CMAN
DOXA
EDITORIAL
El responsable de laa su Chiapas abandonado narcoviolencia en la entidad suerte
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¿Qué es lo que le importa de Chiapas al gobernador Rutilio Escandón? ¿Por qué en situaciones críticas en la entidad, el gobernador se mantiene ausente de los problemas de Chiapas?
Así como está la disputa por la candidatura a la presidencia de Tuxtla, está saliendo más cara la elección en Tuxtla que la de la gubernatura de Chiapas. Aquí el grupo Tabasco decidió echar su resto para obtener la ciudad capital. Y en medio de los ilícitos emerge la figura del gobernador apoyando al cártel Tabasco.
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EN CHIAPAS
Jueves 25 de Enero de 2024 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 10 | No. 2797
PRONUNCIAMIENTO
MENSAJE
Más de 100 países reclaman a México en la ONU por la violencia y violación a los derechos humanos Más de un centenar de países urgieron desde la ONU al gobierno de México a redoblar esfuerzos para combatir la desaparición forzada y la violencia contra mujeres, migrantes, periodistas y defensores de los derechos humanos
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Vamos a trabajar en unidad, con emoción y sentimiento: Eduardo Ramírez en Ocotepec
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REPORTE
Provocan incendio en Humedal María Eugenia, exigen medidas de protección inmediata
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Quién cuida la Selva Lacandona, la región natural chiapaneca afectada por los enfrentamientos entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa
COMUNICADO
Chiapas ha registrado más de 2 mil desplazamientos forzados debido al crimen organizado en los últimos 10 días, reportan activistas
HOY ESCRIBEN AZUCENA URESTI Y LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES Antonio Salgado Borge*
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«RETROCESOS SIGNIFICATIVOS» EN DERECHOS HUMANOS CON AMLO Edith González Cruz
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QUÉ RESPONDIERON ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS TRAS EVALUACIÓN DE MÉXICO ANTE LA ONU Edith González Cruz
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SALUD DE NIÑAS Y NIÑOS EN FRANJA DE GAZA SE DETERIORA RÁPIDAMENTE: UNICEF Rita Magaña Torres PAG. 3
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Jueves 25 de Enero de 2024 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
EDITORIAL El responsable de la narcoviolencia en la entidad
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Qué es lo que le importa de Chiapas al gobernador Rutilio Escandón? ¿Por qué en situaciones críticas en la entidad, el gobernador se mantiene ausente de los problemas de Chiapas? ¿Hasta cuándo el gobernador se va a dar cuenta que su obligación fundamental es la de gobernar y asumir las responsabilidades que esto representa? Estas interrogantes son relevantes si se relacionan con hechos concretos que dan evidencia de que al gobernador está ajeno a los problemas que padece Chiapas. La entidad estaba en ruinas cuando concluyó el gobierno anterior; la prensa local, que no dudó en aplaudir las frivolidades en el ejercicio del poder al exgobernador Manuel Velasco, al final de su gobierno lo empezó a cuestionar y se creó en la sociedad un clima de linchamiento, en donde las Redes Sociales jugaron un papel importante, a grado tal que Manuel Velasco se autoexilió. De los problemas de Chiapas tenía puntual conocimiento el li-
cenciado Rutilio Escandón, quien desde la presidencia del Tribunal de Justicia, fue partícipe de este desastre social y por lo tanto tuvo pleno conocimiento de las veleidades del poder y el derroche de recursos, por lo que tuvo tiempo suficiente para pensar y definir un conjunto de políticas que cambiaran el rostro de Chiapas desde el primer día de su gobierno. Sin embargo, a meses de concluir esta administración, en donde las condiciones sociales y económicas se deterioraron, con todo y un ejercicio presupuestal superior a los 500 mil millones de pesos, Chiapas vive el ´peor momento de su historia, con una fuerte presencia de la delincuencia organizada que controla gran parte del territorio, con la complicidad de Rutilio Escandón. En los más de cinco años de administración, se hicieron evidentes la ausencia de un plan de gobierno y peor aún de estrategias políticas para gobernar, no existe un gabinete que tome decisiones y se implementó una política supuestamente de austeridad, que lo único que ocasionó es que se
agudizaran los problemas de gobernabilidad de la entidad. De igual manera se emprendió un discurso de anticorrupción pero al mismo tiempo se permitió que los principales colaboradores iniciaran el saqueo del erario y que se asignaran contratos a empresas fantasmas. Hay comportamientos del gobernante que resultan inentendibles. Por ejemplo, el silencio que guardó cuando ejecutaron al hijo del “Tío Gil” en Tuxtla Gutiérrez, quien llevaba a dos policías estatales comisionados como guardias personales. Lo mismo ha sucedido en las balaceras recurrentes entre paramilitares en Chenalhó y Aldama, así como en las acciones emprendidas por el grupo paramilitar “El Machete”, en Pantelhó, quienes desaparecieron a 21 personas en medio de una total impunidad y particularmente, al discurso que busca ocultar la guerra que hay en los municipios fronterizos de la Sierra, en donde los enfrentamientos y el reclutamiento forzado ha provocado miles de personas desplazadas.
Mas reciente están los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia en La Concordia y La Frailesca, y la pérdida del control de San Cristóbal de Las Casas, en manos del grupo de “Los Motonetos”, que impusieron el terror en ese municipio y cuyas acciones afectan directamente a las actividades turísticas de la entidad. Lo delicado de todos estos señalamientos, es que en medios nacionales se han señalado los nombres de funcionarios de la fiscalía y de la secretaría de seguridad que están involucrados con los grupos de la delincuencia organizada y no hay investigación alguna al respecto. Recientemente en las redes sociales circuló un vídeo en donde un grupo de la delincuencia señala en concreto a un subsecretario de seguridad y menciona que la propia secretaria del ramo entregó el C5 a otro grupo delincuencial, esto de ser cierto, coloca como principal responsable al propio gobernador, quien por omisión o por aquiescencia, tiene culpabilidad del incremento de la narcoviolencia en Chiapas.
DIRECTOR GENERAL
José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL
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CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
De la Redacción Palenque, Chis. (Tribuna)
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as zonas arqueológicas de Bonampak y Yaxchilán permanecen cerradas desde hace más de un año para arqueólogos y restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y turistas, debido a la presencia del crimen organizado, la inseguridad y la violencia en Chiapas, de acuerdo con la periodista cultural Adriana Malvido. Bonampak, destaca la también escritora en su columna, contiene una de las pinturas más importantes y mejor conservadas de la cultura maya, sin embargo, “nadie más que la delincuencia se para por ahí desde hace dos años, por la inseguridad”. En tanto, en Yaxchilán no hay presencia de guías y turistas, mientras que el servicio de lanchas para llegar al sitio que ofrecían varias cooperativas se encuentra suspendido desde hace meses, al igual que en la zona de Lagartero, ubicado en Lagos de Colón, reporta la periodista.
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Las zonas arqueológicas de Bonampak y Yaxchilán están bajo control del crimen organizado y cerradas desde hace más de un año Bonampak, destaca la también escritora en su columna, contiene una de las pinturas más importantes y mejor conservadas de la cultura maya, sin embargo, “nadie más que la delincuencia se para por ahí desde hace dos años, por la inseguridad”
“Son hoy zonas fantasmas” Bonampak se ubica en la Selva Lacandona, en el valle del río Lacanjá y se encontraba abierto al público el conjunto de la Gran Plaza y la Acrópolis, que alberga un edificio con pinturas murales y materiales arqueológicos de la cultura maya, sin embargo, se encuentra la zona está cerrada al personal del INAH. Yaxchilán, un monumento a la orilla del río Usumacinta, es uno de los sitios mayas con más riqueza arqueológica y arquitectónica por sus 124 inscripciones de este-
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las, altares y dinteles que plasman cómo llevaban a cabo sus ceremonias, rituales y batallas. “Pide a gritos la presencia de quienes durante décadas han velado por su seguridad y conservación, pero los equipos del INAH están resguardados en Tuxtla Gutiérrez”, relató la también escritora. La zona arqueológica Toniná (La casa de piedra), también está
cerrada al público “por problemas de propiedad la tierra”, señala Adriana Malvido, agregando que las temporadas de campo en estos sitios turísticos están suspendidas, excepto en Palenque, zona que está resguarda por la Guardia Nacional y el Ejército. “Diversas voces desde la arqueología y el turismo han alertado de esta situación en medios, sobre
todo locales, la radio y redes sociales. Preocupa el deterioro al que se exponen las zonas arqueológicas. Y el silencio oficial. En Bonampak, me cuentan, el campamento de los arqueólogos ya sufre saqueos“, alerta la periodista cultural. La directora del Centro del instituto de antropología de Chiapas, Olivia Lara Jiménez, confirmó a la periodista que Bonampak se encuentra abierto, “pero el personal del INAH no puede entrar”, lo mismo que en Yaxchilán, pues “otros grupos tienen el control”. Keiko Teranishi, directora de la zona arqueológica de Palenque, sostuvo que preferirían que las autoridades informen respecto a esta problemática, dado que es información de “carácter delicado”. En la entidad se disputa el control de las tierras, principalmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes incurren en delitos como tráfico de drogas, armas e incluso de migrantes. Con información de Latinus.
Chiapas ha registrado más de 2 mil desplazamientos forzados debido al crimen organizado en los últimos 10 días, reportan activistas De la Redacción San Cristóbal de Las Casas, Chis. (Tribuna)
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) urgió al gobierno federal y estatal a atender la crisis de desplazamiento forzado en las regiones de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia, en Chiapas. A través de un comunicado, informó que desde el 15 de enero en dichos municipios ha habido 2 mil 300 personas desplazadas de manera forzada. “Estos hechos se enmarcan en el contexto de violencia que emana de la disputa por el control del territorio entre la delincuencia organizada. El desplazamiento forzado es parte de las formas de acción que utilizan los grupos criminales para el control de la población”, se lee en el texto.
Frayba exige atender a las víctimas de desplazamiento forzado y las causas de origen y pidió aplicar los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se refirió que el pasado 15 de enero en el municipio de Socoltenango y Chicomuselo se presentó un enfrentamiento entre grupos armados y refirió que desde dicho día hay denuncias de desaparición de personas, homicidios, reclutamiento forzado y violencia. “El 16 de enero, con la llegada de las Fuerzas Armadas, la población civil de Nueva América intentó evitar su ingreso al territorio ejidal, siendo reprimidos con uso excesivo de la fuerza por parte de los efectivos castrenses, dejando a su paso personas heridas, detonaciones de armas de fuego y estragos por la inhalación de gas lacrimógeno”, explica el texto.
Frayba señaló que esta problemática no es nueva y resaltó que de junio de 2021 a la fecha han sido víctimas de desplazamiento forzado más de 10 mil personas, “que han huido de sus hogares para salvar
sus vidas”. Junto con el texto, se anexó una petición digital, en la que te piden tu nombre completo y un correo electrónico para sumarte a dicha petición.
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Provocan incendio en Humedal María Eugenia, exigen medidas de protección inmediata Óscar Gómez/Corresponsal San Cristóbal de Las Casas.
U
n incendio provocado por manos criminales arrasó hoy con la vegetación de varias hectáreas en el humedal de montaña María Eugenia, recientemente declarado área natural protegida por el gobierno federal. Al respecto, León Enrique Ávila, miembro del Consejo de la Zona Sur y de los Humedales en San Cristóbal de Las Casas, exigió a las autoridades que pongan fin a la indiferencia y detengan el ecocidio que azota al municipio. “Quemaron el humedal con la finalidad de lotificar y construir casas. Le pedimos de la manera más atenta a la autoridad actúe y se protejan los cuerpos de agua (escasos y agotándose por la falta de lluvia). El lugar está dentro del polígono aprobado por la Conanp como reserva federal”, declaró Ávila, subrayando la gravedad de la situación y la urgente necesidad de preservar este invaluable ecosistema. El llamado de Ávila es por la destrucción de un entorno natural único, ya que el humedal, representa no solo una pérdida de biodiversidad, sino también un golpe a los cuerpos de agua que se agotan ante la escasez de llu-
Óscar Gómez/Corresponsal San Cristóbal de Las Casas.
En el marco del foro de denuncias organizado por la Coordinación por la Paz, la Seguridad y la Vida de San Cristóbal de Las Casas, se alzaron voces preocupadas por la supuesta corrupción imperante en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam). Maximino Jiménez Álvarez, en representación del Comité Ciudadano por la Defensa Popular, arremetió contra el Sapam, denunciando fraudes y la falta de diálogo con las autoridades. Expresó su inconformidad ante cortes de servicio y la necesidad de tarifas justas para los aproximadamente 250 integrantes de la organización que tienen presencia en diversos barrios de la ciudad. Jiménez Álvarez criticó la falta de respuesta de los presidentes frente a las demandas ciudadanas “no podemos hacer un pago cuando
El llamado de Ávila es por la destrucción de un entorno natural único, ya que el humedal, representa no solo una pérdida de biodiversidad, sino también un golpe a los cuerpos de agua que se agotan ante la escasez de lluvias. “La acción criminal no solo ha destruido el paisaje, sino que amenaza la disponibilidad futura de recursos hídricos esenciales para la región”
vias. “La acción criminal no solo ha destruido el paisaje, sino que amenaza la disponibilidad futura de recursos hídricos esenciales para la región”. Ante la gravedad de la situa-
ción, León Enrique Ávila hace un llamado enérgico a las autoridades, exigiendo que dejen de hacer de la vista gorda y tomen medidas inmediatas para frenar el ecocidio que se gesta en el municipio. “La
preservación de estos espacios naturales es crucial, no solo para el bienestar ambiental, sino también para las generaciones futuras que heredarán las consecuencias de nuestra negligencia”.
Denuncian corrupción en Sapam y desesperación por desapariciones, en Foro Ciudadano los presidentes no acceden a la reunión que queremos y nos han dejado plantados en la Presidencia”. El Comité destaca que el dinero generado por el Sapam parece ser un “banco chico para la presidencia”, subrayando la persistencia de la corrupción en lugar de mejoras sustanciales. Por su parte, Irma Leticia Sánchez Hernández compartió la angustia que vive su familia debido a la desaparición de su esposo y otras dos personas hace más de dos meses. La búsqueda en la Fiscalía de Tuxtla Gutiérrez ha sido frustrante, por lo que expresó su preocupación por la lentitud del proceso. “Dicen que están haciendo su trabajo, pero está muy lento todo y desde ese día hasta hoy no en-
contramos ningún resultado”. La desesperación se intensifica al no recibir información sobre el paradero de su esposo, quien se dedica
a la venta de automóviles y desapareció mientras cumplía con un encargo en Carranza desde el 22 de noviembre de 2023.
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Andrés Martínez Ocosingo, Chis. (Tribuna)
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a violencia provocada por el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Chiapas ha generado que algunas empresas turísticas de países europeos decidan cancelar las visitas a la Selva Lacandona, por lo que existe una pregunta legítima, ¿Qué autoridad cuida este pulmón natural afectado por las bandas del crimen organizado? La Selva Lacandona es uno de los lugares más representativos de la riqueza biológica de México, al registrar el 15% de las plantas del país; el 27% de los mamíferos y el 30% de las aves de todo México, de acuerdo con datos del gobierno federal. Este lugar abarca una superficie de 1.8 millones de hectáreas ubicadas al oriente del estado de Chiapas, en los municipios de Las Margaritas, Altamirano, Ocosingo, Palenque, Maravilla Tenejapa, Marqués de ComillasZamora Pico de Oro y Benito Juárez. Pese a la riqueza natural, este lugar también funciona al crimen organizado para efectuar rutas de tráfico de droga debido a su frontera con Guatemala, por lo que desde hace dos años, integrantes del CJNG y el Cártel de Sinaloa han irrumpido en caminos y municipios, principalmente en el municipio de Ocosingo donde hay zonas arqueológicas como Bonampak y Yaxchilán. En estos lugares se han reportado la presencia de hombres armados en algunos tramos carreteros. Por esta razón, la empresa mexicana ATC Touroperadores decidió que sus turistas visiten únicamente Palenque, sin adentrarse a la Selva Lacandona. En un comunicado detalló que las agencias turísticas de Francia, Inglaterra y Bélgica que representan han decidido no llevar a sus clientes a esa zona. El diario El Universal rescató
*Llegará a los rincones más necesitados de Chiapas. En su tercer día de recorrido por el estado, el precandidato único de la coalición “Seguiremos haciendo historia en Chiapas”, Eduardo Ramírez Aguilar, se reunió con militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de Chiapas, en el municipio de Ocotepec. “Estoy aquí, con ustedes, porque me di a la tarea de llegar a los rincones más desprotegidos de Chiapas, a los más pobres, a los más necesitados”, afirmó el precandidato único por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Partido Chiapas Unido, Partido Podemos Mover a Chiapas, Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) y Partido Encuentro Solidario Chiapas (PES). En este marco, Eduardo Ramírez recordó que los Zoques representan en toda su esencia para Chiapas, la cultu-
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Quién cuida la Selva Lacandona, la región natural chiapaneca afectada por los enfrentamientos entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa
La Selva Lacandona es uno de los lugares más representativos de la riqueza biológica de México, al registrar el 15% de las plantas del país; el 27% de los mamíferos y el 30% de las aves de todo México, de acuerdo con datos del gobierno federal
testimonios de operadores turísticos que señalan que durante años se han buscado rutas alternas para evitar cruzar por comunidades que tienen conflicto. Agregaron que en Bonampak, los operadores turísticos han visto a hombres armados en la entrada, los cuales indican la hora en la que pueden entrar a la zona arqueológica; les ofrecen una “guardia de seguridad” que les exige el pago de mil pesos por su servicio, además del pago por ingresar al sitio. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Gobierno de México protege esta selva chiapaneca,
que tiene dos reservas de la biósfera ―Montes Azules y Lacan-Tún—, dos monumentos naturales —Bonampak y Yaxchilán— y tres áreas de protección de flora y fauna —Chan-Kin, Metzabok y Nahá—, desde 1978. Por esta razón, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional mantienen presencia en la región Chancalá, al igual que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal que están de apoyo. En tanto, en los tramos carreteros que van de Ocosingo a Palenque le corresponde la seguridad a la policía estatal, que tiene también una corporación especial turística. El conflicto entre los cárteles de
la droga en Chiapas ha resultado en más de mil desaparecidos y aproximadamente tres mil desplazados en zonas limítrofes con Guatemala, siendo afectadas comunidades de ocho municipios chiapanecos. Según testimonios y denuncias de activistas, los recientes enfrentamientos entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG han intensificado la inseguridad y violencia en la región. La situación alarmante en la región fue expresada por Dora Roblero García, directora de Frayba, quien reportó la ausencia de un conteo preciso de personas desaparecidas y dio cuenta del contacto continuo con las familias desplazadas de municipios como Chicomuselo, Bella Vista y Frontera Comalapa. La lucha territorial entre los mencionados cárteles del narcotráfico ha provocado un ambiente de temor e incertidumbre entre la población civil. De acuerdo con las cifras registradas, Chiapas cuenta con mil 86 denuncias por desapariciones, lo que no lo posiciona entre los estados con mayor número de casos en México, pero sí genera una preocupación creciente entre defensores de derechos humanos y organizaciones civiles. Con información de Infobae.
Vamos a trabajar en unidad, con emoción y sentimiento: Eduardo Ramírez en Ocotepec ra más genuina, más completa, la que conserva su comida, sus tradiciones y son la cultura indígena más pacífica de Chiapas, hay generosidad humana, hay humanismo y hay compromiso. “Aquí (Ocotepec) el 70 por ciento de los programas sociales del gobierno de la República, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, le llega a la población y estos programas ya están en la Constitución, gracias a la Cuarta Transformación “, dijo. Por ello, Eduardo Ramírez, precisó que tenemos al mejor presidente de este siglo, no va a haber otro López Obrador con esa fuerza social, con esa integridad como persona y con esos principios que lo caracterizan; de igual forma, reconoció las acciones de infraestructura del goberna-
dor Rutilio Escandón Cadenas, un hombre ordenado y muy trabajador. En este recorrido, acompañaron al precandidato único, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Carlos Molina Velasco; la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM, Valeria Santiago Barrientos; el coordinador estatal del PT,
Abundio Peregrino García; el presidente del Comité Central Ejecutivo del partido Podemos Mover a Chiapas, Justo Tomás Hernández; el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, Conrado Cifuentes Astudillo; el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido RSP, José Alfredo Ramírez Guzmán.
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Gobierno de NL denuncia ante la FGR a la Refinería de Cadereyta por emitir contaminantes Luciano Campos Monterrey, NL (apro)
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a Secretaría del Medio Ambiente de Nuevo León presentó este miércoles ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra de la Refinería de Cadereyta por emitir gases contaminantes. El secretario Alfonso Martínez Muñoz explicó en conferencia de prensa que recurrió a instancias judiciales pues, luego de denuncias reiteradas en días recientes por la contaminación del aire de la entidad, la madrugada de este miércoles la Refinería Héctor R. Lara Sosa de nuevo liberó material que afecta la atmósfera. El hecho fue registrado por inspectores de la Procuraduría estatal del Medio Ambiente, dijo Martínez Muñoz, quien estuvo acompañado de la directora de la Agencia de la Calidad del Aire, Armandina Valdez, y del regidor de San Pedro, Javier González Alcántara. “En la madrugada a las 2:30 AM tomaron fotografías en la refinería de Cadereyta donde se percibieron columnas de humo y los inspectores mencionaron que éste era espeso y con un olor a azufre”, señaló. Los enviados de la Procuraduría ambiental señalaron que había en el ambiente “una nata espesa color marrón” y otras evidencias que, de acuerdo con el secretario, anexaron al expediente que
El secretario Alfonso Martínez Muñoz explicó en conferencia de prensa que recurrió a instancias judiciales pues, luego de denuncias reiteradas en días recientes por la contaminación del aire de la entidad, la madrugada de este miércoles la Refinería Héctor R. Lara Sosa de nuevo liberó material que afecta la atmósfera
ya tenían prácticamente listo para proceder jurídicamente contra la procesadora de combustible ubicada en Cadereyta, 30 kilómetros al oriente de Monterrey. Martínez dijo que las emisiones tóxicas de Pemex contravienen al Código Penal Federal que, en sus artículos 414 y 415, establecen pe-
nas de hasta nueve años de prisión a quien realice actividades con sustancias corrosivas o tóxicas sin aplicar medidas de prevención. Explicó que en la presente administración han presentado tres denuncias penales por emisiones de la Refinería ante la FGR, la Fiscalía estatal y la Agencia de Segu-
ridad Energía y Ambiente (ASEA). El Gobierno de Nuevo León citó en días pasados a los directivos de la empresa de Petróleos Mexicanos (Pemex), que ignoraron el requerimiento que le hicieron para que explicaran las condiciones de mitigación de daños al ambiente en las que trabajan.
Bloquean la autopista La Pera-Cuautla en ambos sentidos De la Redacción Ciudad de México (apro)
Habitantes del municipio de Tepoztlán, Morelos, iniciaron un bloqueo en la autopista La Pera-Cuautla en demanda de que se construyan accesos a una comunidad. La protesta comenzó cerca de las 9 de la mañana de este miércoles y continuaba hasta las 2:30 de la tarde. Cerca de las 10 A.M. la cuenta en X (Twitter) de Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportó el cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes en el kilómetro 13 de la autopista. De acuerdo con el medio local Diario de Morelos, habitantes de
Santiago Tepetlapa –del municipio de Tepoztlán– exigen a Capufe y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la apertura del libramiento de este poblado que quedó inconcluso con la inauguración de las últimas obras. Los manifestantes colocaron vehículo para bloquear la circulación y advirtieron que mantendrán su protesta de manera indefinida si no se da respuesta favorable a sus demandas. Ante la complicada situación vehicular, Capufe indicó que se desvía la circulación a la carretera libre con dirección a Cuautla en el kilómetro 7 (Tepoztlán). En dirección La Pera, se desvía la circulación en el km 26 (Oaxtepec).
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Comisionada Nacional de Búsqueda sale por la cocina para evadir a reporteros De la Redacción Ciudad de México (apro)
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a titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, se reunió este miércoles en Hermosillo, Sonora, con colectivos, familia y autoridades locales. De acuerdo con una publicación en redes sociales de la dependencia, “se estableció un diálogo directo y circular con las familias y colectivos para hacer frente a la problemática en la región”. Sin embargo, la reunión se distinguió por un video en el que se ve cómo la funcionaria evade los cuestionamiento de los reporteros que buscaban preguntarle sobre los acuerdos que se lograron, y para no responder, salió por la cocina del recinto donde se llevó a cabo el encuentro.
De acuerdo con una publicación en redes sociales de la dependencia, “se estableció un diálogo directo y circular con las familias y colectivos para hacer frente a la problemática en la región”
En la grabación se ve cómo Reyes Sahagún se rehúsa a responder a las preguntas de una reportera, mientras personal de apoyo le indica a la comisionada por donde debía
abandonar el lugar. “¡Por la cocina! ¿Es en serio?”, exclama la reportera. La periodista Karina Barraza publicó el video de cómo la comi-
sionada salió por la cocina del hotel Holiday Inn luego de la reunión que duró tres horas. Por la cocina del hotel @HolidayInn, así sacaron a la titular @ Busqueda_MX. La esperamos por casi tres horas. No quiso atender a los medios de comunicación. ¡Qué lamentable! pic.twitter. com/mhTUOcXyUL — Karina Barraza (@Karina_BarrazaV) January 24, 2024 Reyes Sahagún, quien asumió la CNB tras la salida de Karla Quintana a raíz de la polémica por el censo de desaparecidos que lleva a cabo el gobierno federal, ha sido cuestionada por organizaciones sociales que han exigido que se revoque su nombramiento.
AMLO sugiere reformar Poder Judicial en los estados: “se tiene que limpiar” Dalila Escobar Ciudad de México (apro)
“Cuando hay groserías” no respondo, dijo AMLO sobre comentarios de la gobernadora Maru Campos Dalila Escobar Ciudad de México (apro)
El presidente Andrés Manuel López Obrador evadió hablar de la violencia en Chihuahua, pero reaccionó a la grosería que utilizó la gobernadora Maru Campos: “Antes hasta se llegaba a considerar progre, buena ondita, a los que decían groserías y más si eran mujeres, y todo mundo les celebraba”. En un inicio buscó no responder a la declaración que usó la mandataria estatal: “Nada, nada, nada, no, cuando hay groserías no. Ese es el lenguaje de otros y tampoco me quiero meter en asuntos”.
Enseguida amplió su contestación: “Antes hasta se llegaba a considerar progre, buena ondita, a los que decían groserías y más sí eran mujeres, y todo mundo les celebraba ¿no?, no hay necesidad de eso, por eso no respondo a esas cosas”. También consideró que si se hacen señalamientos por el tema de la violencia es “cuestión de la temporada, como hay elecciones”. La conferencia que encabeza en Palacio Nacional, dijo, “tiene su prestigio, no es cualquier cosa, todos quisieran aquí que les ayudáramos haciéndoles propaganda, pero no, ahí está Ciro, Loret, aquí es otra cosa”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que así como se tiene que “limpiar” al Poder Judicial Federal, también se tiene que hacer en los estados. “Hay que buscar reformar la Constitución y luego las estatales”. “Se tienen que limpiar todos los poderes judiciales en los estados y el Poder Judicial Federal y la mejor manera de hacerlo es con la participación de los ciudadanos, con el método democrático”, con la finalidad de que jueces, magistrados y ministros sean electos, mediante voto libre y secreto. Aseguró que en los estados sucede lo mismo que en la Federación “que se lo entregaron al conservadorismo desde hace tiempo y luego los ministros empiezan a recomendar a jueces y hay amiguismos, influyentismo, nepotismo, corrupción, se forman grupos al interior del Poder Judicial, cómo está, entonces cómo resolver el problema que es lo que al final se debe de buscar, pues con la elección”. Admitió que ese método tampoco será infalible, “pero se equivoca menos el pueblo porque siempre los que se oponen a la democracia participativa hablan de que la gente no sabe de esto, qué va a saber de elegir un juez, magistrado, ministro,
el pueblo claro que sabe, si el pueblo es el soberano. Y es el pueblo muy consciente inteligente, sabio”. Insistió en que quienes están de ministros ahora pueden buscar también la elección mediante una campaña “y si se da a conocer la elección del juez, magistrado, ministros, va a salir gente a decir yo no quiero que él ocupe ese cargo porque yo fui víctima de una resolución en mi contra por corrupción o del influyentismo”. Reiteró que “lo que sucede a nivel federal se reproduce en los estados. ¿Qué es lo que se debe hacer? Continuar denunciándolos y buscar una salida”. Detalló que “deben ser como mil 500 o mil jueves, 500 magistrados, 11 ministro. Es un problema estructural, tiene que ver con las universidades: imagínense cómo se formaron muchos durante el periodo neoliberal durante 36 años donde lo más importante era el dinero, lo material. Eran como empleados; siguen siendo los potentados”.
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Rosario Piedra propone la disolución de la CNDH porque ya no “responde a las necesidades del pueblo” De la Redacción Ciudad de México (apro)
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osario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pidió la disolución del organismo que dirige bajo el argumento de que es herencia del neoliberalismo y ya no “responde a las necesidades del pueblo”. Al rendir su informe de actividades ante la Cámara de Diputados, Piedra Ibarra dijo que se mantiene firme en la idea de transformar de raíz a la comisión que fue creada en 1990 por el presidente Carlos Salinas de Gortari como parte de las exigencias del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado México, Estados Unidos y Canadá. “Es necesario que la defensoría de los derechos del pueblo emerja como una institución nueva”, indicó en tribuna ante legisladores. La actuación de Piedra Ibarra al frente de la CNDH ha estado salpicada de conflictos por su militancia con Morena y su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El 12 de noviembre del 2019 tomó posesión como titular entre protestas, empujones y caos en una sesión del Senado. A lo largo de su gestión ha enfrentado críticas de los propios miembros del Consejo de la CNDH, acusándola de tomar decisiones políticas en favor
De la Redacción Ciudad de México (apro)
De enero a diciembre de 2023 se registraron delitos considerados por la organización Causa en Común como “atrocidades”, debido a la saña con la que son cometidos. Así, en el año que acaba de terminar, la ONG concluyó que se contabilizaron cinco mil 464 notas periodísticas sobre eventos que pueden catalogarse como atrocidades. Con seis mil 378 atrocidades y 12 mil 395 víctimas. Así, se tienen las siguientes atrocidades registradas en fuentes periodísticas durante 2023: Mil 798 casos de tortura, 935 asesinatos de mujeres cometidos con crueldad extrema, 645 acasos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, 487 actos violentos contra la autoridad, 451 casos de violación agravada, 447 masacres, 297 fosas clandestinas, 266 asesinatos de niños y adolescentes, 238 calcinamientos y 244 asesinatos de funcionarios y actores de relevancia en materia de seguridad. Además de otros delitos contabilizados como: 179 intentos de linchamiento, 97 actos de violencia contra
del gobierno. Uno de los principales cuestionamientos es el aval que dio a la militarización de la Guardia Nacional y a la propuesta de reforma electoral presentada por el presidente López Obrador. Ahora, al asistir a una reunión con los integrantes de la Comisión Permanente en la Cámara de Diputados, la titular de la CNDH -que se ha caracterizado por su defensa a los militares y la omisión de las denuncias a la Secretaría de la Marina-, enmarcó su propuesta dentro de las “herencias” del neoliberalismo que ya no tienen razón de continuar. Con motivo de su informe anual de actividades, dijo que la CNDH llegó al quinto año de su gestión con un modelo distinto de defensa de los derechos humanos, y con el marco normativo y operativo mínimo necesario para hacer de la comisión, la Defensoría Nacional de los Derechos
del Pueblo, “que desde hace años reclaman las y los mexicanos”. “En 2023 logramos avanzar decisivamente en su transformación, de manera que hoy, el pueblo sabe, las víctimas saben, que pueden acudir a nosotros y encontrarán respuesta a sus quejas. Durante los últimos 4 años hemos antepuesto, frente a todo, el interés de las víctimas, y hemos procurado prevenir cuando percibimos los casos en los que están en riesgo de serlo. “Parece fácil, pero han sido 4 años de empuje permanente para dejar atrás una dinámica institucional hecha para la simulación y el burocratismo, absolutamente funcional al acuerdo de impunidad y silencio prevaleciente entre autoridades en los pasados 70 años”, enfatizó. En su mensaje, sostuvo que “somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su
transformación, por iniciativa propia, para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano. “Derribamos el mito de los órganos autónomos que necesitan burocracias doradas y presupuestos obesos para cumplir su supuesta misión. Mientras otros han emprendido batallas para defender sus grandes sueldos y prebendas, nosotros redujimos nuestro presupuesto, combatimos la corrupción, desterramos los privilegios de los altos mandos, eliminamos los guardaespaldas y donamos sus seis armas a la Secretaría de la Defensa Nacional; redujimos el parque vehicular, eliminando los automóviles para uso particular, incluidas las camionetas blindadas asignadas a la presidencia; y el comedor que se tenía para el servicio exclusivo de la presidencia con una chef, es ahora un comedor colectivo que ofrece alimento gratuito a más de 200 trabajadores”, dijo. Ante los legisladores, presentó una iniciativa para reformar el apartado b del artículo 120 constitucional y la Ley de la Comisión, a manera de que desaparezca la CNDH “como la hemos conocido y se creé en su lugar la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, que habrá de permitirle proteger con mayores alcances los derechos de las y los mexicanos”.
Causa en Común registró al menos seis mil 378 atrocidades durante 2023 migrantes, 70 jornadas de violencia en entidades, 60 casos de esclavitud y trata, 55 casos de asesinato de personas de grupos vulnerables, 44 asesinatos de actores políticos, 38 casos de terrorismo, 19 linchamientos de personas, 12 asesinatos de defensores de derechos, 9 asesinatos de periodistas y 2 desplazamientos forzados, lo que da el total de seis mil 378 casos en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su informe, Causa en Común señala que los estados donde se registraron más noticias de atrocidades fueron Guanajuato, con al menos 463; Baja California, con 438; Chihuahua, con 427; Guerrero, con 341, y Morelos, con al menos 326. Las entidades con el menor número de noticias sobre atrocidades fueron: Querétaro, con al menos 27; Durango, con 31; Campeche, con 35; Aguascalientes, con 45, y Coahuila, al menos 47. Otras entidades que también destacan por la cantidad de atrocidades
registradas durante el periodo son: Jalisco sumó al menos 343 atrocidades, destacando, al menos, 61 actos violentos contra la autoridad, 29 hallazgos de fosas clandestinas, y al menos 79 casos de tortura. Puebla, en donde se documentaron al menos 297 atrocidades, entre ellas: al menos 39 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 36 casos de violación agravada, y al menos 15 masacres. Veracruz, en donde ocurrieron al menos 260 atrocidades, entre ellas: al menos, 52 asesinatos de mujeres
con crueldad extrema, 48 casos de tortura y al menos 35 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres. Michoacán tiene el registro de, al menos, 252 atrocidades, en donde resaltan: 40 actos violentos contra la autoridad, el hallazgo de 24 fosas clandestinas y, al menos, 23 masacres. Zacatecas, en donde se documentaron al menos 251 atrocidades, entre ellas: al menos 41 masacres, 40 casos de tortura, y al menos 37 asesinatos de mujeres con crueldad extrema.
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Más de 100 países reclaman a México en la ONU por la violencia y violación a los derechos humanos Gabriela Sotomayor Ginebra (apro)
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ás de un centenar de países que participaron en el Examen Periódico Universal (EPU) de México en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU urgieron al estado mexicano a redoblar esfuerzos, más investigación, implementar mejoras y mayor rendición de cuentas en materia de desaparición forzada, asesinatos de periodistas y defensores, violencia contra las mujeres y situación de los migrantes. Países de distintas latitudes como Túnez, Ucrania, Uruguay, Venezuela, Argentina, Australia, Bélgica, Cabo Verde, Canadá, Chile, Croacia, Ecuador, Francia, Alemania, Italia, Irlanda, Jordania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, España, Suecia y Suiza, entre casi un centenar, exhortaron a México a redoblar esfuerzos con respecto a la desaparición forzada, el registro de desaparecidos y la impunidad que prevalece sobre este flagelo. De todos los países que participaron, la gran mayoría recomendaron salvaguardar la seguridad y protección de periodistas y defensores de derechos humanos, así como destinar más recursos al Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores, investigar asesinatos y llevar a los culpables ante la justicia.
Reino Unido recomienda desmilitarizar la Guardia Nacional Como ejemplo de las recomendaciones, Reino Unido indicó: “Nos preocupa la impunidad y la corrupción, así como la elevada tasa de violencia contra mujeres y niñas. Recomendamos lo siguiente: realizar un plan general para desmilitarizar a la Guardia Nacional y trasladar su control a las autoridades civiles. También reforzar las capacidades de la fiscalía encargada de los delitos contra la libertad de expresión, periodistas y defensores’’, dijo el representante de Reino Unido. Estados Unidos pidió “seguir con los centros nacionales de identificación humana e identificar como se debe a los desaparecidos, aplicar sanciones más estrictas por delitos cometidos contra las personas LGBTIQ+”. Asimismo, recomendó “investigar como es debido los delitos contra periodistas y les invitamos a proteger mejor al Mecanismo de Protección y a la Fiscalía que investiga estos delitos”. Uruguay recomendó “investigaciones exhaustivas e independientes
Más de un centenar de países urgieron desde la ONU al gobierno de México a redoblar esfuerzos para combatir la desaparición forzada y la violencia contra mujeres, migrantes, periodistas y defensores de los derechos humanos
de todas las desapariciones forzadas y llevar a los autores a la justicia y garantizar reparaciones a las víctimas, en particular para sus familiares y garantizar que periodistas y activistas puedan realizar su labor en un entorno seguro y libre”. Venezuela pide a México proteger a periodistas e investigar la represión Venezuela, por su parte, recomendó “salvaguardar la labor de los periodistas en el país, investigaciones imparciales de la desaparición forzada, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del estado”. Canadá mostró preocupación porque “el registro de desapariciones sea exacto’’ y recomendó “fortalecer el mecanismo de protección para periodistas y garantizar aborto seguro en todos los estados. Garantizar que a los pueblos indígenas se les consulte en la toma de decisiones antes de adoptar medidas que les afecten’’. China exhortó a “fortalecer las estructuras sanitarias para garantizar el derecho de las personas a la salud, luchar contra la trata y los delitos de narcotráfico tomando parte activa en la colaboración internacional’’.
Costa Rica pide investigar el uso excesivo de la fuerza Costa Rica urgió “investigar y eliminar uso excesivo de la fuerza y atender los casos de vigilancia de la población civil por medios digitales por parte de las fuerzas del orden”. En el mismo sentido se pronunció el representante de Países Bajos. Cuba recomendó continuar afianzando los logros en educación, aumentar nivel de vida de la población y celebró los acuerdos que México ha establecido con Cuba “para ampliar la atención médica a sus ciudadanos a partir de los acuerdos que ha esta-
blecido con Cuba para incrementar los profesionales de la salud que contribuyen a este propósito”. Suiza pidió “transparencia en las tareas civiles del ejército” y, por su parte, Suecia expresó preocupación por violaciones de DDHH cometidas por militares. Por otra parte, una gran mayoría de países también recomendaron más avances con respecto a la violencia contra las mujeres, discriminación, investigar feminicidios, trata, así como tomar medidas efectivas para proteger a las personas migrantes, evitar su detención, especialmente la de los niños. Otras recomendaciones estuvieron relacionadas con el uso excesivo de la fuerza militar, el aumento de violencia de bandas delictivas, aumento de masacres, reclutamiento de niños por dichas bandas así como la violencia estructural contra los pueblos indígenas y los derechos de las personas LGBTIQ+.
México defiende avances La delegación de México estuvo liderada por Joel Hernández, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; Roberto de León, director general de DDHH de la Cancillería; la embajadora Francisca Méndez, la senadora Yadhira Tamayo, la senadora Nestora Salgado García y al senador Raúl de Jesús Elenes Angulo. No asistió ningún representante de Gobernación. Joel Hernández, al tomar la palabra, destacó los avances de México en materia de derechos humanos. Afirmó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha priorizado los derechos de las personas en situaciones de vulnerabilidad, bajo el principio “por el bien de todos, primero los pobres. La política social
y de derechos humanos de México en el periodo evaluado, ha arrojado resultados muy importantes en el combate a la pobreza, atendiendo las causas estructurales de la desigualad, la discriminación y la violencia”. “Como resultado de estas acciones, entre 2018 y 2022 se redujo el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional en México, pues pasó del 41.9% a 36.3%; es decir, 5.1 millones de personas dejaron la condición de pobreza”, expuso. “Gracias a la política del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy se está recomponiendo el tejido social. En la medida en que el Estado mexicano ha invertido en programas sociales, se está abatiendo la pobreza y mejorando las condiciones de seguridad de la población”, remarcó. En materia de salud, señaló que “en México se han fortalecido los servicios de salud públicos y gratuitos. Entre 2018 y 2022, de los 49 millones de personas que solicitaron atención médica, se atendió al 99.6%, es decir, 48.8 millones de mexicanos”. Por otro lado, “se instrumentaron estrategias orientadas a la prevención social del delito y la violencia, en el ejercicio de una política que pone atención a las causas, con acciones coordinadas de los tres órdenes de gobierno y la participación de la población”. En consonancia con las recomendaciones recibidas durante la sesión del EPU por parte de los 116 estados miembros de la ONU, Hernández reconoció que “si bien hemos logrado avances importantes y contamos con una agenda robusta en materia de derechos humanos, hay que reconocer que tenemos que profundizar en temas clave para el ejercicio de los derechos humanos en nuestro país, como: desaparición de personas, desaparición forzada , la protección de periodistas y defensores de derechos humanos; las brechas de género que persisten; la violencia contra las mujeres, jóvenes y niñas en toda su diversidad (en particular los feminicidios), y la situación de los derechos humanos de las personas en movilidad”. Finalmente, afirmó que “el Estado mexicano mantiene un pleno compromiso con los valores fundamentales de la democracia, reconociendo que los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia se refuerzan mutuamente”.
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Designa Taddei a Claudia Edith Suárez Ojeda secretaria ejecutiva del Consejo General del INE Rosalía Vergara Ciudad de México (apro)
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a consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, nombró a encargados de direcciones ejecutivas, unidades técnicas y a la secretaria ejecutiva del Consejo General, un cargo importante dentro del organismo, en cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Para cumplir con la equidad de género, el INE informó que Taddei nombró a cuatro mujeres y a dos hombres para sustituir a los encargados de despacho. A cuatro meses de las elecciones más grandes de la historia del país, Taddei designó a Claudia Edith Suárez Ojeda como secretaria ejecutiva; a Amaranta Arroyo Ortiz como directora ejecutiva de Administración; a Guadalupe Yessica Alarcón Góngora como directora ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; a María del Carmen Urias Palma, como encargada de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. Como encargado de la Unidad Técnica de Servicios de Informática se designó a Félix Manuel De Brasdefer Coronel, y a Roberto Carlos Félix López como director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional. “Se trata de seis perfiles, cuatro mujeres y dos hombres. Sin duda, son los
Diana Lastiri Ciudad de México (apro)
La ministra Yasmín Esquivel Mossa impugnó el amparo que le fue concedido a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) contra la orden de no emitir su dictamen sobre las acusaciones de plagio en su tesis profesional. A través de un recurso de revisión, la ministra busca que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil revoque la sentencia emitida por el juez Cuarto de Distrito en la materia en noviembre pasado. En este amparo, la UNAM reclamó que el juez Sexagésimo Civil en la Ciudad de México declaró firmes las medidas provisionales concedidas a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impedir a la Máxima Casa de Estudios emitir su dictamen. El juez local determinó que debido a que la UNAM no apeló las medidas provisionales, estas han
La consejera presidenta del INE nombró también a los responsables de Administración, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Transparencia y Protección de Datos Personales, de Servicios de Informática y del Servicio Profesional Electoral Nacional
mejores perfiles para estas posiciones y estoy segura de que sus capacidades profesionales nos van a dar garantía de su trabajo imparcial, independiente y objetivo rumbo a este proceso electoral que ya está en marcha”, indicó Taddei, de acuerdo con el comunicado del INE.
¿Quién es la nueva secretaría Ejecutiva? Claudia Edith Suárez Ojeda relevará a María Elena Cornejo, quien regresa a la dirección de Capacitación Electoral.
Suárez Ojeda era la coordinadora de Control de Abastos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Maestra en Derecho Constitucional y Amparo, estudió una licenciatura en Administración y Compras Gubernamentales. Cuenta con experiencia de casi 20 años en posiciones de alta responsabilidad en direcciones gubernamentales. De 2010 a 2016 fue subdirectora de Adquisiciones adscrita a la DEA, cuando el Instituto Federal Electoral (IFE)
cambió su denominación a Instituto Nacional Electoral (INE). De 2016 a 2018 fue coordinadora de Planeación Técnica en la Unidad Técnica de Servicios de Informática. El pasado 10 de enero, el voto de tres de cinco magistrados del TEPJF dio “manga ancha” a la consejera presidenta del INE para designar a la secretaria ejecutiva y otros encargados y encargadas de despacho, aun sin el aval del Consejo General, mientras termina el proceso electoral 2023-2024.
Yasmín Esquivel impugna amparo concedido a la UNAM por el caso de la tesis quedado firmes, por lo que tienen una vigencia por tiempo indefinido. El juez Cuarto de Distrito, que resolvió el amparo de la UNAM declaró que las medidas provisionales no pueden ser declaradas firmes bajo el argumento de que la Universidad no tramitó un recurso de apelación. Ello, debido a que por su naturaleza no admiten este recurso pues la legislación local establece que para combatirlas debe hacerse mediante un incidente. “Al quedar evidenciada la irregularidad del acto reclamado en los términos indicados, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que el juez responsable: I) Deje insubsistente el acto reclamado; II) En su lugar, dicte otro donde atienda expresamente lo que le fue pedido por el mandatario de
la actora; y desestime la solicitud en el sentido de acordar la firmeza de las medidas cautelares, en observancia a las razones expuestas en esta sentencia”, señaló el juez de amparo. El recurso tramitado por la mi-
nistra contra este fallo ya fue turnado al magistrado Gonzalo Arredondo Jiménez quien en los próximos días deberá presentar su proyecto de resolución para determinar si confirma, revoca o modifica la sentencia que beneficia a la UNAM.
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Aumento de violencia contra mujeres periodistas y militarización, le señalan a México en la ONU Rita Magaña Torres Ciudad de México. (Cimacnoticias)
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a situación de los derechos humanos en México fue revisado por cuarta vez en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se destacó que persiste incumplimiento de recomendaciones, además 115 países participantes denunciaron que el país debe: reducir la violencia en contra de mujeres, atender los delitos cometidos contra la libertad de expresión, como los casos de 5 mujeres periodistas asesinadas en lo que va del sexenio, además de revisar acciones para desmilitarizar a la Guardia Nacional, atender desaparición forzada y casos de violencia feminicida. En este señalamiento de la insuficiencia en el esfuerzo institucional por parte del Estado mexicano señalada ante la ONU, también se llamó a fortalecer, desde una perspectiva interseccional y de género al Mecanismo federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El Colectivo EPU hizo un llamado a la comunidad internacional y su cuerpo diplomático en México para que las recomendaciones emitidas sean parte de las acciones de cooperación y de los diálogos de derechos humanos que se sostienen a nivel nacional. Es importante señalar que previo a la presentación del Cuarto Examen Periódico Universal (EPU) de México ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, más de 300 organizaciones y redes estatales, nacionales e internacionales de la sociedad civil, agrupadas en el Colectivo EPUMx, presentaron 18 informes temáticos como insumos para dicha reunión sobre el estado de los derechos humanos en el mundo cuya conclusión señala retrocesos significativos en el Estado de Derecho. Para conocer la información de los 18 informes, te invitamos a leer la siguiente nota: Durante la evaluación de hoy 24 de enero del 2024, el Estado mexicano estuvo representado por funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores; representantes del Senado de la República y personal de la Misión Permanente de México en Ginebra. En esta ocasión, a pesar de los avances informados en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, se evidencia que persisten graves violaciones a los derechos humanos. En este contexto, las observaciones y recomendaciones de los países participantes en la evaluación resaltaron temas cruciales, como la lucha contra la violencia de género, la necesidad de adoptar un enfoque de derechos humanos en la política migratoria, la elaboración de una estrategia para combatir la impunidad mediante el fortalecimien-
to de la capacidad técnica de fiscalías y organismos para la localización de personas desaparecidas. También se enfatizó en la implementación de medidas que permitan a personas defensoras y periodistas llevar a cabo su labor en un entorno seguro. Asimismo, se instó a adoptar acciones de reconocimiento y respeto a los pueblos indígenas y afrodescendientes, garantizando su consentimiento libre y consulta previa e informada.
México En su intervención inicial, México destacó los avances en materia de derechos sociales y la reducción de pobreza. También reconoció como retos los destacados por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en los temas de desapariciones, protección de periodistas y defensores, violencia contra las mujeres, así como los derechos de migrantes. La delegación mexicana estuvo integrada por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Joel Hernández García; la representante permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Francisca Méndez Escobar; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, Yadhira Yvette Tamayo Herrera; así como el senador Raúl de Jesús Elenes Angulo y la senadora Nestora Salgado García, además del director general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Roberto de León Huerta. El Estado mexicano destacó acciones sobre: movilidad humana, derechos de las mujeres, trata de personas, pueblos indígenas y el derecho a la consulta, derechos de la niñez, personas LGBTQ+, personas con discapacidad y personas adultas mayores. De igual forma, la delegación mexicana reconoció que se enfrentan desafíos importantes y que se identifican áreas de oportunidad que requieren reforzarse. En este sentido la colaboración y el diálogo con otros Estados, con organizaciones de la sociedad civil y con los organismos regionales y los órganos del sistema universal son indispensables para seguir registrando avances.
¿Qué le recomendaron a México? En la ronda de recomendaciones para México durante la sesión del EPU, Reino Unidos dio sus recomendaciones a México, en las que incluyó publicar un
plan integral para desmilitarizar de la Guardia Nacional, que incluye transferir su control a una autoridad civil. Así como fortalecer la capacidad y los recursos de los fiscales, incluidos los de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, para investigar crímenes contra periodistas, -como el caso de 5 mujeres comunicadoras asesinadas en lo que va del gobierno actual- y defensores de derechos humanos. Además implementar el Protocolo de Investigación policial a nivel estatal a nivel nacional para abordar los preocupantes índices de impunidad. Canadá recomendó a México fortalecer, desde una perspectiva interseccional y de género, al Mecanismo federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La representación de Australia coincidió que se deben implementar las recomendaciones del diagnóstico del Mecanismo Federal de Protección de México realizado por ACNUDH y garantizar que cuente con los recursos adecuados, así como incrementar los presupuestos de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Género, actualizar y estandarizar protocolos para la investigación de casos de violencia contra las mujeres, pues continúa la preocupada por la alta tasa de feminicidios y desapariciones forzadas en México, así como la falta de recursos de las instituciones designadas para atender estas cuestiones. La delegación de Colombia expresó que con ánimo constructivo recomienda: Redoblar los esfuerzos para eliminar los estereotipos de género relacionados con las responsabilidades de los hombres y de las mujeres en las tareas de cuidados, la familia y la sociedad. Reforzar las medidas necesarias para garantizar que los defensores de derechos humanos, incluyendo a lideresas, líderes, defensoras y defensores de los derechos de Pueblos Indígenas, afromexicanos y migrantes, para que puedan llevar a cabo su labor libremente, sin temor a represalias o agresión. Intensificar los esfuerzos para combatir la discriminación estructural en contra de los Pueblos Indígenas. Tomar las medidas necesarias para que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en contra de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo sean investigadas de manera rápida e imparcial. En su oportunidad, Ecuador le recomendó a nuestro país seguir implementando acciones y políticas públicas
para prevenir y combatir la violencia de género, en particular la que enfrentan los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Adoptar las medidas legales y administrativas que se requieran para enfrentar la crisis de desapariciones forzadas, incluyendo la asignación de recursos suficientes y el fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas. Garantizar la plena participación de los pueblos Indígenas y afromexicanos en el diseño e implementación de las políticas públicas, e implementar acciones para evitar la discriminación institucional y estructural. Costa Rica celebró las recientes ratificaciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos y las acciones dirigidas a combatir la pobreza, la promoción y protección del marco de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI+. Recomendó reforzar los recursos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con el objetivo de avanzar hacia la igualdad y brindar una respuesta efectiva a las denuncias que deriven de la discriminación racial. Adoptar medidas para prevenir, investigar y eliminar todas las formas de uso excesivo de la fuerza y atender los casos de vigilancia de la población civil por medios digitales por parte de las fuerzas de orden. Redoblar los esfuerzos en contra de la impunidad, a través de la investigación pronta, independiente e imparcial, de los crímenes violentos y los delitos, así como garantizar una reparación integral a las víctimas. Uruguay agradeció la ratificación de los Convenios 189 y 190 de la OIT por parte de México y recomendó continuar implementando acciones para la efectiva protección de los derechos de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, particularmente en relación con niñas, niños y adolescentes. Así como continuar con los esfuerzos para conducir investigaciones exhaustivas e independientes de todas las denuncias de desapariciones forzadas, llevar a los autores ante la justicia y garantizar reparaciones a las víctimas, en particular a las familias de las personas desaparecidas. Incrementar los esfuerzos para garantizar que los defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas y el resto de actores de la sociedad civil puedan realizar sus actividades en un entorno seguro y libre. A su vez, Venezuela reconoció la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas hasta 1990. “Le animamos a seguir colaborando con los mecanismos de derechos humanos”, por tanto recomendaron ajustar su legislación al marco del derecho internacional de los derechos humanos para corregir posibles restricciones a las libertades fundamentales y salvaguardar la labor de los periodistas en el país.
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SALUD DE NIÑAS Y NIÑOS EN FRANJA DE GAZA SE DETERIORA RÁPIDAMENTE: UNICEF Rita Magaña Torres
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as niñas y niños de la Franja de Gaza se enfrentan a una triple amenaza que pone en riesgo sus vidas, ya que los casos de enfermedades aumentan, la nutrición empeora y la escalada de las hostilidades se acerca a su 14 semana, por lo que miles han muerto a causa de la violencia, mientras que las condiciones de vida de los supervivientes continúan deteriorándose rápidamente, debido al aumento de los casos de diarrea y pobreza alimentaria entre la población infantil, dos factores que agravan el riesgo de que se produzca un incremento en el número de muertes infantiles. Catherine Russell, Directora Ejecutiva de UNICEF, afirma: “las niñas y los niños de Gaza están “atrapados en una pesadilla que empeora cada día que pasa y las familias siguen muriendo y resultando heridos en los combates, y sus vidas corren cada vez más peligro debido a enfermedades prevenibles y a la falta de alimentos y agua. Todas las niñas y niños y deben recibir protección contra la violencia y tener acceso a servicios y suministros básicos”. A partir del 17 de diciembre, los casos de diarrea entre las niñas y los niños menores de 5 años aumentaron de 48 mil a 71 mil en solo una semana, lo que equivale a 3 mil 200 nuevos casos de diarrea al día. El considerable au-
mento de casos en un plazo tan breve es un claro indicio de que la salud infantil se está deteriorando rápidamente en la Franja de Gaza. Antes de la escalada de las hostilidades se registraba una media de 2 mil casos de diarrea al mes entre los menores de cinco años. Esta reciente escalada representa un asombroso aumento de alrededor del 2 mil por ciento. Desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases advirtiera a finales de diciembre del riesgo de hambruna en la Franja de Gaza, UNICEF ha constatado que hay un número cada vez mayor de niñas y niños que no reciben una nutrición básica. Alrededor del 90 por ciento de menores de 2 años consumen 2 o menos grupos de alimentos, según una encuesta de UNICEF realizada el 26 de diciembre. Esto supone un aumento con respecto a la misma encuesta realizada dos semanas antes, donde la cifra se situaba en un 80 por ciento. La mayoría de las familias afirmaron que sus hijas e hijos solamente reciben cereales –incluido el pan– o leche, una situación que responde a la definición de “pobreza alimentaria grave”. La diversidad alimentaria de las mujeres embarazadas y lactantes también es muy deficiente: el 25 por ciento solo consumió un tipo de alimento el día anterior, y casi el 65 por ciento solo dos.
El deterioro de la situación hace temer que la desnutrición aguda y la mortalidad superen los umbrales establecidos para la hambruna. Debido a sus necesidades nutricionales específicas y a su vulnerabilidad, la mayor preocupación de UNICEF es la nutrición de más de 155 mil mujeres embarazadas y madres lactantes, así como de más de 135.000 niños y niñas menores de dos años. Cuando se combinan y no se tratan, la desnutrición y la enfermedad provocan un ciclo mortal. Las pruebas han demostrado que las niñas con mala salud y nutrición tienen mayor disposición a contraer infecciones graves como la diarrea aguda. La diarrea aguda y prolongada conduce a un empeoramiento de la salud y a la desnutrición, y expone a los niños y niñas a un riesgo elevado de muerte. El conflicto ha dañado o destruido sistemas esenciales de agua, saneamiento y salud en la Franja de Gaza, y ha limitado la capacidad para tratar la desnutrición grave. Además, las niñas desplazadas y sus familias no pueden mantener los niveles de higiene necesarios para prevenir enfermedades, dada la alarmante falta de agua potable y saneamiento, y muchos recurren a la defecación al aire libre. Mientras tanto, los escasos hospitales que funcionan están centrados en atender al elevado número de pacientes heridos en el conflicto, por lo que
no pueden tratar adecuadamente los brotes de enfermedades. Desde el comienzo del conflicto, UNICEF ha estado distribuyendo en la Franja de Gaza suministros vitales, entre ellos vacunas, material médico, equipos de higiene, sucedáneos de la leche materna listos para su consumo, alimentos suplementarios especializados, suplementos nutritivos y alimentos terapéuticos listos para el consumo a fin de prevenir y tratar a tiempo la desnutrición aguda. También se ha distribuido combustible, agua, tanques y bidones de agua, retretes móviles, lonas, tiendas de campaña, ropa de invierno y mantas. Ane la situación, UNICEF hace un llamamiento para que se reanude el tráfico comercial, a fin de que se puedan reabastecer las estanterías de las tiendas, y para que se produzca un alto el fuego humanitario inmediato que ayude a salvar las vidas de los civiles y aliviar el sufrimiento. “Se trabaja para proporcionar la ayuda vital que las niñas y los niños de Gaza necesitan tan desesperadamente. Pero precisamos urgentemente disponer de un acceso mayor y más seguro para salvar las vidas infantiles”, ha declarado Russell. “El futuro de miles de niños y niñas de Gaza pende de un hilo. El mundo no puede quedarse de brazos cruzados. La violencia y el sufrimiento de la infancia deben terminar”.
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QUÉ RESPONDIERON ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS TRAS EVALUACIÓN DE MÉXICO ANTE LA ONU Edith González Cruz
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n un análisis de la comparecencia de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre el Cuarto Examen Periódico Universal (EPU) realizado hoy en Ginebra, Suiza, para analizar la situación de los derechos humanos en el mundo, el Colectivo EPUmx, compuesto por 300 organizaciones y redes nacionales e internacionales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos en México, llamaron al Estado mexicano a ejecutar tres puntos en particular, a fin de dar cumplimiento a los tratados internacionales en la materia: Aceptar las más de 300 recomendaciones que los otros países miembros hicieron a México en materia de derechos humanos, principalmente en materia de militarización, desapariciones forzadas, asesinato de periodistas y defensores, principalmente indígenas y, violencia contra las mujeres, a fin deconducir las políticas y acciones gubernamentales para los próximos años a mejorar el estado de los derechos humanos en el país. Asignar recursos a las diferentes instituciones y su respectiva coordinación interinstitucional para la ejecución y cumplimiento de estas recomendaciones internacionales. Así como acatar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Involucramiento de todas las instancias de gobierno para que asuman su responsabilidad en las acciones recomendadas. Establecer diálogos que conduzcan a la implementación tangible y sostenible de las recomendaciones, así como a fomentar la acción participativa e inclusiva de las organizaciones de la sociedad civil. “Hoy se constata ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que persiste la crisis de derechos humanos que hemos denunciado, que hemos evidenciado a través de diversos canales y que hoy constatan los países que integran este Consejo. Es claro que México sigue enfrentando retos y si hacemos un análisis entre el ejercicio de 2018 y este en 2024, vemos que persisten muchos de estos retos, como la crisis de desapariciones, los altos índices de impunidad, la violencia contra personas defensoras y periodistas, y con mayor énfasis, la militarización”, comentó en conferencia de prensa Eduardo Guerrero, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. “Será muy interesante la participación de los organismos autónomos, como la Fiscalía General de la República, con las recomendaciones que le piden investigar en diferentes
en un problema agrario contra la empresa minera Ternium, vinculada a ese pequeño país europeo.
Sin grandes avances en 15 años
temas como la desaparición de personas, los feminicidios y las agresiones a personas defensoras y periodistas. Desde las organizaciones del Colectivo EPUmx, creemos que con un compromiso del Estado mexicano, puede asumir el compromiso de implementar estas recomendaciones, no queremos una lista nueva que se sume a las ya pendientes, 264 recomendaciones”, señaló la abogada Zué Valenzuela de la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación A.C. (PODER). En los próximos días, la Troika (los países relatores para México que designó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU) publicará la lista completa de recomendaciones hechas en la sesión de hoy en Ginebra, Suiza, con la finalidad de que México las analice y, en junio próximo, cuando el país vuelva a comparecer, indique si las acepta o no. Una comparecencia que estará marcada por el proceso electoral de México y un cambio de gobierno en puerta. “Continuaremos promoviendo el diálogo con las autoridades mexicanas para lograr la implementación de las recomendaciones y contar con el compromiso transexenal del Gobierno con esta agenda de derechos humanos para así detener la violencia actual y la crisis de derechos humanos que vivimos”, señaló Brenda Sánchez, de la organización Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea).
Las fallas de México
Las organizaciones expertas observaron como una falla el que la representación mexicana, no haya convocado a las autoridades del poder judicial, como sí ha sucedido en otras evaluaciones debido a que estas instituciones (fiscalías) por el rol que cumplen, son de la mayor relevancia, La representación de México fue liderada por una pequeña comisión conformada por el Subsecretario de Derechos Humanos en Asuntos Multilaterales, Joel Hernández y el director de general de Derechos Humanos y Democracia, Roberto de León, ambos de la Cancillería; la
representante permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Francisca Méndez Escobar; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, Yadhira Yvette Tamayo Herrera; así como la senadora Nestora Salgado y el senador Raúl de Jesús Elenes Angulo. “México se centró en destacar la implementación de políticas públicas sociales relacionadas con la pobreza, como las becas a infancias y jóvenes, el aumento al salario y de movilidad migrante, pero evadió responder sobre temas de derechos humanos como la política de seguridad, la erradicación de la tortura, la reparación de daños a víctimas, la impunidad, las desapariciones, la violencia contra las mujeres”, comentó Cristopher Sánchez, de la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación A.C. (PODER). En la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, países como Bangladesh, Brasil, Bolivia, Camerún, Canadá, China, Ecuador, India, Luxemburgo, Nueva Zelanda y Reino Unido, entre otros hicieron preguntas hacia México. Fue la primera vez que México recibió recomendaciones específicas, de parte de Reino Unido y Nueva Zelanda, para reducir y evitar la militarización, un proceso que ha generado un mayor número de violaciones graves de derechos humanos en nuestro país. En el caso de Canadá lo hizo para saber cómo ha avanzado la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y recomendó garantizar que los pueblos indígenas sean consultados significativamente en los procesos de toma de decisiones de manera horizontal. Por primera vez un país solicitó una investigación particular. Fue el caso de Luxemburgo, quien solicitó expresamente a México la investigación de la desaparición de los activistas Ricardo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos y Antonio Díaz Valencia, líder comunitario en el municipio nahua, de Aquila, Michoacán, involucrados
La primera evaluación se dio en el 2009, en aquella ocasión las recomendaciones estuvieron centradas en el tema de la justicia, un resultado de este trabajo fue el pasar de un sistema de justicia inquisitivo mixto a uno de corte acusatorio adversarial y garantista que protege al inocente, procura que el culpable no quede impune y que se repare el daño en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que sea parte el Estado mexicano. Este nuevo sistema de justicia entró en vigor hasta el 2016. Luego, poco a poco, ya en el 2013 y 2018, cuando se dieron la segunda y tercera evaluación, las recomendaciones empezaron a girar en torno a violaciones a los derechos humanos en materia de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, ya se empezaba a hablar de una ‘crisis de derechos humanos’, misma que en el 2022, con la cuarta evaluación, se reconoció abiertamente con el agravante del contexto de militarización que se vive en el país. En estos 15 años de análisis del estado de los derechos humanos en el mundo y donde participan alrededor de 116 países, los avances se han dado sobretodo en el terreno de la normatividad. “En México, se han creado leyes, normas, protocolos, como son las leyes en materia de Tortura y de Desapariciones y, en particular el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas o el Banco Nacional de Datos forenses, pero a la fecha no están funcionando”, comentó Eduardo Guerrero, del Centro Pro. Por su parte para Brenda Sánchez, de la organización Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea), detalló que esta es una oportunidad histórica para avanzar rumbo al ejercicio pleno de los derechos a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos indígenas: “Es indispensable que el Estado mexicano avance en materia legislativa porque queremos y debemos ser reconocidos como sujetos de derecho público no únicamente como beneficiarios de programas sociales. Los pueblos indígenas no deben ser olvidados, este momento representa una oportunidad histórica para avanzar rumbo al ejercicio pleno de los derechos a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos contemplados en los Acuerdos de San Andrés, una deuda de hace 28 años que el Estado no ha querido cumplir”.
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«RETROCESOS SIGNIFICATIVOS» EN DERECHOS HUMANOS CON AMLO Edith González Cruz
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revio a la presentación del Cuarto Examen Periódico Universal (EPU) de México ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a realizarse hoy 24 de enero de 2024, más de 300 organizaciones y redes estatales, nacionales e internacionales de la sociedad civil, agrupadas en el Colectivo EPUMx, presentaron 18 informes temáticos como insumos para dicha reunión sobre el estado de los derechos humanos en el mundo cuya conclusión señala retrocesos significativos en el Estado de Derecho. Violencia contra las mujeres, la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas; migración; desplazamiento forzado; militarización; desaparición forzada; pueblos indígenas; población LGBTIQ+; personas privadas de la libertad; personas con discapacidad; tortura; empresas y derechos humanos; seguimiento a recomendaciones internacionales; sistema penal e impunidad; niñez, adolescencias y juventudes; protesta social y población afromexicana, son algunos de los temas analizados que dan cuenta de la situación de los derechos humanos en México, en un contexto de violencia sistemática e impunidad. “Se observan retrocesos significativos en el Estado de Derecho, lo cual se evidencia particularmente en el debilitamiento de mecanismos, órganos autónomos y desconcentrados relevantes para la garantía de los derechos humanos y la democracia, como el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Por otra parte, a 10 años de su creación, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas no cuenta con la capacidad operativa y administrativa necesarias para cumplir con su labor y se ha deteriorado la institucionalidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)”, señala el informe. Para expertas y expertos en derechos humanos, es indispensable que, al examinar a México en enero próximo, el Consejo de Derechos Humanos considere en su balance la persistencia, pero también la agudización, de algunas de las cuestiones abordadas en las recomendaciones previas, así como la existencia de problemáticas sobre las cuales no se han emitido recomendaciones específicas, especialmente en las cuestiones vinculadas con la militarización y sus múltiples impactos. Por ello, es indispensable que, al examinar a México en enero próximo, el Consejo de Derechos Humanos considere en su balance la persistencia, pero también la agudización, de algunas de las cuestiones
destaca el informe.
Desapariciones
abordadas en las recomendaciones previas, así como la existencia de problemáticas sobre las cuales no se han emitido recomendaciones específicas, especialmente en las cuestiones vinculadas con la militarización y sus múltiples impactos. Al respecto, Angélica de Anda Celis, de Amnistía Internacional, señaló que, en particular, el derecho a la protesta y la militarización, son temas aún invisibilizados en los diagnósticos de derechos humanos. “Vemos un aumento de 163 por ciento de los recursos presupuestales en un contexto donde tristemente estas instancia continúan siendo opacas, no rinden cuentas, utilizan el fuero militar para investigar violaciones a los derechos humanos, pese a que la constitución como los estándares internacionales dictaminan que ante cualquier violación de los derechos humanos tiene que ser investigada y juzgada por jueces civiles”, señaló durante la presentación del informe. Como ejemplo, señala a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que desde 2019, cuando fue la designación de su actual presidenta, la independencia y criterios de actuación de la institución se ha puesto en duda, debido al debilitamiento de la estructura interna y la adopción de decisiones en respaldo a la política del gobierno que contravienen sus obligaciones como institución nacional de derechos humanos, tal fue el caso de avalar las reformas legislativas que institucionalizaron la militarización de la seguridad pública.
Militarización
A lo largo del sexenio, la militarización se ha extendido en diversas esferas de la vida pública, mediante una base legal sin precedentes. El gobierno ha perpetuado e institucionalizado la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana y otras de índole civil, que suman más de 240, incluidas la construcción de obras públicas, la implementación de la política migratoria, la gestión de programas sociales y de aduanas y puertos, entre otras. En 2019, se reformó la Constitución para la creación de la Guardia Nacional (GN) como la entidad civil responsable de la seguridad pública a
nivel federal, luego en el 2022, el Congreso aprobó reformas secundarias para adscribir la GN al control administrativo y operativo de la SEDENA. En la práctica la GN se ha consolidado como un órgano castrense por el origen de sus mandos, la composición de sus elementos, su entrenamiento y la inexistencia de controles civiles efectivos sobre su actuación.
Acceso a la Justicia y feminicidios
En 2021 se efectuó una reforma al Poder Judicial de la Federación con la que se buscó atacar prácticas de nepotismo y corrupción, así como fortalecer un nuevo sistema de precedentes y de representatividad en la carrera judicial y construir una fiscalía autónoma. Sin embargo, para los analistas, esto derivó en una serie de contrarreformas que acotaron los derechos de las víctimas, cancelando instancias de rendición de cuentas, erosionando controles para designación de fiscales y desvinculando a la FGR de mecanismos de coordinación interinstitucional en temas tan relevantes como la búsqueda de personas desaparecidas, bajo el argumento de ser una institución autónoma, desvirtuando el sentido de su autonomía de investigación. Destaca el 2021 como el año con más feminicidios. Se registró un máximo histórico de mil 018 de estos delitos, en un contexto de aumento de violencia contra las mujeres. En esta línea, en comparación con el año previo, en 2022 incrementó la tasa de víctimas y de delitos en general. La narrativa de autoridades federales y estatales busca justificar la persistencia de la violencia en diversos contextos bajo el discurso de que son enfrentamientos entre grupos delincuenciales. En este contexto, la impunidad es la regla: en promedio, el 91.8 por ciento de los delitos que se denuncian en el país no son investigados. “Se estima que en 2021 solo el 10.1 por ciento de los delitos se denunció ante las autoridades y únicamente en 67.3 por ciento de estas denuncias se inició una carpeta de investigación, de las cuales en 50.8 por ciento no pasó nada o no se resolvió la denuncia”,
Según datos oficiales, México registra más de 111 mil personas desaparecidas, de las cuales más de 40 mil ocurrieron durante esta administración. Si bien estos datos incluyen casos recientes y del pasado, el índice ha crecido exponencialmente en los últimos años, observándose una estrecha relación con el inicio, en 2006, de la denominada “guerra contra el narcotráfico”. Los casos judicializados por el delito de desaparición rondan alrededor del 2 y 6 por ciento, y solo se han emitido 36 sentencias condenatorias a nivel nacional, ninguna contra un alto mando civil o militar. En este panorama, en los últimos años han aumentado sustantivamente las desapariciones de personas migrantes, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Existen serias falencias en las investigaciones por parte de las fiscalías, como la burocracia y formalismos excesivos, la ausencia de planes de investigación y omisiones en la práctica de diligencias, la resistencia para colaborar con las comisiones de búsqueda de personas, o la falta de recursos suficientes para cumplir su deber. En general, el Estado no cuenta con una política integral para prevenir y erradicar esta práctica. A la par, el país enfrenta una crisis forense, con más de 52 mil cuerpos de personas fallecidas sin identificar, bajo custodia estatal, a los que se suman aquellos que son encontrados por familias y no tienen un procesamiento adecuado por parte de las autoridades.
Examen Periódico Universal
El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo singular del Consejo de Derechos Humanos que estipula que cada Estado Miembro de las Naciones Unidas se someta cada cuatro años y medio a un análisis de su ejecutoria en materia de derechos humanos. De tal forma, constituye una oportunidad para visibilizar las problemáticas estructurales y de diseño de políticas públicas que enfrentan los países miembros. De estos análisis, surgen recomendaciones por parte de la comunidad internacional encaminadas a mejorar la situación de derechos humanos en las naciones y superar los retos que dificultan la garantía de los derechos humanos. El EPU fue creado en marzo de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero fue hasta el 2008 cuando se realizó el primer el primer EPU, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas se han sometido tres veces a la evaluación. El cuarto ciclo de exámenes comenzó en noviembre de 2022.
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AZUCENA URESTI Y LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES Antonio Salgado Borge*
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ara mi primo Ricardo, con la confianza de que en su viaje encontrará la tranquilidad y la perfección que otros disfrutaban en los que él organizaba. Parte de la comunidad intelectual mexicana está intoxicada con la polarización que tanto ha negado o denunciado. La salida de Azucena Uresti de Milenio evidencia, con claridad fuera de serie, las características de este fenómeno. Y también avisa de sus posibles consecuencias. Para entender estas características y sus implicaciones es necesario empezar reconociendo un hecho destacable: al redactar su despedida ambiguamente y basarla en “las circunstancias actuales”, Azucena Uresti partió la arena en dos secciones bien demarcadas, aunque no necesariamente simétricas. En una partición quedaron quienes han interpretado el lenguaje elegido por esta periodista como un medio para transmitir, de manera implícita pero indudable, que fue víctima de un arrebato autoritario surgido directamente desde la Presidencia. Este grupo grita “censura”, al tiempo que presenta a la conductora como un referente de periodismo crítico e independiente. En la otra partición se encuentran quienes han visto en la vaguedad del comunicado una estrategia para fortalecer su posición frente al sector de la población que reprueba a AMLO o, más directamente, para lastimar la imagen del presidente. Quienes integran este grupo aseguran que posiciones de esta especie son consistentes con la trayectoria de Azucena Uresti. Desde luego, la existencia de particiones en la comunidad intelectual mexicana no es nueva ni necesariamente perniciosa. Existen muchas formas de agrupar a la misma colección de individuos, incluyendo sus posiciones ideológicas, sus intereses o sus motivos. Es aquí donde cobran relevancia tres características, estrechamente interconectadas, que a mi
juicio distinguen a nuestras circunstancias actuales. La primera consiste en un ajuste de equilibrio. Durante mucho tiempo la mayoría de los megáfonos estuvieron controlados por unos pocos medios, que los distribuían entre intelectuales generalmente favorables al libre mercado y contrarios al papel protagónico del Estado. Sin este contexto sería difícil explicar el éxito de la guerra sucia de la que fue víctima AMLO en 2006 o de las campañas mediáticas contra Cuauhtémoc Cárdenas. Esta sinfonía nunca estuvo completamente sola: aunque a algunos se les haya olvidado, excepciones valientes y notables podían encontrarse en un puñado de espacios como Proceso, el programa de Carmen Aristegui o Primer Plano. Sin embargo, la asimetría era evidente e incontestable. En contraste, el escenario actual ofrece en términos ideológicos una distribución más balanceada. La situación se ha equilibrado a partir de la mayor penetración del internet, del protagonismo asumido por AMLO y del apoyo a algunos medios, desde la actual Presidencia, en forma de publicidad oficial o patrocinios velados. La segunda característica es la cada vez más compartida idea de que todas las personas que opinamos en público estamos obligadas a elegir una de las dos particiones anteriores. El presidente y muchos de quienes lo apoyan han sido explícitos en este sentido. Bajo el mantra de “en realidad no existen la objetividad y la independencia”, desde el gobierno se ha apoyado al periodismo o a la academia militantes. Para efectos prácticos, estamos ante la constitución gradual de un amplio grupo de medios, periodistas e intelectuales que considera parte integral de su misión fungir como dique de contención para los ataques de los críticos de AMLO. En este ecosistema hay cabida para un primer nivel conformado por las personas más inteligentes y críticas identificadas con la izquierda –como Viridiana Ríos o Jorge Zepeda Patter-
son–. Un segundo nivel está poblado por intelectuales venidos en clérigos del cuatroteísmo –por ejemplo, Fabrizio Mejía o Lorenzo Meyer–. Y en un tercer nivel recalan los defensores más intransigentes o combativos –como El Fisgón o Epigmenio Ibarra–. Lo importante para este análisis es que, dado que cualquier crítica seria cuartearía el dique, las partes más rústicas de este ecosistema suelen apoyar la idea de que es un traidor cualquiera que no demuestre total lealtad hacia el presidente. Aunque tarde, quienes se oponen a la 4T han reaccionado a través de su propio ecosistema. Su primer nivel incluye a elocuentes defensores de los valores del liberalismo que han asumido, implícita o explícitamente, que “es tiempo de definiciones” –como León Krauze o Alfredo Figueroa–. En su segundo nivel recalan quienes, desde hace tiempo, han optado por asumirse como fieles animadores de todo lo que se oponga a AMLO –por ejemplo, Héctor Aguilar Camín, María Amparo Casar o Leo Zuckerman–. Finalmente, su tercer nivel está constituido por quienes se dedican de tiempo completo a inflamar las pasiones anti-AMLO –como Joaquín López-Dóriga o Carlos Loret de Mola–. La tercera y última característica de las circunstancias actuales que me interesa poner sobre la mesa es el hecho de que, para buena parte de quienes se encuentran debajo del primer nivel en los ecosistemas mencionados arriba, la verdad parece haber pasado a segundo plano. Por ponerlo en otros términos, en estos niveles lo relevante ya no es si una expresión corresponde a un hecho, sino quién la dijo y si favorece o no al proyecto. Un claro ejemplo es la forma en que el caso de Azucena Uresti generó principalmente, y sin evidencia, una disputa centrada en la supuesta censura o falta de ella. En medio de este fuego cruzado, poco espacio quedó para asuntos tan relevantes como por qué la periodista recurrió
a la ambigüedad para transmitir un mensaje tan obvio, en lugar de hacer una denuncia directa (como la valientemente hecha por Carmen Aristegui al ser despedida por presiones, bien documentadas, del gobierno de Felipe Calderón). Tampoco hubo mucha reflexión sobre la razón por la que esta comunicadora decidió dejar rodar la creciente bola de especulaciones que le llevó a atraer todos los reflectores. Aún menos se consideró la posibilidad de que ni el presidente ni la oposición estén detrás de la decisión de desencadenar esta tormenta. Lo que sucedió es que cada grupo procesó el comunicado de Uresti de acuerdo con su propia agenda. Es importante notar que no estamos ante un hecho aislado. Lo mismo da si se trata de la inauguración del Tren Maya o de resultados en materias de salud o de alianzas políticoelectorales; cada evento es digerido por cada ecosistema y regurgitado al público en forma de expresiones incompatibles o contradictorias. Esta lógica refuerza exponencialmente la polarización, nulificando la posibilidad de conocer los matices, cualidades o explicaciones necesarios para entender hechos relevantes. Y echa por la borda la idea de razón pública que, cuando menos desde la Ilustración, justifica la existencia de las y los intelectuales. Los incentivos perversos que de lo anterior se derivan están a la vista. Cuando dominan las posiciones osificadas, las militancias paniqueadas o la fidelidad a personas o proyectos por encima de ideas o razones, la independencia y la crítica pueden resultar aislantes. Y cuando lo que se dice es recompensado en función de su concordancia con los sonidos que rebotan dentro de una cámara de eco, lo más seguro será siempre jugar para una de las tribunas. Éstas son las circunstancias actuales. *Profesor Asociado de Filosofía en la Universidad de Nottingham, Reino Unido X (Twitter): @asalgadoborge
CMAN
DIARIO
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Jueves 25 de Enero de 2024 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 10 | No. 2797
REPORTE
DEMANDA
Gobierno de NL denuncia ante la FGR a la Refinería de Cadereyta por emitir contaminantes
Las zonas arqueológicas de Bonampak y Yaxchilán están bajo control del crimen organizado y cerradas desde hace más de un año
PAG. 6
PETICIÓN
Rosario Piedra propone la disolución de la CNDH porque ya no “responde a las necesidades del pueblo” PAG. 3
ACUSACIÓN
PAG. 8
INFORME
Causa en Común registró al menos seis mil 378 atrocidades durante 2023
Denuncian corrupción en Sapam y desesperación por desapariciones, en Foro Ciudadano En el marco del foro de denuncias organizado por la Coordinación por la Paz, la Seguridad y la Vida de San Cristóbal de Las Casas, se alzaron voces preocupadas por la supuesta corrupción imperante en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam). PAG. 4
PAG. 8
PAG. 7
Comisionada Nacional de Búsqueda sale por la cocina para evadir a reporteros