Para un amplio sector de población el principal problema en Chiapas es la inseguridad, aunque esta problemática ha sido ocultada y negada por el gobierno. PAG. 2
15 días cumple de instalado el nuevo Congreso Local y todo sigue igual. Hay una inercia del gobierno de Rutilio que contamina el trabajo político. En dónde nadie toma decisiones y el Congreso debe convertirse en cogobierno.
Debe llamar a cuentas a funcionarios estatales,sobre todo en seguridad, educación, salud, particularmente la Auditoría Superior del Estado, para conocer el tamaño del desastre que hay.
El amigo, asesor, confidente, mano derecha y secretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón fue detenido por agentes de la DEA en diciembre de 2019, en Dallas, Texas, tras ser acusado formalmente de narcotráfico
Eduardo Ramírez se reúne con la titular de la Sedatu
DECLARACIÓN Leyes modernas, claras y justas para Chiapas: Luis Ignacio Avendaño
El Rutilante discurso de la seguridad
Para un amplio sector de población el principal problema en Chiapas es la inseguridad, aunque esta problemática ha sido ocultada y negada por el gobierno. Sin embargo, el objetivo central como sociedad es la construcción de la paz, donde esto incluye tres vertientes: la seguridad, la justicia y el bienestar de la población, sobre todo, porque no puede haber paz, con problemas de seguridad, no hay paz, sin justicia y no puede haber paz en un pueblo con hambre. Por eso más que la búsqueda de la seguridad, el objetivo debe ser la construcción de paz.
En la lógica del actual gobierno no ha estado presente la garantía de la seguridad en la población y mucho menos la construcción de paz, por eso en Chiapas se vino construyendo la idea del desastre y frente a esto el gobernador, instruido por el expresidente López Obrador, inventó el falso discurso de un Chiapas seguro, y para ello utilizaron las estadísticas del INEGI que presentan datos de una baja incidencia delictiva en la entidad. Pero había que interrogarse quien alimenta esas estadísticas, y la respuesta
es el propio gobierno, la secretaría de seguridad y la fiscalía del Estado son las dependencias responsables de reportar los delitos al Sistema Nacional de Seguridad Pública, y según los funcionarios –el expresidente sobre todo-, aseguraban que en homicidios no existe la cifra negra, o sea los delitos que no son reportados. Sin embargo, en Chiapas hay decenas de homicidios que no son reportados, simple y sencillamente porque los cuerpos son sepultados en fosas clandestinas. Ejemplo de ello son muchos: en los municipios fronterizos de la Sierra, Amatenango de la Frontera, Motozintla, Chicomuselo y Frontera Comalapa, y particularmente en La Concordia, Villa Corzo y Villaflores, municipios pertenecientes a La Frailesca, vecinos de esos lugares reportan enfrentamientos regulares entre los cárteles, con decenas de muertos y desaparecidos, que no aparecen en las estadísticas que se reportan al registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública que es donde extrae el INEGI su información oficial. Situación similar se presenta en los municipios indígenas en donde también hay constantes enfrentamientos, pero donde
los familiares levantan los cuerpos sin esperar la presencia del ministerio público y dan sepultura a los cuerpos, por eso los homicidios en Pantelhó, Chenalhó y Aldama, lugar de enfrentamientos hay una baja incidencia de delitos de alto impacto, que resulta dudoso, mismo que le proporciona los argumentos a las autoridades para repetir el falso discurso de la seguridad en Chiapas.
La realidad, es que los sucesos de violencia, son cada vez con mayor frecuencia en la entidad se, por lo que resulta ofensivo el discurso de la falsa tranquilidad en Chiapas, y se convirtió en una burla los boletines oficiales que se difunden anunciando la existencia de saldo blanco en delitos de alto impacto, cuando en Chiapas todos los días hay un incremento de ejecuciones, enfrentamientos armados, desapariciones desplazamiento forzado por el reclutamiento y la violencia generada por la delincuencia organizada en las comunidades, todo esto ante el silencio y complicidad de las autoridades, que ante la violencia generalizada, prefieren mantener el falso discurso y asegurar que Chiapas es de los Estados más seguros del país.
Colectiva Cereza denuncia irregularidades en caso de homicidio
Óscar Gómez/ Corresponsal
San Cristóbal de La Casas.
Integrantes de la Colectiva Cereza han emitido han denunciando las irregularidades en la investigación del asesinato de Juan, un hombre conocido en su comunidad por su comportamiento violento.
Según Colectiva Cereza Juan tenía un historial de conflictos con sus vecinos y familiares, incluido el asesinato de uno de sus hermanos hace tres años. A pesar de su peligrosa reputación, la Fiscalía Indígena ha optado por acusar a Juana, su esposa, y a Ernesto, yerno de Juan, de su muerte, basándose en lo que la Colectiva considera una “teoría telenovelesca”.
En conferencia de prensa, Patricia Aracil afirmó que en proximos días será la apelación, ya que ambos acusados fueron sentenciados a 25 años, por lo que piden su libertad, ya que aseguran la Fiscalía Indígena construyó su caso sobre estereotipos y prejuicios, afirmando que Juana y Ernesto mantenían una relación sentimental, lo cual habría sido el motivo del homicidio.
Además, acusa a la Fiscalía de manipular a los hijos adolescentes de Juan y Juana, identificados como ESS y CSS,
Según Colectiva Cereza Juan tenía un historial de conflictos con sus vecinos y familiares, incluido el asesinato de uno de sus hermanos hace tres años. A pesar de su peligrosa reputación, la Fiscalía Indígena ha optado por acusar a Juana, su esposa, y a Ernesto, yerno de Juan, de su muerte, basándose en lo que la Colectiva considera una “teoría telenovelesca”
forzándolos a testificar en contra de su madre y su tío bajo amenazas. Según la Colectiva, los derechos de los menores fueron vulnerados durante las entrevistas, que no siguieron los protocolos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar la protección de los derechos humanos de los niños y adolescentes.
La Colectiva también señala la falta de garantías procesales durante el jui-
Eduardo Ramírez se reúne con la titular de la Sedatu
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez,
Chis. (Tribuna)
El gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel; el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Víctor Hugo Hofmann Aguirre; y la próxima secretaria de Infraestructura de su gobierno, Anakaren Gómez Zuart. A través de sus redes sociales, Eduardo Ramírez dio a conocer que se construirán 15 mil viviendas para
derechohabientes y 30 mil para no derechohabientes, y que buscará el apoyo de la presidenta de México para ampliar el padrón de beneficiados. En ese contexto, destacó que siempre mantendrá un acompañamiento y una colaboración cercana con la Federación para impulsar el desarrollo y crecimiento del estado. Finalmente, el mandatario electo expresó que: “En la Nueva ERA, construimos de manera conjunta con nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, el segundo piso de la Cuarta Transformación de Chiapas y México.”
cio, donde los testimonios de los menores fueron presentados por lectura después de que la Fiscalía los declarara “no aptos” para testificar en audiencia. Esta evaluación se basó en una supuesta entrevista psicológica que examinaron, sin pruebas clínicas, que los adolescentes padecían trastorno de estrés postraumático. De manera polémica, la jueza concluyó que los menores sufrían un “trastorno mental transitorio”.
Frente a estas irregularidades, la comunidad ha tomado medidas para proteger a los menores y ha impedido que los policías de investigación ingresen nuevamente al territorio. A pesar de esto, la Fiscalía ha argumentado que los niños no comparecen por miedo, lo que, según el comunicado de la Colectiva Cereza, es una distorsión de los hechos. La organización asegura que la verdadera razón es la defensa de los derechos de los menores y la manipulación ejercida por las autoridades
La Colectiva Cereza exige una investigación imparcial y el respeto de los derechos de Juana, Ernesto y los menores involucrados, cuestionando la legitimidad de un proceso judicial que considera viciado desde su origen. Según sus declaraciones, el caso no solo refleja el machismo y los prejuicios contra las mujeres indígenas, sino también un abuso de poder por parte de las autoridades.
Convocan a ponencia sobre desapariciones forzadas en Chiapas
Óscar Gómez/ Corresponsal San Cristóbal de Las Casas.
El próximo viernes 18 de octubre, a las 17 horas, se llevará a cabo una ponencia sobre el tema de las desapariciones forzadas en Chiapas, un evento organizado por el Comité de Consulta y Participación Ciudadana de esta ciudad.
El encuentro tendrá lugar en el emblemático Teatro Zebadúa y será encabezado por Cristian Antonio Hidalgo Reyes. Al respecto, Eduardo Villatoro Ramos, presidente del Comité, destacó en entrevista la importancia de este tipo de actividades, señalando que las desapariciones forzadas “son una situación que puede afectar a cualquier persona”.
Villatoro también subrayó la necesidad de mejorar el actuar de las autoridades ante este fenómeno. “Queremos abrir un espacio de diálogo con la ciudadanía para entender mejor cómo se encuentra la situación actual en el estado”.
“El evento está dirigido a toda la comunidad y se espera la asistencia de organizaciones civiles, familiares de personas desaparecidas y público en general, interesados en comprender los alcances de esta problemática. Con esta ponencia, el Comité de Consulta y Participación Ciudadana busca generar mayor conciencia sobre las desapariciones forzadas y crear un puente entre la sociedad y las autoridades para enfrentar juntos esta crisis humanitaria”, concluyó.
Anuncian la Segunda Edición de la Feria
Artesanal del Barro en Amatenango del Valle
Noé Juan Farrera Garzón. Primer Plano Magazine
Paulina Jiménez Gómez, presidenta del comité organizador de la Feria Artesanal del Barro 2024, ha anunciado la realización de la segunda edición de este evento, que tendrá lugar del 1 al 3 de noviembre de 2024 en el centro de la cabecera municipal de Amatenango del Valle, Chiapas.
Este evento, que contará con la participación de más de cien artesanos, entre niños, mujeres y hombres, lo que representa una gran oportunidad para que estos creadores, presenten su arte directamente al público, facilitando una conexión más profunda entre los artesanos y los visitantes, además, de estar abierta la exposición a los demás artesanos alfareros que deseen sumarse a esta causa.
Jiménez Gómez subrayó, que la
feria no solo será un espacio para disfrutar del arte de la alfarería, sino también un esfuerzo para impulsar la reactivación económica de la región. Los artesanos tendrán la oportunidad de comercializar sus productos, promoviendo así el desarrollo local y permitiendo que los visitantes apoyen directamente a los productores, además se contará con talleres de alfarería, exposición de textiles, gastronomía y música en vivo.
En una reciente entrevista, la presidenta del comité destacó que la feria permitirá a los asistentes adentrarse en el fascinante mundo de la alfarería, descubriendo a artistas que buscan proyectar sus obras a nivel mundial. Además, enfatizó la calidad y el valioso legado que cada pieza de barro lleva consigo, preservando una tradición ancestral que ha pasado de generación en generación.
La alfarería en Amatenango del
Valle es más que un oficio; es una manifestación artística y cultural con profundas raíces en la cosmovisión de los pueblos indígenas de la región. Cada pieza de barro cuenta una historia, desde las tradicionales figuras de jaguares y palomas, hasta innovadoras creaciones contemporáneas. Este legado ha perdurado hasta nuestros días, reflejando la continuidad de las tradiciones en armonía con la modernidad.
Se invita a personas de todo el mundo a visitar la cabecera municipal de Amatenango del Valle, ubicada a menos de 40 kilómetros de San Cristóbal de Las Casas, y a disfrutar de esta gran celebración del arte y la cultura chiapaneca.
La Feria Artesanal del Barro 2024 promete ser un escaparate único para mostrar el talento de más de cien artesanos, al mismo tiempo que impulsa el desarrollo económico y la identidad cultural de Chiapas.
Leyes modernas, claras y justas para Chiapas: Luis Ignacio Avendaño
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
La Comisión de Armonización Legislativa y Prácticas Parlamentarias, es un órgano por demás fundamental para el buen funcionamiento del Congreso del Estado y para garantizar que las leyes que se promulgan sean acordes con el marco constitucional, sostuvo el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, al instalar los trabajos del citado órgano parlamentario.
En el salón de usos múltiples “Fidelia Brindis Camacho”, acompañado del diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política; Patricia Conde Ruiz, nombrada secretaria de Gobierno de la próxima administración; el doctor Juan Carlos Moreno Guillén, así como representantes de las barras de abogados, Avendaño Bermúdez tomó la protesta de rigor a las y los diputados Maritza Molina Molina, Marcela Castillo Atristain, Sahara Munira José Flores, Abundio Peregrino García, Jovannie Maricela Ibarra Gallardo y Javier Jiménez Jiménez. El también presidente de la Mesa Directiva recalcó que la Comisión asegura que nuestras leyes sean modernas claras y justas, garantizando el trabajo parlamentario que se realizará bajo los altos estándares de eficiencia, eficacia y transparencia, apegado a los principios democráticos.
“Nos aseguraremos de que el marco jurídico de Chiapas esté armonizado con las leyes federales y tratados internacionales. A nivel nacional debemos garantizar que el marco jurídico de Chiapas esté siempre actualizado para su correcta aplicación”, destacó.
Además, indicó que “Las prácticas parlamentarias, que es la vida cotidiana de nuestro Congreso, es nuestra responsabilidad. No solo se centra en las leyes que aprobemos, sino también en servir al pueblo de Chiapas con eficiencia, transparencia y responsabilidad”.
Continuando con la instalación de las comisiones parlamentarias, correspondió a la diputada Bertha Flores Sánchez declarar formalmente instalados los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos.
En el acto protocolario de toma de protesta estuvo acompañada de Juan José Zepeda Bermúdez, consejero presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el estado de Chiapas, como invitado de honor.
Esta Comisión quedó formalmente constituida por las y los diputados Jorge Luis Llaven Abarca, Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, Marcela Castillo Atristain, Faride Abud García, Luz María Castillo Moreno y Flor de María Guirao Aguilar.
En el desahogo de la agenda parlamentaria, la diputada Luz María Castillo Moreno instaló los trabajos de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad e Inclusión, por lo que tomó la protesta de rigor a las y los diputados José Ángel Del Valle Molina, María Mandiola Totoricaguena, Ana María Solís Ruiz, Alejandra Gómez Mendoza, Silvia Esther Argüello García y Juan Salvador Camacho Velasco.
Al hacer uso de la palabra, la diputada Luz María Castillo señaló que una de las tareas principales de los estados es establecer acciones concretas que permitan garantizar un respeto pleno y salvaguardar los derechos humanos,
entre ellos el respeto a los derechos de los grupos poblacionales específicos, que por sus condiciones pueden sufrir de vulneraciones.
Los grupos en situación de vulnerabilidad -recalcó- son aquellos que debido al menosprecio generalizado de alguna condición específica que comparten a un prejuicio social erigido en torno a ellos o por una situación histórica de opresión, injusticia, se ven afectados sistemáticamente en el disfrute y ejercicio de sus derechos fundamentales.
Durante las actividades parlamentarias, se instaló también la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, que preside el diputado Freddy Escobar Sánchez, y que está integrado por las y los diputados Erika Paola Mendoza Saldaña, Mario Francisco Guillén Guillén, Fermín Hidalgo González Ramírez, Juan Manuel Utrilla Constantino y Elvira Catalina Aguiar Álvarez.
Posterior al acto protocolario de toma de protesta, el diputado Escobar Sánchez sostuvo que la Comisión que preside atenderá temas encaminados en materia migratoria, turismo, comercio exterior, empleo y desarrollo económico.
El trabajo de la Comisión consiste -señaló el diputado Freddy Escobar- en generar las condiciones necesarias para el desarrollo social y económico de los municipios de Chiapas que integran la Frontera Sur del país. Lo anterior, a través de la consolidación de estrategias integrales para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región y así cerrar la brecha de disparidad social y económica con otras regiones del país.
En otro orden de ideas, la aproba-
ción de decreto por el que se reforma la Constitución Política de México, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, representan un avance a favor de nuestros hermanos indígenas, señaló el diputado Domingo Velázquez Méndez, durante el acto protocolario de instalación de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos de la Sexagésima Novena Legislatura.
“El respeto a los derechos de los pueblos indígenas también está plasmado en las leyes internacionales de las que formamos parte, una de ellas es la Organización de las Naciones Unidas que reconoce la importancia de proteger y promover los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha ponderado como sus objetivos principales: Erradicar la pobreza y la desigualdad, promover la educación de calidad, proteger el patrimonio cultural y promover la diversidad lingüística y cultural”, afirmó. Lo anterior, una vez que le fue tomada la protesta de rigor a las y los diputados integrantes de la Comisión: Wendy Arlet Hernández Ichín, Bertha Flores Sánchez, María Roselia Jiménez Pérez, Selene Josefina Sánchez Cruz, Rosalinda López Sánchez y Ana María Solís Ruiz.
Detienen a otro hijo del exalcalde de Taxco, Mario Figueroa, acusado de narcomenudeo
Marco Figueroa, hijo del exalcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, fue detenido y vinculado a proceso por el delito de narcomenudeo.
Son dos hijos del exedil que han sido recluidos en este mes y que enfrentan procesos penales.
Además, ha trascendido que sobre el exalcalde Mario Figueroa Mundo pesa una orden de aprehensión por diversos delitos, entre ellos el de desaparición forzada. Otros exfuncionarios cercanos estarían involucrados.
El primer hijo detenido fue Mario Figueroa a quien se le imputa el delito de desaparición forzada cometida por particulares ocurrida en ese municipio de la región Norte de la entidad.
El hijo mayor de quien fuera la primera autoridad municipal fue arrestado en Cuernavaca, Morelos, el 1 de octubre, un día después de que su padre dejara la presidencia municipal de Taxco.
El 8 de octubre fue vinculado a proceso junto a Jorge Reyes Calde-
• Secretario de Salud del estado, Francisco Mariscal, exhorta a las instituciones del sector a sumar esfuerzos para alcanzar la meta en la aplicación de dosis y proteger a los grupos vulnerables
rón, El Maicero, presunto operador en Taxco de la organización criminal La Familia Michoacana.
Ayer por la noche, la FGE dio a conocer que logró la vinculación a proceso de Marco “N” y Cristian “N” por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple en el municipio de Taxco.
Marco de 39 años y su presunto escolta Cristian fueron detenidos la madrugada del viernes último en
Taxco en posesión de presunta droga, de acuerdo con la fiscalía estatal. Ese día se desplegaron operaciones en distintos puntos de la ciudad y fue cateada una propiedad del exalcalde.
Los imputados fueron presentados ante el juez de control, quien tras analizar las pruebas presentadas por la FGE en una audiencia resolvió dictar auto de vinculación a proceso y un plazo de seis meses para las indagatorias complementarias.
Estas detenciones se dan a raíz de una operación realizada el 28 de agosto por agentes del Ejército, Guardia Nacional y policía ministerial en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública local y en el municipio donde fueron arrestados 10 policías preventivos, entre ellos su director, Cristofer Guillermo Rodríguez.
Seis agentes enfrentan un proceso por el delito de desaparición forzada y cuatro por secuestro agravado.
En la pasada elección, Mario Figueroa buscó reelegirse por Movimiento Ciudadano, pero perdió ante el abanderado de Morena, Juan Andrés Vega Carranza.
La última aparición pública de Figueroa fue el 29 de septiembre en un acto de entrega – recepción de la administración. Ya no se presentó a la toma de posesión del nuevo alcalde.
La seguridad pública en el municipio está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Sedena.
Localizan tres cuerpos embolsados en Epazoyucan, Hidalgo
Áxel Chávez
PACHUCA, Hgo. (apro).
Tres cadáveres embolsados y con signos de violencia fueron localizados esta mañana en la comunidad de Nopalillo, en el municipio de Epazoyucan, Hidalgo.
Se trata del tercer multihomicidio en la zona metropolitana de Pachuca durante las dos primeras semanas de octubre, luego de un triple feminicidio y el hallazgo en una fosa clandestina con los restos humanos en descomposición y devorados por fauna silvestre de otras seis personas. Los cuerpos encontrados este día en bolsas de plástico estaban en un paraje despoblado en la carretera NopalilloReal del Monte. Personas que observaron los bultos hicieron el llamado de emergencia a la policía municipal, que, a su vez, pidió el apoyo a la Procuraduría estatal para el levantamiento de las víctimas y los peritajes.
Aunque las identidades no han sido dadas a conocer, los primeros reportes de seguridad refieren que son dos hombres y una mujer los que
estaban dentro de las bolsas. Todos con marcas de tortura.
El sábado 13 de octubre, las autoridades encontraron los cuerpos acribillados de tres mujeres en las inmediaciones de un pozo de agua en la localidad del Jagüey de Téllez, en el municipio de Zempoala, que para entonces era el segundo crimen múltiple.
Tras comparecer el lunes en el Congreso de Hidalgo como parte de la glosa del segundo informe de labores del mandatario Julio Menchaca Salazar, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, sugirió que una de las víctimas del triple feminicidio estaba involucrada en “conductas antisociales”, sin dar a conocer pormenores.
El único dato adicional que proporcionó es que era originaria de Guanajuato y tenía una ficha de búsqueda.
Alrededor de los restos de aquellas víctimas –la primera se encontraba cerca del acceso al Rancho Los Pilares y las otras dos, metros más adelante–, los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hi-
dalgo (PGJEH) hallaron casquillos de arma calibre nueve milímetros. El primer multihomicidio fue registrado el 2 de octubre tras el hallazgo de restos humanos semisepultados en un predio de la localidad de Puerto México, en el municipio de San Agustín Tlaxiaca. Las víctimas eran seis jóvenes cuya desaparición se reportó el 21 de septiembre. Aunque sobre ellos había piedras, una extremidad sobresalía entre las rocas. Se trataba, aparentemente, de una mano que fue vista por quienes hicieron la llamada de emergencia, con lo cual se movilizaron las corpo-
raciones de seguridad. Sobre los fragmentos óseos había piedras que ocasionaron una rápida descomposición; entre éstos, un cráneo que al que, al igual que al resto de piezas, la fauna había comenzado a devorar. Olivares Reyna dijo también que esos seis asesinatos podrían estar relacionados con un enfrentamiento entre bandas criminales, sin ahondar al respecto. El gobierno de Hidalgo afirma que no hay presencia de cárteles del narcotráfico y que el problema de violencia es parte disputas de grupos regionales dedicados al robo de hidrocarburo y el narcomenudeo.
Luis Daniel Nava Guerrero (apro)
Arantza Díaz Ciudad de México. (Cimacnoticias)
Oaxaca reunió a 62 mujeres, activistas, defensoras y periodistas originarias de Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca con el objetivo de exponer las principales deudas del Estado en la región del sur y poner en la mira la reivindicación de sus vidas en la que las mujeres y niñas gocen de paridad, salud sexual, educación, alimentación y a un territorio libre de violencia.
El Encuentro regional de defensoras. Bordando resiliencias, se convirtió en un espacio de memoria para nombrar a más de cien mujeres defensoras, activistas y luchadoras sociales que abrieron los caminos al sur del país y abonaron a la resistencia de nuevas luchas.
De esto deviene el reconocimiento de crear comunidad, del cuidado, de la organización colectiva y de proteger el saber ancestral.
Paralelamente, se reconoció que este encuentro está enmarcado a un momento crucial en la lucha de las mujeres, esto luego de que México nombrara democráticamente a la primera presidenta; una mujer que, según refirieron las colectivas, recibe un sistema indolente heredado de gobiernos históricamente neoliberales marcado por las violencias, patriarcado, racismo, capitalismo voraz acompañado de impunidad y un fuerte impacto de la delincuencia organizada que alimenta el tejido del miedo y terror en los estados de Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca.
Reconociendo las diferencias culturales, políticas y sociales de cada una de las entidades, se logran identificar 3 hilos fundamentales que aquejan a estas 4 entidades; la militarización, extractivismo, la violencia de género y la criminalización de las defensoras del territorio.
En este compendio, se permite dibujar que el fenómeno de la violencia comparte similitudes estructurales; el Encuentro regional de Defensoras “Bordando resiliencias desde el sur” llegó a su fin tras 3 días de jornada, pero en la memoria, queda clavado el poder de compartir, de hacer política colectiva, de denunciar y, sobre todo, de resistir desde la organización.
Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca: En alerta por violencia y militarización
En Guerrero, se produjo un posicionamiento en contra de la presencia castrense en la entidad, apuntando a que, de forma reiterada, se han presentado cruentas expresiones de violencia cometidas por miembros del ejército y la Guardia Nacional.
Se apuntó al impacto que esto tiene en la vida de vida de la población, principalmente, sobre las infancias, las juventudes y las mujeres; en el caso de niñas y mujeres, se manifiesta un incremento de violencia sexual y desaparición forzada.
Paralelamente, defensoras denuncian que la presencia castrense en el territorio guerrerense propicia la criminalización de las activistas; muchas
Mujeres de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Guerrero advierten militarización en sus territorios
El Encuentro regional de defensoras. Bordando resiliencias, se convirtió en un espacio de memoria para nombrar a más de cien mujeres defensoras, activistas y luchadoras sociales que abrieron los caminos al sur del país y abonaron a la resistencia de nuevas luchas
de ellas, han sido amedrentadas y forzadas a desplazarse fuera de sus comunidades, sin posibilidad de acceder a una vivienda digna y en particular vulnerabilidad ante la inacción de las autoridades encargadas de brindarles protección.
En Veracruz, las activistas apuntaron la preocupación colectiva luego de un alza en fenómenos de violencia generalizada y que se manifiesta en la trata de personas migrantes, la desaparición, la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos, y posteriormente, a un fenómeno sistémico que ha sido imposible de contener: La infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales de Veracruz, un hecho que da paso a la impunidad.
«Alertamos también frente a la política extractivista y de despojo justificada en el supuesto desarrollo generando heridas lacerantes en nuestro territorio y en el corazón de nuestras comunidades, como en el caso de los proyectos de minería, fracking, del Tren y Corredor Interoceánico», denunciaron.
Desde Chiapas, las activistas, defensoras y periodistas señalaron que la entidad se ha convertido en un territorio de guerra, muerte y militarización.
Hace apenas tres meses El País documentó en «Chiapas, territorio tomado» que existe una extrema violencia contra la comunidad migrante; se tiene registro de familias encerradas en jaulas utilizadas para gallos y grupos de hombres quienes portan un falso equipo de policía y refieren que son ellos la ley en la región sureña de Chiapas que corre desde Corozal, Nueva Palestina, Tapachula hasta la frontera de Comalapa.
Según documenta el medio, Chiapas se ha convertido en un territorio de disputa entre 2 de las células criminales más poderosas del territorio: El Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco
Nueva Generación, dejando a su paso, una cadena de asesinatos, tortura, desplazamientos forzados, secuestros y extorsiones por donde hoy, esta caravana migrante se encuentra avanzando en total desprotección.
El panorama en el cinturón de la frontera de Chiapas es violento y se alimenta de constantes enfrentamientos entre grupos delictivos, coerción en contra de la población vulnerable, homicidios y amenazas, quedando en medio, las comunidades migrantes, indígenas, familias e infancias.
Ante esto, activistas chiapanecas denunciaron que se han gestado desplazamientos masivos y un total de 3 comunidades indígenas han abandonado por completo el territorio a causa de la violencia y la amenaza del crimen organizado.
Asimismo, refirieron la cooptación y reclutamiento de mujeres jóvenes para la esclavitud sexual; violencias de género que, además, se suman a la tendencia de feminicidios, tortura sexual contra mujeres indígenas, criminalización de mujeres y la desaparición de defensoras de la tierra.
Oaxaca, desapariciones e impunidad
Desde la llegada de Salomón Jara Cruz, que pronto concluirá su segundo año presidencial, se han documentado 655 desapariciones de mujeres y 195 feminicidios unas cifras alarmantes que, según denunciaron las defensoras, se recrudece a causa de la desatención a las víctimas, la impunidad y la revictimización.
Es necesario apuntar a que, en los últimos 3 años, tres defensoras mixes han sido desaparecidas: Sandra Domínguez, Irma Galindo y Claudia Uruchurtú.
En materia de extractivismo, al igual que en Veracruz, las defensoras oaxaqueñas denunciaron la instalación de proyectos eólicos y la consagración
de megaproyectos como el corredor transístmico y que, además de los efectos ambientales colaterales, también contribuyen a una reconfiguración del territorio a base de violencia.
Esto último deviene a causa de que cuerpos militares arriban a los espacios con el objeto de apoyar en las megaobras, trayendo consigo, un recrudecimiento de la violencia sexual en contra de mujeres y adolescencias indígenas, así como la criminalización de las y los opositores a la obra.
«En el territorio de Oaxaca enfrentamos también dramáticas crisis en el ámbito ambiental provocadas por la incapacidad de gestión y falta de política pública eficaz que se traduce en el desabasto y racionalización del agua, y crisis de manejo de la basura entre otros.»
Desde la Sierra Norte de Oaxaca, se realizan 5 demandas fundamentales:
Primero: La presentación con vida de la defensora de derechos humanos, Ayuujk Sandra Domínguez Martínez, quien fue desaparecida desde el 4 de octubre de 2024 sin que hasta el momento se haya dado con su paradero.
Segundo: Que la Presidenta de la República vuelva a tender puentes de diálogo y concertación con las mujeres defensoras y periodistas del sur, como una acción urgente para sumar esfuerzos a favor de la agenda de los derechos humanos lo que incluye la protección integral de las mujeres defensoras y periodistas.
Tercero: Que se garantice plenamente la autonomía de los pueblos indígenas, la defensa de los bienes comunes como prioridad y agenda Nacional de los movimientos sociales.
Cuarto: Hacemos un llamado a la unidad de los diversos referentes sociales, feministas, indígenas para caminar juntos de cara a fortalecer la defensa de los derechos humanos como una agenda ÚNICA.
Quinto: Manifestamos nuestro respaldo a las luchas de defensoras y movimientos sociales de Honduras, Guatemala, Nicaragua, Colombia y la Región Latinoamericana en resistencia permanente.
El «Encuentro regional de defensoras. Bordando resiliencias desde el Sur” fue convocado por Consorcio Oaxaca, CIMAC, la Red Estatal de Mujeres defensoras, Activistas y Periodistas de Oaxaca, la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.
Gobierno federal pide revocar amparo a favor de la elefanta Ely; la Corte revisará petición
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el amparo concedido a la Elefanta Ely que ordena a las autoridades federales y capitalinas a cuidarla y mejorar sus condiciones de vida, mismo que el gobierno federal busca que sea revocado.
Por mayoría de cuatro votos, la Segunda Sala de la Corte acordó atraer el recurso de revisión tramitado por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) contra la sentencia de amparo emitida en mayo de este año por la juez Décimo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán en la que concedió la protección a la paquiderma. De acuerdo con la Corte, en el recurso de revisión el gobierno federal cuestionó si Marcos Mario Czacki Halkin, quien se ostenta como repre-
sentante legal de Ely, efectivamente está facultado para tramitar un amparo a su nombre y de considerar que sí puede hacerlo, entonces el Máximo Tribunal podría emitir, por primera vez, un criterio sobre el alcance de la protección a los animales.
“La resolución del caso podría determinar si la persona que promovió el juicio de amparo cuenta con interés legítimo para reclamar diversas violaciones a los derechos a una vida libre de crueldad y al acceso a condiciones de salud de la elefanta.
Gobierno de Sheinbaum debe pagar más de mil millones de dólares por el NAIM
De la Redacción
Ciudad de México (Tribuna)
Entre 2026 y 2028 el gobierno de Claudia Sheinbaum deberá pagar cerca de 20 mil millones de pesos, una deuda que le heredó la administración de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, por pago de bonos por el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, cuya construcción decidió cancelar, informó El Financiero.
Este miércoles ese diario recordó parte de los pesados compromisos fiscales que el gobierno recientemente finalizado, entre ellos el definido por una consulta popular hace seis años: detener la construcción de uno de los más ambiciosos proyecto del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Entre esos lastres financieros está el pago de dos de los bonos senior emitidos por la administración del tabasqueño, que se vencerán en 2026, el primero, y en 2028, el segundo. El vencimiento de la primera serie será en 2026, que son por 562 millones de dólares, unos 9 mil 500 millones de pesos, con una tasa de 4.25 por ciento.
La segunda serie de bonos, informa El Financiero, tendrán vencimiento en 2028, por 592 millones de dólares, unos 10 mil millones de pesos, a una tasa de 3.8 por ciento. En total, se trata de mil 154 millones de dólares, alrededor de 20 mil millones de pesos. Esa cantidad provendrá de los recursos públicos y también de la Tarifa de Uso de Aeropuerto de la central aérea de la Ciudad de México. En todo
caso, implica llevar recursos que deberían tener otros fines para pagar la no realización de una obra.
A esa cifra, informa El Financiero, se debe sumar el pago de los intereses del remanente de 3 mil 718 millones de dólares que están en los mercados financieros por el aborto del NAIM, que deberá ser de cuando menos 187 millones de dólares anuales.
Hace seis años, el 29 de octubre de 2018, aún como jefa de Gobierno de la Ciudad de México electa y tras la “consulta” sobre la cancelación del NAIM, Sheinbaum minimizó su impacto sobre las finanzas pública en nombre de una supuesta “democracia”.
“Hay que acostumbrarse a la democracia, y ya lo dijo el próximo presidente, el presidente electo, que no habrá daños a las inversiones, que se va a compensar todo lo que signifique y que habrá inversión en Santa Lucía. Yo no lo veo como crisis: es parte de la nueva democracia del país”, afirmó.
Entonces, Sheinbaum dijo que no se confrontaría con los opositores y consideró que los resultados de la consulta eran “un llamado a ver qué cambió en el país: cambiaron las cosas y se va a respetar el tema de los contratos”. Con información de Revista Etcétera.
“Si el interés legítimo no constituye una causal de improcedencia, en el estudio de fondo se podría dilucidar el alcance de la protección a los animales establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, así como los estándares que las autoridades deben utilizar para garantizar el bienestar material y psicológico, el trato digno y respetuoso a los animales, el fomento a la cultura de cuidado y tutela responsable de cada una de las especies que se encuentren en cautiverio en zoológicos a cargo del
gobierno local y de las alcaldías de esta ciudad. Incluso, se estaría ante la oportunidad de considerar si los animales tienen derechos, entendidos como ‘seres sintientes’ diferentes a las personas”, explicó la Corte. En la sentencia impugnada por Profepa, la juez Trejo también ordenó realizar diversos estudios para identificar si Ely tiene afecciones de cualquier tipo, como lo han señalado los activistas por los derechos de los animales que afirman que tiene tanto padecimientos físicos como psicológicos por permanecer en un lugar inadecuado a sus necesidades. El recurso había sido admitido a trámite por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa pero, al considerar su relevancia, los magistrados decidieron pedir a la Corte que lo atrajera.
Durante la sesión de este miércoles, la ministra Yasmín Esquivel propuso atraer el caso, la única que votó en contra fue Lenia Batres Guadarrama.
Consejo de la Judicatura llama a reanudar labores en juzgados y tribunales federales
Diana Lastiri
Ciudad
de México (apro)
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) insistió en que todos los juzgados y tribunales de la Federación deberán regresar a trabajar de manera normal, pese a la decisión de algunos empleados de mantenerse en paro de labores contra la reforma judicial.
A través de la circular 22/2024 emitida hoy, el CJF aclaró que no ejercerá acciones legales contra los trabajadores que decidieron no reanudar labores para mantenerse realizando manifestaciones contra la reforma judicial, pero sí los exhortó a regresar a trabajar para evitar incurrir en responsabilidades.
“En aras de prevenir que con tales formas de protesta se pudiese fincar responsabilidad de cualquier tipo de perjuicio de los trabajadores, se deberán reanudar actividades completas en todos los tribunales y juzgados del país, en los horarios de ley y en las mismas condiciones laborales que han prevalecido hasta ahora.
“Lo anterior, no implica que el Consejo de la Judicatura Federal dará inicio a procedimientos de responsabilidad de manera oficiosa respecto de ninguno de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación”, señaló.
Precisó que, ante la decisión de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) de regresar a trabajar, no decretó la suspensión de plazos y términos
legales, aunado a que los trabajadores no ejercieron su derecho de huelga conforme a las leyes burocráticas.
“En el caso concreto, no se advierte que los trabajadores, a través de los medios que proporciona el derecho, hayan ejercido algunas de las figuras previstas en las leyes burocráticas correspondientes.
“En ese orden, el acto de protesta consistente en no reanudar labores, impedir el acceso a edificios de los tribunales y no dar trámite a los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Poder Judicial de la Federación, tampoco encuentra respaldo en el derecho burocrático”, indicó.
Añadió que los jueces y magistrados que ya reanudaron labores están obligados a llevar un control de asistencia de sus colaboradores.
Proceso informó que los trabajadores del edificio sede del PJF en San Lázaro decidieron mantenerse en paro de labores, por lo que los jueces y magistrados del lugar decretaron días inhábiles del 16 al 18 de octubre.
Esta es una facultad que los juzgadores tienen ante situaciones imprevistas como la falta de personal para trabajar adecuadamente.
Diana Lastiri Ciudad de México (apro)
La tómbola del Senado barrió con 54 jueces incómodos para AMLO; éstos son algunos de ellos
Las plazas de más de 50 jueces federales que emitieron resoluciones incómodas para el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que incluso algunos de ellos fueron exhibidos en las conferencias matutinas del exmandatario, serán sometidas al proceso de elección extraordinaria del año 2025.
De una revisión realizada por Proceso en la lista de los 386 juzgadores que salieron en la tómbola del Senado de la República del pasado 12 de octubre y cuyas plazas serán sometidas a la elección judicial de 2025, se pudo constatar que, por lo menos, 54 de esos jueces y juezas han conocido de asuntos mediáticos y en la mayoría de ellos sus resoluciones fueron duramente criticadas por el expresidente López Obrador. De los nombres de los juzgadores en la ciudad destaca el de Adrián Fernando Novelo Pérez, juez Primero de Distrito en Yucatán, quien en marzo de este año ordenó al gobierno federal acatar la suspensión para frenar las obras del tramo 5 sur del Tren Maya.
También es el caso de Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza Primero de Distrito en materia Penal en la CDMX. Fue quien denunció a Carlos Alpízar, exsecretario técnico del Consejo de la Judicatura Federal, y al expresidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, actual coordinador de Política y Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de presionarla para emitir fallos para favorecer intereses de la administración de López Obrador.
En otros temas que eran de interés para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación es el que llevó Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) del Reclusorio Norte, quien encabezó las audiencias de los casos contra el exdirectror de Pemex, Emilio Lozoya.
En mayo pasado, el juez fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de actuar con parcialidad y cometer ilegalidades porque ordenó suspender el proceso contra Lozoya por lavado de dinero en la operación de compraventa irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados y lo incluyó en el acuerdo de reparación del daño que el gobierno federal firmó con Alonso Ancira.
Se sorteó asimismo la plaza de Juan José Hernández Leyva, juez de control en el CJPF del Reclusorio Sur, que conoce del proceso contra el extitular de la extinta PGR, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa. En abril de este año, el juez le concedió la prisión domiciliaria, lo que permitió al exfuncionario salir de la cárcel después de dos años de haber sido detenido. Otros juzgadores que deberán
Una revisión de Proceso encontró que más de 50 juzgadores, cuyas plazas serán sometidas a la elección judicial de 2025, tuvieron a su cargo casos mediáticos, entre ellos el que ordenó frenar las obras del tramo 5 sur del Tren Maya
dejar sus cargos el próximo como resultado de la reforma de Morena y sus aliados son:
Arturo Medel Casquera, adscrito al CJPF del Reclusorio Oriente, quien en su carácter de juez de enjuiciamiento en junio de este año pospuso hasta nuevo aviso el juicio por acopio de armas contra personas que supuestamente atentaron contra el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, debido a que la FGR no pudo presentar todos los medios de prueba que ofreció para las diligencias.
Alejandra Domínguez Santos, del CJPF en el Reclusorio Oriente, fue exhibida en una de las conferencias matutinas del expresidente López Obrador, porque el 15 de julio de este año absolvió al general José Antonio Ramos Arévalo, exdirector general de Servicios Aéreos de la PGR de Murillo Karam, acusado de compra injustificada de drones militares por 614 millones de pesos.
Augusto Octavio Mejía Ojeda, juez Tercero de Distrito en materia Penal, que en el año 2021 ordenó al fiscal Alejandro Gertz Manero abstenerse de hablar públicamente sobre la culpabilidad o responsabilidad de Rosario Robles en el caso de la Estafa Maestra.
Jesús Alberto Chávez Hernández, juez Décimo Tercero de Distrito en materia Penal, que fue exhibido en una conferencia matutina del expresidente López Obrador porque en enero de este año rechazó librar orden de captura contra Jorge Antonio “S”, exagente del CISEN, señalado como el segundo tirador en el caso del homicidio del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio.
Yadira Elizabeth Medina Alcántara, jueza Tercero de Distrito en materia Administrativa en la CDMX, que en mayo de 2023 concedió suspensión para frenar la edición y distribución de los libros de texto rediseñados por la 4T para el ciclo 2023-2024.
Blanca Alicia Ochoa Hernández, del juzgado Décimo Tercero en materia Administrativa, que en diciembre del año pasado concedió una suspensión definitiva al dirigente del Sindicato de Trabajadores del PJF, Jesús Gilberto González Pimentel, contra la elimina-
ción 13 de los 14 fideicomisos de dicho poder que acumulan más de 15 mil millones de pesos. Según la información del CJF, tiene programada su jubilación para el 1º de enero de 2025.
Marco Antonio Beltrán Moreno, juez de control del CJPF en Nezahualcóyotl, Estado de México, quien en mayo de este año fue denunciado por Morena ante la FGR y el CJF por un video en el que llamó al gobierno de EU y a la ONU a enviar un mensaje a México para que empodere la independencia judicial y la defensa de la Constitución ante la posibilidad de la aprobación de la reforma judicial.
Conrado Alcalá Romo, juez Tercero de Distrito en materia Penal en Jalisco, fue exhibido en abril de este año porque en febrero dejó sin efecto el auto de formal prisión dictado el 24 de mayo de 2023 contra Héctor Jesús el Güero Palma Salazar, fundador del Cártel de Sinaloa, por el homicidio del subdirector del penal de máxima seguridad de Puente Grande en el año 2000.
La jueza Yolanda Cecilia Chávez Montelongo, que en enero de 2023 fue exhibida en la Mañanera por liberar a Ramón Ángel, el R1, segundo al mando del CJNG, también conocido como el Moncho quien estaba procesado por delitos contra la salud y delincuencia organizada, pero la juez consideró que no había pruebas sólidas para procesarlo.
Andrea Génesis Alarcón Cortés, jueza Primero de Distrito en materia Administrativa en Nuevo León, que fue una de las que concedió suspensión contra la reforma judicial y ordenó que el Senado no emita la convocatoria para la elección de juzgadores.
Jesús Karina Almada Rábago, jueza Primero de Distrito en Sonora, que en febrero de este año fue exhibida en la Mañanera por absolver a Luis Cárdenas Palomino de tráfico ilegal de armas, porque la FGR no aportó pruebas en su contra.
Alcalde. Pidió juicio político contra juez. Foto: Montserrat López.
El juez de control del CJPF, Gustavo Stivalet Sedas, fue exhibido por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de Morena, porque en enero de
este año no vinculó a proceso a Miguel Ángel Yunes Linares, padre del senador cuyo voto sirvió para aprobar la reforma judicial, por irregularidades detectadas en el Sistema de Videovigilancia estatal en el caso en que la FGR calcula un daño patrimonial de 349 mdp.
Samuel Ventura Ramos, juez de control del CJPF de Tabasco, que en el año 2022 fue denunciado por el gobierno federal, porque cuando era juez de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, dejó en libertad a implicados en el caso Ayotzinapa.
Cresencio Contreras Martínez, del CJPF de Tamaulipas, de quien en enero de este año la exsecretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, solicitó ante la Cámara de Diputados iniciarle juicio político por supuestamente favorecer a grupos criminales.
Los de las resoluciones favorables
Una minoría de este grupo de juzgadores emitieron resoluciones favorables a la administración de López Obrador, como el caso de Patricia Marcela Diez Cerda, del juzgado Quinto de Distrito en materia Penal, quien en agosto de este año concedió una suspensión provisional contra la orden de aprehensión de Javier Corral, emitida por un juez de Chihuahua.
Aunque Corral se desistió de los amparos que tramitó para evitar ser detenido, logró rendir protesta como senador de Morena y con ello tiene fuero. De acuerdo con los datos enviados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) al Senado de la República, la juez tiene previsto jubilarse el 17 de octubre próximo.
Julio Veredín Sena, del juzgado Séptimo de Distrito en materia Penal de la CDMX, quien en el año 2022 determinó que hay elementos de prueba contra Pío López Obrador, hermano del exmandatario federal, para determinar que cometió un delito y le concedió un amparo en el caso de los videos en los que aparece recibiendo dinero de manos de David León, Romero, extitular de la Coordinación Nacional de Protección Civil.
Daniel Álvarez Toledo, señalado en la denuncia contra Zaldívar y otros exfuncionarios y funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) por participar en la red para presionar jueces y obtener resoluciones “a modo”.
También salió sorteada la plaza de Rigoberto Almanza Rico, titular del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales de Veracruz, quien fue confrontado por trabajadores del PJF por no participar en el paro de labores contra la reforma judicial.
Diana Lastiri Ciudad de México (Proceso).
EU condena a García Luna a 38 años de cárcel por sus
J. Jesús Esquivel
NUEVA YORK (apro)
El narcotraficante Genaro García Luna fue sentenciado a 38 años y cuatro meses y a pagar una multa de 2 millones de dólares, por el juez Brian Cogan, de la Corte Federal de Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, como castigo a sus nexos con el Cártel de Sinaloa.
Cogan le aplicó la pena mínima a García Luna, solicitada por su equipo de defensa legal a cargo del abogado de oficio, César de Castro.
Al dictar la sentencia, el juez le dijo al exsecretario de Seguridad de México que le iba a dar una luz al final del túnel y por eso no lo condenaría a cadena perpetua. Sin embargo, dijo que al haber sido un facilitador del Cártel de Sinaloa, era igual en su comportamiento que Joaquín “El Chapo” Guzmán. El 21 de febrero de 2023, un jurado calificador integrado por 12 ciudadanos de Nueva York, por unanimidad declararon culpable a García Luna de cinco delitos por narcotráfico y de haberle mentido a un agente migratorio que le impugnó Estados Unidos.
García Luna, amigo, asesor, confidente, mano derecha y secretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón fue detenido por agentes de la DEA en diciembre de 2019, en Dallas, Texas, tras ser acusado formalmente
Dalila Escobar
Ciudad de México (apro)
En caso de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, resulte responsable de los señalamientos de presuntos nexos con el narcotráfico, que no haya impunidad como con cualquiera, “es cero impunidad”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum
La mandataria también pidió no especular en torno a Rocha Moya, a quien el propio exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, señaló por enriquecimiento inexplicable y de otras irregularidades; además de la declaración de Ismael “El Mayo” Zambada en torno a que lo convocaban a una reunión con funcionarios, entre ellos el gobernador. “Yo creo que no hay que especular sino sencillamente si hay algo que se diga, y si no pues también que se deje de especular sobre esto (...) Desde mi punto de vista, porque es acusar a alguien sin pruebas no es bueno, hay que hacer que actúen las instancias correspondientes”.
-¿En caso de que responsable el gobernador, que se procesa conforme...?
-Cualquiera, no hay impunidad, hay cero impunidad, pero tampoco es justo que se especule sobre un gobernador o gobernadora, si hay pruebas
nexos con el narcotráfico
El amigo, asesor, confidente, mano derecha y secretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón fue detenido por agentes de la DEA en diciembre de 2019, en Dallas, Texas, tras ser acusado formalmente de narcotráfico
de narcotráfico y de mentir a un agente migratorio.
La condena dictada por Cogan, significó un fracaso para los fiscales federales del Departamento de Justicia que le habían pedido al juez que castigara con cadena perpetua al confidente del expresidente Calderón.
El tortuoso y largo peregrinaje de García Luna en la Corte Federal en Brooklyn que inició en 2020, no termina con la sentencia dictada por el juez Cogan ya que tiene la opción de cooperar con los fiscales que lo procesaron judicialmente en Brooklyn.
Durante el juicio en Brooklyn, varios
narcotraficantes que integraron al Cártel de Sinaloa y en especial a la Fracción de los Beltrán Leyva, como Sergio Villarreal Barragán “El Grande”, declararon que a cambio de sobornos García Luna facilitaba operaciones y proporcionaba información confidencial del gobierno de Calderón en contra del narco.
El exencargado de la seguridad de México en el también llamado “Sexenio de la muerte”, tiene la posibilidad de evitar purgar los 38 años tras las rejas en alguna prisión federal estadunidense.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos le mantiene sobre la mesa a García Luna de 57 años, la oferta de
que se convierta en testigo cooperante con lo que podría conseguir eventualmente que Cogan le reduzca la condena a unos de siete años de prisión.
Como testigo cooperante de los fiscales federales de Estados Unidos, García Luna tendría que proporcionarles información sobre quienes más --funcionarios federales, inclusive expresidente si fuera el caso, militares, gobernadores y policías, por ejemplo, durante los sexenios de Calderón y de Vicente Fox-- estuvieron coludidos con el narcotráfico internacional y los cárteles mexicanos.
Bajo un acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia y si le reducen la condena a unos cuantos años, García Luna podría quedar en libertad en Estados Unidos en poco tiempo porque a su castigo se le reducirían los casi cinco años que lleva en la cárcel desde que fue arrestado.
Estará en manos de los abogados de García Luna y de él si acepta el acuerdo de cooperación, con el que incluso evitaría que se le extradite a México donde se le acusa de delitos contra la salud (narcotráfico) y lavado de dinero, entre otros cargos que le achaca el gobierno federal.
Si Rubén Rocha es culpable de los nexos con el narco habrá cero impunidad: Sheinbaum
que se presenten.
También aseguró que sobre el caso del mandatario estatal, “en todo caso es la fiscalía General de la República que atrajo el caso del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ellos pues están haciendo en todo caso la investigación, ellos son los que tendrían que informar”.
Dijo que a la Fiscalía General de la República le corresponde hacer la presentación del informe que considera que puede dar. “Le corresponde a la Fiscalía, nosotros lo que tenemos con ellos ahora es buscamos más coordinación para la actuación permanente, pero ellos tienen autonomía y definen si se informa o no y cómo porque también hay líneas de investigación que tienen que ellos guardar para poder seguir desarrollando”.
En la edición de octubre, Proceso publicó que “el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los servicios de inteligencia militar ´dan seguimiento personal y mantienen vigilado´ a Rocha Moya por instrucciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y con el aval de la presidenta,
Claudia Sheinbaum”.
“Los documentos de inteligencia del gobierno federal, fechados en septiembre, consignan que, además del mandatario estatal, su hijo José Rocha Ruiz también es vigilado; éste, de hecho, es señalado como el vínculo entre el gobernador y la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa vía altos funcionarios, como el titular del Servicio de Administración Tributaria de Sinaloa (SATES), José Carlos Cárdenas Mellado, designado en el cargo por el propio Rocha el 19 de agosto último”, indica la publicación.
En otro reportaje también se infor-
mó que “fuentes del Departamento de Supervisión e Inteligencia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) revelaron a Proceso que no existe ningún ingreso a nombre de Rubén Rocha Moya a aquel país en la fecha que él asegura haber entrado a Los Ángeles”. Agrega que “las fuentes realizaron una búsqueda exhaustiva utilizando el nombre completo del gobernador de Sinaloa, una búsqueda con su nombre parcial y utilizando su fecha de nacimiento para encontrar su registro de entrada, pero el sistema no arrojó resultados”.
RETOS EN EL 71 ANIVERSARIO DEL VOTO DE LAS MUJERES
Cirenia Celestino Ortega
Este próximo 17 de octubre se conmemoran los 71 años del voto de las mujeres. Sin embargo, la lucha por la adquisición de derechos políticos de las mujeres en México tiene al menos unos 154 años.
En 1870, Rita Cetina Gutiérrez, creó la asociación, revista y escuela feminista Siempreviva, revista en la que destacaba el papel de las mujeres en la sociedad y señalaba los obstáculos que encontraban para ejercer su ciudadanía.
Unos 18 años después, en 1888, Laureana Wrigth de Kleinhans en su semanario Violetas del Anáhuac, solicitó el sufragio para las mujeres educadas y la igualdad de derechos al considerar que debía ser “la primera garantía para conseguir la libertad y la igualdad que necesita toda sociedad estable”.
Aunque en pleno Porfiriato, la prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno y el estilo de vida excluía a las mujeres del ámbito político con un discurso que las obligaba a las tareas del hogar y la maternidad. Sin embargo, en las primeras dos décadas del siglo XX, las políticas, escritoras y periodistas, se reunían en clubes políticos, fundaban medios de comunicación y socializaban la exigencia del voto para cimentar los derechos que se lograrían más tarde.
Las mujeres se organizaban en distintas agrupaciones que defendían el voto. Mujeres como Carmen Serdán, se sumarían a la campaña antireeleccionista. Muchas otras que activamente
participaría en la política como Hermila Galindo quien además de publicar la revista La mujer moderna, fue estratégica en su discurso en ausencia en el Primer y el Segundo Congresos Feministas de Yucatán y su petición al Congreso Constituyente de Querétaro para redactar a nueva Constitución del país.
Aunque el Artículo 34 se redactó en genérico masculino, Hermila lanzó su candidatura para diputada por el 5° distrito de la Ciudad de México en 1918; aun sabiendo que el Colegio Electoral no la reconocería.
Elvia Carrillo Puerto, líder socialista que luchó por la reivindicación de los derechos políticos de las mujeres, fue la primera candidata electa al Congreso de Yucatán, cargo que desempeñó por dos años pero que se vio obligada a abandonar por amenazas de muerte. Convirtiéndose en el primer caso de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Tras décadas de movilización e incidencia, fue en 1953 que finalmente se publicaba en el Diario Oficial, el derecho a votar ser votadas en cargos de elección popular. Comenzamos a tener “las primeras”. Alicia Arellano Tapia y María Lavalle Urbina, se convirtieron en las primeras senadoras de México representando a Sonora y Campeche. Lavalle Urbina, llegó a ser presidenta del Senado. Griselda Álvarez Ponce de León, la primera mujer gobernadora de Colima. Rosario Ibarra fue la primera candidata presidencial en 1982; Ifigenia Martínez Hernández, se convirtió en la
primera senadora de oposición (1988) y con una gran trayectoria en 2024, entregó la banda presidencial a la primera mujer presidenta; y muchas otras que abrirían el camino para crear normas que obligarán a los partidos políticos a postular cada vez más mujeres.
El 71 aniversario del voto nos encuentra en un contexto novedoso: con la primera mujer presidenta. El sueño de las sufragistas se logró, pero nos mantenemos más vigilantes que nunca porque el reto ahora es mayor.
En la década de los 90 del siglo XX, se comenzaron a impulsar las cuotas de género. Para 2002 con Jacqueline Peschard en el Consejo General del IFE, se logró establecer no más del 70% de candidatos propietarios del mismo género.
Para 2007, aumentaría la cuota a 60% para, en 2014, la reforma del artículo 41 de la Constitución, elevaría a rango constitucional, la garantía de la paridad entre mujeres y hombres, y se crearía el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. Si bien se cerró la brecha de género con la llegada de la paridad, es necesario transformar el sesgo con el que se ejerce y con el que se observa.
Erradicar el sesgo sexista por el que creemos que por ser mujer gobernará diferente, de manera “más femenina” dicen algunos. Eliminar las brechas en el reconocimiento de las que ya llegaron para que su liderazgo sea respetado.
Este nuevo contexto nos plantea nuevos retos, quiero abordar
esta vez tres de ellos. Aunque existen diferentes sentencias del Tribunal Electoral que obligan al uso del lenguaje incluyente como medida para favorecer la igualdad, la normatividad sigue utilizando el masculino genérico. El lenguaje es político y no es una tarea menor nombrar en la ley a las mujeres. La Ley 3 de 3, que determina que no pueden ser candidatos que hayan sido denunciados por violencia familiar, delitos sexuales o deudores alimenticios, debe reconocerse en el ejercicio de los cargos. Por ejemplo, el actual presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha sido denunciado por diferentes expresiones de violencia política en razón de género sin que esto le impida estar al frente de la cámara alta; o bien Jorge Islas López nuevo coordinador General de la Secretaría de Relaciones Exteriores denunciado por acoso y otras violencias. En 2012, el IFE aprobó las modificaciones al Reglamento de Fiscalización, que señala que el 2% del gasto ordinario de los partidos y organizaciones políticas deben usarse para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres que en 2014 se incrementó al 3 por ciento y desde entonces permanece inmóvil y ya no es suficiente, es necesario seguir formando políticamente a las mujeres para que su presencia también transforme las condiciones de vida de todas las mujeres al implementar políticas con enfoque de derechos para hacer honor a aquellas ancestras que abrieron el camino.
CON SHEINBAUM, FUERZAS ARMADAS SUMAN 9 ASESINATOS CONTRA POBLACIÓN.
EN DUDA POLÍTICA DE PAZ
Se cumplen 3 días sin algún indicio, ni respuesta de las Fuerzas Armadas, luego de que elementos de la dependencia asesinaran a personas en distintos casos: este fin de semana a Lidia Iris de 8 años; a Yuricie, enfermera y al joven Diego de 18 años; 3 asesinatos que se suman a la lista de violaciones castrenses en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Se cumplen menos de 15 días del ascenso al poder de Claudia Sheinbaum Pardo, y en este lapso de tiempo, un total de 9 personas han perdido la vida a manos de miembros del Ejército y de la Guardia Nacional; hasta la publicación de este artículo, no hay respuestas por parte de las autoridades correspondientes y las plataformas oficiales de la Sedena se mantienen sin reconocer su participación en el multihomicidio de Nuevo Laredo.
El silencio ha sido largo para las familias de las víctimas y para las y los defensores de los derechos humanos que cuestionan cuál será el paso siguiente para imputar a los responsables de estos 3 agravantes acontecidos este fin de semana; no hay certeza si la Fiscalía General de la República intercederá o si al interior de la Sedena, se ha desplegado una investigación para dar con los responsables. La única certeza a 3 días de estos hechos es la ausencia de un posicionamiento.
Paralelamente, esto se contrapone a las políticas de seguridad del sexenio en las que Claudia Sheinbaum Pardo, ha reafirmado que las fuerzas armadas tienen una fuerte «historia civilista» y los discursos donde pide a la población civil nunca temer a las fuerzas armadas, por el contrario, sentir esperanza al verles.
Esto mismo, secundado por otras figuras políticas, como la senadora morenista Andrea Chávez quien sentenció durante la reforma a la Guardia Nacional que no entendía el porqué se habla de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, «cuando eso no está pasando en nuestro México«.
Las 3 víctimas de la Sedena en Nuevo Laredo
Lidia Iris, 8 años
Siendo las 19 horas del sábado 12 de octubre, Lidia Iris, en compañía de su abuela, Lidia Galván, viajaban abordo de una camioneta con dirección a la papelería de su camioneta, cuando quedaron a la mitad de un fuego cruzado entre elementos de la Guardia Nacional y presuntos miembros del crimen organizado.
El auto de la mujer quedó entre dos camionetas de la GN; Lidia, la menor de 8 años, se cubrió la cabeza y encontrando refugio con el asiento delantero, esperó al cese del fuego. Sin embargo, elementos de la Guardia Nacional comenzaron a disparar en contra del auto particular; las balas alcanzaron a la menor, quien murió poco después a causa de un impacto de bala en la cabeza.
«Me chocaron y me hirieron a la niña», denunció la abuela de la niña para el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. No hay responsables, ni pronunciamiento hasta la publicación de este artículo.
Diego, 18 años
Al igual que Lidia, Diego perdió la vida en este mismo enfrentamiento acontecido la noche del sábado en el Fraccionamiento Palmares, Tamaulipas.
Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército también perseguían a una camioneta que, presuntamente, tenían nexos con el crimen organizado. El ataque fue violento y veloz; al interior del vehículo se encontraba Diego, un adolescente de 18 años a quien su madre buscaba.
Diego había sido reportado como desaparecido y murió a causa de los impactos de bala. Su cuerpo presentaba huellas de tortura y no portaba ninguna clase de arma; se apunta a que el joven era víctima de desaparición forzada.
Murió en el lugar.
Yuricie Rivera
En el fraccionamiento La Fe, la enfermera Yuricie Rivera viajaba en su camioneta junto a su hijo y esposo con dirección a una cena familiar cuando se desató un conflicto entre miembros del ejército y presuntos civiles armados justo en el cruce de Eva Sámano y Miquihuana.
El fuego se desató de forma inmediata y los miembros castrenses abrieron ofensiva sin importarles la población civil que se encontraba en las calles; habían más infancias y personas cenando.
Un impacto de bala en la cabeza es
la causa de muerte de Yuricie Rivera. Uno de los testigos, pidió auxilio para apoyar a la familia Rivera, sin embargo, miembros de la Sedena lo ignoraron y siguieron su marcha.
El asesinato de 6 migrantes Definido como «confuso» militares de la Secretaría de la Defensa Nacional de México dispararon en contra de una camioneta luego de que el vehículo evitara detenerse en un retén en la carretera de Villa Comaltitlán Huixtla en Chiapas.
El saldo, 6 personas migrantes provenientes de El Salvador, Egipto y Perú fueron asesinadas, asimismo, se registró un cúmulo de denuncias por población civil que resultó herida a causa del rafagueo de las fuerzas armadas.
Sheinbaum dedicó parte de su mañanera del 3 de octubre calificar como «lamentable» la situación y refirió que la Fiscalía General de la Nación se encontraba trabajando en el caso; han pasado 11 días y aún no hay algún pronunciamiento de la FGR. Los hechos que atravesaron este fin de semana a Nuevo Laredo Tamaulipas no representan los primeros registros de agresiones, más bien, representan un aditamento a las cifras de abuso y asesinatos contra personas civiles en la entidad; las ejecuciones y muertes accidentales han sido el sello de la Sedena y Guardia Nacional desde el sexenio pasado.
Como registro, Cimacnoticias realizó un mapeo de estas presuntas confusiones y ataques directos contra vehículos particulares,
El foco sobre Nuevo Laredo: Impunidad y Fuerzas Armadas Armando Hernández
Se cumplen 2 meses del asesinato de Armando Hernández de 16 años en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Durante las vacaciones de verano, el adolescente -empleado de una verdulería- se ofreció para podar la entrada de un local y así ganar dinero extra.
Se llevó a su hermano pequeño y a un amigo para dedicar esa tarde al trabajo, cuando se desató un enfrentamiento armado entre
miembros del ejército y civiles, presuntamente, inmiscuidos con el crimen organizado.
Armando barría el local cuando recibió un impacto de bala en el estómago que implicó el perforamiento de intestinos; ninguna autoridad lo auxilió. La familia lo trasladó a diferentes centros de salud, sin embargo, se negaron a brindarle atención, pues no era derechohabiente.
Tras una odisea de 5 horas para internarlo, una lucha por recaudar 25 mil pesos para que accediera a clínicas privadas y demás burocracia que le exigía papeles a su mamá, el joven Armando murió sin recibir atención y sin justicia por un choque séptico.
No hay detenidos y Karina Gallardo, su madre, continúa exigiendo justicia y castigo a los responsables.
Miriam, su bebé y Don Felipe En Nuevo Laredo, Tamaulipas, Miriam (15 años, embarazada de 8 meses) y su papá Felipe fueron agredidos directamente por elementos del ejército, quienes al percatarse de los hechos, subieron a sus vehículos y emprendieron su huida hacia Apodaca, Nuevo León; no llamaron al 911, ni brindaron auxilio por la «confusión cometida».
Lidia y sus nietos
El 29 de septiembre del 2023, Lidia viajaba en una Jeep Cherokee en Nuevo Laredo acompañada de sus nietas y nieto, tres menores de edad de entre 5 y 12 años.
La camioneta fue interceptada por miembros de la Guardia Nacional y de forma inmediata, se abrió fuego en contra de la camioneta; la adulta mayor y sus nietos se cubrieron entre los asientos. El menor, de 5 años, recibió un pacto de bala en el brazo.
Las y los vecinos salieron rápidamente a defender a la familia, así como a cuestionar a los elementos castrenses; fueron amedrentados y acto seguido, los hombres armados continuaron su huida. De nueva cuenta, no ofrecieron apoyo, no llamaron a urgencias, ni hay detenidos en este hecho que ya ha cumplido un año en impunidad.
Los abarrotes de la familia Puente
El mismo día del ataque a la señora Lidia y sus nietas y nieto, una tienda de abarrotes fue atacada sin mediar palabra; al interior, la hija de Raúl Puente, quien tiene 12 años, atendía el negocio familiar.
El establecimiento fue rafagueado luego de que una camioneta se estacionara frente a ella; se tiró al suelo y cubrió su cuerpo, sin embargo, recibió un impacto de bala en la pierna. No hubo detenidos.
Arantza Díaz
LA COYUNTURA DEL CONGRESO
En diciembre del año 2000
México abrió la brecha de la primera transición política lograda en las urnas que permitió, luego de casi siete décadas, derribar el régimen instaurado por el entonces partido hegemónico oficial que durante la segunda mitad del siglo XX controló en términos absolutos el ejercicio del poder y anuló cualquier resquicio para su equilibrio y control constitucional.
Paradójicamente, con un bono democrático similar al de hoy, en aquel momento el país festejaba que el sistema federal mexicano se regiría por pesos y contrapesos, en donde el gobierno federal, las cámaras del Congreso de la Unión, el Poder Judicial, gobiernos estatales, congresos locales, la sociedad civil organizada y los partidos políticos debían adaptarse a una nueva dinámica de necesaria cooperación y diálogo para el funcionamiento ordenado de la República, o al menos para la conformación de bases mínimas de gobernabilidad.
Veinticuatro años transcurrieron para que este escenario cambiara de manera radical. Tan radical que ahora esa misma aspiración de pluralidad y desarrollo democrático simplemente parece ya no tener cabida en las formas de actuación del gobierno.
La división de poderes, el federalismo, la cooperación intergubernamental, la representación plural en las cámaras y el diálogo parlamentario, los mecanismos de control constitucional, la transparencia y rendición de cuentas, el control de la acción de gobierno a través de organismos autónomos, hoy se asoman como principios etéreos y hasta políticamente incorrectos ante una narrativa centrada en la visión única del país que el propio movimiento político mayoritario ha sabido posicionar, ciertamente con la legitimidad y el respaldo popular.
El botón de muestra de lo que parece constituir un nuevo orden de la institucionalidad mexicana se expresó con claridad durante las últimas seis semanas. Luego de la apertura de la LXVI Legislatura del
Congreso de la Unión, a sabiendas de una mayoría calificada y del inicio de una nueva administración del gobierno federal, se da trámite a la reforma al Poder Judicial de la Federación, cuyas implicaciones generan escenarios de confrontación y develan cualquier cantidad de anomalías en el ejercicio de la función legislativa. Un proceso de reforma constitucional tan transcendental para la vida de México se llevó a cabo sin diálogo, y sin tomar en cuenta las aportaciones de todos en cuanto participaron en las audiencias.
Dada la evolución del sistema presidencial, es entendible que los reflectores de la agenda pública siempre coloquen el foco en el accionar de los gobiernos ante este tipo de episodios. Sin embargo, no todo lo que ocurre a escala nacional debe centrarse en el Ejecutivo Federal, a juzgar por lo visto durante las últimas semanas, también resulta necesario realizar un ejercicio autocrítico sobre el accionar del parlamento mexicano y el debilitamiento, a mi juicio, de sus funciones constitucionales a partir de tres factores cruciales que hoy resultan evidentes.
En cuanto al primer factor, el Congreso federal se ha convertido en uno de los aparatos más improductivos del Estado. No se trata de una suposición, los datos oficiales del Sistema de Información Legislativa (SIL) muestran que tan solo durante la pasada LXV Legislatura del Congreso de la Unión, la tasa de aprobación de iniciativas fue de 5%; para expresarlo en número fríos: entre 2021 y 2024 ambas cámaras presentaron un total de 10 mil 879 iniciativas de las cuales únicamente 606 fueron turnadas al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. Cosa aparte sería entrar a un análisis de calidad de dicho trabajo parlamentario y su impacto real en la vida diaria de la ciudadanía.
El dato es alarmante en varios sentidos, desde luego por el cuestionamiento sobre el costo beneficio acerca del presupuesto que anualmente se otorga al Congreso para sus actividades y la evaluación de impacto en sus
resultados, pero también porque es síntoma del exceso de activismo de los legisladores quienes proponen iniciativas de leyes y reformas a granel para justificar su participación ante sus electores, no obstante la gran mayoría de las veces estas carecen de factibilidad técnica, son irrelevantes, de mera coyuntura y sobre todo no están respaldadas por diagnósticos de impacto presupuestario, haciendo inviable su aprobación.
El segundo factor tiene que ver con la precaria deliberación técnica respecto de la agenda legislativa propuesta desde el Ejecutivo. Fue el caso de la multicitada reforma judicial, la cual, tras un apresurado procesamiento, generó errores de elemental técnica legislativa en los decretos al llevar al límite los tiempos, normas y procedimientos parlamentarios al grado de que se ha reconocido por los propios actores que la impulsaron, la necesidad de ejecutar reformas adicionales para enmendar o rectificar diversas inconsistencias y antinomias detectadas posteriormente por académicos y medios de comunicación.
Asumir que en los próximos años las Cámaras del Congreso de la Unión – tanto en comisiones como en pleno– funcionarán como ventanillas u oficialías de parte del Ejecutivo sin que la mayoría de sus integrantes revisen, discutan o mejoren los proyectos enviados desde la Consejería Jurídica, definitivamente no es una buena noticia para la salud de la democracia mexicana.
Quizá el tercer factor resulta el más inquietante. Los acontecimientos recientes demostraron una vez más, que el perfil de buena parte de los legisladores que hoy integran el Congreso dista de ser el adecuado para cumplir cabalmente las tareas con el rigor técnico y asegurar la calidad del debate que exigen áreas como la salud, economía, seguridad, educación, justicia y la atención transversal de los derechos humanos. Por ejemplo, en un estudio reciente elaborado por la agencia Dinamic se dio a conocer que prácticamente la
mitad de los integrantes de la actual Cámara de Diputados no cuentan con experiencia legislativa previa, y un 40% no ha concluido estudios de licenciatura. En el caso del Senado, si bien la experiencia en temas legislativos es casi del 80%, es llamativo que la mayoría de sus integrantes mantiene un perfil directamente asociado a su trayectoria partidista o de grupo. Aunado a la necesaria revisión del estatuto parlamentario donde se tenga mayor profesionalismo en el estudio y conocimiento de las iniciativas para garantizar su legalidad y validez, es criticable que los lineamientos y obediencias partidistas lleven a los extremos de la sumisión abyecta, negando la esencia del parlamento. Las tómbolas para seleccionar los cargos judiciales que se van a renovar, es un claro mensaje del extravío en la vida democrática de la República, preludio de la intervención e influencia política sobre el Poder Judicial. Nadie que abrace el constitucionalismo democrático y plural quiere la vuelta al pasado con un Congreso que no revise una coma a las iniciativas del Ejecutivo y renuncie al control político y fiscalización del poder.
La sociedad demanda un cuerpo legislativo orientado en el debate libre y el respeto a las minorías mediante el diálogo y entendimiento, con la fuerza ética y moral de corregir la plana a cualquier propuesta que ponga en riesgo las libertades y derechos del pueblo mexicano.
Un Congreso que no se estanque en el pragmatismo político de sus miembros ni se dedique a reformar el poder para el poder mismo, sino, con buenas leyes, tenga la estatura histórica de proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como a la población vulnerable que no puede esperar más.
“El Parlamento, ayer como hoy, sólo puede caminar en dos direcciones: o en la de recoger el palpito real del ser y del sentir del pueblo representado o en la de convertirse en un estéril y prosaico “salón de los pasos perdidos” (Claro-José Fernández-Carnicero González).
Abraham Madero Márquez*
LOS HOMBRES NOS ESTAMOS QUEDANDO ATRÁS
La lucha de las mujeres en defensa de sus derechos, los cambios en los sistemas productivos y las innovaciones tecnológicas han provocado que las competencias y habilidades se adquieran a través de la educación, campo en el cual los hombres deben competir con las mujeres en un mercado de “competencia perfecta”; y en cual los hombres estamos perdiendo la batalla.
Este tema lo trata de forma magistral el investigador Richard Reeves, del centro de pensamiento Brookings Institution de los Estados Unidos en su libro Of Boys and Men: Why the Modern Male Is Struggling, Why It Matters, and What to Do about It (De muchachos y hombres: Por qué el hombre moderno está luchando, por qué importa y qué hacer al respecto).
Dicho trabajo presenta datos que demuestran cómo los hombres en Estados Unidos –y otros países como son El Reino Unido, Canadá y Australia, entre otros– están rezagados en el rendimiento académico en casi todos los niveles, lo cual es demostrado por las tasas de graduación, rendimientos en pruebas estandarizadas y calificaciones por desempeño; en todas las cuales las niñas tienden a superar a los niños. Por ejemplo, en todos los estados de EU las niñas también tienen más probabilidades de graduarse de las escuelas secundarias a tiempo, son mejores estudiantes y obtienen un rendimiento significativa -
mente mejor en las pruebas estandarizadas de lectura que los niños (y aproximadamente igual en matemáticas).
Además, afirma Reeves: Las jóvenes tienen más probabilidades que sus contrapartes masculinas de obtener un título de licenciatura. Mientras en 1970 en los EEE. UU, sólo el 12 por ciento de las jóvenes (de 25 a 34 años) tenía un título de licenciatura, en comparación con el 20 por ciento de los hombres, lo que representaba una brecha de ocho puntos porcentuales; en el año 2020, ese número había aumentado al 41 por ciento para las mujeres pero sólo a 32 por ciento para los hombres, lo que representa una brecha de nueve puntos porcentuales, ahora en la dirección opuesta.
A lo largo de su libro, Reeves establece que este cambio va dejando a muchos hombres y niños en una posición de desventaja en varias áreas de la vida, con consecuencias negativas en su salud mental; a la vez que discute sobre la necesidad de implementar programas de apoyo que fomenten el interés y la participación de los niños en la educación, así como otros que ayuden a disminuir la situación de desesperanza que empiezan a observarse en los hombres.
Las consecuencias de este fenómeno en el funcionamiento de los hogares de matrimonios de sexo opuesto están siendo significativas en este país.
De acuerdo al trabajo For Women’s History Month, a
look at gender gains –and gaps– in the U.S. (Para una historia del mes de la mujer, una mirada a las ganancias de género -y brechas- en los Estados Unidos), publicado por Pew Research Centre en febrero de este año, las mujeres ya superan en número a los hombres en la fuerza laboral con educación universitaria, representando ahora un 51% de los mayores de 25 años desde finales del 2019. Y que conste que las mujeres aún siguen teniendo una mayor responsabilidad en el trabajo doméstico y del cuidado del hogar, y por ende, resultan más afectadas por eventos inesperados como el covid, que obligó a muchas de ellas a abandonar sus trabajos para poner una mayor atención a estos asuntos.
Pero todavía más, el informe de Pew Research indica que la proporción de mujeres que ganan tanto o más que sus parejas del sexo opuesto en EU se ha triplicado durante los últimos 50 años ascendiendo a alrededor de un tercio de los hogares (un 29%); además de que hoy un 16% las mujeres actúan como únicas proveedoras económicas de los mismos.
Si a esto agregamos que la deslocalización de las industrias de EU hacia países con costos laborales más bajos iniciada a partir de los años 70 –especialmente en sectores como la manufactura que históricamente ha tenido una mayor concentración de trabajadores masculinos– ha llevado a la pérdida de empleos bien remunerados que tradi -
cionalmente desempeñados por hombres que sostenían a muchas familias.
Esto ha influido que muchos hombres hayan desarrollado una nostalgia por el rol macho alfa, que se ha manifestado –entre otras cosas– en el apoyo otorgado por los hombres a Donald Trump en las elecciones de 2016 y de 2020, en las cuales obtuvo alrededor 63% y 57% de los votantes masculinos en dichos certámenes, respectivamente, y que hoy supera a Kamala Harris por unos 12 puntos en este segmento de los votantes; en lo que me permito calificar como un “voto de enojo”. Es la añoranza de tiempos pasados de un hombre dominante que no volverán.
A este malestar en los hombres algunos autores atribuyen que estos representen entre 70 y 75% de las muertes ocasionadas por el uso de opioides sintéticos como el fentanilo –las llamadas muertes por “desesperanza”– y a que los hombres hoy constituyan casi 75% de los suicidios.
Dadas las circunstancias, como dijo Edmund Burke, el mayor error que se puede cometer es “planificar el futuro pensando en el pasado”. Si queremos crear hombres de éxito, hagamos que los niños y los jóvenes compitan con las niñas y las jóvenes en las escuelas, universidades y otros centros de aprendizaje, y que estos entiendan que deberán compartir el trabajo doméstico y del cuidado del hogar, ya que no son jóvenes con la mentalidad de sus madres las que tendrán como esposas.
Mario Báez
EL DILEMA DE LOS SEIS U OCHO VOTOS
En sus prisas por cumplir con los tiempos que se pusieron a sí mismos, los legisladores de Morena y sus aliados se apresuraron en aprobar las leyes secundarias de la reforma judicial pasando por encima de la Constitución para controlar desde ahora las votaciones en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin respeto por las formas, de nueva cuenta recurrieron a la artimaña de los artículos transitorios para imponer desde ahora sus criterios en relación con los votos de los ministros en el máximo tribunal.
El oficialismo busca que la actual integración de la Suprema Corte esté imposibilitada de declarar la inconstitucionalidad de la reforma y lo hace a través de leyes secundarias pese a los criterios establecidos constitucionalmente.
En la colaboración anterior, “A llevar la reforma judicial a sede internacional”, escribí, porque tengo pleno convencimiento de que así lo mandata la Constitución vigente, que desde este momento en el Pleno de la Suprema Corte solamente se requieren seis votos de sus integrantes para que las razones que justifiquen sus decisiones contenidas en las sentencias que dicten, resulten obligatorias para la totalidad de órganos judiciales de este país, conforme al artículo 94 constitucional.
Sostuve también que sólo seis votos son exigidos para que las resoluciones dadas en ciertas controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, alcancen efectos generales de invalidez, como indica el artículo 105 constitucional.
Afirmé igualmente que si una mayoría de cuando menos seis votos en el Pleno, aprueba una declaratoria
general de inconstitucionalidad, es innegable que tendrá efectos generales según los alcances y condiciones que tal mayoría le determine, pues así se establece en el artículo 107 constitucional, fracción II, párrafo tercero.
No existe disposición transitoria de la reforma judicial que permita interpretación diversa, pues ella cobró vigencia al día siguiente de su publicación oficial. Como sí existe para casos específicos: (i) las postulaciones que lleve a cabo el Pleno de la Corte que deberán hacerse por mayoría de ocho votos (segundo transitorio, párrafo tercero), y (ii) la designación de tres personas que integren al órgano de administración judicial (sexto transitorio), que por única vez, requerirá ocho votos.
Incluso, en términos del transitorio décimo primero de la reforma judicial, que es una norma atípica, por decir lo menos, la interpretación a las anteriores disposiciones deberá atenerse a su literalidad, sin lugar a interpretaciones análogas o extensivas. Cierto es también que cuando el Pleno de la Corte se integre con nueve personas únicamente, las votaciones de seis serán calificadas y no de mayoría simple de sólo cinco integrantes. Pero mientras esa composición no llegue, las votaciones de seis son norma constitucional vigente, aplicable y obligatoria para el Pleno de esa Corte.
La consecuencia práctica más trascendente de esta cuestión es, no me cabe duda, la posibilidad de invalidar con efectos generales normas generales, como las de la reforma judicial. Por eso me deja perplejo que en la sesión del Pleno de la Corte del pasado jueves 10 de octubre, existieran posicionamientos que interpretan que permanece vigente la
exigencia de reunir ocho votos para dictar determinaciones como las previstas en los artículos 94, 105 y 107 constitucionales. Por lo mismo considero que esta definición será la más importante que se emita en esta época, en cuanto se presente algún caso concreto en el que se analice este tema colosal.
Tan fundamental resulta resolver este dilema de los seis u ocho votos, que desde el oficialismo legislaron para quitarle al Pleno de la Suprema Corte su definición. Así, en el segundo párrafo del artículo cuarto transitorio del Decreto de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación de este 14 de octubre, se ha dispuesto:
Hasta en tanto las Ministras y Ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1o. de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación requerirá del voto de ocho de sus integrantes en la resolución de los asuntos de su competencia relacionados a la presente Ley, y en cualquier otro caso en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos u otra Ley requiera de mayoría calificada.
Dicen que el miedo no anda en burro. Creo que el miedo tampoco resulta buen consejero para legislar. Una disposición de ese estilo es inconstitucional a todas luces. Un transitorio de ley no sirve para contrariar disposiciones constitucionales vigentes. Eso en todo caso pudo haberse hecho en un transitorio de la reforma judicial, lo cual no se hizo. Ojalá esto alerte al Pleno y defina para bien este asunto.
Luis Miguel Cano López
ANÁLISIS A FONDO: EL OBJETIVO: ATRAER MUCHOS CAPITALES EXTRANJEROS
Francisco Gómez Maza
• Reunión de Claudia Sheinbaum con el US-Mexico CEO Dialogue
• Primer ingreso de IED del sexenio: 20,000 millones de USdollars
Por lo ocurrido este martes por la mañana, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presidió el encuentro denominado +US-Mexico CEO Dialogue, una cumbre de alto nivel entre líderes y empresarios de ambos países, se manifestó confiada, o mejor dicho, segura de que tendrá muchos éxitos en la relación de México con la iniciativa privada del socio comercial de allende el Bravo, pues si la reunión se organizó para animar inversiones extranjeras en la economía mexicana, por lo pronto se amarraron 20 mil millones de dólares, una cantidad nada despreciables contra la preocupación de los sectores de derecha de que la reforma judicial ahuyentará a los inversionistas por el presunto temor de que no haya en México seguridad para su dinero. Los empresarios estadounidenses asistentes al encuentro con sus homólogos mexicanos, y Claudia y Marcelo, vinieron auspiciados por la American Chamber, y los mexicanos por el Consejo Coordinador Empresarial.
Pero lo más atractivo es que, a 15 días de haberse puesto la banda presidencial, la primera mujer presidenta en México, en 200 años de que se declaró estado republicano a México, Claudia se tiró a fondo para demostrar que la Cuarta Transformación, calificada de comunista come niños, no está peleada con los empresarios, sino que los ve como socios
muy atractivos para impulsar el crecimiento económico del país, lo que significa empleos. (Ya veremos si bien pagados) Ella está convencida, y lo ha reafirmado tanto en su campaña política como en los 15 días que lleva gobernando (hoy,16) que la economía de México, que significa reparto de la riqueza entre los mexicanos, y los que viven acá venidos de otros países del Subcontinente va a crecer y seguirá subiendo en el ranking, de las economías mundiales, en el cual ya ocupa el duodécimo sitio, lugar destacadísimo si se ve que el mundo abriga a por lo menos 200 países, con cifra no oficial. La asociación que la “comunista”, como la califican sus enemigos de los sectores conservadores del status quo, pretende es con aquellas economías que inevitablemente están asociadas, como lo están con la economía mexicana, Estados Unidos y Canadá. Pero por supuesto que no descarta, de ninguna manera, la asociación con otras economías, particularmente de la zona latinoamericana. La economía mexicana no compite con sus socios de Norteamérica. Más bien se complementa. Las tres economías son socias, Estados Unidos y Canadá son economías con las que México tiene firmado un Tratado comercial, el TMEC (Tratado México, Estados Unidos y Canadá) gracias al cual la economía mexicana se fortalece.
Después del encuentro con los empresarios estadounidenses y mexicanos, Claudia manifestó, y
con ella estuvo de acuerdo su secretario de economía, Marcelo Ebrard, que lo más importante de la reunión fue el tema de las inversiones extranjeras en la economía mexicana, porque son un importante factor de crecimiento del producto, lo que apoya el crecimiento del empleo. Y empleo bien remunerado es lo que necesitan los mexicanos, sobre todo aquellos que no pueden tomar un buen descanso los fines de semana. El encuentro fue muy productivo en inversiones, como la anunciada por la Cámara Americana en momentos en que la economía mexicana crece. Y crece bien porque hay empleo, no obstante que haya habido algunas caídas particularmente el sector agrícola a pesar de las sequías en la mayor parte de la geografía mexicana.
En el encuentro con la presidenta de México, los estadounidenses estuvieron de acuerdo en que el T-MEC no es para competir, sino para que los mexicanos y los estadounidenses, y canadienses se complementen para hacer crecer Norteamérica, una región muy competitiva en el mundo. La presidenta mexicana aseguró que el encuentro con los sectores empresariales de México y Estados Unidos será muy benéfico para ambos países. La economía mexicana va a cerrar muy bien el año. La economía mexicana está cerrando el año con números positivos. Así que no se me agiten, amigos derechairos panistas, consentidos de la jerarquía católica preconciliar.
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