¿A quién creerle y quiénes mienten? Chiapas vive una terrible realidad; vive una guerra entre cárteles y el presidente de la república y el gobernador del Estado, hacen todos lo posible a su alcance para ocultar y negar esta guerra PAG. 2
D O X A
La lucidez del gobernador y de su exsecretario de obras es extraordinaria.
Construyeron un puente en el Libramiento Norte para prever los daños y los problemas que se iban a generar con la formación del río en la temporada de lluvias. Sin embargo,los malquerientes van a expresar que el río se formó por culpa de esa obra.
Padres y madres calificaron el caso Ayotzinapa como un recordatorio de la deuda de justicia del Estado con el pueblo, por lo que su esclarecimiento es necesario para todas y todos
PROTESTA
Marchan normalistas de todo el estado en Tuxtla
DEMANDA Trabajadores del PJF exigen a la CNDH impugnar reforma judicial por violaciones al proceso legislativo
HOY ESCRIBEN
HISTORIA
¿Por qué hablar de un narcogobierno en Chiapas?
¿A quién creerle y quiénes mienten? Chiapas vive una terrible realidad; vive una guerra entre cárteles y el presidente de la república y el gobernador del Estado, hacen todos lo posible a su alcance para ocultar y negar esta guerra, y juntos han creado el falso discurso de que en Chiapas hay paz y tranquilidad, como lo han afirmado en innumerables ocasiones, incluso en la conferencia mañanera, en la que se insiste en desmentir la grave situación de violencia e inseguridad que hay en Chiapas, en donde los Estados Unidos han emitido cuatro alertas para no visitar lugares de Chiapas, en donde se recrudeció el desplazamiento de personas, debido al reclutamiento forzado que realiza la delincuencia organizada en comunidades de la región fronteriza de la Sierra, en donde la población civil es utilizada para establecer retenes en las carreteras y de escudo humano en los enfrentamientos con el ejército. En el mapa de conflictos en Chiapas, la violencia está presente en los municipios de la Sierra, en la Región Selva, en los Altos de Chiapas, en la
Región de la Frailesca, en Tapachula, y en el corredor Berriozábal-Ocozocoautla-Jiquipilas, en donde existen escenarios de disputa entre los cárteles, por el control del territorio, en condiciones de guerra que no se debe seguir ocultando por parte de las autoridades, sobre todo, por la infiltración que existe en todas las dependencias públicas responsables de garantizar la seguridad por parte de los cárteles, en el que la delincuencia organizada está aprovechando en las comunidades indígenas el discurso de los usos y costumbres y lo pervierte para obtener impunidad, como sucede en Pantelhó, Chenalhó y San Juan Chamula. Sobre esta guerra entre cárteles surge dos interpretaciones: una realidad que el gobernador Rutilio Escandón ignora y que no quiere mirar, en donde no dimensiona las consecuencias de su indiferencia y la inacción del gobierno y la otra, es la complicidad y participación de las acciones de la delincuencia organizada, en el que se mantiene a funcionarios señalados por sus vínculos con los cárteles, y se continúan recibiendo lo
sobornos para proteger el tráfico de personas y de drogas en Chiapas. Sin embargo, son muchos muertos y desaparecidos los que hay que cargarle a esta administración y alguien tiene que ser responsable de esta ausencia de seguridad que hay en la entidad, aunque con frecuencia el gobierno ha publicado boletines en el que se habla de saldo blanco, publicaciones que confirman que el gobernador no asume la responsabilidad de su cargo ni representa los intereses de Chiapas. En las últimas semanas se ha sabido de operativos realizados por las fuerzas armadas en Tonalá-Arriaga, en la Región de La Frailesca y recientemente en Tapachula, operativos en donde hubo detenciones y donde no fueron informados las autoridades de Chiapas ni la Delegación de la Fiscalía General de la República, lo que denota la desconfianza que hay en los mandos militares a los funcionarios en la entidad, quienes se convirtieron en parte del problema, ocasionado por la guerra entre los cárteles, que conduce al señalamiento de la existencia de un narcogobierno en Chiapas.
Por violencia, maestros se niegan a dar clases en Chiapas y dejan a más de 10 mil niños sin clases
Ernesto Jiménez
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
Debido a la ola de violencia que azota varios municipios de Chiapas, maestros de la zona de Los Altos decidieron que no regresarán a las escuelas, provocando una afectación a más de 10 mil niños y niñas que se quedarán sin clases.
Los docentes pertenecen a la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación, concentrados en los municipios de Pantelhó, Chalchihuitán, Chenalhó y Sabanilla, zonas en donde se han registrado constantes combates entre grupos criminales que se disputan el control territorial.
Aunque se tenía previsto que el regreso a clases para el Ciclo Escolar 2024-2025 arrancara el pasado 26 de agosto, un mes después aún no se encuentran las condiciones para que los estudiantes regresen a las aulas, lo que motivó las protestas de sus maestros para que se garantice su seguridad (de ellos y del estudiantado) dentro y fuera de las escuelas.
Alfonso López Etzin, representante del magisterio en la región, afirmó que son más de 10 mil las y los niños que no han podido tomar clases en un mes; afectaciones a las que se suman las amenazas recibidas por más de dos mil docentes que reciben amenazas a diario y que obligó a
El magisterio en Los Altos de Chiapas denuncia falta de maestros, adeudos de hasta dos años y una crisis de inseguridad que les impide regresar a las aulas
algunos a abandonar sus comunidades para no sufrir represalias.
López Etzin agregó que son las autoridades quienes están obligando a los maestros a regresar a las escuelas, sin tomar en consideración la violencia que existe en sus zonas de trabajo, además de recalcar que algunas escuelas tienen problemas de sobrecupo, falta de equipo básico y una estructura deficiente para la impartición de clases.
Además del tema de la seguridad y mejoras las condiciones de las escuelas de la región, los docentes incluyen en sus demandas la creación de más plazas de trabajo y el pago de sueldos caídos, acusan que a algunos de sus
compañeros les deben de uno a dos años de salarios.
Chiapas, sin maestros y con violencia
Esta mañana también se reportó una manifestación de integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) frente al palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez; ahí, los docentes afirmaron que desde el año 2018 vienen sufriendo por la falta de personal y adeudos de parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Juan Pérez López, coordinador de los maestros en la Zona de Los Altos de Chiapas, señaló que son al menos
100 las escuelas que no cuentan con los maestros suficientes para atender a la población estudiantil; agregó que a cerca de dos mil profesores interinos no se les ha pagado desde el año 2022. A esta situación se suma el clima de violencia que impera en Chiapas y que en los últimos meses provocó el desplazamiento forzado de cientos de familias que escaparon a Guatemala por los enfrentamientos entre el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Chiapas y Guatemala.
Justo cuando se tenía programado el regreso a las aulas, niños, niñas y docentes de un kínder en el municipio de Benemérito de las Américas tuvieron que suspender las clases por una intensa balacera que se registró en las inmediaciones del plantel.
A principios de septiembre se reportó que del millón 871 mil niños y niñas que regresarían a las clases en las 22 mil 742 escuelas de Chiapas, al menos 300 mil estudiantes de educación básica no pudieron asistir a las aulas por la ola de violencia que se extiende en municipios como Chicomuselo, Amatenango, Pantelhó, La Concordia, Ángel Albino Corzo y Berriozábal, por mencionar algunos. Con información de Infobae.
EZLN: “ni verdad ni justicia” a 10 años de Ayotzinapa
Gabriela Coutiño
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro).
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) manifestó que a 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acompaña en el sentimiento a los padres y madres de los estudiantes, porque no ha habido “ni verdad ni justicia”.
“Ni la más mínima empatía de quien tiene el poder sólo para alardear y presumir, más no para servir y resolver. El verdugo pretendiendo presentarse como víctima”, dijo en un comunicado difundido este jueves, firmado por el subcomandante Moisés.
El EZLN externó: “sabemos del dolor y la rabia de entender ahora que, no importa el color, allá arriba siguen el desprecio y la mentira. Nosotros, los pueblos zapatistas, creemos que tenemos en común con ustedes este sentimiento que sólo se encuentra en el corazón de quienes luchan”.
En el escrito dirigido a las madres,
padres, condiscípulos, compañeras y compañeros de los ausentes de Ayotzinapa, los zapatistas señalan que, en el camino, “se han encontrado con traiciones, con quienes sólo usaron su dolor para tener un cargo, una causa para cambiar de color en el gobierno o una paga”, mientras, “en los malos gobiernos sigue la mirada del cazador buscando a su próxima víctima.
“Sabemos que no sólo ha sido la esperanza de encontrar a quienes les faltan, lo que les ha movido, porque en estos años su dolor se ha extendido a los miles de familiares de las personas desaparecidas en este país. Y cada madre, cada padre, familiar, amistad, ha profundizado ese dolor hasta llegar a su lecho de rabia que busca y no encuentra”.
Para el EZLN, “llegará el día en que las figuras de quienes buscan sin descanso a quienes les hacen falta, de los padres y las madres de los ausentes de Ayotzinapa, de sus condiscípulos, de sus maestros, de sus familiares y
amistades, se asocien a dos palabras cuya ausencia real padece ahora esta geografía: verdad y justicia”.
Subrayan: “llegará el día en que ser estudiante, hombre o mujer, de una normal rural o de lo que sea, empleado, trabajadora, adulto o anciano, no sea motivo de persecución, de desprecio, de desaparición, de muerte”, pero para que ese día llegue, hay que seguir.
“Si no podemos heredar aún esa verdad, y esa justicia a quienes nos si-
guen en calendarios y geografías, sí podemos heredarles la rabia, la memoria y la dignidad necesarias para no rendirse, no venderse y no claudicar”.
A nombre de las mujeres, hombres, ancianos, niñas y niños zapatistas, el EZLN señala que “si no lo logramos, siempre habrá una noche de Iguala acechando a los de abajo, a su sangre joven, y siempre serán culpables de rebeldía. Si no hay verdad ni justicia, que no falten la rabia y la memoria”.
Eduardo Ramírez se reúne con autoridades electas de los partidos RSP y MC
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
El gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo una reunión de trabajo con Alfredo Ramírez Guzmán, Ricardo Aguilar Gordillo, así como presidentas, presidentes, diputadas y diputados locales electos de los partidos Redes Sociales Progresistas (RSP) y Movimiento Ciudadano (MC), con quienes acordó trabajar de manera coordinada para impulsar políticas públicas que beneficien el progreso del estado.
En ese marco, Eduardo Ramírez les pidió fortalecer el desarrollo de sus municipios y priorizar las obras de infraestructura en donde el beneficio sea directamente para la ciudadanía. “Debemos ratificar nuestra lealtad al pueblo que representamos y trabajar con compromiso para dar buenos resultados”, añadió.
Asimismo, les recalcó la importancia de planificar sus finanzas para asignar recursos a los rubros de cultura y deporte, permitiendo así impulsar a las y los jóvenes talentos para que destaquen en las diferentes disciplinas deportivas a nivel nacional. En el caso de las Casas de la Cultura municipales, se hará una reorganización incluyendo talleres de oratoria, poesía, pintura, entre otros.
De igual manera, el mandatario
En ese marco, Eduardo Ramírez les pidió fortalecer el desarrollo de sus municipios y priorizar las obras de infraestructura en donde el beneficio sea directamente para la ciudadanía. “Debemos ratificar nuestra lealtad al pueblo que representamos y trabajar con compromiso para dar buenos resultados”, añadió
electo convocó a las y los alcaldes electos a realizar acciones que permitan la disminución del analfabetismo, por lo que implementará
programas para cumplir con este objetivo.
Para finalizar, Ramírez Aguilar les exhortó a trabajar con mucha
dedicación y fortaleza por cada uno de sus municipios, ya que todos poseen una riqueza cultural para compartir con el mundo.
Marchan normalistas de todo el estado en Tuxtla
Este jueves normalistas de diferentes regiones del estado realizaron una marcha en Tuxtla Gutiérrez para conmemorar el décimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero.
Normalistas de diversas escuelas de la región y maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)- Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon para exigir justicia por los 43 estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa Guerrero a 10 años de su desaparición.
El secretario de organización de la sección 7 del SNTE, Gabriel Díaz Ordóñez , afirmó que esta marcha forma parte de las acciones en conmemoración del 10 aniversario de la desaparición de los estudiantes, a través de la cual alzan la voz para exigir al gobierno federal justicia y todo el peso de la ley contra los involucrados del caso de los estudiantes de Ayotzinapa.
Dijo que si el gobierno de la cuarta transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a dar respuesta a los padres de familia, pero solo los engañó, ya que a días de que concluya su administración nunca se conoció la verdad.
“En estas acciones ya no exigimos la presentación de los 43 jóvenes
normalistas, sino todo el peso de la justicia en contra de los responsables, donde el gobierno de la cuarta
transformación solo engañó a los padres porque nunca se llegó a conocer la verdad”, abundó.
Jaime Martínez. Tuxtla Gutiérrez.
Ayuntamiento de Ahuacatlán revoca permisos a hidroeléctrica que busca suministrar energía a Walmart
Gabriela Hernández
Puebla, Pue. (apro).
El ayuntamiento de Ahuacatlán revocó permisos que esa comuna había otorgado en 2009 a la empresa Comexhidro-Deselec para construir una hidroeléctrica sobre el río Ajajalpan, en la Sierra Norte de Puebla, que pretende suministrar energía a las tiendas Walmart.
En sesión celebrada el 19 de septiembre, el Cabildo encabezado por el alcalde morenista, Pedro Luis Cruz Bonilla, votó por mayoría declarar ilegales los permisos de uso de suelo y licencias de construcción y de movimiento de tierras para la ejecución de una presa derivadora, así como tuberías de conducción, estructuras y caminos que se habían otorgado a la empresa Deselec.
En el acta de Cabildo quedó asentado que esos permisos eran ilegales porque fueron otorgados de manera unilateral por Andrés Francisco Juan Covarrubias, quien era regidor de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos en la administración municipal 20082011, sin que fuera sometido a votación ante el cuerpo edilicio.
Cabe señalar que ya en 2020, el mismo Ayuntamiento de Ahuacatlán había revocado ya otros permisos otorgados a la empresa para uso
Pedro Matías OAXACA, Oax. (apro).
A cinco años de la despenalización del aborto en Oaxaca, los Servicios de Salud practicaron de manera gratuita dos mil 193 interrupciones legales de embarazo. Resaltaron que la atención a la salud sexual y reproductiva es una prioridad para los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), y durante un lustro se han sumado esfuerzos para hacer efectivo el derecho a que las mujeres y personas con capacidad de gestar que requieran el servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), accedan con calidad y oportunidad, con perspectiva de género y de derechos humanos. Es por ello que desde el 25 de septiembre de 2019 -fecha en que se efectuó la despenalización del aborto en las primeras 12.6 semanas de gestación en cualquier circunstancia, de acuerdo al Congreso del Estado de Oaxaca-, al corte del mes de agosto de 2024, se brindaron de manera gratuita dos mil 193 atenciones de ILE.
En sesión celebrada el 19 de septiembre, el Cabildo encabezado por el alcalde morenista, Pedro Luis Cruz Bonilla, votó por mayoría declarar ilegales los permisos de uso de suelo y licencias de construcción y de movimiento de tierras para la ejecución de una presa derivadora, así como tuberías de conducción, estructuras y caminos que se habían otorgado a la empresa Deselec
de suelo y construcción del llamado Proyecto hidroeléctrico Puebla 1, que pretende construir una central hidroeléctrica a través de presas en Ahuacoya y Zoquiapa para la producción de energía eléctrica.
En 2016, las comunidades totonacas de San Mateo Tlacotepec,
Altica y San Felipe Tepatlán, pertenecientes a los municipios de Ahuacatlán y San Felipe Tepatlán, presentaron una demanda de amparo contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional del Agua,
entre otras, para pedir la anulación de este proyecto.
En 2019, un juez negó el amparo a las comunidades al considerar que la Secretaría de Energía si había realizado una consulta indígena en 2015.
Sin embargo, tanto las comunidades, acompañadas por las organizaciones Fundar y el Consejo Tiyat Tlali, señalan que esa consulta se llevó a cabo seis años después que se otorgaran los permisos al proyecto, además de que se han encontrado irregularidades como falsificación de firmas y la falta de información sobre las consecuencias que traería al medio ambiente y a la forma de vida de esa región.
Aunque la empresa cuenta con permisos federales, los municipios de Ahuacatlán y San Felipe Tepatlán le han dado reveses al proyecto a través de la cancelación de permisos que concedieron pasadas administraciones municipales.
Suman dos mil 193 abortos legales y gratuitos en Oaxaca, a 5 años de la despenalización
Además, a la fecha, Oaxaca cuenta con 11 unidades médicas de IMSS Bienestar que ofrecen este servicio, las cuales se encuentran ubicadas en Pinotepa Nacional, Sola de Vega, San Juan Bautista Tuxtepec, San Pedro Tapanatepec, San Jacinto Amilpas, Tlalixtac de Cabrera.
Así como en la Clínica de la Mujer UNEME-DEDICAM en Oaxaca de Juárez, los Centros de Salud de la colonia Volcanes, urbano uno Doctor Manuel Martínez Soto, urbano dos de la colonia Estrella y el Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso, en los que se brinda asistencia médica con personal capacitado, bajo un esquema de atención integral, cálido y respetuoso de los derechos humanos.
En las unidades se garantiza la atención del aborto seguro, con respeto para las niñas, adolescentes y mujeres afiliadas o no al sistema público de salud, con privacidad y
confidencialidad.
Asimismo, los SSO reiteran su compromiso para aportar y generar condiciones para salvar la vida de quienes decidan hacer uso de este derecho; evitar muertes maternas, abortos inseguros y respetar la decisión sobre continuar o no un embarazo. De la misma manera se continúa con la capacitación al personal de salud, para dotarlos de herramientas que eviten la estigmatización de las personas que recurren a esta práctica, como un derecho establecido en la ley.
12 millones
de mujeres
indígenas y un millón de afromexicanas son reconocidas constitucionalmente
Cecilia Andrade Ciudad de México.
El día de ayer el Senado aprobó por unanimidad con 127 votos el dictamen que reforma el Artículo 2° de la Constitución en materia de pueblos y comunidades indígenas y afroamericanos que confirma a la nación mexicana con una composición multiétnica con pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio y eso reconoce a 11.9 millones mujeres indígenas y un millón de mujeres afrodescendientes.
Con esta reforma se estarían reconociendo constitucionalmente a 23.3 millones de personas que se autoidentifican como indígenas, lo que equivale a 19.4 % de la población total de ese rango de edad.
Las entidades federativas con mayor porcentaje de población hablante de lengua indígena fueron: Oaxaca (31.2 %), Chiapas (28.2 %), Yucatán (23.7 %) y Guerrero (15.5 %). Estas cuatro entidades acumularon 50.5 % del total de hablantes de lengua indígena en el país.
En la actualidad, se hablan 68 lenguas indígenas en México. Las más frecuentes son náhuatl (22.4 %), maya (10.5 %) y tseltal (8.0 %). De cada 100 personas de tres años y más que hablan alguna lengua indígena, 12 no hablan español.
Esta reforma fue una promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador, asumida desde inicios de su sexenio y por la que se busca saldar la deuda histórica con los 68 pueblos originarios y afromexicanos de este país. Ahora, después de seis años, esta reforma ve la luz.
Hecho que beneficia a las mujeres, pues las hace parte de los procesos de toma de decisiones en sus comunidades.
¿Qué postula la reforma al Artículo 2° Constitucional?
La reforma al artículo 2° Constitucional se deriva de un paquete de reformas presentado el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal -conocido como “el Plan C”- e incluye diversas propuestas de diputadas y diputados.
Entre los principales postulados de esta reforma se encuentran que: Reconocimiento de la Nación: México se define como una nación multiétnica, originada en sus pueblos indígenas.
Definición de pueblos afromexicanos: Se integran por descendientes de personas originarias de poblaciones del continente africano, trasladados por la fuerza, asentados en el territorio nacional desde la época colonial, con formas propias de organización social, económica, política y cultural, que afirman su existencia como colectividades culturalmente diferenciadas.
Definición de pueblos indígenas: Se consideran pueblos indígenas aquellas colectividades que mantienen conti-
nuidad con las sociedades precoloniales, preservando y desarrollando sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas.
Autonomía y derecho público: Son reconocidos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Gobierno Interno: Pueden decidir sobre sus formas internas de gobierno y organización social, económica y cultural conforme a sus sistemas normativos.
Sistemas Normativos: Aplican y desarrollan sus propios sistemas normativos para resolver conflictos, siempre bajo los principios de la Constitución y respetando los derechos humanos, incluyendo la dignidad e integridad de las mujeres.
Jurisdicción Indígena: Ejercen jurisdicción mediante autoridades comunitarias, respetando el orden jurídico vigente.
Patrimonio Cultural: Tienen derecho a preservar y desarrollar su patrimonio cultural y a reconocer su propiedad intelectual.
Lenguas Indígenas: Tienen derecho a promover el uso y estudio de sus lenguas como parte de la diversidad cultural nacional.
Educación: Tienen derecho a participar en la creación de modelos educativos que reflejen su diversidad cultural y métodos de enseñanza.
Medicina Tradicional: Tienen derecho a promover la medicina tradicional y la partería. Se reconoce a las personas que las ejercen, incluidos sus saberes y prácticas de salud.
Conservación del Territorio: Tienen derecho a preservar sus lugares sagrados.
Representación Política: Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán su participación y representación política.
Asistencia Legal: Tienen derecho a asistencia por intérpretes y abogados especializados en sus derechos y cultura.
Consultas: Tienen derecho a ser consultados sobre leyes o medidas administrativas que les afecten, buscando su consentimiento y ofreciendo compensaciones justas.
Defensa legal: Son los únicos legitimados para impugnar, por las vías jurisdiccionales establecidas, el incumplimiento del derecho reconocidos en la Constitución.
Obligaciones de los gobiernos:
Impulsar planes de justicia y de desarrollo que fortalezcan sus economías y fomenten la agroecología
Determinar asignaciones presupuestales para los pueblos y comunidades indígenas, que serán administradas directamente por estos.
Adoptar las medidas necesarias para reconocer y proteger el patrimonio cultural.
Garantizar y fortalecer la educación indígena, intercultural y plurilingüe.
Garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad con pertinencia cultural, en especial para la población infantil.
Garantizar la participación efectiva de las mujeres indígenas.
Garantizar las condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar sus medios de comunicación
Garantizar los derechos laborales de las personas jornaleras agrícolas, trabajadoras del hogar y con discapacidad
La aprobación
Tras ser aprobado este dictamen por la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado 9 de agosto y ser turnada a la Cámara de Diputados el 18 de septiembre —donde fue aprobada por unanimidad—, el último escalón fue la Cámara de Senadores, espacio en el que, con emotividad, mujeres y hombres de comunidades indígenas y afrodescendientes expresaron su emoción por esta reforma.
“Esta reforma recoge varios temas prioritarios para la vida y el goce de los pueblos y para avanzar hacia un nuevo tipo de relación entre estos y el Estado Mexicano. Establece que nuestra Nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada en sus pueblos indígenas y afromexicanos a quienes define como colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional”.
Senadora Ernestina Godoy Ramos Comentó la senadora Ernestina Godoy Ramos, quien entre aplausos abrió la discusión a esta reforma en el Pleno y agradeció la presencia de representantes de los pueblos y comunidades indígenas originarias y afrodescendientes en México, revirtiendo con esto la discriminación histórica que han vivido en general.
Por su parte, la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, mujer indígena de Paracho, Michoacán y representante P’urhépecha en San Lázaro de la banca-
da de Morena con ojos anegados y voz cortada expresó en tribuna la relevancia de esta reforma para las mujeres y diversidades indígenas y agradeció a AMLO su reconocimiento.
Incluso el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a través de su director general, Adelfo Regino Montes, calificó como una “decisión histórica y un gran consenso de todas las fuerzas políticas del país” la aprobación de la minuta de reforma al artículo 2 de la Constitución sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. En materia de género, esta iniciativa es la garantía del derecho a la participación de las mujeres indígenas y afromexicanas en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural y en los procesos de desarrollo comunitario. Además, esta deberá garantizar su acceso a la justicia y a ser electas en cargos de representación en todos los niveles de gobierno, una deuda que por décadas no ha sido pagada para las mujeres. Las mujeres indígenas y afrodescendientes en México
Se estima que nuestro país está compuesto por 23.2 millones de personas de tres años y más que se autoidentificaron como indígenas. De estas, 51.4 % (11.9 millones) fueron mujeres y 48.6 % (11.3 millones), hombres, detalla el Censo de Población y Vivienda 2020. En el caso de la población afrodescendiente, en el territorio mexicano hay 2 millones 576 mil 213 personas, es decir, representan el 2 por ciento de toda la población. Las mujeres representan ligeramente la mayoría estadística, pues ocupan el 50.4 por ciento de este sector y su principal rango de edad oscila entre los 30 y los 59 años. Pese a que no son porcentaje menor de la población, su historia está cargada de violencias sistemáticas, invisibilización y violación a sus derechos humanos que convierte su legado cultural en un producto de exotización cazable y extinguible. Además, dentro de estos sectores de la población, las mujeres son las más discriminadas y vulneradas.
En septiembre del año pasado, la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI) en su manifiesto político: Mujeres indígenas, una agenda política pendiente del 2018, señaló que el lema del presidente de México, “por el bien de todos, primero los pobres” no se ve reflejado en los hechos hacia los pueblos indígenas y afromexicanos, menos hacia las mujeres integrantes.
El 24 de enero de este año, integrantes de Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), colectivo conformado por más de 240 comunidades y pueblos originarios y afromexicanos presentes en 18 estados del país, entregaron en Palacio Nacional una carta en la que solicitan que se integrara dicha iniciativa en el paquete de reformas del ejecutivo.
Luz
IMSS-Bienestar desconoce en qué gastaron
6 mmdp de La Clínica Es Nuestra, pese a plataforma para transparentar recursos
Dalila Sarabia Ciudad de México, (Cimacnoticias)
El IMSS-Bienestar desconoce cómo se usaron 6 mil 341 millones 600 mil pesos del programa La Clínica Es Nuestra, pese a que creó una plataforma supuestamente para garantizar el correcto uso de los recursos públicos y garantizar la rendición de cuentas.
Este año, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través del IMSS-Bienestar, puso en marcha el programa La Clínica Es Nuestra para que ciudadanos -conformados en comités- reciban recursos directos para atender las necesidades de los centros de salud en sus entidades.
Sin embargo, a pesar de que se dispuso de una plataforma, que incluso contaría con memoria fotográfica de las obras realizadas, el IMSS-Bienestar informó vía transparencia que no cuenta con ningún archivo -ni físico ni electrónico- en el que se dé cuenta de cómo se usó el presupuesto público dispersado y que al 31 de julio sumó 6 mil 341 millones 600 mil pesos.
“Con relación al detalle de las obras que se realizaron en cada una de las Unidades de Salud de Primer Nivel beneficiadas, así como documentación o cualquier tipo de registro de las obras realizadas en cada una de estas unidades (fotografías, contratos de obra, actas entrega-recepción, reportes trimestrales) se comunica que la información solicitada no obra dentro de los archivos físicos y electrónicos de las UAS (Unidades de Atención a la Salud) y sus coordinaciones”, informó el IMSS-Bienestar a través de una respuesta de información pública.
De acuerdo con las reglas de operación del programa, publicadas en
De la Redacción
Ciudad de México (apro)
Un grupo de presuntos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) dieron un “portazo” en el Sindicato Nacional de trabajadores de la empresa paraestatal, derivado de las tensiones por la elección del nuevo líder de esa organización.
Los hechos se registraron en la mañana de este jueves, en Zaragoza 15, colonia Guerrero, en la Ciudad de México.
Según reportes, Rubén Choreño Morales y un grupo de personas afines, se presentaron en las instalaciones del sindicato, con el objetivo de tomar su liderazgo. Según Choreño, él resultó electo en la asamblea ex-
IMSS-Bienestar dispersó 6 mil millones de pesos en La Clínica Es Nuestra, pero las autoridades reconocen que no cuentan con documentación sobre en qué obras se usaron los recursos
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de abril pasado, este sistema informático sería operado, coordinado y administrado por el IMSS-Bienestar y en él se encontraría con toda la información referente a los apoyos entregados.
“El IMSS-Bienestar tendrá acceso a la Plataforma para consulta de la totalidad de los expedientes de actividades en formato electrónico, siendo esta la única modalidad en la que IMSS-Bienestar contará con dicha información”, se detalla en las reglas de operación, pero al solicitar la información, el IMSS-Bienestar dijo no contar con ella.
Los servidores de la nación -identificados en el documento como Facilitadores Autorizados (FA)- subirían el acta de la conformación del comité ciudadano, la carta compromiso para participar en el programa público y un diagnóstico del centro de salud para que con base en ello se aprobaran los apoyos.
La integración del expediente de actividades, así como la rendición de cuentas debe publicarse de manera física en cada una de las unidades de primer nivel que hayan sido benefi-
ciadas para que la comunidad pueda consultarlo.
“La comprobación de los recursos, el control de gastos y la rendición de cuentas se realizará por parte de la persona Tesorera del comité conforme a lo siguiente: los gastos generados por los comités deberán ser comprobados, preferentemente, a través de facturas que cumplan con la normatividad aplicable en materia tributaria (…) así como la documentación respectiva que se genere. La persona Facilitadora Autorizada (servidor de la nación) asignada a cada unidad de salud de primer nivel deberá recabar y reportar en la Plataforma la información de comprobación de los recursos”, se establece en las reglas de operación.
A la fecha se han atendido 11 mil 711 centros de salud en los estados gobernados por Morena, sus aliados y el PRI.
Y es que, aunque se anunció que este programa solo se pondría en marcha en los estados que se han sumado al IMSS-Bienestar como parte de la federalización de los servicios de salud -es decir, los gobernados por Morena y aliados- en la misma
respuesta de transparencia, el IMSSBienestar confirmó que Durango y Coahuila -entidades gobernadas por el PRI- sí se han dispersado apoyos de este programa.
A la fecha, de acuerdo con Zoé Robledo, titular del IMSS, se han atendido 11 mil 711 de los 11 mil 808 centros de salud contemplados para esta primera etapa de la política pública, es decir, hay un avance del 99%.
Opacidad en transferencias directas
Al igual que pasó con La Escuela Es Nuestra, La Clínica es Nuestra carece de transparencia y rendición de cuentas, pues se sabe a quién se entregó el dinero y qué unidad primaria será atendida, pero no es posible conocer qué se hizo con el recurso público o si este fue suficiente para atender las necesidades de estas unidades que son el primer contacto con la población.
“En caso de que el comité omita integrar el Expediente de Actividades y dar de alta en la Plataforma la documentación respectiva, así como no realice la debida y correcta comprobación de control de gastos y rendición de cuentas, dicha Unidad de Salud de Primer Nivel no será considerada para recibir recursos del programa en el siguiente ejercicio fiscal y será sustituido por otra”, especifican las reglas de operación del programa.
Incluso, agregan, ese centro de salud podría ser beneficiado en un segundo momento, siempre y cuando se sustituyan todos los integrantes del comité y se subsanen dichas omisiones.
Trifulca en sindicato de Pemex: líder sindical queda ensangrentado y reportan al menos a 5 heridos
traordinaria para ocupar la dirigencia del Comité Ejecutivo.
Los manifestantes rompieron vidrios e incluso usaron una camioneta para derribar las puertas del Sindicato y entrar con violencia a las instalaciones, lo que derivó en enfrentamientos violentos entre algunos de los presentes, por lo que se llamó a los servicios de emergencia. Al lugar llegaron ambulancias y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Hasta el momento se tiene el reporte de al menos cinco personas lesionadas, entre ellos, Choreño Mo-
rales, a quien le salía sangre de la cara y cabeza a borbotones, en una banqueta frente al sindicato petrolero.
Trabajadores del PJF exigen a la CNDH impugnar reforma judicial por violaciones al proceso legislativo
De la Redacción
Ciudad de México (Tribuna)
Alrededor de 200 trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para exigir a su presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma judicial porque “es notorio que existen varias deficiencias, y varias violaciones en el proceso legislativo”.
Los inconformes entregaron un documento a la CNDH en el que expusieron los motivos a la presidenta del órgano, por los que debe llevar “a cabo las acciones legales que tenga a su alcance para defender el Estado de derecho de este país”.
“La transgresión al Estado de derecho que han realizado los poderes tanto el Ejecutivo federal, como las legislaturas federales Cámara de Diputados y Senadores, al someter con la modificación de diversos artículos constitucionales, al Poder Judicial Federal, se reitera que los vicios procedimentales, pueden ser combatidos por usted ombudsperson de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; al promover ya
Mathieu Tourliere
Ciudad de México (apro)
Cuando llegó al Zócalo capitalino, después de recorrer las calles de la Ciudad de México en exigencia de verdad y justicia a 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la marcha multitudinaria tuvo que hacerse chiquita: el gobierno había instalado bloques de concreto en medio de las calles que llevan a la Plaza de la Constitución, lo que creó un tapón y obligó la muchedumbre a rodear los obstáculos en estrechas filas.
“Lamentamos la postura del Estado mexicano al poner los bloques”, deploró un orador a medida que la marcha ingresaba, a cuentagotas, a la explanada del Zócalo, la cual estaba cubierta de vallas metálicas colocadas alrededor del Palacio Nacional y la catedral, como símbolo de la ruptura entre el movimiento y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Bajo un cielo gris y una lluvia incesante, la marcha se lanzó poco antes de la 5 de la tarde, en un largo contingente de paraguas y capas impermeables que avanzó sobre la Avenida Reforma, evitando de pisar
Los inconformes entregaron un documento a la CNDH en el que expusieron los motivos a la presidenta del órgano, por los que debe llevar “a cabo las acciones legales que tenga a su alcance para defender el Estado de derecho de este país”
sea la acción de inconstitucional o bien la controversia constitucional”, sostiene el documento.
También fundamentan que “la pretensión toral de este escrito es que, se atiendan las observaciones de la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, adscrito a México y gestione tanto los instrumentos legales nacionales, como los mecanismos internacionales que sean necesarios
y que estén a su alcance a fin de salvaguardar en México el Estado de derecho, la independencia judicial y la división de poderes”.
Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, informó que el documento fue recibido y sólo falta que la CNDH haga su trabajo.
“Nos lo recibieron y sellaron el acuse de recibo, se les dejó también una copia del escrito presentado an-
te la ONU, con la finalidad de que la propia ONU requiera a la propia comisión de los derechos humanos nacional que cumpla con su deber constitucional”, indicó.
Por su parte, Carlos Ávila, secretario de juzgado, advirtió a Rosario Piedra Ibarra que “su omisión constituye un ilícito que se da debidamente denunciado”.
Así mismo, acusó a los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de denostar y restar autoridad “a las resoluciones judiciales que se han dictado y que les ordenan de tener la implementación de esta regresiva reforma judicial”
“Hoy exigimos que esta condición que se dice defensora del pueblo de la cara por las y los mexicanos que estamos aquí como integrantes de la carrera judicial que también somos pueblo, porque por nuestros méritos hemos logrado dar prestigio a este Poder Judicial de la federación”, arengó el servidor público. Con información de Latinus.
Bloques de concreto y vallas, símbolo de la ruptura entre el movimiento por Ayotzinapa y la 4T
los charcos de agua oscura. En las calles laterales, encapuchados rompían vidrios de corporativos y pintaban muros con consignas como “4T traidora” o “4T perra de los militares”.
Los padres y madres encabezaron la marcha, seguidos de grupos de normalistas de Ayotzinapa, vestidos con playeras rojas que decían “los seguiremos buscando”, levantaban ataúdes encima de sus cabezas. Al igual que muchos de los jóvenes que manifestaron hoy, los estudiantes eran niños que no tenían ni 10 años aquella noche del 26 de septiembre de 2014.
Como tristes símbolos, la marcha pasó por la glorieta para las y los desaparecidos, cuyas vallas metálicas están tapizada de los rostros y nombres de algunas de las más de 115 mil personas desaparecidas en México, y minutos después rodeó la glorieta de las mujeres que luchan, cuya antimonumenta condena la violencia feminicida en el país.
En las banquetas, cientos de personas agarraban sus mantas y cartulinas para expresar su apoyo a los
familiares de los normalistas; algunas deploraban “10 años sin verdad ni justicia”, otras sostenían que “fue el Estado” o que “fue el Ejército”. Decenas de personas traían pancartas con los rostros y nombres de sus propios hijos, también desaparecidos.
Las bocinas instaladas en el camión que abrió la marcha --en el que se transportaban familiares de los normalistas-- potenciaban los discursos de estudiantes que se pasaban el micrófono y gritaban su indignación y exigencias de justicia. “¡Ya basta de tanta desaparición!”, lanzó un joven. “Somos la voz del pueblo, de los que no tienen la posibilidad de salir a las calles”, dijo otro.
“Le hacemos saber al gobierno que los padres de familia nunca se cansarán de buscar a sus hijos”, insistió un normalista con el rostro cubierto por un paliacate negro, marcado con la cifra 43.
Llegando al antimonumento por los 43, en el cruce de Reforma y Bucareli, una madre de desaparecido tomó la palabra, y recalcó que “hoy
es una fecha muy dolorosa”. “Este día quisimos reunirnos un grupo de familiares que buscamos a nuestros hijos para recibirlos con cariño y decirles que su dolor es también nuestro dolor, no les vamos a dejar hasta saber dónde están nuestros 43 y nuestros hijos”, agregó. Acto seguido, los padres leyeron una declaración, en la que insistieron en que la desaparición de los 43 normalistas representa un “caso emblemático de violación grave a los derechos humanos porque es un crimen de Estado en el que participaron las tres órdenes de gobierno”. Concluyeron exigiendo “la presentación de nuestros hijos y de más de 120 mil desaparecidos”.
AMLO incumplió y “protege mucho a sus militares”: padres de los 43 de Ayotzinapa en la UNAM
De la Redacción
Ciudad de México (apro)
Una comisión de los padres y madres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa acudieron a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para expresar las exigencias de su lucha a 10 años de la desaparición de sus hijos en Iguala, Guerrero.
En el recinto se recordó que hace una década Iguala vivió una noche de pesadilla con la desaparición de los 43 normalistas, el asesinato de Julio César Mondragón, Daniel Solís Gallardo y Julio César Nava y la agresión con arma de fuego de Aldo Gutiérrez, quien continúa con complicaciones derivadas del impacto.
“Hoy, a una década, tampoco tenemos justicia para los compañeros que fueron asesinados por elementos de las corporaciones policiacas en colaboración con el crimen organizado, tampoco tenemos justicia para el compañero Aldo, que, a una década, sigue dando la batalla por sobrevivir”.
Enfatizaron que, a una década de aquella noche, el caso está lejos de resolverse, situación lamentable para los padres que han permanecido en pie de lucha desde el primer momento en que sus hijos desaparecieron.
“Hoy, a una década, queremos decir que estamos lejos de saber la verdad y también esta década que hoy se está cumpliendo, los padres y madres tuvieron que caminar cuesta arriba, tuvieron que luchar contra vientos y mareas, tuvieron que enfrentarse mentiras tras mentiras de las autoridades”.
De la Redacción
Ciudad de México (apro)
La Escuela de Periodismo Carlos Septién García publicó un comunicado en el que aclara que no reconoce la tesis de Carlos Pozo Soto, conocido como Lord Molécula, asistente asiduo a las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia de prensa del pasado 17 de septiembre, Lord Molécula pidió a López Obrador que le firmara su tesis profesional, a lo que accedió el mandatario.
“Gracias, señor presidente. Esta es mi tesis profesional por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Gracias a los seis años de estar en este ejercicio de comunicación circular y en algunas conferencias al interior de la República,
“Pude hacer esta tesis que está en proyecto, en análisis, está en mis si-
Padres y madres calificaron el caso Ayotzinapa como un recordatorio de la deuda de justicia del Estado con el pueblo, por lo que su esclarecimiento es necesario para todas y todos
Los padres y madres de familia exigen a las autoridades mexicanas la presentación con vida de los estudiantes, la presentación ante la justicia de los responsables, la extradición de Tomás Zerón, quien se encuentra refugiado en Israel, el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la entrega de los más de 800 folios faltantes por parte de las Fuerzas Armadas.
La conferencia se llevó a cabo en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras, donde los asistentes recibieron a los familiares con el conteo del uno al 43 y la consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
El representante legal de los familiares informó que tienen poca información sobre una línea de investigación que plantea que al menos un grupo de 17 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos fue trasladado a las celdas municipales de Iguala y más tarde fue transportado fuera del municipio guerrerense, por lo que pidió
a las autoridades que profundicen en esta línea de investigación, además de no abandonar las líneas que plantean la participación del Ejército mexicano en los hechos.
Por su parte, las madres de los jóvenes normalistas recriminaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, haber incumplido el compromiso de dar con el paradero de los jóvenes y con los responsables de su desaparición.
“Cuando el presidente anduvo en su campaña nos prometió que iba a dar con nuestros hijos, nos dio muchas esperanzas, sentimos que era verdad lo que nos estaba prometiendo, él firmó un decreto para dar con la verdad, pero tal parece que protege mucho a sus militares”.
Lo que más destacaron las madres de familia fue la insistencia del mandatario en deslindar al Ejército de los hechos aun cuando en un principio él se había comprometido a dar con los culpables sin importar la institución a la que pertenecieran.
“Era la esperanza para cuando él inicio su sexenio, él dijo que iba a perseguir a los culpables, a los responsables, así fuera el Ejército y ahora resulta que no”. Una de las oradoras de la comisión de padres resaltó la importancia de desmilitarizar al país, pues considera que esto pondría un alto a la impunidad y el empoderamiento dentro del Ejército mexicano.
“Exigimos la desmilitarización inmediata del país, poner un alto a los privilegios de la impunidad y al empoderamiento del Ejército”.
También, exigió que se detenga la persecución y las descalificaciones a los padres, a los normalistas y a las personas y organizaciones que han acompañado a los familiares en esta lucha que hoy cumple diez años.
“Exigimos que cese la persecución, las agresiones y las campañas de difamación contra las madres y padres de Ayotzinapa, contra los camaradas normalistas, contra los defensores que participan en su causa, esta lucha es una causa legítima, esta lucha va más allá de proyectos políticos y agendas partidistas”.
Calificaron el caso Ayotzinapa como un recordatorio de la deuda de justicia del Estado con el pueblo, por lo que su esclarecimiento es necesario para todas y todos. “Ayotzinapa es un innegable recordatorio de la histórica deuda de la justicia con nuestro pueblo y su esclarecimiento es imperioso para todas y todos”.
Escuela Carlos Septién desconoce la “tesis” de Lord Molécula firmada por AMLO
nodales, espero pasar el examen y pues poderme titular como maestro en Periodismo Político. Gracias a todos los compañeros, pero, sobre todo, gracias a usted, gracias al gabinete, gracias a Jesús Ramírez, mil gracias”, dijo Lord Molécula, quien fue felicitado por el mandatario.
“Y si me pudiera ponerle un autógrafo ahí”, pidió el influencer.
“Para Carlos Pozos, periodista independiente, defensor de causas justas y hombre honesto”, leyó el mandatario tras firmar el libro.
(Minuto 2:27:00)
Este jueves, en sus redes sociales, la institución académica publicó el siguiente comunicado.
“La Escuela de Periodismo Carlos
Septién García aclara lo siguiente: El proyecto de Tesis que ha presentado Carlos Pozos Soto en actos públicos, no ha sido avalado por las autoridades de la institución por no adecuar-
se a lo establecido en el Estatuto Reglamento que nos rige como Escuela. Por tanto, dicho trabajo académico, no ha sido aprobado ni es reconocido por esta institución”.
POR PENA O MIEDO, 42% DE ADOLESCENTES NO PREGUNTA SOBRE SALUD SEXUAL: ILSB
Luz Cecilia Andrade
En un intento porque las y los adolescentes conozcan sobre derecho a la salud sexual, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) lanzó un manual con conceptos, información y estrategias para que las y los más jóvenes conozcan sus derechos sexuales y reproductivos, porque según los resultados de la Encuesta Nacional sobre Educación Integral en Sexualidad en Adolescentes de 2023, por pena o miedo no resuelven sus dudas.
Esto puede en derivar en embarazos no deseados en jóvenes adolescentes y a temprana edad deben enfrentar esta situación que les cambia la vida.
De acuerdo con el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, cada año se presentan 364 mil 537 embarazos en adolescentes mujeres de entre 15 y 19 años. Esto significa que cerca de mil adolescentes se embarazan al día en el territorio nacional y una investigación desarrollada por el Colegio de México (Colmex) revela que detrás de este problema hay grandes brechas de desigualdad social, las cuales, además, están íntimamente relacionadas con los niveles de pobreza en las diferentes entidades de la República.
El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida) ya había identificado la situación actual de la educación sexual en México, detectó que aunque las y los estudiantes recibieron información de este tema desde temprana edad, un gran porcentaje tenía información equivocada sobre el uso del condón, planificación familiar, embarazo e infecciones de transmisión sexual (ITS).
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Educación Integral en Sexualidad en Adolescentes de 2023 llevada a cabo por el ILSB, el 46% de las personas adolescentes ha tenido dudas sobre su sexualidad en los últimos seis mes, la tasa específica de fecundidad de adolescentes (TEFA) de México se redujo en 16.7 por ciento, al descender de 72.4 a 60.3 nacimientos (del 2015 al 2023).
No obstante, resolver esas dudas representa en la mayoría de los casos un problema, pues existen ciertos obstáculos para hacer preguntas sobre sexualidad o reproducción. Según la encuesta, la mayoría de las y lo adolescentes prefiere no preguntar por pena o miedo (42 %), por los mitos que existen en la sociedad (15 %) e, incluso, porque la sexualidad es un
tema tabú en su familia (8 %).
Entre quienes sí preguntan, 51 % acude a sus madres y padres, 41 % a amistades y 25 % al cuerpo docente de sus escuelas. Aun así, sólo cinco de cada diez adolescentes logran resolver sus dudas, pues, aun cuando preguntan, sus familiares, amistades y docentes no necesariamente cuentan con la información adecuada sobre estos temas.
La educación integral en sexualidad (EIS) es un derecho humano que tiene múltiples beneficios para todas las personas. Por ello, el documento ABCdeEIS de la ILSB surge como resultado de la necesidad y el interés de las adolescencias en torno a temas de salud sexual que aún no se han resuelto y el Estado debe atender.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en 2021 ocurrieron 147 mil 279 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años, y en niñas menores de 15 años, 3 mil 019.
En 2023 el Gobierno de México señaló en el marco del 26 de septiembre, Día Mundial de Prevención del Embarazo en Adolescentes, que la tasa específica de fecundidad de adolescentes (TEFA) de México se redujo en 16.7 por ciento, al descender de 72.4 a 60.3 nacimientos del 2015 al 2023.
Sin embargo, en pleno 2024 la tasa de embarazo adolescente en México permanece alta, pues ctualmente hay 59 nacimientos por cada mil personas de entre 15 y 19 años, señaló Gabriela Mejía, directora de estudios sociodemográficos del Consejo Nacional de Población (Conapo) en un taller para medios informativos con motivo del 50 aniversario de dicho organismo en julio de este año.
Según la demógrafa, este escenario cuenta con diversos factores, entre ellos que:
Muchas de las adolescentes que se embarazan no tienen acceso a información sobre anticonceptivos.
Las y los adolescentes que tienen
embarazos a temprana edad registran tasas muy bajas de escolarización.
Hay de por medio aspectos culturales que normalizan la maternidad a edades muy tempranas.
“Muchas de estas adolescentes viven en comunidades rurales aisladas o en poblaciones indígenas, que tienden a presentar tasas de fecundidad más altas que las de contextos urbanos y con mayor nivel de escolaridad. La tasa de fecundidad llega a ser hasta tres veces más alta en mujeres que no lograron acceder a la escuela”, destacó.
A estos datos debemos sumarle que las adolescencias indígenas y afromexicanas de la diversidad sexual o que viven con alguna discapacidad tienen más dificultades para acceder a información y servicios que tomen en cuenta sus realidades y necesidades.
Para que te hagas una idea, el 78 %de las mujeres que hablan alguna lengua indígena nunca han recibido información sobre métodos antifecundativos (ENSANUT, 2022).
Por lo anterior, es necesaria información de calidad, verificada, clara y accesible; libre de prejuicios, tabúes y sesgos para una mejor salud y educación sexual.
“Conocer para gozar” una mirada a la educación sexual integral Considerando las realidades que atraviesan a todas y todos los adolescentes del país, el manual ABC de IES, lo que queremos aprender sobre sexualidad… y soporten contiene información útil para ayudar a las los adolescentes a decidir libremente y sin miedos sobre la menstruación, la planificación familiar, los métodos antifecundativos, el aborto y las infecciones de transmisión sexual (ITS).
Entre los productos de gestión de la menstruación a los que puedes acudir se encuentran:
Copa menstrual: Es una copa pequeña de silicona de grado quirúrgico que se inserta en la vagina para reco-
lectar la menstruación. La puedes usar hasta por 12 horas continuas, se esteriliza antes y después de cada uso, es reutilizable.
Toallas sanitarias desechables: Es un producto absorbente de un solo uso que se coloca en la ropa interior para contener la menstruación.
Toallas sanitarias reusables:Son una alternativa ecológica a las toallas desechables, pues estas se lavan y se pueden volver a usar, se pueden reutilizar hasta por varios años.
Disco Menstrual: Es un receptor en forma de disco o cuenco de silicona de grado quirúrgico para recoger la sangre del periodo. Se dobla a lo largo para insertarlo dentro de la vagina.
Tampones: productos de algodón compactados en forma de cilindro, lo cual permite insertarlos de modo fácil en la vagina con o sin un aplicador. Se deben cambiar cada 4-6 horas.
Ropa interior para el periodo menstrual: Es una opción reutilizable, que puede sustituir o apoyar el uso de toallas, tampones y otros. Entre los métodos anticonceptivos, el manual destaca los métodos temporales y los permanentes.
Métodos temporales:
Métodos hormonales: Impiden que los ovarios liberen óvulos cada mes (lo que se conoce como ovulación). Además, espesan el moco cervical, evitando que los espermatozoides se encuentren con el óvulo. Entre ellos están la inyección anticonceptiva, el implante anticonceptivo subdérmico, el anillo vaginal, el dispositivo intrauterino hormonal y las pastillas.
Métodos mecánicos: Evitan embarazos al cambiar la forma en que se mueve el esperma para que no pueda llegar al óvulo. En este grupo se encuentran los dispositivos intrauterinos (el DIU).
Métodos de barrera: Como su nombre lo indica, genera una barrera que obstruye el acceso de los espermatozoides al útero, entre ellos, el condón externo (para personas con pene) y el condón interno (para personas con vagina). Ambos protegen y ayudan a prevenir infecciones de transmisión sexual.
Métodos permanentes:
Métodos quirúrgicos: Son métodos de planificación familiar permanentes, adecuados para las personas que no desean embarazarse en ningún momento, o de nuevo. Aquí se ubican la oclusión tubárica bilateral (salpingoclasia o ligadura de las trompas) y la vasectomía, en algunos casos pueden ser reversibles.
Así mismo, el manual señala qué tipo de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) hay
HISTORIA SOBRE LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN MÉXICO, RUMBO AL #28S
Cimacnoticias
Como cada año, este 28 de septiembre conmemoramos el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe. En las últimas décadas, México las mujeres del país contamos con la protección de un fallo en el 2023 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que impide que el aborto sea castigado en cualquiera de las 32 entidades de la República.
Por tanto, hoy, en México hay 17 entidades que han reformado sus códigos penales para legalizar esta práctica médica y establecer los lineamientos necesarios según los cuales las mujeres pueden interrumpir su embarazo con apoyo del personal de salud pública.
Las 17 las entidades federativas en México que despenalizan la interrupción del embarazo son: Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Hidalgo (2021), Veracruz (2021), Coahuila (2021), Baja California (2021), Colima (2021), Sinaloa (2022), Guerrero (2022), Baja California Sur (2022), Quintana Roo (2022) y ahora Aguascalientes (2023), Jalisco (2024), Nayarit (2024), Puebla (2024), Zacatecas (2024), Yucatán (2024).
De cara al 28S vale recordar que, pese a estos avances, todavía hay estados donde las mujeres no pueden acceder a un aborto seguro, lo que pone en riesgo su salud pero también su protección jurídica. Y es que, pese al dictamen que despenaliza el aborto, aún hay casos en estados como Michoacán o Guanajuato donde se siguen reportando encarcelamientos contra mujeres por haber abortado.
Además, ha habido recortes en el presupuesto destinado a la salud materna, sexual y reproductiva de las mujeres, lo que ha impactado en los programas de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en los estados donde ya hay regulaciones al respecto. Nuevamente, esto pone en riesgo la salud de quienes —por lo menos en el discurso— tienen derecho a realizarse un aborto.
Pero no dejemos decaer los ánimos. El 28S es también una buena oportunidad para recordar la lucha que, con todo y sus bemoles, nos ha puesto en el lugar donde estamos en el tema del aborto.
Los inicios de la discusión del aborto en México
De acuerdo con la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Olga Islas de González Mariscal, el aborto ya estaba penalizado en México desde el siglo XIX.
El Código Penal para el Distrito
y Territorios Federales vigente en el país entre 1871 y 1924 penaba la interrupción del embarazo en cualquier momento del mismo, excepto cuando existía riesgo de muerte para la mujer o, en todo caso, ella quedaba libre de culpa cuando alguien más le practicara un aborto sin su consentimiento.
No fue sino hasta el siglo siguiente, en la década de 1910, cuando esto empezó a ponerse en cuestión de la mano de un naciente movimiento feminista, el cual comenzó a abogar por la libertad sexual de las mujeres y la anticoncepción, entre otros temas que se cristalizaron en figuras como la de Elvia Carrillo Puerto y Hermila Galindo.
Pero la legalización del aborto comenzó a tener un impulso importante hasta 1931, cuando la psiquiatra Matilde Rodríguez Cabo comenzó a hablar del aborto por motivos socioeconómicos de las mujeres embarazadas.
Rodríguez Cabo también propuso que la interrupción del embarazo fuera despenalizada si se realizaba durante el primer trimestre y con la asistencia de personal médico capacitado.
Además, propuso que esta medida estuviera acompañada por el acceso a métodos anticonceptivos para mujeres de bajos niveles socioeconómicos, así como por campañas de información sobre los posibles daños que podía generar el aborto en el cuerpo de la mujer.
Cinco años después, en 1946, la abogada cubana radicada en México Ofelia Domínguez Navarro retomó la discusión frente a la Convención de Unificación del Código Penal. Sin embargo, ni este discurso ni el de Matilde Rodríguez encontraron eco a nivel nacional. Tampoco fue suficiente el hecho de que en 1935 se fundara el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, el cual pugnaba por los derechos civiles y electorales de las mexicanas.
La gran diferencia durante la primera mitad del siglo XX la marcó el estado de Yucatán, que en 1938 modificó su código penal para agregar dos causas más por las que el aborto no podía ser castigado en el estado: la malformación del pro-
ducto y las dificultades económicas de la familia para mantener al hijo o hija producto del embarazo. Fuera de eso, tuvieron que pasar poco más de 30 años para que en la década de los 70 se retomara el debate sobre la legalización de la interrupción del embarazo.
La antesala de las grandes reformas
Entre 1970 y la llegada de nuestro milenio, el debate sobre el aborto en México comenzó a resonar en más lugares. En los 70, organizaciones como el Comité Nacional de Mortalidad Materna y el grupo socialista Mujeres en Acción Solidaria comenzaron a hablar sobre maternidad voluntaria, aborto legal y acceso a anticonceptivos.
En 1976 se realiza la Primera Jornada Nacional sobre Aborto y la Coalición de Mujeres Feministas (CMF) presenta una propuesta legislativa que, no obstante, fue ignorada por la Cámara de Diputados. Sin embargo hubo un avance importante: la creación del Grupo Interdisciplinario para el Estudio del Aborto en México, el cual llegó a la conclusión de que la interrupción del embarazo debía despenalizarse y México tenía que cambiar su normatividad al respecto (un consejo que tampoco fue acatado por el gobierno).
Tres años más adelante, en 1979, la CMF y el recién fundado Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres presentaron otra propuesta legislativa junto con el Partido Comunista Mexicano, su primer aliado dentro del Congreso. Pese a esto, el final de la década se acercaba sin avances relevantes en el tema. Como consecuencia de ello, las organizaciones feministas comienzan a desanimarse.
Hasta 1991 y 1992 volvió a haber movimiento con la fundación del Frente Nacional por la Maternidad Voluntaria y la Despenalización del Aborto y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) respectivamente. Y unos años después, con el inicio del nuevo milenio, el tema del aborto regresó con fuerza para marcar la pauta de
las futuras despenalizaciones en diversas entidades de la República Mexicana.
El caso Paulina y la Ley Robles: parteaguas para la ILE en México En 1999, la adolescente de 13 años Paulina del Carmen Ramírez Jacinto —originaria de Baja California— presentó un embarazo luego de que un desconocido entrara a su hogar para abusar sexualmente de ella. Aunque en su estado podía solicitar el aborto de manera legal, las autoridades (junto con la iglesia) hicieron de todo para detenerla… y lo consiguieron.
Paulina tuvo a su bebé en el 2000 y dos años después, en 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó su caso para luego determinar que el Estado mexicano había violado las garantías de la adolescente.
Antes de eso, también en el 2000, Rosario Robles Berlanga (quien en ese entonces era jefa de gobierno interina de la Ciudad de México) publica la llamada Ley Robles, la cual amplió las razones por las que no podía penalizarse el aborto en el entonces Distrito Federal.
Así, el código penal de la entidad estableció que la interrupción del embarazo no podía castigarse en casos de violación, por acciones imprudenciales de la mujer, cuando la salud de la madre estuviera en riesgo sin que hubiera peligro de muerte, por malformaciones en el producto o cuando el embarazo fuera consecuencia de una inseminación artificial no consentida. Además de esto, con la Ley Robles se estableció de manera clara cómo debían actuar las autoridades de salud y de justicia cuando una mujer solicitara el aborto por casos de violación.
Siete años después, en 2007, la Ciudad de México se convertiría en la primera entidad de México en despenalizar el aborto. Después de eso, la discusión siguió multiplicándose en diferentes estados hasta llegar a las nueve entidades donde las mujeres ya pueden recurrir a la ILE. Y entre una y otra legislación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un dictamen que despenalizó el aborto en todo el país en 2021.
En este recuento hay muchas historias y personajas que omitimos pero que respaldan la decisión de cada una mujer que decide abortar en México. El camino que falta puede parecer mucho y muy cansado, pero mientras la organización persista, el lema seguirá siendo el mismo: «Educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir«. Por un México feminista, alcemos la voz este 28S.
LO QUE EL INAI HA ORDENADO ABRIR EN EL CASO AYOTZINAPA
Julieta del Río
Diez años después la única constante en el caso Ayotzinapa ha sido la opacidad. Para ser más clara: opacidad montada sobre una impunidad estructural; 10 años donde diversas instituciones del Estado, desde lo federal a lo local, han impedido el derecho de acceso a la información y, por lo tanto, el acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, derechos elementales en la construcción de paz.
Hablar de Ayotzinapa es tocar uno de los temas más sensibles sobre violaciones graves a los derechos humanos en nuestro país porque involucra jóvenes estudiantes en torno a crímenes para los cuales se sigue pidiendo justicia. El reclamo social continúa presente en la conciencia nacional hasta conocer la verdad de los hechos y la reparación del daño a los afectados.
El interés por conocer información sobre el tema es evidente, para muestra, los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia. Al 24 de septiembre se tienen dos mil 395 registros de información pública, mil 646 solicitudes de información y 64 recursos de revisión (quejas ante negativas de información por parte de ciertas instituciones).
Las autoridades recurridas son, por ejemplo, la Fiscalía
General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, entre otras.
¿Qué busca conocer la sociedad? Las copias de los peritajes independientes, el costo de los operativos, los nombres de los encargados de las fuerzas de seguridad, declaraciones ministeriales, datos estadísticos sobre órdenes de aprehensión, los procesos que siguió el ayuntamiento de Iguala para resguardar y destruir oficios y el tipo de apoyo que se le han brindado a las familias de los jóvenes desaparecidos, entre otras cuestiones.
Si las autoridades no rinden cuentas, las personas pueden acudir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública indica que la información no puede clasificarse como reservada, pues su publicidad es de máximo interés colectivo.
Ayotzinapa representa un caso paradigmático también para el INAI. Por primera vez el instituto ejerció su facultad constitucional –adquirida por la reforma del año 2014 que lo dotó de autonomía plena– para determinar
el interés público de la información cuando existen violaciones graves y logró abrir la versión pública de las investigaciones realizadas por la entonces Procuraduría General de Justicia (PGR).
Bajo esta misma línea, en abril de este año presenté un proyecto en el Pleno del INAI para que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República entregue completos los informes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
En 2023 otro proyecto trabajado en la ponencia que coordino instruyó a la Oficina de la Presidencia de la República dar a conocer la versión pública del expediente sobre el caso entregado por la vicepresidenta de Estados Unidos al titular del Poder Ejecutivo Federal en mayo de 2021. Mis colegas han actuado en el mismo sentido: en abril de 2023 instruimos a que la Fiscalía dé a conocer distintas órdenes de aprehensión libradas sobre el caso.
En 2014, cuando sucedió la desaparición de los estudiantes, la sociedad se movilizó ampliamente acompañando a las familias del trágico suceso y poniendo en jaque al gobierno en turno. Esa voluntad colectiva de rendición de cuentas, de acceso a la información y acceso a la justicia, debe continuar hasta conocer la verdad.
REFORMA CONSTITUCIONAL: EL VALOR DE LAS SUSPENSIONES DE JUZGADORES DE DISTRITO
Ernesto Villanueva
Diversos jueces de distrito han dictado resoluciones con el propósito de suspender o posponer la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia judicial, mediante la figura jurídica de las suspensiones. Dichas resoluciones tienen como objetivo evitar la ejecución del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre. La cuestión que se plantea en una parte de la opinión pública es si dichas resoluciones deben ser obedecidas hasta que una instancia judicial superior las confirme o revoque, particularmente en un contexto inédito, cargado de emotividad y polarización, que obstaculiza un análisis sereno y ponderado, de ahí la oportunidad y pertinencia de abordar el tema. Veamos. Primero. El principio de legalidad y la supremacía constitucional son pilares fundamentales del sistema jurídico mexicano, los cuales imponen a las autoridades la obligación ineludible de actuar conforme a la Constitución y a las leyes. Este deber adquiere una relevancia particular cuando se enfrentan a resoluciones judiciales inéditas (entendidas, pero no justificadas por la desesperación de la inmensa mayoría de los juzgadores de que se asiste a un cambio de régimen afortunadamente por la vía pacífica, pero que les afecta su estatus actual) que, de manera manifiesta, contravienen los principios contenidos en el orden jurídico vigente. En tales casos, las autoridades responsables están obligadas a abstenerse de ejecutarlas. Esta conducta se inscribe dentro de la defensa del Estado de derecho, la jerarquía normativa y el respeto a la soberanía popular, valores consagrados en la Constitución. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Esto implica que cualquier decisión judicial debe ajustarse estrictamente al marco normativo vigente. Si una resolución judicial vulnera este principio, la autoridad responsable está obligada a defender la legalidad mediante la no ejecución de esta. El principio de legalidad exige que los actos de autoridad tengan un sustento
jurídico sólido, evitando que decisiones arbitrarias o contrarias a la Constitución se materialicen en actos ejecutivos. Además, el artículo 133 de la Constitución consagra la supremacía constitucional, al establecer que la Constitución es la ley suprema de la nación, por lo que todas las normas, incluidas las resoluciones judiciales, deben subordinarse a ella. En este contexto, ¿cómo se puede justificar que la voluntad popular expresada en las urnas y materializada por los legisladores electos deba quedar supeditada a una resolución judicial notoriamente contraria a derecho? ¿Cómo subordinar la potestad del pueblo que tiene “en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, según reza el artículo 39 de la Carta Magna a la decisión indebida de un juzgador?
Segundo. El artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo establece de manera categórica la improcedencia del juicio de amparo en contra de reformas constitucionales, lo que significa que ninguna autoridad jurisdiccional está facultada para ordenar la suspensión de una reforma aprobada conforme a los procedimientos previstos en el artículo 135 de la Constitución. Este precepto resulta fundamental para garantizar que las decisiones del Poder Reformador de la Constitución no sean obstaculizadas por mecanismos judiciales que, en casos como el analizado, se estarían utilizando de manera indebida y donde paradójicamente el poder reformado (el Poder Judicial tanto el Federal como los locales) reclama, en suma, que no puede haber una
reforma constitucional si ésta no cuenta con su expresa anuencia. Si un juez ordena la suspensión de una reforma constitucional, dicha orden carece de validez jurídica, y las autoridades no están obligadas a cumplirla, ya que su ejecución implicaría una violación al referido artículo 61 de la citada ley y al principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional. Cumplir con una orden judicial que vulnera la Constitución genera la nulidad absoluta de dicho acto. El principio de legalidad no es una simple garantía procesal formal, sino una condición esencial para preservar el Estado de derecho. En consecuencia, las autoridades están obligadas a no ejecutar órdenes judiciales que sean manifiestamente contrarias a la ley, ya que su cumplimiento implicaría un acto ilícito, porque de no ser así, en la lógica del absurdo, la autoridad legítimamente surgida de la voluntad popular expresada en las elecciones (el Poder Reformador de la Constitución) estaría convertida en rehén de una autoridad judicial designada actuando en contra de sus propias facultades legales, animada por la afectación de sus propios intereses personales y donde, por ello mismo, es al mismo tiempo juez y parte, existe un claro conflicto de interés y dirime en su seno sus propios casos lo que resulta ajeno por entero al derecho y al mínimo de ética cuyas reglas la SCJN estaría incumpliendo con esta ruta de enfrentamiento creciente con la 4T donde no habrá de salir avante. Tercero. En concreto, no esperar a impugnar una orden judicial manifiestamente ilegal, y optar por no obedecerla, encuentra
fundamento en las razones que a continuación se expresan: a) El artículo 133 de la Constitución Mexicana establece que la Constitución es la ley suprema y ninguna disposición contraria a ella tiene validez. Si una orden judicial contradice la Constitución o una ley no tiene efectos jurídicos. Si la autoridad ejecuta dicha orden, estaría vulnerando la supremacía de la Constitución. Al no obedecer la orden ilegal, la autoridad está protegiendo la Constitución y asegurando que no se comprometa su integridad; b) El artículo 16 de la Constitución exige que todo acto de autoridad esté fundado y motivado en la ley. Una orden judicial que no cumpla con este requisito debe ser tratada como un acto nulo desde su emisión. El incumplimiento de ese mandato viciado de origen es una forma de proteger el principio de legalidad en tiempo real, evitando que se materialicen actos ilegales; c) A nivel internacional, el principio de no obediencia a órdenes manifiestamente ilegales está bien fundamentado en tratados y convenciones. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 1º) refuerza el deber de las autoridades de proteger los derechos fundamentales, lo cual incluye el rechazo de órdenes ilegales que puedan vulnerarlos. No es necesario- insisto- esperar a que una instancia superior (que también está afectada de un clarísimo conflicto de interés) determine la ilegalidad de una orden si ésta es claramente inconstitucional e ilegal donde el ejercicio de ponderación es el derecho del pueblo (artículo 39) vs derechos de los juzgadores a mantener sus condiciones de acceso a los cargos y sus prestaciones ajenas por entero a las existente para el servicio público; d) No obedecer una orden judicial ilegal de inmediato no es una cuestión de desobediencia o desacato, sino de defensa del Estado de derecho. Tengo la absoluta convicción- y veremos en los hechos- de que la reforma constitucional seguirá con todo y sus vacíos y limitaciones. México no será por ello expulsado de la ONU, no habrá ruptura de relaciones con EU y Canadá, no habrá una rebelión social en defensa del PJF, tampoco el Ejército hará causa común ni el país dejará el T-MEC.
Í N D I C E . . .
Ruperto Portela Alvarado
• NADA ES PARA SIEMPRE…
• El lunes acaba la 4T de AMLO…
• La destrucción que no para…
• México copado por los cárteles…
• El recuento fatídico del sexenio…
LO QUE EMPIEZA, TERMINA…
Como decía JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ:
“estas que te vas, y te vas y no te has ido”, pero afortunadamente, a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR le podremos cantar aquella de “el final, se acerca ya, esperaré, impacientemente” los últimos cuatro días del sexenio de 5 años con diez meses. Se cumple la máxima de que “nada es para siempre”.
El próximo lunes 30 de septiembre acaba la cuarta transformación de AMLO y empieza el segundo piso de la 4T con la gerente de la franquicia presidencial, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, quien sigue los mismo pasos de su mentor y “Jefe de Jefes”, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, el que dijo que al término de su mandato se iría a su rancho “La Chingada” y ahora dice, como “La Chimoltrufia” que se quedará en la Ciudad de México para adaptarse a su nueva vida de ex Presidente de la República.
Ya las televisoras de red nacional se han dado a la tarea de hacer el recuento de daños del mandato de “un solo hombre” en términos de finanzas y economía; educación, salud, inseguridad nacional, corrupción y destrucción de las instituciones que a cuatro días de concluir la administración insiste
y persiste a través del “Congreso Nacional de Lambiscones” (diputados y senadores) que actúan como criados del “Mesías”. La destrucción del país no para. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR dejará un México sangriento con más de 190 mil asesinatos dolosos; 50 mil desaparecidos; 5 mil feminicidios; 3 mil secuestros y más de 800 mil muertos por la mala atención a la pandemia del Covid 19. La violencia se ha apoderado de estados como Sinaloa que está en llamas; Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Guanajuato, Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Chihuahua e inclusive Chiapas, donde gobierna la delincuencia organizada e impera la inseguridad. Y todavía dejó pendiente el caso de los 43 de Ayotzinapa y las cuentas de los 113 fideicomisos de los que se comió las millonarias bolsas.
En esta administración de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR se multiplicaron los cárteles de la droga y la delincuencia organizada. Había paso libre y orden para no molestar a estas organizaciones con su dicho de “Abrazos, No Balazos” que se intuye como una complicidad del Gobierno Federal con poderosas mafias. De eso hay muchos indicios de que el Prejimiente está coludido con los cárteles de la delincuencia organizada.
México está copado por los cárteles de la violencia y muerte que mantiene en zozobra a la población de la que 8 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros y viven con miedo en sus ciudades y poblaciones donde habitan. Es el México sangriento en el país del surrealismo mexicano que LÓPEZ OBRADOR ha dado en llamar “Humanismo Mexicano”. Es el Estado Fallido de la Cuarta Transformación que pasará a la historia como el peor gobierno y Presidente de México.
El recuento de los daños es fatídico y sangriento; más un déficit económico de 2.4 billones de pesos y una destrucción de la Constitución, las instituciones (Poder Judicial de la Federación, INAI, etc…) y todas las instancias autónomas que eran contrapeso al Poder Ejecutivo Federal que al Prejimiente no le gusta, como no le gusta tampoco la rendición de cuentas y transparencia.
A eso debemos sumar el índice de endeudamiento que dijo LÓPEZ OBRADOR que no había solicitado, pero que la realidad lo desmiente cuando suma a la deuda 6.6 billones de pesos más, a los montos dejados por FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y ENRIQUE PEÑA NIETO que era de 6 billones de pesos.
Me queda la sensación de que a XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ le fue bien, aun perdiendo la elección
presidencial, porque CLAUDIA SHEINBAUM PARDO se sacó la rifa del tigre y tendrá que cargar con todos los negativos y “herencia maldita” que le dejará su mentor, patrón y mesías, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Y esto es poco a todo lo que digo en este mínimo espacio, porque de gobierno fallido, errores y consignas en contra de las instituciones y la Constitución, todavía hay un largo trecho que comentar. Dicho: lo que empieza termina y nada es para siempre. AMLO acabó su gobierno y al país, pero no dejará de mandar y decidir, porque ya dijo que “se quedará en la Ciudad de México para aclimatarse”… Se acabó el mecate… Y ES TODO...
España y México escribieron esta semana un nuevo capítulo sobre sus relaciones diplomáticas, cada vez más tirantes, debido a los desencuentros causados por la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México el próximo 1 de octubre.
Antes de iniciar su gobierno, la marioneta de AMLO vuelve a meter la pata, que no es la primera vez que lo hace, tantas veces como si no supiera en donde está parada.
Muchos la creían inteligente, pues le dicen científica, pero en este aspecto no le conocemos que haya destacado, pero después de excluir al Rey de España Felipe VI de su toma de protesta, porque este no pidió perdón al Rey de Macuspana, López Obrador por los agravios a los pueblos indicios hace más de 500 años, Claudia Carlota 1ª, pretexto que fue una falta de respeto al presidente y al pueblo de México.
Todos sabemos como esta el problema, López Obrador se siente ofendido porque el Rey Felipe ni lo peló cuando le mando aquella carta de protesta, sin embargo, es una idiotez la acción de la marioneta de AMLO.
¡Oh gran decepción! Ha causado la próxima presidenta pues muestra que al igual que su patrocinador no tiene la delicadeza diplomática para tratar los asuntos internacionales, sobre todo, ignora lo que es España para México y los mexicanos.
Yo como pueblo no me siente agredido por la actitud del Rey Felipe VI, no, porque, pues no porque Claudia hace suya la demagogia pueblerina provincial de López Obrador que nos rebaja a un comportamiento de mandatario de una república bananera.
Con la actitud asumida por Claudia hace suyos los complejos y los resentimientos de López Obrador por los españoles, ya que es bien conocido que este detesta a la madre patria, a pesar que su abuelo José Obrador nació en Ampuero (Cantabria) y emigró a México con solo 14 años, cruzó el Atlántico escondido en un barril de un barco y con documentación falsa. Ahora entiendo la razón de ser tramposo y mentiroso.
Existen testimonios que una vez López Obrador le dijo al presidente de Castilla-La Mancha, una comunidad autónoma de España, Emiliano García-Page:
CARTELERA POLÍTICA
Leonel Durante López
• Un absurdo el conflicto diplomático entre México y España
• Claudia heredará un gran caos económico y social
“yo odio a España, odio a los españoles, nuca viajaré a España, nunca le perdonaré lo que nos hicieron”.
Entonces como el Rey Felipe VI no se disculpó a petición explicita de López Obrador las cosas que pasaron entre los años de 1519 o 1521 la conquista del imperio mexicano por parte de los aventureros navegantes españoles y, por esa razón el Rey de España no fue invitado a la asunción de la señora Sheinbaum.
Es tanta la ignorancia de ambos, el jefe y su domador, que no se dieron cuenta que lo que cometieron en realidad, fue un agravio, un desaire, un gesto diplomático abiertamente hostil y ofensivo.
Por eso el presidente socialista español, Pedro Sánchez Salió a decir bien que, si México no invita al Rey de España a la investidura de la próxima presirvienta de México en los próximos días, entonces no ira ningún representante del gobierno español.
De tal suerte y por culpa de los demagogos de Claudia y Andrés Manuel, ha escalado un absurdo y perfectamente evitable conflicto diplomático entre México y España.
La pregunta aquí es, que, si el Rey de España debe disculparse con México, por lo que hizo Hernán Cortés hace más de 500 años, claro que no, es una estupidez un disparate, porque es pura demagogia como la que nos tiene acostumbrados el tabasqueño, un resentido, un complejo de inferioridad, un resabio de un perdedor o amargura de un fracasado.
Sabrá Claudia la herencia que le deja un enfermo mental
El próximo lunes, será el último día en que López Obrador
viva en Palacio Nacional, pero sabiendo que no se quiere ir, no ha realizado la mudanza para emigrar a otro lado de la Ciudad de México.
Si en realidad, este tiene ganas de largarse a la chingada, hace tres meses hubiera abandonado el Palacio Nacional para dejar deshabitada la casa que habita desde que asumió el cargo y dejar que Claudia haga los cambios de esa casa pues ha dicho que también quiere vivir en ella.
Sabemos que será la nueva presidenta que se convierta en la nueva inquilina de Palacio, pero no que no sabemos a ciencia cierta quien chingaos controlará el inmenso poder hoy acumulado el tabasqueño.
Porque lo digo, pues es que el tabasqueño fue electo a manera de la democracia mexicana, “haiga siso como haiga sigo”, su legitimidad deriva de ellos.
Sin embargo, empoderado políticamente López Obrador sabiéndose poderoso, ha destruido la democracia en México, y a tan solo ocho días del ocaso de su gobierno, no ha dejado un solo minuto a su sucesora de maneje de manera independiente.
Como sea, pero la que será la nueva marioneta de López Obrador llega a la Presidencia de forma legal, pero su legitimidad se deriva de una fuente autoritaria.
No sabemos si lo entiende Claudia que finamente logrará sacudirse a esa lacra tabasqueño, o siente que le debe todo al dictador que hoy concentra en su persona, lo que le resta de su gobierno, los tres poderes: el que legalmente le corresponde, el que sus lacayos le otorgan.
La cuestión es que la Constitución ha quedado en manos de un solo grupo político, que se conformó alrededor de una sola
persona, y en el que participan personajes que han demostrado querer igualar a su líder en sus principales características: la mentira, la falta de empatía, la desvergüenza.
La mayoría de los mexicanos sabemos a qué se enfrentará la nueva presidenta luego de asumir el poder, lo sabrá ella o todavía vive en la burbuja encerrada como su domador quiere que este.
Sin duda y ojalá que así sea que Claudia se enfrentará a un gran caos de una crisis económica en ciernes, hay que sumarle la crisis social por negligencia gubernamental, y una crisis política por la destrucción de la democracia, esa será la realidad que le hereda el enfermo mental que aún no quiere abandonar el Palacio. ¿Por qué será?
Del Montón El Gobierno de Estados Unidos desclasificó un documento en el que se revela que desde 1986 en la Embajada de Estados Unidos se sospechaba que Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario de Gobernación, por sus relaciones con narcotraficantes estuvo implicado en el asesinato del agente norteamericano Enrique Camarena, cometido en 1985. En el documento, aunque testado, se pueden apreciar algunos de los señalamientos que en él se hacen entre los que el más importante es la sospecha de que Bartlett Díaz, secretario de Gobernación durante la presidencia de Miguel de la Madrid y actualmente director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), colaboraba con los traficantes de droga que secuestraron y asesinaron a Camarena. Según el documento, en la oficina internacional del FBI en la Embajada de México se tenían sospechas de que las actividades de protección a narcotraficantes “llegaron al secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz”. Hoy ese flamante funcionario es colaborador de AMLO, quien durante su militancia en el PRI, conspiró para derrotar en las elecciones de 1988 junto con Carlos Salinas a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Hoy Bartlett es socio de Andrés Manuel López Obrador, quien ha tomado fama en el mundo por ser un narco presidente. * * * Eso es todo por hoy, hasta el domingo próximo primero Dios con más de lo mismo.
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