CONTRAPODER EDICIÓN 2913

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D O X A

La vulnerabilidad de la ciudad con las lluvias

Chiapas abandonado a su suerte

Sobre la reforma al poder judicial se construyó una narrativa de irrealidades.

Dice que va a haber una mejor justicia, como si las conductas se reformaran por decretos.

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Las temporadas de lluvia demuestran la vulnerabilidad urbanística que sufre la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que se desarrollo sin planeación urbana y que se permitió la construcción de viviendas sobre los cauces de varios ríos que existían en la ciudad

Aseguran que la elección de jueces disminuye la corrupción y hay una legitimación social. Como si la elección de diputados y senadores hubiera disminuido la corrupción.

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA DIARIO

PETICIÓN

“Primero diagnóstico y luego decidimos qué

hacer”:

ministro Laynez sobre reforma judicial

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek pidió al Poder Legislativo hacer un diagnóstico sobre el Poder Judicial, antes de decidir qué hacer para reformarlo y advirtió que limitar las facultades de revisión de las leyes puede implicar un retroceso a un poder concentrado.

DECLARACIÓN

Monreal a Norma Piña: “Se equivocó de estadio” al pedir diálogo con AMLO y Sheinbaum

FORO Eduardo Ramírez destaca la necesidad de mejorar el sistema de justicia en México

La vulnerabilidad de la ciudad con las lluvias

Las temporadas de lluvia demuestran la vulnerabilidad urbanística que sufre la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que se desarrollo sin planeación urbana y que se permitió la construcción de viviendas sobre los cauces de varios ríos que existían en la ciudad, lo que ocasiona, que cada vez que hay una precipitación de lluvias la ciudad se inunde y que surjan desastres urbanos como sucedió el día de ayer en que varios autos en distintos lugares de la ciudad fueron arrastrados por las corrientes de agua que se forman.

La tormenta de ayer, que representa la de mayor precipitación de los últimos años, evidenció todas las fallas de la ciudad, en donde la autorización de unidades habitacionales en suelo de conservación ha provocado la devastación de árboles, y ha llenado de concreto espacios que permitían la filtración de agua al subsuelo y con ello se forman corrientes de agua que provocan desastres como lo sucedido el día de ayer en que la ciudad se inundó en varias partes y los viejos cauces de los ríos, hoy urbanizados y cubiertos de concreto, se llenaron de agua, recuperaron la memoria y mostraron con fuerza que hay un

orden anterior que fue destruido por la actividad de los humanos y permitido, con gran irresponsabilidad, por las autoridades municipales.

El Río Bambú, que cada año nos recuerda cuál es su cauce original, es el que ocasiona las inundaciones en el libramiento norte la altura del Fiscalía General del Estado y se desborda lateralmente sobre la avenida Fidel Velázquez sobre la Colonia 24 de junio e Infonavit Grijalva, formando corrientes de agua y arrastrando lo que encuentre su paso. Sobre ese espacio urbano se construyó el puente del Libramiento Norte, y la cimentación de ese obra, es lo que impide los flujos subterráneos de agua y su natural desembocadura al Río Sabinal.

La construcción de estos puentes y la autorización de unidades habitacionales en suelo de conservación en donde se observa que sobre los cerros que rodean a Tuxtla construyeron viviendas, afectan los derechos de la ciudad, que está acompañada de ríos y un entorno ambiental que ha sido destruido por la urbanización y por la falta de sensibilidad y conocimiento de las autoridades municipales, que permiten la realización de obras en lugares catalogados de riesgo, bajo la

inoperancia del área de protección civil, que conoce a detalle el mapa de riesgo de Tuxtla pero es omisa frente al desarrollo urbano.

Las obras que tanto presumió Ángel Torres, el inoperante exsecretario de obras, que a partir de unos días será el presidente de Tuxtla Gutiérrez, mostraron ayer los daños colaterales ocasionados por las lluvias, y evidencian su necedad de construir puentes en lugar de desarrollar tecnologías urbanas verdes, que mantienen los cuidados del entorno ambiental y fortalecen la existencia de los derechos de la ciudad, en donde uno de sus mayores daños es la deforestación y la ausencia de una política de plantío de árboles compatibles con el desarrollo urbano. Las lluvias de ayer debe de darle claridad al próximo presidente de Tuxtla que su proyecto de obras son dañinos para la ciudad y que antes de seguir comprometiéndose en obras que cubren de concreto áreas de filtración y recuperación del agua, debe elaborar un diagnóstico y hacerse asesorar de quienes sí conocen y saben de tecnologías verdes para no seguir aniquilando los entornos ambientales con un desarrollo urbano sin planeación.

Muere extranjera arrastrada por corriente de agua en La Hacienda

Jairo Camacho.

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Por las fuertes corrientes generadas por la lluvia que acontece este martes, una extranjera perdió la vida cuando fue arrastrada por una corriente de agua en Residencial La Hacienda, de Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con los reportes, la mujer manejaba una motoneta sobre la Avenida Taxco y Calle Guerrero e intentó cruzar la corriente.

De un momento a otro fue arrastrada junto con la moto, sin que nadie pudiera hacer nada.

La extranjera de presunta nacio-

De acuerdo con los reportes, la mujer manejaba una motoneta sobre la Avenida Taxco y Calle Guerrero e intentó cruzar la corriente

nalidad China, fue arrastrada unos 25 metros hasta quedar arrinconada en un muro de piedra cerca de una camioneta de color blanco.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil, y confirmaron el deceso de la mujer por ahogamiento ya que el agua alcanzó casi el metro de altura.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes, levantaron el cuerpo y lo trasladaron al Semefo donde se practicaría la necropsia de ley.

Alrededor de 500 trabajadores del PJF protestan en Chiapas contra la reforma judicial de AMLO

De la Redacción

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

Unos 500 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifestaron este martes en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en contra de la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y señalaron que de aplicarse habrá violación a sus derechos laborales.

La polémica reforma judicial, presentada por el mandatario mexicano en febrero, plantea no sólo la elección por voto popular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

También serían elegidos por votación popular los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y, en general, de todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país

Fue la primera protesta de los trabajadores del Poder Judicial, cuando se tocó el tema “División de Poderes: Medios Legales y Constitucionales”, como parte de los Diálogos Nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, que la Cámara de Diputados organizó en Tuxtla Gutiérrez.

Durante la inauguración de este encuentro, los inconformes se colocaron en una de las entradas a la sede del foro con lonas en las que se podía leer: “defendemos la democracia para poder defender tus derechos humanos”, “el PJF trabaja para defender tus derechos, hoy nos toca defendernos para defenderte”, además de consignas como “¡la justicia no se vende! y “¡sin color, sin partido la justicia se ha impartido!”.

Durante el desarrollo de la actividad, el senador Ricardo Monreal destacó la urgencia de un Poder Judicial libre de arrogancia, nepotismo y corrupción, que los llevó a alejarse del sentimiento social, hasta asumir funciones que rebasan sus facultades.

“Debido al nepotismo, a la corrupción, al aislamiento social, el déficit de justicia se fue acrecentando en nuestra sociedad hasta que se hizo insostenible. De ahí proviene la necesidad de que este ejercicio de diálogo resulte afortunado”, dijo en su participación.

Así también respondió a la protesta de los trabajadores del PJF a quienes envío un mensaje, “sus derechos laborales no serán afectados”, por lo que aseguró que la manifestación no tenía razón de ser.

“No tienen razón los trabajadores, porque no, no hay ninguna norma que afecte a los trabajadores, no hay en todos los 16 artículos de la Constitución y los 11 transitorios. Como dice mi compañero Leonel Godoy, no afectamos a los trabajadores en lo más mínimo”, dijo.

“No hay ningún problema de que se manifiesten, aunque hay que aclararles lo que está pasando”, cerró Monreal. Con información de Latinus.

Habitantes de Tila se niegan a regresar a sus hogares por violencia

A un mes de que un grupo armado en Tila quemara 17 casas y 21 vehículos, dejando tres muertos y cuatro heridos y miles de pobladores desplazados, la mayoría ha retornado a sus hogares, sólo unas mil personas se niegan a volver por miedo.

“Quedan menos de mil personas que no quieren regresar por temor y algunas familias no van a retornar definitivamente por situaciones personales, y porque ya no se sienten seguras; incluso han pedido su cambio de trabajo”, informaron representantes de los desplazados.

El comité Digna Ochoa dijo que en Tila la situación de tensión persiste por las omisiones de todos los niveles de gobierno y “sus fuerzas de seguridad que no actúan para desarticular a grupos delincuenciales y armados y aplicar la ley”. Aseguró que recibió un reporte urgente en donde le informan de una reunión de “los autónomos” que decidieron la expulsión del Ejército y la Guardia Nacional del ejido Tila.

A un mes de los hechos violentos, el comercio se encuentra funcionando en un 70%, “ya funcionan las tortillerías, las tiendas de abarrotes y la venta de agua casa por casa. Poco a poco se está dando la normalidad”, señalaron los retornados.

Sin embargo, comentaron que todavía están esperando la realización del peritaje de las casas dañadas para la reconstrucción y los negocios saqueados, y saber cuál será el apoyo que les darán las autoridades, por lo que esta semana retomaran el tema en la mesa de trabajo que se tiene con funcionarios de gobierno.

Ante los rumores de que las fuerzas de seguridad se retirarán de Tila los

pobladores confían en que el Ejército va a permanecer en el poblado del norte de Chiapas para brindarles seguridad. Manifestaron que por lo pronto se está avanzando con la electrificación y la seguridad. Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sigue dando mantenimiento a la red de energía eléctrica, “pero nos dijeron que va a tardar para atender todo el pueblo”. Esta semana comenzará la instalación de 80 lámparas en puntos estratégicos de la cabecera municipal, lo que ayudará a que haya mayor seguridad.

Indicaron que el ayuntamiento de Tila, se comprometió a instalar por lo pronto 80 lámparas en las calles. “El último conteo que hicimos fue de 280 luminarias que se necesita instalar, pero por la falta de mantenimiento del servicio eléctrico no se pueden colocar todas, porque hay transformadores que no funcionan al cien por ciento”.

Explicaron que, debido al abandono de la red eléctrica, si se colocaran las luminarias que se necesitan, probablemente no funcionarían por lo que conforme se le vaya dando mantenimiento, se irán instalando.

Los desplazados consultados, que pidieron el anonimato, recordaron que el 7 de junio se desplazaron, entre 8 mil y 10 mil pobladores de Tila, luego de un enfrentamiento iniciado el 4 de ese mes entre los grupos denominados Karma y Autónomos, que dejaron tres muertos, cuatro heridos y 17 casas y 21 vehículos quemados.

Gabriela Coutiño
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

Eduardo Ramírez destaca la necesidad de mejorar el sistema de justicia en México

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Como parte de la construcción de un debate informado, el gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, asistió, junto con el gobernador constitucional, Rutilio Escandón Cadenas, al foro Diálogos Nacionales: Reformas Constitucionales al Poder Judicial con el tema “División de Poderes: Medios Legales y Constitucionales”.

Durante su intervención, Ramírez Aguilar subrayó la importancia de la reforma al Poder Judicial como una prioridad para mejorar el sistema de justicia en México, en donde enfatizó que las y los legisladores tienen una tarea fundamental: escuchar y considerar todas las voces para construir una reforma que verdaderamente sirva al pueblo. “La política no se trata de vencer, sino de convencer”, recalcó.

El gobernador electo propuso medidas para mejorar las condiciones del sistema de justicia como la urgente necesidad de abordar la procuración de justicia, pues enfatizó que es fundamental resolver los problemas estructurales que aquejan al sistema judicial, uno de ellos la ineficiencia de los ministerios públicos y la falta de sustentación en las carpetas de investigación. “Mientras tengamos ministerios públicos que no ejercitan la acción penal, mientras tengamos carpetas

Gabriela Coutiño

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro).

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado de la República, aseguró que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, “se equivocó de estadio, de auditorio y de lugar” al pedir diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum en el marco de los foros de la reforma al Poder Judicial.

Piña Hernández, según Monreal, se olvidó del Poder Legislativo para hablar de la reforma judicial, ente que es “el que tiene ahora toda la facultad para aprobar, modificar y deliberar”.

“La cancha está en el Poder Legislativo”, dijo Monreal entrevistado poco antes de encabezar junto con el gobernador Rutilio Escandón; el gobernador electo, Eduardo Ramírez; el ministro Javier Laynez Potisek, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas, el cuarto foro de los Diálogos nacionales por la Reforma Judicial, que se vio enmarcado por la marcha y protesta de cientos de trabajadores del Poder Judicial de la

Participaron legisladoras y legisladores, así como representantes de instancias del Poder Judicial

de investigación que no vienen bien sustentadas, vamos a seguir teniendo los mismos problemas”, enfatizó.

Destacó la importancia de capacitar adecuadamente a los funcionarios del sistema judicial, para garantizar que puedan desempeñar sus roles de manera efectiva y justa, al tiempo que solicitó defender nuestras instituciones con una conciencia abierta, siendo empáticos con la ciudadanía que clama justicia.

“Defendemos las instituciones, pero lo hagamos abriendo nuestra conciencia [...] ser más empáticos con la gente de a pie, con la gente que quiere justicia, pero también ser más empáticos para entender y para comprender que México no puede quedar estático, tiene que haber movimiento, tiene que haber reformas”, expresó.

En otro momento, Ramírez Aguilar planteó una propuesta para los encargados de mejorar el sistema de justicia: la creación de un mecanismo que garantice que los ministerios públicos ejerciten la acción penal de manera eficaz y que las carpetas de investigación estén bien fundamentadas desde el inicio.

Además, dijo que esta reforma es esencial para el inicio del fin del presidencialismo mexicano, ya que busca acotar las facultades del Ejecutivo y fortalecer el equilibrio de poderes. “Para nosotros, es el inicio del fin del presidencialismo mexicano [...] Porque se le está acotando facultades al Ejecutivo y esto viene a ser un cambio de profundidad constitucional”, señaló. Finalmente, reiteró su compromiso con la causa del Poder Judi -

cial y su disposición para apoyar en todo lo necesario para el desarrollo de la nación; además, agradeció al presidente del Tribunal de Justicia de Chiapas, Guillermo Ramos y al gobernador Rutilio Escandón por su destacada labor en este ámbito. Al evento asistieron el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores; el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; la diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas; la diputada Flor de María Esponda Torres, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Chiapas; el diputado Leonel Godoy, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en representación del diputado Ignacio Mier Velazco; el diputado Ismael Brito Mazariegos, coordinador del diálogo; la diputada Adriana Bustamante Castellanos, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; y demás personalidades del ámbito político y judicial.

Monreal a Norma Piña: “Se equivocó de estadio” al pedir diálogo con AMLO y Sheinbaum

Federación y del estado.

“Yo creo que le faltó pulcritud constitucional a la presidenta (de la SCJN). Lo digo con respeto porque ella debió haber pedido dialogar con el Poder Legislativo”, agregó el senador morenista.

Dijo que el presidente “ya nada tiene que hacer, no es por otra cosa, él hizo su trabajo, presentó en razón de sus facultades constitucionales una iniciativa y otras 19 más en un paquete el 5 de febrero y creo que se equivoca de tribuna o de lugar la ministra; y la doctora Claudia Sheinbaum no ha presentado ninguna iniciativa. La iniciativa que estamos deliberando y analizando es la que ahora venimos a platicar”, dijo.

Monreal manifestó que Norma Piña “debió haber dicho ‘que los legisladores nos escuchen’ porque son ellos los que van a redactar y, en su caso, aprobar la reforma. Eso es lo que correspondería”.

“Lo que la ministra presidenta dice es que los escuchemos. Los estamos escuchando en los nueve

foros, y en todos han estado ministros de la Corte para hablar sobre la reforma. Entonces, el Poder Legislativo es quien debe de escucharlos. Y por eso me parece en el caso del presidente, se encuentra a destiempo, pero es una facultad de él si los va a escuchar o no”.

Monreal Ávila sostuvo que la reforma al Poder Judicial “sí va a resolver de fondo el problema de la justicia en México. Creo que el Poder Judicial está en un mal momento, se alejó de la sociedad, se corrompió, se establecieron redes de tráfico de influencias a través del nepotismo.

Ellos lo saben muy bien. Por eso los estamos escuchando”.

Señaló que la reforma constitucional que se plantea, “es recuperar esos principios y valores que establece la Constitución de que los mexicanos merecemos una justicia pronta, expedita, obviamente gratuita y que tenga tiempos y períodos; que la gente tenga acceso a esa justicia y que el nepotismo, la corrupción, el tráfico de influencias, lo anquilosado de los poderes no represente ese retraso en la impartición de justicia. Ese es el propósito fundamental de la reforma que estamos impulsando”.

Tras unas 28 horas de permanecer cerrada por habitantes que exigían la clausura de una empresa acusada de contaminar un arroyo que despedía olores fétidos, fue abierta este mediodía la circulación en la carretera Villahermosa-Nacajuca.

El acuerdo para levantar la protesta se dio después de que funcionarios de la Secretaría de Bienestar clausuraran la compañía “Planta de Tratamiento de Aguas Congénitas”, ubicada a la altura del fraccionamiento Tenerife, en la ranchería Saloya segunda sección, del municipio conurbado de Nacajuca.

Los representantes gubernamentales pusieron sellos de clausura en el entorno de la instalación industrial.

La protesta inició ayer por la mañana, luego de que la comunidad estuvo reclamando durante mucho tiempo la intervención de las au -

La Refinería Olmeca, en el puerto petrolero de Dos Bocas, ubicado en el municipio de Paraíso, carece de una ruta de escape para la población aledaña en caso de algún accidente cuando entre en operaciones el complejo, cuya barda perimetral se encuentra a unos 50 metros de una zona habitada donde hay un jardín de niños y una primaria.

También es necesario que se instalen plantas de monitoreo de la calidad del aire para medir las emisiones de azufre y vigilar que no rebase lo indicado en la Norma Oficial en la materia y afecten a la población, alerta Ramsés Pech Razo, especialista en temas petroleros.

Obra prioritaria del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la petroquímica, ubicada a 85 kilómetros de Villahermosa, aún no entra en operaciones.

El 3 de mayo último el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, aseguró que el banderazo de salida sería el 24 de junio pasado. Pero antes, el 11 de marzo, el presidente dijo que sería en abril cuando la Olmeca iniciaría labores.

Sin embargo, el 20 de junio último Romero Oropeza volvió a dar una nueva fecha de su entrada en operaciones, y dijo que empezaría a operar a plena capacidad en julio.

La planta, mencionó durante el Congreso Mexicano del Petróleo, comenzaría a aportar gasolinas y diésel en el segundo semestre de 2024.

La refinería está instalada en un terreno de 600 hectáreas; se han invertido 18 mil millones de dólares, pero el monto final podría alcanzar entre 22 y 23 mil millones de dólares.

“Faltan semanas; son miles de componentes, siempre falta un tornillo que no se apretó, falta una pieza”, dijo hace más de un mes el ingeniero agrónomo que dirige Petróleos Mexicanos, paisano del presidente López Obrador.

Clausuran empresa acusada de contaminar arroyo en Tabasco; levantan bloqueo en vía Nacajuca-Villahermosa

toridades, ya que la planta presuntamente vertía sus desechos en un arroyo aledaño, lo cual originaba un

fuerte olor a hidrocarburo. Este martes por la mañana el problema se agudizó porque los in -

conformes bloquearon otras vías de acceso cercanas por donde los automovilistas estaban burlando el cerco para llegar a la capital tabasqueña y también a Nacajuca.

El delegado de la ranchería El Guácimo, Asunción García Córdova, informó que la protesta se originó luego de que por varios años las autoridades se negaron a intervenir.

Según dijo, la planta de tratamiento tira los desechos al cuerpo de agua que pasa por atrás de sus instalaciones.

El agua provocaba que los residuos químicos se dispersaran por el aire causando malestar en cientos de familias que habitan por la zona.

En Paraíso temen a riesgos por la refinería de Dos Bocas y exigen plan de protección civil

Pero Ramsés Pech, quien tiene más de 25 años de experiencia en la industria petrolera, asegura que la refinería no va a iniciar operaciones en lo que resta del gobierno de López Obrador y que el pronóstico más conservador es que a mediados del año próximo esté trabajando a 50 por ciento de su capacidad.

En ese contexto, el alcalde electo de Paraíso, el emecista e ingeniero petrolero Alfonso Baca Sevilla, quien laboró durante 17 años en Pemex, afirma que en cuanto entre en funciones exigirá a la empresa productiva del Estado que entregue o informe sobre los planes de protección civil para la población en caso de una contingencia, pues no lo conocen.

Golpe económico

En entrevista con Proceso, Pech Razo afirma que lo grave, previo al arranque de la refinería, es que se prevé que en seis o siete meses el municipio de Paraíso va a colapsar por la ruptura de la burbuja económica creada con la construcción de la refinería, afectando principalmente la economía de las familias ante la caída de la demanda de servicios.

Va a ocurrir algo similar –explica– a la que pasó en 2015 en Villahermosa, cuando se afectó la economía de la capital del estado ante la reducción del presupuesto de Pemex por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Pero más allá del tema económico, para el experto con estudios de posgrado en la Universidad Fabra de Barcelona, quien ha seguido de cerca todo el proceso para la construcción de la refinería, “es preocupante y necesario que las autoridades de protección civil, en conjunto con Pemex, puedan realizar una ruta de escape en caso de algún accidente, ante la cercanía de cierto número de población de Paraíso

con la refinería”.

Eso, dice, deberá realizarse durante la etapa de pruebas, que ya empezaron, y una vez terminadas éstas.

De igual manera, denuncia que no hay información sobre estudios de impacto ambiental en la población, para lo cual existe la Norma 148 de 2016 de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales, la cual indica los requisitos para la recuperación de azufre proveniente de los procesos de refinación de petróleo, con el fin de reducir las emisiones de compuestos de azufre arrojados en la atmósfera, y que establece que se tiene que recuperar el total del compuesto químico o al menos 95 por ciento.

Por eso, indica, se requiere colocar sistemas de monitoreo que ayuden a determinar la calidad del aire, pues, según datos de la empresa, entre 45 y 50 toneladas de dióxido de carbono es el equivalente que se emana por cada mil barriles de crudo procesado, y este valor indica la cantidad de gases de efecto invernadero que pudieran afectar a la población aledaña.

Debido a que la barda de Dos Bocas está cerca de una zona habitacional, advierte, antes de echarse a andar la refinería se deben cumplir estos tres requisitos:

Establecer un proceso de ruta de seguridad por la cercanía de la población con la planta.

Se debe instalar un sistema de medición de la calidad del aire, debido a que puede afectar de igual manera al municipio.

Debe tenerse claro que la refinería Olmeca evalúe y certifique cada uno los equipos y con base en los manuales incluya recomendaciones ante problemas, para evitar accidentes durante su operación.

Baca. Exigencia para Pemex. Foto: Facebook / Alfonso Baca Sevilla Pech Razo insiste en la urgencia de un programa de protección civil para instalar un monitoreo de calidad del aire, y para evaluar cómo enfrentar los accidentes ocurrudis en la planta. Todo esto porque, agrega, el complejo petroquímico está hecho para quedarse por más de cuatro décadas operando en Tabasco.

Incertidumbre para la población

El presidente municipal electo de Paraíso, Alfonso Baca Sevilla, quien ganó la elección del 2 de junio último en el municipio tabasqueño donde está establecida la obra cumbre del gobierno de López Obrador, coincide con el analista petrolero Ramsés Pech y afirma que la empresa nunca ha hecho un análisis de riesgo integral que incluya al municipio de Paraíso, pues el que tiene sólo lo aplica en el interior de sus instalaciones, no en el área poblacional de sus alrededores.

Baca Sevilla, que entra en funciones el 1 de octubre próximo, trabajó en Pemex de 1992 a 2021, ocupando los últimos 17 años puestos operativos y de dirección.

Ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Baca Sevilla denuncia que, si bien existe un Atlas de riesgo de la empresa para identificar plenamente donde pueden existir problemas de seguridad, “no hay un enlace con el municipio”.

Madres Buscadoras y fosas clandestinas en México

La cantidad de fosas clandestinas en México es desconocida y mientras las instituciones mexicanas no se ponen de acuerdo para brindar cifras concretas, la cifra de personas desaparecidas en nuestro país continúa al alza, dejando consigo, un rastro de impunidad, Madres Buscadoras y el desasosiego de millones de familias mexicanas quienes buscan a sus seres queridos con el clamor: ¿En dónde están?

De acuerdo con información de InSight Crime, al menos 15 Madres Buscadoras han sido víctimas de homicidio de 2010 a 2022, mujeres quienes además de enfrentar la pérdida de sus seres queridos, sortear la violencia del crimen organizado, dedicar horas de trabajo a su búsqueda, suplir la labor que el Estado mexicano no realiza, ellas no reciben más que información inconsistente de las instituciones federales que buscan a toda costa y estructuralmente, como expuso Artículo 19, blanquear sus cifras.

Un primer acercamiento lo ofrece Data Cívica, Artículo 19 y otras instituciones, que esbozan una posible cifra: un aproximado de 2 mil 155 cuerpos han sido encontrados en fosas comunes alrededor del país, de los cuales, solo el 6% ha sido identificado, además, se tiene registro de 81 investigaciones, es decir, que existen 2 mil 74 restos óseos sin reconocer y sin procesos legales.

Artículo 19 exigió a la Fiscalía General de la República información sobre la cantidad de fosas clandestinas y restos óseos encontrados desde 1960 hasta la actualidad y cuántas investigaciones habrían resultado de dichos hallazgos. Como resultado, se desencadenó una lucha por la verdad que llevó a la institución a impugnar y exigir transparencia hasta en 3 ocasiones.

La primera respuesta que recibió la organización fue que, desde 2011 la entonces PGR había encontrado 119 fosas clandestinas y 387 cuerpos, realizando solo 15 investigaciones; sin mayor información sobre la identificación de estas personas y los procesos penales, Artículo 19 impugnó ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Como resultado, el INAI reconoció que la información proporcionada por la PGR no respondía

Un primer acercamiento lo ofrece Data Cívica, Artículo 19 y otras instituciones, que esbozan una posible cifra: un aproximado de 2 mil 155 cuerpos han sido encontrados en fosas comunes alrededor del país, de los cuales, solo el 6% ha sido identificado, además, se tiene registro de 81 investigaciones, es decir, que existen 2 mil 74 restos óseos sin reconocer y sin procesos legales

a la solicitud en su totalidad, sin embargo, también acotó que parte de la petición informativa formaba parte de «investigaciones previas», por lo tanto, debía ser clasificada como reservada y con esto, la PGR se abstendría de compartir los siguientes datos:

Indicios de tortura

Sexo de las personas encontradas Número de los inculpados

Estado de los procesos

Cuatro años después de este suceso, en 2015 Artículo 19 recibió una actualización informativa, donde la PGR rectificaba que, de hecho, no eran 119 fosas clandestinas, sino 141 y tampoco, eran 387 cuerpos, sino 560.

Una vez impugnada la respuesta del INAI sobre la «información reservada» ante el Poder Judicial, un juez dio respuesta a Artículo 19 señalando que, efectivamente, los datos no son de carácter confidencial sino estadística y ratificó que las reservas generales de información son ilegales, pues en ningún momento, se expresó cuál era la relación de obtener estos datos, con la obstrucción de las investigaciones.

Vislumbrando el final de este ejercicio periodístico de años de lucha y esfuerzo, la PGR finalmente otorgó en 2016 la tercera y última tanda informativa con datos alarmantes.

Ya no eran 119, ni 141, sino 505 fosas clandestinas. Asimismo, los presuntos 387 cuerpos y restos óseos, se convirtieron en 2 mil 55, una cifra que se disparó hasta

5 veces más, exponiendo así, las contradicciones y encubrimientos informativos de la PGR. Esto último, podría ser un hilo negro importante sobre la transparencia con la que se conduce la institución, pues también se detectó, que no existe una unificación en los datos sobre fosas clandestinas pues, aunque se han producido reportajes y la prensa ha cubierto este tema de forma reiterada, los números parecen no coincidir y peor aún, en algunos casos, el registro de las fosas clandestinas está muy por debajo de las cifras por las que luchó Data Cívica y Artículo19.

Como dato contextual, México llegó a un hito histórico en 2022 tras registrar 106 mil 780 personas desaparecidas desde 1964, según documentó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

De esta forma, se concluye que no existe certeza sobre la cifra verdadera de fosas clandestinas que existe en el país y la cantidad, inhumana, de restos óseos y cuerpos que se encuentran al interior de estos espacios. Con esto último, el informe «Violencia y Terror«, señala que deben existir más de mil fosas clandestinas (el doble de la cifra otorgada por la PGR) y que evidencian los siguientes puntos:

Contexto de violencia en las entidades y municipios Actores estatales y no estatales involucrados y de distintos grados de responsabilidad en los procesos de inhumación clandestina Patrones de violaciones graves

como ejecuciones, desaparición y tortura

«No tenemos duda de que las fosas clandestinas son una de las evidencias más claras de la crisis de derechos humanos que está ocurriendo en nuestro país y de las complejidades que debemos desentrañar para poder resolverla. Para ello, tenemos la gran responsabilidad de seguir exigiendo al Estado que realice las investigaciones necesarias (…) pero también continuar realizando estudios interdisciplinarios desde la universidad y la sociedad civil organizada, que nos permitan avanzar hacia el conocimiento de la verdad», concluye el informe.

Empujando, luchando y resistiendo: El esfuerzo civil

El año pasado la Comisión Nacional de Búsqueda dio a conocer el Mapa de Hallazgos de Fosas Clandestinas, sin embargo, esta herramienta -aunque valiosa- posee deficiencias que son importantes para las familias y madres buscadoras, como por ejemplo, no se puede consultar el número de restos óseos encontrados en las entidades y sus poblados, asimismo, sólo se pueden consultar 15 de los 32 estados del país.

Ahora, se ha dado a conocer la Plataforma Ciudadana de Fosas, desarrollada por organizaciones independientes, este trabajo de recopilación informativa, promete llenar el vacío informativo que ha dejado el Estado. Dentro de esta herramienta, se podrán conocer el número de fosas clandestinas por entidad y municipio desde el 2006 hasta junio del 2023. Esto es solo una muestra de que, ante la violencia sistémica y articulada en nuestras instituciones, es el trabajo de hombres y mujeres que sostiene, nombrando no solo a quienes trabajan por la información, sino también, a las mujeres que ponen el cuerpo en la búsqueda de personas desaparecidas; esfuerzos que ponen la cara al Estado que falla en sus responsabilidades y que las obliga a sortear estos procesos de desaparición forzada por su cuenta y en situaciones de vulnerabilidad y peligro.

Artículo 19 convoca al diálogo a Sheinbaum para frenar la violencia contra los periodistas

Ante el ocaso del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el próximo inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, el director para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, convocó a “entablar un diálogo respetuoso, honesto y, sobre todo, basado en evidencia” con el movimiento de derechos humanos y la sociedad civil. Durante la presentación del documento “Derechos pendientes: informe sobre libertad de expresión y derecho a la información en México”, Maldonado Gutiérrez resaltó la persistencia de “una situación crítica de violencia” y que, en materia de libertad de expresión, se ve reflejada en que del primero de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2024 se cometieron tres mil 408 agresiones, entre ellas 46 asesinatos y cuatro desapariciones de personas periodistas.

Tras la exposición de los componentes del informe, que incluye temas relacionados con libertad de expresión y las políticas de negación de las graves violaciones a derechos humanos como la desaparición de personas, el director de la organización internacional resaltó que se requiere “la suma de todos los esfuerzos y perspectivas” ante la emergencia nacional por la violencia. “No podemos transitar seis años más sin tomar en cuenta la estela de

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que no se cierra al diálogo con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, pero si el tema es la reforma al Poder Judicial, para eso está el Parlamento Abierto que organiza la Cámara de Diputados.

Así respondió la morenista al ser cuestionada sobre la petición que ayer hizo la ministra Piña a ella y al presidente Andrés Manuel López Obrador para abrirse al diálogo sobre la reforma al Poder Judicial y los “riesgos” que ésta representa para la ciudadanía.

“El diálogo siempre existe, nosotros nunca nos vamos a negar al diálogo. El asunto es que ya está en manos del Legislativo la reforma Judicial y por eso se ha abierto la discusión parlamentaria”, contestó la exjefa de gobierno de la Ciudad de México.

Al término de una reunión con la Conferencia Internacional Monetaria en el Hotel Intercontinental, recordó que la ministra Piña “ya participó personalmente en un diálogo de la reforma judicial, ya hubo este diálogo”.

Sheinbaum Pardo añadió: “Esta

En un informe, la ONG resaltó que la violencia contra la prensa durante el sexenio de López Obrador fue 62.13% mayor a la registrada durante la administración de Enrique Peña Nieto

dolor que ha dejado la violencia y la impunidad”, dijo Maldonado Gutiérrez al destacar que, durante la actual administración, la estigmatización y ataque de la prensa y de algunas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Artículo 19, fue una constante desde la palestra presidencial.

Al sostener que “el aporte del movimiento de derechos humanos al proceso de dignificación de las víctimas, democratización y construcción institucional es innegable”, el director regional de Artículo 19 reconoció “señales de apertura” en el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, de ahí la disposición al diálogo, “que no se confunda con la falta de aproximación crítica a las realidades gubernamentales”.

Tras considerar que como país “no podemos darnos el privilegio de soslayar el potencial que implica la

pluralidad de visiones y experiencias”, Maldonado Gutiérrez ofreció a la nueva administración “la intención clara de construir, mediante el diálogo, alternativas frente a la falta de Estado de derecho que redunda en el sufrimiento de millones de personas”. Insistió que “hoy más que nunca las víctimas de este país deben ser puestas al centro para restañar el tejido social y avanzar hacia una verdadera sociedad igualitaria, libre, justa, democrática y en paz”.

Durante la presentación del informe, el director de Artículo 19 resaltó que la violencia contra la prensa durante el sexenio de López Obrador fue 62.13% mayor a la registrada durante la administración de Enrique Peña Nieto, manteniéndose la impunidad en 89.71% de las agresiones. Agregó que, de los 46 crímenes contra periodistas, las Fiscalía Es-

pecializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) sólo atrajo 14, dejando en manos de las fiscalías estatales el resto de los casos, perpetuando la impunidad.

El defensor destacó que, lejos de las expectativas que se tenían en la actual administración de que no se utilizaría la publicidad oficial como un mecanismo de control de la prensa, de premio y castigo, resaltó que “de 916 medios de comunicación que recibieron publicidad oficial durante el gobierno de López Obrador, diez concentraron el 47.08% de los recursos públicos”.

Tras hacer un recuento de los temas que incluyen el amplio documento de cerca de 250 páginas, durante el evento se presentó un documental, con voces de periodistas, defensores de derechos humanos y víctimas, que resumen los ejes que aborda el informe sexenal.

El evento concluyó con una mesa de discusión moderada por Leopoldo Maldonado, en la que participaron los analistas Gabriela Warketin y Carlos Bravo Regidor, quienes coincidieron en la urgencia de un cambio de narrativa sobre la prensa y las organizaciones de derechos humanos, por parte de la próxima titular del Ejecutivo federal.

Claudia Sheinbaum descarta hablar con
Norma Piña sobre la reforma al Poder Judicial

idea de que hay que reunirse con la próxima presidenta para cambiar una propuesta que ya se presentó, que fue parte del proceso de campaña, pues para eso están los diálogos en la legislación”.

Y remató: “El asunto es el objetivo que tiene este diálogo, entonces, creo que no nos cerramos al diálogo, pero sobre la reforma Judicial está el diálogo en el parlamento”.

Por la mañana, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que sí al diálogo que pidió la ministra Piña, pero no con él, sino con la Secretaría de Gobernación, pues dijo, “Yo no tengo nada que ver con esto”.

“Falso” que lleguen improvisados

Sobre la advertencia que hizo la ministra Norma Piña de que con la reforma enviada por el presidente López Obrador no llegarían las personas más capacitadas, sino las más populares, Sheinbaum Pardo reviró:

“La gente es inteligente, el pueblo sabe que, cuando va a elegir a un juez,

a un magistrado, a un ministro de la Suprema Corte, cuál es el papel que va a desempeñar. No es una cuestón de popularidad, sino de reconocer que el pueblo puede decidir quiénes son sus representantes en el Poder Judicial”.

Luego, defendió una mayor autonomía de los jueces:

“Un juez que es electo por el pueblo tiene más autonomía y no se va a prestar fácilmente a que alguien le diga ‘haz esto’, ni del gobierno ni del sector privado ni de ninguna lado, porque sabe que le responde al pueblo de México. Entonces, se va fortalecer la autonomía del

Poder Judicial y el Estado de Derecho”. Cuestionada también sobre la crítica de que a los cargods de jueces, ministros y magistrados llegarían personas improvisadas, aseguró:

“Es falso, es falso. La reforma al Poder Judicial que se presentó fortalece al Estado de Derecho en México”.

Y sobre si hay disposición a que se hagan algunos cambios en la iniciativa eviada, la morenista reiteró: “Hay que ver en qué, ese es el tema, lo que nosotros consideramos indispensable es la elección de jueces, magistrados y lo demás, hay que ver de qué se trata”.

En el sexenio de AMLO asesinaron a 46 periodistas; agresiones contra la prensa aumentaron 62% respecto al gobierno de Peña Nieto

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador la violencia contra la prensa no paró, por el contrario, las agresiones aumentaron 62.13% respecto al gobierno de Enrique Peña Nieto al registrarse 3 mil 408. Es decir, se presentó una agresión contra comunicadores cada 14 horas a lo largo del sexenio de AMLO.

Además, del 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2024 han asesinado a 46 periodistas y cuatro están reportados como desaparecidos, de acuerdo con el informe “Derechos pendientes: informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información en México”, de la organización Artículo 19. El gobierno de Enrique Peña Nieto dejó un país en el que se cometieron al menos 2 mil 502 agresiones contra la prensa, 47 asesinatos de periodistas y cuatro desapariciones.

Tras años de una violencia constante, el gremio periodístico esperaba respuestas, certezas de recobrar el derecho a informar y vivir sin miedo con la llegada de una nueva administración, pero eso no ocurrió. Con López Obrador se sumó el estigma y la deslegitimación permanente del quehacer periodístico.

“2019 fue un año en el que los embates contra la prensa sucedieron en medio de una disputa por la palabra, con expresiones de rechazo y choque, que limitaron la aceptación del disenso y la crítica. Esto se vio reflejado en las 609 agresiones contra periodistas y medios durante el primer año de gobierno, número que, en comparación con el primer año de Peña Nieto, representó un aumento de 84.54%”, refiere Artículo 19.

Los ataques a la prensa año por año

– 2019: 609 agresiones contra el gremio periodístico.

Dalila Escobar

Ciudad de México (apro).

Entre el gobierno saliente y el entrante se ponen de acuerdo para el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero cuando corresponda el envío a la Cámara de Diputados, será la presidenta quien tome la última decisión, aunque, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, le pedirá incluir recursos por si quedan pendientes algunas obras que él comprometió.

“Ya se están poniendo de acuerdo en el caso del presupuesto, ya se está trabajando de manera conjunta. Es la presidenta electa la que tiene la decisión”, debido a que al actual gobierno debe resolver algunos aspectos, pero “a ella le va a tocar enviarlo y va a ser el

– 2020: 693 ataques contra medios de comunicación y periodistas, lo que representó un incremento de 13.79% respecto al año anterior.

– 2021: 644 ataques contra la prensa.

– 2022: 698 embates, convirtiéndolo en el año más violento para la labor periodística desde que Artículo 19 inició el registro de agresiones.

– 2023: 561 agresiones contra la prensa.

– 2024: En el primer trimestre del año se han contabilizado 173 agresiones contra la prensa.

El panorama de la libertad de expresión en México no presenta una mejoría en comparación con el sexenio anterior: la amenaza, el hostigamiento, la violencia y la impunidad ya no son sólo prácticas heredadas del pasado, sino una realidad lacerante del gobierno que termina.

“En este sexenio, los compromisos respecto a la lucha contra la impunidad y, la reducción de la violencia son promesas incumplidas. Cada agresión contra la prensa y cada persona periodista asesinada son pruebas de ello”, señala el informe.

Las formas de violencia en el sexenio de AMLO

Los tipos de agresiones más comunes durante el sexenio de AMLO fueron la intimidación y el hostigamiento, 880 casos (25.82%); la amenaza, 682 (20.01%), y el uso ilegítimo del poder público, 432 (12.68%). Tan sólo las tres categorías representan el 58.51% del total.

A estas agresiones le siguieron el bloqueo o alteración de contenido, 342

embates (10.04%); los ataques físicos, 295 (8.66%), y la privación de libertad, 165 casos (4.84%).

Uno de los cambios en la forma de ejercer la violencia durante este sexenio fue el aumento del uso ilegítimo del poder público. En estos seis años, esta categoría de agresión pasó al tercer lugar por dos razones principales: el uso de la tribuna pública para descalificar a la prensa y el continuo incremento de procesos legales en contra de periodistas.

La violencia se agudiza cuando los ataques ocurren de forma constante y cotidiana, y provienen en principio de la tribuna presidencial, pero los repiten todos los niveles de gobierno.

¿Quiénes son los perpetradores de violencia contra la prensa?

Asimismo, el informe destaca que la violencia contra la prensa no ha cambiado sustancialmente en sus orígenes. Tanto en el gobierno anterior como en el actual, los perpetradores de ataques contra la prensa y las coberturas periodísticas que suponen riesgos siguen siendo prácticamente los mismos.

El Estado mexicano, por intermedio de sus autoridades, se mantiene como el principal agresor de la prensa con mil 559 agresiones, que equivalen a 45.75% del total. Se trata sobre todo de personas funcionarias públicas civiles: mil 077 casos o 31.60%; seguidas por fuerzas de seguridad civiles, 437 casos o 12.83% y las fuerzas armadas, 45 casos o 1.32%.

Después de las autoridades, siguieron actores particulares, como individuos o empresas, 673 casos, o 19.75%; posteriormente, integrantes de grupos de la delincuencia organizada, 280 o

8.22% y, por último, partidos políticos, con 148 casos documentados o 4.34%.

“De 2018 a 2019, primer año del nuevo gobierno, las agresiones del crimen organizado pasaron de 28 a 49, alcanzando su pico en 2022 (86 agresiones) y, aunque bajaron en 2023 (57 agresiones), se mantuvieron en niveles superiores comparadas con el sexenio anterior”, detalla.

En este sexenio, mil 703 casos, 49.97% de los ataques, se hicieron en contra de quienes cubrieron nota política y de corrupción, mientras que 776 casos (22.77%) en cobertura de seguridad. Estas dos categorías juntas representan más del 72% de las agresiones totales.

Aunque Articulo 19 registró agresiones contra periodistas y medios de comunicación en todas las entidades de la República, desde diciembre de 2018 a la fecha. En la Ciudad de México (582), Guerrero (247), Puebla (241), Quintana Roo (236) y Veracruz (199), se registraron los mayores índices de violencia; sumaron el 44.16% de las agresiones ocurridas en el país. De las 582 agresiones ocurridas en CDMX, 179, es decir, 30.76%, se dieron en el contexto de las conferencias matutinas de López Obrador. Es así que muchas agresiones contra periodistas en la entidad responden en gran medida a la estigmatización de la prensa desde Palacio Nacional.

“Durante este gobierno persistió la estrategia de silenciamiento mediante la violencia contra periodistas. Una prensa bajo amenaza constante también continuó padeciendo los controles económicos sobre los medios de comunicación por el uso de la publicidad oficial y la precariedad de los trabajadores de los medios. Por si fuera poco, el trabajo informativo tuvo que afrontar una hostilidad verbal sin precedentes del Ejecutivo Federal, reproducida por autoridades estatales y municipales”, destaca el informe.

AMLO se pone de acuerdo con Sheinbaum para el Presupuesto de Egresos de la Federación

presupuesto que va a ejercer. En sentido estricto y claro es el presupuesto del nuevo gobierno, el presupuesto que se va a enviar a la Cámara de Diputados”.

Indicó que hay comunicación entre él y Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, “es una transición ordenada, sin sobresaltos, tersa, muy responsable. Ni se va a sentir porque ya están poniéndose de acuerdo los servidores públicos que van a dejar sus cargos y los que van a entrar, por eso fue la reunión de ayer”.

Dijo que no quedarían obras pendientes y que lo único que dejaría es

el tema de Ayotzinapa, que no logró resolver en su gobierno; así como la descentralización.

“La verdad no van a quedar pendientes, ahora le comentaba yo de que fuimos en la gira, todo va a quedar cubierto hasta diciembre, se van a quedar los fondos para todas las obras, pero vamos a hacer una revisión, quiero recordar qué ofrecí que no vaya a cumplir para pedirle que se pueda incluir en el presupuesto, pero no me acuerdo de nada que haya yo ofrecido que no vaya a cumplir en obras”.

“Me comprometí a 100 de esas 100

tengo muy claro que cumplí 98. Tengo pendiente esas dos, pero hicimos 100 acciones más que no ofrecimos y se hicieron. Y 100 a lo mejor me quedo corto porque a lo mejor son más”, de esto informará el próximo 1 de septiembre.

“Primero diagnóstico y luego decidimos qué hacer”: ministro Laynez sobre reforma judicial

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek pidió al Poder Legislativo hacer un diagnóstico sobre el Poder Judicial, antes de decidir qué hacer para reformarlo y advirtió que limitar las facultades de revisión de las leyes puede implicar un retroceso a un poder concentrado.

Durante el cuarto foro de discusión de la reforma judicial realizado por la Cámara de Diputados, esta vez en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Laynez recordó que la ciudadanía accede a la justicia, primero a través de los poderes judiciales locales, mismos que han sido desatendidos.

“El primer contacto de la ciudadanía siempre va a ser con la justicia local, no se trata, ahora, de echarle la culpa a la justicia local, pero ahí perdón, no este Gobierno ni todos los demás, nadie, ha puesto atención a la justicia local, que es la que más lo necesitaba porque es la de proximidad: feminicidio, homicidio, roban casa, habitaciones, contrato incumplido, todo eso es local y siempre reformamos de arriba, pero no vemos precisamente la raíz que es lo que la ciudadanía sufre”, dijo, “pregúntele a la ciudadanía y verán que les dirán ‘mi mala experiencia en justicia es cuando entré a ver a la policía o cuando entré con el ministerio público’, entonces, primero, diagnóstico y, luego, decidimos qué hacer”.

Reconoció que el Poder Judicial de la Federación (PJF) tiene problemas graves pero cuestionó a los legisladores sobre la idoneidad de elegir a los juzgadores federales mediante

La designación de la nueva presidenta o presidente nacional de Morena y hacia dónde debe ir en los próximos años lo debe decidir el propio partido, consideró la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, Sin embargo, al ser cuestionada sobre la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien ayer se destapó para suceder a Mario Delgado, dijo que tiene “la mejor de las opiniones”.

Este martes, en breve entrevista luego de una reunión con inversionistas internacionales, Sheinbaum Pardo fue cuestionada por el futuro de la dirigencia en el partido que la llevó al triunfo en las elecciones presidenciales, luego de que su actual presidente fue designado próximo titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Lo tiene que decidir Morena, su próxima presidenta o presidente tiene que decidir los tiempos, tiene que abrir-

voto popular pues sólo en la Ciudad de México, los electores tendrán que votar entre dos mil 88 perfiles para jueces, magistrados y ministros de la Corte, por lo que consideró que no es una vía que garantice que los mejores candidatos lleguen a ocupar esos puestos.

“Claro que el Poder Judicial Federal tiene problemas y tiene problemas graves. Mi pregunta es: ¿si esos problemas te llevan a hacer una reforma, que puede ser muy pertinente en muchos aspectos, pero en la elección?, yo, permítanme decirles que tengo mis dudas”, comentó.

“Si tú tienes que ir a una elección por 6 años está bien, a la mejor tienes el aliciente de prepararte, pero pues muy seguramente tu aliciente mayor sea ganarte a los grupos de apoyo que, insisto y lo diré siempre, es muy legítimo en la representación popular, es natural, es su sustancia, un legislador compra una causa y compromete su voto en ella, el juez no, no puede hacer eso”, enfatizó

Indicó que los datos del diagnóstico que el presidente Andrés Manuel López Obrador incluyó en su iniciativa de reforma al Poder Judicial son reales, pero que estos no significan necesariamente que todo el PJF esté “podrido”.

“El diagnóstico, es cierto que el diagnóstico viene de datos concretos, es un poder corrupto, ese punto somos 55 mil; 1,647 juezas, jueces, magistrados y magistrados; y 30 mil abogados, abogadas de todas las edades que pertenecen al sistema de carrera, eso es el Poder Judicial, ¿eso todo está podrido? ¿todo eso es conflicto de interés? ¿todo? O sea, primero, yo sí quisiera ver eso: percepción ciudadana, tienen toda la razón, pero muchos sectores salimos reprobados ahí”, refirió.

Por ello, dijo que actualmente el PJF tiene mecanismos para prevenir y castigar el nepotismo, mismos que fueron incluidos en la reforma constitucional aprobada por la legislatura saliente en el año 2021 y que fue impulsada por el ministro en retiro, Arturo Zaldívar en colaboración con el Ejecutivo federal.

“Desde la reforma de 2021, que también fue constitucional, la vieron ustedes, precisamente se marcó como problema y se atendió”, recordó.

“Los problemas se atienden, sería absurdo que, en esa época, en el 2021 que se hizo la reforma, fue algo de lo que se nos dijo, traen este problema, se ataca ese problema, se emite la legislación y ahí está la legislación”.

También recordó que desde 1994

se reformó al PJF para que fungiera como un contrapeso real, mientras que el Legislativo no requirió de tal reforma para convertirse en un verdadero contrapeso sino de que el PRI perdió la mayoría parlamentaria en 19997 en la Cámara de Diputados y en el 2000 en ambas cámaras.

Por lo que defendió figuras como la acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional, el juicio de amparo, el interés legítimo, entre otras, que han servido para frenar leyes para beneficiar a todos por igual.

“Se nos dice ‘este Poder Judicial ha excedido su labor como como contrapeso, hay que revisar el control y, a lo mejor, regresar a control concentrado’, revisémoslo ¿por qué no?, sí habría que modificar la Constitución, ustedes tendrán la posibilidad de hacerlo para decir ya los jueces, un juez local no, puede dejar de aplicar una norma, aunque sea violatoria de derechos humanos, que lo haga mejor en el amparo”, detalló.

“Por favor, seamos cuidadosos, cuidado con no violar el principio de regresividad (…) el amparo es control no sólo del poder político, sino de los poderes fácticos”.

Incluso indicó a los legisladores que desde 1996 la Corte ha revisado el proceso legislativo para poder invalidar leyes en 221 asuntos, pero únicamente ha declarado inconstitucionalidad de cuatro leyes federales.

Esta facultad ha sido duramente criticada por el presidente López Obrador, Morena y ahora, por la ministra Lenia Batres Guadarrama al considerar que la Corte se ha excedido.

“Respetuosamente no veo el abuso de la Corte por proceso legislativo”, apuntó.

Sheinbaum: La decisión de quién debe encabezar Morena es del propio partido

se un periodo de trabajo también de hacia dónde va; es decir, no solamente es elegir a la presidenta y el nuevo Comité Ejecutivo, sino también hacia dónde va Morena en los próximos años, que es algo que también platicamos con Marcelo y con muchos otros compañeros de Morena en su momento”, dijo.

Sheinbaum Pardo reiteró que “tiene que haber separación entre gobierno y partido. Nosotros no queremos regresar al partido de Estado que fue el PRI durante el siglo XX. Queremos que cada uno tenga su propia vía y evidentemente, que contribuyamos al proceso de transformación”.

¿Y Alcalde?

Al preguntarle su opinión sobre el destape de Luisa María Alcalde para dirigir el partido, la exjefa de gobierno

de la Ciudad de México aseguró: “Con Luisa María tengo… es una gran compañera, pero ya lo tiene que decidir Morena”.

-¿La contempla en su gabinete?, insistió la prensa.

-De Luisa tengo la mejor de las opiniones. Luisa María tiene, si mal no me equivoco, 36 años; es una joven brillante que ha sido secretaria de Estado

de dos secretarías importantísimas de gobierno, pero al mismo tiempo trabajó casa por casa, estuvo encargada de Jóvenes Morena, viene de Morena, entonces, tengo la mejor de las opiniones, contestó.

Luego, aclaró, “así como tengo muy buena opinión de otras compañeras y compañeros, pero la decisión de quién debe encabezar Morena es del partido”.

Diana Lastiri Ciudad de México (apro).

Durante el sexenio de AMLO se estableció una “política de negación” de las violaciones a los derechos humanos, coinciden organizaciones civiles

El sexenio de Andrés Manuel López Obrador estableció una “política de negación” de la violación sistemática a los derechos humanos de periodistas, desaparecidos y sus familiares, y a personas que buscaron ejercer su derecho a la información, además de que se registró el debilitamiento de las instituciones que garantizaban los contrapesos democráticos, coincidieron este lunes Artículo 19 y analistas. Durante la presentación del “Derechos pendientes: informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información en México”, realizado por la organización Artículo 19, organizaciones civiles, expertos y periodistas analizaron y diagnosticaron la forma en que el gobierno actuó y cómo fue que en seis años no hubo una reacción de la sociedad mexicana antes las 3 mil 408 agresiones contra la prensa, las 44 mil 073 personas desaparecidas, la adquisición de más equipo para espiar, asesinatos, desapariciones, violencia en general y sobre todo corrupción.

En principio reconocieron que en estos seis años la administración de López Obrador “cambió para mal”

El sexenio de Andrés Manuel López Obrador estableció una “política de negación” de la violación sistemática a los derechos humanos de periodistas, desaparecidos y sus familiares, y a personas que buscaron ejercer su derecho a la información, además de que se registró el debilitamiento de las instituciones que garantizaban los contrapesos democráticos, coincidieron este lunes Artículo 19 y analistas.

Durante la presentación del “Derechos pendientes: informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información en México”, realizado por la organización Artículo 19, organizaciones civiles, expertos y periodistas analizaron y diagnosticaron la forma en que el gobierno actuó y cómo fue que en seis años no hubo una reacción de la sociedad mexicana antes las 3 mil 408 agresiones contra la prensa, las 44 mil 073 personas desaparecidas, la adquisición de más equipo para espiar, asesinatos, desapariciones, violencia en general y sobre todo corrupción.

En principio reconocieron que en estos seis años la administración de López Obrador “cambió para mal” porque antes “por lo menos” las au-

Durante el sexenio de AMLO se estableció una política de negación de las violaciones a los derechos humanos

porque antes “por lo menos” las autoridades federales y locales tenían interlocución con la sociedad civil.

“Una política muy deliberada de este gobierno de romper esa interlocución de dejar de reconocer los problemas que la sociedad civil que está tratando de generar exigencia, de generar activismo y esa política un poco como de negación y silenciamiento representa un cambio respecto a lo que había antes”, declaró el analista político, Carlos Bravo Regidor, uno de los invitados a la presentación del documento.

Además, señaló que el presidente convirtió a todos sus críticos en ene-

migos, principalmente a la prensa. “Se llama ‘retraimiento táctico’, los convierto a todos en mis enemigos, no les reconozco ninguna legitimidad, todo el tiempo les estoy endilgado el estigma de que conspiran en mi contra, y aunque sea muy perverso, la verdad es que tienen una lógica que se puede explicar”, señaló.

Para la periodista Gabriela Warkentin, otra situación que generó la falta de atención de la ciudadanía fue la “invisibilidad por exposición”, esto es que se generó tanta información que no se prestaba la atención necesaria, y que desde la conferencia presidencial de cada mañana se “ca-

lificó y etiquetó” a los periodistas o personas inconformes.

“En el momento en que le pones calificativo o etiqueta, son fáciles de ser atacadas para ser eliminadas”, reconoció.

Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, espera que todo este informe pueda ser atendido por la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, que comenzará labores el primero de octubre.

“Básicamente, lo que esperamos es que esta información perfectamente documentada y que viene de una investigación acuciosa, lo retomen el equipo de transición de la próxima presidenta”, dijo.

En entrevista, al concluir la presentación, Leopoldo Maldonado, expuso que el próximo gobierno tiene que “abandonar” la estrategia de “estigmatización y ataque” en contra de la prensa.

“De verdad es una invitación a que si se quiere reconstruir el tejido social y sobre todo la relación con la prensa, este discurso estigmatizante se tiene que acabar, sería lo más fácil”, dijo. Con información de Latinus.

Sheinbaum anuncia la creación el Consejo Empresarial;

toridades federales y locales tenían interlocución con la sociedad civil.

“Una política muy deliberada de este gobierno de romper esa interlocución de dejar de reconocer los problemas que la sociedad civil que está tratando de generar exigencia, de generar activismo y esa política un poco como de negación y silenciamiento representa un cambio respecto a lo que había antes”, declaró el analista político, Carlos Bravo Regidor, uno de los invitados a la presentación del documento.

Además, señaló que el presidente convirtió a todos sus críticos en enemigos, principalmente a la prensa.

“Se llama ‘retraimiento táctico’, los convierto a todos en mis enemigos, no les reconozco ninguna legitimidad, todo el tiempo les estoy endilgado el estigma de que conspiran en mi contra, y aunque sea muy perverso, la verdad es que tienen una lógica que se puede explicar”, señaló.

Para la periodista Gabriela Warkentin, otra situación que generó la falta de atención de la ciudadanía fue la “invisibilidad por exposición”,

lo dirigirá

Altagracia Gómez

esto es que se generó tanta información que no se prestaba la atención necesaria, y que desde la conferencia presidencial de cada mañana se “calificó y etiquetó” a los periodistas o personas inconformes.

“En el momento en que le pones calificativo o etiqueta, son fáciles de ser atacadas para ser eliminadas”, reconoció.

Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, espera que todo este informe pueda ser atendido por la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, que comenzará labores el primero de octubre.

“Básicamente, lo que esperamos

es que esta información perfectamente documentada y que viene de una investigación acuciosa, lo retomen el equipo de transición de la próxima presidenta”, dijo.

En entrevista, al concluir la presentación, Leopoldo Maldonado, expuso que el próximo gobierno tiene que “abandonar” la estrategia de “estigmatización y ataque” en contra de la prensa.

“De verdad es una invitación a que si se quiere reconstruir el tejido social y sobre todo la relación con la prensa, este discurso estigmatizante se tiene que acabar, sería lo más fácil”, dijo. Con información de Latinus.

EL FUTURO QUE NO VERÁN

En el debate presidencial reciente, Joe Biden, de 81 años, tuvo un desempeño débil, marcado por momentos de incoherencia y confusión. Su oponente de 77 años, Donald Trump, pareció más enfocado, aunque no sin sus propias controversias. Esta cruda exhibición de liderazgo envejecido ha reavivado en Estados Unidos un debate que no es reciente, pero que hace mucho no ocupaba un lugar tan importante: ¿qué tan viejo es demasiado viejo para liderar una nación?

El escenario político global está cada vez más dominado por líderes de edad avanzada; se trata de una tendencia que se ha vuelto particularmente notoria en los últimos años. Biden y Trump no son casos aislados ni los de mayor edad (este es el caso del presidente Paul Biya, de Camerún, quien a sus 91 años lleva más de cuatro décadas en el poder). Según un análisis del Pew Research Center, en 2024 la edad media de los líderes nacionales en todo el mundo es de 62 años; 58% de las personas en posición de liderazgo son mayores de 60 años, un 22% está en sus 50 y sólo 16% está en sus 40. En muchas naciones hay una brecha sustancial entre la edad de los líderes y la edad media de sus poblaciones. Por ejemplo, la edad promedio de los estadunidenses es de 38 años, menos de la mitad de la edad de Biden.

Este panorama de edades en el liderazgo global no es sólo una cuestión de números. Refleja problemas más profundos sobre las estructuras de poder, el ritmo del cambio en las sociedades modernas y los desafíos de la gobernanza en una era de rápida transformación tecnológica y social. Más allá de los debates sobre las capacidades cognitivas o suficiente “energía” para desempeñar los

altos cargos, en los que se centra la discusión en estos momentos, es importante mirar hacia el impacto político de la edad: cómo moldea las prioridades políticas, los procesos de toma de decisiones y la dirección en la que guían a las sociedades. Es una pregunta difícil, pero importante: ¿están estos líderes, formados en un mundo que ya no existe, equipados para guiarnos hacia un futuro que quizá nunca experimenten? ¿Qué tan involucrados pueden estar en dar forma a un futuro que –probablemente– no vivirán para ver?

Existe una creciente preocupación sobre la posible desconexión entre los líderes mayores y las poblaciones más jóvenes. El cambio climático sirve como un claro ejemplo de esta división generacional. Mientras que muchas personas jóvenes lo ven como una amenaza existencial que requiere acción inmediata, algunos líderes mayores han sido más lentos en reconocer su importancia y urgencia. Las políticas económicas también reflejan diferencias generacionales: métricas económicas tradicionales frente a las prioridades centradas en desigualdad económica, equilibrio entre trabajo y vida personal, y desarrollo sostenible.

Las cuestiones sociales resaltan aún más estas brechas generacionales. Las actitudes hacia los derechos LGBTQ+, la justicia racial y la igualdad de género han evolucionado rápidamente en las últimas décadas. Las generaciones más jóvenes a menudo esperan posiciones más progresistas sobre estos temas, mientras que algunos líderes mayores pueden tener dificultades para aceptar o comprender plenamente estas normas sociales cambiantes.

Otro aspecto de este problema tiene que ver con el altruismo intergeneracional, un concepto que

explora cómo los individuos, incluidos los políticos, consideran el bienestar de las generaciones futuras en sus procesos de toma de decisiones. En general, los estudios han encontrado que los políticos más jóvenes tienden a mostrar más preocupación por los resultados a largo plazo y las generaciones futuras. Esto a menudo se atribuye a sus horizontes temporales personales más amplios y al hecho de que es más probable que experimenten directamente las consecuencias a largo plazo de las políticas actuales.

Los estudios evidencian que es más probable que los políticos más jóvenes defiendan cuestiones como la mitigación del cambio climático, el desarrollo sostenible y la reforma educativa, políticas con importantes implicaciones intergeneracionales, inclusive cuando estas generan beneficios a largo plazo, pero altos costos en lo inmediato.

El comportamiento de los políticos de mayor edad es más complejo. Algunos trabajos sugieren que estos se centran más en los resultados a corto plazo, en particular en temas como la política ambiental o las inversiones en infraestructura a largo plazo. Otros estudios han encontrado los políticos de mayor edad eran más propensos a apoyar políticas que beneficiaran a los jóvenes, posiblemente debido a un “efecto abuelo”, una forma de altruismo intergeneracional. Por supuesto, en cualquier caso, la edad no es el único factor relevante en estas decisiones, pues la afiliación partidista, los intereses de los electores y los compromisos ideológicos individuales son fundamentales a la hora de determinar las preferencias políticas. Además, el “efecto legado” –donde las personas mayores se preocupan más por su impacto a largo plazo–puede contrarrestar los efectos de

la preferencia temporal, al menos en algunos casos.

La cuestión de la edad en la política va más allá de la edad de quienes ejercen el liderazgo, pues es un problema que se ha presentado también en los resultados de las decisiones mayoritarias. Las personas de diferentes grupos etarios tienen visiones e intereses distintos y participan de maneras distintas en la política.

El Brexit es un ejemplo paradigmático de la desconexión intergeneracional en la política contemporánea. El referéndum de 2016 sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea reveló una marcada división entre las generaciones más jóvenes y las mayores.

Los datos muestran que 73% de los votantes menores de 24 años optaron por permanecer en la UE, mientras que 60% de los mayores de 65 años votaron por salir. El resultado del referéndum, impulsado en gran medida por el voto de las generaciones mayores, tiene consecuencias que afectan desproporcionadamente el futuro de los jóvenes británicos, privándolos de oportunidades de trabajo, estudio y residencia en otros países de la UE que ellos valoraban altamente.

El debate sobre la edad es cada vez más relevante. Nuestras sociedades envejecen, nuestra expectativa de vida se extiende cada vez más. Necesitamos hablar más, con mayor honestidad y transparencia tanto sobre los beneficios que conllevan estos fenómenos, pero también sobre los desafíos que representan a escala individual, familiar y social. La disparidad entre quienes toman la decisión y quienes vivirán con sus consecuencias a largo plazo subraya la necesidad de abordar la brecha generacional en la toma de decisiones políticas, en un debate abierto, honesto y libre de estereotipos.

Karolina Gilas

CORRUPTAZOS Y SINVERGÜENZAS

Raymundo Díaz S.

• Hablan de “no caer en las viejas prácticas” cuándo ellos fueron parte de estas y de dónde salieron MULTIMILLONARIOS.

• Son unos viles bandidos y sinvergüenzas que hoy se hacen pasar como honestos y casi santos.

PERFIL FRONTERIZO.

Con el propósito de “mostrarlo” o “pasearlo” entre algunos periodistas o hacedores de opinión, José Luis Sánchez García, Ex-Director del Instituto de Comunicación Social con Manuel Velasco Coello y hoy Coordinador de prensa del gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, de quién será nuevamente Director de ICOSO, llevó al SINVERGÜENZA y CORRUPTAZO de Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, diputado electo por Comitán, quién se atreve a hablar de honestidad cuándo el fue parte de la MAFIA de Manuel Velasco Coello.

Este CORRUPTAZO comiteco dice que “Este estado ha sido un botín electoral y económico por mucho tiempo, pero ahora tenemos la oportunidad de cambiar eso”. Leer o escuchar eso, da risa a carcajadas al provenir de la boca de alguien

que precisamente fue y es un MIEMBRO ACTIVO de esa GAVILLA DE CORRUPTOS que tomó a Chiapas como su botín electoral y económico en el pasado sexenio que encabezó su ex-patrón Manuel Velasco Coello con quién participó en grandes orgías charras y de otra índole.

El CORRUPTAZO de Avendaño Bermúdez se atreve a decir también que: “”Podemos trabajar juntos para el bienestar de Chiapas, sin caer en las viejas prácticas...” ¡¡¡Guau!!!, que gran filosofía o descubrimiento. Pues esas “viejas prácticas” las ensayó, aprendió y practicó muy bien durante tres largos años (20122014) en la alcaldía de Comitán la cuál convirtió precisamente en su “botín electoral y económico” porque de ahí salió convertido en diputado federal y MULTIMILLONARIO. El burro hablando de orejas.

Cuál “sin caer en las viejas prácticas” si estás las trae y las lleva

impregnadas hasta en la sangre desde cuándo fue COMPARSA de Manuel Velasco Coello y del Partido Verde Ecologista de México del cuál fue dirigente municipal en Comitán y por cuyas siglas fue presidente municipal de dicha ciudad, y también diputado federal y ahora local. Lo llevan a “pasearlo” ante un grupo de comunicadores o columnistas quiénes “ni son todos los que están, y ni están todos los que son”, ante los cuáles se luce porque no lo conocen como lo conoce la tropa o los razos del periodismo que sí saben perfectamente sus actos corruptos en la presidencia municipal de Comitán, de sus amoríos político y sociales con el Partido Verde Ecologista y con Manuel Velasco Coello, y de que pie cojea. Sobre este CORRUPTAZO quién, aun siendo un lobo rapaz, se hace pasar como un humilde y decente cordero sólo porque ya es de Morena, ya abundaremos, y mucho, muchísimo. He dicho.

EN LA MIRA

Autopista a Palenque; el reto sexenal que viene

Luego de más de 20 años de mantenerse como el mayor fracaso de infraestructura carretera en Chiapas, la anunciada reactivación del proyecto para la construcción de la autopista entre San Cristóbal y Palenque, Chiapas, apunta a convertirse desde muy temprano en uno de los mayores retos para el próximo sexenio y, en caso de concretarse, en uno de sus más importantes logros.

Desde la inauguración de las autopistas a Ocozocoautla - Las Choapas, Tuxtla - San Cristóbal y Ocozocoautla - Arriaga, el desarrollo de infraestructura carretera en la entidad se ha sumido en un letargo vergonzoso. Comunicar eficientemente al centro del estado con la región selva se ha convertido en el mayor de los pendientes.

Durante las últimas décadas, las viejas carreteras que comunican a los municipios más importantes de la zona se han vuelto caminos cada vez más inseguros, deteriorados y secuestrados por grupos de insurgencia permanente y sabotajes disfrazados. La propagación de topes, retenes ilegales y bloqueos carreteros se ha convertido en pan de todos los días dentro del viejo trazo carretero.

Y es que, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la vieja vía a la región selva de Chiapas es desde hace años una de las carreteras más inseguras de la entidad, no sólo por la alta incidencia de asaltos carreteros, sino también por la presencia de grupos violentos. Por eso, el proyecto de la autopista a Palenque se mantiene hoy no sólo como el mayor pendiente carretero de la en -

tidad, sino también como el más grande fracaso de infraestructura para los últimos cuatro sexenios. Y no es para menos... Se trata de un megaproyecto que ha demorado por lo menos 20 años en la antesala, con innumerables estudios de factibilidad, respaldados por organismos empresariales, agrupaciones turísticas, especialistas en ingeniería civil, expertos en desarrollo económico y analistas en materia de proyección turística, que no han dejado dudas sobre la necesidad de su urgente ejecución.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto el proyecto tuvo una inversión inicial autorizada de 10 mil millones de pesos para un proceso de construcción que arrancaría en 2014 y concluiría antes de finalizar el 2018. Sin embargo, las cosas no salieron conforme lo planeado. Para 2017, el fracaso de las negociaciones con las comunidades indígenas terminó convirtiendo el asunto en una simple remodelación para la vieja carretera, con un presupuesto de apenas 250 millones de pesos que en nada mejoraron la conectividad.

Hoy, bajo el nombre de “Ruta de las Culturas Mayas”, el proyecto parece enfilarse a una nueva posibilidad de hacerse finalmente realidad. El proyecto anunciado por el gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, se ha reconfigurado en un nuevo modelo de inclusión a las comunidades por donde pasará el trazo carretero, lo que podría que abrir nuevas posibilidades de concretarse.

La denominada Ruta de las Culturas Mayas contempla la construcción de un tramo carretero

de 153 kilómetros de Palenque a San Cristóbal de las Casas, más un ramal a Ocosingo de 18 kilómetros, mediante un crucero que también comunicará con las Cascadas de Agua Azul, contemplando un ancho de vía de 12 metros a dos carriles.

El trazo carretero prevé atravesar el territorio de 10 municipios y reducirá el tiempo de recorrido entre Palenque y San Cristóbal a sólo hora y media, viajando a una velocidad de 110 kilómetros por hora. Sin embargo, la parte importante del proyecto tiene que ver con la forma en que se piensa solucionar el problema de que implica alcanzar los acuerdos con las comunidades involucradas.

El proyecto plantea un esquema de inversión social en el que las comunidades serán incluidas como socios activos de las carreteras, teniendo el derecho exclusivo de construir gasolineras, restaurantes y tiendas de autoservicio, así como la habilitación de paraderos turísticos, 60 pasos alternos a comunidades o rancherías y casas que, según, los proyectistas, integrará a los pobladores involucrados en los beneficios directos de la obra.

De esta forma las autoridades del próximo sexenio tendrán en ese proyecto uno de los mayores retos para demostrar sus capacidades de negociación y hacer la diferencia respecto a los gobiernos pasados, para entregar finalmente a Chiapas una de las obras más postergadas. Y es que, de poco sirve al estado su integración a proyectos tan ambiciosos como el Tren Maya si su punto de anclaje permanece hoy tan desconectado del resto de la entidad… así las cosas.

Í N D I C E . . .

• EL CADÁVER Y LA TUMBA DEL PRI.

• Presagios que se cumplen a cabalidad…

• Alejandro Moreno, acusa de lo que es él…

• En Chiapas se vislumbró esa caída…

• Albores Gleason y Julián Nazar Morales…

CONTEO DE LA CUENTA

FINAL…

Como dice la canción: “el final se acerca ya; esperaré serenamente”. Y va que vuela para que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI de carro completo y la aplanadora electoral de los años 70-90s, acabe su existencia y siga el camino hacia el camposanto donde apenas entierran a su “primo-hermano”, Partido de la Revolución Democrática, PRD. El cadáver y la tumba del PRI ya se ven al final del túnel y las primeras plegarias se rezaron en esta elección de 2024; celebrarán su cabo de año en el 2027 y seguramente estarán enterrándolo en el 2030. Y así como van con el auto imposición de ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS en la dirigencia nacional, lo más probable es que sea antes. Una reelección anunciada mediante una Asamblea Nacional amañada. Los presagios de que el PRI está moribundo y a unos metros de la tumba, se están cumpliendo a cabalidad, desde que volvió a perder la Presidencia de la República frente a la nueva aplanadora y posiblemente “partido único” del Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA. Hay que recordar que otra vez se está implantando el “Presidencialismo Absoluto” que se quería combatir al PRI septuagenario y los sexenios virreinales. Solo le dimos la

vuelta al mundo para quedar en el mismo lugar.

Pero en el asunto que nos ocupa de un PRI que está al borde de la tumba, ya lo había dicho en otros comentarios de esta columna de ÍNDICE… Solo que no con tanta exactitud como en estos momentos en que la otrora aplanadora solo alcanzó el 11 por ciento en esta elección presidencial de 2024 y quedó en cuarto lugar después de Morena, el PAN, Verde Ecologista y el Partido del Trabajo.

El caso es que el también llamado “AMLITO” ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS se ha constituido en el sepulturero del Revolucionario Institucional porque –seguramente—esa es la misión que le han encomendado desde Palacio Nacional, expresamente del Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. “ALITO”, como se le conoce al ex Gobernador de Campeche y actual dirigente nacional del PRI, acusa a quienes están en contra de su reelección y permanencia en el Comité Ejecutivo Nacional, de lo mismo que es él: un rufián de baja estofa.

Y lo peor es que AMLITO o ALITO vitupera en contra de su mismo partido y distinguidos militantes. Dice que “se acabaron los tiempos de las vacas sagradas” y amenaza con correr del partido a gentes como FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, ex candidato presidencial en el año 2000;

DULCE MARÍA SAURI RIANCHO y MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, ex dirigentes del Revolucionario Institucional, por ejemplo. Seguro que se quedará solo y con un cascarón del tres color.

La caída del PRI se vislumbró desde la dirigencia que encabezó “El Diablito” ROBERTO ALBORES GLEASON en Chiapas, quien en más de ocho años de Presidente del Comité Directivo Estatal se vendió al mejor postor con los entonces gobernadores, JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO y MANUEL VELASCO COELLO, con quienes ocupó dos Secretarías: la de Economía y la de Turismo.

Después de ALBORES GLEASON, el que le vino a poner otros clavos al ataúd del PRI fue el “Talibán”, JULIÁN NAZAR MORALES, quien entregó las siglas del tricolor a MANUEL VELASCO COELLO, quien al final lo nombró Secretario del Campo, donde se le acusa de un fraude por más de 300 millones de pesos.

Esas fueron las primeras exequias del PRI-Chiapas al que hoy le está tirando las últimas paladas en su tumba, RUBÉN ANTONIO ZUARTH ESQUINCA, el abusivo dirigente que ha usufructuado las siglas siendo Senador suplente y en funciones de ROBERTO ALBORES GLEASON quien pidió licencia para ser candidato a Gobernador con el resultado que ya todos conocemos: la derrota.

RUBÉN ZUARTH, al igual que su padrino ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, se ha servido del partido, apuntándose en el primer lugar a una diputación local, en dos ocasiones y a la federal primero y ahora a la senaduría, por el campechano dirigente nacional. Todo el mal se lo buscaron con su soberbia, simulación y corrupción, desde que perdieron la presidencia en el 2000.

Ahora sí, que como en el boxeo, el PRI está en el conteo de la cuenta final de diez, para decretar el nocaut o definitivamente retirarlo del juego político y la competencia electoral; porque nadie se levante después de la tercera caída…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

CARTELERA POLÍTICA

Leonel Durante López

• La consigna de AMLO, acabar con sus críticos

• Las Universidades “patito” de Claudia Sheinbaum

El presidente López Obrador es el que más veces se presenta ante los medios para responder a cualquier pregunta, diariamente en las conferencias “mañaneras”, su acoso verbal contra la prensa crítica, ya sin ningún rubor, la mayoría de las veces con nombre y apellido, se ha incrementado y lo seguirá haciendo hasta el último día de su gobierno.

Con ello, el tabasqueño que ya se apresta a montarse en el gobierno de Claudia Sheinbaum para darle continuidad a su 4T, mientras tanto, la violencia real contra los periodistas mexicanos no cesa.

“Yo no odio, yo soy pacifista”, alega cuando la prensa lo critica cuando agrede, acosa, acusa, difama y revela datos secretos de los comunicadores, aun cuando la Carta Magna se lo prohíbe.

“Nosotros no vamos a censurar a nadie, no vamos a perseguir a nadie, van a tener siempre garantizadas todas sus libertades, no somos autoritarios”, su discurso, cuando hace todo lo contrario.

No queda satisfecho denostando a los periodistas críticos, “todo este grupo siempre apoyó la política neoliberal y ahora se sienten ofendidos cuando deberían de ofrecer disculpas, porque se quedaron callados cuando se saqueó al país”. Ahora López Obrador, sus familiares, amigos y colaboradores saquean al país, y cuando los medios lo señalan se transforma en un ser despreciable.

Lo que al inicio de la actual administración se burlaba de la prensa a la que calificaba de “fifi”, en referencia a los conservadores, convirtiéndose en fuertes diatribas cada vez más habituales contra medios nacionales e internacionales que, según López Obrador, están vendidos a intereses neoliberales.

Pareciera que el presidente no sabe lo que dice, “pamplinas”, el sabe que su intensión es dañar o desprestigiar a sus críticos pues es sabido que no los tolera, los odia y no pierde oportunidad para agredirlos; es decir su lenguaje además de ser bajo y ruin, es estigmatizante y muy dañino para la libertad de expresión y el incentivo para cometer violencia contra la prensa que no es de su agrado, mayormente agredidos por sus seguidores conocidos como “chairos”.

La retórica de López Obrador

contra la prensa hace que los periodistas mexicanos se sientan vulnerables, porque se trata de la incómoda relación entre el presidente desde que asumió el poder, y la prensa.

Algunos observadores han expresado en artículos de opinión creen que ello se explica en parte por las anteriores interacciones de López Obrador con una prensa que frecuentemente le ha sido hostil, y también por un nuevo enfoque comunicacional gubernamental.

Los periodistas también señalaron que aquéllos que informan críticamente sobre el presidente, con frecuencia son blanco de acoso en la Internet, de manera más marcada por usuarios de Twitter.

La consecuencia de la hostilidad presidencial hace los medios, es que durante el sexenio de López Obrador, de Morena y la 4T, es la violencia contra la prensa no ha parado, por el contrario, las agresiones aumentaron 62.13% respecto al gobierno de Enrique Peña Nieto al registrarse 3 mil 408. Es decir, se presentó una agresión contra comunicadores cada 14 horas a lo largo del sexenio de AMLO.

Además, del 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2024 han asesinado a 46 periodistas y cuatro están reportados como desaparecidos, de acuerdo con el informe “Derechos pendientes: informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información en México”, de la organización Artículo 19.

El gobierno de Enrique Peña Nieto dejó un país en el que se cometieron al menos 2 mil 502 agresiones contra la prensa, 47 asesinatos de periodistas y cuatro desapariciones.

Tras cinco años y siete meses de una violencia constante, por el gobierno del tirano el gremio periodístico esperaba respuestas,

certezas de recobrar el derecho a informar y vivir sin miedo con la llegada de una nueva administración, pero eso no ocurrió.

Con López Obrador se sumó el estigma y la deslegitimación permanente del quehacer periodístico, porque su consigna de estado, es y seguirá siendo de acabar a sus críticos.

Las universidades del Bienestar son un fracaso

Con Mario Delgado como próximo titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sin duda en adelante tendremos escuelas fabricantes de mediocres, inútiles, a pero obedientes, reales y sin experiencia como le gustan a López Obrador.

Una de sus primeras medidas perversas que trae bajo la manga el “ideólogo” de la 4T, será eliminar el examen de ingreso a nivel preparatoria, conocido como el Concurso de Asignación de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación

Media Superior (Comipems).

Esta decisión busca garantizar que ningún estudiante sea excluido por no alcanzar un alto puntaje, o sea por muy burro que sea el alumno, no se va quedar sin un lugar en bachiller.

Sin duda, harán el uno-dos con Claudia Sheinbaum, hay que recordar que las dos universidades creadas por otrora jefa de gobierno serán elevadas a rango nacional.

Ello, satisfizo el ego de la presidenta electa pues se ufanó ante jóvenes afines a Morena, pues lo mismo hará con las Universidades Benito Juárez, creadas por AMLO.

A pesar de los magros y muy cuestionables resultados de las universidades Benito Juárez, Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, Sheinbaum dijo que estas instituciones serán

elevadas a rango nacional para dar a todos los jóvenes acceso a la educación universitaria gratuita. También presumió haber formado parte de dos movimientos estudiantes centrales para la gratuidad de la educación superior e hizo una clara advertencia a instituciones como la UNAM o la UAM, pues dijo que “tendrán que participar las universidades públicas en este esfuerzo.

No por primera vez, prometió que su gobierno logrará que la educación pública sea “verdaderamente gratuita” y sin rechazados y que para ello se abrirán por todo el país sucursales de la Universidad de la Salud y de la Rosario Castellanos.

Fuera máscaras, lo que Claudia quiere es reproducir un sistema que es un fraude. Lo que Claudia quiere para los jóvenes más excluidos del país: “universidades patito públicas” y compartió el link a un artículo titulado “Detener la negligencia: ¿Qué hacer con las Universidades para el Bienestar Benito Juárez?”, donde describe el fracaso y el fraude del modelo implantado por AMLO. Claudia y Mario ni han tomado las riendas de sus próximos cargos y ya esta cometiendo fraude con los estudiantes.

Del Montón

El ministro de la Suprema Corte Javier Laynez Potisek advirtió el regreso al poder concentrado con la reforma al Poder Judicial (PJ). Javier Laynez Potisek defendió las figuras de control constitucional en el Poder Judicial y advirtió que su eliminación puede significar el regreso al Poder concentrado en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Durante su participación en los foros sobre la reforma judicial propuestas por el Ejecutivo federal, advirtió que no puede haber retrocesos en el reconocimiento de derechos humanos, aunque en ocasiones, aceptó, se afecten políticas públicas. También cuestionó que se generalice sobre la corrupción en el Poder Judicial porque se habla de más de 30 mil personas. En el foro de este martes en Chiapas se abordó la propuesta en la iniciativa presidencial de prohibir la suspensión general de una ley cuando se resuelven juicios de amparo y controversias constitucionales.

* * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

CONTRA PODER EN CHIAPAS

DECLARACIÓN

Sheinbaum: La decisión de quién debe encabezar Morena es del propio partido

VIOLENCIA

En el sexenio de AMLO asesinaron a 46 periodistas; agresiones contra la prensa aumentaron 62% respecto al gobierno de Peña Nieto

INFORME

AMLO se pone de acuerdo con Sheinbaum para el Presupuesto de Egresos de la Federación

REPORTE

Muere extranjera arrastrada por corriente de agua en La Hacienda

PROTESTA

Clausuran empresa acusada de contaminar arroyo en Tabasco; levantan bloqueo en vía Nacajuca-Villahermosa

Tras unas 28 horas de permanecer cerrada por habitantes que exigían la clausura de una empresa acusada de contaminar un arroyo que despedía olores fétidos, fue abierta este mediodía la circulación en la carretera VillahermosaNacajuca.

Durante el sexenio de AMLO se estableció una “política de negación” de las violaciones a los derechos humanos, coinciden organizaciones civiles

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