En México existe un déficit histórico en la impartición de justicia, sobre todo porque el régimen político mexicano no se ha caracterizado por ser un régimen de derechos PAG. 2
La inseguridad en Chiapas parte de la pudrición de las instituciones de seguridad.
Cómo puede haber seguridad si estas dependencias están al servicio de la delincuencia.
Si la delegación de la FGR, la fiscalía de Estado y la secretaría de seguridad forman parte de la red de sobornos establecida por la delincuencia organizada, que le garantiza protección.
Tribunal Electoral declara oficialmente a Claudia Sheinbaum presidenta electa de México
Se declara a Claudia Sheinbaum Pardo primera Presidenta Electa de los Estados Unidos Mexicanos para que desempeñe el cargo del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030”, indica el fallo aprobado este miércoles en sesión del Pleno
“En
Delincuentes despojan de 250 mil pesos a empleado de empresa avícola
DENUNCIA MCCI acusa a la UIF de violar la ley al divulgar datos de donantes, proveedores y empleados
PAG.
PAG.
La disputa entre los poderes en México
En México existe un déficit histórico en la impartición de justicia, sobre todo porque el régimen político mexicano no se ha caracterizado por ser un régimen de derechos, en donde haya un respeto a las leyes y todos los actos de cualquier autoridad estén apegados al marco del derecho. Ha sido una práctica tradicional la inexistencia del equilibrio de poderes, en el que el Ejecutivo subordina a los otros dos poderes, y se encuentre por encima de la ley.
Esta situación de subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo ha venido cambiando, como parte de una sociedad que ha sufrido cambio y por las distintas alternancias del poder; es así como hoy día existen jueces, magistrados y ministros que no aceptan consignas y apegan sus decisiones al marco interpretativo de la ley, ejerciendo su autonomía constitucional. Esta situación es más evidente en los delitos del fuero federal que en el fuero común, debido a que en las entidades federativas el Poder Judicial sigue dependiendo, en mucho, de la voluntad de los gobernadores y en Estados como Chiapas, no existe la seguridad
laboral en los jueces, lo que debilita la imparcialidad de sus resoluciones. En este momento se observa un enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en contra del Poder Judicial, ruptura que está conduciendo, cada vez más, a una división real de poderes, en donde los ministros de la Corte han declarado como inconstitucionales un conjunto de leyes aprobadas por el Congreso a iniciativa del presidente. Estas resoluciones han provocado linchamientos mediáticos e intimidaciones a los ministros, y por tanto, a todo el poder judicial, por parte del presidente y demás servidores públicos, en donde la más reciente agresión ha sido el señalar que está podrida la impartición de justicia.
El hecho es que en su momento, distintas voces se pronunciaron en contra del mal proceder de los legisladores, quienes vienen aprobando leyes que son violatorias a la Constitución y que en la revisión de recursos la Suprema Corte las ha declarado improcedentes. Nadie debiera de sentirse engañado con las resoluciones de la Corte pues eso se anunció y se conocía desde un principio, sobre todo porque se viene
legislando con desmesura, arrogancia y ocurrencias. Lo que obligaba a la Suprema Corte de Justicia a comportarse como guardiana de la Constitución, esto a pesar de que el presidente ha nombrado a cuatro ministros, lo que de votar en bloque impiden la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, pero dos de estos ministros, han decidido votar por el respeto a la ley y la protección de los derechos de la población reconocidos en la Constitución. La respuesta ante las decisiones de la Corte de parte de los otros dos poderes es su desintegración. Es aprobar una reforma del Poder Judicial que desaparezca la actual composición del pleno y que los jueces, magistrados y ministros sean nombrados vía elección, cuando históricamente el Poder Judicial en el mundo es una institución contramayoritaria porque su función es la aplicación de la ley y la interpretación del espíritu de la Constitución, por lo que no puede ser sometida a caprichos electorales en donde se establecen compromisos de campaña y una dominación partidista que pone en riesgo la seguridad judicial, aspecto fundamental y necesario para garantizar la vida democrática.
Motorepartidores intimidan a reporteros en Comitán
Reporteros que cubren los hechos noticiosos en Comitán queremos expresar:
Que siempre hemos sido respetuosos de diversos temas durante el ejercicio de nuestra labor periodística. Sin embargo, nos preocupa la creciente ola de amenazas e intimidaciones que nuestros reporteros de la Nota Roja en Comitán han venido enfrentando. En particular, estos actos provienen de motorepartidores que presumen ser gente “pesada”. El día de hoy, mientras dábamos cobertura a un accidente de tránsito en la entrada de Comitán, tres sujetos nos amedrentaron, advirtiéndonos que “no sabíamos con quién nos metíamos” y que eran “gente muy pesada”. Ante esta situación, nos vimos obligados a interrumpir la transmisión en vivo para evitar una confrontación. Posteriormente, logramos identificar a las personas responsables de estas amenazas.
Hemos sido cautelosos de no tratar temas que no corresponden a nuestra cobertura, siempre conscientes de que nuestras familias dependen de nuestra prudencia. No obstante, estos motorepartidores han incrementado su nivel de agresividad al punto de generar un ambiente de miedo que no aporta nada a la paz y estabilidad que tanto valoramos en Comitán.
Javier Martínez.
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
Recientemente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reconoció el papel de las comunidades indígenas en la mitigación del cambio climático.
En este tema se destaca que, los habitantes de las comunidades, además de habitar y depender directamente de los bosques, buscan alternativas de desarrollo económico que mitiguen los efectos del cambio climático.
Por ello, les resulta esencial garantizar su acceso a ingresos económicos estables para que puedan continuar protegiendo sus territorios, desde sus actividades productivas.
Leonardo Pérez, presidente de la Unión de Comunidades Indígenas
“Las Dos Culturas el Cerro de la Cachimba”, organización que asocia a nueve comunidades indígenas de Cintalapa, consideró a la unión de voces y esfuerzos una estrategia para mejorar su economía.
Las actividades principales de la Unión Cerro de la Cachimba se cen-
Hemos sido cautelosos de no tratar temas que no corresponden a nuestra cobertura, siempre conscientes de que nuestras familias dependen de nuestra prudencia. No obstante, estos motorepartidores han incrementado su nivel de agresividad al punto de generar un ambiente de miedo que no aporta nada a la paz y estabilidad que tanto valoramos en Comitán
Los reporteros de la Nota Roja en Comitán reiteramos nuestro compromiso con una ciudad tranquila, en la que el respeto a nuestra
labor informativa sea garantizado, desde esta tierra que es la cuna de la libertad de expresión, la tierra de don Belisario Domínguez. Hace -
mos un llamado para que se respete nuestro trabajo y se permita que sigamos informando sin ningún tipo de censura.
Pueblos indígenas, los que realmente combaten el cambio climático
tran en el manejo forestal comunitario y en la producción de maíz, café y cacahuate, y desde 2023, llevan a cabo junto a la organización Cecropia como socio local implementador, la iniciativa “Biofábrica en la Selva Zoque” con el apoyo del Mecanismo de Cooperación para la Conservación y el Desarrollo Sustentable de los Paisajes del Sur-Sureste de México.2
A partir del Programa de Acción ante el Cambio Climático del Gobierno del Estado de Chiapas, se identificó la Selva Zoque como una región vulnerable al cambio climático y la deforestación. Por eso, la iniciativa plantea establecer y operar una biofábrica que produzca, abastezca y comercialice bioinsumos derivados de residuos forestales y agropecuarios que hoy son considerados como desperdicios, para fortalecer la resiliencia de los medios de vida y de los ecosistemas de las comunidades en Cintalapa.
La iniciativa también busca gestionar un modelo de negocio con enfoque social, ambiental y de gobernanza corporativa y social (ESG), así como fortalecer las capacidades técnicas y empresariales del grupo
que la opere.
“Las biofábricas juegan un papel crucial en la promoción del desarrollo sostenible en las comunidades al ofrecer soluciones innovadoras y ecológicas para la producción agrícola y forestal” expresó el PNUD.
En la nueva era apoyaremos la cafeticultura: Eduardo Ramírez
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis
“En la nueva era, la cafeticultura será apoyada desde el gobierno, porque nos da identidad cultural y genera mejores condiciones de vida para las familias chiapanecas”, aseguró el gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, en reunión con ejecutivos de la empresa Nestlé.
Tras intercambiar puntos de vista, Ramírez Aguilar dijo que es de suma importancia que los productores de café en la entidad tengan
Tras intercambiar puntos de vista, Ramírez Aguilar dijo que es de suma importancia que los productores de café en la entidad tengan mejores ingresos por su fuerza de trabajo, por ello pidió a los empresarios cerrar filas para que no existan intermediarios entre la empresa y los productores, y se eleven los ingresos de quienes trabajan todos los días para tener listas sus cosechas
mejores ingresos por su fuerza de trabajo, por ello pidió a los empresarios cerrar filas para que no existan intermediarios entre la empresa y los productores, y se eleven los ingresos de quienes trabajan todos los días para tener listas sus cosechas.
Delincuentes despojan de 250 mil pesos a empleado de empresa avícola
Jairo Camacho.
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
Este miércoles, delincuentes armados asaltaron a un empleado de una empresa avícola cuando realizaría un depósito de 250 mil pesos en efectivo en una sucursal bancaria ubicada en Plaza Ámbar.
Los reportes oficiales informaron que, este hecho ocurrió cuando Jonathan de 33 años de edad, salió de la Central de Abastos con el dinero para depositarlo, sin em -
bargo, antes de llegar al banco fue interceptado por dos sujetos armados que lo encañonaron y arrebataron el dinero.
Los delincuentes escaparon en una motocicleta rumbo a la zona Poniente de Tuxtla.
Al lugar arribaron elementos de diferentes corporaciones para montar un operativo de búsqueda sin obtener resultados positivos.
Los uniformados recomendaron a la víctima interponer la denuncia correspondiente.
En este marco y con la finalidad de unir esfuerzos, los ejecutivos de la empresa Nestlé explicaron al gobernador electo acerca de los campos experimentales y de las plantas más resistentes ante las plagas o enfermedades que a veces acechan a los cafetos.
Para finalizar, coincidieron en que es de suma importancia impulsar la cafeticultura para seguir generando empleos, retribuir el trabajo de los productores y fomentar una actividad agrícola ancestral.
Investigan la desaparición forzada del agente Rosario Heras, ligado al Mayo Zambada
La fiscal general Sara Bruna Quiñonez Estrada dio a conocer que se abrió una carpeta de investigación por desaparición forzada del agente Rosario Heras, presuntamente ligado como escolta de Ismael Zambada García, El Mayo, así como integrante de la Policía de Investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En entrevista con medios, Sara Quiñonez expuso que la familia ha realizado la denuncia por la desaparición del agente, aunque sin el consentimiento de difundir su identidad y generales para que a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas comenzar con las diligencias para dar con su paradero. Sin embargo, no existe una ficha de búsqueda, aunque la fiscal con -
Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)
El juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió y dejó en libertad al exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de ser el autor intelectual de feminicidio en grado de tentativa, al ser participe del ataque con ácido perpetrado el 9 de septiembre de 2019 en contra de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz.
“Ganó la corrupción. Juan Antonio Vera Carrizal ha quedado en libertad. 20 minutos le tomó a este juez corrupto #JoséGabrielRamírezMontaño la resolución. Esto es #Oaxaca, esto es #México, esta es la impunidad que viven las mujeres en luchamos por justicia. Todo fue pactado con @MagistradaBRJ (Berenice Ramírez Jiménez), Presidenta del @tsjoaxaca”, posteó la saxofonista en su cuenta X.
Mientras que el gobernador Salomón Jara Cruz también comentó esta decisión judicial en su cuenta de X:
“La terrible absolución y liberación de Juan Antonio Vera Carrizal, es una muestra más de la corrupción y putrefacción del Poder Judicial. Condeno enérgicamente el fallo de un juez criminal y cómplice del victimario, que lastima a la justicia y a todas las víctimas de la violencia feminicida. Es hora de reformar el Poder Judicial para que en Oaxaca no prevalezca la impunidad”.
A su vez, el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla condenó
La Fiscalía de Sinaloa informó que abrió una carpeta de investigación, pero es la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas la encargada de dar con el paradero del presunto escolta del narcotraficante
firmó que todo apunta a que sí es una desaparición forzada.
“Es lo que apunta, una desaparición forzada”, dijo.
José Rosario Heras López, adscrito desde 2016 al área de órdenes de aprehensión, se encontraba en activo al momento de su desaparición, con actividad presuntamente en El Salado, zona de mayor influencia del Mayo Zambada. El comandante “Chayo” es uno de los nombres que Ismael Zambada García mencionó en su carta como integrante de sus escoltas. De acuerdo a Sara Quiñonez, respecto a la presunción de actividades ilícitas y abandono de puesto como agente de la Fiscalía, será el órgano interno de control el ente encargado de la investigación sobre las actividades del agente desaparecido.
Juez exonera a Vera Carrizal del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos
“enérgicamente la absurda resolución emitida por el juez José Gabriel Ramírez Montaño, mediante la cual, Juan Antonio V.C, Rubicel H.R y Ruben L.C quedan en libertad”.
“La determinación es una flagrante violación al derecho a la justicia de la víctima y deja un precedente de impunidad en nuestra entidad, que cuestiona el actuar del Poder Judicial en su deber de garantizar el acceso de todas las mujeres víctimas a gozar de justicia, verdad y reparación. Desde la Fiscalía realizaremos todas las acciones jurídicas para contravenir esta determinación. Nuestro compromiso ha sido, es y será con las mujeres”, puntualizó.
Momentos antes, el juez de tribunal de equipamiento, José Gabriel Ramírez Montaño, afirmó que “este tribunal considera que la representación social, con las pruebas aportadas, no logró destruir la presunción de inocencia que tienen los acusados y, como consecuencia de ello, he resuelto absolver a Rubicel Hernández Ríos, Juan Antonio Vera Carrizal y a Rubén Loaeza Chávez de la acusación que en su contra formuló el Agente del Ministerio Público por el delito de feminicidio en grado de tentativa que se dijo cometido en la
persona de M. R. O.”.
En consecuencia, agregó, “quedan en inmediata libertad y se deja sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva que se les impuso en la presente causa penal. Lo que deberá comunicarse a la unidad de medidas cautelares para los efectos legales a los que haya lugar, así como al director del centro penitenciario femenil de Tanivet, Tlacolula”.
Además, ordenó “el levantamiento de todo embargo precautorio o aseguramiento de bienes que se hayan decretado a los ahora absueltos”. Este fallo judicial, emitido al medio día de este miércoles 14 de agosto de 2024, se da luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 28/2022, donde señaló omisiones del entonces gobernador
Alejandro Murat Hinojosa y del fiscal Arturo Peimbert Calvo. Cabe recordar que la saxofonista María Elena Ríos Ortiz sufrió graves quemaduras en cara y cuerpo luego de ser rociada con ácido sulfúrico por presuntas órdenes del exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, y su hijo Juan Antonio Vera Hernández. El pasado 4 de marzo, la CNDH emitió una recomendación al gobernador y al fiscal “por violencia institucional y vulnerar el acceso a la justicia de una mujer que fue agredida con ácido, en Huajuapan de León”. La CNDH considera que “se vulneró la obligación de atender, investigar y sancionar la violencia ejercida contra las mujeres, por parte de por lo menos 17 personas servidoras públicas del gobierno local y de la Fiscalía General del Estado”.
Aarón Ibarra Culiacán, Sin. (apro).
Karam Beltrán y Marín, principales acusados por caso Lydia Cacho, a prisión domiciliaria
Luz Cecilia Andrade Ciudad de México. (Cimacnoticias)
Después de permanecer tres años en el penal del Altiplano, la Jueza Segundo de Distrito en Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño, determinó revocar la prisión preventiva en la que había estado Mario Marín, quien fuera gobernador de Puebla, acusado de la tortura contra la periodista Lydia Cacho; no obstante, no fue la única, también el exdirector de la policía judicial de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán logró la misma medida cautelar.
Es decir, Marín y Karam Beltrán, acusados y evidenciados de vínculos con bandas de trata de personas con fines de explotación sexual contra la niñez, no han sido absueltos pero sí han sido favorecidos por leyes mexicanas, mismas que no lo han hecho con la periodista exiliada para el resguardo de su vida.
Cabe señalar que en esta misma semana, la noche del 6 de agosto, el también procesado por delitos de tortura contra la periodista Lydia Cacho y exdirector de la policía judicial de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán, salió de prisión en Cancún a un año de su detención tras una sentencia del Juzgado Tercero de Distrito de Quintana Roo.
Hay que recordar que Mario Marín, es ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue detenido en febrero de 2021 en Acapulco, Guerrero, acusado de ordenar la tortura y arresto ilegal de la periodista Cacho en 2005, cuando gobernaba Puebla (2005-2011) y brindar protección a empresarios de una de las principales redes de pornografía infantil en el mundo cuya matriz es México.
Esto luego de los hechos narrados en el libro Los demonios del Edén, publicado en ese mismo año por la periodista Cacho donde expone una red de explotación infantil en la que estarían implicados empresarios como Jean Succar Kuri y Kamel Nacif Borge.
La audiencia que le dio la prisión domiciliaria al exgobernador de Puebla, Mario Marín, aconteció el pasado 10 de agosto, por lo que se le permitió salir del Altiplano, en el estado de México, luego que la jueza ordenó que continuara su proceso judicial desde su casa.
Por tanto, organizaciones defensoras de periodistas, de derechos humanos, junto con las que luchan por la protección de personas contra la trata de personas con fines de explotación sexual, expresaron rechazo ante esta resolución.
Hace algunas semanas, Marín habría intentando salir de este penal a través de un amparo argumentando problemas de salud, sin embargo, el recurso no prosperó, hasta este cambio de medida cautelar concedido el 10 de agosto.
Marín deberá acatar lo que determinó la jueza: garantía económica por
cien mil pesos; tiene prohibido salir del país, acercarse a la víctima, deberá usar un brazalete electrónico y tendrá vigilancia y resguardo domiciliario (en Puebla) con vigilancia permanente de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares.
Los hechos 16 de diciembre de 2005. Lydia Cacho Ribeiro es detenida por la policía judicial poblana en la ciudad de Cancún y trasladada vía terrestre a lo largo de mil 500 kilómetros hasta la ciudad de Puebla. Es puesta en libertad, después de pagar una fianza de 70 mil pesos.
22 de diciembre del 2005. La autora de Los Demonios del Edén comienza una investigación basada en testimonios de las sobrevivientes de una red de pederastia encabezada por el empresario Succar Kuri.
23 de diciembre del 2005. La jueza Rosa Celia Pérez Camacho dictó a las 10.50 de la mañana el auto de formal prisión contra Cacho Ribeiro por los delitos de difamación y calumnia. La también activista por los derechos humanos de mujeres y niñas no pisó la cárcel por contar con libertad bajo caución. Lo cual la obligaba a acudir a firmar cada mes y responder a todos los citatorios de las autoridades.
17 de enero del 2005. Lydia Cacho es exonerada del delito de calumnia en una apelación de su defensa ante el Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla.
20 de enero del 2006. El Tribunal Superior de Justicia estatal da la razón jurídica a la periodista Lydia Cacho Ribeiro por incompetencia y traslada el juicio a Cancún, Quintana Roo.
14 de febrero del 2006. Salen a la luz pública en los medios de comunicación grabaciones telefónicas entre el industrial poblano Kamel Nacif Borge y el gobernador de Puebla Mario Marín en donde quedó clara la colusión para la detención de Lydia Cacho.
13 de marzo 2006. Lydia Cacho Ribeiro denunció ante las Fiscalías: Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEVIM) y Especial para delitos cometidos contra periodistas, ambas de la Procuraduría General de la República (PGR), al gobernador de Puebla, Mario Marín y al empresario de origen libanés Kamel Nacif, ante la segunda fiscalía también son denunciadas la procuradora de
Puebla Blanca Villena y la Jueza Rosa Celia Pérez González por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación y falsedad de declaraciones.
4 de abril 2006. El juez magistrado para el distrito de Arizona, David K. Duncan anuncia la extradición a México del empresario libanés, Jean Succar Kuri, denunciado por Cacho en su libro Los demonios del Edén, por encabezar una banda internacional de pederastia.
18 de abril de 2006. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por seis votos a favor y cuatro en contra investigar si el gobernador de Puebla, Mario Marín, violó los Derechos Humanos de la periodista Lydia Cacho.
5 de julio del 2006. Es extraditado a México Jean Succar Kuri, luego de dos años de batalla y trasladado al penal de Cancún.
3 de agosto del 2006. Roban de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el expediente del caso Lydia Cacho. Razón por la cual la CNDH presenta una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Averiguación previa 838/06-08.
9 de septiembre 2006. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) decide atraer el caso de la periodista.
19 de septiembre de 2006. La SCJN, en audiencia pública con siete votos a favor y tres en contra, determinó ampliar la indagación sobre la violación de derechos sufrida por la periodista.
28 de septiembre del 2006. La Procuraduría General de la República (PGR) consignó a cuatro personas al Reclusorio Preventivo Sur y a una al Consejo Tutelar de Menores por ser presuntos responsables del robo de una computadora que contenía información sobre el caso Lydia Cacho.
29 de septiembre de 2006. Se realiza el primer careo entre la periodista Lydia Cacho y el empresario Kamel Nacif.
Diciembre de 2014. Fue detenido el ex comandante de la Policía Ministerial, José Montaño Quiroz, por actos de tortura cometidos en contra de la periodista Lydia Cacho; y sentenciado a 5 años de cárcel en 2017.
3 de agosto de 2018. Se pide al estado mexicano castigar a torturadores de Lydia Cacho. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CCPR) concluyó que Lydia Cacho Rybeiro
fue detenida arbitrariamente y torturada durante su traslado, por lo que se le ordenó al estado mexicano castigar a los responsables.
11 abril de 2019. Emiten orden de aprehensión contra responsables a casi 14 años de la detención de Lydia Cacho, finalmente se emitieron órdenes de aprehensión contra Mario Marín y Kamel Nacif, así como contra el ex director de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán. 21 de julio de 2019. Hombres desconocidos allanaron el domicilio de Lydia Cacho luego de que se emitieran las órdenes de aprehensión contra sus agresores. Desde entonces y hasta ahora, la periodista permanece exiliada en España.
12 octubre de 2020. Kamel Nacif fue detenido y liberado bajo fianza por un juez. Ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron a Lydia Cacho al respecto.
3 febrero de 2021. La Fiscalía General de la República (FGR) detiene a Mario Marín en una residencia en Acapulco por su responsabilidad en el caso de tortura contra Lydia Cacho. Ese mismo mes dictan auto de formal prisión en su contra e intenta obtener la libertad a través de un amparo.
15 de julio de 2021. El Tercer Tribunal Colegiado en el estado de Quintana Roo otorgó un amparo a Kamel Nacif Borge, lo que dejó sin efectos la orden de aprehensión emitida en su contra. El caso en su contra sigue y en noviembre de 2022 le negaron un amparo con el que pretendía acceder a su carpeta de la Fiscalía General de la República.
Enero de 2023. Las autoridades federales decidieron sacar a Mario Marín del penal de Cancún e internarlo en la prisión de alta seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
13 de julio de 2023. La Fiscalía General de la República (FGR) aprehende al ex director de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán en Boca del Río, Veracruz, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista. 6 de agosto de 2024. Hugo Adolfo Karam Beltrán, exdirector de a Policía Judicial de Puebla es liberado para llevar su proceso judicial en su contra desde su casa.
13 de agosto de 2024. Lydia Cacho Ribeiro reveló que una jueza de Quintana Roo consideró que la presunta responsabilidad de Mario Marín no requería prisión preventiva, por lo que continuaría el proceso judicial en su contra desde su casa.
Defensores reaccionan a liberación La organización Artículo 19, reiteró que la liberación de ambos procesados no es una absolución. Ambos continúan bajo proceso y queda pendiente el dictado de sentencias que resuelvan el fondo del proceso penal por el delito de tortura que se les imputa.
Huelga en el Poder Judicial violaría la Constitución, asegura Ricardo Monreal
Juan Carlos Cortés Ciudad de México (apro)
El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que la falta de diplomacia, pericia e inteligencia de Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), llevó al desencuentro ente el Poder Judicial y el Legislativo.
En el Senado de la República, el legislador morenista afirmó que, aunque su partido y aliados tendrán la mayoría calificada, ellos abrirán el diálogo con todos los poderes.
“Lo he dicho yo siempre, creo que Norma Piña, como presidenta de la Corte, no debería presionar ni hacer caminar a los trabajadores a camino sin retorno.
“Yo preferiría el diálogo, no me gusta la confrontación. A pesar de que podemos tener mayoría calificada, nosotros vamos a abrir el diálogo con todos. Pero no me gusta porque le falta diplomacia, pericia, inteligencia para poder llevar a cabo una relación de colaboración y coordinación entre los poderes.
“Para mí ese ha sido uno de los puntos centrales del desencuentro
El coordinador de Morena en el Senado aseguró que el desencuentro entre el Poder Judicial y el Legislativo se debieron a la falta de diplomacia, pericia e inteligencia de Norma Piña
que existe del Poder Judicial con el Poder Legislativo y Ejecutivo, y hablo solo de ella, no hablo de los ministros de la Corte con los que yo me he reunido, casi con un alto porcentaje de los integrantes y me han hecho saber su posición, los he escuchado con respeto e incluso me han entregado propuestas por escrito para mejorar la reforma al Poder Judicial”, explicó.
Respecto al probable paro de labores de trabajadores del Poder Judicial, el legislador afirmó que, si se lleva a cabo, estaría violando el
artículo 17 constitucional, el cual establece que la justicia debe ser pronta y expedita.
“El irse a paro, jueces y magistrados, violan flagrantemente el artículo 17 de la Constitución que establece que la justicia debe de ser expedita y pronta, porque de lo contrario obstaculizar, obstruir o detener el acceso a la justicia es un delito grave contra la administración de justicia. Ellos lo sabrán, tienen el derecho de decir lo que quieran, de hacer lo que crean conveniente, siempre y cuando no
violen la Constitución y la ley”, resaltó.
También detalló que los trabajadores tengan algún propósito de manifestarse a menos que estén mal informados, ya que la reforma no afecta sus derechos laborales.
“Yo no creo que los trabajadores tengan algún propósito de manifestarse, al menos que ellos estén mal informados, pero les aseguro, les doy mi palabra, que no hay una sola palabra, un solo párrafo que afecte el derecho de los trabajadores del Poder Judicial.
“Lo que se establece son lo que ustedes ya saben, la elección universal de jueces, magistrados y ministros, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, la supresión del Consejo de la Judicatura, el establecimiento de plazos perentorios para resolver y otras materias, pero no hay una sola palabra que esté en detrimento de la conquista de los trabajadores, que vulnere el derecho de los trabajadores y de los derechos adquiridos de ellos. No hay una sola palabra”, aseguró.
Defienden financiamiento a ONGs desde EU
Benito Jiménez
Ciudad de México, (Tribuna)
La inversión a proyectos que financia USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) es esencial para la democracia, pues aporta ideas y políticas que cambian a la sociedad en muchos sentidos, afirmó Jene Thomas, director de esa misión en México.
“Es parte de lo que hace USAID, el fortalecimiento a la sociedad civil, en términos generales esta es la capacidad de manejarse y asegurar que sus proyectos no sólo sean exitosos desde una perspectiva técnica (...) sino un modelo para los demás en la sociedad civil”, dijo en el cierre del programa “Conciencia y Oportunidades para Mujeres Privadas de la Libertad” en el Museo de la Tolerancia.
“Su trabajo (de USAID) en México y alrededor del mundo es esencial para la democracia, es importante para expertos que tienen soluciones e ideas, políticas y refundaciones, incluso para las políticas públicas como este programa que cambia al mundo en muchos sentidos en grandes formas y que no tienen la posibilidad de encontrar sus financiamientos”.
Remarcó que la Agencia lo que hace es acompañar las capacidades
de quienes tienen la oportunidad de cambiar una sociedad, con recursos que son transparentados.
“Desde lo financiero gasta el manejo de recursos humanos, y la verdad es muy difícil, porque esperamos que sean (los recursos) mejor administrados, están sujetos a estándares internacionales para todo, con transparencia”, subrayó.
“En USAID nos regimos por los valores de la integridad, el respeto, la inclusión y empoderamiento, y esto mismo buscamos en los socios locales, con los que trabajamos”.
Explicó que la USAID financió el proyecto de La Cana, un plan social que busca crear oportunidades de trabajo para mujeres en prisión, mediante la implementación de programas y talleres que tengan como objetivo su desarrollo personal, así como el trabajo y la capacitación para el mismo, con el fin de promover un proceso de reinserción que contribuya a reducir los índices de reincidencia y delincuencia en el País.
Esta mañana, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una carta a su homólogo Joe Biden sobre el financiamiento que ha entregado Estados Unidos a organizaciones opositoras a su Go-
bierno como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
“Voy a enviarle una carta al presidente de Estados Unidos, el presidente Biden sobre este tema y además la Secretaría de Relaciones Exteriores va a hacer una nota diplomática con el mismo tema, porque consideramos que abiertamente hay injerencia del Gobierno de Estados Unidos en asuntos que sólo corresponden a la soberanía de nuestro País”, adelantó.
Anunció que va a presentar una serie de iniciativas de ley para que no sea con recursos del mismo pueblo que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos.
“Porque cuando se deducen im -
puestos por donativos son ingresos que no llegan a la hacienda pública y que no pueden utilizarse para el desarrollo del País en beneficio de todos los mexicanos, sino que les regresen estos recursos y se utilizan con propósitos facciosos”, reclamó el tabasqueño.
En la mañanera, Pablo Gómez, titular del organismo, dio a conocer que, durante este sexenio, MCCI recibió 96 millones de pesos del Gobierno de Estados Unidos y 299 millones de pesos de empresas y particulares en México.
Thomas fue cuestionado en el evento sobre este tema, pero dijo que tiene prohibido hablar con la prensa sin el permiso de la Embajada de los Estados Unidos en México. Con información de Agencia Reforma.
MCCI acusa a la UIF de violar la ley al divulgar datos
De la Redacción Ciudad de México (apro)
Lde donantes, proveedores y empleados
a asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) denunció que el gobierno violó el derecho a la protección de datos personales de los donantes, proveedores y personal de MCCI, después de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UFI), Pablo Gómez, exhibió una lista de personas que han recibido pagos de esa asociación.
Durante la mañanera de este miércoles, Gómez denunció que MCCI recibió financiamiento de gobiernos extranjeros y exhibió la lista antes mencionada; muchos de quienes figuraron son reporteros.
El funcionario señaló que MCCI recibió 96 millones 740 mil 613 pesos de la Embajada de Estados Unidos desde el 29 agosto de 2018, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones. Además, Gómez informó que de 2016 a 2023, la asociación recibió 299 millones 29 mil 62.5 pesos en México, de personas morales que suman dos mil 230 operaciones.
Tras las acusaciones, la MCCI se pronunció y señaló que “ha sido hostigada y difamada en 265 ocasiones” desde las conferencias matutinas. La asociación realizó una serie de señalamientos con respecto a lo mencionado por Gómez: Divulgar la información fiscal de los contribuyentes no sólo es un abuso de poder, sino una violación al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que establece que las autoridades hacendarias, entre las cuales se encuentra la UIF, tienen la obligación de “guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes”. Revelar la información de nuestra organización busca
Arturo Rodríguez García
Ciudad de México (apro)
En medio de la polémica por la asignación de diputados plurinominales, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) fijó una postura: el pronunciamiento de los obispos católicos mexicanos se proyecta en oposición a la llamada sobrerrepresentación.
A unos días de que las autoridades electorales (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) resuelvan la asignación de curules, la polémica se centra en la idea del oficialismo representado por Morena y sus aliados el PT y el PVEM, que reclaman que una representación por partido los lleve a un 75% de presencia legislativa; en tanto, las oposiciones, PRI-PAN, aseguran que la representación debe ser por coalición.
En ese contexto, los obispos mexicanos pidieron a las autoridades elec-
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) denunció que “ha sido hostigada y difamada en 265 ocasiones” desde las conferencias mañaneras del presidente López Obrador
amedrentar a todas las personas que donan, colaboran o trabajan en MCCI. Es falso que MCCI no transparente sus finanzas. Como toda donataria autorizada, está obligada a presentar todos los años su declaración de transparencia de acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, su Reglamento y la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Esta declaración incluye el detalle de los asociados, cuerpo de gobierno, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y la fuente de los mismos donativos. Adicionalmente, mes con mes hemos obtenido nuestra opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Lo hemos hecho desde 2016 y nunca hemos recibido observación alguna, aun cuando la administración anterior y la actual han sometido nuestras finanzas a un estándar de escrutinio que ni siquiera se cumple en la información pública del gobierno.
Contrario a lo que afirma el presidente de la República, el trabajo de MCCI ha estado apegado a su objeto social. De ello dan cuenta más de mil 200 publicaciones que evidencian la corrupción y la impunidad en nuestro país. También ha cumplido con el objetivo de proponer alternativas de solución a estos dos problemas y de fo-
mentar el Estado de derecho.
MCCI no sirve a intereses de particulares ni a gobiernos extranjeros. Nuestros programas de investigación se deciden sin mediación externa alguna entre nuestro cuerpo directivo.
Desde el año 2016 MCCI cuenta con la autorización del SAT para recibir donativos nacionales y extranjeros en estricto apego a la ley.
MCCI nunca ha recibido recursos públicos porque sus estatutos lo prohíben.
El financiamiento de USAID (Agencia de EU para el Desarrollo Internacional) al que el presidente ha hecho referencia en múltiples ocasiones y que concluyó en 2023, ha sido destinado en su totalidad a las tareas de investigación y divulgación que constan en el acta constitutiva de MCCI.
La recepción de recursos por parte de instituciones de cooperación internacional no vulnera de ninguna manera la soberanía nacional ni las leyes. Por el contrario, y en este caso particular, responde al capítulo 27 del T-MEC, que establece que deben tomarse medidas para promover la participación activa de “la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias para prevenir y combatir la corrupción”.
MCCI nunca ha llevado a cabo ninguna actividad político-partidista ni, mucho menos, ideado, participado o hecho eco de campañas de desprestigio en contra del presidente o partido político alguno. Nuestra misión no es “mantener la corrupción y los privilegios” como dice el presidente, sino vigilar al poder, sin importar quien lo ejerza, como puede verificarse en las investigaciones en nuestro sitio web que han revelado escándalos de todos los partidos políticos, órdenes de gobierno y sectores de la sociedad.
Cuestionar al gobierno en sus políticas públicas, documentar la corrupción, vigilar el uso de los recursos públicos, exhibir la falta de transparencia, exigir que el gobierno garantice los derechos de las personas y que cumpla con sus obligaciones, lejos de ser un delito, es una obligación de la sociedad.
MCCI aclara por enésima vez que Claudio X. González dejó la organización en junio de 2020, que no participa de forma alguna en la asociación y que, desde luego, no es su apoderado legal.
La asociación señaló que las acciones del gobierno morenista son “un intento deliberado por silenciar a la sociedad civil crítica, por limitar la labor periodística, de investigación y comunicación independientes y por estrangular financieramente a nuestra institución”, además, advirtieron que estas declaraciones ponen en riesgo las labores de anticorrupción.
MCCI finalizó asegurando que continuarán con su compromiso en la construcción de un Estado democrático de derecho y en el combate a la corrupción.
Iglesia católica llama a evitar una “injusta sobrerrepresentación” en la Cámara de Diputados
torales actuar con responsabilidad y congruencia al designar a los diputados de representación proporcional.
Tras una larga reflexión sobre la historia de la democracia electoral en el país, la creación de la representación proporcional y las alternancias, la CEM destaca el papel de los ciudadanos en las elecciones.
Así, exponen su confianza en las autoridades electorales planteando como esencial que “se respete tanto la letra como el espíritu de las leyes”.
Lo anterior, sostiene en su comunicado, implica evitar una “injusta sobrerrepresentación de algunas fuerzas políticas”.
Además, solicitan al Ejecutivo que se abstenga de cualquier tipo de presión o intervención sobre las autori-
dades electorales e hizo un llamado a preservar su autonomía. En tanto, a los partidos políticos les llaman a actuar con congruencia para garantizar la sana convivencia y la democracia, respetando la diversidad de voces, esto es, aquellas repre-
sentadas por las minorías a través de la representación proporcional y las que se manifiestan por las mayorías por representación directa. Y, finalmente, los obispos exhortan a los ciudadanos a unir fuerzas y voluntades por la democracia.
Tribunal Electoral declara oficialmente a Claudia Sheinbaum presidenta electa de México
Diana Lastiri
Ciudad de México (apro)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), declaró oficialmente a Claudia Sheinbaum, como presidenta electa de México al avalar la elección del pasado 2 de junio.
Por unanimidad de votos y luego de destacar la importancia de que por primera vez México será gobernado por una mujer, los magistrados de la Sala Superior declararon que Claudia Sheinbaum cumple con todos los requisitos establecidos en la Constitución para hacer mandataria federal para el periodo 2026-2030.
Se declara a Claudia Sheinbaum Pardo primera Presidenta Electa de los Estados Unidos Mexicanos para
Diana Lastiri
Ciudad de México (apro)
Durante la calificación de la elección del pasado 2 de junio fueron evidenciadas las irregularidades ocurridas durante los comicios en los que resultó triunfadora Claudia Sheinbaum.
Luego de la presentación del proyecto de resolución final para oficializar el triunfo de Sheinbaum como la primera presidenta de México, los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón enfatizaron en las fallas e ilegalidades cometidas por los actores políticos involucrados.
Otálora consideró que el hecho de que Morena y aliados en el Congreso lograron adelantar el proceso de selección de candidaturas, que originalmente estaba previsto para el 7 de septiembre de 2023, significó que un fraude a la ley que tuvo que ser avalado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y por el propio TEPJF.
“Aquí, la política impuso sus tiempos a los plazos de la ley y ni el Instituto Nacional Electoral ni este Tribunal Electoral pudieron frenar esta decisión, por lo que hubo que limitarse a tratar de encontrarle un cauce legal a una irregularidad que rebasó por completo la eficacia de nuestro sistema electoral”, comentó.
“Lo que fue denominado como procesos políticos novedosos, no fue más que un fraseo para evitar reconocer la comisión de un fraude a la ley”.
Consideró grave que los partidos políticos, que se supone deben abonar a la defensa del interés público, diseñen mecanismos para evadir la ley mismos que enrarecieron el clima político y pusieron en peligro la integridad del proceso electoral.
“Estos procesos adelantados fueron el aviso de qué serían los graves problemas de esta elección: acuerdos políticos por encima de las leyes, autoridades que evidenciaron sus dificul-
Se declara a Claudia Sheinbaum Pardo primera Presidenta Electa de los Estados Unidos Mexicanos para que desempeñe el cargo del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030”, indica el fallo aprobado este miércoles en sesión del Pleno
que desempeñe el cargo del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030”, indica el fallo aprobado este miércoles en sesión del Pleno.
“Se ordena que esta Sala le entregue este jueves al medio día la constancia de mayoría y validez, al ganar con 35 millones 924 mil 519 votos, 59.76 por ciento del total de sufragios emitidos”.
En la sentencia, el TEPJF señaló que, pese a las acusaciones de irregularidades, la elección del pasado 2 de junio es válida porque fue libre, auténtica y periódica.
Acuerdos políticos por encima de las leyes marcaron la elección del 2 de junio: magistrados del TEPJF
tades para garantizar el cumplimiento de la ley y un desgaste innecesario de la ciudadanía por campañas particularmente largas”, enfatizó.
Acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó su poder político y recursos públicos para intervenir en el proceso electoral.
“Las conferencias mañaneras fueron un espacio para atacar a una candidata y apoyar a otra, y esta intervención se materializó, como ya lo hemos señalado, en cerca de 50 conferencias matutinas.
“A pesar de que la elección de la primera Presidenta de México demuestra que la ciudadanía tiene la convicción por vivir en una sociedad más igualitaria y en la que los derechos de todas las personas tengan la oportunidad real de materializarse, la injerencia inconstitucional del funcionario público contraviene ese progreso ciudadano para revivir prácticas antidemocráticas del pasado”, puntualizó.
La magistrada destacó que durante las pasadas elecciones se vivió una situación nunca antes vista derivada de la desintegración de la totalidad de los tribunales electorales del país, incluida la Sala Superior del TEPJF, mediante la falta de designación de sus integrantes.
“Esta irresponsabilidad constitucional con la que se ha conducido un Poder de Estado, que en este caso el Senado, ha provocado, obviamente, un contexto nunca antes visto en nuestro país, también el diálogo y la discusión colegiada que son necesarias para las autoridades han estado ausentes”, explicó.
Para el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón las leyes electorales actualmente vigtentes fueron insuficientes para responder a la realidad política del país.
“A veces porque las reglas se en -
cuentran seriamente desgastadas y otras veces porque en nuestro sistema de normas, simplemente, no existe una regulación para contener o sancionar todas las prácticas políticopartidistas”, advirtió.
Por ello, el magistrado enfatizó en la necesidad de revisar para el futuro las reglas del juego pues las elecciones del pasado 2 de junio se desarrollaron en medio de omisiones, vacíos y faltas a las normas electorales.
Los cambios que Rodríguez Mondragón consideró necessarios se refieren a la seguridad en el proceso electoral, la reglamentación del 134 constitucional, la instrumentación de programas sociales, las reglas de las precampañas y el fortalecimiento de autoridades electorales.
“Lo que sería deseable desde una perspectiva de integridad electoral es que cualquier cambio al marco jurídico, sea este a sus instituciones o procedimientos, debe realizarse por consenso. Esto no solo contribuirá a la legitimidad de las reformas legales, sino también de las políticas públicas con que se implementen”, dijo.
En tanto, el bloque mayoritario en la Sala Superior emitió diversos discursos para celebrar el triunfo de Sheinbaum.
“La elección de Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta de México no es sólo un avance en la representación
política, sino que refleja una transformación profunda en nuestra sociedad. La llegada de una mujer a la Presidencia del país, representa un avance significativo de décadas de lucha por la igualdad de género y la inclusión política”, apuntó Felipe Fuentes.
“La elección de una mujer a la Presidencia simboliza la culminación de ese esfuerzo y el avance hacia un futuro en el que las barreras de género desaparezcan. Este momento no sólo es un triunfo para la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, sino un triunfo para todas las mujeres que han luchado y siguen luchando por un lugar equitativo en la esfera política”.
Para el magistrado Felipe de la Mata, la llegada de Sheinbaum a la Presidencia es un triunfo para y de la sociedad y un mensaje claro de que las mujeres tienen el derecho, la capacidad y la oportunidad de participar en todos los niveles de la vida pública. “Hoy, después de un siglo de lucha, el pueblo ha decidido que una mujer asuma por primera vez la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y encabece las Fuerzas Armadas como Comandanta Suprema”, refirió.
El magistrado de la Mata consideró que la diferencia de votos con los que ganó Sheinbaum (35 millones 924 mil 519), envía el mensaje de que “el pueblo tiene el poder” y demostró que la democracia mexicana está viva.
Ya suena en el Congreso el nombre de Ifigenia Martínez para colocar banda presidencial a Sheinbaum
Sara Pantoja Ciudad de México (apro)
Como lo sugirió la todavía virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, en el Congreso de la Unión ya comenzó a sonar el nombre de la maestra Ifigenia Martínez como quien le colocará la banda presidencial el próximo 1 de octubre.
El pasado 3 de julio, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que “sería algo muy lindo” que la política y economista porque la que ella votó para la Presidencia el pasado 2 de junio, le haga el honor de colocarle el símbolo presidencial.
Este miércoles, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la senadora Elvia Marcela Mora, del Partido Encuentro Social (PES), simpatizante de Morena, dio vistos de que así será.
“No llega sola, llegamos todas. No llega sola, llega con la participación de muchas, con el trabajo de las presidentas de ambas Cámaras del Congreso; llega con la inspiración de nuestra senadora decana, la maestra Ifigenia, que esperamos ver cómo le coloca, a nombre de todas, la banda presidencial a la primera presidenta de México y de Norteamérica”, dijo.
La legisladora reveló ese dato lue-
De la Redacción Ciudad de México (apro)
Larry Curtis Parker, piloto estadunidense señalado de transportar a Ismael “El Mayo” Zambada y al hijo de Joaquín Guzmán Loera, Joaquín Guzmán López, de Sinaloa a Estados Unidos, pidió al presidente, Andrés Manuel López Obrador que reconozca públicamente que no tuvo nada que ver en el incidente.
“Le pediría al presidente que limpie mi nombre y reconozca públicamente que no tuve absolutamente nada que ver con ese incidente. Amo al pueblo mexicano y al gran estado de Sonora”, dijo al responder un cuestionario enviado por el noticiario de Azucena Uresti.
Aseguró que el día de la detención de los narcotraficantes fue un día normal para él en el aeropuerto, fue revisado por las autoridades, quienes le dieron un plan de vuelo y lo escoltaron al avión; la noticia sobre su presunta participación en el traslado la conoció a través de redes sociales.
“El jueves por la noche vi una publicación en una plataforma de redes sociales y pensé que era una broma
El pasado 3 de julio, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que “sería algo muy lindo” que la política y economista porque la que ella votó para la Presidencia el pasado 2 de junio, le haga el honor de colocarle el símbolo presidencial
go de hacer una especie de semblanza de Sheinbaum Pardo en el que incluyó un hecho de su etapa de activista en la UNAM en 1987. No obstante, tuvo un pequeño desliz al afirmar que la morenista tiene 61 años, pues el pasado 24 de junio cumplió 62.
Marcerla Mora mencionó datos que rompieron con el discurso alentador que llevaba y describió un tanto el país que Sheinbaum Pardo recibirá:
“En lugar de la presidenta, será la jefa de 130 millones de habitantes, con el 36 % de la población en pobreza; con una extensa frontera con Estados Unidos, con todo lo que eso implica; con una tasa alarmante de feminicidios y parcialmente sometido el crimen organizado. Es muy titánica la labor que tiene nuestra presidenta”.
Larry Curtis pide a AMLO que limpie su nombre tras señalarlo como el piloto de “El Mayo”
que alguien me estaba haciendo, busqué en internet y encontré muchas historias sobre el arresto y muchas de ellas me mencionaban como el piloto”.
Destacó que no ha tenido contacto con autoridades mexicanas, únicamente ha recibido llamadas telefónicas de periodistas estadunidenses y mexicanos, los cuales preguntaban cómo había sido su participación, a lo que él ha respondido: “No tuve nada que ver en esta operación, ya estaba en el aeropuerto del lugar donde se encuentra mi casa cuando todo esto ocurrió”.
Informó que ha recibido ayuda de las autoridades estadunidenses y que no planea emprender acciones legales, ya que apela a que su nombre se limpie de manera pública, pues se trató de un error de las autoridades mexicanas.
“Mi esperanza es que simplemente limpien mi nombre públicamente y me inviten a regresar a su país con
los brazos abiertos. Todos cometemos errores en la vida, incluido yo mismo, y creo que fue un error honesto por parte de las autoridades mexicanas y espero que lo corrijan”.
La acusación surgió cuando la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que Larry Curtis Parker había sido el responsable de transportar a los narcotraficantes de Hermosillo, Sonora, a Estados Unidos.
Tras la acusación, el piloto estadunidense Larry Curtis se contactó con la periodista Peniley Ramírez, columnista del diario Reforma, para deslindarse del señalamiento. Luego de esta declaración, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela, informó que las investigaciones sobre la detención de los narcotraficantes siguen su curso y no dio nombres de posibles responsables.
MÉXICO, NEGLIGENTE AL CLASIFICAR FEMINICIDIO DE MUJERES ADULTAS MAYORES
Luz Cecilia Andrade
En México clasificar correctamente los casos de feminicidio de las mujeres adultas mayores está aún lejos de ser una realidad debido a una serie de negligencias las cuales permiten que el sistema patriarcal ejerza violencia, malos tratos y abuso hacia las mujeres desde la infancia hasta la vejez. Esto lo explica Verónica Montes de Oca Zavala, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población y Maestra en Demografía de la UNAM:
“Las mujeres atraviesan muchas dificultades y desigualdades a lo largo de su vida por haber nacido con sexo femenino y eso se refleja también en la vejez. […] Las mujeres mayores tienen una trayectoria de violencias, de abusos, de maltratos que permean mucha de su exclusión y por supuesto la inseguridad social que al final de su vida experimentan”.
El 20 de julio de 2021, Agustina Martínez Rojo fue encontrada en el interior de su domicilio con signos de violencia física, sin ropa y con indicios de violencia sexual. La mujer vivía sola en la colonia San Martín de Xochinahuac, Azcapotzalco, cerca de un parque de bodegas industriales.
Fue una niña quien la encontró en el suelo, luego de acudir a dejarle comida porque, desde que su esposo falleció en 2020 por Covid-19, vivía sola. Antes, la pareja sobrevivía de la recolección y venta de cartón, detalló Corriente Alterna. Tras cuatro horas de espera, la trasladaron al Hospital Balbuena donde falleció dos semanas después, el 5 de agosto. Así como Agustina, existen otros casos de violencia feminicida en contra de mujeres adultas mayores que parecen invisibles a la vista de todas y todos, que no se quieren ver o en el peor de los casos, se normalizan.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020 había ocho millones 139 mil 94 mujeres adultas mayores en el país; la mayoría de ellas sufrió
algún tipo de maltrato que se acrecentó con los años.
Esto último lo reafirma la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, la cual señala que las mujeres de 60 años o más, en comparación con la misma encuesta realizada en 2016, sufrieron mayor violencia física, emocional, económica o sexual en este año.
La encuesta también reveló que la mayoría de las y los agresores de estas mujeres han sido sus propias hijas o hijos, otros familiares e incluso hermanas y hermanos.
Lamentablemente, el aumento en la violencia contra las mujeres adultas mayores no se queda solo en ese tipo, en ocasiones se alcanza el feminicidio, mismos que en los últimos años también han aumentado, en especial en la capital del país.
Ejemplo de ello lo refieren datos obtenidos a través de la plataforma Nacional de Transparencia, proporcionados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), los cuales indican que durante el último año de Marcelo Ebrard al frente de la CDMX se registraron tres casos de víctimas de feminicidios a mujeres adultas mayores; en el gobierno de Miguel Ángel Mancera se registraron 17 que posteriormente pasaron a 40 casos en la gestión de diciembre de 2018 a abril de 2023, de la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. De los 60 feminicidios registrados durante este periodo, cinco se cometieron con arma de fuego; 12 fueron por golpes y 5 más con armas blancas. Los 38 restantes se desconocen debido a que la Fiscalía no informó la modalidad del delito. No obstante, la doctora Verónica Montés de Oca señala que las aproximaciones y estimaciones oficiales que se tienen actualmente sobre los feminicidios en mujeres adultas mayores son subestimadas, pues podrían tratarse de muchos más y en muchas ocasiones no se registran
como es debido.
«Con la pandemia vimos un maltrato brutal hacia las personas mayores en estas residencias de cuidado a largo plazo, en estos centros y también en hospitales. Aquí se justifica el maltrato y la violencia en personas mayores y especialmente mujeres. Cuando una persona ingresa a un asilo por desgracia la esperanza de vida se reduce».
Dra. Verónica Montés de Oca. Trabas para clasificar el feminicidio en adultas mayores Desde los estudios de género como los que realiza el Observatorio de la igualdad de género de América Latina y el Caribe, que intentan buscar las causas por las cuales hay un incremento considerable de feminicidios en mujeres adultas mayores, aún es difícil llegar a resultados, datos y cifras fiables que nos den indicios de por qué han incrementado estos casos que, paradójicamente, las autoridades no declaran adecuadamente por diversas causas.
En palabras de la especialista en temas de envejecimiento de la población, sistemas de protección social, género y generaciones, “el meollo del asunto suele encontrarse en la declaración médica de la muerte de las mujeres adultas mayores”, en la negligencia del personal médico que muchas veces no declara adecuadamente la muerte porque existen de por medio “mordidas” que muchas veces las familias o personas involucradas proporcionan a estos profesionales de la salud para que en el motivo de la muerte no sea el adecuado: “A esto se le llama negligencia- enfatiza la especialista- “Es muy fuerte cuando pasa una omisión de la comunidad, del Estado y de los familiares”.
Ahumado a esto, la especialista enfatiza que tiene que haber una mayor revisión jurídica: “En caso de que alguna parte del proceso de la declaración de la mortalidad de una persona no sea correcto tiene que estar penalizado
y eso se tiene que recordar tanto a los médicos como en las instituciones de cuidados a largo plazo, en los hospitales, porque si no también entran en círculos de corrupción.
Deudas con las mujeres adultas mayores
La especialista enfatiza que es importante que las políticas públicas del nuevo gobierno estén encaminadas en cuidar verdaderamente a las mujeres y niñas en todas las etapas de su vida, con perspectiva de género que garantice sus derechos y oportunidades.
“Creo que estamos en un momento muy importante en el que por primera vez nuestra virtual presidenta electa toma como uno de los temas prioritarios en su agenda a las mujeres por principio y luego a las mujeres mayores, pero bueno, eso no significa que tengamos una perspectiva de género. Entonces debemos incorporar una perspectiva de género en todas las políticas que tengan que ver con hombres y mujeres y con poblaciones no binarias”.
Asimismo, enfatizó la importancia de mirar la situación de las mujeres en todas sus etapas desde distintas aristas, entre las que destaca tres: la feminización de la pobreza, la feminización del cuidado y la feminización del envejecimiento.
“Estos tres temas son importantísimos porque son las mujeres que están asumiendo los temas de los cuidados, quienes están de alguna manera tratando de salir de la adversidad y de la pobreza con todo lo que eso implica y obviamente la feminización del envejecimiento porque las mujeres mayores son en muchas ocasiones las más invisibilizadas”.
Por último, señaló que las políticas públicas tienen que tener una perspectiva de género, una perspectiva del curso de la vida y abatir el «edadismo (discriminación por edad) y el viejismo” que tanto daño le hace a una sociedad que cada vez envejece más y más.
DETERMINAN CONEXIÓN ENTRE ALCOHOLISMO Y VIOLENCIA CONTRA MUJERES
Arantza Díaz
Esta mañana dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional RESET Sobre Alcohol, a través de la cual, se puede evidenciar la relación que existe entre el consumo de alcohol y la violencia contra mujeres e infancias.
El 97% de la población mexicana, en esta encuesta dijo estar preocupada por la violencia contra las mujeres atribuible al consumo del alcohol, lo que evidencia cómo la ciudadanía reconoce a esta sustancia como uno de los vehículos para detonar la violencia, aunque no el único. No se exime de responsabilidad al agresor, pero sí se infiere que el uso de esta sustancia, aunado a un patrón de comportamiento misógino puede derivar en la generación de círculos violentos; reconociendo así, que el alcohol es catalizador, más nunca escudo para sustentar la violencia feminicida, sexual e infantil.
«El consumo del alcohol no sólo está vinculado a los actos de violencia, sino también, a su intensificación, la evidencia sugiere que el consumo del alcohol aumenta la incidencia y la gravedad de la violencia doméstica», señaló el vocero de Rasa, Sabines Arturo.
El dato general que se arrojó es que el 40% de las personas adultas en México consumen alcohol de forma excesiva y el 13.9% son juventudes. Sin embargo, al preguntar sobre el sesgo de género en estos números, el representante de RASA respondió a Cimacnoticias que el número se convierte en paritario durante la juventud, es decir, son las mujeres adolescentes quienes consumen con mayor cantidad de alcohol representando la mitad de los casos registrados.
El fenómeno de la adicción al alcohol en México se ha convertido en un problema sistémico que resulta incontenible para el Estado que, sólo ha realizado escuetos esfuerzos para contrarrestar este proceso que afecta a la población de nuestro país.
La última Encuesta Nacional de Adicciones realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía data desde el 2002, evidencia un importante vacío institucional en esta materia. De esto deviene, que la presentación de la Encuesta Nacional RESET Sobre Alcohol representa un parteaguas en México donde, además, se evidencia la relación del alcohol con la violencia de género. Presentada a través de organizaciones civiles como la Red de Acción sobre Alcohol (RASA) y Salud Justa, representada por la maestra Yahaira Ochoa, este informe subraya que este es un problema de salud pública que está permeando en el desarrollo social y económico de nuestro país que, además, aqueja la calidad de vida de
personas en situación de vulnerabilidad, especialmente, mujeres.
En este sentido, Cimacnoticias conversó con Yahaira Ochoa donde la especialista refirió una serie de problemas estructurales que enfrentan las mujeres con adicciones, atajando que resulta insostenible que continúen asistiendo a espacios como Alcohólicos Anónimos (AA), donde se presenta el acoso, evitando así, que puedan continuar sus programas contra la adicción.
No obstante, refirió que es un avance que se comience a hablar de perspectiva de género, evidenciando que las experiencias de hombres y mujeres poseen una fuerte división sexual.
Durante la presentación del informe, fue Yahaira Ochoa quien hizo especial hincapié en lo urgente que resulta contar con políticas públicas nacionales que posean una perspectiva de género y es que, se debe señalar, México no cuenta con una política nacional que atienda este problema multiestructural que sigue obstaculizando el derecho a una vida libre de violencia.
Paralelamente, el representante del poder del consumidor se unió a este llamado, señalando que, considerando la agenda de las mujeres que Claudia Sheinbaum Pardo se ha comprometido a llevar, no puede dejar de lado el tema de las adicciones al alcohol, un fenómeno violento que atenta con mayor recrudecimiento contra las infancias y mujeres.
Industrias alcoholeras
Uno de los ejes más importantes en esta discusión fue la responsabilidad de las industrias que se han encargado de normalizar el consumo del alcohol y de, según sus palabras, obstaculizar que el Estado desarrolle políticas de alto impacto para aminorar el consumo de esta sustancia.
Es a través de los espectaculares, la música, los medios de comunicación, la accesibilidad abaratada, los puntos de distribución tan cercanos –como tiendas de abarrotes-. que se ha producido una normalización sobre cómo consumir el alcohol es correcto, especialmente, si de diversión se trata.
Sin embargo, según refirió Yahaira Sánchez, la industria ha hecho to-
do lo posible para deslindarse de sus responsabilidades, culpabilizando siempre a las personas por no saber beber con medida e incluso, participando en campañas de prevención donde se lavan la cara, afirmó.
La especialista explicó que esta industria sabe bien que las mujeres son quienes beben en menor medida -en comparación de sus congéneresy por ello, se ha iniciado un trabajo masivo haciendo uso de los medios masivos de comunicación.
«Cuando se busca a una mujer empoderada en Google, lo primero que te sale es una mujer bebiendo alcohol», compartió Yahaira Ochoa en conferencia y continuó: «Hacen estrategias para invitar a las mujeres a que consuman y entonces, esta idea de mujer libre y fuerte, es vendida por la industria alcoholera. Cuando (la industria) ve que hay mayor inclusión al mercado laboral, que tienen mayor poder adquisitivo, saben que más mujeres consumen por este mismo estereotipo de libertad; la industria hace estos estudios para llegar a ellas».
Un ciclo de violencia
Se debe señalar es que existe un ciclo de violencia relacionado a la adicción del alcohol, algo que ya ha documentado la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016); el 15% de las mujeres han dejado a sus parejas – esposos debido a que él tenía problemas relacionadas al alcohol. Asimismo, el 20% de las mujeres casadas o unidas que sufrieron violencia de pareja indicó que este problema empezó o empeoró cuando él comenzó a beber alcohol con mayor regularidad. La ENDIREH, concluye en uno de sus apartados lo siguiente:
En México, el bajo nivel socioeconómico, la baja escolaridad y el consumo de alcohol por parte de la pareja son factores relacionados con la violencia contra las mujeres
Siguiendo la pista de este ciclo violento, se encuentra que el estudio Prevalencia y determinantes de violencia de pareja masculina en contra de mujeres mexicanas, escrito por Leonor Rivera, quien ha documentado que, en nuestro país, existe un
riesgo 3.5 veces mayor de violencia severa contra la mujer cuando el hombre es bebedor y es seis veces más probable que experimente agresión física durante la relación.
A nivel global, el 48% de los homicidios se cometen estando bajo los efectos del alcohol, según recoge el Global status report on alcohol and health and treatment.
Durante la conferencia de prensa, Cimacnoticias preguntó a Yahaira Ochoa si existen factores diferenciales en el inicio de estas adicciones, es decir, cuáles son los motivos por los que las mujeres comienzan a consumir alcohol.
En respuesta, la especialista refirió que, mayormente, las mujeres inician a beber por problemas emocionales como la depresión y a causa de habitar en contextos de violencia.
«El alcohol termina siendo para las mujeres en situación de violencia y maltrato, un mecanismo de salida para poder, digamos, liberarse, cuando no debería ser así. Sí son diferentes los factores»
En contraparte, la maestra de la FES Iztacala y el doctor en psicología de la UNAM, María Alejandra Salguero y Marco Antonio Toquero, han documentado en Los significados de ser hombre asociados al consumo de sustancias psicoactivas, la relación intrínseca que tienen los valores patriarcales y de virilidad con el consumo del alcohol: » Los varones usuarios de sustancias psicoactivas, construyen los significados de ser hombre interactuando con los discursos dominantes acerca de lo que significa ser varón», refiere la investigación.
La última pieza en este ciclo de violencia cae sobre las infancias, quienes viven los estragos de las adicciones de sus padres- madres o personas cuidadoras. Por un lado, se habla de violencia doméstica -abuso verbal, físico y psicológico- pero también, económico.
Esto último lo advierte la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA), refiriendo que las personas cuidadoras reducen tiempo y dinero al cuidado de la infancia, vulnerándolas aún más para acceder a una crianza respetuosa, amorosa y sin penurias. Al existir esta normalización del alcohol, entonces, las infancias en su paso por la adolescencia comienzan con el consumo temprano.
«El consumo a edades muy tempranas refleja hogares con hábitos poco favorables de la armonía familiar», refiere la RASA.
Constituyéndose así, una cadena social donde la violencia es el imperativo y el alcohol, el detonante. Con esto, se evidencia lo urgente de producir una política pública interseccional, por el interés supremo de la infancia y del acceso a una vida libre de violencia.
¿CÓMO RESUELVE EL TRIBUNAL ELECTORAL LAS CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON LAS ELECCIONES DE LOS CONGRESOS LOCALES?
En esta ocasión explicaré la manera en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puede intervenir en la resolución definitiva de los conflictos que tienen que ver con la integración de los Congresos de los Estados.
Recordemos que en la jornada electoral del 2 de junio último se renovaron todos los Congresos locales del país, con excepción del Congreso del Estado de Coahuila.
La renovación de 31 Congresos locales implicó la elección de mil 98 cargos de legisladores. Por ello también desde la perspectiva de las cámaras de diputaciones de las entidades federativas, las elecciones de 2024 fueron las más grandes en la historia de México.
La Constitución general de la República establece que los Congresos de los Estados deben tener un número de representantes proporcional al de los habitantes de cada entidad. Este número, en todo caso, no puede ser menor de siete diputados en los estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en los estados cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los estados cuya población sea superior a esta cifra.
Las legislaturas estatales deben integrarse con diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen
sus leyes. Estos mismos principios aplican para la legislatura de la Ciudad de México (artículos 116, fracción II, y 122, base A, fracción II, de la Constitución federal).
En principio, la resolución de las controversias que pueden surgir en torno de los resultados de las elecciones de las diputaciones locales corresponde a las propias autoridades administrativas y judiciales de las entidades federativas.
Sin embargo, una vez que se dictan las resoluciones jurisdiccionales finales en el ámbito local, pueden mantenerse las diferencias litigiosas. Nuestro sistema procesal electoral prevé juicios que pueden promoverse contra esas determinaciones, que son de la competencia del TEPJF. Recordemos que la Constitución federal dispone que el TEPJF tiene competencia para resolver las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades de los Estados para organizar y calificar los comicios, o resolver las controversias que surjan durante los mismos y que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones (artículo 99, fracción IV).
También establece que el TEPJF es competente para resolver las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar y ser votado (artículo 99, fracción V).
Las impugnaciones relacionadas con la integración de los Congresos locales tienen que ver con ambas competencias constitucionales del TEPJF.
Los inconformes pueden promover juicios para la protección de derechos políticoelectorales, si, por ejemplo, consideran violado su derecho de acceso al cargo. O bien, pueden promoverse juicios de revisión constitucional electoral para el caso en que se impugnen las resoluciones de las autoridades locales sobre la calificación de los comicios relacionados con estos cargos. Las Salas Regionales del TEPJF son competentes para resolver ambos medios de impugnación (artículos 83.1, b) y 87.1, b) de la Ley de Medios).
Ahora bien, una vez que las Salas Regionales se pronuncian sobre estos juicios, en contra de sus determinaciones puede abrirse una última, extraordinaria y definitiva instancia ante el máximo órgano del TEPJF, si se cumplen ciertos requisitos legales. La vía a través de la cual la Sala Superior puede intervenir es el recurso de reconsideración (artículos 25 y 61.1, b), de la Ley de Medios).
La reconsideración procede cuando la sentencia de la Sala Regional inaplicó una norma por su presunta inconstitucionalidad, cuando haya omitido el estudio de agravios de inconstitucionalidad, por haber interpretado de manera directa algún precepto de la Constitución, entre otros criterios.
Las sentencias en las cuales la Sala Superior resuelve las controversias relacionadas con elecciones sobre Congresos locales son, ahora sí, definitivas e inatacables.
A través de reconsideraciones, la Sala Superior ha decidido cuestiones trascendentales para los Congresos locales. Por ejemplo, el caso del análisis constitucional del sistema de representación proporcional para la asignación de curules en la conformación del Congreso del Estado de Michoacán (SUP-REC-1102/2018); o el caso en que analizó las asignaciones por el principio de RP en el Congreso del Estado de Zacatecas en el cual interpretó que el principio de paridad debía ceder frente a la necesaria protección reforzada de los derechos político-electorales de una persona con discapacidad (SUP-REC-1150/2018).
El TEPJF es el máximo responsable de resolver, en definitiva, los conflictos derivados de la jornada electoral del 2 de junio último. Los Congresos locales constituyen órganos representativos de las poblaciones de cada entidad federativa. En esa medida el TEPJF tiene una tarea fundamental para las instituciones deliberativas y para la adecuada conformación de los órganos que tomarán las decisiones legislativas en cada una de las entidades federativas de nuestra República mexicana. Que no haya duda en que estará a la altura de este histórico desafío.
Felipe de la Mata Pizaña*
EL FONDO DEL PROBLEMA
Javier Sicilia
Es innegable que desde hace mucho urgía una reforma del Poder Judicial. Lo exigía su opacidad, su corrupción y la ausencia de justicia que a lo largo de muchos sexenios se ha expresado en una impunidad que no desciende del 90%. Por desgracia llegó tarde y de la peor manera. La iniciativa, que forma parte de otras 19 enviadas por López Obrador a la Cámara de representantes el 5 de febrero y que estará o se habrá ya discutido cuando aparezca este artículo, tiene graves problemas de origen. Los pone de manifiesto el amplio informe que la Relatora Especial de la ONU emitió el 29 de julio. Dicho documento sostiene que de llegar a aprobarse la iniciativa del presidente sin modificaciones sustanciales se destruiría la independencia de ese poder del Estado. La elección popular de los jueces sin reglas claras, la creación de tribunales de disciplina judicial, la ampliación de las causales de juicio político, entre otras, sometería al Poder Judicial a los caprichos de la presidencia y del partido hegemónico.
Esto es verdad y habrá que esperar que la reforma avance por caminos que puedan acotar las ansias despóticas de un presidente al que el poder pudrió.
Pero aun si así fuera, el fondo del problema es mucho más grave y complejo. Por más profunda y seria que pueda llegar a ser la reforma al Poder Judicial –una reforma que dada su envergadura tardará mucho tiempo en aplicarse de manera plena–, no conducirá a nada sin una refor -
ma del mismo calado de las fiscalías, la otra cara de la justicia y el complemento de un buen aparato judicial. Algo que hasta ahora no ha sucedido. Las reformas que se le han hecho han sido meramente cosméticas y han redundado en una mayor opacidad y corrupción de las instituciones encargadas de documentar y perseguir el delito. Supongamos, sin embargo, que esa reforma se lograra. Tampoco serviría de nada, porque el problema de fondo no está en las instituciones vistas como particularidades, sino en el Estado mismo.
De entre todos los calificativos con los que se ha intentado señalar la inoperancia del Estado mexicano, creo que el que mejor lo define es el de un Estado capturado. Rehén de la corrupción, el clientelismo, el arribismo y el uso facciosos de la ley, el Estado que salió de la Revolución nació ajeno al derecho y sometido a la arbitrariedad. La transición democrática no lo corrigió. Construyó contrapesos políticos y sociales, pero nunca un verdadero Estado de derecho. Esta ausencia abrió brechas en el tejido social que permitieron a las redes y organizaciones criminales transitar con absoluta impunidad y capturar más a un Estado cuyas entrañas nacieron enfermas. La cuarta transformación de López Obrador, un remedo del Estado posrevolucionario, no sólo potenció la opacidad y la corrupción, cimentó también y por lo mismo el poder político y territorial del crimen organizado. Esta ya larga captura del Estado lo ha llevado a tales grados de descomposición que se ha vuelto ya imposible sa -
ber dónde empieza el Estado y dónde termina el crimen organizado. Si el Estado que surgió de la revolución nació siendo lodo, ahora es un lodazal. Tomado por la criminalidad se ha vuelto absolutamente incapaz de juzgarse y reformarse a sí mismo.
No quiero decir con esto que la reforma al Poder Judicial no deba hacerse. Se echó a andar y hay que terminarla e impedir que la iniciativa pase con todas sus aberraciones a la Constitución. De lo contrario, la captura del Estado se hará más vertiginosa, como lo ha mostrado la administración de López Obrador. Digo solamente que en las condiciones de captura a las que el Estado y el país han llegado, una reforma de esa envergadura servirá de muy poco si no se acompaña con una iniciativa que permita descapturar al propio Estado de su lógica criminal.
Desde hace mucho, varios académicos y organizaciones de víctimas y de derechos humanos hemos insistido en que la única manera de hacerlo es mediante la construcción y aplicación de una política basada en la justicia transicional que, como su nombre lo indica, permite transitar de un Estado capturado por formas y estructuras criminales a un Estado de derecho. Lo que implicaría el diseño y la construcción de dos grandes mecanismos extraordinarios de verdad y justicia independientes del Estado, coordinados por ciudadanos probos y acompañados por organizaciones internacionales. La iniciativa para llevarlo a cabo existe. Se creó con el respaldo de López Obrador cuando era presidente electo.
Pero, traicionada por él, quedó guardada en los archivos de la Secretaría de Gobernación y en los de los partidos políticos, a los cuales se les entregó mediante los legisladores de entonces. Habría que desempolvarla, discutirla, afinarla y echarla andar no sólo con el mismo ahínco con el que se ha publicitado, discutido y afinado la iniciativa de reforma al Poder Judicial, sino también con la misma dignidad y valentía con la que se ha defendido al INE y los cada vez más precarios equilibrios democráticos. De no hacerse, la captura del Estado se hará, si no más vertiginosa, sí más honda y no habrá reforma, por más perfecta que sea, ni defensa de las instituciones que pueda refundarlo y llevarnos a la justicia y la paz que tanto necesita el país. Por desgracia, hace mucho que los medios de comunicación y nuestros mejores analistas políticos perdieron de vista el fondo del problema y con él la posibilidad de trazar un camino correcto para crear un Estado de derecho. Mientras no miren ese fondo y actúen en consecuencia, lo que hagan para crear un Estado de derecho estará destinado al fracaso como lo han demostrado los últimos 24 años. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.
ANÁLISIS A FONDO: ¿Y ENTONCES, PARA QUÉ SIRVE EL 130?
Francisco Gómez Maza
• Los obispos violentan la Constitución y las leyes
• Tienen prohibido inmiscuirse en asuntos políticos
Qué tienen que hacer los obispos metiéndose en los asuntos políticos y gubernamentales, o ando consejos a las autoridades jurisdiccionales del INE y del Tribunal electoral, cuando lo tienen prohibido por el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Qué dice el Artículo 130 de la Constitución. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, por aquel axioma evangélico que dice dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, enseñanza excelsa de Jesucristo a sus apóstoles y seguidores. Eso lo entendió claramente el Indio de Guelatao, que llegó a ser Presidente de la República y uno de los fundadores del Estado mexicano desde su posición de defensor de la tesis de la separación de la Iglesia y el Estado porque los obispos no tienen ningún derecho de administrar los asuntos temporales ni el Estado puede, ni debe, inmiscuirse en los asuntos de Dios. Se supone que únicamente orienta las normas contenidas en el Artículo 130: “Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.” El culto público tiene que estar legislado por las Cámaras de Diputados y de Senadores, de manera exclusiva. De acuerdo con la ley reglamentaria del Artículo 130 constitucional, que será de orden público, desarrollará y concretará diversas disposiciones como las siguientes:
1) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas, una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas;
2) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas;
3) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos, así como los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley;
4) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados.
5) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.
Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas, cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.
La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley.
Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado.
Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas, en los términos que
establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. Las autoridades federales, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley. Hasta aquí está muy claro para los obispos y sacerdotes que su influencia no tiene que trasponer los muros de los templos y los límites de la conciencia de cada feligrés y de la conciencia de los sacerdotes y miembros de la clase episcopal. y los obispos de toda jerarquía no pueden, les está prohibido, inmiscuirse en asuntos de carácter político gubernamental. Recordar la forma y los contenidos de la Ley que norma la conducta que deben seguir los religiosos ante el Estado, sus tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, es primordial porque a los obispos, y algunos sacerdotes y monjes y monjas siempre “se les olvida” que el Artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les prohíbe inmiscuirse en política, asunto que sólo compete a los ciudadanos y a los integrantes de los partidos políticos y autoridades de los tres órdenes de gobierno. El recordatorio viene a cuento porque la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que actúen con responsabilidad y congruencia (dicen los prelados) al designar a los diputados por representación proporcional y evitar una “injusta sobrerrepresentación”. “Es esencial que en este proceso se respete tanto ‘la letra’ como
‘el espíritu de las Leyes’. (¿las están respetando los obispos?) Esto implica, agregan, evitar una injusta sobrerrepresentación de algunas fuerzas políticas. Recordemos que la Constitución ha establecido un equilibrio entre los legisladores de los distintos partidos y coaliciones, y este equilibrio debe ser honrado y mantenido”, señalan los obispos sin tener ningún derecho a recordárselo a quien sabe quién. Además, los obispos se dan el lujo de advertir que, si dichas instituciones no respetan “el espíritu” de lo que mandata la Constitución y la ley, se estaría debilitando la democracia en el país. Y se atreven a definir la democracia; “La democracia debe ser real y no solo formal. Es imprescindible considerar tanto “la letra” de la Constitución Mexicana y las leyes electorales, como ‘el espíritu de las leyes’. Debemos evitar caer en legalismos que traicionen los motivos que dieron origen a dichas legislaciones, pues esto debilitaría nuestra democracia. También solicitaron a las autoridades del gobierno federal que se abstengan de cualquier tipo de intervención o presión sobre las autoridades electorales en las decisiones pendientes. Exhortaron a todos los partidos políticos a actuar con congruencia, respetando tanto “la letra” como “el espíritu” de las leyes, “comprometidos con el propósito de lograr un Congreso verdaderamente representativo para todos los mexicanos”.
La CEM hizo un llamado a los mexicanos para unir fuerzas y voluntades, y mantenerse atentos a la conformación de un Congreso que refleje fielmente la pluralidad de nuestra sociedad. “Confiamos en que las autoridades electorales, en el ejercicio de sus facultades, velarán por una representación equilibrada que respete tanto a “las mayorías” como a “las minorías”, evitando así cualquier distorsión que pudiera afectar la integridad de nuestra democracia. Como ciudadanos comprometidos con nuestra democracia, es nuestro deber mantenernos informados, participativos y vigilantes”, señaló. Que caraduras de los obispos.
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