Chiapas vive hoy día las peores condiciones de violencia e inseguridad, que ante la presunta licencia del Rutilio Escandón como gobernador, se corre un riesgo mayor al nombrar un gobernador o gobernadora de manera interina PAG. 2
Las condiciones de inseguridad han provocado que en entidades y municipios se cancele la celebración de las fiestas patrias.
Esto no debe de menospreciarse, pues una veintena de municipios tienen graves problemas, Y sobre todo, tienen contratados a grupos que interpretan narcocorridos, odas a la delincuencia.
Manifiesta la CIDH grave preocupación por aprobación de reforma judicial
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este jueves su grave preocupación por la aprobación del proyecto de reforma constitucional al Poder Judicial en México
EVENTO Presenta IEPC libro conmemorativo del 30º aniversario del órgano electoral chiapaneco
CARTELERA POLÍTICA
Leonel Durante López
ANÁLISIS A FONDO: LA OPOSICIÓN NO ENTIENDE QUE NO PUEDE IMPUGNAR Francisco Gómez Maza
LA EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO
Julieta del Río
REFORMA AL PODER JUDICIAL Y TELECOM Jorge Bravo
LAS NIÑAS NO DEBEN SER MADRES. HISTÓRICO LITIGIO CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL EN CENTROAMÉRICA
Arantza Díaz
Adelantar el inicio del próximo gobierno
Chiapas vive hoy día las peores condiciones de violencia e inseguridad, que ante la presunta licencia del Rutilio Escandón como gobernador, se corre un riesgo mayor al nombrar un gobernador o gobernadora de manera interina, por eso la mejor decisión que puede tomar el actual gobernador es enviar una iniciativa de ley para acortar los términos de su período y definir nuevas fechas para el inicio y conclusión del gobierno de Chiapas. Dicho en otros términos, es conveniente aprobar una ley que señale que la fecha de conclusión del gobierno es el 15 de octubre y el inicio del nuevo gobierno es el 16 de octubre y no el 8 de diciembre como está estipulado. Esto evitaría que haya en Chiapas un interregno prolongado, en donde no hay gobierno y el inicio de un nuevo gobierno sea imposible establecer por cuestiones constitucionales. La ley en Chiapas ha sido manoseada en innumerables ocasiones, que una modificación como la que se propone adquiere una relevancia significativa,
porque eso busca evitar un desastre mayor de la inseguridad en el Estado, debido a que ningún gobernante por días va a tener capacidad, y sobre todo legitimidad, para intentar modificar el grave desorden social que existe y que en la celebración de las fiestas patrias puede agudizarse aún más. Para bien de todos, Rutilio Escandón debe adelantar su salida, pero esta debe ser concertada con el adelanto del inicio del próximo gobierno, debido a que un interinato de 50 ó 60 días puede ser fatal para la seguridad de la entidad y de difíciles consecuencias para el inicio del próximo gobierno, aún y con la legitimidad con la que iniciaría, esto debido a que los vacíos de poder que existen en Chiapas los ha aprovechado la delincuencia organizada para ampliar su dominio y control del territorio, en donde se ha perdido en algunas regiones la funcionalidad del Estado y ésta ha sido sustituida por el crimen organizado. En apariencia, con la detención del presunto delincuente denominado “El Peligro”, lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación, se establecen nuevas bases para la pacificación
de Chiapas y se abre la posibilidad de reconstruir una nueva hegemonía con el Cártel de Sinaloa y como consecuencia de ello, un diferente accionar del Estado, donde éste represente el orden y la autoridad en la entidad, esto no es posible realizar con un gobierno interino, debido a que éste no puede garantizar un orden y mucho menos la continuidad de la política, por eso ante la inminente salida de Rutilio Escandón, lo más conveniente es adelantar el inicio del gobierno que va a encabezar Eduardo Ramírez Aguilar. Chiapas vive un prolongado interregno, en donde, por la indiferencia del actuar de Rutilio Escandón no hay gobierno y éste ha sido sustituido por la delincuencia organizada, que actúa con impunidad, debido a que las dependencias responsables de la seguridad han sido infiltradas y existen funcionarios que trabajan y protegen las actividades de los cárteles, situación que complica aún más las condiciones de Chiapas, en un posible interinato o que Rutilio Escandón decida concluir el tiempo de su período. En ambas situaciones Chiapas pierde.
DIRECTOR GENERAL José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL Franni Gudiel A.C
Secretaría de Salud aplicará Ley Seca durante Fiestas Patrias
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
Con fundamento en el Reglamento de la Ley de Salud del estado de Chiapas en materia de control sanitario de establecimientos que expendan o suministren bebidas alcohólicas, la Secretaría de Salud de Chiapas determinó la aplicación de la “Ley seca” con motivo de las fiestas patrias, los días 15 y 16 de septiembre.
La dependencia estatal aprobó que esta medida entrará en vigor a partir de las 12:00 horas del 15 de septiembre hasta las 13:00 horas del 16 de septiembre; esta disposición del horario es de carácter general y aplicativa para todos los municipios de la entidad, incluidos aquéllos que hayan firmado el Convenio de Colaboración Administrativa en materia de vigilancia y control de horarios y días de funcionamiento de los establecimientos dedicados al almacenamiento, distribución, venta y suministro de bebidas alcohólicas.
Asimismo, señaló que de conformidad con lo estipulado en el artículo 115 de la Constitución Política, los municipios están facultados para llevar a cabo las medidas de seguridad necesarias para hacer cumplir las leyes establecidas, por lo que dentro de su competencia pueden exhortar a los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas a apegarse a la
Asimismo, señaló que de conformidad con lo estipulado en el artículo 115 de la Constitución Política, los municipios están facultados para llevar a cabo las medidas de seguridad necesarias para hacer cumplir las leyes establecidas, por lo que dentro de su competencia pueden exhortar a los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas a apegarse a la normatividad en la materia
normatividad en la materia.
De acuerdo con el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Salud del
estado de Chiapas, “queda estrictamente prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas… en
todas aquellas fechas que a criterio de la autoridad administrativa estatal o municipal sean necesarias”.
Se pronuncia FNLS por la Reforma al Poder Judicial
Óscar Gómez/ Corresponsal San Cristóbal de Las Casas.
El Poder Judicial en México se ha convertido en un instrumento que refuerza la opresión hacia el pueblo trabajador, siendo parte integral del sistema de Estado burgués. Los ajustes recientes en esta institución no representan un cambio genuino que pueda beneficiar a las clases oprimidas. En lugar de corregir las injusticias sociales, se mantiene su esencia represora al aplicar un estado de derecho que protege los intereses oligárquicos. Estas reformas aparentan modernizar el sistema judicial, pero en realidad, no desafían la estructura de poder que favorece a las élites económicas y políticas, señaló el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).
“La naturaleza clasista del Poder Judicial se fundamenta en la burguesía, la clase dominante que con-
trola el poder político y económico. Por más que se hable de reformas, estos cambios no buscan modificar su esencia opresora. Los intentos de embellecer la institución solo sirven para legitimar su control sobre el pueblo trabajador. Sin remover las raíces del problema, cualquier reforma será superficial y seguirá garantizando el dominio de la clase dominante”, aseguran en un comunicado.
Asimismo, afirman que un ejemplo claro de esta manipulación es la propuesta de elegir jueces por voto popular, que, aunque parece democrática, no soluciona las necesidades más urgentes del pueblo. “Este tipo de iniciativas sólo agilizan casos menores mientras archivan aquellos que tocan los intereses de las cúpulas políticas, económicas y militares. La corrupción y la injusticia continuarán prevaleciendo en la estructura judicial, favoreciendo a las élites en
lugar de al pueblo”.
“El papel de Morena en este contexto tampoco ha demostrado ser una solución real. Después de seis años en el poder, el partido no ha logrado acercar la justicia a las víctimas de los crímenes de Estado ni ha enjuiciado a los responsables de las violaciones a derechos humanos. La
aprobación de la reciente reforma judicial, que contó con el apoyo de figuras cuestionables como la familia Yunes, es prueba de que los intereses de la burguesía siguen dominando. Estos acuerdos políticos garantizan la impunidad a criminales de Estado, profundizando la injusticia social en México”, finalizaron.
Enfermedades del corazón aquejan a la población chiapaneca
Miguel Martínez. Tuxtla Gutiérrez.
De acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR); en los primeros tres meses de este 2024, se reportó un aumento anual de 19.49 %, en las muertes registradas de personas que tienen a Chiapas como residencia habitual, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De acuerdo al INEGI, de enero a marzo de 2024 se registraron nueve mil 300 defunciones de personas que tenían a Chiapas como residencia habitual. En el mismo periodo de 2023, el registro fue de siete mil 487 y en 2022 de siete mil 434 personas en la entidad.
Se mantiene la tendencia de las Enfermedades del Corazón como la principal causa de muertes de los chiapanecos, el cual ha cobrado la vida de mil 693 personas, 762 mujeres y 931 hombres.
La diabetes mellitus es la segunda causa de muerte en Chiapas, ha cobrado la vida de mil 168 personas; esta enfermedad afecta más a mujeres que a hombres, cobró la vida de 658 mujeres y 509 hombres.
La tercer causa de muerte de los chiapanecos son los tumores malignos, han generado que 899 personas pierdan la vida, también son las mujeres las más afectadas con 513 fallecimientos, frente a los 386 hombres.
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, llevó a cabo este jueves la presentación del libro “30 años delineando la democracia en Chiapas”, para conmemorar el trigésimo aniversario de este organismo electoral local; la edición consta de 12 capítulos que reflejan una remembranza, no sólo del paso del tiempo a través de la suma de años, sino de la evolución y el fortalecimiento de la democracia en el corazón de esta entidad federativa, y cuyo prólogo es autoría de Margarita Luna Ramos, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los textos que integran esta obra se dividen en dos partes: la primera con las intervenciones del Magistrado del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña; de la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y presidenta del Consejo Directivo de la AIEEF, Yanko Durán Prieto; del fiscal especial de delitos electorales en la Fiscalía Especializada en Mate-
De acuerdo al INEGI, de enero a marzo de 2024 se registraron nueve mil 300 defunciones de personas que tenían a Chiapas como residencia habitual. En el mismo periodo de 2023, el registro fue de siete mil 487 y en 2022 de siete mil 434 personas en la entidad
Por lo contrario, las enfermedades del hígado, han generado más
muertes a hombres que a mujeres, con 371 y 197 decesos respectiva -
mente. Posicionada como la cuarta causa de muerte en la entidad.
Presenta IEPC libro conmemorativo del 30º aniversario del órgano electoral chiapaneco
ria de Delitos Electorales de la FGR, Gerardo García Marroquín; de Gilberto Pablo De Hoyos Koloffon, ex titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León; de Gabriela D. Ruvalcaba García, Directora de la Escuela Judicial Electoral del TEPJF; y de Roselia Bustillo Marín, secretaria de estudio y cuenta en la Sala Superior del TEPJF.
La segunda parte consta de los testimonios de la consejera presidenta provisional María Magdalena Vila Domínguez, de la consejera Sofía Martínez De Castro León, del consejero Edmundo Henríquez Arellano y de las consejeras Teresa de Jesús Alfonso Medina, Helena Margarita Jiménez Martínez y Gloria Esther Mendoza Ledesma.
En su mensaje de apertura, la consejera presidenta provisional María Magdalena Vila Domínguez dio la bienvenida con un mensaje en el que
resaltó que este órgano electoral ha pasado por etapas de aprendizaje, crecimiento y fortalecimiento, demostrando un alto sentido de compromiso y responsabilidad social, ga-
rantizando en los últimos dos procesos ordinarios y dos extraordinarios, elecciones transparentes y certeras, en donde el voto de la ciudadanía chiapaneca se ha respetado.
Por inseguridad, Coca Cola cierra bodega en Morelos
De la Redacción Ciudad de México
(apro)
La empresa refresquera Coca Cola cerró su bodega en Puente de Ixtla, Morelos, lo que fue confirmado por Eduardo Medina Carvajal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA).
La semana pasada, ocho camiones de Coca Cola fueron plagiados en Amacuzac, los productos y el dinero en efectivo fueron robados, además los conductores fueron privados de su libertad por varias horas.
“Con el fin de garantizar la seguridad de nuestros colaboradores, y en respuesta a la situación de inseguridad por la que está pasando la comunidad de Puente de Ixtla en Morelos, en Coca-Cola FEMSA hemos decidido suspender temporalmente nuestras operaciones en los diferentes canales de la zona. Reanudaremos nuestras actividades una vez que las condiciones de seguridad estén aseguradas”, se lee en una presunta comunicación interna de FEMSA en mensajes de WhatsApp, que no han sido confirmados.
De forma pública, ni las autoridades ni la misma empresa han comunicado la situación con respecto a la bodega, pero Medina Carvajal confirmó la información a medios de comunicación. “Desafortunadamente por el tema de seguridad (...) que ha repercutido
Aaron Ibarra Culiacán, Sin. (apro)
El gobernador Rubén Rocha Moya anunció la cancelación del festejo del Grito de Independencia en Culiacán, luego de que por cuarto día consecutivo la violencia mantiene sitiada la capital del estado junto a tres municipios más.
Rocha explicó que si bien mantienen operativos, se decidió para resguardar a la ciudadanía la cancelación del evento del domingo 15, con las presentaciones de la familia Aguilar.
“Por ello, quiero anunciar que hemos resuelto que el festejo del Grito del 15 de septiembre va a ser suspendido, no habrá festejo alguno ni público, ni privado. Siempre tenemos que recordar que el mes de septiembre es el mes de la Patria y que el 15 de septiembre se celebra esta Patria nuestra con el Grito de la Independencia”, dijo en
La semana pasada, ocho camiones de Coca Cola fueron plagiados en Amacuzac, los productos y el dinero en efectivo fueron robados, además los conductores fueron privados de su libertad por varias horas
también en varios sectores, lo que es el tema del cierre de varias empresas”.
El presidente de CANACINTRA lamentó el cierre de empresas en diferentes estados, derivado de la inseguridad y apuntó que es un problema de carácter nacional, no sólo estatal.
Medina Carvajal indicó que aún no se sabe a cuánto asciende el
número de trabajadores que quedaron sin empleo y dijo que tendrán que hablar con FEMSA para obtener el dato.
Esta semana, en las carreteras morelenses se pudo observar la salida masiva de camiones de la refresquera. En redes sociales han circulado videos de las largas filas de vehículos.
Se van por COBRO DE PISO
Morelos De manera extraoficial, empresas cierran sus cedis y sucursales por cobro de piso por cuenta del crimen organizado.
Coca-Cola y Aurrerá son algunas empresas que toman esta decisión. pic.twitter.com/tbOjUH78Qz — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) September 12, 2024
Rubén Rocha cancela grito del 15 de septiembre por ola de violencia en Sinaloa
un mensaje difundido a través de sus redes sociales.
Apenas el miércoles 11, el gobernador terminó por admitir que en Culiacán sí existe una batalla entre grupos criminales, estos, adjudicadas a las facciones de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y de Ismael “El Mayo” Zambada García.
Estos enfrentamientos se han trasladado también a los municipios de Elota, Cosalá y San Ignacio, los cuales mantienen un cerco junto a Culiacán con cancelación de actividades productivas y educativas.
El gobernador informó además de la cancelación de clases para estos cuatro municipios hoy jueves
12 y mañana viernes 13, haciendo un llamado a la población a mantenerse atentos a los canales de comunicación.
El consentimiento sexual, ¿es un mito?: Rosa Cobo y Luisa Posada
Arantza Díaz Ciudad de México. (Cimacnoticias)
¿Qué entendemos por el consentimiento sexual? Sin importar cuáles son los escenarios donde las mujeres se involucran sexualmente, el consentimiento se convierte en el eje principal de un debate feminista que cuestiona qué hay detrás del mito de consentir, su relación con el patriarcado, el capitalismo y por supuesto, la violencia.
Es la teórica feminista Rosa Cobo quien se da a la tarea de hilar en La ficción del consentimiento sexual, la manera en que los sistemas políticos y de opresión han hecho uso del término «consentimiento» para violentar y difundir la idea de que la causa última del movimiento es la libertad sexual, alejándose así, la lucha esencial contra el patriarcado que gesta todas las asimetrías que nos atraviesan, incluyendo, las violencias sexuales.
Durante la Feria del Libro de Madrid, este año Rosa Cobo, acompañada de su igual, la teórica feminista Luisa Posada se reunieron para discutir cuáles son los objetivos de la agenda feminista actual y por qué es urgente quebrar con la idea de que el consentimiento sexual se basa en un: Sí quiero.
Rosa Cobo en la Feria del Libro presentando «La ficción del consentimiento» Foto: Captura de pantalla vía Youtube
Consentir y ceder: La línea de la violencia
¿El que una mujer ceda para un encuentro sexual es igual a consentir?
De esto parte la primera intervención de Rosa Cobo, quien sostiene que el consentimiento es muy polisémico y es que, puede eludir diversos escenarios.
«Para el feminismo, consentir se refiere a un acuerdo entre 2 personas cuyo acuerdo está mediado por el deseo. Hay otro concepto que muchas veces puede confundirse y es el ceder, no es lo mismo, la cesión implica un allanamiento del cuerpo, cuando no hay deseo, el cuerpo es forzado y cuando es forzado, se traduce en un trauma».
Rosa Cobo
Al respecto, Luisa Posada ataja que es necesario siempre recordar que el consentimiento es bilateral, no es solo desear, sino que este deseo nazca desde ambas personas, porque si no existe este deseo, entonces hablamos de una tercera pieza en este rompecabezas y que se alimenta de la violencia sistémica que viven las mujeres; un huequito donde se anida el patriarcado.
Esta última parte de la triada del encuentro sexual, se basa en una modalidad que utiliza el consentimiento como escudo para vulnerar y que persigue fines extractivistas sobre el cuerpo de las mujeres a cambio de otros bienes solo porque ellas así lo consienten, pero no tiene el deseo.
«Después de ceder y consentir, viene una tercera modalidad que se sale del consentimiento, que es aquella que está mediada por la fuerza, la agresión o el dinero, pero en todo caso, cuando desaparece el deseo, desaparece el consentimiento» (Rosa Cobo)
Y entonces, ¿en qué momento el sistema se aprovecha de esta tercera modalidad para vulnerarnos bajo la idea vendida de que existe un concepto único de «consentimiento»? Ambas teóricas llegan a la conclusión de que esta conversación no es novedosa, pues de hecho, se ha abordado el tema desde los 80s y los 90s, del siglo XX, donde se refiere que existen autores interesados en mantener vigente el discurso del «consentimiento».
Por un lado, el patriarcado quiere llamar consentimiento a lo que es una cesión, dice Rosa Cobo, el capitalismo quiere hablar de consentimiento sexual para convertir el cuerpo de las mujeres en un mercado sexual y que se traduce en la pornografía, por ejemplo.
Desde el feminismo, la teórica plantea que el movimiento cuestiona cuáles son las causas y razones para que podamos decir que existe el consentimiento, fuera de la visión patriarcal y capitalista, encontrándonos así, con un debate interesante que cuestiona: ¿Puede haber consentimiento en una sociedad donde es manifiesta y explícita la desigualdad?
Mujeres y teóricas radicales como Catherine MacKinnon, por ejemplo, sostienen que mientras el patriarcado exista, el consentimiento femenino se fundamenta en dos grandes mentiras:
El pretendido empoderamiento femenino que se basa únicamente en la sexualidad
La falsa libertad que tienen las mujeres para decidir con quién o cómo quieren tener sexo; la decisión se sustenta en una negociación entre pares y en igualdad de condiciones, una premisa incoherente si se habla del privilegio masculino por encima de las mujeres, obstaculizando así, que el consentimiento sexual sea una realidad.
Por su parte, en el conversatorio Rosa Cobo y Luisa Posada señalan una línea diferente, pues si bien reconocen las asimetrías producto del sistema patriarcal, la desventaja y los actores que se aprovechan del falso consentimiento, también apuntan a que las mujeres son individuos capaces de consentir a
lo largo de su vida y que sí existen encuentros sexuales donde el deseo y la igualdad están de por medio, para ellas, el negarle a la mujer esta facultad, es negarle su capacidad de ser sujetas.
Sin embargo, estos casos son minoritarios y específicos, soltando así, el siguiente argumento:
Si no hay libertad, no hay consentimiento.
En el libro «La ficción del consentimiento sexual» de Rosa Cobo, se aborda una diferenciación necesaria para entender la problemática central y que consta de saber que el consentimiento y el consentimiento contractual no es lo mismo.
Desde el siglo XVIII, se refirió por primera vez que solo habría legitimidad en las relaciones si los individuos consentían de forma explícita, incluyendo así, la hipótesis de que los individuos son los propietarios de su cuerpo.
Por ejemplo, la teórica señala que, en aquellos años, había personas que no tenían riquezas, ni bienes, ni propiedades, sin embargo, tras este pensamiento político, el sistema pautó que lo único que se tenía era el cuerpo y que con este, se podía hacer lo que se quisiese: «Lo puedes comprar, vender o alquilar«.
«El consentimiento sexual por parte del capitalismo y patriarcal, es heredero directo de la idea del individuo como propietario, y de ahí, encuentra su lugar de legitimación la prostitución y la pornografía. El feminismo sostiene que aquí no está el cuerpo y allá el individuo; el cuerpo es el individuo y los cuerpos no se pueden vender, ni alquilar. Ese elemento es crucial para poder definir lo que es el consentimiento sexual.»
El consentimiento sexual no siempre es un “sí” absoluto, y es ahí, donde se esconde la diferencia con el consentimiento contractual del que se habla desde el siglo XVIII.
Por ejemplo, el consentimiento contractual es el sufragio femenino, ese es irrevocable y está movido por un deseo que no cambia con el tiempo. Mientras tanto, el consentimiento sexual es diverso, pues existen momentos donde las mujeres consienten, pero solo hasta cierto momento o ciertas prácticas, incluso, es posible que, a mitad del momento, las mujeres decidan que no quieren continuar.
Por ello, explica Rosa Cobo, prácticas irrevocables como la grabación de pornografía o los vientres de alquiler,
vendidos como “contractuales”, no son, en esencia consentidos; no hay forma de detenerlo, cambiarlo y decir: Basta, no lo deseo más.
La agenda feminista actual Los retos que hay en la agenda son múltiples y en las últimas dos décadas, el movimiento se ha diversificado y caminado hacia objetivos diferentes; teorías queer, trans, de disidencias, enfocadas en medio ambiente -ecofeminismo- y demás posturas que, si bien luchas válidas e importantes de reconocer, Rosa Cobo sostiene que el feminismo debe de formar pactos políticos y recordar que la causa última del movimiento es abolir el patriarcado, sistema que propicia todas las violencias sobre las personas sin importar su diversidad.
Paralelamente, se identifican tres puntos medulares de la agenda política contemporánea:
Eliminar la idea de que el libertarismo sexual es la agenda del feminismo; el feminismo busca abolir la violencia sexual, pelear contra la pornografía y la trata, para entonces, conseguir la libertad para decidir y consentir
Separar el feminismo de la nueva izquierda que solo instrumentaliza con el movimiento y que no intenta entenderlo: «Solo quiere que hagamos el trabajo sucio», dice Cobo.
Un tema urgente es todo lo que tiene que ver con el trabajo, desde la precarización, la feminización de la pobreza y la visibilización del trabajo que se hace en el hogar
«Es probable que vengan tiempos muy duros y las mujeres que estamos en el feminismo tenemos que tratar de expulsar las descalificaciones y los insultos, tenemos que trabajar las ideas y unirnos», concluye Rosa Cobo.
Por su parte, Luisa Posada añade otro punto sustancial: La violencia feminicida, que ante el panorama actual, la teórica recuerda a Rita Segato que acoge el término «femigenocidio«.
Señalando, además, casos como el de México donde se asesinan a 10 mujeres al día, según el INEGI, para Posada, la violencia de género debe de ser uno de los puntos más importantes -si no es que el más importante- en la agenda política del movimiento feminista.
«La agenda feminista tiene problemas sobrevenidos, la desigualdad económica, la violencia material, la física, la violencia de los asesinatos, esto no lo podemos olvidar y en algunos países es tremendo como en México donde más de mil mujeres fueron asesinadas el año pasado.
Otro problema es la explotación reproductiva de las mujeres pobres y otro, es reivindicar el sujeto político feminista, hay que seguir reivindicando esa genealogía feminista que nos dote de memoria y con ello, de futuro.» (Luisa Posada)
Presentan en el Congreso de EU proyecto de resolución contra el Plan C de AMLO
De la Redacción Ciudad de México (apro)
Dos congresistas estadunidenses presentaron una resolución en la que expresan su “profunda preocupación” por las reformas constitucionales propuestas por el presidente
Andrés Manuel López Obrador, para lo que pidió a los votantes dar a su partido Morena la mayoría calificada en el Congreso, lo que el propio mandatario llamó el “Plan C”.
Greg Stanton, demócrata de Arizona, y María Elvira Salazar, republicana de Florida, propusieron una resolución bipartidista relacionada con la reforma judicial, la desaparición de organismos autónomos y la reducción del tamaño de instituto electoral, propuestas por López Obrador el 5 de febrero pasado.
La propuesta de los legisladores estadunidenses fue presentada antes de que el Senado de México aprobara la reforma judicial que establece la elección popular de ministros, magistrados y jueces.
“Como estado fronterizo, Arizona se beneficia de muchas maneras de nuestra estrecha relación con México. Sin embargo, estoy profundamente preocupado de que las reformas constitucionales propuestas que pondrán en peligro este interés económico y de seguridad compartida, en particular los compromisos asumidos en el T-MEC y los esfuerzos para contrarrestar la delincuencia transfronteriza”, afirmó el representante Stanton, de acuerdo con un comunicado publicado en su página web.
“Nuestra resolución bipartidista pide respetuosamente a nuestros homólogos mexicanos que sopesen estas preocupaciones a medida que avanzan”.
“Las reformas propuestas por el gobierno actual amenazan con llevar a
De la Redacción Ciudad de México (apro)
La compañía de calificación crediticia de bonos comerciales y gubernamentales, Moody’s Ratings, publicó un reporte en el que advirtió que la reforma al Poder Judicial podría afectar la posición económica y fiscal de México y, por tanto, su calificación crediticia, al debilitar los controles y contrapesos institucionales.
De acuerdo con Moody’s, la incertidumbre jurídica generada por la enmienda podría afectar a los sectores que requieren concesiones e inversiones grandes, como la minería y las telecomunicaciones. Esa última también podría ser afectada por la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), como parte del “Plan C”.
Además, en el reporte se señaló que la reforma podría impactar las negociaciones del Tratado México, Estados
El representante demócrata Greg Stanton, quien en julio se reunió con Claudia Sheinbaun, presentó junto con la republicana María Elvira Salazar una propuesta en la que expresa su preocupación por la reforma judicial y la desaparición de órganos autónomos
México de vuelta a los días de gobierno de un solo partido”, dijo a su vez la representante Salazar.
“México es un importante aliado y socio de los Estados Unidos; debemos mantener nuestro compromiso de garantizar la independencia del poder judicial mexicano de los ataques populistas”.
Integrante del subcomité para América Latina de la Cámara de Representantes, Stanton formó parte del grupo de legisladores estadunidenses que en julio pasado se reunió con la entonces virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Incluso, Stanton publicó una imagen en la que aparece junto con Sheinbaum y el senador por Arizona Mark Kelly. Durante el encuentro del 16 de julio hablaron sobre la asociación entre México y Estados Unidos para abordar la seguridad fronteriza, el agua, el nearshoring y otros temas, según afirmó en su cuenta de X.
Today @SenMarkKelly and I met with President-Elect @ClaudiaShein in Mexico City to discuss our two countries’ partnership in addressing border
security, water, nearshoring and more. As a gesture of goodwill, we presented her with a book by Arizona’s poet laureate Alberto Ríos. pic.twitter.com/ UXcCOwKWxe — Rep. Greg Stanton (@RepGregStanton) July 16, 2024 Más recientemente, el demócrata de Arizona compartió las preocupaciones de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, sobre la reforma judicial.
La resolución
El punto de acuerdo propuesto por Stanton y Salazar plantea que la Cámara de Representantes manifieste su preocupación porque las reformas constitucionales propuestas tendrían un impacto negativo a largo plazo en las instituciones democráticas, la separación de poderes, la independencia y transparencia judicial y la seguridad de México, al tiempo que socavarían su sistema electoral, la Guardia Nacional y los órganos de control;
Además de la reforma judicial, el proyecto de resolución se refiera a las reformas que proponen eliminar la supervisión autónoma de la política
de desarrollo social y la educación, las industrias de la energía, los hidrocarburos y las telecomunicaciones, así como del organismo de transparencia.
También se refiere a la prohibición al maíz genéticamente modificado y la reducción del tamaño, la capacidad de supervisión y la autoridad del Instituto Nacional Electoral (INE), aunque esta última iniciativa fue desechada por la legislatura pasada a reserva de ser complementada.
Stanton y Salazar buscan que el Congreso estadunidense exprese su profunda preocupación por el hecho de que las reformas constitucionales puedan contradecir los compromisos adquiridos en el Acuerdo Comercial MéxicoEstados Unidos-Canadá (T-MEC), poniendo en peligro intereses económicos y de seguridad críticos compartidos por Estados Unidos y México.
También subraya que varios aspectos del paquete de reformas socavan los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y México para fortalecer el Estado de Derecho, combatir el crimen organizado y hacer frente al azote del fentanilo y el fentanilo y el tráfico de personas y armas, entre otras prioridades bilaterales. La resolución se basa en una carta bipartidista que Stanton dirigió la semana pasada y suscrita por una decena de miembros del Congreso estadunidense al secretario de Estado Antony Blinken y a la Representante de Comercio de EU Katherine Tai, en la que se exponía la preocupación de que las reformas propuestas podrían violar los términos del T-MEC.
Reforma judicial podría socavar la calificación crediticia de México, advierte
Unidos, Canadá (T-MEC), que será revisado en 2026. De hecho, los cuestionamientos sobre la reforma judicial y la desaparición de los organismos autónomos por parte de ambos vecinos del norte ya se hicieron llegar.
Las cúpulas empresariales de Canadá y Estados Unidos pidieron a sus embajadores en México que advirtieran a este país de los riesgos del “Plan C” con respecto a los acuerdos comerciales y las inversiones.
“La preocupación de los inversionistas por la incertidumbre jurídica y los procesos judiciales sesgados han contribuido a la volatilidad a corto plazo de los indicadores financieros mexicanos, como el tipo de cambio. Una aversión prolongada al riesgo probablemente ampliaría los diferenciales guberna-
mentales, lo que aumentaría aún más los costos de endeudamiento y las tasas de interés locales, ya de por sí elevados, y presionaría la asequibilidad de la deuda, ya que los gastos por intereses consumen una gran parte de los ingresos”, advirtió Moody’s.
En junio pasado, el presidente An-
drés Manuel López Obrador anunció que impulsaría su reforma al Poder Judicial antes del término de su mandato, y desde entonces la posición del peso mexicano en los mercados internacionales se ha mantenido volátil hacia la depreciación, incluso tocando la marca de las 20 unidades por dólar.
De la Redacción Ciudad de México (Tribuna)
Mientras Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncian que la Reforma Judicial ya es legal y se encuentra “blindada”, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, asegura que aún hay mecanismos legales para revertirla. “La esperanza muere al último”, señaló.
La ministra se reunió con estudiantes de universidades públicas y privadas, con los que comentó que hay mecanismos de los cuales se puede echar mano para frenar la implementación de la reforma, aunque no puede hablar a detalle, porque ella misma estaría encargada de aplicarlos.
La ministra dijo que “es muy probable que pueda llegar a través de algún mecanismo, amparo, acción, controversia” para frenar la reforma.
“No puedo pronunciarme sobre ciertos temas, porque si yo me pronuncio estaría impedida para resolver esos temas. Más en esta situación, que es muy probable, como la mayoría saben, que pueda llegar a través de algún mecanismo, amparo, acción, controversia.
Ha habido una discusión en cuanto al contenido sustancial de la norma constitucional, si puede ser objeto o no de estos mecanismos de control constitucional o únicamente los pro-
Aún hay mecanismos para frenar la Reforma Judicial: Norma Piña
cesos legislativos, pero no me puedo pronunciar. Ese sería el esquema a través del cual”, adelantó.
Las declaraciones de la ministra dejan en claro que dentro de la SCJN hay rutas jurídicas trazadas para impedir la implementación de la reforma al Poder Judicial y que, a diferencia de otras reformas, es probable que no se aborde la invalidación por el ángulo del proceso legislativo mal aplicado, que fue el recurso que se usó en otros momentos.
Se recordará que justamente esa clase de fallos le ganaron a la SCJN la ira del oficialismo, que acusó que el
SCJN pone fin al paro que inició contra la reforma judicial
también la aprueben, el presidente la promulgue y publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Poder Judicial se arrogaba funciones de legislador, lo cual fue refutado por numerosos expertos, pero igualmente siguió siendo uno de los argumentos para las campañas de ataques contra la Corte y su presidenta.
Norma Piña aseguró que, contrario a lo que afirma el gobierno federal, la reforma afectará a las personas más vulnerables. “Eso no me queda duda, y los argumentos, el derecho que conocemos, los tratados, quién sabe si sigan siendo instrumentos útiles para obtener justicia”, ante el nuevo escenario que viene. Se trata de un retroceso en materia de justicia.
“La esperanza muere al último. Yo siempre he pensado el derecho no es de los abogados, el derecho debe impartirse en todas las carreras porque es el conocimiento de tus derechos como ciudadano…”, indicó.
Luego de reiterar que, como ha dicho en otros momentos, ella nunca se postulará como candidata, dijo que cada ministro habrá de decidir si participa en el nuevo sistema.
“Los que no estemos de acuerdo hay un transitorio que dice que, si no te vas a postular, entonces antes del cierre de la convocatoria tienes que renunciar y quedarte trabajando, pese a que ya renunciaste, para preparar todo esto de las elecciones, si quieres tener un haber de retiro”.
Y felicitó a los estudiantes por su movilización. “Los quiero felicitar, a todos y a cada uno de ustedes porque es muy importante que los jóvenes, los estudiantes, se involucren en el país que tenemos, que queremos.
Desgraciadamente, se está dando con motivo de esta reforma, pero si esta reforma también sirve o sirvió para que salgan, luchen, tengan en alto sus principios, sus valores, en lo que creen, sirvió de algo”.
“El Mayo” Zambada se presenta este viernes ante la corte federal en Brooklyn
J. Jesús Esquivel Washington (apro)
Ismael “El Mayo” Zambada García, capo de capos y jefe de una fracción del Cártel de Sinaloa, se presentará mañana viernes 13 de septiembre ante la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, para la presentación de cargos de narcotráfico en su contra.
La oficina de prensa de la Corte neoyorquina informó que El Mayo Zambada será presentado ante el juez magistrado James Cho, ante quien con toda seguridad se declarará “no culpable” de los delitos que le imputan en el súper encausamiento judicial develado en febrero pasado.
muerte la causó una sobredosis de las drogas sintéticas con fentanilo que desde México envió a Nueva York. Por las acusaciones de conspiración para traficar cocaína y drogas sintéticas, en un juicio y de ser declarado culpable, El Mayo enfrentaría una condena de cadena perpetua.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó que reanudará labores el próximo 17 de septiembre luego de la aprobación de la reforma judicial.
En sesión privada y por mayoría de votos los ministros determinaron el fin de la inédita suspensión de labores que iniciaron desde el pasado 3 de septiembre debido a las protestas de los trabajadores de la Corte que se oponen a la reforma judicial.
La medida fue acordada luego de que dicha reforma fue aprobada en el Senado de la República y se prevé que en los próximos días, luego de que la mayoría de los congresos estatales
La determinación de la Corte no implica el regreso automático del resto de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) que se mantienen en paro desde el 19 de agosto pasado.
De acuerdo con Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores, en los próximos días decidirán si continuarán con el paro hasta octubre, mes en el que está programada la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República, o si regresan a trabajar de cara al inicio del periodo electoral para designar a los jueces y magistrados federales.
El caso de Zambada García quien fue detenido en Santa Teresa, Nuevo México, el pasado 25 de julio junto a Joaquín Guzmán López, tras llegar al aeropuerto municipal de la entidad en un avión privado, fue traspasado de la Corte Federal de El Paso, Texas a la de Brooklyn.
El llamado capos de capos del Cártel de Sinaloa enfrentará en Nueva York las acusaciones de conspiración para traficar miles de toneladas de cocaína y cantidades notables de drogas sintéticas elaboradas con fentanilo.
Además de los delitos de trasiego de drogas, Zambada García en el encausamiento está acusado de lavado de dinero y de asesinato de varias personas cuya
Desde el año 2004 la pena capital quedó abolida en el estado de Nueva York. No obstante, el Departamento de Justicia tiene la potestad de solicitarla como condena para el caso de actos de terrorismo y de asesinos múltiples, como puede ser el caso del Mayo Zambada. El también llamado auténtico jefe de Cártel de Sinaloa tiene una carta a su favor, la de negociar con los fiscales federales del Departamento de Justicia el convertirse en testigo protegido a cambio de revelar la lista de políticos, funcionarios públicos, militares, policías y empresarios que tenía en su nómina de pagos de narco-corrupción.
La de este viernes será una audiencia de procedimiento ante el juez Cho que no se espera dure más que unos cuantos minutos, porque solamente le leerán los cargos que enfrenta y él se declarará “no culpable”.
Diana Lastiri
Ciudad de México (apro)
Manifiesta la CIDH grave preocupación por aprobación de reforma judicial
Roxana González
Ciudad de México, (Tribuna)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este jueves su grave preocupación por la aprobación del proyecto de reforma constitucional al Poder Judicial en México y advirtió sobre los posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho.
A través de un comunicado, el organismo de la OEA afirmó que ha recibido cuantiosa información de parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadoras de justicia sobre las posibles afectaciones que derivarían de esta reforma constitucional frente a las obligaciones internacionales de México.
“Según la información disponible, la reforma incluye el cese de autoridades judiciales mexicanas a ser ejecutado en fases entre 2025 y 2027 para dar paso a una elección popular de todas las personas juezas, magistradas y ministras del país”, dice.
Asimismo, consideró que lo precipitado de las modificaciones podría tener consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial. “Las críticas también señalan que no parte de un diag-
De la Redacción
Ciudad de México (apro)
El 1 de septiembre fue la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión. En este marco, ¿cuál es el perfil de las y los diputados y senadores?
Diputados
A la llamada Cámara baja, que consta de 500 legisladores, el nivel de estudios es el siguiente:
3.6% diputados no proporcionaron su nivel de estudios
2.4% tienen educación secundaria
6.4% nivel medio superior 2% son técnicos
59.4% concluyeron licenciatura 22% maestría
4.2% doctorado
De acuerdo con una investigación de la agencia Dinamic, intitulada “Reputación digital de partidos en el nuevo Congreso de la Unión y perfiles de legisladores que definirán el futuro del Poder Judicial”, entre las principales carreras de licenciaturas de diputados están Derecho, Ciencia Política, Ciencias de la Comunicación, Pedagogía, Sociología y Administración de Empresas, entre otras. También hay legisladores con formación en las cien-
“Según la información disponible, la reforma incluye el cese de autoridades judiciales mexicanas a ser ejecutado en fases entre 2025 y 2027 para dar paso a una elección popular de todas las personas juezas, magistradas y ministras del país”, dice
nóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia ni contempla cómo impactará en los procesos de elección popular la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del país”, añadió la CIDH en su comunicado.
A pesar de que reconoció que persisten desafíos en el acceso a la justicia en México que se traducen en altos niveles de impunidad y corrupción, subrayó que una reforma constitucional de esta envergadura debe conducirse en el marco de un diálogo amplio, debidamente informado y participativo que active, de buena fe, los mecanismos institucionales de participación ciu-
dadana con el fin de que los cambios que se adopten fortalezcan el respeto y garantía de los derechos humanos.
“En todo caso, una reforma comprehensiva del sistema judicial debería abarcar a otras instituciones encargadas de la impartición de justicia, como es la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y las defensorías públicas”, consideró.
Asimismo, advirtió que el proceso para la integración del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial podría comprometer su independencia.
“Si bien el Estado informó sobre una serie de diálogos nacionales para
garantizar la participación ciudadana en la reforma que ocurrieron entre el 21 de febrero y el 18 de abril de 2024, la CIDH observa que la celeridad en su tramitación está impidiendo considerar efectivamente las críticas de un sector de la ciudadanía, tal como lo demuestran las manifestaciones de las últimas semanas. En este mismo contexto, preocupa las descalificaciones públicas contra personas juzgadoras con motivo de sus opiniones por parte de las autoridades que están impulsando la reforma”, subraya el comunicado. Por último, instó a las autoridades mexicanas a asegurar que toda reforma judicial se realice de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia, y que responda a las necesidades de justicia expedita y efectiva para su población, sin discriminación.
Asimismo, pidió garantizar instancias de diálogo real, que asegure la participación de todos los sectores interesados. Con información de El Sol de México
Radiografía del Congreso: ¿Qué perfil, experiencia y nivel de estudios tienen los nuevos legisladores?
cias fisicomatemáticas e ingenierías, además de biológicas y de la salud. Además, entre los perfiles detectados se encontró a veterinarios, técnicos en hotelería, enfermería y programación, además de estilismo y diseño de modas, como algunas de las profesiones de los 500 diputados federales, quienes prácticamente la mitad de ellos (47%) carece de experiencia legislativa.
La investigación mostró que la edad promedio de diputados federales, hombres y mujeres, es de 48 años.
La legisladora más veterana es Ifigenia Martínez, de 99 años La integrante más joven, con 22 años, es Alma Monserrat Córdova. Ambas son representantes de Morena.
Senado
En la Cámara alta, la experiencia legislativa aumenta a ocho de cada 10 legisladores (82%) y su preparación académica es mayoritariamente el nivel licenciatura (66.40%), seguido de maestría (21.09%). La proporción de quienes tienen nivel de educación media y grado de doctorado coincide en 5.46% de los casos.
En tanto, la edad promedio de los senadores, hombres y mujeres es de 47 años. El legislador más veterano es José Antonio Cruz Álvarez Lima, de 82 años, representante popular de Tlaxcala. La más joven es Andrea Chávez Treviño, con 27 años, legisladora por Chihuahua. Ambos pertenecen a la fracción parlamentaria de Morena. Respecto al nivel de estudios, la investigación halló lo siguiente de los 128 senadores:
1.56% de senadores no proporcionaron su nivel de estudios
5.46% tiene estudios de nivel medio superior
66.40% cuenta con licenciatura 21.09% tiene al menos una maestría 5.46% posee doctorado
Entre las áreas de conocimiento formal de senadores figuran Ciencias Políticas y Administración Pública, Población, Desarrollo y Políticas Públicas, así como Derecho, Administración de Empresas, Arquitectura, Cirujano Dentista y Letras Hispánicas, entre otros.
El 17.96% de los senadores no tienen experiencia legislativa. Una cuar-
ta parte de los nuevos integrantes de esta cámara ha sido con anterioridad senador. El 47.65% al menos fue una vez diputado federal y 41.40% tiene experiencia en un Congreso local.
Animadversión digital
La agencia Dinamic detectó que los partidos políticos afines a Morena no son bien aceptados por los internautas, pues los señalamientos de animadversión hacia legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) superan seis veces a los de cordialidad, ya que mientras el rechazo a los integrantes de esa fracción parlamentaria en las cámaras se visibiliza en 41.72% de las conversaciones digitales, en 7.49% se evoca simpatía.
La oposición se deslinda: PAN, PRI y MC no acudirán a sesión del Congreso para validar la reforma judicial
Alexis Ortiz Ciudad de México, (Tribuna)
Los diputados y senadores de Movimiento Ciudadano (MC), del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no acudirán este viernes 13 de septiembre a las sesiones en las que se declarará constitucional la reforma al Poder Judicial.
Los legisladores de oposición harán el vacío a Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, como forma de protesta contra la premura y la ausencia de debate con la que se aprobó la iniciativa.
La reforma judicial fue aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado en cuestión de una semana, y después 20 congresos estatales aprobaron la minuta en poco más de 24 horas.
Al lograr superar la validación en 17 congresos locales, ambas cámaras convocaron a dos sesiones para este viernes, con el objetivo de declarar la validez constitucional de la reforma y enviarla al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Una primera sesión se llevará a cabo en el Senado a las 14:00 horas. Enseguida se realizará otra sesión en la Cámara de Diputados a las 17:00 horas.
PRI y MC rechazan acudir a sesiones de validez de la reforma judicial
La aprobación de la reforma judicial generó polémica debido a las protestas que se realizaron alrededor de los de-
Mathieu Tourliere
Ciudad de México (apro)
Pese a un voto dividido, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) invalidó este jueves la modificación de los estatutos del PRI impulsada por Alejandro Moreno Cárdenas para reelegirse en la presidencia nacional del partido hasta 2028, con lo que el árbitro electoral deja en vilo la permanencia del campechano en la dirigencia del tricolor.
Acto seguido, el político campechano anunció que impugnará la decisión del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y agregó que “existen criterios aprobados por la Sala Superior que legitiman nuestras decisiones internas”.
Con 7 votos a favor y 4 en contra –incluyendo el de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala–, el Consejo General aprobó la resolución tomada por la Comisión de Prerrogativas del INE en la mañana del martes
bates. En el Senado, y en congresos como los de Yucatán y Baja California, incluso trabajadores del Poder Judicial dieron portazo en los salones de sesiones para tratar de frenar la aprobación de la iniciativa.
La Cámara de Diputados tuvo que buscar una sede alterna para sesionar, debido a que trabajadores del Poder Judicial bloquearon todos los accesos al recinto en protesta.
En medio de ese ir y venir, y entre las manifestaciones en contra, la oposición en el Senado acusó a Morena de presionar a sus legisladores para que votaran a favor de la iniciativa. En la Cámara de Diputados la acusación contra el partido guinda fue la falta de quórum legal para realizar la sesión. Y en los congresos locales, PAN, PRI y MC criticaron la premura con la que se puso a votación el asunto.
Ante ese panorama, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI; Manuel Añorve, coordinador de los senadores, y Rubén Moreira, coordinador de los diputados federales, acordaron que los legisladores del partido tricolor no acudirán a las sesiones convocadas
para el día de mañana.
“Los coordinadores parlamentarios del PRI expresaron su desacuerdo con el desaseo del proceso legislativo en el Congreso de la Unión, al considerar que prevalecieron las presiones, las amenazas y la violencia, no solo contra los legisladores de oposición, sino también en contra de estudiantes y trabajadores del Poder Judicial que se manifestaron pacíficamente”, expresó el PRI en un comunicado.
Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, reiteró que las bancadas del partido naranja tampoco acudirán a las sesiones en las que se declarará la validez de la reforma judicial.
“Es una declaratoria de validez, es la fiesta del régimen, es el consumo del atraco a la nación y por lo tanto nosotros no vamos a acudir”, expresó el líder de MC en entrevista con medios.
PAN dice que aprobación de la reforma judicial “es uno de los procesos más oscuros”
En la sede del Senado de la República, las coordinadoras del PAN en las Cámaras de Senadores y Diputados
anunciaron que tampoco asistirán a las sesiones parlamentarias de este viernes.
La coordinadora de los senadores, Guadalupe Murguía, señaló que la decisión obedece a una convicción de que la reforma es ilegal e ilegítima: “Nunca debió de haber sido admitida a discusión y votación por las suspensiones que determinaron jueces de distrito en donde pedían eso: que cesara la posible discusión y votación”.
Asimismo, Murguía acusó a los diputados en la veintena de Congresos locales de validar la reforma sin cumplir con el proceso parlamentario, y darle luz verde de una manera “sumisa y atropellada”.
La legisladora enfatizó que buscarán impugnar la reforma por todos los medios posibles y señaló que se violaron disposiciones de la normatividad parlamentaria, ya que no tenían certeza de un quórum ni de la identidad de los legisladores en la sesión realizada en la sede alterna de Xicoténcatl, tras la irrupción de manifestantes en la sede principal.
“Es este uno de los procesos más oscuros que podemos recordar en la historia de México. Verdaderamente, durante este proceso, funcionarios públicos, incluso gobernadores, senadores incurrieron en extorsión, en amenazas, en compra de votos y en brindar inmunidad como patente de corso a cambio del voto”, acusó.
Asimismo, la coordinadora de los diputados, Noemí Luna, señaló que lo ocurrido en los últimos días refrenda la idea de que lo que ocurre en la actualidad es una “tiranía”. Con información de Animal Político.
El Consejo General del INE invalida la reelección de “Alito” Moreno en el PRI
pasado, la cual desechaba los acuerdos que “Alito” Moreno promulgó en la Asamblea Nacional del PRI del pasado 7 de julio para perpetuarse en el poder.
El debate giró en torno a la interpretación del artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos, el cual estipula que la elaboración y modificación de los documentos básicos “en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral”.
Un grupo de expresidentes del PRI, incluyendo Dulce María Sauri Riancho, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa Reza, había impugnado la modificación de los estatutos orquestada por Moreno y su grupo, con el argumento de que la Asamblea Nacional en la que se votaron los cambios se llevó a cabo el pasado 7 de julio pasado, es
decir, más de un mes y medio antes de terminarse el proceso electoral, que concluyó formalmente el 28 de agosto.
Los simpatizantes de Moreno y varios consejeros, incluyendo Guadalupe Taddei Zavala, argumentaron por su parte que los “actos sustanciales” del proceso electoral concluyeron tras la jornada electoral del 2 de junio, por lo que la modificación de los estatutos era válida.
Durante la sesión, Héctor Suárez Licona y Pablo Briceño Ángulo, representantes del PRI ante el INE, defendieron la reelección de su dirigente nacional. Briceño, integrante del círculo cercano de Moreno –de quien fue suplente en la Cámara de Diputados–, calificó la resolución de “afectación grave a los derechos de la militancia”.
“El PRI modificó sus documentos básicos cuando ya habían concluido las etapas de preparación y jornada electoral, por lo que no se incumple con los bienes jurídicos que propone la norma. No se afectan actos sustanciales del proceso electoral y en todo momento existió certeza; por tanto, debemos declarar la procedencia y legal de las respectivas reformas”, aseveró Taddei, quien aportó un voto particular para expresar su rechazo a la resolución.
LAS NIÑAS NO DEBEN SER MADRES. HISTÓRICO LITIGIO CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL EN CENTROAMÉRICA
Arantza Díaz
Norma, de 12 años pelea contra el Estado ecuatoriano; Fátima de 13 contra Guatemala; Lucía y Susana, de entonces 7 y 13 años, respectivamente, en contra del Estado Nicaragüenses; su vida ha estado marcada por la impunidad y el síntoma de una región rezagada en materia de una vida libre de violencia; hoy, sus nombres hacen eco, al representar un litigio internacional para hacerles justicia y dejar un precedente en América Latina y el Caribe: Las niñas no son madres.
Norma, Lucía, Fátima y Susana, las cuatro niñas fueron obligadas a llevar su embarazo hasta la etapa terminal, fueron violentadas obstétricamente y, además, forzadas a maternar.
Cada caso denuncia la culpabilidad de sus respectivos países y este paquete de casos ha sido llevado a la par, pues hay que apuntar que resulta imposible representarlas en conjunto, pues están sujetas a las legalidades de cada Estado, pero al llevar el mismo rumbo ante El Comité, se habla de que se gestará una resolución histórica a favor donde se señalará a 3 países de América Latina por su complicidad en el embarazo forzado y violencia en contra de estas niñas -actualmente, mujeres-.
Es por ello que se llevó a cabo en la capital de México, el evento auspiciado por Amnistía Internacional, el cual reunió al músculo feminista de las zonas conurbadas, Estado de México y la CDMX para discutir el panorama de violencias sistémica que atraviesa a las niñas de la región; las alarmas están encendidas, el embarazo forzado, el abuso sexual revictimizado, el avance de los grupos provida y los vacíos legislativos amagan los derechos de las niñas.
América Latina y el Caribe representan la segunda región a nivel global con las tasas más altas de partos de niñas menores de 15 años, sin embargo, según proyecta el Fondo de Población de las Naciones Unidas, no existe una certeza sobre la cantidad de niñas y adolescentes forzadas a gestar y dar a luz, pues aunado a los vacíos informativos – de registro, esto se colude con la cantidad de países de la región que son extremadamente punitivistas con la interrupción del embarazo.
Así, desde el Centro de Derechos Reproductivos, Planned Parenthood Global, Mujeres Transformando el Mundo, Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva y Surkuna Ecuador, organizaciones feministas por y para mujeres, se prepara para darle un gancho a los países de Ecuador, Paraguay y Nicaragua a través de un litigio presentado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Norma vs Ecuador
Norma vivía con su padre, un hombre que contaba con un historial de denuncias al haber abusado sexualmente de su prima. Por este hecho, se supondría que Norma sería puesta bajo protección bajo el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia de Ecuador; nunca pasó.
Así, a la edad de 12 años fue obligada a vivir con su padre y tras dos años de abuso sexual reiterado, Norma quedó embarazada. Pese a sus severas afectaciones a su salud mental e incluso, tentativas de suicidio, Norma fue forzada a llevar su embarazo a pesar de haber pedido a las instituciones que no quería saber nada del bebé; no quería ser madre.
Ecuador sólo consideraba el aborto en casos específicos como que estuviera en peligro la vida de la madre, sin embargo, como éste no representaba un riesgo para Norma, se le fue negado su acceso al aborto.
Norma no pudo volver a la escuela, pues no existía compatibilidad entre sus horarios educativos y su trabajo de cuidados con su bebé. Su agresor murió años después y Norma jamás recibió justicia por el abuso sistémico que ejerció el Estado ecuatoriano en su contra.
Fátima vs Guatemala
La madre de Fátima acudía a centros de cuidados con el objetivo de recibir educación y seguridad. Ahí, un hombre identificado por ser docente y miembro de la institución comenzó a violentar sexualmente a Fátima quien, en ese entonces, tenía 13 años; edad en la que inició su periodo de gestación.
La familia de Fátima inició un proceso de denuncia en contra del hombre, quien era respetado en la comunidad, sin embargo, comenzaron a amenazarles para que retiraran los cargos en su contra. El agresor jamás fue detenido.
Al igual que en Ecuador, en Guatemala no se contempla el aborto a causa de abuso sexual y sólo se accede a este derecho cuando está en peligro la vida de la madre. Fátima fue negada de obtener un amparo para la interrupción legal del embarazo.
Fátima, además, vivió revictimización por parte del personal médico quienes le decían que si le había gustado «abrir las piernas«, al momento de dar a luz, pues la niña de 14 años no
soportaba el dolor.
Se le forzó a cuidar de su bebé y hacerse cargo de él a pesar de señalar explícitamente que no deseaba verlo, ni ser madre. Asimismo, al intentar volver a su vida cotidiana y estudiar, la institución le negó el acceso, refiriendo que no se le aceptaría porque ya tenía un hijo y además, no estaba casada.
Las instituciones guatemaltecas violentaron de forma reiterada a Fátima; desde sus espacios de esparcimiento para las infancias, las instituciones educativas y sus hospitales. Hoy se lucha para que el Estado de Guatemala reconozca su culpabilidad en este caso, pero también, en los miles que se gestan en total impunidad en el país.
Lucía y Susana vs Nicaragua Lucía tenía 13 años y participaba en el coro infantil de la parroquia cuando iniciaron las agresiones sexuales por parte del sacerdote de su poblado. El agresor, la abusó de forma reiterada en diversas ocasiones y a la edad de 13 años, inició su periodo de gestación.
Tras enterarse del embarazo, la familia de Lucía denunció al sacerdote, sin embargo, la localidad les comenzó a revictimizar; Lucía era responsable de haber «seducido» al religioso.
La policía sabía bien dónde vivía el hombre, pues era bien conocido en el pueblo, sin embargo, a pesar de existir una orden de aprehensión, nunca fue detenido, ni procesado por su crimen.
En Nicaragua el aborto está penalizado bajo todas las circunstancias y por ello, Lucía fue forzada a llevar su embarazo a pesar de existir pruebas contundentes del abuso y sus intentos por terminar con su vida a causa de las secuelas emocionales que este proceso trajo consigo.
«Lucía no sólo espera que compartir su caso genere reparaciones que le permitan continuar con su proyecto de vida, sino también, que ninguna otra niña sea obligada a interrumpir su infancia por cuenta de una maternidad forzada», se señaló en conferencia.
Desde los 7 años, Susana fue violentada sexualmente por parte de su abuelo, un hombre temido en el pueblo por ser miembro de un grupo armado de la región.
A la edad de 13 años, Susana inició
su periodo de gestación y a pesar de que su abuela denunció el caso en 5 ocasiones, las comisarías rechazaban proceder. Así, Susana, sin ningún apoyo de legalidad, fue forzada a llevar su embarazo y ejercer la maternidad.
Tiempo después, Susana logró meter una denuncia penal, sin embargo, el Estado la abandonó y no obtuvo ninguna respuesta, hasta 4 años después, que le informaron: No se puede hacer nada a causa de los grupos armados de la zona.
Su agresor sigue en libertad y teme de forma constante por su vida, se mantiene a la expectativa y desea que el Comité haga justicia en su caso, pero también, ponga la lupa en lo que está sucediendo en Nicaragua.
México: Aún penalizando el aborto en Códigos Penales Locales y sin una estrategia clara contra el embarazo infantil
En México, se registraron durante 2022 un total de 7 mil 255 nacimientos que tuvieron como madres a niñas de entre 10 y 14 años, siendo desglosado de la siguiente forma:
De 10 a 14 años: 15.5%
De 15 a 19 años: 29.59%
De 10 a 19 años: 45.10%
A pesar de que, a comparación de otros países de la región, México ha dado pasos importantes en materia de derechos sexuales y reproductivos, como la despenalización del aborto a nivel federal como mandato de la Suprema Corte de Justicia -y que aún, la mitad de las entidades siguen sin acatar-, se demuestra que el Estado aún no blinda a las niñas y adolescentes mexicanas.
Las niñas siguen maternando, el abuso sexual es una pandemia incontenible y los programas de educación sexual son endebles.
Este fenómeno no debe ser observado desde lo particular, sino entendido como un fenómeno sistémico e interseccional que atraviesa con más violencia a las mujeres precarizadas o pertenecientes a comunidades indígenas – afro.
“En términos globales, la cantidad de niñas, niños y adolescentes atendidas por violencia sexual en México durante 2023 ( 9,802 casos) se posicionó como la segunda mayor para un año desde que se tiene registro (2010) y duplicó el promedio anual de casos observados en el país entre 2010 y 2023 (4,247)”. (Red por los Derechos de las Infancias en México)
En ese sentido, el informe Violencia sexual contra la niñez y adolescencia en México (2019-2021) también destaca que “En México, las víctimas de violencia sexual de entre 1 y 17 años son principalmente mujeres; ellas representaban el 92.3% de las niñas, niños y adolescentes atendidas por esta grave violación a sus derechos a nivel nacional en 2023.
REFORMA AL PODER JUDICIAL Y TELECOM
Jorge Bravo
La aprobación de la reforma al Poder Judicial en México, que plantea la elección de jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante voto popular, ha generado un profundo y polarizado debate sobre sus consecuencias, en este caso en sectores estratégicos de la economía, como telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación (TIC) y el sector digital.
La reforma judicial, impulsada por el presidente López Obrador, busca “democratizar” el acceso a la justicia a través de la elección popular de las autoridades judiciales. Este enfoque radical ha suscitado preocupaciones sobre la captura política del sistema judicial. La elección de jueces llevaría a una politización del Poder Judicial, comprometiendo su independencia y capacidad para impartir la justicia y proteger los derechos fundamentales.
Estas industrias, altamente reguladas y con fuertes operaciones internacionales, requieren un marco jurídico predecible y confiable para atraer inversiones, fomentar la innovación y garantizar el acceso a derechos humanos, como el acceso a las TIC. Los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y digital dependen de una regulación estable que permita el desarrollo de infraestructura y servicios bajo un marco de competencia equitativa.
Esto se refleja en la creación de organismos constitucionales autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), cuyo objetivo es procurar la imparcialidad
y el correcto funcionamiento del mercado.
La elección de jueces y ministros de la SCJN a través del voto popular plantea desafíos, particularmente en la percepción de imparcialidad y especialización en la resolución de controversias altamente técnicas y tecnológicamente complejas que afectan a estas industrias definidas por la innovación.
Los litigios en telecom, radiodifusión, mercados digitales y competencia económica suelen implicar análisis complejos de normativas técnicas, competencia regulatoria, acuerdos internacionales, propiedad intelectual y protección de derechos fundamentales. La influencia de intereses políticos en la designación de jueces compromete la capacidad de estos tribunales para resolver disputas con objetividad y con el nivel de experiencia necesarios.
En cuanto al impacto directo, se generan condiciones de mayor incertidumbre en la resolución de controversias que involucren, por ejemplo, disputas por el espectro radioeléctrico, fusiones de empresas, licitaciones o la interpretación de cualquier normativa relacionada con lo digital. Esta incertidumbre puede disuadir a los inversionistas extranjeros de comprometer recursos en el país, ante el temor de una politización del sistema judicial y el costo regulatorio que implica.
Un aspecto clave es la posibilidad de que esta reforma judicial lleve al siguiente paso, la desaparición de organismos como el IFT y la Cofece, creados como parte de la reforma constitucional en telecomunicaciones de 2013 para garantizar un sector competitivo y promover el acceso universal a
servicios de calidad.
Dicha reforma establece, entre otras cosas, que los actos, omisiones o normas generales emitidos por estas instituciones sólo pueden ser impugnados a través de juicios de amparo indirecto, sin posibilidad de suspensión de los efectos. Esto otorga una protección jurídica robusta a las decisiones de estos organismos, refuerzan su autonomía y reducen la posibilidad de interferencia política.
A la pérdida de especialización de los jueces, la extinción del IFT y de la Cofece generaría un vacío institucional en la regulación y supervisión de sectores clave, y plantea dudas sobre qué entidades asumirían todas sus funciones. Un escenario es la transferencia de estas atribuciones a dependencias del Poder Ejecutivo, lo cual implica una reducción de independencia en las decisiones regulatorias.
Esto acarrea un incremento en la discrecionalidad del gobierno sobre temas técnicos y económicos, lo cual afecta la competencia y la neutralidad regulatoria. Además, la desaparición de estos órganos socavaría la confianza en la seguridad jurídica en áreas estratégicas como la infraestructura digital.
Aunque la elección popular de jueces y ministros de la SCJN no cambiaría la estructura legal existente, sí introduce riesgos. Las leyes que regulan las telecomunicaciones, TIC y la competencia económica podrían permanecer intactas en primera instancia, pero la interpretación de estas normas por parte de jueces y tribunales influenciados por dinámicas políticas o populistas alterarían su aplicación y efectividad.
A corto plazo, el impacto podría ser limitado en términos de cam-
bios normativos. Sin embargo, a mediano y largo plazos la influencia del voto popular en la designación de jueces generaría fallos judiciales inconsistentes o guiados por intereses políticos, lo cual debilita la certidumbre jurídica que tanto necesita el sector tecnológico y de telecomunicaciones. El resultado sería un sistema judicial menos técnico y más proclive a favorecer decisiones populistas.
La incertidumbre jurídica comenzaría a reflejarse en decisiones judiciales erráticas en casos técnicos y en estrategias legales populistas, afectando la confianza de los inversionistas. Existe el riesgo de que las decisiones judiciales se vean influidas por consideraciones políticas más que por criterios estrictamente legales, lo cual afecta la previsibilidad de las resoluciones.
La rotación de jueces y magistrados lleva a cambios en la interpretación de leyes, reglamentos y jurisprudencias, todo un ambiente de incertidumbre para las empresas del sector. La elección popular resulta en la designación de jueces con menor experiencia o conocimiento en temas de telecomunicaciones y competencia económica, lo cual ha llevado una década construir.
La previsible extinción de organismos autónomos como el IFT y la Cofece provocaría además un vacío regulatorio y un incremento en la discrecionalidad del gobierno. Esto afecta la neutralidad competitiva y la regulación independiente del sector tecnológico y de telecomunicaciones. Un sistema judicial politizado no es un escenario deseable al generar incertidumbre y comprometer la defensa de derechos digitales fundamentales.
LA EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO
Alo largo del tiempo se ha recibido un número creciente de solicitudes de información, que hasta el presente mes acumula poco más de 9 millones 800 mil. Para tener una mejor idea de este crecimiento, basta mencionar que del 2015 (año en que surge formalmente el INAI con autonomía) hasta el 2023 se han presentado 209% más solicitudes.
En el histórico, podemos observar que en 2003 se registraron 22 mil 903; en 2004, 35 mil 43; un año después 45 mil 444; para 2006 54 mil 401 solicitudes; 2007 cerró con 92 mil 643; 2008 con 131 mil 523; 2009, 240 mil 593; el 2010 con 251 mil 683; en 2011 278 mil 541 solicitudes; 280 mil 566 en 2012; y para 2013, 306 mil 152. Como podemos ver, hay un aumento gradual y sostenido, gracias a que la sociedad va haciendo suyos estos derechos. El 2014, año de la reforma en materia de transparencia, marcó un mayor crecimiento en solicitudes, debido a la autonomía y fortalecimiento del ahora INAI así como sus pares locales en las 32 entidades: 2014 cerró con 334 mil 648; 2015 con 365 mil 878, 2026 con 559 mil 997; 701 mil 300 en 2017; 707 mil 582 en 2018; 942 mil 590 en 2019; para un descenso de 735 mil 425 en 2020 y 854 mil 279 en 2021 (debido a la
pandemia); 2022 regresó la tendencia a la alza con 1 millón 110 mil 597; 2023 con 1 millón 131 mil 41, y en lo que llevamos de 2024 existen 702 mil 289 solicitudes de acceso a la información y protección de datos.
Toda esta información se encuentra alojada en la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta herramienta, que está bajo mi coordinación desde que asumí el cargo de comisionada, ha desarrollado diversas mejoras e incluso una nueva reingeniería que presentaremos el próximo 17 de septiembre. Presentaremos un entorno que facilitará a los usuarios el acceso a sus derechos a través de la inteligencia artificial y la experiencia de usuario.
Debido a que hay un mayor número de solicitudes de información como ya se mencionó, el INAI ahora ha tenido una mayor relevancia entre la sociedad mexicana. Esto se debe a que procesamos también un mayor número de casos cuando las instituciones no brindan la información a quien la solicitó.
En el histórico, las tres instituciones de las cuales recibimos mayor inconformidad por la entrega de información son el IMSS, la Cofepris y la SEP. Haciendo la comparación entre los recursos interpuestos por personas de enero a agosto de 2023 respecto al mismo periodo en 2024 se observa un crecimiento de
casi 12%, lo cual enfatiza que sin la intervención del INAI tendríamos una mayor afectación al derecho de acceso en el país. Finalmente, no quiero dejar de mencionar el reto que implica que más personas conozcan los organismos garantes y que en consecuencia impacte en un mayor número de solicitudes de información. Los datos más actuales que tiene el INEGI en la Encuesta Nacional de Acceso (ENAID) muestran que poco más del 25% de las personas buscan la información en los portales de transparencia. Adicionalmente, el nivel de confianza en la información gubernamental es mayor al 60%. Retomo como ejemplo una de las obligaciones más consultadas en la PNT como los “Sueldos y salarios de funcionarios públicos” que cuenta con el 64% de confianza. Este entusiasmo generalizado entre la sociedad por tener información de primera mano y fiable (incluso en los casos en que se les ha negado) nos ha permitido tener hasta un 64% de aprobación a la permanencia del INAI por parte de las personas encuestadas por un medio de circulación nacional.
La tendencia por hacer más solicitudes seguirá al alza, por lo cual el INAI debe continuar sus labores. Que nuestros derechos estén por encima de cualquier tendencia política.
Julieta del Río
ANÁLISIS A FONDO: LA OPOSICIÓN NO ENTIENDE QUE NO PUEDE IMPUGNAR
Francisco Gómez Maza
• El Senado avala hoy la reforma
• Víctimas de su avaricia política
Bueno. Así son los panistas. No se conforman con nada. Y lo peor de todo es que lo pierden todo. Para no ir más atrás, tan solo en este sexenio que está por concluir lo perdieron todo. Y no se dieron cuenta. Ganaron algo junto con el PRI. Y ahora perdieron totalmente la reforma electoral. Hicieron que ganara Morena dándole el voto que les faltaba, porque el voto para el oficialismo, el que aportó su senador por Veracruz, ellos lo propiciaron, y concretamente lo propició Marko Cortés Mendoza, el fracasado jefe nacional. Les ganó la avaricia política, Querían ganar, pero para avasallar a las mayorías, sin darse cuenta de que las mayorías ganaron todo, y lo que perdieron no les significó derrota. Pero los panistas, cabecillas del conservadurismo, de la reacción, de las derechas, de la organización secreta, El Yunque, no pueden darse cuenta de que no pueden darse cuenta de que no se dan cuenta. En esto de la reforma judicial, hasta la señora Norma Lucía Piña Hernández, la hasta hoy dueña del poder judicial, ahora en vías de democratizarse, ya se dio cuenta de que no había otra salida y de que la reforma constitucional que democratiza al poder judicial es en beneficio del poder judicial mismo, de
sus ministros, de sus magistrados, de sus jueces y de toda la estructura de impartición de justicia para todos, no sólo para los detentadores del capital. Es más, principalmente, ahora, a partir de que entre en vigor la reforma, impartición de justicia para los ciudadanos pobres, en defensa frente a la violación de sus derechos por las clases dominantes. Pero la dirigencia panista está ciega. No puede entender lo que entiende la mayoría de los mexicanos y muchos trabajadores y funcionarios de la Corte y del papel que juegan los jueces, los magistrados, los ministros. Y la dirigencia del PAN no acepta, no puede aceptar que la reforma judicial es buena para todos. Para los panistas la reforma judicial es ilegítima, espuria “y vamos a hacer valer medios de defensa legal para su impugnación. Por eso estamos concentrando todos los esfuerzos en trabajar la acción de inconstitucionalidad del partido, los jurídicos de amparo de nosotros y otras vías legales”. Sin embargo, tampoco se dan cuenta que toda reforma constitucional, avalada por 17 congresos estatales o más, es imbatible, no acepta ningún recurso de inconstitucionalidad, por ejemplo, Es una reforma constitucional y no una reforma legal. La oposición – los senadores por el pan, el mc, el pri dicen que no pueden
convalidar una reforma que están impugnando, Dicen que no pueden ir a la fiesta de celebración de una reforma que se obtuvo mediante el chantaje, compra de votos y amenazas. Pero los hombres más ricos de México opinan lo contrario, como los socios del millonario más reconocido, Carlos Slim Helú. Ahora (una vez avalada la reforma judicial) a trabajar #PorUnMexicoChingon’’, exclamó el millonario Elías Ayub, uno de los potentados socios del multimillonario Slim Helú. El funcionario de Teléfonos de México les hablaba a los opositores de la reforma judicial, algunos de los cuales están “muy preocupados” de cara al futuro inmediato del país y de sus habitantes, luego de que, en medio de una escandalosa reacción de las derechas, y de un golpe violento del poder judicial al poder legislativo. La reforma ya fue aprobada por mucho más de 17 congresos estatales, como lo ordena la ley, y por tanto ya es constitucional.
El líder de la mayoría en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que, ante tal panorama, el pleno de la Cámara de Diputados y el Senado sesionarán hoy viernes para hacer el cómputo final y realizar la declaratoria constitucional de la Reforma Judicial.
CARTELERA POLÍTICA
Leonel Durante López
• Si a 100 años estábamos mal en Chiapas, a 200 de la Federación, hoy estamos peor
• Oposición alista recursos para impugnar reforma judicial de Andrés Manuel
Este 14 de septiembre se cumplen 200 años de la Federación de Chiapas a México, pero hoy levantamos la voz para visibilizar el compromiso de México con Chiapas y de Chiapas con México, por un Chiapas más justo y equitativo en pro de los derechos humanos de todos, en particular con los oprimidos y marginados, haciendo efectivos los ideales libertarios y la voluntad libre y soberana convocados por el fulgor de la espada de nuestro ilustre liberal, Joaquín Miguel Gutiérrez; ideales que hasta la presente fecha, después de 200 años, no han tenido la respuesta anhelada que permita obtener un mejor nivel de vida de todos los chiapanecos.
Lo anterior, es un manifiesto de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Chiapas, y la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, leído por su presidente José Manuel Blanco Urbina.
Llegamos a los 200 años con un coraje y tristeza en nuestros corazones, por haberse mutilado el territorio de los chiapanecos con 160 mil hectáreas, que se perdieron en los límites con el territorio de Oaxaca, por gobiernos chiapanecos en funciones irresponsables y omisos.
Hoy asumimos la voz de los sin voz, de los chiapanecos, de los pueblos originarios, que exigen justicia, las voces desperadas de los que no tienen empleo ni esperanzas de encontrarlas, provocando la migración al interior del estado, provocando la migración al interior del estado, al interior de nuestro país y más aun hacia el extranjero.
Las voces indignadas de un pueblo en busca de mejores oportunidades para un pleno desarrollo industrial integral; un pueblo que no se resigna a vivir sin derechos, sin libertades y sin democracia, en un país de leyes que no se respetan ni se cumplen.
Estos compromisos los asumimos para coadyuvar a una política anticorrupción y cero impunidad, en un Chiapas harto de escuchar discursos vacíos y llenos de promesas incumplidas, de conocer enriquecimientos ilícitos de gobernantes de nuestro estado y de los municipios que se roban los dineros del pueblo; de conocer actos de corrupción e impunidad que nunca son sancionados, como son el tráfico de influencias
y consignas en la Procuración y Administración de Justicia.
Ante estos retos, urge establecer y cumplir las condiciones políticas y jurídicas reales para poner un coto a los privilegios, a los cacicazgos políticos, a la explotación y a los abusos de poder por el poder.
Urge evitar complicidades gubernamentales que impidan sancionar los actos de corrupción y de impunidad de gobiernos anteriores y en funciones, por el desvío descarado de los recursos del pueblo y así terminar con las tribus de parásitos sexenales.
Es por ello, que el destino de Chiapas y de los chiapanecos, lo debemos decidir los chiapanecos y nadie más
Hoy a 200 años de la Federación de Chiapas a México (18242024), José Manuel Blanco Urbina, lamentó el alto índice de inseguridad en el Estado.
Fustigó que mientras las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno hacen caso omiso a las demandas de protección de la población, señaló que los municipios con mayor incidencia delictiva se encuentran en las regiones de la Sierra, Frailesca, Meseta Comiteca Tojolabal y Costa de Chiapas.
El también presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, Organismo No Gubernamental, criticó que los gobiernos federales han permitido el aumento de la violencia, particularmente en municipios como La Concordia, Montecristo de Guerrero, Ángel Albino Corzo, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Pantelhó y Oxchuc, entre otros.
Muestra de ello, es la migración de habitantes de la Sierra hacia Guatemala, principalmente de los municipios de Amatenango de la Frontera y Mazapa de Madero, lo que ha incrementado
la psicosis, el miedo y la intranquilidad entre la población.
El 14 de septiembre de 1824, Chiapas se anexó a México como Estado Federal, después de que sus habitantes formalizaran su deseo ante el Congreso mexicano.
“Si a 100 años estábamos mal en Chiapas, a 200 años estamos peor: inseguridad, injusticia, impunidad y corrupción, con un sistema de procuración y administración de justicia que no cumple con las demandas de la sociedad”, afirmó Blanco Urbina.
Chiapas necesita un rumbo claro y certidumbre, con un gobierno federal, estatal y municipal democrático, fuerte, austero, eficaz y comprometido con la región.
“Hoy es el momento de la capacidad, la honestidad, la legalidad, la seguridad, de alcanzar la paz perdida, recuperar la confianza, cerrar las heridas y acabar con el odio”, concluyó.
Aún hay mecanismos para frenar la Reforma Judicial Luego que el Senado de la República aprobó la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial, los partidos de oposición anunciaron que alistan una lluvia de recursos de inconstitucionalidad y de impugnación para frenar el avance y la implementación de esta iniciativa.
Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, aseguró que la reforma al Poder Judicial comenzó “manchada”, pues cuestionó:
“¿Cómo es posible que una reforma en materia de justicia empiece con una injusticia de este tamaño?”, haciendo referencia al “secuestro” del legislador emecista Daniel Barreda, el único de los 128 senadores que no pudo participar debido a que su padre fue detenido en Campeche.
“Vamos a impugnar la reforma y vamos a hacer una denuncia de carácter internacional por las condiciones que se está legislando, entre comillas, en este país”, y agregó que “vamos a intentar echar mano de todos los recursos legales que podamos”.
Mientras Morena y el presidente López Obrador anuncian que la Reforma Judicial ya es legal y se encuentra “blindada”, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, asegura que aún hay mecanismos legales para revertirla. “La esperanza muere al último”, señaló.
La ministra se reunió con estudiantes de universidades públicas y privadas, con los que comentó que hay mecanismos de los cuales se puede echar mano para frenar la implementación de la reforma, aunque no puede hablar a detalle, porque ella misma estaría encargada de aplicarlos.
La ministra dijo que “es muy probable que pueda llegar a través de algún mecanismo, amparo, acción, controversia” para frenar la reforma.
Será posible que la ministra Norma Piña haga pasar un mal rato al viejo guango y a su recua de abyectos y lamebotas de Morena. Veremos.
Del Montón
Senadores y diputados de la oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no acudirán a la sesión ordinaria convocada para este viernes, en el Senado, para realizar el cómputo de los congresos locales que han aprobado la reforma judicial y con ello la declaratoria de validez constitucional. Los coordinadores de las bancadas albiazul, tricolor y naranja, Guadalupe Murguía, Manuel Añorve Baños y Clemente Castañeda, respectivamente, anunciaron la ausencia de los legisladores del bloque opositor a la “fiesta del régimen” oficialista. Por otro lado, desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno y los coordinadores de las bancadas parlamentarias, Manuel Añorve Baños y Rubén Moreira Valdez, anunciaron la decisión de no asistir a las sesiones legislativas convocadas para este viernes, “en las que el oficialismo busca de manera indebida promulgar la Reforma al Poder Judicial”. * * * Eso es todo por hoy, hasta el domingo próximo primero Dios con más de lo mismo.
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