CONTRAPODER EDICIÓN 2776

CMAN

DOXA

EDITORIAL

Derroche y mal gobierno

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La falta de justicia y la desigualdad social, son dos problemáticas que permanecen inalterables en Chiapas. En enero de 1994, estalló en una región del Estado

Chiapas padece tres problemas recientes ocasionados por la inseguridad.

Miles de desplazados por la guerra que hay entre los cárteles en la Región de la Sierra.

Cientos de desapariciones sin que la fiscalía realice una investigación con la debida diligencia. y decenas de ejecuciones extrajudiciales en las que existe una total impunidad.

DIARIO

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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

EN CHIAPAS

Lunes 18 de Diciembre de 2023 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 10 | No. 2776

INFORME

REPORTE

Militarización y extractivismo aplastan los derechos de las comunidades

Los autores señalan que, como parte de la militarización silenciosa en México, en los últimos años se ha afianzado la estrategia gubernamental de militarización de los cuerpos de seguridad civil para proteger los espacios extractivos, generando procesos de violencia contra la población que podría estar en contra.

Estudiante crea ladrillos a base de lirio acuático

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MANDATO

INAI ordena a Migración revelar número de menores migrantes que no fueron repatriados en cinco años

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HOY ESCRIBEN CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

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En el marco de la Primera Jornada Civil Pacífica, diversas organizaciones e iglesias llamaron a la ciudadanía a sumarse a la lucha por la paz

VIOLENCIA

Ejecutan a Mateo González, mejor Conocido como Mateo Maranatha, junto con sus esposa

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LOS LIBANESES NO QUIEREN LA GUERRA Carlos Martínez Assad

MÉXICO, PAÍS A POSTERIORI

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Silke Grasreiner

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RESOLUCIONES JUDICIALES: ¿CORRUPCIÓN COMO PRÁCTICA RECURRENTE? Ernesto Villanueva

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EN MÉXICO, 41 ASESINATOS DE PERIODISTAS ENTRE 2019 Y 2023 Edith González Cruz

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DIPUTADOS PRETENDEN COMBATIR VIOLENCIA OBSTÉTRICA CON EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN Rita Magaña Torres PAG. 3

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Lunes 18 de Diciembre de 2023 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDITORIAL Derroche y mal gobierno

L

a falta de justicia y la desigualdad social, son dos problemáticas que permanecen inalterables en Chiapas. En enero de 1994, estalló en una región del Estado, el más importante movimiento social de las últimas décadas en el país, pero en realidad pareciera que no pasó nada en este territorio. Las cosas no sólo no cambiaron sino que en muchos aspectos se empeoró, como en el nivel de pobreza, de salud, alimentación o en el logro educativo y a todo esto se le agrega inseguridad y delincuencia organizada en la entidad.

La federación ha destinado cientos de miles de millones de pesos a Chiapas, que si se hubieran empleado adecuadamente, las condiciones sociales sería otra a la que estamos viviendo; en educación por ejemplo se pasó de una inversión de 7 mil millones de pesos en 1994 a 32 mil millones de pesos en el 2023, sin que esto se refleje en una mejora educativa y pasó de un presupuesto estatal de 16 mil millones de pesos en 1994 a 111 mil millones de pesos en el 2023, sin que se conozca a ciencia cierta en dónde se invirtieron estos recursos.

¿Qué pasó realmente? ¿En qué se utilizaron esos recursos? ¿Por qué no hubo un cambio en la mejora de la calidad de vida en los chiapanecos? ¿Por qué continuamos como la entidad con el mayor atraso?

Una medida que se le aplaudiría al Congreso Local, es que acordara la integración de una comisión de la verdad, que se avocara a la investigación para conocer cuál fue el destino que tuvieron estos miles de millones de pesos y se identifique el nivel de despilfarro y corrupción con el que se han ejercido estos recursos públicos, que en nada produjeron una mejora social en Chiapas y sí un endeudamiento público que ocasiona que se destinen 6 millones de pesos diarios para el pago de la deuda pública.

En estos 28 años, los niveles de pobreza y de pobreza extrema crecieron en Chiapas, cuando en otras entidades del país se redujo. Es un hecho que en estos 28 años, Chiapas tuvo oportunidades inmejorables para mejorar su destino, pero faltó proyecto de gobierno. El problema de la entidad no ha sido por la falta presupuesto, sino porque la federación le ha canalizado a la entidad

recursos considerables que han sido desperdiciados en un derroche público. En este sentido, la federación ha respondido a las demandas de los chiapanecos, que lamentablemente no han mejorado sus condiciones de vida. En mucho se debe a que en los últimos 17 años Chiapas ha tenido gobiernos desafortunados, en el que no solo no hubo crecimiento económico sino un grave deterioro en la estructura productiva y la gobernabilidad, en donde Chiapas pasó de estar en los 10 primeros lugares de aportación de la entidades al Producto Interno Bruto del país, al último lugar.

La oportunidad perdida con estos últimos gobiernos condujo a Chiapas a problemas de gobernabilidad y de inseguridad y ahora se padece de una grave intromisión de la delincuencia organizada en la estructura social de la entidad, y se corre el riesgo de que cada vez un mayor número de personas pase a depender de los ingresos generados por las actividades ilícitas, y el campo chiapaneco se convierta en un caldo de cultivo de los grupos de la delincuencia organizada, como se observa ya en algunas partes del territorio.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

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Cofepris advierte que dos playas en Tapachula entre las seis playas consideradas no aptas para el uso recreativo en estas vacaciones Yalina Ruiz Ciudad de México. (Tribuna)

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stas son las playas con altos niveles de bacterias de heces en México. Se trata de playas ubicadas en Baja California, Chiapas (Playa Linda y Escolleras, en Tapachula), Sinaloa y Tabasco las que arrojaron la bacteria Enterococcus faecalis.

Previo al inicio del periodo vacacional de invierno y con el objetivo de prevenir riesgos en la salud de turistas nacionales y extranjeros, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en coordinación con las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios estatales (APCRS) dieron a conocer los resultados de los muestreos aplicados en 254 playas del territorio nacional.

Las playas que durante este último periodo vacacional resultaron no aptas pertenecen a los estados de Baja California, Chiapas, Sinaloa y Tabasco.

Cofepris y las APCRS analizaron dos mil 47 muestras de agua de mar en 69 destinos turísticos de 16 estados, en busca de la bacteria Enterococcus faecalis, de las 254 playas muestreadas, 98 por cierto son aptas para uso recreativo, es decir, 248 playas se encuentran por debajo de los parámetros, mientras que seis rebasaron los límites máximos de 200 enterococos en 100 mililitros de agua, de conformidad con los lineamientos que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las playas que no son aptas para el uso recreativo se encuentran

Óscar Gómez/ Corresponsal San Cristóbal de Las Casas

Mateo González, mejor conocido como Mateo Maranatha fue Baleado en su domicilio ubicado cerca de la Zona de Las Canastas, en la Zona Oriente de la Ciudad la madrugada del pasado sábado.

Se supo que sujetos armados llegaron hasta donde vivía junto a su esposa y de varios impactos de arma le quitaron la vida a ambos.

El hecho ha trascendido se dió alrededor de las 5 de la mañana del sábado, dónde los sujetos, misteriosamente sabían dónde estaban ubicadas las cámaras de seguridad que se llevaron, y dejaron encerrada a una persona más quién de acuerdo a las primeras versiones, dijo que no le harían nada si no se metía, dejando entre ver qué se trata de un ajuste de cuentas.

Mateo , era originario de San Juan

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en coordinación con las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios estatales, dieron a conocer los resultados de los muestreos aplicados en 254 playas del territorio nacional

en: Baja California, el Rosarito, Rosarito I y Tijuana, en Chiapas son Playa Linda y Escolleras; en la entidad de Sinaloa las playas de Mazatlán y Olas Altas; en Tabasco son Cetla y el Bosque.

Cofepris coordinó con las APCRS de las cuatro entidades señaladas, la implementación de accio-

nes de saneamiento para alcanzar en lo inmediato, condiciones óptimas en las seis playas citadas y prevenir riesgos a la salud a turistas nacionales y extranjeros.

Además, la comisión federal informó que, debido a las recientes afectaciones causadas por el huracán Otis, 27 playas de Guerrero no

pudieron ser muestreadas.

Asimismo, en seis playas del estado de Veracruz tampoco fue posible realizar el muestreo debido a las condiciones meteorológicas. Cofepris exhortó a la población a mantener la limpieza de las playas durante la temporada vacacional. Con información de EL UNIVERSAL.

Ejecutan a Mateo González, mejor Conocido como Mateo Maranatha, junto con sus esposa Chamula, y tenía su domicilio en la Colonia Lomas de Chiapas, que por su situación geográfica es una zona de difícil acceso, y que quienes ahí vienen, tienen vigilada la zona, dónde para acceder se tiene que informar a los representantes del lugar.

Mateo Maranatha era identificado por la Comunidad evangélica por tener una estación de radio cristiana y quién compartía simpatía con la población de origen Tsotsil, su lengua materna.

Las autoridades de la Fiscalía de Chiapas, han dado a conocer en un comunicado de prensa, que ya investigan este doble homicidio, que se suman 4 personas en menos de 20 días.

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Estudiante crea ladrillos a base de lirio acuático Rey González Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (El Estado)

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rancisco Márquez, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), elabora ladrillos de alta resistencia a partir del uso de lirio acuático; busca disminuir el impacto ambiental en cuerpos de agua con esta planta que está considerada como plaga.

Por sus caracteristicas morfológicas y de adaptación, además de la tasa de reproducción, se convierte en una plaga en los cuerpos superficiales de agua como lagos, lagunas, rios, canales de riego y presas, creando desequilibrio en el ecosistema.

No obstante, Francisco Márquez, estudiante del 7 semestre, a través de su trabajo de investigación pudo determinar que debido a las raíces de la planta, se genera una malla que, al mezclarse con material arcilloso, da al ladrillo mayor resistencia y menor porosidad; también se reduce la concentración de humedad y disminuye la sensación térmica al interior de la casa.

El trabajo está en proceso de certificación y ha superado algunas pruebas vinculadas con la resistencia, con calificaciones por arriba de la norma técnica de construcción y estructuras de mampostería; los siguientes prototipos son aptos para construcción de edificios y casas.

De acuerdo a Francisco Márquez, la investigación es única en México, y los resultados han sido positivos, ya que detectaron en la

No obstante, Francisco Márquez, estudiante del 7 semestre, a través de su trabajo de investigación pudo determinar que debido a las raíces de la planta, se genera una malla que, al mezclarse con material arcilloso, da al ladrillo mayor resistencia y menor porosidad; también se reduce la concentración de humedad y disminuye la sensación térmica al interior de la casa

localidad de Cupasmí una laguna de 3 hectáreas infestada por lirio

acuático, y desde su extracción la biodiversidad que había sido des-

plazada ha recuperado especies como ranas y peces.

En el marco de la Primera Jornada Civil Pacífica, diversas organizaciones e iglesias llamaron a la ciudadanía a sumarse a la lucha por la paz Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Organizaciones civiles y sociales, iglesias de distintas denominaciones y ciudadanía en general, efectuaron dos manifestaciones simultáneas en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, en el marco de lo que denominaron la Primera Jornada Civil Pacífica por la Paz y la No Violencia en Chiapas .

Las manifestaciones partieron de la Diana Cazadora, en Tuxtla Gutiérrez, y de la Normal Larráinzar, en San Cristóbal de Las Casas, a partir de las 9:00 horas, en demanda del

derecho de vivir en paz y en exigencia a los distintos niveles de gobierno para que asumieran su obligación de proteger a la ciudadanía de la violencia generada por la delincuencia organizada y las secuelas de descomposición social que esto genera .

Los convocantes aclararon que la marcha no buscaba protagonismo de ningún tipo, tampoco era de beligerancia ante el gobierno y reconocieron avances que se han obtenido en materia social durante la gestión del presente gobierno, “es responsabilidad ciudadana el salir a exigir la deuda que en materia de seguridad existe y a diario nos afecta” concluyeron.

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Guanajuato: Comando irrumpe en posada y mata a 12; en ataque a barbería matan a seis Verónica Espinosa Guanajuato, Gto. (proceso.com.mx)

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ntre la noche del sábado y la madrugada del domingo y en dos ataques distintos, delincuentes armados dispararon a los clientes de una barbería en Salamanca e irrumpieron en una posada que se celebraba en una comunidad de Salvatierra, masacres que en total dejaron 16 personas asesinadas y por lo menos otras 13 personas con heridas.

En el primer día de las posadas navideñas, esta ha sido una de las noches más violentas del año en Guanajuato, estado en el que han sido denunciados poco más de 136 mil delitos de toda índole y 2 mil 400 asesinatos de enero a noviembre, según el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El primer ataque fue cometido poco después de las 8 de la noche del sábado, cuando personal de una barbería ubicada en la zona centro de Salamanca se encontraba todavía atendiendo a varios clientes.

Al negocio, localizado en la calle Abasolo, llegaron hombres armados en varias motocicletas, los cuales dispararon al interior de la barbería.

Otras personas que se encontraban en ese momento en la calle corrieron a refugiarse en una panadería aledaña.

Testigos dieron aviso al 911 y al presentarse agentes de la Policía Municipal y personal de Cruz Roja, encontraron a cuatro hombres ya sin vida, tres dentro de la barbería y uno

Aarón Ibarra Culiacán, Sin. (apro)

La aprehensión de Samuel “V”, por el homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, se confirmó la noche del sábado 16 de diciembre por elementos de la Inspección General de Ordenes de Aprehensión de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES).

Samuel “V” es uno de los señalados por el asesinato del periodista el 4 de mayo de 2022.

De acuerdo a información de la FGES, el sujeto ya fue ingresado a la penitenciaria de Aguaruto en espera de que se celebre una audiencia inicial, pactada para este domingo 17 de diciembre a las 14:00 horas bajo la causa penal 518/2022 en la Sede de Justicia Penal, Acusatoria y Oral Zona Centro.

Según explicó la fiscalía, Samuel “V de 32 años de edad fue localizado

En el primer día de las posadas navideñas, esta ha sido una de las noches más violentas del año en Guanajuato, estado en el que han sido denunciados poco más de 136 mil delitos de toda índole y 2 mil 400 asesinatos de enero a noviembre

en el exterior.

Otros dos jóvenes resultaron heridos y se encuentran graves en un hospital. Medios locales consignan que presumiblemente se trata de dos víctimas circunstanciales que caminaban por la calle a la altura de la barbería en el momento del ataque.

Menos de seis horas después, cerca de las 2 de la madrugada del domingo, mientras se celebraba una posada en la antigua exhacienda de San José del Carmen, comunidad de Salvatierra, otra embestida criminal cobró un número mayor de víctimas.

Asistentes a la posada.

Las primeras versiones refieren

que en un salón de fiestas ubicado en la exhacienda estaban reunida una multitud de unas cien personas celebrando una posada o preposada, en su mayoría jóvenes.

Casi a las 2 de la mañana, un comando armado habría irrumpido en la celebración. Los sicarios dispararon contra los asistentes y posteriormente incendiaron varios vehículos, incluyendo el camión de un grupo musical que aparentemente amenizaba la reunión.

El gobierno de Salvatierra informó que 11 personas fallecieron y otras 12 resultaron heridas, además de que fueron incendiados dos vehículos y dos motocicletas.

Sin embargo, posteriormente la Fiscalía General de Justicia estatal publicó que la cifra de muertos en Salvatierra subió a 12 “hasta el momento”.

La dependencia indicó que las investigaciones por ambas masacres se asignaron a grupos especializados en homicidios.

De los 2,400 homicidios que habían sido reportados por la fiscalía al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad de enero a noviembre de este año, por lo menos 2 mil fueron cometidos por armas de fuego.

Apenas el 5 de diciembre pasado, la dependencia difundió ampliamente que su titular desde hace más de una década, Carlos Zamarripa Aguirre, obtuvo un reconocimiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos “por haber obtenido el primer lugar en el rastreo de armas de fuego a través de eTrace”, un sistema de rastreo electrónico de internet de acceso a agencias de seguridad pública.

Con todo, Guanajuato supera a los 31 estados restantes con el mayor número de homicidios dolosos, así como rebasa a entidades como el Estado de México (con el doble de población) tanto en homicidios dolosos como en homicidios cometidos con armas de fuego.

Fiscalía de Sinaloa detiene a presunto asesino del periodista Luis Enrique Ramírez en calles del fraccionamiento Villa Bonita, asentamiento ubicado en el sector sur en Culiacán, luego de regresar a la ciudad al haberse evadido de la acción de la justicia desde mayo de 2022.

En mayo de este año la fiscalía emitió una ficha del sujeto en donde se ofreció una recompensa de 1 millón de pesos para quien revelara información para la detención del presunto sospechoso del crimen.

De acuerdo con las primeras versiones de la autoridad investigadora, Samuel “V” es señalado de presuntamente de haber asesinado al periodista Luis Enrique Ramírez, privándolo primero de su libertad el 4 de mayo de 2022 y posteriormente abandonando su cuerpo, localiza-

do un día después en un camino de terracería en la comunidad de El Ranchito al sur de Culiacán.

Junto con Samuel “V” también es señalado como presunto homicida

Jorge Ernesto Gómez Galván, que sigue prófugo de la justicia y por quien sigue activa una recompensa de 1 millón de pesos para quien revele información que facilite su captura.

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Aumentan de 5 a 20 días el permiso de paternidad Rita Magaña Torres Ciudad de México. (Cimacnoticias)

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a Cámara de Diputados aprobó aumentar el permiso de paternidad de 5 a 20 días laborales con goce de sueldo para trabajadores del sector público y privado, las cuales serán con goce de sueldo, contados a partir del nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante, si hay complicaciones para la madre o hijo, aumenta a 30 días, como lo establece el dictamen presentado este martes en San Lázaro.

El dictamen avalado por el pleno de San Lázaro reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes federales del Trabajo y de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, en materia de permiso de paternidad.

La diputada del PAN, Berenice Montes Estrada, precisó que nuestro país se encuentra rezagado en este rubro, pues la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirma que México promedia 4.8 semanas con paternidad con goce de sueldo, y que está por debajo de Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay y Venezuela.

Con 409 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, el documento, enviado al Senado de la República para su revisión y, en su caso, ratificación, precisa que, en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, los hombres tendrán permiso de paternidad de 20 días laborables con goce de sueldo, contados a partir del nacimiento de sus hijos o la adopción de un infante.

En ambos casos, añade, si hay complicaciones posteriores al parto que perjudiquen a la madre o al recién nacido, el permiso podrá ser de hasta 30 días, previa presentación del certificado médico correspondiente.

Al respecto, la diputada de Morena, Claudia Alejandra Hernández Sáenz, subrayó que con la aprobación del dictamen se da una victoria más en favor de la igualdad sustantiva, de las familias mexicanas y de la niñez.

“Se ha pasado de un modelo de pareja, basado de la autoridad de los varones y la dependencia de las mujeres, a una relación de la igualdad de derechos de ambos miembros de la pareja”, precisó.

Señaló que, a pesar de que se da un pequeño paso en favor de la paternidad responsable, aún

El dictamen avalado por el pleno de San Lázaro reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes federales del Trabajo y de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, en materia de permiso de paternidad

falta un largo trecho para avanzar, ya que los padres aún no gozarán de las prerrogativas con las que actualmente cuentan las mujeres.

“Eso impide que se erradique la discriminación en la contratación que principalmente perjudica a las mujeres; hay que seguir trabajando en favor de la igualdad sustantiva en materia de permisos de paternidad”, indicó.

Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, diputado de Morena, expuso que el dictamen tiene como naturaleza el permiso de paternidad para los trabajadores y representa la inquietud de 11 diputadas y diputados, por lo que se establecen 20 días laborales con goce de sueldo, tanto a los trabajadores del Apartado A como a los del Apartado B. Con la reforma, aseguró, “damos un gran avance a la igualdad sustantiva que debe existir entre los hombres y mujeres en el mundo del trabajo; reconocer que la participación de los hombres en la responsabilidad del desarrollo familiar y el cuidado de hogar debe ser 50 y 50; está Cámara da a los varones la posibilidad de cuidar a sus hijos desde el momento de su nacimiento”.

Consideró necesario equilibrar la responsabilidad de crianza, ya que el permiso por paternidad en

México no es obligatorio para todos los padres trabajadores, pero para las madres trabajadoras sí es una obligación. “Otorgar más días ayuda a que el trabajador se sienta más tranquilo y pueda apoyar en las tareas de crianza”.

Equilibrar responsabilidad laboral y familiar María del Rocío Corona Nakamura, diputada del PVEM, destacó que estos permisos no solo permiten establecer un vínculo con el recién nacido, sino que propician una participación del padre en el ámbito doméstico y una distribución equilibrada de las responsabilidades familiares.

“Estamos en favor de modificar los roles tradicionales entre mujeres y hombres del país, reconociendo que los derechos humanos y su cumplimiento constituyen un eje rector para armonizar y equilibrar las responsabilidades laborales y familiares entre hombres y mujeres”, añadió.

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, expresó que es una reforma con perspectiva de género, ya que se ha construido una sociedad cuidadora dependiente del trabajo no remunerado de millones de mujeres que ejercen esa labor, aunado a que no hay un registro de

cuántas personas pueden acceder a ese permiso de paternidad.

Afirmó que este primer paso es insuficiente, pero representa un avance importante para que los trabajadores mexicanos cuenten con una licencia de 20 días de paternidad que se puede extender en un caso grave hasta 30 días.

“Es un derecho de nosotros estar con nuestras familias e hijos en sus primeros días y compartir esa responsabilidad”.

Trámite para permiso de paternidad El artículo 132, fracción XXVII bis, de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el permiso de paternidad es un derecho para todos los padres trabajadores que les permite ausentarse de su empleo por el nacimiento de sus hijos o en caso de adopción.

Para solicitar el permiso de paternidad en el trabajo, se debe pedir al momento del nacimiento y hasta 45 días después; presentar una solicitud por escrito que incluya: fecha de nacimiento del bebé, periodo solicitado y certificado médico o acta de nacimiento.

En caso de que la empresa donde se trabaja se niegue el permiso de paternidad, en la Procuraduría Federal del Trabajo le brindarán orientación laboral gratis.

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Economía digital: en la Corte, un fallo con alcances para usuarios de DiDi, Rappi y Uber Eats Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (Proceso)

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n México existe una “zona gris” en el cobro de impuestos relacionados con la economía digital, donde el piso no es parejo para las compañías que operan plataformas tecnológicas y en el cual las autoridades van un paso atrás de la actividad económica que generan dichas firmas.

Aunque ya pagan impuestos como el IVA e ISR, empresas como DiDi, Rappi y Uber Eats han expuesto “una seria preocupación” por un posible fallo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el amparo que promovieron para combatir el cobro de la contribución de 2%, sobre comisiones de las plataformas digitales de entrega y reparto a domicilio, por uso de infraestructura de la Ciudad de México.

Ese cobro de 2% está estipulado en el artículo 307 TER del Código Fiscal de la capital del país, decretado en noviembre de 2021.

Sin embargo, para las plataformas digitales dicho mandato es “discriminatorio, discrecional y dañaría a los consumidores y usuarios por un fin meramente recaudatorio”, expusieron el 28 de noviembre último en un comunicado.

Al reclamo de esas compañías se unieron los principales organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina, “no se trata de un impuesto; es un aprovechamiento de 2% a plataformas digitales sobre la cuota de intermediación que cobran estas grandes empresas trasnacionales, que sacan sus ganancias del país, sin retribuir a la ciudad por la actividad que generan”.

Señaló que este aprovechamien-

De la Redacción Ciudad de México (apro)

La Consejera Rita Bell López Vences denunció hoy un acuerdo “vergonzoso, ilegal e inconstitucional” que busca obstaculizar las atribuciones de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.

En la sesión del Instituto Nacional Electoral (INE), Bell López mencionó que el acuerdo pretende bloquear la posibilidad de que la presidenta realice nombramientos a través de votación, generando una polémica que podría llegar a los tribunales.

El procedimiento propuesto establece que la Consejera Presidenta

to, por su naturaleza, no puede ser transferible ni a los comerciantes, ni a los consumidores; tampoco a los repartidores.

Sin embargo, para las cámaras empresariales y las plataformas digitales, la propuesta podría generar una doble tributación, causando un potencial desequilibrio entre las obligaciones fiscales vigentes para las plataformas digitales.

También alertaron que se trata de un tributo discrecional que fue diseñado de manera discriminatoria contra plataformas digitales y que no afecta a otros servicios de entrega similares a los que intermedian dichas plataformas. Por ello, la contribución también genera una cancha dispareja en el mercado.

Para el líder de Impuestos de Didi Latinoamérica, José Carlos Pérez, la compañía se mueve en una especie de “área gris”.

“Es muy desafiante como compañía saber cómo vas a aterrizar la legislación y el marco jurídico que actualmente las plataformas tienen.

Porque como es una materia muy subjetiva no tenemos ciertas precisiones en la ley y estamos realmente en medio, hay un área gris, nadie que digas si es blanco y es negro”.

Pérez asegura que la tecnología avanza mucho más rápido que la legislación por todos los procesos, y que eso complica que se garantice que todas las plataformas se regulan como contribuyente de la misma manera y que todas cumplen cabalmente con las obligaciones.

En su participación en un Foro

Fiscal organizado por la Coparmex, reconoció que sí es un gran reto para las autoridades tributarias llegar a una regulación uniforme. “Pero medianamente creo que se está haciendo lo posible para concretarlo”, dice.

Ven el problema en la autoridad Cristina Carrasco, tax partner de la firma EY, advierte que la autoridad es vista como un problema, ya que falta entender la lógica de los negocios digitales.

“Lamentablemente ahorita se ve a la autoridad no como una solución.

Lo que enfrentan los contribuyentes son auditorías de las autoridades que todavía no tienen ese expertis para poder hacer una revisión sobre las plataformas. No hay un piso parejo entre los oferentes de servicios”.

La analista agrega que hay algunos contribuyentes que tienen algunas revisiones muy exhaustivas en materialidad; hay otros contribuyentes que ni siquiera son auditados porque todavía están fuera del rango de la autoridad.

“Entonces, debería ser una relación en la que los contribuyentes puedan sentarse con la autoridad y explicar su esquema de negocios y sentir la confianza de que van a tener un aliado y no un problema”, propone.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las plataformas tecnológicas de servicios digitales son aquellas que prestan servicios en México por los que cobran una contraprestación y se

proporcionen mediante aplicaciones o contenidos en formato digital vía internet u otra red.

Incluso pueden no requerir una intervención humana; es decir, pueden estar automatizados.

Los servicios digitales sujetos de IVA son: transporte terrestre de pasajeros, entrega de alimentos preparados, entrega de bienes (distintos de alimentos preparados), hospedaje, comercio de bienes, otro tipo de servicios, descarga o acceso contenido digital, clubes en línea y páginas de citas y enseñanza a distancia, test o ejercicios.

Mientras que los servicios de intermediación entre terceros son aquellos que sean oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos. No se aplicará esta definición cuando se trate de servicios de intermediación que tengan por objeto la enajenación de bienes muebles usados.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) explica en su portal de internet que tienen obligaciones adicionales los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México o residente en el país, que proporcionen servicios digitales de intermediación entre terceros que sean oferentes de servicios o bienes y los demandantes de los mismos que estén afectos al pago del IVA. Suprema Corte. En espera del fallo. Foto: Benjamín Flores En este contexto Israel Santos Flores, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ratificó en el Foro Fiscal que la tecnología se mueve a pasos muchísimo más agigantados que la propia ciencia jurídica. “El derecho siempre va atrás. Es un poco como la imagen del conejo detrás de la zanahoria”.

El investigador reconoció que por muchos esfuerzos que se hagan la regulación nunca va a estar puesta al día “porque estamos hablando de servicios de movilidad, de modelos digitales, aplicaciones informáticas, plataformas tecnológicas que todo el mundo conocemos, utilizamos y somos suscriptores”.

INE autoriza acuerdo para que Guadalupe Taddei realice nombramientos; denuncian irregularidades presentará, en un plazo de 30 días, propuestas para ocupar titularidades vacantes. Si las propuestas no son aprobadas, se designarán personas encargadas de despacho, generando preocupaciones entre los consejeros.

Por su parte, la Consejera Carla Astrid Humphrey Jordán llamó a abrir el diálogo y buscar consensos para evitar conflictos. Sin embargo, la tensión persiste, y el representante del Partido Acción Nacional, Víctor Hugo Sondón Saavedra, sugiere recurrir a los tribu-

nales para resolver el conflicto.

La propuesta también contempla que las personas encargadas de despacho deberán formar parte de la estructura del área correspondiente y tener la mayor antigüedad. Además, durarán en el cargo un máximo de un año.

La Consejera Claudia Zavala Pérez defendió el procedimiento, argumentando que busca dar estabilidad y certeza a las áreas del INE. La sesión evidenció un ambiente tenso en el INE, donde las diferen-

cias entre consejeros y la búsqueda de consensos marcan el debate sobre los nombramientos y la estabilidad interna del organismo electoral.

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INAI ordena a Migración revelar número de menores migrantes que no fueron repatriados en cinco años De la Redacción Ciudad de México (apro)

E

l Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Instituto Nacional de Migración (INM) debe dar a conocer el porcentaje de niñas, niños y adolescentes no acompañados que no fueron repatriados a sus países entre 2018 y el 5 de octubre de 2023.

Migración deberá informar los motivos para no retornarlos; si recibieron alguna documentación, iniciaron su proceso en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), tuvieron refugio u otro proceso de protección complementaria.

Una persona solicitó al INM el porcentaje de niños, niñas y adolescentes no acompañados que fueron retornados a sus países entre 2018 y octubre de 2023, así como aquellos que no fueron retornados, especificando los motivos, si recibieron alguna documentación, iniciaron su proceso en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) o tuvieron refugio u otro proceso de protección complementaria.

El sujeto obligado solo proporcio-

Rafael Croda Bogotá (Proceso)

Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, México se ha mantenido entre los países más pobres de la región y en 2022 sólo fue superado en ese indicador por El Salvador, Argentina y Colombia, indicó en un estudio la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Según las propias mediciones del organismo, que se basan en la pobreza por ingresos, México es más pobre que nueve países latinoamericanos, entre ellos Paraguay, Perú, República Dominicana, Brasil y Uruguay, que es la nación con menos pobres en la región.

En las mediciones de la pobreza por ingresos de 2022 de la Cepal, que aparecen en el Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023 del organismo, figuran 13 países latinoamericanos y México aparece en la posición número 10, mientras que Uruguay y Chile encabezan la tabla con tasas de pobreza de un dígito, de 4.4% y 8.1%, respectivamente.

La indigencia asciende a 0.3% en Uruguay y a 2.1% en Chile.

Con menos pobreza que México aparecen Panamá (14.3%), Costa Rica (16.6%), Perú (17.2%), Brasil (19.6%,

Deberá informar los motivos para no retornarlos; si recibieron alguna documentación, iniciaron su proceso en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), tuvieron refugio u otro proceso de protección complementaria

nó vínculos electrónicos para consultar los estudios e investigaciones, encuestas, estadísticas e indicadores sobre la movilidad y migración internacional en México.

Inconforme con esta respuesta, la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó su inconformidad con la respuesta del INM, argumentando que el sujeto obligado no entregó lo requerido.

Al presentar el asunto ante el pleno, el comisionado presidente del

INAI, Adrián Alcalá Méndez, destacó que la información solicitada cobra especial relevancia considerando que, en México, la niñez migrante cuenta con el derecho a solicitar asilo y refugio en los estados receptores, los cuales estarán obligados a no devolverlos a un país de origen, donde puedan sufrir algún tipo de riesgo.

“Dar acceso a este tipo de información abona al interés superior de la niñez, pues al hacer del conocimiento de toda la sociedad mexicana las situaciones migratorias por

las que atraviesan las niñas, niños y adolescentes, permite la toma de decisiones relacionadas con un grupo de población que, intrínsecamente, se encuentra en situación de vulnerabilidad”, afirmó.

Alcalá Méndez refirió que, de acuerdo con el INM, solo en el primer trimestre de 2023, se han rescatado a más de 34 mil niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros, durante su ingreso y tránsito por el territorio mexicano, de los cuales más de 2 mil viajaban solos. En este contexto, Se advirtió que el INM no turnó la solicitud a cada una de las unidades administrativas que pudieran dar a conocer lo requerido, como la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, la cual, entre otras cosas, se ocupa de analizar, opinar e implementar, en el ámbito de su respectiva competencia, las estrategias de protección y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.

Con AMLO, México continúa entre los países más pobres de América Latina: Cepal República Dominicana (20.4%), Paraguay (21.1%) y Ecuador (25.7%).

Con índices más alto de población en la pobreza están El Salvador (29.8%), Argentina (30.1%) y Colombia (34.5%). En la medición de 2022 no figuran naciones alta incidencia de la pobreza, como Venezuela, Nicaragua y Guatemala.

La Cepal estima que la pobreza por ingresos en México se ubicó en 28.6% en 2022, mientras que la pobreza extrema en 6.2%, porcentajes menores que los que presentó para el mismo año el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

De acuerdo con el Coneval, en 2022 la pobreza multidimensional en México –que no sólo mide los ingresos de las familias, sino su acceso a servicios sociales y la calidad de su alimentación– se ubicó en 36.3%, mientras que la pobreza multidimensional extrema en 7.1 por ciento.

El experto en pobreza y consejero del Coneval, Fernando Cortés Cáceres, dice a Proceso que los altos niveles de pobreza que exhibe México en com-

paración con la mayoría de naciones de América Latina están relacionados con el bajo crecimiento económico que ha tenido el país en las últimas décadas.

“México ha crecido muy poco y eso ha impactado en los niveles de pobreza, que son altos en el contexto regional”, afirma el doctor en ciencias sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Sostiene que, además del débil crecimiento económico, en México hay una muy limitada redistribución del ingreso por la falta de una reforma tributaria progresiva, que grave más a los sectores de mayores ingresos.

Considera que esa reforma sigue haciendo falta para avanzar en equidad y que también se requiere programas sociales “más efectivos” que los que ha implementado el gobierno de López Obrador, los cuales “no son evaluados” por el gobierno “y no sabemos su impacto real”.

El profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México sostiene que la pensión universal pa-

ra adultos mayores y las becas para jóvenes no han tenido tanto efecto en la reducción de la pobreza como los aumentos a los salarios mínimos, que han sido superiores a la inflación.

La trampa del bajo crecimiento El Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2023, divulgado esta semana por la Cepal, confirmó que el sexenio de López Obrador será el de más bajo crecimiento económico en México desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1983-1988), cuando el Producto Interno Bruto (PIB) apenas aumentó un 0.3% cada año en promedio, en un contexto de crisis en la región por el alto endeudamiento.

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Militarización y extractivismo aplastan los derechos de las comunidades Patricia Dávila Ciudad de México (Proceso)

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La militarización en México se desarrolla en un escenario donde existe una gran cantidad de conflictos socioambientales derivados de actividades extractivistas. Hasta 2019 se contabilizaban más de 800 conflictos: mineros, de hidrocarburos, agua, forestales y de infraestructura, en algunos de los cuales se observa la presencia militar para tratar de resolverlos casi siempre a favor de las empresas”.

La resistencia social es especialmente férrea en los tramos donde opera Sedena para la realización de las megaobras del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que se utiliza a los militares para intimidar a los lugareños, pues de esa forma se previene que la población pueda obstruir el proyecto; además, al mismo tiempo existen denuncias de violencia y agresiones de militares, sobre todo contra mujeres.

Esas son algunas de las conclusiones a las que llegó un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Xochimilco), encabezados por Aleida Azamar Alonso, y que publicaron en el libro Disputa por los bienes naturales: Militarización y fuerzas armadas en México.

Los autores señalan que, como parte de la militarización silenciosa en México, en los últimos años se ha afianzado la estrategia gubernamental de militarización de los cuerpos de seguridad civil para proteger los espacios extractivos, generando procesos de violencia contra la población que podría estar en contra.

Si bien la obtención de los recursos primarios, como minerales, hidrocarburos, madera y agua, entre otros, son fundamentales para la supervivencia humana, la forma en que se llevan a cabo dichas actividades de extracción actualmente superan por mucho las necesidades sociales y están orientadas sobre todo a cubrir las demandas del mercado para garantizar la reproducción del capital.

Esto provoca, por un lado, malestar entre la población cercana a donde se realizan actividades extractivas, pues al ser intensivas tienen efectos negativos en la seguridad social, ambiental, económica, de salud y laboral. En consecuencia, genera conflictos que pueden escalar hasta la violencia física debido al despojo a las comunidades y a la apropiación de distintos recursos.

Carlos Rodríguez Wallenius, Carlos Tornel y Beatriz Olivera, coautores del libro, señalan que actualmente la militarización en México empata con la modificación de la estrategia de seguridad pública, ya que se ha adoptado el uso de fuerzas armadas para tareas de vigilancia y prevención del delito, entre otras, lo que ha provocado que el Ejército y la Guardia Nacional enfrenten a

la población que rechaza las actividades extractivas o de infraestructura en sus territorios.

También analizan el papel de los cuerpos castrenses en el desarrollo de la industria extractiva en México, que genera otro tipo de violencia para las comunidades que enfrentan la explotación ambiental de sus territorios.

En México la militarización ha tenido un efecto contrario al esperado, pues se ha elevado el nivel de violencia, lo que en parte se relaciona con el uso de estrategias militares para afrontar procesos complejos como el narcotráfico y otros crímenes.

Además abordan aspectos relacionados con la forma en que se emplean los cuerpos castrenses para realizar labores en otros sectores, como la construcción, con efectos negativos tanto para la industria pública y privada como para las propias finanzas del Estado, pues además de ampliar los sectores en los que las fuerzas armadas tienen control en el país, también resultan fortalecidas económicamente sin que exista claridad específica del fin último de dichos recursos.

Tan solo en la zona norte del país el Ejército ha recibido diversas tareas, como la construcción de un libramiento ferroviario para desahogar el tráfico de materiales que atravesaba la ciudad de Nogales, la modificación y reubicación de la aduana de Estados Unidos, así como la construcción de una vía elevada en la zona fronteriza de Tijuana. En conjunto estos proyectos superan los 30 mil millones de pesos.

Con todo, esos proyectos son apenas una parte de la relevancia que ha ganado la institución militar, Al menos cinco de las mayores obras de este sexenio se encuentran en manos de la institución armada.

Megaproyectos, blindados El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México, se le encargó directamente al Ejército, creando en el proceso más de 40 mil empleos y una movilización de más de mil especialistas castrenses para apoyar la construcción, cuya primera etapa ya se inauguró. El presupuesto original de este proyecto era de 75 mil millones de pesos, aunque en 2022 se calculó en 125 mil millones.

Pese a su grado de avance, esta obra carece de accesos adecuados para el

transporte público, pues apenas existe un puñado de rutas en las que se tienen que realizar múltiples trasbordos para llegar al aeropuerto, custodiado por la Semar y administrado por la empresa Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles S.A. de C.V., constituida casi en su totalidad por aportaciones de la Sedena y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.

Para realizar esta obra se han utilizado múltiples terrenos y espacios sociales pertenecientes a vecinos de la localidad, lo que generó tensión y conflictos. Los habitantes de San Miguel Xaltocan, en Nextlalpan, Estado de México, han enfrentado con violencia a la policía militar y cerrado los accesos a su población para evitar que, de acuerdo con sus declaraciones, se les despoje de más terrenos y se hagan obras que no necesitan. En respuesta, el gobierno federal movilizó a una gran cantidad de efectivos para detener las protestas sin buscar el diálogo.

El segundo megaproyecto relevante en este sexenio es el Tren Maya, obra ferroviaria que se despliega en varios estados del sureste. Lo administra el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), pero la mayor parte de sus actividades, incluyendo el control de gastos y operaciones, lo lleva a cabo la Sedena. Su presupuesto original era de 144 mil millones de pesos, pero ya alcanzó los 200 mil millones.

Esta obra se divide en siete tramos, de los cuales solamente en cuatro trabajan compañías civiles, mientras que en los tramos 5 Norte, 6 y 7 opera de forma específica la empresa constructora militar de la Sedena. De acuerdo con la información de los pobladores, el Ejército y Fonatur han simulado consultas locales con la presencia de elementos armados para intimidar a la población.

Precisamente en estos espacios controlados por Sedena se atraviesa parte de los territorios ocupados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que lo considera una provocación.

El tercer megaproyecto importante analizado por los investigadores es la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, que se encuentra parcialmente inaugurado aunque no está en operación.

A este proyecto se destinaron originalmente 154 mil millones de pesos, aunque ahora la cifra llega a 293 mil millones. Esta obra, parcialmente inau-

gurada en julio de 2022, ha presentado varios conflictos laborales durante su desarrollo, en los que la policía militar ha detenido a los implicados mediante el uso de la fuerza.

Lo más alarmante es que, a pesar de los diversos videos en los que se observa la violencia de las corporaciones de seguridad pública contra los trabajadores, el gobierno federal ha rechazado su relación con el problema, como si las fuerzas armadas y policías no obedecieran a autoridades civiles.

Otra obra importante es el Proyecto Integral Morelos, un intento de industrialización en la zona centro del país por medio de la reorganización del territorio que abarca gran parte de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Más de 60 comunidades campesinas e indígenas han manifestado su descontento porque que no fueron consultadas y rechazan tajantemente su realización.

Este megaproyecto, impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde la década de 1990, pretende construir una gran cantidad de infraestructura pública para generar energía eléctrica con distintas fuentes.

Para ello se instalarán centrales termoeléctricas, gasoductos y acueductos.

Las centrales termoeléctricas instaladas en Huexca, Morelos, se empezaron a construir en 2012 y culminaron en 2015, pero no pudieron operar hasta 2021, después de que en 2019 el gobierno de López Obrador realizara una consulta ciudadana para saber si los pobladores aprobaban o rechazaban la obra. Dicha consulta fue vigilada por el Ejército y, a pesar de eso, uno de los opositores más notables, Samir Flores Soberanes, fue asesinado. Aún con el malestar y el rechazo por parte de la población ante esta situación, se validó la consulta en la que supuestamente la mayoría de los habitantes aprobó la obra.

También en este caso, la Guardia Nacional desalojó a los opositores de este proyecto.

Se puede agregar el caso del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, consistente en la rehabilitación de infraestructura férrea, portuaria e industrial para unir el Golfo de México con el de Tehuantepec y conectar así los océanos Atlántico y Pacífico mediante un corredor que puede tener una importancia económica clave para el mundo.

La Semar licita las obras para este proyecto a un grupo amplio de empresas civiles, aunque esta institución militar opera la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que trabajará en el mejoramiento de las líneas férreas. El ferrocarril ha generado también inversión en parques industriales que habían sido aprobados por las comunidades cercanas a cambio de pagos y otros compromisos, pero de acuerdo con los habitantes el Estado no ha cumplido, lo que provoca malestar y rechazo local.

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DIPUTADOS PRETENDEN COMBATIR VIOLENCIA OBSTÉTRICA CON EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN Rita Magaña Torres

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a violencia obstétrica es una agresión recurrente en los servicios de salud pública y privada, ante esa realidad la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa para educar y capacitar al personal encargado de la atención de las mujeres durante el embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida.

Por ello, la Comisión de Igualdad de Género aprobó el dictamen que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de transformar los modelos de atención de salud reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos.

Además, se busca dotarlos de instrumentos que les permitan otorgar una atención maternoinfantil con perspectiva de género y promover un parto humanizado, intercultural y seguro que fortalezca el respeto de los derechos y la dignidad de las mujeres.

El dictamen, aprobado con modificaciones y por unanimidad de 26 votos, se desprende de las iniciativas presentadas por diputadas de Morena, PAN y PVEM, que plantean incluir acciones para capacitar al personal de salud en perspectiva de género en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada de Morena, Julieta Kristal Vences Valencia, recordó que la violencia obstétrica consiste en cualquier acción u omisión realizada por personal de salud, que provoca daño físico o psicológico a las mujeres durante las etapas de embarazo, parto y posparto.

Resaltó que este tipo de violencia se manifiesta al negar el acceso a los servicios de salud reproductiva, tratos crueles o degradantes por parte del personal médico, y limita

la capacidad de la mujer para tomar decisiones libres e informadas sobre los procesos reproductivos.

“Recordemos que en la violencia obstétrica a veces el personal de salud quiere tomar decisiones que no le corresponden, como cuando acaban de tener un bebé y quieren ponerles un dispositivo intrauterino (DIU) o que en ese momento la quieren operar, decisiones como estas que solo les corresponde a las mujeres”, puntualizó.

La diputada del PVEM, María del Carmen Pinete Vargas, una de las promoventes, subrayó que en los últimos 5 años, 1 de cada 3 mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto en México, sufrieron algún tipo de maltrato de quienes las atendieron, lo que es una clara violación a sus derechos humanos.

Refirió que, si bien existe un marco legal que protege los derechos humanos de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva, la realidad que viven es una constante violación cuando acuden durante su embarazo o parto, por lo que es importante incluir en la ley un trato humanizado.

La diputada de Morena, Claudia Alejandra Hernández Sáenz, también promovente de la iniciativa, consideró necesario visibilizar, prevenir y sancionar la violencia obstétrica. “Estoy agradecida por agilizar este tema; es importante caminar juntas en todo lo que se refiera a lucha contra la violencia a la mujer”.

La diputada de Morena, Judith Celina Tanori Córdova, aseguró que además de respetar los derechos de las mujeres, se les debe otorgar un trato digno y responsable por parte del personal de salud, pues en ocasiones el maltrato es muy fuerte como si hubieran cometido un delito.

Por eso, agregó, es importante que haya una buena formación del personal de salud para defender los derechos de las mujeres, por lo que este dictamen abona en su

beneficio para recibir una atención médica digna.

Violencia obstétrica en servicios de salud pública

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, señaló que a pesar de que la violencia obstétrica es recientemente conceptualizada, tiene su base de exigibilidad desde el año 2000 en que el Comité DESC de la ONU emitió la Observación General 14 sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, cuando fueron fijados como elementos del derecho a la salud tanto la aceptabilidad para proveer servicios de salud sensibles al género, como la prohibición de discriminación.

Sumado a ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido desde hace más de 15 años que características identitarias como el género constituyen determinantes sociales de la salud, por lo que los Estados están obligados a adoptar medidas para la prevención, atención y reparación de la violencia de género en el ámbito de la salud.

Ante esa situación, la CDHCM emitió la Recomendación 06/2023 sobre violaciones al derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia obstétrica, la cual se sumó a otros 11 instrumentos recomendatorios emitidos previamente por este organismo en los que se documentan fallas en la atención a la salud materna o constitutivos de violencia obstétrica, que en su conjunto reúnen 68 casos y múltiples víctimas.

La recomendación basó su análisis en la falta de acceso a información fiable y de calidad que padeció la víctima en 2018 con motivo del desarrollo de su primer embarazo, lo que le generó incertidumbre sobre su estado de salud y el de sus hijos.

La Presidenta de la CDHCM mencionó la relevancia de que la violencia obstétrica haya sido reco-

nocida el año pasado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una forma de violencia de género al resolver el caso Brítez Arce y Otros vs.

Argentina. En los próximos meses -comentó- será emitida una sentencia más en ese tema para la región: Beatriz y Otros vs. El Salvador.

Asimismo, Ramírez Hernández señaló que si bien dichos criterios regionales impulsan el reconocimiento de esta forma de violencia de género tradicionalmente invisibilizada, la violencia obstétrica como elemento contrario al respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes está plasmada en la Constitución Política de la Ciudad de México desde 2017 y posteriormente explicitada en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que junto con el desarrollo de los instrumentos recomendatorios antes referidos, ha contribuido a implementar medidas para su erradicación.

A pesar de los avances normativos y el desarrollo en torno al tema, la violencia obstétrica sigue siendo una práctica común. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI), la Ciudad de México ocupa el tercer lugar entre las entidades federativas con mayor prevalencia de Hernández contra las mujeres de 15 a 49 años con 39.2 por ciento del total de las entrevistas realizadas.

La Presidenta de la CDHCM reiteró que el elemento central de la violencia obstétrica es que constituye una de las formas de violencia basada en el género que afecta la supervivencia, el bienestar, la libertad y la salud de las personas embarazadas, e incluso, en algunos casos, de sus hijas e hijos. De ahí la importancia de redoblar la adopción de medidas adecuadas para que las mujeres y personas gestantes de esta Ciudad no sean víctimas de este flagelo.

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EN MÉXICO, 41 ASESINATOS DE PERIODISTAS ENTRE 2019 Y 2023 Edith González Cruz

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e acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, México es uno de los países más peligrosos a nivel mundial para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México) documentó entre enero de 2019 y octubre de 2023 al menos 41 asesinatos de periodistas, 6 de trabajadores de medios y 90 de personas defensoras en posible relación con su labor, además de 13 desapariciones (ocho personas defensoras y cinco periodistas).

De estas 150 víctimas, prácticamente dos tercios habían sufrido incidentes previos y más de 30 por ciento habían presentado formalmente denuncias que no habrían sido adecuadamente consideradas ni tramitadas.

Por ello y en atención a la constante violencia que padecen periodistas y defensores de derechos humanos en el país, la ONU-DH México elaboró el informe Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con la finalidad de fortalecer las actuaciones de las fiscalías.

El documento destaca la falta -en la mayoría de los casos-, de priorización y agotamiento de líneas de investigación relacionadas con la labor periodística o de defensa de derechos humanos de las víctimas. Sin embargo, también reconoce que en México existe capacidad, tanto por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), como de las fiscalías estatales, para realizar investigaciones conforme a los principios generales de debida diligencia, pero no siempre se conjugan los recursos, la competencia y la voluntad necesarias para cumplir con la obligación de investigar, juzgar y sancionar.

“Tomar medidas para fortalecer las

capacidades del Estado mexicano para investigar las agresiones contra quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo debe ser una prioridad en el proceso de fortalecimiento democrático. No hacerlo implica que la violencia no cesará”, señala el informe.

Desde el 2019, cuando la misma entidad realizó el Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección, solicitado al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), comprobó que el Mecanismo juega un papel importante y ha logrado salvar vidas, lo mismo puede salvar vidas una correcta investigación procesal y la comprensión, por parte de los funcionarios de las fiscalías, del rol social de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, al momento de la presentación de denuncias.

Resultados

El informe resalta las prácticas que contribuyen a la justicia y aquellas que aportan a la impunidad e incluye recomendaciones concretas para las 33 fiscalías del país. Para su elaboración, se eligieron nueve casos enfocados en los delitos de desaparición, homicidio y amenazas, los dos primeros por su gravedad y el último por ser la agresión más común y, se analizaron las actividades investigativas y procesales llevadas a cabo, tres de ellos con sentencias condenatorias.

Se identificaron buenas prácticas relacionadas con los procedimientos para: la inspección del lugar de los hechos; identificación de testigos y realización de entrevistas; obtención de videograbaciones; desarrollo de peritajes en distintos rubros de medicina forense, criminalística y balística; elaboración de dictámenes de mecánica de hechos; análisis de contexto; análisis jurídico de la conducta de amenazas; participación de víctimas y familiares; y otorgamiento de medidas cautelares de protección

cuando fue pertinente.

Por otro lado, se identificaron omisiones, particularmente en lo relacionado con el cumplimiento de los principios de debida diligencia de oportunidad, competencia y exhaustividad, evidenciadas en: deficiencias en la preservación del lugar de los hechos; pérdida de videograbaciones por retrasos injustificados en su identificación y obtención; carencias en el seguimiento a solicitudes de diligencias; y que no se agotaron las líneas de investigación relacionadas con la labor de las víctimas o el potencial involucramiento de servidores públicos.

Para el informe, ONU-DH desarrolló una metodología de análisis de expedientes de investigación penal a través de la definición de 88 indicadores cualitativos, basados tanto en los estándares internacionales en materia de investigación criminal, como en jurisprudencia e instrumentos jurídicos mexicanos, lo que permitió evaluar el cumplimiento de los principios generales de debida diligencia en la actuación de las fiscalías.

Los casos seleccionados comprenden delitos cometidos a partir de 2016 que son investigados bajo el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Las víctimas son cuatro personas defensoras de derechos humanos (Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, Isidro Baldenegro López, Meztli Sarabia Reyna, Arnulfo Cerón Soriano) y cinco periodistas (Edgar Daniel Esqueda Castro, Agustín Silva Vásquez, Amir Ibrahim Mohamed Alfie, Gloria Ruiz García y Camelia Muñoz Alvarado) de Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Con este informe, más los otros que ha desarrollado al respecto, la ONUDH confía en que sus recomendaciones, podrán contribuir a reforzar el acceso a la justicia para quienes han sufrido agresiones por informar y por defender los derechos humanos.

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RESOLUCIONES JUDICIALES: ¿CORRUPCIÓN COMO PRÁCTICA RECURRENTE? Ernesto Villanueva

E

n la administración del presidente López Obrador, sobre todo en estos dos últimos años, las resoluciones judiciales, especialmente las emitidas por jueces de distrito y magistrados de circuito del Poder Judicial de la Federación, han sido objeto de una crítica recurrente.

En el debate público la narrativa que domina el discurso es que hay una práctica recurrente de actos de corrupción en los juzgadores federales, toda vez que sentencias políticamente significativas han sido contrarias al gobierno federal, sea en el ámbito administrativo, civil y, con especial relevancia, el penal. Se afirma, por parte de voceros gubernamentales, incluido el propio presidente de la República, así como la Fiscalía General de la República (FGR), que el sentido de las resoluciones jurisdiccionales es resultado de una relación indebida entre grupos de poder que representan a una de las partes en un proceso y l@s juzgador@s. Resultan gravísimas estas acusaciones, pero también lo es que haya un vacío discursivo racional para sopesar el sustento de tales asertos. Los sofismas, en el mejor de los casos, sustituyen el intercambio de posturas que nutran el diálogo colectivo. De ahí, por tanto, que resulte pertinente hilvanar algunas reflexiones sobre esta circunstancia.

Veamos.

Primero. En mi anterior entrega afirmé, con la Constitución y la ley en la mano, que la designación de juzgadores de distrito y magistrados de circuito requiere un abultado conocimiento técnico-jurídico que, paradójicamente, es el requerido para ocupar un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (https://www.proceso. com.mx/opinion/2023/9/19/ministrs-de-la-scjn-bien-mal-remunerados-315174.html). Lo anterior viene a colación porque se puede sostener como hipótesis razonable

que l@s juzgadores de distrito y titulares de las magistraturas de circuito cuentan, como regla general, con una singular pericia jurídica.

Este dato, empero, no significa que tengan una vacuna infalible contra cualquier signo de corrupción.

También aquí es importante dejar en claro que un mejor sueldo no garantiza honestidad ni, por consecuencia, ingresos austeros corrupción. Es, en todo caso, un tema de cultura y educación que trasciende pesos y centavos, aunque en México todo se tase en dinero, como si fuera el único indicador posible para garantizar que a mayor ingreso mayor honestidad. No hay un solo estudio que avale dicha afirmación.

En otra oportunidad profundizaré sobre este asunto.

Por ahora quiero poner el centro de la discusión en las razones que animan las afirmaciones de la FGR y del gobierno federal, según las cuales una parte de las sentencias judiciales no se compadecen con los mejores intereses del país. ¿Puede haber una resolución que constitucional y legalmente sea ajena al sentido compartido del bien común? Por supuesto que sí. Las resoluciones judiciales que ponen fin a un juicio deben atender tanto a cuestiones de fondo como de forma. Puede existir -y de hecho sucede con frecuencia- que el fondo sea compartido por quien juzga, pero no puede dejar de observar las reglas del procedimiento. Esto, para decirlo en otras palabras, es parecido al futbol, donde los fuera de lugar, tocar el balón (salvo el portero) y otro largo etcétera, pueden influir sobremanera al momento de ganar o perder un partido. Lo mismo sucede en el campo jurisdiccional. El problema es que, a diferencia de lo que pasa en el futbol, casi nadie de los gobernados sabe las reglas del juego, de este juego al menos.

Segundo. Como hipótesis atendible creo que un juzgador/a ( juez de distrito o magistrado de circuito) tiene mayor conocimiento y experiencia que un fiscal, por la simple

y sencilla razón del procedimiento para el acceso a la función pública.

En el primer caso la Constitución y las leyes establecen la obligación de aprobar rigurosos exámenes para ingresar como titular de un juzgado de distrito y el posterior ascenso a una magistratura. En el segundo supuesto es posible que se pueda llegar al cargo cumpliendo los mínimos requisitos para ejercer el derecho. Estadísticamente, por lo ya dicho, es razonable pensar que haya, de entrada, mayor conocimiento del litigio jurídico en los juzgadores que en los fiscales, sin que por ello quiera afirmar, ni mucho menos, que todos l@s juzgadores son “buenos” y l@s fiscales son “malos”.

Conozco, con todo, fiscales competentes y muy honestos, a pesar de su vulnerabilidad en su estabilidad laboral y sus austeros ingresos. De esta suerte, ¿qué debe hacerse ahora cuando se acusa temerariamente a juzgadores de estar vinculados con los grupos privilegiados en agravio de la población? ¿Debe esta polémica quedarse en el campo del discurso y apelar a la retórica como único recurso para evaluar el trabajo de l@s juzgadores? Me parece que no debe ignorarse el asunto, porque al calor del clima de polarización verbal se genera una presión indebida que lastima el debido proceso y reduce, por lo menos en el ánimo subjetivo personal de l@s juzgador@s, la imparcialidad que debe haber en la administración de justicia.

Al hablar de “administración de justicia” me refiero a la aplicación de las leyes en determinados supuestos que no necesariamente son “justas”, pero así fueron aprobadas por el poder Legislativo y el Ejecutivo en la creación de normas jurídicas, de ahí que el sofisma -es decir, la mentira disfrazada de verdad- manipula el derecho a saber de la comunidad en un escenario inédito que ha tomado por sorpresa a los juzgador@s y a los operadores jurídicos (me refiero a quienes

intervienen en la creación, el ejercicio, la aplicación y la interpretación del derecho), quienes se duelen en corto, pero guardan silencio en público, producto, en buena medida, de la costumbre, que ahora reclama gradualmente un proceso revisión ante una nueva realidad.

Tercero. El problema es que las habilidades y conocimientos de l@s juzgadores en la aplicación del derecho son inversamente proporcionales a su arsenal narrativo, terreno en el que sus destrezas tienen grandes oportunidades de mejora.

Por lo anterior, resulta muy importante explicar a la gente cómo y bajo qué criterios se juzga, cuáles han sido las estrategias de las partes en un proceso judicial para lograr el triunfo. En otras áreas como el futbol, por ejemplo, se hacen ejercicios con mucho detalle para conocer qué equipo ganó y por qué.

Si, guardando las proporciones, la sociedad supiera las reglas del juego judicial como las sabe, en gran medida, del futbol soccer, el discurso falaz o manipulador tendría menor efectividad en el ánimo social.

En el derecho hay un principio que opera (salvo excepciones, como el derecho laboral) según el cual “no existe la suplencia de la deficiencia de la queja”; es decir, si una de las partes no invocó una prerrogativa que pudo haber ejercido para beneficio suyo o de su representado, el árbitro ( juez o jueza) no puede hacerlo de oficio. Este aspecto tiene un papel nada menor al momento de ganar o perder un juicio. En distintos países estos trabajos ya han adquirido carta de naturalización (https://rm.coe. int/1680747548#_Toc461720516) y se han elaborado métricas para medir la calidad de las resoluciones judiciales y del proceso en su conjunto, por lo que tampoco se van a inventar, sino tropicalizar las mejores prácticas internacionales. En México, esta práctica tiene un campo propicio y será, sin duda, de un gran valor pedagógico, sociológico y político para la comunidad toda.

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MÉXICO, PAÍS A POSTERIORI Silke Grasreiner

P

rimero crear hechos, violando las leyes existentes, según el lema “más vale pedir perdón que pedir permiso”, luego cambiar las leyes a posteriori y ya ni siquiera pedir perdón, pues porque ya pasó: éste es el modus operandi que utilizó el gobierno mexicano para construir uno de los seis hoteles del Tren Maya dentro de la zona restringida de la Reserva de Calakmul y al lado de la zona arqueológica del mismo nombre. Un acto descarado y sin escrúpulos.

Resulta que no se independizó tanto de los españoles como cree, porque este mismo modus operandi utilizaban los conquistadores cuando desembarcaban en las costas de esta tierra que hoy se llama México hace 500 años. Legitimaban su permanencia y hasta su superioridad por el mero hecho que ya habían llegado. Si bien hoy día ya no hay genocidio directo, a los indígenas mayas, que se sienten uno con la naturaleza que les rodea, les duelen el engaño en Calakmul y el corte de este filete de su selva intacta como si les cortaran un pedazo de carne de su propia pierna.

Pero el problema es aún más profundo. “El renacimiento del Sureste”, llamaba Andrés Manuel López Obrador su proyecto Tren Maya. En realidad, lo que renace en los mayas de la Península de Yucatán es el recuerdo de la Conquista, de la invasión de la misma actitud de adueñarse de sus tierras, de su cultura y hasta de su nombre, para un concepto de nación que ellos nunca escogieron libremente y el cual elementos dentro de las instituciones de esta nación ni se lo creen ellos mismos, ya que para obtener dinero y poder les vale que están saqueando y abusando de sus propios compatriotas.

El presidente López Obrador cree que con su gobierno ya todo ha cambiado, que México ya no es el de antes. Sí, ha cambiado. Pero lo que no ha cambiado es la falta de legitimación, intrínseca a este sistema cuyo fundamento son las matanzas,

los engaños y robos a los indígenas.

Tanto como el permiso para la construcción del hotel de la Sedena en la Reserva de Calakmul, los españoles y después México se han dado su legitimación a posteriori. Nunca pidieron permiso, nunca pidieron perdón, y mucho menos vieron a los indígenas como iguales o hasta primeros para poder decidir qué debe pasar en sus tierras. También a posteriori se declaró en la constitución que México sería “uno e indivisible”, para que no se le ocurra a nadie poner en cuestión los hechos indebidamente consumados.

Sin embargo, el instrumento legal para pulverizar los estados nacionales modernos que se establecieron en la tierra maya ya existe: se llama “preexistencia”. Fue desarrollado y utilizado por el abogado indígena norteamericano James Anaya para defender los derechos a sus tierras de dos pueblos mayas en Belice, Conejo y Santa Cruz, contra el gobierno que ya había otorgado concesiones para la tala de árboles en estas tierras. Los mayas ganaron su juicio porque el juez de la Suprema Corte consideró que ellos tienen más derecho a decidir sobre sus tierras que el Estado porque ellos estaban primero y el Estado se creó después.

Ahora, imagínese que todos los mayas y pueblos mayas harían lo mismo con sus terrenos y tierras, y decidirían unirlos en un nuevo país maya. De hecho, para ejercer tal autodeterminación ni siquiera se necesita un instrumento legal ya que es un derecho autoexistente. Yo, en lo personal, no conozco a ningún maya que no escogería la nacionalidad maya en lugar de la mexicana. Sin embargo, conozco muchos que ni siquiera se permiten pensarlo, gracias a 500 años de opresión.

Una de las muchas falsas creencias en México es que el pasado ya no importaría. Pero ningún ser humano puede sanar sin reparar los traumas de su pasado. Lo mismo vale para una sociedad. De hecho, es la negación

de los mexicanos de mirar, aceptar y reparar su pasado que les encierra en una sociedad “donde no pasa nada”, donde la corrupción y el crimen organizado mantienen un régimen de terror. Si alguien les hubiera explicado antes que es por su propia negación que estos dos flagelos siguen y hasta se expanden, desde hace mucho tiempo ya hubieran cambiado su orgullo de ser mexicano por una vida en paz.

Al final, el orgullo no sirve de nada, sólo es un pecado mortal.

Es más: solamente la enseñanza, integración y preponderancia de la cosmovisión maya en la vida pública pueden resolver los dos enormes problemas de la corrupción y del crimen organizado. Ambos se cometen bajo la influencia de los fantasmas del pasado, los cuales se ubican en la cuarta dimensión. Es obvio que cualquier estrategia de combatirlos únicamente en la tercera dimensión debe fallar, resulta una lucha contra la Hidra. ¿Cómo se puede convencer a un político corrupto o a un narcotraficante que su actitud es falsa si al parecer le trae puras ventajas materiales y ninguna sanción, si logra escapar de la justicia humana? Por transmitirle la información indudable que él existe más allá de la tercera dimensión, que seguirá existiendo después de su muerte y que tendrá que pagar por cada daño que causó.

No porque es una creencia de alguna religión, que queda abstracta y pospuesta hasta después de la muerte física, sino porque lo experimenta en vida con todos sus sentidos en la presencia de una conciencia más alta, como la sociedad maya la había logrado y en parte preservado hasta el día de hoy. Una conciencia que posee este conocimiento ancestral sobre las dimensiones y cómo navegar en ellas, lo que solamente es posible siendo un ser humano verdadero. Así se revoca cualquier legitimación falsa a posteriori, y así tiene que pasar con el hotel de la Sedena en Calakmul y con toda la tierra maya.

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Lunes 18 de Diciembre de 2023 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

LOS LIBANESES NO QUIEREN LA GUERRA Carlos Martínez Assad

H

ace un año el asesor estadunidense Amos Hochstein logró el acuerdo entre Líbano e Israel para establecer sus fronteras marítimas en el Mediterráneo Oriental.

Las partes acordaron algunos puntos, entre ellos la promesa de acceso a los yacimientos de hidrocarburos.

Sin embargo, en aquel país todo se dificulta por la crisis endémica que padece y por la ausencia de un gobierno estable debido a la incapacidad de sus fuerzas políticas para organizarse.

Un año después todo sigue igual, salvo que Israel está ya trabajando en la zona, enfrentando la guerra con Gaza que agudiza aún más los problemas internos de Líbano por el involucramiento de Hezbolá, la fuerza militar que establece otro frente para Israel.

En Beirut, en la primera semana de noviembre, Hochstein escuchó en la Presidencia del Consejo de Ministros, luego de una reunión en la que estuvo el premier Nayib Mikati, que Líbano e Israel no quieren agravar la situación. En realidad, el asesor del presidente Joe Biden ha hecho escala en su misión de alcanzar una tregua humanitaria de Israel en Gaza, bombardeada desde hace más de un mes, en respuesta al feroz asalto de los terroristas de Al-Qassam de Hamás. Hochstein informó que la intención de Estados Unidos es que la guerra no escale y se mantenga la paz en la frontera sur de Líbano ante la eventualidad de que pueda convertirse en un tercer frente para Israel.

El 3 de noviembre, el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, pronunció un esperado discurso en el que señalo que “Estados Unidos es el principal responsable de la guerra en Gaza, e Israel es simplemente su instrumento”. Fue escuchado por una multitud de seguidores que

ondeaban banderas palestinas en la Plaza de los Mártires, en Beirut.

Cuando aún en el ambiente se escuchaban los ecos de ese discurso, la Sociedad Statistics Lebanon Ltd dio a conocer una importante encuesta aplicada a la sociedad libanesa, la cual no es proclive a las mediciones. El resultado muestra que 73.5% de los libaneses está contra el ingreso de su país en la guerra, aun cuando su amenaza se proyecta en su frontera con Israel, según rebeló Habib Habra, directivo de la empresa.

El grupo interrogado estuvo compuesto por personas con iguales características procedentes de diferentes regiones, considerando también la misma proporción de confesiones y de rasgos socioeconómicos, lo mismo que rangos de edad y de género. De esa proporción resulta importante señalar que 100% de los drusos –otro de los pueblos con su propia religiosidad en el país– se pronuncian por no involucrarse en la guerra, de la misma manera como lo expresan los cristianos en un 97.1 por ciento.

Con los musulmanes la proporción desciende pero comparten ese rechazo 64% de los sunitas y 59% de los chiitas. A la pregunta de si consideran que Hezbolá quiere participar desde los territorios que controla, la respuesta afirmativa fue de 69.5 %, compuesto 76.8% por cristianos, 71.2% por sunitas, 65% por chiitas y 41.7% por los drusos. Y 29% expresó su negativa.

Una pregunta más difícil es la que busca responder si ante el hecho de que Hamás desencadenó la guerra y tomó de escudo a civiles, Israel tiene el derecho de reaccionar de la forma que considere adecuada; 74% respondió negativamente, entre los cuales 100% son drusos, 93.3% son chiitas, 69.5% sunitas y 56.5% cristianos. Apenas 24% tuvo una respuesta afirmativa.

También se preguntó si conside-

raban que Hamas alcanzó una victoria que Palestina no había logrado en mucho tiempo: 78% estuvo de acuerdo con esa idea, de los que 91.7% eran chiitas, 91.7% drusos, 88.1% sunitas y 56.5% cristianos.

Con una visión hacia lo externo, se cuestionó a los entrevistados sobre los actores involucrados fuera de la región. El 55% consideró que la guerra que se desarrolla actualmente no es entre Hamas e Israel, sino entre Irán y Estados Unidos; de ellos, 83.3% fue de los drusos, 79.7% de los cristianos, 45.8% de sunitas y 30% de chiitas.

Ante la pregunta sobre si la guerra desembocará en un tratado de paz con Israel, la respuesta de 73.5% fue negativa, de los que 91.7% son chiitas, 86.7 drusos, 83% sunitas y 50% cristianos.

Es importante este instrumento debido a que expresa con claridad el deseo de la población libanesa de no involucrarse en la guerra porque conocen y viven la situación actual de su país, y no están dispuestos a otra injerencia de Israel que, en ocasiones anteriores, ha tenido resultados muy negativos para su nación. Y quizá lo más importante es que el Partido de Dios no cuenta con las simpatías de la mayoría y apenas algunos de sus correligionarios están de acuerdo, alejándose de ese sentimiento los cristianos y, más definitivamente los drusos, quienes no muestran ninguna empatía con los actores involucrados en la guerra, declarándose absolutamente neutrales.

Ante los constantes lanzamientos de cohetes desde el sur de Líbano, el Ejército israelí responde con misiles, provocando el desplazamiento de más de 20 mil personas del sur de Líbano y la muerte de 85 combatientes de Hezbolá.

Por lo que concierne a los israelíes, más de 100 mil han sido desplazados de los poblados fronterizos y ha muerto una decena, con

todas las implicaciones que pueda tener. El presidente Isaac Herzog de Israel ha reaccionado: “Si Hebolá nos lleva a una guerra, queda claro que Líbano pagará el precio” (Reuters, 24 de octubre).

Por su parte, el primer ministro Benjamín Netanyahu expresó sobre la actividad de Hezbolá: “Cometerá el peor error de su vida y echará de menos lo que pasó en la guerra de 2006”, cuando en 33 días de guerra murieron mil 300 libaneses y 165 israelíes, además de que gran parte de la infraestructura del país fue destruida.

Al parecer el Partido de Dios sólo mantiene un eje de resistencia sin la intención de ir más allá, tomando riesgos mayores.

Sin duda, la mayoría de los libaneses no quiere la guerra, como queda claro en la encuesta, aun con las naturales diferencias entre las distintas comunidades religiosas. Ni siquiera entre los chiitas se muestra cercanía sobre las decisiones de Hezbolá. De donde se desprende la falsedad de una amenaza como la de que por sus acciones deberá pagar Líbano, como sucedió en la guerra de 2006.

Por lo demás, si se considera la eventualidad de una escalada, el país no está en capacidad de resistirla, la situación de los hospitales es precaria, y notable la ausencia de médicos, debido a la partida de muchos al extranjero, según reconoce el diputado Bilal Abdallah del Partido Socialista Progresista del Chouf y presidente de la Comisión Parlamentaria de Salud. Él mismo señaló el 26 de octubre que en su región, de los 90 médicos capacitados para urgencias, sólo hay 30 activos y no hay enfermeros.

El eje de resistencia que mantiene Hezbolá tiene un riesgo enorme dadas las condiciones de la escalada militar de Israel en Gaza, pero los libaneses no se sienten vinculados ni quieren una guerra.

CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

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CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

• El “trenecito” de AMLO, no es pa los jodidos • Las masacres convertidas en el pan nuestro de cada dia

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efinitivamente el “trenecito” de AMLO, no es pa los jodidos, ni pa el pueblo bueno y sabio, de los que asegura el tabasqueño es la razón de su existir. No, el Tren Maya, construido por los militares, esos que cuando el huracán Otis destrozó Acapulco, no pudieron implementar el Plan DN-III para auxiliar a los acapulqueños y de municipios aledaños.

No porque la prioridad del presidente López Obrador era que su “trenecito” fuera inaugurado dos meses después, y debido a ello, la maquinaria y personal militar se encontraba en la zona y fue por ello, que los militares se hicieron “ojo de hormiga” y no pudieron cumplir con sus obligaciones.

Pero ¡oh gran decepción! El uso del tren de López es prohibitivo para los pobres, pues este es todo de “lujo” y no tiene sección de “Guajoloteros”, como los tenía Ferrocarriles Nacionales de México, qué tiempos aquellos que todos podíamos viajar en este servicio.

El costo de un adulto en clase turista del tramo Campeche-Cancún es de mil 166 pesos, mientras que en la sección premier es de mil 862 pesos.

Por su parte, el costo para el tramo Mérida-Cancún tiene un precio de 735 en clase turista y mil 173.50 para clase premier.

Las familias de escasos recursos económicos no podrán hacer uso de este medio de transporte, porque si una familia que consta de cinco miembros, que quiera viajar en clase turista, pues tendrá que invertir solo de ida tres mil 675 pesos y el regreso la misma cantidad, por lo que el viaje se torna imposible.

AMLO celebra costo del Tren Maya y justifica la inauguración en su primera etapa, pues López Obrador calcula que el costo total de la obra será de entre 200 mil y 300 millones de pesos.

Otra más de sus mentiras, pues el mentado tres, uno de los megaproyectos de este gobierno arrancó operaciones este viernes 15 de diciembre, pero solo en un tramo, y lo hizo con sobrecosto y en medio de cuestionamientos por el impacto ambiental que tendrá la obra.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que para 2024 el costo total de esta obra podría superar el medio billón de pesos.

Por ello, el IMCO afirmó que es un proyecto cuya rentabilidad social es cada vez menor ante los notables

sobrecostos que ha enfrentado.

Se calcula que el monto total de inversión ascenderá a 511.2 mil millones de pesos, un 228% mayor al presupuesto original que era de 156 mil millones de pesos.

El sábado el presidente inauguró 257 de dos mil 554 kilómetros que consta el circuito completo que en termino de números el 16 y medio por ciento de la obra total que cuando se termine tendrá un costo de medio millón de millones de pesos, es decir, tres veces el costo que originalmente fue proyectado para la obra faraónica de López.

Se espera que en tiempos muy conservadores de recuperación de la obra para dentro de 80 años se seguirá pagando. El presidente quiere que el costo del pasaje sea más bajo de que cuesta viajar en autobús, es decir el precio va ser por decreto presidencial que estará fluctuando entre los 800 pesos y los 1200, solo en ese tramo.

Una obra burda de la tecnología del siglo XXI, considerando que hay trenes chinos que su velocidad oscila entre los 400 kilómetros por hora y más, y el tren maya se mueve a la vertiginosa velocidad de 50 kilómetros por hora, es decir la tecnología que se está implementando en México tiene más o menos ocho etapas de retraso a los trenes de última generación que se construyen en fábricas y que levitan en el aire.

Pero aquí hay que hacer la aclaración que el tren Maya no se hizo con dinero privado, se hizo con dinero del pueblo, porque este transporte es para el “pueblo” por ende el pueblo es el dueño del tren.

Pero lo más importante de esta obra hará que aquel que viaje en el tren podrá contemplar la devastación ecológica que desde su inicio se veía claramente que no era viable, bueno al menos de los que pensamos que antes de hacer una obra hay que evaluar su vale la pena hacerla.

Pero todo sea por el populismo,

el viernes, tras más de seis horas de viaje, llegó a Cancún, en Quintana Roo, el convoy inaugural del primer tramo del Tren Maya en el que viajó el presidente López Obrador.

Todo menos que este gobierno incomode a los delincuentes

Para el presidente de México en su gobierno ya no hay masacres, ni desaparecidos un mucho menos existe la tortura, y también niega que exista un narcoestado”, pues afirmó que su administración no reprime al pueblo ni ordena masacres, como presuntamente ocurrió en sexenios anteriores a los que llamó “neoliberales o porfiristas”.

Y se ufanaba, cuando triunfe MORENA en el 2018 “no van a haber masacres en México, se va a terminar con la guerra”.

En septiembre de 2020, el presidente López Obrador, causó una relevante polémica al exponer la portada de un diario de circulación nacional, que daba la impresión que se había burlado de un tema relacionado con la violencia en el país.

“Ahí están las masacres je, je, je... este”, comentó el tabasqueño durante su conferencia matutina, en la cual mostró la primera plana del diario Reforma.

Esto generó la reacción de los usuarios de redes sociales, quienes increparon al titular del Ejecutivo Federal por reírse de un tema que les parece grave y el cual ha afectado a miles de familias a lo largo del territorio nacional.

El pasado 26 de septiembre, se cumplieron nueve años de la matanza de tres estudiantes y la desaparición de otros 43 en la ciudad mexicana de Iguala, conocido como el caso Ayotzinapa.

Asimismo, recordamos que el pasado dos de octubre, se cumplieron 55 años de la Masacre de Tlatelolco en la Ciudad de México, en la que un movimiento estudiantil fue reprimido brutalmente por ele-

mentos de la Policía y del Ejército dejando un saldo de entre 300 y 400 muertos, según las estimaciones más generosas.

En los primeros siete meses del 2023, México ha registrado al menos 267 masacres. Así lo advirtió la organización civil Causa en Común, quien exigió a las autoridades federales una “verdadera” estrategia de seguridad y justicia.

Sin embargo, el presidente parece no oír lo que la ciudadanía le exige, cambiar la estrategia de seguridad, pues los abrazos y no balazos, no funcionan pues ya sus amigos delincuentes no le hacen caso y por eso vivimos secuestrados por la delincuencia organizada y no organizada.

La violencia no cede ni el presidente hace algo para rescatar al pueblo de las garras de la violencia, no oye ni escucha, deja que el tiempo pase y la violencia crezca conforme transcurre el tiempo y se acerca el proceso electoral de junio de 2024.

El mes de diciembre terminara con dos masacres más, la de Texcatitlán con 14 muertes, y la última la de este sábado en la posada en Salvatierra, Guanajuato con 12 muertes y cuatro más en Salamanca.

Lamentablemente se termina el año y también se termina este fallido gobierno de la 4T, en donde las muertes siguen creciendo en número y la inacción del presidente va de la mano con sus socios los delincuentes, que hace que se convierta este gobierno en el peor de la historia de México.

Del Montón

El Consejo Nacional del PAN aprobó la lista de 19 militantes para ocupar un escaño en el Senado por la vía de la Representación Proporcional. Informó que en una sesión extraordinaria se votaron y aprobaron los integrantes de la lista nacional con los primeros lugares propuestos para senadores, denominados como plurinominales. En primer lugar del listado se encuentra Marko Cortés, dirigente nacional del partido blanquiazul, seguido de la diputada Karen Michel González; el excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés; la senadora Lilly Téllez y el diputado del Estado de México, Enrique Vargas del Villar. * * * Eso es todo por hoy, y a partir de este día nos tomaremos unos días de asueto para regresar a nuestras actividades normales a partir del 2 de enero del 2024. Primero Dios.

CMAN

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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Lunes 18 de Diciembre de 2023 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 10 | No. 2776

ALERTA

INFORME

Con AMLO, México continúa entre los países más pobres de América Latina: Cepal

Cofepris advierte que dos playas en Tapachula entre las seis playas consideradas no aptas para el uso recreativo en estas vacaciones

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REPORTE

Economía digital: en la Corte, un fallo con alcances para usuarios de DiDi, Rappi y Uber Eats PAG. 3

VIOLENCIA

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ACUSACIÓN

INE autoriza acuerdo para que Guadalupe Taddei realice nombramientos; denuncian irregularidades

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Guanajuato: Comando irrumpe en posada y mata a 12; en ataque a barbería matan a seis Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo y en dos ataques distintos, delincuentes armados dispararon a los clientes de una barbería en Salamanca e irrumpieron en una posada que se celebraba en una comunidad de Salvatierra, masacres que en total dejaron 16 personas asesinadas y por lo menos otras 13 personas con heridas.

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Fiscalía de Sinaloa detiene a presunto asesino del periodista Luis Enrique Ramírez