.

Sara Pantoja Ciudad de México (apro)

Tras el Segundo Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Omar García Harfuch, aspirante a la candidatura de Morena para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró: “nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa, ni en la construcción de la llamada Verdad Histórica”.

Así lo dijo, el exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de que esta mañana el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, confirmó que su nombre aparece en el primer y segundo informe de dicha Comisión. “Está tanto en el primero como en el segundo informe… Está, así de concreto”, contestó a los cuestionamientos de la prensa.

En un posicionamiento enviado a la prensa luego del Segundo informe, García Harfuch -quien lidera las en-

Encimas se negó a poner nuevamente la diapositiva de la presentación donde estaría mencionado el exsecretario:

“Es que si les paso la lámina la van a fotografiar. Está. Así de concreto”, zanjó.

En agosto de 2022, autoridades señalaron que García Harfuch ayudó a construir la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, junto con el exprocurador Jesús Murillo Karam. En ese entonces el morenista se desempeñaba como coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero.

Supuestamente, el exsecretario habría participado el 7 de octubre de 2014 en un cónclave donde se planeó la “verdad histórica” de Ayotzinapa, pero siempre lo ha negado.

Encinas insistió que la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos ubicada en Ayotzinapa, constituyó un crimen de Estado. “Existen elementos para presumir que se alteraron hechos, circunstancias para crear una conclusión ajena a la verdad, aseguró el funcionario.

Al hacer un recuento de lo realizado por el gobierno, Encinas informó que se detuvieron a 37 personas en el último año: dos elementos de la Procuraduría, 14 del Ejército, 8 policías estatales de Guerrero y 3 de Iguala; hay 51 órdenes de aprehensión pendientes.

“Hemos trabajado para procesar 498 restos encontrados entre 2014 y 2023, de este análisis de restos se ha logrado la identificación de 47 personas que han sido retornadas a sus familias; ninguno

corresponde a los 43”, dijo Encinas.

En cuanto a la reconstrucción de los hechos, indicó que se integraron 28 expedientes en la FGR, cinco documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), levantamiento de campo con sobrevivientes, el GIEI y testigos, así como distintos informes, recomendaciones de la CNDH, 14 testimonios y 84 mil comunicaciones telefónicas durante los hechos.

“No sé porque dicen que no se han llegado a los altos niveles, está detenido el exprocurador general de la República, está detenido el extitular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro, una exministerio federal que fue la que dio cuenta de manera simultánea de los hechos jurídicos, al mismo tiempo uno en Guerrero y otro en la Ciudad de México, que fue la base de crear la verdad histórica.

“Está el exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, el expresidente municipal de Iguala, la expresidenta del DIF en Iguala, 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional donde están los generales que son los excomandantes del 27 y 41 batallón de Infantería en Guerrero.

“Tenemos 132 personas detenidas por el Caso Ayotzinapa, de las cuales 41 son de Guerreros Unidos. También está detenido Jesús Murillo Karam; José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda”, argumentó.

Encinas señaló que queda pendiente la extradición de Tomás Zerón “El In-

nombrable” y otras dos personas. Pero acusó que el Poder Judicial le prohibió hablar de la participación que tuvo Tomás Zerón en el Caso Ayotzinapa, por un amparo que se le entregó.

Agregó:

“Y uno que había sido intocado que son los policías municipales de Huitzuco en donde tenemos 18 órdenes de aprehensión pendientes en Huitzuco. Y de las 51 pendientes esperemos que se cumplimenten 16 de grupos delictivos, 3 de funcionarios de gobierno, 6 elementos del Ejército, 4 de la policía estatal, 4 de la policía municipal de Iguala y los 18 de Huitzuco”.

Como parte de las investigaciones mencionó que en el Caso Ayotzinapa hay intervenciones de comunicaciones realizadas por la DEA. Informó que entrevistaron a 80 de los principales protagonistas y perpetradores de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de quienes la Sedena hacía un seguimiento, pues “todas las autoridades, de los tres niveles de gobierno, estaban puntualmente informadas de las actividades que desarrollan los estudiantes desde meses antes” .

Durante el informe, aseguró que se ha hecho “un esfuerzo por romper el pacto de silencio e integramos por lo menos 30 testigos que han venido colaborando de manera directa”.

Encinas aseguró que el grupo criminal Guerreros Unidos mantenía una cooptación de las autoridades y había un contubernio con las policías municipales de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco y Huitzuco, así como con la Policía Estatal y Federal.

Los estudiantes fueron entregados a Guerreros Unidos para su desaparición y ejecución, indicó Encinas al presentar el Segundo Informe de la Comisión del Caso Ayotzinapa.

cuestas entre los aspirantes de Morena y de la oposición para dirigir la CDMX- reiteró lo que dijo desde el 2022, cuando se difundió su participación en dos reuniones en Iguala, Guerrero, en octubre de 2014.

Según su versión, en ese entonces se desempeñaba como integrante en la División de Gendarmería de la Policía Federal “y no como Coordinador Estatal de Guerrero”.

En las reuniones en las que participó, dijo, “se establecieron las líneas de acción que se iban a seguir para buscar a los jóvenes en territorio, sin abordar temas de investigación”.

Lo anterior, agregó, se puede corroborar “con los documentos existentes, es decir, con las minutas que se levantaron por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en donde

se puede constatar que no tuve intervención alguna durante las reuniones”.

García Harfuch enfatizó que “nunca” tuvo la calidad de enlace operativo de la investigación ni algún otro encargo homólogo. “Simplemente participé, junto con otros servidores públicos federales, estatales y municipales, en acciones tendientes a recabar información acerca del paradero de los jóvenes estudiantes desaparecidos”, aclaró.

De acuerdo con su versión, “en toda la información que ha sido recabada y difundida por las autoridades, no hay ningún tipo de señalamiento que me relacione con la muy lamentable desaparición de los jóvenes normalistas”.

Entonces, aseguró “con claridad y firmeza: nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa, ni en la construcción de la

llamada Verdad Histórica”.

Por último, el recién afiliado a Morena y uno de los funcionarios más reconocidos por la entonces jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, mientras estuvo al frente de la SSC local, afirmó: “Reconozco a las instancias del Gobierno de México que siguen conduciendo los trabajos de investigación para encontrar la verdad sobre los jóvenes desaparecidos”

“Nunca participé en Ayotzinapa, ni en la construcción de la Verdad Histórica”: García Harfuch

Seis meses sin justicia para víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez

De la Redacción Ciudad de México (apro)

Aseis meses del trágico incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que fallecieron 40 migrantes, diversas organizaciones civiles denuncian que el Instituto Nacional de Migración (INM) no ha hecho efectiva la reparación integral del daño, a pesar de haber aceptado la Recomendación 111VG/2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Las asociaciones civiles Fundación para la Justicia, Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y Asylum Access México (AAMX) advierten, en un comunicado conjunto, que no dejaran de evidenciar los obstáculos que el Estado mexicano coloca en el camino de acceso a la justicia y reparación del daño para las familias de los 40 migrantes fallecidos y para las 15 mujeres y 27 hombres sobrevivientes.

“Por el contrario, la propuesta de reparación presentada la semana pasada por la defensa del titular del INM ante el juez, concernía únicamente al inmueble siniestrado, lo que muestra la falta de reconocimiento de los daños ocasionados a las víctimas y de su derecho a la reparación. La solicitud fue rechazada por el juez”, señalan en

El Instituto Nacional de Migración (INM) no ha hecho efectiva la reparación integral del daño y en cambio obstaculiza el acceso a la justicia y la reparación del daño a las familias, denuncian organizaciones civiles

Recomendación 111VG/2023 para que se haga efectiva la reparación integral del daño.

“El papel de la CEAV ha sido omiso en los procesos de reparación del daño de los sobrevivientes y a las familias de los 40 fallecidos, incluso no ha inscrito en el Registro Nacional de Víctimas a las 15 mujeres sobrevivientes”, señalan agrupaciones que siguen el caso.

Diana Lastiri Ciudad de México (apro)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer los amparos de Elektra contra el crédito fiscal de 25 mil millones de pesos que tiene pendientes desde hace más de diez años.

Con tres votos en contra, la Segunda Sala de la Corte rechazó la propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales de atraer los amparos de Elektra.

En consecuencia, los casos fueron enviados a un Tribunal Colegiado, que será el que resolverá los amparos.

Durante la sesión no estuvo presente el ministro Javier Laynez Potisek, por lo que los ministros que votaron en contra de la propuesta de Aguilar Morales fueron Alberto Pérez Dayán, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa.

Los litigios fueron mencionados el 22 de agosto por el procurador fiscal de la Federación, Arturo Medina, durante la conferencia matutina del

su comunicado.

La permanencia de Garduño en el INM, un obstáculo

Destacan que Francisco Garduño permanece en el cargo de comisionado del INM, “lo que compromete la efectividad e independencia de las investigaciones y la labor de defensa de los representantes de las víctimas”.

Asimismo, señalan que el INM ha puesto en riesgo a las familias de los migrantes fallecidos al hacer públicos los posibles montos de indemnización, los cuales no se han hecho efectivos, proceso que no corresponde a Migración, sino a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

“Nos alarma, ya que las autoridades no velaron por la salvaguarda de

las personas migrantes ni antes ni durante el incendio, y ahora, de forma posterior, ni siquiera cuidan sus declaraciones para no ponerlas en peligro”, señala Marcos Zavala, de la Fundación para la Justicia y abogado de ocho de los sobrevivientes.

También denuncian que el INM sigue oponiéndose a facilitar la reunificación familiar de los sobrevivientes del incendio, al negarse a traer a sus hijas e hijos, así como a sus hermanos o a sus madres.

No hay plan para cumplir la recomendación de la CNDH

Las agrupaciones agregan que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha presentado ningún plan ni dictamen para cumplir con lo ordenado por la CNDH en su

De la misma manera, mencionan que la Fiscalía General de la República se ha opuesto a que dos de las víctimas cuenten con asesoría jurídica particular.

Después de seis meses del incendio no ha sido fácil para la mayoría de las víctimas y sus familias hacer valer su decisión de nombrar a un asesor particular que haga efectivo sus derechos, tanto en la investigación del caso como en el proceso mismo.

Las asociaciones indican que, hasta el momento, ninguna masacre cometida contra la población migrante ha culminado con la reparación integral del daño a las víctimas, lo que pone en evidencia la falta de capacidad del Estado para dar respuesta y garantizar la reparación del daño en casos que involucran a víctimas procedentes de distintos países.

La SCJN rechaza atraer amparos de Elektra para evitar pagar 25 mil millones de pesos

presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que informó que el gobierno federal presentaría una queja contra Aguilar Morales por una supuesta actuación omisa en el caso de Elektra.

Esto, debido a que, según los dichos de Medina, el ministro llevaba ocho meses sin resolverlos.

Las declaraciones del procurador fiscal fueron emitidas un día después de que el ministro concedió una suspensión provisional contra la distribución de los libros de texto gratuitos en el estado de Coahuila.

El 6 de septiembre, Proceso informó que, en caso de atraer los amparos de Elektra, el ministro Aguilar Morales no sería el encargado de resolverlos.

El litigio derivó de las consecuencias fiscales de la desintegración del grupo de sociedades que conformaban Elektra, S. A. B. de C. V., en el año

2013, lo que se reflejó como pérdidas por la venta de acciones.

El SAT inició cuatro procedimientos de fiscalización sobre los ejercicios 2008, 2010, 2011 y 2013 en los que determinó que la empresa no tuvo tales pérdidas por la venta de acciones de Grupo Elektra.

Contra la decisión del SAT, la empresa de Ricardo Salinas Pliego

tramitó diversos juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que confirmó las resoluciones de Hacienda, por lo que fue condenada a pagar 25 mil millones de pesos.

En consecuencia, Grupo Elektra tramitó diversos juicios de amparo directo que posteriormente solicitó a la Corte fueran atraídos.

Luis Daniel Nava Chilpancingo, Gro. (apro)

Nueve años después, miles de estudiantes regresaron a Iguala para exigir justicia para tres compañeros asesinados y 43 desaparecidos por criminales y policías, con presencia del Ejército.

A casi una década de impunidad del crimen de lesa humanidad, en Iguala sólo han cambiado las apariencias y los colores de los partidos políticos en el gobierno: el crimen organizado sigue controlando la vida pública de la ciudad.

“Ahora está peor que en 2014, hoy en Iguala es una matanza”, dice un obrero que observa a distancia el mitin de estudiantes frente a la estela de Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, asesinados a balazos aquella noche del viernes 26 de septiembre.

Minutos antes, en un escenario con 33 grados de temperatura y frente a la ofrenda de Julio César Mondragón Fontes, asesinado con violencia extrema, tres mil alumnos de las Normales Rurales agrupadas en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México gritaron en referencia a la promesa de hacer justicia que el entonces candidato presidencial hizo entre lágrimas a los padres de las víctimas el 25 de mayo de 2018:

“¡AMLO decía que todo cambiaría; mentira, mentira, la misma porquería!”

A las 10 y media de la mañana, 33 autobuses salieron de la Normal Rural de Ayotzinapa en Tixtla para dirigirse a Iguala. La hilera de camiones ingresó al periférico de la ciudad y de inmediato motocicletas con sujetos desconocidos se les pegaron para seguir sus pasos.

La marcha se inició metros antes de la carretera nacional Iguala-Taxco, cerca del Instituto Tecnológico. La encabezaban los tripulants de una camioneta Datsun blanca de modelo antiguo cargada con un aparato de sonido.

Seguían las coronas para los tres estudiantes asesinados. Primero se dirigieron al pedestal de Julio César Mondragón, luego al de Daniel Solís y

Ayotzinapa mantiene vivo el normalismo rural y la demanda de esclarecer la desaparición de los 43

A casi una década de impunidad del crimen de lesa humanidad, en Iguala sólo han cambiado las apariencias y los colores de los partidos políticos en el gobierno: el crimen organizado sigue controlando la vida pública de la ciudad

ridad de esa noche desaparecieron. Su presidenta en ese momento, Lambertina Galeana Marín, hoy está en libertad; uno de los magistrados de la Tercera Sala, Raymundo Casarrubias Vázquez, hoy es presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Julio César Ramírez.

En ambos las representaciones de estudiantes realizaron un mitin y corearon consignas contra el expresidente Enrique Peña Nieto (PRI), contra el saliente Andrés Manuel López Obrador (Morena) y contra el Ejército, al que responsabilizaron del encubrimiento a los responsables de la desaparición forzada de sus compañeros.

“La Sedena tenía el control del C4 (Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo). El Ejército sabía que estaban siendo desaparecidos estudiantes y no movió ni un dedo, ni por uno de sus elementos que estaba infiltrado. Prefirió ocultar la verdad.”

“La postura del Presidente es que detrás de nuestro movimiento hay intereses políticos. Le contestamos que estamos sólo los estudiantes y que únicamente nos alberga la conciencia.

“No hay nada detrás, sólo la causa legítima de que haya castigo por este crimen de lesa humanidad.”

En sus discursos los estudiantes reivindicaron a las escuelas rurales para la formación de profesores en el país.

“Mientras haya pobreza, el normalismo seguirá vivo para transformar a las comunidades.”

Una de las principales mantas llevaba pintados los rostros del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, que se vio obligado a renunciar después del crimen, y de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de torturar a presuntos testigos.

Además, Jesús Murillo Karam, exprocurador y creador de la “verdad histórica”, así como Enrique Peña y Andrés Manuel López Obrador.

Llevaba las leyendas: “Gobierno farsante que reprimes a estudiantes” y “Me quitaron el rostro, pero hoy los que marchan son mi nueva cara”.

A las cuatro de la tarde, rumbo a Chilpancingo, los estudiantes se detuvieron en el edificio del Palacio de Justicia de Iguala, donde hace nueve años, según los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, un grupo de estudiantes fue obligado a subir a las patrullas de las policías municipales de Iguala y de Cocula.

Los videos de las cámaras de segu-

Al edificio recién remodelado le aventaron petardos y bombas molotov, lo pintaron y lo rayaron. Ingresaron por la parte trasera para hacer destrozos, mientras que en el frente lanzaron de reversa un tráiler que derribó una de sus bardas de concreto de seguridad. También intentaron incendiar el vehículo.

Los estudiantes se retiraron de Iguala a las cuatro y media de la tarde con rumbo a las instalaciones de la escuela de Ayotzinapa, a las afueras de Tixtla.

Más tarde medios locales reportaron que sujetos desconocidos prendieron fuego a las ofrendas florales.

Después de 2014 el municipio de Iguala fue gobernado por Morena, con Antonio Jaimes, y ahora por el PRI, con el alcalde David Gama.

Igual es la tercera ciudad de Guerrero con más homicidios dolosos en los últimos años, sólo por detrás de Chilpancingo y Acapulco. Sufre, en promedio, 150 crímenes por año.

También acá se registró el segundo asesinato relacionado al próximo proceso electoral de 2024. El 6 de agosto pasado, la aspirante a la presidencia municipal por Morena y prima de la gobernadora Evelyn Salgado, Zulma Carbajal, sufrió un atentado en el que resultó asesinado su esposo, Humberto del Valle Zúñiga.

El presidente del TEPJF analizará la demanda de Ebrard contra Morena

Gerardo Farell

Ciudad

de México (apro)

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, será el encargado de analizar la denuncia que presentó Marcelo Ebrard contra Morena por el proceso interno para elegir al candidato presidencial de cara al 2024.

En su denuncia, el excanciller reclamó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por no haber dado respuesta a su demanda de anular y repetir el proceso interno.

“Omisión atribuida a la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de emitir, en un plazo máximo de cinco días hábiles, el auto de admisión de la demanda promovida por el actor a fin de solicitar la nulidad y posterior reposición del proceso interno de elección del Coordinador de la Defensa de la Transformación del citado instituto político”, señalan los estrados del Tribunal.

Una vez que el magistrado Rodríguez Mondragón analice el caso, deberá elaborar un proyecto de resolución que será presentado ante el Pleno de la Sala Superior del TEPJF. No existe un plazo fijo para que esto ocurra, pero que en promedio el

trámite puede tardar 15 días hábiles. Luego de la designación de Claudia Sheinbaum como candidata presidencial de Morena para el proceso

electoral de 2024, Ebrard expresó su descontento, pues antes de la conclusión del mismo, el excanciller advirtió diversas irregularidades.

Historia sobre la despenalización del aborto en México, rumbo al #28S

Diana Hernández Gómez Ciudad de México. (Cimacnoticias)

Como cada año, este 28 de septiembre conmemoramos el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe. En las últimas décadas, México ha tenido varios avances al respecto: las mujeres del país contamos con la protección de un dictamen que impide que el aborto sea castigado en cualquiera de las 32 entidades de la República. Además, doce de estos territorios han reformado sus códigos penales para legalizar esta práctica médica y establecer los lineamientos necesarios según los cuales las mujeres pueden interrumpir su embarazo con apoyo del personal de salud pública.

Las 12 las entidades federativas en México que despenalizan la interrupción del embarazo: Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Hidalgo (2021), Veracruz (2021), Coahuila (2021), Baja California (2021), Colima (2021), Sinaloa (2022), Guerrero (2022), Baja California Sur (2022), Quintana Roo (2022) y ahora Aguascalientes (2023).

De cara al 28S vale la pena recordar que, pese a estos avances, todavía son 23 los estados donde las mujeres no pueden acceder a un aborto seguro, lo que pone en riesgo su salud pero también su protección jurídica. Y es que, pese al dictamen que despenaliza el aborto, aún hay casos en estados como Michoacán o Guanajuato donde se siguen reportando encarcelamientos contra mujeres por haber abortado.

Además, ha habido recortes en el presupuesto destinado a la salud materna, sexual y reproductiva de las mujeres, lo que ha impactado en los programas de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en los estados donde ya hay regulaciones al respecto. Nuevamente, esto pone en riesgo la salud de quienes —por lo menos en el discurso— tienen derecho a realizarse un aborto.

Pero no dejemos decaer los ánimos. El 28S es también una buena oportunidad para recordar la lucha que, con todo y sus bemoles, nos ha puesto en el lugar donde estamos en el tema del aborto.

Los inicios de la discusión del aborto en México

De acuerdo con la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Olga Islas de González Mariscal, el aborto ya estaba penalizado en México desde el siglo XIX. El Código Penal para el Distrito y Territorios Federales vigente en el país entre 1871 y 1924 penaba la interrupción del embarazo en cualquier momento del mismo, excepto cuando existía riesgo de muerte para

la mujer o, en todo caso, ella quedaba libre de culpa cuando alguien más le practicara un aborto sin su consentimiento.

No fue sino hasta el siglo siguiente, en la década de 1910, cuando esto empezó a ponerse en cuestión de la mano de un naciente movimiento feminista, el cual comenzó a abogar por la libertad sexual de las mujeres y la anticoncepción, entre otros temas que se cristalizaron en figuras como la de Elvia Carrillo Puerto y Hermila Galindo. Pero la legalización del aborto comenzó a tener un impulso importante hasta 1931, cuando la psiquiatra Matilde Rodríguez Cabo comenzó a hablar del aborto por motivos socioeconómicos de las mujeres embarazadas.

Rodríguez Cabo también propuso que la interrupción del embarazo fuera despenalizada si se realizaba durante el primer trimestre y con la asistencia de personal médico capacitado. Además, propuso que esta medida estuviera acompañada por el acceso a métodos anticonceptivos para mujeres de bajos niveles socioeconómicos, así como por campañas de información sobre los posibles daños que podía generar el aborto en el cuerpo de la mujer.

Cinco años después, en 1946, la abogada cubana radicada en México Ofelia Domínguez Navarro retomó la discusión frente a la Convención de Unificación del Código Penal. Sin embargo, ni este discurso ni el de Matilde Rodríguez encontraron eco a nivel nacional. Tampoco fue suficiente el hecho de que en 1935 se fundara el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, el cual pugnaba por los derechos civiles y electorales de las mexicanas.

La gran diferencia durante la primera mitad del siglo XX la marcó el estado de Yucatán, que en 1938 modificó su código penal para agregar dos causas más por las que el aborto no podía ser castigado en el estado: la malformación del producto y las dificultades económicas de la familia para mantener al hijo o hija producto del embarazo. Fuera de eso, tuvieron que pasar poco más de 30 años para que en la década de los 70 se retomara el debate sobre la legalización de la

interrupción del embarazo.

La antesala de las grandes reformas

Entre 1970 y la llegada de nuestro milenio, el debate sobre el aborto en México comenzó a resonar en más lugares. En los 70, organizaciones como el Comité Nacional de Mortalidad Materna y el grupo socialista Mujeres en Acción Solidaria comenzaron a hablar sobre maternidad voluntaria, aborto legal y acceso a anticonceptivos.

En 1976 se realiza la Primera Jornada Nacional sobre Aborto y la Coalición de Mujeres Feministas (CMF) presenta una propuesta legislativa que, no obstante, fue ignorada por la Cámara de Diputados. Sin embargo hubo un avance importante: la creación del Grupo Interdisciplinario para el Estudio del Aborto en México, el cual llegó a la conclusión de que la interrupción del embarazo debía despenalizarse y México tenía que cambiar su normatividad al respecto (un consejo que tampoco fue acatado por el gobierno).

Tres años más adelante, en 1979, la CMF y el recién fundado Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres presentaron otra propuesta legislativa junto con el Partido Comunista Mexicano, su primer aliado dentro del Congreso. Pese a esto, el final de la década se acercaba sin avances relevantes en el tema. Como consecuencia de ello, las organizaciones feministas comienzan a desanimarse.

Hasta 1991 y 1992 volvió a haber movimiento con la fundación del Frente Nacional por la Maternidad Voluntaria y la Despenalización del Aborto y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) respectivamente. Y unos años después, con el inicio del nuevo milenio, el tema del aborto regresó con fuerza para marcar la pauta de las futuras despenalizaciones en diversas entidades de la República Mexicana.

El caso Paulina y la Ley Robles: parteaguas para la ILE en México

En 1999, la adolescente de 13 años Paulina del Carmen Ramí -

rez Jacinto —originaria de Baja California— presentó un embarazo luego de que un desconocido entrara a su hogar para abusar sexualmente de ella. Aunque en su estado podía solicitar el aborto de manera legal, las autoridades (junto con la iglesia) hicieron de todo para detenerla… y lo consiguieron.

Paulina tuvo a su bebé en el 2000 y dos años después, en 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó su caso para luego determinar que el Estado mexicano había violado las garantías de la adolescente.

Antes de eso, también en el 2000, Rosario Robles Berlanga (quien en ese entonces era jefa de gobierno interina de la Ciudad de México) publica la llamada Ley Robles, la cual amplió las razones por las que no podía penalizarse el aborto en el entonces Distrito Federal.

Rosario Robles y su Ley Robles forman parte de la historia de la legalización del aborto en la Ciudad de México. Fotografía: Wikimedia Commons.

Así, el código penal de la entidad estableció que la interrupción del embarazo no podía castigarse en casos de violación, por acciones imprudenciales de la mujer, cuando la salud de la madre estuviera en riesgo sin que hubiera peligro de muerte, por malformaciones en el producto o cuando el embarazo fuera consecuencia de una inseminación artificial no consentida. Además de esto, con la Ley Robles se estableció de manera clara cómo debían actuar las autoridades de salud y de justicia cuando una mujer solicitara el aborto por casos de violación.

Siete años después, en 2007, la Ciudad de México se convertiría en la primera entidad de México en despenalizar el aborto. Después de eso, la discusión siguió multiplicándose en diferentes estados hasta llegar a las nueve entidades donde las mujeres ya pueden recurrir a la ILE. Y entre una y otra legislación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un dictamen que despenalizó el aborto en todo el país en 2021.

En este recuento hay muchas historias y personajas que omitimos pero que respaldan la decisión de cada una mujer que decide abortar en México. El camino que falta puede parecer mucho y muy cansado, pero mientras la organización persista, el lema seguirá siendo el mismo: «Educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir«. Por un México feminista, alcemos la voz este 28S.

T-MEC, UNESCO Y GATT: LA INCIERTA DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL MEXICANO

Jorge Sánchez Cordero

La historia es conocida: Las escasas disposiciones en materia de salvaguarda del patrimonio cultural tanto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se deben a la iniciativa de este último país; la guarda y custodia de la cultura mexicana jamás estuvo en la agenda de los negociadores nacionales.

El contraste es ignominioso, toda vez que la interacción entre los representantes de las comunidades indígenas canadienses (llamadas First Nations) con su gobierno fue permanente durante las negociaciones del TLCAN y del T-MEC en lo que respecta a los asuntos más relevantes.

Las First Nations agrupan a más de 900 mil indígenas; se encuentran congregadas en una Asamblea (AFN por sus siglas en inglés) con órganos de gobierno muy bien definidos, entre los que sobresale el Consejo de Ancianos. En un comunicado de febrero de 2020 dirigido a la Cámara de los Comunes canadiense (Resolución 37/2019 de la AFN), esa organización hace un recuento crítico de la participación obligatoria de las First Nations en las negociaciones comerciales y subraya la exigencia de que se incluya un capítulo relativo a ellas en toda negociación que Canadá proyecte; exigencia que ha sido puntualmente honrada por el gobierno de ese país.

Comunidades indígenas canadienses. Participación activa. Foto: The Canadian Encyclopedia.

En cambio, los negociadores comerciales de México no solamente ignoraron a nuestras comunidades indígenas, sino que soslayaron la importancia de toda la industria artesanal mexicana. Por tal motivo, los productos elaborados en telares artesanales, las mercancías hechas a mano con estos tejidos y las creaciones tradicionales e indígenas quedan sujetas a eventuales negociaciones comerciales posteriores (Art. 6.2).

La salvaguarda del patrimonio cultural mexicano en el T.MEC está acotado al de las comunidades indígenas y regido por una presunción que permite a México adoptar o mantener medidas que considere necesarias para cumplir con sus obligaciones con los pueblos indígenas, si y sólo si no se utilicen como medio de discriminación arbitraria o injustificada contra Canadá o Estados Unidos, o como una restricción encubierta al comercio de mercancías, servicios o inversiones (Art. 32.5).

En este ámbito Canadá propugnó y obtuvo la custodia de sus industrias audiovisuales; tema de gran sensibilidad en ese país pues éstas son la osamenta de la excepción cultural impulsada inicialmente por André

Malraux y retomada después por la provincia de Quebec, consistente en considerar que la creación cultural no es una mercancía como cualquier otra, sino una que tiene su propio canon y que, por tanto, debe sustraerse del libre mercado (Art. 32.6).

La arquitectura legal

El marco legal de referencia para la interpretación del T-MEC son las reglas consuetudinarias del derecho internacional público (Art. 31.13.4); a ello habría que agregar las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT 94) y demás reglamentos aprobados en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC), los cuales, en su versiones más ortodoxas y claudicantes, permean todo el texto del T-MEC (Art.1.4).

Debe tenerse presente que el órgano de apelaciones de la OMC, cuyas funciones son arbitrales, ha sido recurrentemente reacio a ponderar cualquier razonamiento cultural en sus laudos; más aún, reiteradamente desecha cualquier disposición de instrumentos internacionales que no provenga de la propia OMC, como son las Convenciones de la Unesco. En esta perspectiva puede concluirse que se trata de dos órdenes jurídicos internacionales excluyentes, con serias repercusiones en el ámbito interno mexicano.

Por consiguiente, es previsible que los paneles de arbitraje del T-MEC se apeguen a estos criterios interpretativos, salvo en precedentes muy señalados como el “Glamis Gold v. United States of America”. En lo concerniente a este laudo, que se constituyó en un hito en materia cultural, el panel de arbitraje del antiguo TLCAN resolvió en contra de esa compañía canadiense por intentar explotar una mina de oro en el territorio sagrado de la comunidad indígena yuma (denominada “quechan” en inglés), al sur de California.

El derecho cultural

El orden jurídico internacional en materia de bienes culturales está presidido por la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales (Unesco 70).

Esta Convención define a los bie-

nes culturales como los objetos que, por razones religiosas o profanas, hayan sido expresamente catalogados por cada nación como de importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia y que pertenezcan a las categorías que la propia Convención enuncia, las cuales son determinantes.

Los fundamentos de Unesco 70 constan de tres premisas básicas: la prevención, relativa a la introducción de la fórmula binaria “certificados de exportación/importación”; la restitución a los países de origen de bienes culturales provenientes de la expoliación, y la solidaridad internacional, que es indispensable cuando un patrimonio arqueológico o etnográfico se encuentre en riesgo.

Los Estados parte, empero, pueden suscribir tratados internacionales bilaterales paralelos, como es el caso del concerniente a la cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América en cuanto a la recuperación y devolución de bienes arqueológicos, históricos y culturales robados (el tratado).

La aporía cultural mexicana

GATT 94 es riguroso en lo que atañe al libre comercio de mercancías, de tal manera que únicamente las expresamente reservadas se encuentran fuera de su ámbito. No obstante, para ello prevé una serie de excepciones a la libre circulación de bienes, como las relativas a la protección de los tesoros nacionales de valor artístico, histórico o arqueológico (Art. XX inciso f).

En principio pudiera argüirse que la definición de “tesoros nacionales” del GATT 94 coincide con la de Unesco 70, pero no es así. Unesco 70 delega en los Estados parte la determinación de la culturalidad de los bienes que, en criterio de aquellos, tendrían que ser objeto de salvaguarda pero que se encuentran sujetos a la limitación de las categorías expresamente señalada por la misma Unesco 70. Es el Estado, en ejercicio de su soberanía, al que le asiste este privilegio, lo que entraña, pues, un elemento subjetivo.

El GATT, por su parte, introduce un criterio objetivo y, por consiguiente, no requiere de una declaración explícita de culturalidad por parte de un Estado. La diferencia puede ser explicable si se atiende a los antecedentes del GATT 94. Este Acuerdo, que

remplazó en alguna forma al GATT 47, reprodujo en forma categórica la disposición en materia de tesoros nacionales (Art. XX inciso f).

La precisión obliga: Cuando se confeccionó el GATT 47 la concepción que sus redactores tenían acerca de los tesoros nacionales era mucho más generosa que la que se consignó en Unesco 70. Para ello debe tenerse presente la presunción --reproducida tanto en GATT 47 como en GATT 94- de que la salvaguarda de los tesoros nacionales es procedente si y sólo si no se aplica como un medio de discriminación arbitrario e injustificable entre los países o como una restricción comercial encubierta al comercio internacional. Puede fácilmente constatarse que esta presunción se reproduce verbatim en el T-MEC.

La fórmula de “tesoros nacionales” de GATT 94 (y de su antecedente GATT 47) se extiende a toda expresión incluida en el patrimonio cultural intangible. Sin embargo, resulta restrictiva en lo que respecta a bienes científicos o a todos aquellos que no acrediten un valor objetivo, a diferencia de Unesco 70, cuya fórmula se amplía, como quedó expuesto, a los bienes culturales determinados por un Estado en los ámbitos de la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia, conforme a las categorías que la misma convención establece.

Epílogo

En controversias alusivas al patrimonio cultural de las cuales conozca el órgano de apelaciones de la OMC y, por consiguiente, el panel de arbitraje del T-MEC, la invocación de Unesco 70 carecería de eficiencia si se atiende a los criterios interpretativos de estos órganos de apelaciones.

Las incertidumbres son más que evidentes cuando se trata de la solución de controversias en materia de bienes culturales. El efecto inercial de los criterios de interpretación hace impredecible que los paneles de arbitraje del T-MEC funden y motiven sus laudos conforme a Unesco 70, aun cuando los tres países sean Estados parte de esta Convención. El puntal de la arquitectura jurídica del T-MEC es GATT 94; y, finalmente, sería la recurrencia a la noción de tesoros nacionales la que debería de prevalecer.

Resta discutir aún el efecto que lo anterior tendría entre México y los Estados Unidos conforme al tratado bilateral de restitución de bienes culturales arqueológicos, históricos y artísticos, y la consecuente aplicación de los principios “lex posterior derogat priori” o “lex specialis derogat generali”.

La arquitectura legal tanto del GATT 47, GATT 94 y del T-MEC fue confeccionada al margen de los negociadores comerciales mexicanos.

LA OPORTUNIDAD PERDIDA DE LA IGLESIA

Javier Sicilia

En 1969, John Lennon creó una canción icónica: Give peace a change (“Démosle una oportunidad a la paz”). Lo asesinarían en 1980. Casi 60 años después de creada y de 43 de su muerte, la canción sigue interpelándonos con la misma vigencia de entonces: dejemos a un lado nuestras diferencias y démosle “una oportunidad a la paz”.

La palabra es importante. Significa “encontrar el viento que lleva a puerto”. Con ese espíritu –después de diez meses de oraciones, diálogos y foros de escucha promovidos por la Iglesia católica– se llevó a cabo el Diálogo Nacional por la Paz los días 21 al 23 de septiembre en la Universidad Iberoamericana de Puebla.

La participación fue nutrida; algunas de las propuestas importantes. No lo fue menos la esperanza de que de todo aquel diálogo saliera un documento fundamental para construir la verdad, la justicia y la paz. No fue así, por desgracia: los documentos de cierre –“Acuerdo ciudadano por la Paz en México” y “14 acciones para iniciar el camino de paz”–terminaron en un conjunto de bonitas intenciones tan banales como vagas. El viento esperado de Give peace a change concluyó en el sensiblero entusiasmo de “Viva la gente”, We are the Word y los inanes contenidos de las cancioncitas de la liturgia dominical y la moralina católica.

Creer que la descomunal violencia que padecemos y que día con día aumenta su virulencia y su crueldad, que la capacidad de

fuego de los grupos criminales, sus estructuras organizativas (los cárteles son, según la revista Science, el quinto productor de empleos del país), su pedagogía de la deshumanización y la crueldad, su penetración en las estructuras del Estado, de los partidos, las empresas, las iglesias; creer que el sufrimiento de las madres buscadoras, los más de cien mil desaparecidos, el más de medio millón de víctimas; creer que los degüellos, los desmembramientos, las extorsione, el 98% de impunidad en los aparatos justicia se resolverán impulsando “la empatía y la solidaridad”, generando “espacios de diálogo interinstitucional y mediaciones para la resolución positiva de conflictos”, promoviendo “procesos de sanación familiar…”, etcétera, es tan estúpido y criminal como creer que se resolverá con “balazos”, abrazos o programitas sociales al estilo de la 4T.

Rodada de sicarios en Chiapas. Foto: Especial Cuando la Iglesia puede reducir la marea de fuego del Evangelio a un conjunto de imprecisas prácticas domésticas, que los mejores de entre nosotros no han dejado de ejercer desde hace años, no sólo la esperanza está perdida, sino que la Iglesia se ha convertido en una especie de coaching social. Habría entonces que enmendarle la página a Marx y afirmar que la religión es el fentanilo del pueblo, y la Iglesia, como afirmaba Nietzsche, “la losa que impide a Cristo resucitar”.

Lo que el país necesita por en -

cima de todo ese catálogo de bonitas intenciones, es transitar de un Estado y un país capturados por el crimen a uno de derecho que jamás hemos conocido. Eso implica –lo hemos repetido hasta la náusea– una unidad nacional para la construcción de comisiones de verdad independientes del Estado y con apoyo de la comunidad internacional, que puedan iluminar las redes de complicidad que nos han llevado hasta aquí y amenazan con hacer más hondo el infierno; otra de justicia, independiente y con apoyo también de la comunidad internacional que permita, a la luz de la verdad, no sólo juzgar a los máximos responsables de la tragedia –presidentes, gobernadores, capos, empresarios, representantes de iglesias–, sino tener los diagnósticos necesarios para descapturar y reformar las instituciones del Estado y crear mecanismos expeditos y claros de reparación. Porque una verdad sin justicia, dice Sergio Beltrán, es mentira, una justicia sin reparación es impunidad, y sin garantías de no repetición, olvido.

Sin una ruta de esa naturaleza, tan compleja y profunda como la violencia que nos azota, las propuestas del Diálogo Nacional por la Paz se vuelven cómplice de ello. Cuando el Estado, lejos de cumplir con su vocación fundamental de dar seguridad, justicia y paz a la gente, se volvió parte de la lógica criminal, la comunidad humana está a merced de fuerzas que la rebasan.

La Iglesia tuvo diez meses para darse la oportunidad de revertirlo

y no lo hizo. Parece –parafraseo a Charles Moeller– haber olvidado que el estricto deber de la sociedad temporal es construir una ciudad donde el hombre no esté constantemente confrontado con la roca abrupta de la esperanza teologal. Es inhumano en el orden de la violencia extraordinaria que vivimos pedirle a la gente un heroísmo cotidiano arropado de buenas intenciones, como lo hace la Iglesia.

Caso Ayotzinapa. Sin verdad ni justicia. Foto: Miguel Dimayuga La ciudad terrestre debe ser la imagen de la esperanza divina, una especie de participación de su bondad en el tiempo. El gran crimen del Estado y sus partidocracias, su crimen satánico, es haber hecho de México un sitio en el que desde hace más de 15 años las víctimas debemos sostenernos con el abrupto acantilado de una esperanza teologal, porque la ciudad de los hombres, a través del Estado, no nos otorga una esperanza humana de justicia y paz. Esa es la gran victoria del demonio, y la Iglesia, ausente de un verdadero y radical compromiso evangélico, se ha puesto de su lado.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los Le Barón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.

Uno de los signos lacerantes de la marginación y la pobreza es la desnutrición. En la actualidad, el gobierno chiapaneco libra una lucha para poner fin a ese doloroso hecho que ha marcado a generaciones durante décadas.

Para alcanzar ese objetivo, la inversión es cuantiosa y se han destinado casi cuatro mil millones de pesos en los últimos cinco años.

Ante los índices de desnutrición, el objetivo es mejorar la alimentación de la niñez y las familias.

Desde el inicio del sexenio quedó plasmado en el Plan de Gobierno que mejorar la calidad de la nutrición de la gente más vulnerable era una de las principales metas a lograr.

Y se está logrando.

Desde hace años se intenta mejorar la alimentación de la gente pobre mediante una serie de programas sociales que arrancó en el país en 1960.

Es decir, más 63 años, sin lograr verdaderamente algunos buenos

EL DIVÁN

Sergio Stahl

Combate a la desnutrición en Chiapas

blación más sana.

A la pobreza en Chiapas se le combate desde todos los frentes: con de los paquetes de animales de traspatio y hortalizas en las localidades marginadas, además de los desayunos escolares y el programa de comidas denominado “barriguita llena corazón contento de regreso a casa”.

Ante los altos índices que pobreza que aún subsisten, la cruzada contra la desnutrición y el hambre que se ha implementado en Chiapas está rindiendo frutos.

Los programas de beneficio social en favor de la alimentación de la niñez y las familias en situaciones de pobreza, año con año se amplian.

resultados. Sin embargo, las cosas comienzan a cambiar. Hoy día, se entrega a las madres de familia los programas de la alimentación para sus hijos en cada

una de las comunidades más marginadas de la entidad.

Se trata de desterrar así la intermediación de líderes, políticos y funcionarios corruptos.

Eso ha permitido tener una po-

Tan solo en lo que va del sexenio la inversión en ese rubro rebasa los 540 millones de pesos y se han beneficiado a casi medio millón de chiapanecos.

Aun así se sigue laborando en ese objetivo como desde el primer día del sexenio.

En fin.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024: ENDEUDARNOS

¿PARA QUÉ?

La incongruencia de un gobierno que sigue afirmando “primero los pobres” y mantiene prioridades de política pública que poco tienen que ver con el discurso del “bienestar” y la “justicia social” se comprueba una vez más, por desgracia, en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de las Federación 2024 (PPEF) que el congreso habrá de revisar y debería modificar en las próximas semanas.

Este proyecto, en efecto, reincide en disminuciones y aumentos ridículos a instancias encargadas de garantizar el derecho humano de todas las personas a la salud y a la cultura, entre otras, y el derecho de las mujeres a una vida sin violencia y en igualdad, instancias que por tanto no podrán cumplir su cometido.

En contraste, como ha sucedido desde 2019, se comen gran parte del presupuesto de egresos el proyecto militarista, cada día más evidente y voraz, y el proyecto populista-electoral, basado en subsidios individuales directos (pensiones y becas). Si tomamos en cuenta que, de mantenerse este PPEF2024, aumentará el déficit fiscal y la deuda pública alcanzará el 48.8 por ciento del PIB, según datos de Fundar, debemos preguntarnos y preguntarle al Congreso para qué nos vamos a seguir endeudando?

¿Se justifica este déficit con tal de no hacer una reforma fiscal que grave a los más ricos o que regule los beneficios fiscales a las grandes empresas, como sugiere Fundar en su reciente

Lucía Melgar Palacios

lencia, todos con menos de 500 millones de pesos

-0.3 al programa de apoyo a hijos/ as de madres trabajadoras

-3.4 por ciento a salud materna en este anexo

análisis del PPEF2024? ¿Se justifica seguir gastando cientos de miles de millones de pesos en militarizar al país y seguir empoderando a las fuerzas armadas, en imponer proyectos necolocoloniales como el Tren Anti-Maya y el corredor transístmico, en mantener el pozo sin fondo de PEMEX?

En contraste, no hay suficiente dinero para fortalecer el sistema de salud – minado además por una pésima administración-, ni para prevenir y sancionar la violencia o investigar las desapariciones aun cuando se agudizan los daños de la violencia machista que no da tregua, se multiplican las personas desaparecidas. Tampoco hay dinero, dicen, para garantizar el derecho a la cultura, al grado que se recortan los recursos para bibliotecas y la promoción del cine, cuando en estas épocas obscuras el acceso a la cultura es fundamental.

Como plantea Fundar, “Sin recursos no hay derechos” ¿Cómo va a mejorar el sector salud en general si solo recibe el 2.8 por ciento del PIB en vez del 6 por ciento que recomienda la Organización Mundial de la Salud

(OMS) y si persisten los malos manejos y la opacidad en el uso de recursos? ¿Qué derecho a la salud pueden ejercer los millones de personas sin seguridad social, atrapadas entre el caos de la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y la construcción desordenada del IMSS-Bienestar, cuando no se asignan recursos suficientes a las instancias que deben atenderlas?

¿Cuándo pondrá un alto el Congreso “de la paridad” a la manipulación del Anexo 13, donde deben concentrarse los presupuestos etiquetados para programas que promuevan la igualdad de género? Como ya es costumbre, la mayoría de los recursos del Anexo (ahora el 89 por ciento) se concentran en programas sociales prioritarios para el gobierno, sin perspectiva de género ni impacto alguno en las desigualdades de género.

En cambio, de nuevo se reducen los fondos o se otorgan aumentos ridículos a programas que sí benefician a mujeres y niñas:

+0.24 por ciento al PROIGUALDAD

0.02 por ciento a Refugios

1.4 por ciento a prevención de vio-

Recordemos además que ni las guarderías ni las estancias de tiempo completo forman ya parte de la agenda gubernamental. Se incluye “La escuela es nuestra” que nada tiene que ver con la igualdad de género puesto que corresponde a la obligación gubernamental de mantener las escuelas (y utópicamente, mejorarlas).

A la negación de derechos fundamentales como el derecho a la salud y a la igualdad, se añade el desdén gubernamental por la crisis humanitaria que significan las más de cien mil desapariciones y la falta de compromiso del gobierno con la búsqueda y la protección de buscadoras y defensoras, también patente en la falta de presupuesto, como señala Fundar.

Además de cumplir con una obligación, si el Estado otorgara suficientes recursos financieros y humanos para estos fines, contribuiría a reparar el daño a miles de familias y cientos de colectivas de buscadoras.

Además de otros derechos minados u obstaculizados, como el derecho a una educación de calidad que se ha deteriorado con base en la improvisación y arbitrariedad, hay que subrayar por último el desmantelamiento del sistema cultural a manos de una administración que privilegia caprichos o financia proyectos a modo en vez de planear a largo plazo.

ANÁLISIS A FONDO: LOS PADRES NO CREEN, PERO EL GOBIERNO DE AMLO SIGUE INVESTIGANDO AYOTZINAPA

Francisco Gómez Maza

• Presenta Encinas Segundo Informe de la Comisión del Caso

• En los archivos militares ya no hay nada además de lo ya conocido

Alejandro Encinas presentó, este miércoles 27 de septiembre, el Segundo Informe de la Comisión del Caso Ayotzinapa, que aún no satisface el hambre de verdad de los padres y madres de los 43 jovencitos estudiantes normalistas, desaparecidos, una noche como la del 26 de septiembre de 2014 y que, pasados nueve años, aún se desconoce qué destino tuvieron. Obviamente, los padres y madres lo que menos aceptan es que sus hijos hayan sido asesinados. Algunos creen que su hijo aún está vivo en cualquier mazmorra de la delincuencia organizada.

A estas alturas de la vida, pasados los años, los padres y madres de los 43 no creen en nada ni en nadie, ni en las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador y están seguros de que las autoridades de las fuerzas armadas, particularmente del ejército mexicano, ocultan la verdad respecto del destino que tuvieron los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos, una entidad educativa para hijos de campesinos y que las autoridades de los gobiernos neoliberales siempre habían querido desaparecer, junto con el resto de escuelas normalistas establecidas en otros estados de la república, en

virtud de que, según ellos, son centros de adoctrinamiento socialista y comunista en donde se forman futuros activistas de izquierda y de donde salieron los integrantes de los movimientos guerrilleros que dirigieron, en la década de los 70, los profesores Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas. Alejandro Encinas Rodríguez, encargado de la Comisión del Caso Ayotzinapa, informó, durante la conferencia de prensa, de todo lo que la comisión ha realizado en su segundo año de búsqueda de los estudiantes normalistas, lamentando que aún no se haya llegado al fondo del asunto, no obstante que se han investigado a funcionarios gubernamentales, policiacos y militares, relacionados con los hechos. Sin embargo, Encinas Rodríguez manifestó su esperanza de que, antes de que termine el gobierno del presidente López Obrador, se tenga una pista concreta del destino de los 43. Sea que hayan sido asesinados y su cuerpo incinerado por los asesinos, o se encuentren vivos.

La conferencia de prensa en la que Encinas respondió interrogantes de reporteros que cubren las actividades de la Comisión, sirvió para que los padres y madres de los 43 escucharan todo lo que la Comisión ha realizado para

conocer el destino de los estudiantes, para asegurar que el actual gobierno lopezobradorista no los está engañando; que el segundo informe de la comisión fue elaborado con información verídica constatada por la Comisión y por el propio Encinas Rodríguez. Y ante la desconfianza e incredulidad de los padres respecto al papel jugado por elementos del Ejército en el sentido de que los jefes militares estarían ocultando información sustancial que involucraría a altos mandos, Encinas Rodríguez manifestó su seguridad de que las autoridades militares no disponen de más información de la que han proporcionado a la Comisión. Precisó que ésta hurgó en los archivos militares. Difícil seguirá siendo el esfuerzo de la Comisión del Caso Ayotzinapa y del propio gobierno del presidente López Obrador convencer a los padres de familia de la verdad que hay detrás de la ausencia de los 43 estudiantes. Será muy difícil que AMLO convenza a los papás de que el Ejército ya no dispone de más información del caso. Sin embargo, la Comisión del Caso Ayotzinapa continuará con su tarea de investigar, e investigar qué fue lo que ocurrió con la vida de los estudiantes de Ayotzinapa.

HOJAS LIBRES

Impacto/Diario Contrapoder

Roberto Domínguez Cortés

• El destructor de las instituciones republicanas

Cuando Andrés Manuel López Obrador era oposición, todos sus discursos se centraban alrededor del respeto a la democracia y el combate a la corrupción. Así lo expresa mi extinto amigo Jaime Avilés en su libro “AMLO: vida privada de un hombre público”. De ahí derivó su falaz discurso: “No mentir, no robar, y no traicionar”. Traicionó sus ideales, terminó de mentiroso y finalmente traidor.

Su mayor traición a la vida nacional comenzó al tratar de apoderarse de los mayores símbolos de la democracia representativa: el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación.

Sus reformas constitucionales para “fortalecer la democracia” llevaban la impronta de adueñarse del control de la elección presidencial del 2024, de las nueve elecciones para gobernador, las 128 senadurías y las 500 diputaciones federales. Casi nada quería el autócrata de Palacio Nacional: el control absoluto de la República.

Sólo que no pudo avasallar la dignidad y el decoro de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la Constitución como emblema y la razón que da el derecho, el Supremo Tribunal Constitucional le derogó por anticipado, todos sus intentos anticonstitucionales de apropiarse de los mayores símbolos democráticos propiedad del pueblo de México.

Esa osadía de la Corte Suprema tuvo consecuencias. En su deformada personalidad, Andrés Manuel no lo entendió como un acto de respeto a las instituciones autónomas republicanas. Acostumbrado a imponer su voluntad entre los lacayos de la cuarta regresión (Santa Anna, Porfirio Díaz, Victoriano Huerta), una y otras resoluciones constitucionales de la Suprema Corte las calificó como afrentas y agravios a pesar de estar dentro del marco del Derecho.

Primero ofendió a la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández y al presidente de la Cámara de Diputados Santiago Creel.

En la conmemoración del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, minimizó su presencia al mandarlos a una posición lejana dentro de la mesa de honor.

En sustitución de los flancos izquierdo y derecho que correspondía a los otros dos Poderes -Norma Lucía Piña y Santiago Creel- puso a su lado a los dos representantes de los dos órganos de represión consentidos del Estado Mexicano: Luis Crescencio Sandoval, y Raúl Ojeda Durán. El mensaje fue claro y preocupante. “A mí no me preocupa ni me importa la ley ni la Constitución. Si algo hay que dirimir por la vía de la fuerza aquí tengo a los dos artífices de la ‘tranquilidad’ nacional”.

López Obrador, el destructor de la vida pública de México, iniciaba así su venganza en contra de otro Poder que no se le ha subordinado. El Poder Judicial federal es par en una relación de coordinación, no de supra a subordinación. Ello quiere decir que están exactamente igual al mismo nivel.

El otro desacato de López Obrador a la Constitución fue peor y más detestable. En el 176 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec se atrevió a no invitar a los Poderes Legislativo y Judicial.

Más grave fue el desprecio por la soberanía nacional y el respeto entre Poderes.

En un acto de retobo infantil, decidió no invitar a la ministra presidenta de la Suprema Corte y al presidente de la Cámara de Diputados al acto de conmemoración de la Independencia de México.

Hay que recordarle a López Obrador que las celebraciones del 13 y 16 de septiembre son un acto republicano de Estado y no de gobierno, en el que necesariamente deben de coincidir los tres Poderes. Nuevamente insistió en transgredir la Constitución y la ley, al mandar al diablo las instituciones y calificar a la ley como un cuento que no vale la pena obedecer.

El Artículo 49 de la Constitución mandata, ordena, decreta, dispone y cualquier otro calificativo que lleva,

la obligación ineludible de cumplir y hacer cumplir los ordenamientos constitucionales. Dice el numeral en comento: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo”.

La contravención y falta de respeto a este mandato supremo es evidente. El 13 y el 16 de septiembre López Obrador asumió la representación unipersonal de la República. Concentró en su desgarbada figura a los Poderes Legislativo y Judicial, y en un acto de autocracia extrema asumió la representación nacional de los 500 diputados y los 128 senadores.

Es la advertencia abierta y amenazante de que no va a permitir la transmisión del poder a todo lo que signifique oposición y disidencia. Después de la funesta experiencia de invadir facultades del Congreso de la Unión y del Poder Judicial Federal, puede inferirse que si Xochitl Gálvez vence a su desangelada y patética corcholata Claudia Sheinbaum, López está dispuesto a transformarse, de facto, en el usurpador y propietario de las instituciones electorales.

No tendrá freno si está de por medio la seguridad y la libertad personal de Beatriz Gutiérrez Müller, y la de José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, pillados en actos de corrupción.

La actitud de López Obrador el 13 y 16 de septiembre es lúgubre y trágica para la República. No invitó a la ministra presidenta Norma Lucía Piña ni a los representantes del Poder Legislativo, pero sí permitió que el heredero de los asesinos Fidel Castro y Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, pronunciara el discurso oficial el 16 de septiembre de 2021.

El espectáculo fue gravísimo y un atentado a la memoria de don

Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez, Vicente Guerrero, Ignacio Allende, próceres y artífices de la Independencia nacional.

Grotesco el espectáculo. El dictador Díaz-Canel hablando de independencia, cuando que Cuba lleva 64 años sin elecciones, cientos y miles de encarcelados disidentes, represión a la libertad de expresión y restricciones a la libertad de tránsito. Es el México que quisiera López Obrador.

Andrés Manuel fue artífice también de un atentado constitucional más, en la toma de posesión de Delfina Gómez. Para que pudiera asistir cambiaron la fecha de protesta del 16 al 14 de septiembre. El Artículo 116 de la Constitución federal establece que los gobernadores durarán en su encargo seis años.

Por su parte la Constitución del Estado de México establece en su artículo 67 la misma prevención: “El gobernador del estado durará en su encargo seis años y el artículo 69 mandata que la toma de protesta del gobernador entrante será el 16 de septiembre”.

No había pues por qué cambiar la fecha sólo para satisfacer el ego de López Obrador y mandar el mensaje al grupo Atlacomulco que había terminado su reinado de 84 años. Era innecesario. La toma de protesta debió de haber sido en el primer minuto del 16 de septiembre y no adelantarla al 14 de septiembre, puesto que los seis años previstos en la Constitución Federal y la del Estado de México terminaban el 15 de septiembre a las doce de la noche. Ni un minuto más ni un minuto menos.

Incluso, el lacayo de la Cuarta Transformación, el diputado vicecoordinador de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González, aseguró que la Constitución mexiquense no preveía en específico el día de la toma de protesta. “Puede ser uno o dos días después”, diría el improvisado y locuaz legislador. Vergonzoso que ni siquiera ha leído la Constitución del estado que dice representar ante sus defraudados electores.

Así, López Obrador es el destructor de la nación, el transgresor del orden constitucional federal y por extensión a la Constitución del Estado Libre y Soberano de México. Ampliaremos…

• El 13 y 16 de septiembre AMLO asumió la representación unipersonal de la República * Es la advertencia abierta y amenazante de que no va a permitir la transmisión del poder a todo lo que signifique oposición y disidencia

CONTRA PODER EN

EXIGENCIA

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Empoderamiento

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INFORME

Restablecen la energía eléctrica en municipios de Chiapas afectados por grupos criminales: AMLO

DENUNCIA

El presidente del TEPJF analizará la demanda de Ebrard contra Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se restableció la energía eléctrica en municipios de Chiapas afectados por grupos criminales; y se mantienen elementos de la Guardia Nacional que visitan los municipios afectados, así como la permanencia de algunas bases militares en el poblado El Rodeo para operaciones militares disuasivas.

Avalancha de aspirantes en Puebla obliga a Morena a modificar convocatoria de inscripción