CONTRAPODER EDICIÓN 2819

D O X A

Chiapas abandonado a su suerte

¿Rutilio Escandón debe de pedir licencia?

Las cámara de vídeo del C5 están en medio del escándalo político actual. Los señalamientos de que se encuentran al servicio del crimen organizado son graves.

El responsable del C5 es un funcionario de pacotilla con deseos políticos.

Que no se ha dado cuenta de la situación jurídica en la que se encuentra.

REPORTAJE

El crimen organizado va tras niños y adolescentes de San Cristóbal de Las Casas

Activistas e investigadores publicaron el informe “Niñeces frente a las violencias criminales en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas”, en el que alertan que dos mil 507 menores están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado

Nombra Morena a Eduardo Ramírez como su candidato a gobernador de Chiapas

el viernes

AMLO, NYT y el celular, aclaraciones necesarias

REPORTE Alertan por incremento de temperatura en Chiapas

La ejecución del secretario de seguridad de Berriozábal y las dos personas que lo acompañaban, va más allá de una provocación al Estado PAG. 2 PAG. 15 PAG. 14 PAG. 13

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EDITORIAL

¿Rutilio Escandón debe de pedir licencia?

La ejecución del secretario de seguridad de Berriozábal y las dos personas que lo acompañaban, va más allá de una provocación al Estado, es un acto que pretende demostrar que el poder de la narcoviolencia es superior al poder del Estado, que la delincuencia está por encima del Estado mismo y por lo tanto de la aplicación de la ley. Situación extrema que vulnera todo ejercicio del derecho, lo que obliga al Estado a dar una respuesta que no deje dudas de que nadie se encuentra por encima del poder del Estado y que la ley se aplica hasta las últimas consecuencias.

¿Esto qué significa? Significa que la actuación del Estado debe caminar en dos sentidos, castigar a la delincuencia organizada e investigar la posible participación de funcionarios públicos en la protección y obtención de beneficios de la delincuencia organizada. Y esto no puede ser de otra manera, porque no se puede combatir a la serpiente solo

arrancando la cola, sin afectar la cabeza. Es un hecho que el crecimiento del crimen organizado en Chiapas se dio bajo la protección de funcionarios del gobierno, y la aplicación de la ley no debe dejar duda alguna, por eso no puede existir selectividad.

Las preguntas son: ¿Hasta dónde el Estado va intervenir en la aplicación de la ley en Chiapas?

¿Hasta dónde el gobierno de la 4t va a tomar la decisión de combatir frontalmente al crimen organizado? La laxitud del gobierno de Chiapas condujo a esta situación, en donde el Estado predica Abrazos no balazos, en el que se orilló a cambiar este principio, debido a que el crimen organizado se fue al extremo de atentar y ejecutar a un secretario de seguridad y además lo exhibió en un vídeo que circula masivamente en las redes sociales y lo van a hacer en los medios nacionales e internacionales, en el que de manera forzada fue obligado a leer un documento en el que inculpa a varios funcionarios y comandantes de favorecer al

otro cártel con quien se encuentra en disputa.

Esa declaración carece de toda validez jurídica, por haber sido obtenida bajo tortura, pero tampoco se puede llegar a pensar que lo ahí dicho es una falsedad. El Estado está obligado a investigar y más por haber sido exhibido de la manera como lo hizo este cártel, que muestra los niveles de complicidad a los que ha llegado el gobierno de Rutilio Escandón con la delincuencia. Para la prensa nacional y por el morbo local que despertó la circulación del vídeo, no hay duda, el crimen organizado está infiltrado en los niveles más altos del gobierno.

Por eso la gran incógnita, el Estado mexicano va a actuar con toda la fuerza para combatir la narcoviolencia o van a pesar más las complicidades y la protección al gobernador del Estado, quien directamente es el responsable, por actos de omisión y/o de aquiescencia, de la situación de violencia y de inseguridad que vive Chiapas.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya

DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel

El crimen organizado va tras niños y adolescentes de San Cristóbal de Las Casas

Isaín Mandujano

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

Se estima que unos dos mil 507 niños, niñas y adolescentes, la mayoría de pueblos originarios de San Cristóbal de Las Casas y zonas cercanas de los Altos de Chiapas, se encuentran en riesgo de ser víctimas de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado y las pandillas, revelaron este viernes activistas, defensores de derechos humanos e investigadores al presentar el informe de 131 páginas “Niñeces frente a las violencias criminales en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas”.

Jennifer Haza Gutiérrez, directora de la organización Melel Xojobal, dedicada desde hace más de 27 años a la defensa de la niñez y adolescencia de indígenas en la ciudad, junto a Violeta Galicia, de la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias), y los investigadores Alberto Hidalgo (consultor del informe) y Angélica Evangelista (El Colegio de la Frontera Sur), presentaron distintas aristas del documento de recién publicación.

Alertaron que, una vez dentro de los grupos criminales, los adolescentes pueden tener diferentes tareas: realizar mandados, vender y transportar drogas, reclutar a otros jóvenes, realizar labores de vigilancia o coyotaje y, en el caso de las mujeres, participar en actividades de limpieza, como meseras de bares, cantinas o ser víctimas de explotación sexual.

De la misma manera, se les obliga a participar en enfrentamientos contra grupos rivales, así como realizar acciones de pandillerismo o sicariato. Es común que las niñas, niños y adolescentes que son parte de estos grupos sean utilizados para actividades de alto riesgo que ponen en peligro su vida e integridad o que podrían llevar a su detención.

Esto responde a la lógica de que son vistos como piezas prescindibles que pueden ser fácilmente reemplazadas.

Jóvenes reclutados tienen entre 15 y 21 años

Señalaron que los jóvenes enganchados en San Cristóbal tienen un promedio de edad entre los 15 y 21 años, y en su mayoría son tsotsiles o tseltales. A nivel local se ha acuñado el término “motonetos” para referirse a los varones que forman parte de las pandillas, por el uso de motocicletas para trasladarse.

Sin embargo, este concepto se usa de forma despectiva y constituye una forma de criminalización de las juventudes de los pueblos originarios y de todo aquel joven que se desplaza en moto; además, simplifica la complejidad del fenómeno y el contexto de violencia estructural y discriminación histórica hacia esta población.

Activistas e investigadores publicaron el informe “Niñeces frente a las violencias criminales en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas”, en el que alertan que dos mil 507 menores están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado

Y que, el enganche no es la primera violencia que viven estos jóvenes. Es solo una de las más visibles en un continuo de violencias que enfrentan a lo largo de su vida: desde la violencia familiar, que es el delito más común en Chiapas, hasta la desaparición y el homicidio.

“Lo aquí compartido es una aproximación elaborada a partir de datos oficiales, de diálogos y espacios de análisis con otras organizaciones de sociedad civil y de derechos humanos en Chiapas, de testimonios y pláticas con niñas, niños y adolescentes trabajadores y sus familias, de entrevistas a representantes de instituciones de gobierno y centros escolares y de encuentros con colectivos y colonias organizadas en la ciudad”, dijo Haza Gutiérrez.

Explicó que a partir de la documentación de casos y el análisis de datos “podemos afirmar que todas las violencias contra niñas, niños y adolescentes han ido en aumento en Chiapas y en San Cristóbal de Las Casas como consecuencia del empobrecimiento y desigualdad que se agudizaron con la pandemia, y también del crecimiento de las diversas economías criminales y grupos armados que cada día fortalecen su poder y control territorial en la región sureste del país, con la omisión y complicidad de diversas autoridades y del Estado mexicano en su conjunto”.

Estudio pionero sobre la violencia contra niños en Chiapas

Por parte de REDIAS se abordaron los distintos usos a los que organizaciones, colectivos e individuos pueden darle al documento. Las perspectivas que aborda el documento siendo pionero en el retrato de la violencia en el sector de niñas y niños en Chiapas.

“Rara vez se habla como tal de las niñas, niños y adolescentes, se hace mención a la problemática de violencia desde una forma integral. Sin duda no es la primera vez que se menciona que Chiapas tiene un

carácter geoestratégico, pero cómo este carácter afecta a la vida de NNA y en un municipio en concreto. (…)

“Considero que es la primera descripción que se ha dado del fenómeno del reclutamiento por grupos criminales a niñez y adolescencia. Haciendo un análisis histórico recordando cómo era el enganche en las fincas, hace este símil con lo que sucede actualmente. Por otro lado, permite caracterizar este fenómeno de reclutamiento en el contexto de violencia…”

“El principal uso o el más evidente de este informe es el de acceder de manera sencilla a datos sobre la violencia hacía NNA, que además está desagregada por sexo, grupo etario, por identidad o etnicidad, y que permite visibilizar como afecta esta violencia de forma diferenciada según la característica especifica.”

La investigadora Angélica Evangelista comentó: “Recomiendo en particular la lectura del apartado metodológico donde se describe la ruta que el equipo de Melel siguió para generar el conocimiento sobre cómo se perciben, se viven y afectan las violencias criminales en las niñeces en San Cristóbal”.

Se trata, dijo, de un trabajo de análisis, sistematización de larga data, Melel viene desde hace muchos años documentando estos fenómenos, también haciendo el ejercicio de análisis e interpretación. De tal manera que Melel ha logrado registros etnográficos de una gran riqueza, bases de datos que discuten con la información oficial y disponible…”

“Destaco dos propuestas de interpretación para la comprensión compleja del fenómeno: por un lado, hablar de asociaciones criminales de choque y motopandilleros es una categoría relacionada, es una propuesta muy novedosa. Nombrarla, construir la categoría y además complejizarla en el contexto de todas estas violencias que son víctimas las infancias y las adolescencias. Y por otro lado la categoría de enganche criminal y reclutamiento, ambas categorías permiten contextualizar

cultural, social e históricamente la violencia criminal en San Cristóbal en Chiapas. Y deberían de orientar las acciones de atención y prevención de las autoridades responsables de garantizar una vida libre de violencia para las infancias…”

El consultor de la investigación y el informe, Alberto Hidalgo mencionó que el documento fortalece una narrativa común que apuntala a la transformación social y sobre todo no al terror paralizador, es un poco lo que tenemos que seguir sumando a partir de este trabajo.

“Seguir ampliando los diálogos con sectores del ámbito común para comprender anhelos, preocupaciones y posibilidades. Normalmente estamos muy cerrados en nuestros diálogos, creemos sumamente importante ampliarlos, nos fue muy en el trabajo que pudimos realizar. Saber lo que está sucediendo en las escuelas, colonias, etc. ¿Cómo la ven, cómo la sienten? Las iniciativas que escuchamos ahí son muy importantes visibilizarlas”, indicó.

Urgen a atender la desigualdad social, el racismo y la exclusión social

Entre las recomendaciones en el informe está fortalecer las capacidades de niñas, niños y adolescentes para la participación ciudadana, toma de decisiones y autocuidado. Una acción social en el territorio mediante una perspectiva integral que considere necesidades y demandas de la población según características históricas y culturales.

Además, atender detonantes de la violencia social como lo son la desigualdad social, el racismo y la exclusión social a través de la promoción de acceso a servicios básicos de salud, saneamiento, educación, empleo.

Implementar políticas públicas bajo el paradigma de entornos saludables que contemplen temas como la educación integral en sexualidad; el acceso a servicios de salud, alimentación; el impulso de actividades físicas y de recreación saludable; el fomento de la cultura y las artes, etc.

Asimismo, promover la generación de conocimiento sobre las nuevas realidades de las niñeces, los factores de riesgo que viven estos grupos, los efectos de la violencia presente en el largo plazo y experiencias exitosas para la prevención de éstas y mejorar los mecanismos de registro de datos sobre los distintos ti-pos de violencia hacia NNA, así como promover la generación de análisis de contexto de estos delitos, que permitan conocer mejor los fenómenos y generar acciones para su prevención.

Nombra Morena a Eduardo Ramírez como su candidato a gobernador de Chiapas

Isaín Mandujano

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

Desde Comitán de Domínguez, Chiapas, su tierra natal, este domingo 25 de febrero por la mañana el pleno del Consejo Político Estatal de Morena en Chiapas nombró a Eduardo Ramírez Aguilar como su candidato oficial para gobernador del estado, quien pidió a todos y todas sus simpatizantes trabajar en un proceso electoral en paz.

El senador con licencia de Morena, con 46 años y originario de la tierra del prócer chiapaneco Belisario Domínguez, dijo hoy que trabajará para que los chiapanecos vayan a las urnas el próximo 2 de junio aliados de los partidos que también impulsan su proyecto, el PVEM, Partido del Trabajo, Chiapas Unido, Mover a Chiapas y Redes Sociales Progresistas. Juntos todos son la Coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia.

El ahora candidato oficial de Morena, con 24 años de trayectoria política, fijó como eje de su gobierno trabajar en pro de los pueblos originarios de Chiapas y con las mujeres del estado para abatir la pobreza, el rezago y la marginación en los sectores más olvidados en la entidad.

Ramírez Aguilar destacó a mujeres de la historia de México, como Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, así como la Reina Roja que gobernó Palenque en el siglo VII, por lo que las

A propuesta de la Consejera Presidenta Provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, María Magdalena

Vila Domínguez, la noche del sábado 24 de febrero, el Consejo General del órgano electoral aprobó en Sesión Urgente, el Dictamen relativo al procedimiento para la designación de las Presidencias, Secretarías Técnicas y Consejerías de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2024.

Esta designación tiene una gran relevancia para el desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2024, ya que los órganos desconcentrados tendrán a su cargo la vigilancia, preparación, desarrollo y calificación de las elecciones en los distritos y municipios de la entidad. Los Consejos Distritales y Municipales electorales estarán integrados por una Presidencia, cuatro Consejerías Electorales propietarias con voz y voto, y tres suplentes comunes; así como una Secretaría Técnica sólo con voz.

Es importante destacar que durante el procedimiento de designación se atendieron los principios orientadores de paridad de género, pluralidad cultural, participación comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,

comparó con la futura, dijo, y próxima presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

“No tengo compromisos económicos”, aseveró Eduardo Ramírez desde el auditorio municipal de Comitán, donde se celebró el pleno del consejo político estatal de Morena.

Destacó que haya sido la sede de ese consejo la ciudad que fue cuna desde donde se decidió el inicio de la Federación de Chiapas a la República Mexicana en 1824. Anunció que desde este año trabajará en la creación del plan estatal de gobierno para 2024-2038, pues no puede darse el lujo de hacerlo en la marcha cuando ya sea gobierno, ya que a Chiapas le urge trabajar para ayudar a los pueblos originarios, a las mujeres, a las niñas, niños y hombres del campo.

“Tenemos que planear desde este año, desde este año vamos a planear la obra pública, la política social, la política del bienestar, desde este año vamos a planear la educación y todos los renglones y en todas las materias”, enumeró.

Ramírez Aguilar destacó también la labor del obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas Samuel Ruiz García y retomó sus palabras de trabajar “adentro con los de afuera, arriba con los de abajo y a seguir caminando para que podamos construir”.

Adelantó que su gobierno tendrá como eje la consulta popular, por ello se consultará todo proyecto de camino y carretera en favor de los pueblos y comunidades, y si bien trae todo un gran proyecto de infraestructura carretera para Chiapas, aseguró que consultará la creación de la autopista San Cristóbal a Palenque y la de Comitán a San Cristóbal.

Respecto del primer tramo de San Cristóbal a Palenque, trabajará por los primeros 80 kilómetros hasta Ocosingo, y serán las propias comunidades quienes cobren en las casetas de cobro, cuyos recursos sean para sus pueblos. Que ellos provean el servicio, gasolineras, paradores turísticos y artesanales.

Además, trabajará en pro de los migrantes, con quienes muchos mexica-

nos y chiapanecos suelen ser racistas, lo cual no debemos ser con los hermanos migrantes como en Estados Unidos se trata a nuestros hermanos mexicanos.

Expuso que trabajará para construir el segundo piso en la entidad con los académicos, investigadores, estudiosos en Chiapas, ya que el suyo no será un gobierno de un hombre, sino con el apoyo de todas y todos en mesas diálogo, con propuestas de antropólogos, sociólogos, filósofos, historiadores, abogados y demás expertos que le están ayudando a construir el sueño de los chiapanecos y las chiapanecas.

No crea nadie que sólo por tomarse la foto conmigo ya es mi candidato, aclaró, asimismo no pondrá ni quitará ni candidatos, todo será producto de un proceso democrático, como lo fui yo, aseguró desde Comitán.

Sobre el proceso interno de los partidos políticos para elegir a 12 alcaldes y 40 diputados locales, declaró que no se prestará a “grillas”.

Expuso que llegará al gobierno sin compromisos, que no le debe nada a nadie en particular, “más que al pueblo de Chiapas”, por lo que llamó a todos a trabajar para que haya un proceso electoral en paz.

Eduardo Ramírez Aguilar es un político chiapaneco que fue alcalde de Comitán por el PRD, diputado federal por el PVEM, secretario general de gobierno en el sexenio de Manuel Velasco Coello, diputado local y ahora senador con licencia de Morena.

Aprueba IEPC designación de integración de Consejos Distritales y Municipales

conocimiento de la materia electoral, diversidad sexual, igualdad y no discriminación, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.

En los 24 Consejos Distritales, las presidencias serán ocupadas por 13 mujeres y 11 hombres; las Secretarías Técnicas por 19 mujeres y 5 hombres. En lo que toca a los Consejos Municipales, serán 59 presidentas y 64 presidentes, en las Secretarías Técnicas habrá 81 mujeres y 42 hombres.

*En total se designaron 1,266 personas: 676 mujeres, 588 hombres y 2 personas no binarias.*

En los Consejos Distritales, en total se designaron 211 cargos: 48% mujeres y 49% hombres; 21.7% corresponden a juventudes, 12.5% son personas que se autoadscriben como indígenas, el 1.39% se asigna a personas con discapacidades y el 0.93% a personas de la diversidad sexual.

En lo que respecta a los 1055 cargos en Consejos Municipales, 54.22% corresponde a mujeres y el 45.59 a hombres; 31.66% son jóvenes, el 20.57%

se autoadscriben indígenas, el 1.71% son personas de la diversidad sexual, el 0.28% son personas con discapacidad y el 0.19% son personas que se autoadscriben como no binarias.

Como parte del proceso de integración, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, notificará a las y los ciudadanos designados, para recabar la anuencia de aceptación del cargo.

Los 24 Consejos Distritales y los 123 Consejos Municipales Electorales, se instalarán el próximo 5 de marzo del año en curso, con la correspondiente rendición de protesta de ley de sus integrantes.

Previo a esta sesión, horas antes, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General aprobó diversos acuerdos, uno de ellos para autorizar a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva la suscripción del Convenio de Apoyo y Colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a fin de establecer las bases y mecanismos operativos para apoyar las actividades relacionadas con la custodia de la documentación electoral desde su arribo al territorio chiapaneco hasta su

resguardo en los Consejos Distritales y Municipales.

Se aprobaron también diversos lineamientos: para los Procedimientos Administrativos Sancionadores, por presuntas irregularidades cometidas por las personas integrantes de los Consejos Distritales y Municipales, con la finalidad de establecer las reglas para sustanciar y resolver los procedimientos que deberán instaurarse ante cualquier queja o denuncia en contra de sus integrantes; los Lineamientos Administrativos para los Consejos Distritales y Municipales Electorales, con el objeto de ordenar, regular y realizar el gasto con transparencia, eficacia y eficiencia para la adecuada rendición de cuentas en las operaciones administrativas.

Según fuentes no oficiales el 23 y 24 de febrero la policía municipal de Tapachula y fuerzas federales intervin ieron el Módulo de Atención Inmediata (MAI) que atiende a mujeres en riesgo de violencia, dependiente del Ayuntamiento por presunto fraude de apoyos provenientes de ACNUR y COMAR para mujeres migrantes.

Aunque no ha habido información oficial, por obvias razones, fuentes muy serias informaron que mientras la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dieron ayuda en especia y en efectivo en apoyo a mujeres migrantes que sufren de maltrato en Tapachula, pero que las encargadas del MAI desviaron dichos recursos para su beneficio personal. Y aunque no se haya dado a conocer el asunto por vías oficiales, se entiende que todo movimiento tiene que contar con la autorización de la presidente municipal.

Extraoficialmente se filtró la información que ambas agencias ACNUR Y COMAR detectaron anomalías y tuvieron que interponer denuncias por lo que autoridades municipales y federales tuvieron que interponer denuncias, que autoridades municipales y federales se presentaron a las oficinas del MAI ubicada en la central norte y 17 oriente para hacer la investigación y deslindar responsabilidades.

Presunto fraude en el módulo de Atención Inmediata a mujeres en riesgo de violencia en Tapachula

Extraoficialmente se filtró la información que ambas agencias ACNUR Y COMAR detectaron anomalías y tuvieron que interponer denuncias por lo que autoridades municipales y federales tuvieron que interponer denuncias

Hallan muertos al secretario de Seguridad de Berriozábal y a dos colaboradores plagiados el viernes

Isaín Mandujano

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

El secretario de Seguridad Pública Municipal de Berriozábal y dos de sus colaboradores plagiados el viernes 23 fueron hallados ejecutados este sábado en las inmediaciones de una zona de bares y cantinas del centro de la capital del estado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que Germán Alegría Estrada, así como Rafael Martín Vázquez Pérez y Ulises Gómez de la Cruz fueron hallados sin vida este día en el interior de un vehículo BMW X4 con placas DRY976F del estado de Chiapas.

Si bien las tres personas fueron plagiadas en Berriozábal, sus cuerpos aparecieron este sábado en Tuxtla Gutiérrez, en la Circunvalación Tapachula de la colonia Moctezuma, al poniente de capital, en la zona comercial de antros, bares y cantinas.

Tras tomarles las fotografías de rigor, el vehículo y los cuerpos fueron llevados hasta las inmediaciones de un callejón que conduce al Servicio Médico Forense, donde se realizaron las maniobras periciales.

La FGE dijo que, vía la Fiscalía de Distrito Metropolitano, dio inicio a las investigaciones correspondientes tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de tres personas al interior de un vehículo en la colonia Moctezuma de Tuxtla Gutiérrez.

La Fiscalía de Chiapas dijo que ya realiza las investigaciones correspondientes para esclarecimiento del móvil del delito y dar con el o los responsables de este lamentable hecho.

Germán Alegría Estrada era secretario de Seguridad Pública Municipal en Berriozábal, mientras se dijo otro era su chofer y uno más empleado del área jurídica del propio Ayuntamiento. Rafael Martín Vázquez Pérez. Foto: Especial

Alertan por incremento de temperatura en Chiapas

Rodolfo Flores

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

En los próximos días, el estado de Chiapas tendra máximas temperaturas de hasta 35 °C en la mayor parte de la entidad y de hasta 40 °C en las costas chiapanecas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo que determino que dominaran los cielos despejados para los últimos días de febrero, debido a una circulación anticiclónica sobre el sur del país.

El día de hoy lunes aún soplarán algunos vientos frescos, los cuales modificarán sus características térmicas, permitiendo el ascenso de las temperaturas en el sureste del país.

Para el día martes las columnas de mercurio podrán dispararse, con máximas de 33 a 36 °C en las regiones centrales y del norte de la entidad; mientras que las zonas de montaña los registros más altos podrían situarse entre los 27 y 29 °C. Las condiciones se mantendrán con clima estable el día miércoles.

Para ambos días dominarán los cielos despejados, propicios para una alta radiación solar, por lo cual se recomienda no exponerse al sol de 11 de la mañana a tres de la tarde y beber abundantes líquidos para evitar

algún golpe de calor.

El día jueves se espera la incursión de otro frente frío, sin embargo, dado el dominio del sistema anticiclónico, su presencia será débil en Chiapas, podrán ocurrir algunos chubascos, un ligero descenso de 2 a 3 °C en las máximas y rachas de viento en 50 a 70 km/h cerca del Istmo de Tehuantepec.

Durante este fin de semana pasó sobre el territorio chiapaneco el frente frío 37, sus efectos fueron débiles en casi todo el estado, generó vientos fuertes; y en contraparte, las zonas de montaña rompen récord con seis días continuos de heladas, la racha más larga en la temporada invernal.

El usuario de X, Navarro Lang, registró con termómetros electrónicos y fotografías, como los campos de San Cristóbal de Las Casas se pintan de blanco, la temperatura mínima se registró el 21 de febrero, día que la gélida ciudad amaneció a -3.8 °C.

Fiscalía demanda a estudiantes de Universidad de Guanajuato por “daños” a edificios

Carmen Pizano Guanajuato (proceso.com.mx)

La Fiscalía General de Justicia del Estado acusó a siete estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG) que participaron en la toma de las instalaciones de la Rectoría General en septiembre pasado en protesta por la opacidad para la designación de la rectora general. Busca imputar a los estudiantes el delito de daños a edificios públicos y bienes con valor artístico e histórico, que en el Código Penal local contempla de uno a siete años de prisión.

Frida, Valeria, Dessire, Ignacio, Rodrigo, Armando y Charbel son estudiantes de Ciencias Políticas, Derecho y Administración Público en la UG, y en septiembre pasado participaron en la protesta que llevó a mantener tomada la Rectoría General durante 22 días, en medio del proceso en el que se designó a Claudia Susana Gómez López como rectora general. Ella fue apoyada por el rector saliente, Luis Felipe Guerrero Agripino, quien estuvo al frente en diciembre de 2019 cuando estalló el primer paro estudiantil en la historia de la Universidad.

El grupo de estudiantes que protestaron no se limitó a los siete jóvenes que ahora son investigados por la Fiscalía, sino que hubo más personas que apoyaron el Movimiento Colmena, como se autonombraron, pero en la investigación aparecen los nombres de los siete estudiantes que, aseguran, son blanco de una persecución política orquestada por las autoridades universitarias.

Y es que aunque la Fiscalía de Guanajuato notificó que inició la investigación de manera oficiosa, la rectora Claudia Susana Gómez ha incumplido con el pliego petitorio que firmó en los primeros días al frente

Frida, Valeria, Dessire, Ignacio, Rodrigo, Armando y Charbel son estudiantes de Ciencias Políticas, Derecho y Administración Público en la UG, y en septiembre pasado participaron en la protesta que llevó a mantener tomada la Rectoría General durante 22 días

de la UG, como el borrar los murales que hicieron estudiantes en la Rectoría General para la memoria e investigar a directivos que encapsularon a los protestantes el 12 de septiembre, encerrándolos en el edificio central y convocando a un grupo de choque.

“La persigue la Fiscalía por oficio en agravio de la UG. Estamos hablando de que hay un contubernio, una coadyuvancia clara, una coordinación clara por parte de la UG con la Fiscalía”, expuso Rodrigo al hablar de la inusual investigación que inició la Fiscalía de Guanajuato a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, cercano al exrector Luis Felipe Guerrero.

Recordaron que el Movimiento Colmena surgió por la inconformidad entre la comunidad estudiantil por la opacidad en el proceso para que un grupo de 11 personas que conforman la Junta Directiva designara a la persona titular de la Rectoría Ge-

Talamontes asesinan a

tres

guardabosques en Puebla

Gabriela Hernández Puebla (proceso.com.mx)

Tres personas que desempeñaban labores de guardabosques en la comunidad de Andrés Hueyacatitla, municipio de San Salvador El Verde, fueron asesinadas la madrugada de este domingo con armas de fuego por presuntos talamontes, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

La dependencia confirmó que además un cuarto poblador resultó herido por lo que fue trasladado a

un hospital de la zona para recibir atención médica.

“Los masculinos trabajaban cuando fueron agredidos con armas de fuego por otras personas, presuntamente dedicadas a la tala clandestina”, señaló la SSP en un comunicado.

En la localidad de Hueyacatitla, en las faldas del Iztaccíhuatl, los pobladores informaron que las personas asesinadas realizaban trabajos con trascabo para abrir zanjas que impidan la salida de los camiones que usan los talamontes para sacar madera de los bosques en esa zona.

neral, pidiendo que se hagan reformas a la Ley Orgánica para que haya más participación de la comunidad de estudiantes. Ante la negativa a ser escuchados por el entonces rector Guerrero Agripino, tomaron sus oficinas y las liberaron al llegar a un acuerdo con Claudia Susana Gómez.

“La rectora firmó un pliego petitorio que no habría represalias, Claudia Susana no tiene palabra”, señaló Frida.

Consideraron que las acciones legales en su contra es un acto de represión e intimidación: “es un mensaje claro para decir a la comunidad estudiantil que no van a aceptar ni a tolerar aquellas personas que piensen diferente”, expuso Rodrigo.

“¿Cómo es posible que una universidad pública este dispuesta a meter a sus propios estudiantes a la cárcel simplemente por exigir sus derechos?” cuestionó Dessire, al

aceptar que se sienten vulnerables y el proceso penal en su contra les ha provocado temor a que sigan las represalias en su contra.

Además, coincidieron en que los agentes de la Fiscalía que repartieron las notificaciones sobre la audiencia que se tiene programada para el 30 de abril en su contra fueron intimidantes, pues lo hicieron directamente a sus padres en los domicilios familiares, pese a que viven en diferentes municipios del estado.

“Lo que les dijeron a nuestros papás fue: los vamos a meter a la cárcel, si no se presentan venimos por ellos y los vamos a llevar a la fuerza”.

Acusaron directamente a las autoridades universitarias de criminalizarlos para que otros estudiantes no exijan derechos ni protesten.

“Imagino que la UG ya atendió todos los pliegos petitorios, me imagino que ya tiene en condiciones óptimas todas las divisiones, que ya tenemos material en nuestros laboratorios, que ya no hay profesores que acosan en las aulas, para estar criminalizando de esta forma a sus estudiantes”, señaló Valeria.

Tras la cobertura mediática de la toma de las oficinas de la Rectoría General, las autoridades de la UG también emitieron lineamientos para limitar el acceso de la prensa al edificio público, lo que llevó a la organización Artículo 19 a emitir un comunicado dirigido a la Universidad en el que exhiben las violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la ciudadanía de acceso a la información.

“El nombramiento de jueces no debe ser sometido a votación, es un riesgo para la independencia judicial”, advierte el magistrado

De la Redacción

Ciudad de México (Tribuna)

Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), consideró que es un riesgo para la independencia judicial que los jueces sean designados bajo una votación.

En la “Conferencia Magistral: La Independencia Judicial Electoral” que impartió a alumnos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) este viernes, el magistrado aseguró que una resolución jurídica sólo pueda ser emitida por un juez independiente, de lo contrario, este se convertiría en un político.

“Los nombramientos de jueces no constitucionales no deben ser sometidos a votación, ante el riesgo de que las consideraciones políticas prevalezcan sobre los méritos“, señaló en su ponencia.

Carina García

Ciudad de México (Tribuna)

La construcción de siete tramos del Tren Maya está bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación, pues se tiene detectado un probable daño al erario público por al menos 785 millones de pesos, eso hasta el año 2022, es decir, aún falta fiscalizar el último año y medio de las obras, de 2023 a la fecha.

Al inicio del sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha su idea de construir una línea ferroviaria que uniera Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y condenó que se hayan concedido amparos para suspender las obras por falta de dictámenes de impacto ambiental, proyecto ejecutivo y plan de negocios, entre otros faltantes, Ahora los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2022 realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y entregados a la Cámara de Diputados por el auditor David Colmenares, dan cuenta de que, la ausencia de planeación y permisos, junto con deficiencia de supervisión, permeó los trabajos de esa infraestructura y generó pagos indebidos, compras de predios que no se utilizaron y pago de trabajos innecesarios, entre otras fallas.

Todo ello derivó en el inicio de 16 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de funcionarios públicos (PRAs) que son presuntamente responsables de las anomalías.

De entre todas ellas, consta en el informe de las 12 auditorías practicadas al Tren Maya –en sus diversas etapas y tramos, hasta 2022– que la electrificación del tren corrió a cuenta

Felipe de la Mata

Felipe de la Mata puntualizó que un juez debe ser neutro frente a los órganos de gobierno y destacó que la independencia judicial garantiza la división de poderes

Felipe de la Mata puntualizó que un juez debe ser neutro frente a los órganos de gobierno y destacó que la independencia judicial garantiza la división de poderes.

“¡Si no hay división de poderes, no puede hablarse en los hechos realmente de una Constitución!, en los hechos

dejaría de ser un Estado constitucional para convertirse en un Estado (…) tiránico, dictatorial”, indicó.

El magistrado sostuvo que es muy importante que los jueces tengan una independencia externa a los poderes del Estado.

También se pronunció en defensa

de seleccionar a las personas que trabajarán en el Poder Judicial de la Federación con criterios objetivos, defendió la inamovilidad de jueces y la prohibición de la suspensión arbitraria.

“¿A alguien le parece que estos no sean los principios mínimos de la independencia judicial? Es que no podría haber una judicatura independiente sin estos elementos mínimos ¿De acuerdo?”,

A principios de este mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador no propone un método democrático para la elección de los jueces, magistrados y ministros, puntualizó. Con información de Latinus.

Improvisaciones, pagos indebidos, sobrecosto, lo que la ASF detecta en Tren Maya

de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero ésta “subcontrató el 82.4% de los servicios, más del 49.0% de lo establecido en las cláusulas del convenio específico” que firmó con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), responsable de la construcción.

Además, aunque se reconocen pagos en exceso y que se elevó el monto total de la inversión, aún no se ha transparentado el monto final, y no se conocerá sino hasta dentro de tres años, en 2027.

Con el argumento de reserva de información por razones de “seguridad nacional”, Fonatur informó a la ASF el monto total de la inversión hasta 2024, pero mantuvo bajo reserva el dato y no consta en el documento entregado por la ASF a los diputados.

“Fonatur, con oficio de fecha 19 de enero de 2024, remitió con carácter de reservado una copia de la actualización del análisis costo beneficio, en el que se actualizó el monto total de la inversión hasta 2024”, reportó la ASF.

El dato ha estado bajo secrecía desde agosto de 2022 por decisión de Fonatur y así seguirá.

Sin embargo, una parte de ese incremento en el costo de la megaobra se explicaría por los pagos “en exceso” en acero, según consta en la auditoría aplicada a la construcción de plataforma y vía del Tren Maya, Tramo 1, PalenqueEscárcega, en los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche, según la cual hubo “pagos en exceso en el suministro de acero de 1,169,132.7 miles de pesos”.

En esa misma auditoría, de acuerdo

a la ASF se detectó la deficiente planeación de los trabajos a ejecutar pues en la licitación del contrato Fonatur “no contempló la construcción de las estaciones Palenque, Boca del Cerro, El Triunfo y Escárcega, los viaductos Tenosique, Candelaria y Escárcega, la zona arqueológica y los Centros de Atención al Visitante (CATVIS)” pese a que todo eso estaba en el “Análisis del Costo Beneficio del proyecto”, base de toda la megaobra.

En tanto, en la revisión de construcción de plataforma y vía del Tren Maya, Tramo 6, Tulum-Chetumal, en el estado de Quintana Roo, la ASF revisó el cumplimiento a inversiones físicas y detectó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) estuvo prácticamente fuera de la planeación del Tramo 6 del Tren Maya.

En ese caso la ASF asentó “la ausencia de contar con un proyecto ejecutivo con los planos debidamente autorizados y firmados por las instancias competentes del Fonatur y de la SICT del Tramo 6 del Tren Maya, con todos sus componentes técnicos y planos de detalle de viaductos, pasos vehiculares, pasos de fauna, obras de drenaje, laderos, estaciones,

paraderos y Centros de Atención a Visitantes, etc., toda vez que únicamente se proporcionaron los planos firmados por el Fonatur y la Sedena”.

También hubo irregularidades, pues si había planeación pero fue deficiente, en la construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya, Tramo 4, Izamal-Cancún, en los estados de Yucatán y Quintana Roo, caso en el que “se pagaron trabajos innecesarios (estructuras, autopista y plataforma de vía) con antelación a la modificación en el trazo de la vía hacia Cancún”.

En ese caso se determinaron pagos en exceso por 286,261,000 pesos “debido a la diferencia del costo en la integración de diversos precios unitarios” que ya habían sido recalculados en 2021 “sin embargo, durante la Cuenta Pública 2022, se continuaron pagando con los precios unitarios del contrato”.

En esa misma revisión se halló un pago indebido por 15 millones 58,400 pesos “por deficiencias de calidad en el pavimento de la autopista, ya que con las pruebas del Índice de Perfil se consideran tramos inaceptables y no se aplicaron las sanciones correspondientes”. Con información de Expansión Política.

AMLO carga contra Youtube por “bajar” su mañanera: “está en plena decadencia”

De la Redacción

Ciudad de México (apro)

Através de su cuenta de YouTube, el presidente Andrés Manuel López Obrador fijó su postura después de que bajaron de la red su conferencia de prensa del 22 de febrero, cuando leyó la solicitud de respuesta a preguntas y hasta el teléfono celular de la jefa de corresponsales del periódico estadounidense The New York Times.

En pantalla negra y con letras blancas, denunció censura por parte de esta plataforma de videos, por, según ellos, “infringe las normas de la comunidad”.

“Es una actitud prepotente y autoritaria. Están en plena decadencia. La estatua de la libertad de ha convertido en un símbolo vacío. Afortunadamente nosotros inicia -

“Están en plena decadencia. La estatua de la libertad de ha convertido en un símbolo vacío. Afortunadamente nosotros iniciamos la lucha por la transformación del país repartiendo volantes y no sólo sin el apoyo, sino en contra de los medios de comunicación de la oligarquía”, dijo

mos la lucha por la transformación del país repartiendo volantes y no

sólo sin el apoyo, sino en contra de los medios de comunicación de la

oligarquía”, señaló en el mensaje escrito en pantalla.

Siguió: “Ni la mafia del poder ni el hampa del periodismo podrán silenciarnos. Como diría el Quijote: ‘La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”.

Enseguida, apareció la imagen de la estatua de la Libertad de Estados Unidos.

Pemex busca adquirir terminal de combustible defectuosa en Tuxpan

Manuel Alejandro Godínez Ciudad de México (proceso.com.mx)

Petróleos Mexicanos ha sostenido conversaciones con la multinacional KKR, dueño de la terminal de combustible en Tuxpan conocida como Servitux, para adquirir una terminal que el gobierno mexicano habría clausurado por deficiencias en su instalación en 2021 y que ahora tiene intenciones de comprar a un muy bajo precio.

La Terminal Internacional de Fluidos de Tuxpan TIFT en Tuxpan de Rodríguez Cano (Tuxpan), Veracruz, comenzó su creación en 2018 con el objetivo de realizar actividades como “diseño, preparación, pre arranque, operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y abandono de la terminal internacional de fluidos Tuxpan-almacenamiento (tift-a), cuyo objetivo es almacenar petrolíferos importados como son: gasolina regular, gasolina premium, diésel y turbosina (jet-a-1), con una capacidad nominal total de 526,073 m3 (3,308,900 barriles)”, de acuerdo con un documento de la Semarnat.

Desde entonces, y hasta la fecha, la terminal ha estado a cargo de Servicios y Terminales de Tuxpan S. A. de C. V., constituida según el Registro Público de Comercio el 31 de agosto de 2017 por dos empresas SSA México, Sociedad Anónima de Capital Variable y SSA México Holdings, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Durante 2018 y 2019, Servicios y Terminales de Tuxpan S. A. de C. V. revocó y nombró nuevos apoderados; dentro de los apoderados entró en 2019 Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, funcionario en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, donde fungió como

secretario de Comunicaciones y Transportes hasta 2009, cuando renunció.

Téllez.

También, dentro de los apoderados figura el abogado Santiago Sepúlveda Yturbe, hijo del excanciller durante el sexenio de Miguel de la Madrid, Bernardo Sepúlveda Amor y, de acuerdo con una investigación, sujeto implicado junto a Carlos Creel Cobián, su socio, en una denuncia por tráfico de influencias que comprometían una bursatilización multimillonaria entre el sexenio de Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón.

El 4 de mayo del 2018, mediante la resolución número RES/907/2018, la Comisión otorgó a Servicios y Terminales de Tuxpan, S.A. de C.V. el permiso de almacenamiento de petrolíferos y bioenergéticos PL/21140/ALM/2018, dando pie a la habilitación de la Terminal Servitux en 2019 con la participación de una empresa texana llamada Monterra Energy.

Esta empresa, a su vez, fue creada por medio de una inversión subsidiada por la multinacional estadunidense de administración de fondos de inversión y capital de riesgo, Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), de la cual Luis Téllez se volvió consejero en octubre del 2014, mismo año en que se creó Monterra Energy a cargo del mexicano Arturo Vivar Vásquez junto al estadounidense Michael A. Williams.

Para entonces (2013), la reforma energética de Enrique Peña Nieto ya había revolucionado el libre mercado de los combustibles en México, abriendo la posibilidad para grandes inversiones en materia energética en este territorio y dando pie al tráfico de influencias que protagonizó Téllez Kluenzer, quien además era miembro del comité técnico del Fondo Mexicano

del Petróleo en ese entonces, a pesar de que la Ley no permite ese tipo de conflicto de interés, Luis Téllez y agregados siguieron adelante con la creación de Servicios y Terminales de Tuxpan.

Si bien la fundación de la Terminal Servitux en Tuxpan, Veracruz, describe una serie de tráficos de influencias entre funcionarios y empresarios mexicanos como empresarios estadounidenses; el tema en cuestión es cómo este origen provocó el desarrollo de una terminal de combustibles altamente defectuosa y, por lo tanto, peligrosa para los mexicanos y el medio ambiente en general.

Los defectos de la Terminal Servitux

Fuentes que han decidido permanecer anónimas, circularon una serie de fotografías que ponen en evidencia la falta de cuidado en el levantamiento estructural de la terminal Servitux en Tuxpan, Veracruz, la cual aún así habría sido aprobada para el comienzo de operaciones de almacenamiento de petrolíferos y energéticos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2019 y, además, aprobó modificaciones para incremento de capacidad de almacenamiento en diversas ocasiones.

La terminal está compuesta de 16 tanques, como consta en una resolución oficial de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) donde se aprueban los permisos a la empresas Servicios

y Terminales de Tuxpan, los cuales contienen capacidad para almacenar combustibles para 3 millones 158 mil 240 barriles.

No obstante, los tanques han sido mal instalados y están mal nivelados, lo que pone en riesgo su almacenamiento. En 2020, los tanques fueron abiertos e incluso ingresaron maquinaria para aplanar el terreno y nivelarlo correctamente, acción que es completamente insegura, puesto que una vez instalados los tanques no deben de ser abiertos ni mucho menos intervenidos con maquinaria.

En uno de los tanques, se pueden ver dos aperturas realizadas en la base de los tanques; un aro grisáceo hasta abajo de la estructura que corresponde a anillos extras agregados después de una instalación inicial de los contenedores de combustible.

Se pueden contar varias intervenciones a los contenedores poniendo en riesgo la seguridad y violando las normas de impacto ambiental que, se supone, deben de regular este tipo de operaciones en México. A pesar de ello, la terminal estuvo funcionando durante varios meses, hasta mayo de 2021, cuando el gobierno de López Obrador mediante la CRE decidió hacer una inspección sorpresa a la planta y fue clausurada temporalmente utilizando incluso la fuerza de la Guardia Nacional.

Ernesto Villanueva Ciudad de México (apro)

Los hechos recientes del jueves 22 y viernes 23 de febrero en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo del reportaje de The New York Times sobre la supuesta vinculación del entorno íntimo o cercano del jefe del Ejecutivo Federal al narcotráfico se ha vuelto, a la luz de la polarización de la agenda pública, un intercambio de puntos de vista fuertes que reclaman un ejercicio de análisis más reposado. Veamos.

Primero. Tengo la convicción de que mensaje de la corresponsal de The New York Times en México, Natalie Kitroeff, al vocero presidencial, Jesús Ramírez, solicitando fijar postura sobre las imputaciones vertidas sobre el presidente y su círculo cercano y familiar de recibir recursos de procedencia ilícita no es una pieza que observe los mejores estándares de la ética periodística por la forma en que está enviada (por ejemplo la pregunta en tono de afirmación que el presidente López Obrador viajó a Badiraguato a ver a la madre del señor Joaquín López Loaera), por la ausencia de datos duros que le habrían dado fuerza a ese cuestionario y porque finalmente la pieza periodística publicada (https://www.nytimes. com/es/2024/02/22/espanol/amloinvestigacion-narcotrafico.html) no arrojó ninguna luz sobre el tema, habida cuenta de que el propio texto reconoce que los dichos de las fuentes no eran fiables ni para el presidente (“ aunque los esfuerzos recientes de los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y los asociados de López Obrador, no hallaron conexiones directas entre el presidente en sí y organizaciones delictivas.”) ni para su entorno cercano (“Buena parte de la información recolectada por los funcionarios estadounidenses provenía de informantes cuyos testimonios pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones resultan ser incorrectos”).

Segundo. Sin demérito de lo an -

De la Redacción

Ciudad de México (apro)

La candidata presidencial de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, culpó al presidente Andrés Manuel López Obrador de que, supuestamente, filtraron su teléfono y no dejan de llegarle mensajes y envió amagó: “Preocúpense, porque esto ya nadie lo para”.

“Como resultado del pésimo ejemplo que dio el presidente López Obrador, que se publicaron con mala leche, muchos más teléfonos, filtraron también mi número y, desde entonces, no han dejado de llegar mensajes. Si aún no lo tienes, aquí te lo dejo”, señaló la aspirante presidencial y ella misma colocó en su video su número telefónico: 5528991235.

Dijo que decidió no cambiarlo, como otros personas como la candidata

AMLO, NYT y el celular,

aclaraciones necesarias

López Obrador no debió dar a conocer públicamente el teléfono celular de la jefa de la corresponsalía de The New York Times en México, toda vez que se trata de un dato personal sensible que, por regla general no puede divulgarse

terior, también estoy convencido de que el presidente López Obrador no debió dar a conocer públicamente el teléfono celular de la jefa de la corresponsalía de The New York Times en México, toda vez que se trata de un dato personal sensible que, por regla general no puede divulgarse, de acuerdo lo establecido en el artículo 16, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, ni tampoco la vulneración del derecho a la protección de datos personales encuentra en este caso alguna de las excepciones que establece el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Sin duda el honor y la dignidad del presidente de la República son muy valiosas, sobre todo cuando no hay pruebas ni indicios razonables que permitan pensar lo contrario, pero ese valor no está previsto en el citado catálogo de excepciones para no atender el principio de secrecía que prescribe la ley

en la materia. El tema de fondo no es, a mi juicio, si debe o no preocuparse la corresponsal del diario estadounidense por la divulgación de su teléfono por ponerla en riesgo, sino que el mensaje que envía el presidente de la República al no testar ese dato en el cuestionario que le fue enviado es equivocado para los sujetos obligados a observar las disposiciones constitucionales y legales vigentes, quienes con razón podrían preguntarse si también pueden replicar esa conducta cuando a su libre juicio hay elementos para hacerlo al margen de los limitados casos de excepción legalmente permitidos.

Tercero. Al día siguiente, el asunto cobró una mayor relevancia por las preguntas y observaciones de Jesica Zermeño, corresponsal de Univisión, quien dicho sea de paso la conozco desde hace años y tengo la mejor impresión de ella porque es una periodista muy profesional, rigurosa y seria y, por desgracia, tuvo que soportar estoicamente el reclamo presidencial,

sin perder la compostura, y la serie de adjetivos descalificativos al trabajo de su medio y de los medios extranjeros durante media hora. Aquí hay que dejar claro tres cosas: a) El presidente de la República debe observar una conducta de autocontención y prudencia por el cargo que ostenta como primer mandatario de un país; b) Paradójicamente el presidente no observó sus propias proclamas de que jamás debe resolverse el fuego con el fuego como lo ha expresado en el tema de la violencia en México. En esta oportunidad, el presidente se despojó de su investidura presidencial y se comportó como si fuera un ciudadano más enojado, con razón también hay que apuntarlo, por la difusión de un texto periodístico poco afortunado, cuando era momento propicio para mostrar serenidad con firmeza en el fondo y suavidad en la forma precisamente para demostrar que no se combate “el fuego con el fuego” ni se aplica la ley del talión, como lo ha defendido reiteradamente en la lucha contra el crimen organizado o no y c) El principio de la transparencia y la protección de datos personales supone por definición que debe haber la mayor transparencia de las autoridades, de los gobernantes que garantizan las leyes y, por el contrario, la mayor opacidad de los particulares, de los ciudadanos sean o no periodistas, salvo en las excepciones que la ley dispone. En suma, a mayor poder como lo es el del presidente en un régimen presidencial como México debe haber también mayor responsabilidad.

Xóchitl Gálvez publica su número tras filtración: “he decidido no cambiarlo”

de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum o el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán.

“Entre los mensajes que he recibido me critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos. No se preocupen, eso se quita. Lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado y esos ahí se quedan. Así que preocúpense porque esto ya nadie lo para”, indicó en su video publicado en X, este domingo 25 de febrero, de 56 segundos.

Rita Magaña Torres Ciudad de México. (Cimacnoticias)

El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) considera preocupante las condiciones de las mujeres privadas de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Morelos, pues tiene documentado 10 casos de sujeción mecánica forzada entre un grupo de 57 mujeres entrevistadas, como lo relatado por Rosa, de 31 años, quien el 8 de enero pasado, intentó suicidarse, fue salvada, pero al despertar, después de estar inconsciente 48 horas, estaba sujeta de brazos, pies y cuello, así estuvo por seis días.

Casi una semana después, Rosa aún tenía las marcas de que estuvo amarrada por moretones. En ese estado se presentó a una entrevista con un representante del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), quien acudió para documentar los casos en los que internas del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16, exclusivo para mujeres, han sido amarradas por su intento de suicidio, hecho que ya consumado 13 mujeres el mes pasado y que dio origen a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En la visita del 22 de enero pasado, el IFDP encontró de Sandra, de 23 años. Los nombres de las internas fueron cambiados para reservar su identidad. Ella también intentó suicidarse a principios de enero de este año, no recuerda bien el día. Lo que sí sabe es que después de eso estuvo amarrada una semana, de pies y manos, en una cama. Solo le desataban una mano para que comiera. No podía ir al baño, tenía que hacer pipí y popo en un cómodo que tardaban mucho en retirarle.

De acuerdo con Sofía de Robina Castro, secretaria Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública, tienen documentadas irregularidades, omisiones, así como condiciones de extrema precariedad en que viven las mujeres al interior de este Cefereso de Morelos. La mayoría tienen relación con la salud mental y psicológica de las mujeres privadas de su libertad, lo cual ha derivado en las peores consecuencias, como la muerte supuestamente bajo suicidios.

Mencionó la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) este año sobre el suicidio de 13 mujeres ocasionado por las condiciones bajo las que viven en el Cefereso, de las cuales 10 ocurrieron en los últimos seis meses del 2023 y tres contaban con representación del Instituto, estas mujeres solicitaron un cambio de medidas cautelares; no obstante, las autoridades hicieron caso omiso, precisa Sofía de Robina Castro.

Otro caso documentado por el Instituto es el de Estela, de 30 años, quien refirió al representante del IFDP que tuvo una “crisis” y el personal del Cefereso, que no puede identificar, la golpeó y, al igual que

Denuncian torturas y tratos crueles en contra mujeres recluidas en Cefereso de Morelos

La CNDH refiere que sus visitadores adjuntos encontraron que, a pesar de que el Cefereso 16 les proporcionó atención psicológica y psiquiátrica a seis personas víctimas de suicidio, la misma resultó ineficiente e insuficiente para detectar las conductas de riesgo suicida que presentaban; mientras que en la situación particular de las otras siete no se les dio ningún tipo de intervención eficaz

Rosa, también la amarraron a cuatro puntos (de pies y manos). Estuvo así una semana, en la zona de enfermería, que todos llaman “el hospital”.

Sofía de Robina Castro, del IFDP, explica que el Instituto ya había tenido conocimiento de un caso en el que amarraron a una mujer privada de su libertad en este Cefereso en 2022. Por ese caso se interpuso un amparo, para evitar esta práctica, con el argumento de que era un acto de tortura.

“El juez concluyó que en efecto lo era y dictó que no debía volver a ocurrir y medidas de reparación, y aunque solo aplica para la persona por la que se metió el amparo, ya tenía conocimiento el penal de que esto es una práctica inadecuada. Se habían hecho peticiones, controversias judiciales ganadas, se habían presentado solicitudes para cambio de medida cautelar; sin embargo, no se atendieron los hechos”, subraya.

Ante todo lo documentado por el Instituto, De Robina Castro detalla que la IFDP ha puesto una denuncia penal y dos demandas de amparo en representación de 58 mujeres. Ambas demandas tuvieron una suspensión, por lo que un juez federal exigió medidas inmediatas. Posteriormente, uno de los amparos fue desechado, mientas que el otro sí fue admitido. A pesar de esto, “seguimos viendo las condiciones estructurales que permiten que estos hechos pudieran volver a ocurrir”.

Reportan 13 suicidios en 2023 en Cefereso 16

A finales del año pasado, el Cefereso 16 se dieron una ola de suicidios entre las internas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alertó en noviembre de 2023 cuando informó sobre ocho casos de mujeres privadas de la libertad

dentro de este penal federal. Después de eso se suscitaron dos más, para un total de diez, solo en el segundo semestre del año pasado.

El IFDP insiste en que las malas condiciones en las que viven ahí las personas privadas de su libertad, como la falta de atención médica y psiquiátrica, el abuso de fármacos, el aislamiento y presuntos castigos. De hecho, el 7 de enero pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 276/2023 al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) por violaciones a los derechos humanos de 13 mujeres privadas de la libertad que se quitaron la vida al interior del Cefereso 16, entre 2021 y 2023, y a la Fiscalía General del Estado (FGE) de esa entidad por omisiones y dilaciones en la investigación de dichos casos.

La CNDH refiere que sus visitadores adjuntos encontraron que, a pesar de que el Cefereso 16 les proporcionó atención psicológica y psiquiátrica a seis personas víctimas de suicidio, la misma resultó ineficiente e insuficiente para detectar las conductas de riesgo suicida que presentaban; mientras que en la situación particular de las otras siete no se les dio ningún tipo de intervención eficaz.

El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar los posibles suicidios de mujeres ocurridos en el Cefereso 16 de Morelos bajo el protocolo de feminicidios. El pasado 28 de noviembre del 2023 se realizó una brigada del IFDP, los titulares de la Unidad de Defensa Penal, Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos y la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, debido a que

el IFDP recibió información sobre irregularidades ocurridas en dicho Cefereso, inicialmente, relacionadas con la muerte de ocho mujeres.

«Esto ante un contexto de creciente preocupación y alarma por la información recibida respecto de la pérdida de la vida de al menos ocho mujeres en meses recientes, a las que han denominado las autoridades penitenciarias como suicidios, mientras se encontraban bajo custodia del Estado en el Cefereso 16 en Morelos. Durante esta visita, 21 personas servidoras públicas se entrevistaron con 41 mujeres que contaban con antecedentes en materia de salud mental y que deben ser atendidas con urgencia”, expuso el Instituto.

El mismo día que acudieron los funcionarios del IFDP al Cefereso fue reportada la muerte de una mujer más. “En ese caso como en dos adicionales, se trataba de mujeres que contaban con representación de este Instituto y en los que, en cumplimiento de nuestras obligaciones, se habían impulsado acciones como controversias en el marco de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para atender su salud mental, lo cual agrava la situación de desatención”, agregó. El Instituto informó que impulsará litigios para dar seguimiento a las muertes de las mujeres dentro del Cefereso 16 en Morelos, con el objetivo de cesar las omisiones y condiciones deficientes en materia de derecho a la salud.

“Llamamos a todas las autoridades competentes, en particular a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de quien depende el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, a tomar las acciones necesarias para garantizar la vida e integridad de todas las personas privadas de libertad, en particular de aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad por su situación mental.

“Todas las muertes ocurridas dentro de Centros Federales consideradas como violentas, deben ser investigadas por la Fiscalía General de la República, debiéndose deslindar todas las responsabilidades por acción u omisión de las autoridades correspondientes, y tratándose de muertes de mujeres, deben investigarse como feminicidios”, señaló.

LA RUTA DE UNA DENUNCIA POR VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO

Las elecciones de 2024 serán en las que mayor número de mujeres contendrán por un cargo de elección popular y esto obliga a todas las instituciones del Estado mexicano a combatir la Violencia Política en Razón de Género (VPRG). Más de 20 mil cargos estarán en disputa en todo el país y más de 10 mil mujeres tendrán que ocupar esos espacios, por tanto es fundamental conocer la ruta que seguirá una denuncia.

La participación de mujeres candidatas toma importancia, porque hay fuertes aspirantes en la contienda, pero la VPRG será uno de los principales retos que enfrentarán tanto las candidatas como las instituciones electorales. Según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), 18 estados nunca han sido gobernados por una mujer y solo el 28 por ciento de los Poderes Ejecutivos locales han sido ocupados por mujeres.

Las elecciones locales a nivel municipal son las que acumulan mayor desigualdad en materia de paridad, tiene el 72 por ciento de candidatas mujeres víctimas de violencia.

Los actos de violencia política en razón de género se incrementaron, pues de acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), desde noviembre de 2016 hasta diciembre de 2023, se tuvieron 2 mil 828 casos de violencia política por razón de género, de los cuales 2 mil 286 recibieron sentencia, esto representa un 80.8 pro ciento de casos resueltos. Mientras que en las elecciones del 2021, se registraron 908 asuntos de esta naturaleza.

La ruta

La Violencia Política en Razón de Género busca anular o desvalorizar el ejercicio de los derechos de mujeres involucradas en la política. Esta es motivada por roles y estereotipos tradicionalmente asignados a la mujer. Se manifiesta de diversas acciones, no está limitada a las agresiones físicas, también se pueden presentar agresiones verbales, simbólicas, patrimoniales, económicas, sexuales y psicológicas.

No toda la violencia política tiene elementos de género, pues en una democracia, la política es un espacio de confrontación, debate y disenso, porque en ésta se hacen presentes diferentes expresiones ideológicas y partidistas, así como distintos intereses.

Ante este contexto, la ex consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Adriana Favela Herrara, explica la ruta que deben seguir las mujeres candidatas que puedan sufrir de Violencia Política en Razón de Género, cuya denuncia podrá realizarse de acuerdo a las expresiones que adquiera la violencia y a la competencia

Rita Magaña Torres

de cada instancia. Todos los que sean cargos a nivel federal, como la Presidencia de la República, diputaciones y senadurías es competencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

La ex consejera del INE comenta sobre los casos locales, como candidatas a presidentas municipales, regidoras, síndicas, alcaldías, diputaciones federales o gubernaturas, la denuncias se hacen ante los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES). Obviamente también si llegan a ganar el cargo y sufren violencia hay esa separación de cargos federales para la Sala Superior del Tribual Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mientras que los cargos locales y municipales son para los institutos electorales locales de cada entidad federativa, añade.

Hace la aclaración de la instancia donde se debe acudir, La queja, según sea el cargo, se presenta ante el INE o los OPLES.

Una vez que se recibe la queja, detalla, lo primero que se tiene que ver es si hay una solicitud de medidas cautelares, por ejemplo para que un promocional de televisión no se transmita, o para que se borre algún mensaje de las redes sociales o se borre alguna tinta de una barda o de un espectacular.

Si la violencia política se está dando por mensajes que se difunden en radio y televisión, ahí sí con independencia del cargo, si es candidata a presidenta municipal, sindica, regidora, diputada local o lo que sea, todo eso es competencia del INE, porque es la única autoridad en el país que tiene la autorización de bajar spots de radio y televisión.

Adriana Favela señala que si la persona que presentó la queja solicita medidas cautelares, como las ya descritas, de bajar spots de la televisión o quitar un mensaje en redes sociales, lo que sea, la autoridad tiene que pronunciarse sobre la procedencia o no de esas medidas cautelares. Ese pronunciamiento generalmente lo hace el INE o las OPLES. Lo que se resuelve en las medidas cautelares, ya sea negativa o que se conceda, todo eso es impugnable ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o ante los tribunales electorales locales.

Precisa que todo lo que hace el INE es impugnable ante el TEPJF, todo lo que hacen los Organismos Públicos Locales, los institutos electorales locales, es impugnable ante los tribunales electorales locales. Hizo énfasis en las instancias que hay para poder agotar la cadena de una impugnación, ruta que será más larga para las personas que tienen un cargo a nivel local o municipal

Menciona que se hace el pronunciamiento sobre una medida cautelar o si se solicitó la idea de protección igual, es lo primero que se revisa. Luego ya se hace la investigación. Si se investiga lo que es la denuncia, o sea, que un promocional de radio y televisión está causando violencia, se piden los testigos de ese mensaje, que insiste todo lo de radio y televisión lo tiene que hacer el INE, si se denuncia violencia en una barda, va personal del Instituto Electoral o del OPLE, dependiendo del cargo de la mujer denunciante, se hacen las investigaciones y se emplaza a la parte demandada para que ofrezca pruebas.

Después ya hay una audiencia, donde se desahogan las pruebas y se pueden formular alegatos, cuando está el expediente totalmente conformado e integrado, en el caso del INE, se manda a una Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación y ya esas son las regiones especializada que van a emitir la resolución de fondo.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral, subraya, es la instancia que resuelve los casos de violencia política en razón de género, hace la investigación y la envía al TEPJF, y se puede pronunciar sobre las medidas cautelares, detalla.

“Una candidata puede argumentar ‘es que me están agrediendo a través de un mensaje de televisión’, yo analizo el mensaje y si me parece que pueda tener algún tinte de violencia política en tu contra, ordeno de manera precautoria, para que sigan investigando en el INE y cuando ya tienen todo el el expediente integrado, se manda a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral y ellos resuelven el fondo del asunto, decir que no se acreditan elementos de violencia política o sí se acredita, y ya imponen

una sanción”, hace referencia.

¿Cuáles son las sentencias para estos delitos?

Según la Ley General en Materia de Delitos Electorales, cada delito tendrá una sentencia distinta dependiendo las circunstancias.

Las conductas señaladas en las fracciones de la I a la VI, serán sancionadas con pena de cuatro a seis años de prisión y de 200 a 300 días multa.

Las conductas señaladas en las fracciones de la VII a la IX, serán sancionadas con pena de dos a cuatro años de prisión y de 100 a 200 días multa.

Las conductas señaladas en las fracciones de la X a la XIV, serán sancionadas con pena de uno a dos años de prisión y de 50 a 100 días multa.

Sin embargo; cuando las conductas señaladas en las fracciones anteriores fueren realizadas por servidora o servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o candidata, o con su aquiescencia, la pena se aumentará en un tercio. Cuando las conductas señaladas en las fracciones anteriores, fueren cometidas contra una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, la pena se incrementará en una mitad.

Sobre las sanciones, Adriana Favela mencionó, puede ser: una amonestación, una multa económica y medidas de reparación. Generalmente a la persona agresora se le pide que tome unos cursos de sensibilización, que en sus redes sociales publique un extracto de la sentencia u ofrezco una disculpa pública, entre otras cosas, ahora lo que resuelva la Sala Regional Especializada es impugnable ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese es el esquema a nivel federal en este caso.

Si la denuncia se tuvo que presentar ante un OPLE, la ex consjera del INE explica que igual se recibe la denuncia, se pronuncia sobre las medidas cautelares de protección, ellos no tienen nada que ver con lo de radio y televisión, porque eso le corresponde al INE, pero todo lo demás dependiendo del del cargo de la víctima, los OPLES hacen la investigación, una vez que ya está avanzada y vean que sí hay elementos para un procedimiento, emplazan a la persona denunciada, se ofrecen pruebas, hay una etapa de alegatos y una vez que está conformado el expediente, lo mandan a los tribunales electorales locales y son los que se pronuncian sobre si existen o no violencia política en razón de género, salvo en los estados de Chiapas, Durango, Tabasco y Tamaulipas, porque en esos cuatro casos el propio OPLE recibe la denuncia, investiga y resuvuelve el fondo del asunto.

TORTURA, DELITO E IMPUNIDAD PERSISTENTES EN MÉXICO

Gloria Leticia Díaz

En los primeros cuatro años del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió siete mil 511 denuncias por tortura, lo que demuestra que ese delito de lesa humanidad sigue vigente en México, sostuvieron integrantes de organizaciones civiles que integran el Observatorio contra la Tortura.

Al presentar el “Informe de hallazgos 2022”, los investigadores refirieron que el documento se elaboró con base en datos oficiales y al menos 800 solicitudes de información dirigidas a instancias de procuración de justicia, poderes judiciales, organismos públicos de defensa de derechos humanos y comisiones federal y estatales de atención a víctimas.

Natalia Pérez, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, destacó que a pesar de que el elevado número de denuncias, en 2022 solo se emitieron 10 sentencias, cinco de las cuales fueron condenatorias, y “ninguna de ellas corresponde a hechos cometidos por personal militar, a pesar de que hay evidencia de que integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de manera frecuente son señalados por actos de tortura”.

La defensora resaltó que, de la revisión de 23 sentencias emitidas entre 2017 y 2022, ninguna se basó en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, promulgada en 2017, y que se fundamentó en lineamientos y recomendaciones que organismos internacionales han hecho a México.

Pérez resaltó que, a nivel federal, de 2018 a 2022 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) integró 294 quejas por tortura, de las cuales solo 41 se con-

virtieron en recomendaciones, “eso sin contar con que las quejas por tratos crueles y degradantes suelen ser mal clasificadas y en realidad se trataría de casos de tortura”.

“Lo que encontramos es que, a pesar de que tenemos una legislación de avanzada, pocas personas pueden acceder a resoluciones jurisdiccionales como no jurisdiccionales, y peor aún, el acceso a una reparación integral es aún menor, pues si solo tomamos en cuenta las 41 recomendaciones y las cinco sentencias, la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CEAV) sólo otorgó reparación integral para 10 víctimas”, alertó la integrante de Fundar.

Ángel Salvador Ferrer, de la organización Documenta, explicó que, del cúmulo de denuncias, a 2022 sólo existían seis mil 226 carpetas de investigación por tortura, que representan a seis mil 398 víctimas.

El investigador explicó que el número de carpetas “es 11% mayor a lo registrado en 2021, año en que se abrieron cinco mil 594 carpetas por tortura”, e indicó que si bien de 2019 a 2020 disminuyó el número de investigaciones, por debajo de las cuatro mil, “eso pudo deberse a la pandemia por covid, porque en 2021 volvió a subir el número de carpetas de investigación”.

En cuanto a las víctimas, Salvador Ferrer destacó que de las seis mil 398, 11% son mujeres, es decir 715 mujeres, en tanto que a 9.9% (22 mujeres) se les identificó como agraviadas por tratos inhumanos, crueles y degradantes.

“De todo el universo de carpetas de investigación, únicamente 82 fueron judicializadas, es decir 1.31%, lo que muestra hay una gran concentración y acumulación de casos y que no se resuelven en un porcentaje elevado”, aunado a que en materia de peritajes especializados en materia de tortura “81% de víctimas no tuvieron acceso a

as certificaciones oficiales”, dijo el integrante de Documenta.

Salvador Ferrer explicó que en 2022 los organismos públicos de derechos humanos documentaron mil 243 quejas por tortura, de las cuales sólo emitieron 150 recomendaciones, en las cuales en 50.9% se señaló a personal de las fiscalías como responsables de los abusos y al 30.8% a los cuerpos de seguridad pública.

El investigador explicó que, en materia de resarcimiento del daño, las comisiones de atención a víctimas (sin contabilizar datos de Jalisco, que no los desglosó) sólo hay inscritas 244 personas como víctimas de tortura, de las cuales “identificamos 10 casos donde se emitieron medidas de reparación integral, personas atendidas por la institución federal, en las cuales no hemos tenido medida de reparación en casos estatales”.

En cuanto al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Salvador Ferrer resaltó que “únicamente atiende siete casos”, pese a la magnitud de las denuncias.

Este año, evaluación a México

Denisse Montiel Flores, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) de Jalisco resaltó la falta de implementación de la Ley General contra la Tortura por parte de las distintas instituciones, en particular de la FGR, que está obligada a presentar el Programa Nacional para Prevenir la Tortura, a pesar de que se han presentado amparos para que cumpla con la ley.

La defensora explicó que algo similar ocurrió con el Registro Nacional del Delito de Tortura, el cual “después de presentar amparos, lo único con lo que se cuenta es con 18 diapositivas, con información muy general, lo cual es muy preocupante porque la importancia del Registro es que está constituido

como elemento fundamental para mejorar las investigaciones de las fiscalías, para identificar patrones y contextos en los que ocurre la tortura, diseñar herramientas y protocolos para la investigación y la prevención”.

Entre las faltas de aplicación de la Ley General, Montiel Flores resaltó que en el país solo hay 17 fiscalías especializadas en la investigación de la tortura y en materia de peritos, mientras “en 11 no cuenta con peritos especializados en el tema”.

Para la defensora, como resultado de las fallas institucionales para atender el tema de tortura, “pocas son las víctimas a las que se les ha garantizado el derecho a una reparación, tanto así que, de 2017 a enero de 2023, solo 255 víctimas han tenido acceso a una indemnización, lo cual es uno de los componentes de la reparación, pero no es toda”.

En su participación en la presentación del informe, Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), resaltó que en este año México será sometido a revisión por el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), en fecha todavía no determinada.

El diplomático llamó la atención que la revisión del CAT, coincide con el año de cambio de poderes en México, por lo que “las recomendaciones que de ahí surjan, podrían tomarse como una hoja de ruta para prevenir y sancionar la tortura”.

Peña Palacios celebró el trabajo de las organizaciones civiles mexicanas y llamó a la apertura de un “espacio de diálogo, en espera de que el contenido del informe sea tomado en cuenta por los futuros tomadores de decisiones, para la erradicación de la tortura en México”.

UNA INICIATIVA ABSURDA Y DE IGNORANTES

Elisur Arteaga Nava

Comentario inicial

Por más que AMLO, los morenos y la candidata a la Presidencia hayan descalificado las marchas y concentraciones realizadas el domingo 18 de febrero último en muchas ciudades, lo cierto es que, por múltiples razones, les debió preocupar en grado sumo. Una de ellas: el hecho de que quienes se manifestaron fueron miembros de la clase media. Son ellos y no los obreros y campesinos, los que en mayor proporción salen a votar en las grandes y medianas ciudades de la República. Eso significa que es previsible que los candidatos de Morena y sus satélites pierdan en ellas.

Después de haber visto la organización, orden y número de los participantes, no me atrevería a aceptar que Morena vaya a controlar el Congreso de la Unión ni a reconocer que la señora Sheinbaum tenga asegurada la victoria. Todo indica que en este momento no hay nada para nadie.

Iniciativas

De las más de 20 iniciativas de reformas a la Constitución Política que presentó el presidente de la República, una de las que merecen ser consideradas y vistas con particular desconfianza, es aquella por virtud de la cual se propone modificar la Constitución Política para los efectos de prohibir, en forma absoluta, que en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad se conceda la suspensión. El texto que se propone adicionar es el siguiente:

“Tratándose de controversias constitucionales o de acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto de normas generales, en ningún caso su admisión dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada.”

Quienes elaboraron la iniciativa, aparte de obsequiosos, son ignorantes; quien la firmó es otro tanto; lo es por tener como asesores jurídicos a gente desconocedora del derecho. Se propone incorporar un absurdo más

en la Carta Magna.

La controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad previstas en el artículo 105 de la Constitución Política son dos medios de defensa de la Constitución. Ello implica que, a solicitud de una autoridad, a través de ellas, la Suprema Corte reencauza la actuación de las autoridades cuando, a juicio de un Ente público, Poder o autoridad actuaron en violación de la Carta Magna.

En principio, la actuación de los titulares de la acción: entes públicos, Poderes u órganos, no pueden neutralizar la acción de los Poderes legislativos: federal o locales y provocar un vacío normativo. Independientemente de ello, de concederse, sin restricciones, la suspensión, derivaría en enfrentamientos entre dos poderes: uno fuerte: el Congreso de la Unión o las legislaturas de los estados, a los que se sumaría el presidente de la República, y uno débil: el Poder Judicial Federal.

Por lo anterior, tratándose de controversias constitucionales, la suspensión procede en el caso de actos de autoridad. La ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, en su artículo 14 prevé la suspensión y establece una limitante: “La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales.”

El artículo 64 de esa Ley, por lo que toca a las acciones de inconstitucionalidad, en términos absolutos, niega el otorgamiento de la suspensión.

Hay una razón que explica la prohibición: la ley, por ser general y regular materias que requieren ser normadas, no puede ser suspendida en su vigencia de manera general. Permitirlo implicaría dejar sin regulación materias que el legislador consideró debían ser reguladas. La actuación de los ministros de la Corte no puede derivar en un vacío legislativo, como es el que se provocaría de concederse una suspensión con efectos generales.

El que un ente público recurra a

la controversia constitucional es en función de que existe la posibilidad de que el ministro instructor concederá la suspensión que le es solicitada.

El artículo 14 de la ley reglamentaria presupone que existen normas generales y normas particulares y que, en el caso de éstas es cuando procedería el otorgamiento de la suspensión. Una norma será general cuando sea aplicable en forma genérica a un grupo incontable de sujetos: “A ninguna ley ni disposición gubernativa se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.” Dispone el artículo 5º del Código Civil federal. Lo mismo puede afirmarse en los casos en que las leyes utilicen los términos: nadie, ninguno, en ningún caso, nunca, siempre, sin excepción u otras fórmulas parecidas.

Una norma no será general y sí particular en los supuestos en que, como en el caso del artículo 87 constitucional disponga: “El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión … la siguiente protesta.” Esa norma, aunque goza de abstracción y es aplicable a toda clase de presidentes de la República, por estar referida a un sujeto determinado, no es general. Es un ejemplo.

Tratándose de la suspensión en los juicios de amparo no tiene efectos generales; se limita a beneficiar temporalmente al quejoso; por estar prevista la institución en la Constitución, su concesión no puede ser suprimida a través de modificaciones a la Ley de amparo.

Quienes elaboraron el texto que presentó el presidente de la República no saben derecho y tampoco han patrocinado alguna controversia constitucional o alguna acción de inconstitucionalidad. Paso a explicarme:

Pueden ser parte en una controversia constitucional la Federación, las entidades federativas y los municipios; ellos pueden demandar la invalidez de una norma o ser demandados por haberla expedido.

Tratándose de normas expedi-

das por el Congreso de la Unión, cuya invalidez demande un estado, sería entendible que no proceda el otorgamiento de la suspensión: está de por medio el interés general de todos los mexicanos.

Pero en el caso de que un estado, por ejemplo, pretenda gravar el comercio internacional y, para logarlo, emita una ley, ésta, obviamente sería general.

Ello implicaría que, al no existir la posibilidad de que se conceda la suspensión, esa entidad se beneficie, en perjuicio de la Federación, de los ingresos obtenidos durante el tiempo en que la Corte tarde en resolver la controversia constitucional.

En este caso alguien dirá, tendrá que regresar lo percibido indebidamente; estoy de acuerdo, pero mientras tanto la Federación sufrirá un perjuicio financiero; además el ejemplo pudiera cundir; que se generalice la práctica y que, ante la improcedencia de la suspensión, la Federación, cuando menos durante dos años, se prive de los ingresos que ese rubro rinde. Sería absurdo.

En un sistema en el que, por virtud del principio republicano, los titulares de los poderes se rotan periódicamente, el que se recurra a la controversia constitucional o a la acción, dado que ellas se resuelven en un lapso no menor de dos años, sólo se explican en función de que mediará una suspensión. No existirá ese aliciente en los casos en que no exista.

Disponer de manera general que tratándose de controversias y de acciones no procede la suspensión, es desvirtuar las dos instituciones como defensas de la Constitución, ese es el sello de la casa: destruir las instituciones que existen para hacer que los poderes y autoridades respeten la Constitución y ajusten su actuación a lo que ella dispone.

Para tranquilidad de los mexicanos, esa es una de las iniciativas que serán rechazadas. Lo serán en el momento en que se enteren de lo absurdo que es.

Í N D I C E . . .

Ruperto Portela Alvarado

• SALVADOR CONSTANZO, CARTA FUERTE.

• Una leyenda que va con sello personal…

• Encuestas ficticias de Ángel y Aquiles…

• Todos van arriba en la encuestitis…

• Los negativos de los candidatos oficiales…

ENTIENDAN, NO VAN SOLOS…

Dicen los que saben y los que cobran por hacer encuestas sobre política y candidatos a la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, que todos van ganando, porque, “el que paga gana” en el método de la encuestitis con el aval de la oficialidad.

En el escenario político de la capital chiapaneca, se pretende crear la ilusionista idea de que la contienda está cerrada solo entre AQUILES ESPINOSA GARCÍA y ÁNGEL TORRES CULEBRO, ambos salidos del gabinete estatal de RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS. El primero de la Secretaría de Movilidad y Transporte y el segundo de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, con sus respectivos asegunes.

Ya se da por hecho que el “cincho” para la candidatura a suceder al “Modosito” CARLOS “Morrallas” MORALES VÁZQUEZ es el llamado “Ángel de las Obras”, ÁNGEL TORRES CULEBRO, porque se supone ser el candidato del Gobernador RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, pero también apuntan los panegiristas del “ChilAquiles” AQUILES ESPINOSA GARCÍA que ya tiene la candidatura porque así lo ha negociado el “Alcalde Guacamayón” desde las oficinas de Palacio Nacional y el impresentable dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO.

Lo que no han pensado es que

no van solos y que los demás “suspirantes” también tienen sus activos políticos y trabajo en las bases sociales que al final de cuenta son los que votan y deciden –si el dinero y el poder los dejan— a final de cuentas. Por eso dice FELIPE GRANDA PASTRANA que él tiene buenos números en sus encuestas y seguidores a su proyecto como sucedió en el 2021 cuando ganó las encuestas y le pidieron que se bajara para darle paso a la candidatura reeleccionista de CARLOS ORZOÉ MORALES VÁZQUEZ.

Pero en ese escenario no quieren ver los haberes que SALVADOR CONSTANZO tiene en las cuentas políticas que viene construyendo desde hace dos años en su calidad de Regidor del Ayuntamiento capitalino. Conste que el del eslogan de “Salva Tuxtla” tiene trabajo en las bases y que si no es candidato por Morena, como ya se decidió, lo puede ser por otra opción como Movimiento Ciudadano (MC) que hasta hoy no tiene un aspirante visible o competitivo. Lo cierto es que CONSTANZO ya está montado en el corcel de Movimiento Ciudadano y casi seguro sea el candidato a la Alcaldía de Tuxtla con esas siglas.

Dice CONSTANZO CEBALLOS que él no va con nadie ni aunque uno de ellos se haya tomado la foto con el propósito de que se bajara de la contienda. Sabe también y me lo dijo, que a ÁNGEL TORRES CULEBRO lo están inflando con las encuestas desde la oficialidad y que AQUILES ESPINOSA GARCÍA está apoyado por el inmenso gasto público del Ayuntamiento de

Tuxtla y los miles de bots que paga CARLOS MORALES para impulsar al “ChilAquiles”, que en los dos casos es una realidad.

En este choque donde yo digo que uno es el candidato del Gobernador y el otro del Alcalde de Tuxtla, creo que esa no se la va a perdonar RUTILIO ESCANDÓN a CARLOS MORALES, quien anda engrandecido y soberbio pagando bonos a trabajadores de la misma Tesorería Municipal y SMAPA hasta por seis mil pesos, “malgastando el dinero del ayuntamiento” por casi mil 200 millones de pesos. Además está visto que desde la Secretaria de Relaciones Públicas y Comunicación Social que jefatura ALEXIS SÁNCHEZ SANTIAGO, está desviando a la campaña del Chilaquiles, con transa y corrupción de por medio, casi 4 millones de pesos.

Por cierto, no veo por ningún lado la aspiración de YOVANI SALAZAR a la candidatura por la Presidencia Municipal de Tuxtla. Más creo que le está tirando a los faisanes para ver si cae –cuando menos— un zanate. Tal parece que con el arrodillamiento al Coordinador 4T y virtual candidato a la gubernatura de Chiapas OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, “El Zanjaguar Negro”, puede asegurar aunque sea una diputación local o una regiduría.

El hecho es que SALVADOR CONSTANZO, “Salva Tuxtla”, está muy echado para adelante y cree que con todo su patrimonio político que ha conjuntado en sus visitas a más de 200 colonias, con

resultados positivos, tiene para ganar la encuesta y es lo que ofrece a la candidatura de CLAUDIA SHEINBAUM y EDUARDO RAMÍREZ, aunque vaya de candidato con el sello de MC. El ejemplo fue el último evento en el que reunió a más de ochocientas personas que les dieron su apoyo incondicional en agradecimiento a todas las gestiones y obra social que ha hecho por ellos.

Así es que ÁNGEL TORRES y AQUILES ESPINOSA no crean que van solos, porque en el escenario y la pelea por la candidatura de Morena están FELIPE GRANDA PASTRANA, “Un Tuxtleco para Tuxtla” y SALVADOR CONSTANZO, “Salva Tuxtla”, quienes aseguran tener con qué ganar esta disputa electoral del proceso electoral municipal del domingo 2 de junio de 2024…

Se acabó el mecate… Y ES TODO… ¨

CARTELERA POLÍTICA

Leonel Durante López

• Recibe Eduardo Ramírez constancia como candidato a gobernador de Chiapas

• El que escupe al cielo…

En Comitán de Domínguez, Eduardo Ramírez Aguilar -su tierra natal-, y lugar donde inició su carrera política en el 2008, como alcalde, luego en 2012 diputados federal; en el 2012 al 2015 fungió como secretario general de gobierno, del 2015 al 2015 y del 2015 al 2018 diputados local.

De ahí Eduardo Ramírez dio el salto estelar para ocupar un lugar en el Senado de la República del 2018 a febrero de 2024, pues de esta manera el senador con licencia ya solo le queda saborear las mieles del poder con el cargo que anhelan la mayoría de los políticos encumbrados, servir a su estado, por lo que este domingo el Consejo Político Estatal de Morena en Chiapas entregó al destacado político su constancia como candidato oficial para gobernador del estado.

A sus 47 años de edad, a Eduardo Ramírez se le considera un político joven a plenitud y es a decir de muchos que a lo largo de su carrera política con los altos y bajos que se presentan durante ese lapso hace que su experiencia en los terrenos de la administración gubernamental sea vasta, suficiente para realizar un buen papel al frente del próximo cargo que se hará realidad después de las elecciones del 2 de junio próximo.

A decir de los expertos, en este momento no han rival que a Eduardo Ramírez le quite el sueño, pues se encuentra acuerpado de varios partidos, aunque la mayoría son rémoras y oportunistas, su fuerza es la ciudadanía que también lo acompañan y que le guardan confianza por esa experiencia que ha construido por mucho tiempo.

Los chiapanecos tenemos confianza que Eduardo Ramírez sea el gobernador que saque el fondo del pantano en que ex gobernadores hundieron al estado, exgobernadores, corruptos, ladrones, miserables que solo pensaron en ellos y sus familias, tal es el caso de Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello, que a mala hora llegaron a Chiapas, llevándose la riqueza del estado.

Chiapas vive momento difíciles, con un campo abandonado, una pobreza que se puede encontrar en todos los rincones del estado, violencia, muertes y lo peor con la presencia de grupos delincuenciales que traen en jaque a la

población, muchos por el miedo y esa violencia bárbara han tenido que abandonar sus tierras para poner a salvo sus vidas.

Sin embargo, el candidato al gobierno de Chiapas pidió a todos sus simpatizantes a trabajar con entusiasmo para llevar a cabo un proceso electoral en paz, ojala así sea sin que los carteles de la droga hagan presencia el día de las elecciones y echen a perder la fiesta cívica.

Pero en el senador con licencia de Morena, no cesa en el esfuerzo en trabajará para que los chiapanecos vayan a las urnas el próximo 2 de junio aliados y realizar una verdadera fiesta cívica en donde los ganadores seamos todos y Chiapas en particular.

Como eje de su gobierno, Ramírez Aguilar trabajará en favor de los pueblos originarios de Chiapas y con las mujeres del estado sumarán esfuerzos para abatir la pobreza, el rezago y la marginación en los sectores más olvidados en la entidad.

Para los ambiciosos, oportunistas y aquellos que solo buscan su beneficio personal aclaró que “no tiene compromisos económicos”, por lo que hizo el compromiso de en este año trabajará en la creación del plan estatal de gobierno para 2024-2030, pues no puede darse el lujo de hacerlo en la marcha cuando ya sea gobierno, ya que a Chiapas le urge trabajar para ayudar a los pueblos originarios, a las mujeres, a las niñas, niños y hombres del campo.

“Tenemos que planear desde este año, la obra pública, la política social, la política del bienestar, la educación y todos los renglones y en todas las materias”.

El candidato a la gubernatura de Chiapas citó al obispo emérito

de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz García de trabajar “adentro con los de afuera, arriba con los de abajo y a seguir caminando para que podamos construir”.

Al final de su discurso, Eduardo Ramírez dejó en claro que llegará al gobierno “sin compromisos”. No le debe nada a nadie en particular, “más que al pueblo de Chiapas”.

Montado en su macho, el mesías tropical leyó públicamente la solicitud de entrevista formulada por el New York Times (NYT). Encolerizado López Obrador hizo público el teléfono personal de la corresponsal Natalie Kitroeff.

El día estadounidense respondió al tabasqueño de haber violado una ley mexicana que puso en riesgo la vida de una periodista ciudadana estadounidense.

Hay que hacer hincapié que México es considerado a nivel mundial como uno de los países más peligrosos para ejercer el oficio, esto confirmado con datos frescos de homicidios cometidos contra reporteros.

Al mismo tiempo el desquiciado presidente de México mismo desvió el debate a un flagrante intervencionismo estadounidense en México hacia la violación de la Ley Federal de Datos Personales, con lo que puso en peligro una vida humana, tema que se subió la campaña negra en su contra y que se reforzó, no sin razón, cuando en la “mañanera” del jueves pasado, una reportera de Univisión lo hizo decir que por encima de esa ley está la autoridad moral y la autoridad política con que representa un país y un pueblo que merece respeto.

El Presidente con sus datos quiso defender lo indefendible,

dice estar por encima de la ley, oro puro para la campaña negra de sus adversarios.

Dice un viejo refrán que quien escupe al cielo en la cara le cae y no tardó mucho, porque este fin de semana José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente, denunció una invasión de su privacidad por la filtración en redes sociales de su número telefónico.

López Beltrán se quejó porque “no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y a la seguridad que merecen”.

El presidente fue acremente criticado por exponer el número telefónico de la comunicadora y dijo que su acción no había sido un error; además recalcó que lo volvería a hacer.

En respuesta, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dijo que la privacidad es un derecho constitucional por lo que nadie puede estar por encima de la ley.

La plataforma YouTube retiró la conferencia de prensa que el pasado jueves ofreció el López Obrador, en la que reveló, con alevosía e ilegalidad, el número telefónico de Natalie Kitroeff, corresponsal de TNYT, el que proyectó en pantalla e incluso leyó.

Del Montón

El presidente Andrés Manuel se lanzó contra la plataforma YouTube, luego de que este 24 de febrero eliminara el video de la mañanera donde el mandatario exhibió información personal de la corresponsal de the New York Times en México. A través de un comunicado compartido en las redes sociales del presidente –incluido YoutTube, López Obrador acusó que eliminar la grabación de la conferencia de prensa matutina había sido “prepotente y autoritario”. * * * En redes sociales circula un vídeo donde las últimas palabras del Comandante de seguridad pública de Berriozábal, Germán Alegría Estrada secuestrado y muerto al igual que a dos personas más, acusa a la secretaría de la policía estatal, Gabriela Zepeda Soto y al diputado Jorge Luis Llaven Abarca, de estar relacionados con células criminales que operan en la entidad y ordenar de forma directa crímenes en contra de personas. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

ACUSACIÓN

Fiscalía demanda a estudiantes de Universidad de Guanajuato por “daños” a edificios

AMLO carga contra Youtube por “bajar” su mañanera: “está en plena decadencia”

DECLARACIÓN

Xóchitl Gálvez publica su número tras filtración: “he decidido no cambiarlo”

Presunto fraude en el módulo de Atención Inmediata a mujeres en riesgo de violencia en Tapachula

Aprueba IEPC designación de integración de Consejos Distritales y Municipales

A propuesta de la Consejera

Presidenta Provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, María Magdalena Vila Domínguez, la noche del sábado 24 de febrero, el Consejo General del órgano electoral aprobó en Sesión Urgente, el Dictamen relativo al procedimiento para la designación de las Presidencias, Secretarías Técnicas y Consejerías de los Consejos Distritales y Municipales Electorales

Pemex busca adquirir terminal de combustible defectuosa en Tuxpan