La construcción de paz un propósito del padre Marcelo Pérez
En los últimos años se ha desarrollado en el país el discurso del odio que ha dividido la sociedad y ha provocado rupturas familiares que han terminado en enemistades. PAG. 2
Rutilio Escandón resultó peor gobernador de lo que uno se podía imaginar. Su legado es haber entregado Chiapas a la delincuencia organizada. En el que no solo hay una guerra entre carteles por el control del territorio sino que se multiplicaron las ejecuciones como lo sucedido al Padre Marcelo Pérez. En Chiapas nadie está a salvo y esto se debe a la ausencia de gobierno.
Marcelo Pérez; CEM busca reunión con Sheinbaum
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) señaló que el homicidio de Pérez Pérez silenció una “voz profética que incansablemente luchó por la paz con verdad y justicia en la región de Chiapas” y urgió a las autoridades de todos los niveles de gobierno a investigar y esclarecer el crimen
EXIGENCIA
Frayba condena el asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez
DECLARACIÓN Sheinbaum: ya se está investigando el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez en Chiapas
La construcción de paz un propósito del padre Marcelo Pérez
En los últimos años se ha desarrollado en el país el discurso del odio que ha dividido la sociedad y ha provocado rupturas familiares que han terminado en enemistades. En Chiapas, este tipo de discurso se ha reproducido en contra de periodistas y defensores de derechos humanos y encontró su máxima expresión este domingo, en San Cristóbal de Las Casas, con la ejecución del presbítero Marcelo Pérez, que muestra los peligros que representa las denuncias del mal funcionamiento del gobierno y la presencia de la delincuencia organizada, aspectos que fueron denunciados en innumerables ocasiones por el padre Marcelo Pérez. Marcelo Pérez era una cabeza importante del movimiento de la Iglesia a favor de la paz y la defensa del territorio indígena y su asesinato pone en relieve el pobre desempeño del gobierno en la solución de los problemas sociales, particularmente en lo que se refiere al municipio de Pantelhó, en donde el activismo del sacerdote ocasionó, que a principios de julio del 2022, la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada le dictara una orden de aprehensión por la desaparición forzada de 21 personas
originarias de Pantelhó, en manos del grupo denominado “El Machete”, lo que ocasionó una fuerte defensa de la Iglesia al papel desempeñado por el padre Marcelo, quien fue criminalizado por el Estado. Aspecto que no puede perderse como móvil del asesinato, en virtud de que el gobierno de Rutilio Escandón ha sido omiso y aquiescente de la violencia en ese municipio, en el que no se realizaron elecciones, en razón a que el Estado no ha sabido construir las condiciones sociales para ello.
El gobierno permitió que en Pantelhó el grupo Machete controlara el Concejo Municipal en el período 20212024, pero con la ausencia de elecciones, el anterior Congreso Local designó otro Concejo Municipal que favorece al grupo de los Herrera, que representa otro grupo paramilitar vinculado con la delincuencia organizada. En días pasados un grupo de pobladores de Pantelhó estuvieron apostados en la puerta del Congreso Local,solicitando el nombramiento de otras autoridades municipales, pero esta solicitud fue desechada por el nuevo Congreso Local, quienes, con un desconocimiento de la situación política en Pantelhó, se involucraron en este conflicto e in -
directamente involucran al gobierno electo en una problemática ocasionada por la falta de oficio no solo de los actuales funcionarios del gobierno sino también de los diputados locales que representan al próximo gobernador. El lamentable asesinato del padre Marcelo Pérez debe ser investigado con la debida diligencia, algo imposible de cumplir por el involucramiento de funcionarios de la fiscalía del Estado y de la secretaría de seguridad pública con la delincuencia organizada, por eso debe atraerlo la Fiscalía General de la República, para que no quede impune como sucede con las ejecuciones extrajudiciales en Chiapas. El esclarecimiento de este reprobable crimen atraviesa inevitablemente con la solución política en Pantelhó, en donde el Congreso Local debe valorar la pertinencia de la realización de las elecciones municipales, como un mecanismo que permita el retorno de una autoridad civil legítima, que posibilite la construcción de la paz, como uno de los ideales del Padre Marcelo, en el que hay coincidencia con uno de los compromisos del gobernador electo, de apostar a la construcción de un proyecto de paz en Chiapas.
Iglesia se une para condenar el asesinato del padre Marcelo Pérez; CEM busca reunión con Sheinbaum
De la Redacción
Ciudad de México (apro)
Autoridades eclesiásticas en México y el extranjero condenaron el asesinato del padre Marcelo Pérez, defensor de derechos humanos, ocurrido esta mañana en San Cristóbal de las Casas.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) señaló que el homicidio de Pérez Pérez silenció una “voz profética que incansablemente luchó por la paz con verdad y justicia en la región de Chiapas” y urgió a las autoridades de todos los niveles de gobierno a investigar y esclarecer el crimen.
“Se implementen medidas efectivas para garantizar la seguridad de los sacerdotes y agentes pastorales que, como el padre Marcelo, dedican su vida al servicio de los más necesitados, especialmente en zonas de alto riesto.
“Se redoblen los esfuerzos para combatir la violencia y la impunidad que afligen a la región de Chiapas y a nuestro país en general”, demandó.
Indicó que el homicidio del sacerdote hiere a toda la sociedad en su conjunto, especialmente en una región como Chiapas, que vive situaciones delicadas de violencia y pugna entre grupos del crimen organizado.
El arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, adelantó que la CEM buscará una reunión con
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) señaló que el homicidio de Pérez Pérez silenció una “voz profética que incansablemente luchó por la paz con verdad y justicia en la región de Chiapas” y urgió a las autoridades de todos los niveles de gobierno a investigar y esclarecer el crimen
la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar el tema, de acuerdo con una nota de El Universal San Luis Potosí.
El Consejo Episcopal Latinoamericano también lamentó el crimen contra el padre Marcelo.
“Desde el Consejo Episcopal Latinoamericano queremos manifestarle nuestra consternación y dolor por el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez ocurrido en la mañana de este domingo”, manifestó a través de una carta enviada a Monseñor Rodrigo Aguilar, arzobispo de San Cristóbal de las Casas.
“Descomposición social”, señala el cardenal Arizmendi
El cardenal Felipe Arizmendi Esquivel recordó que el sacerdote nunca participó de pugnas partidistas y anunció que acudirá a su sepelio este lunes.
“Su asesinato nos demuestra, una vez más, el clima de violencia que se ha desatado en Chiapas y en casi todo el país. Hay una descomposición social, que empieza por la destrucción de la familia y se consolida por la impunidad en que actúan grupos armados. “No todo es culpa del gobierno, pero es indicativo de que el gobierno y todos nosotros, incluso las iglesias, estamos rebasados”, señaló a través de un comunicado.
Por ello, consideró que el gobierno
debe reflexionar sobre cómo desmantelar a los grupos armados en el país.
Jesuitas rechazan que se minimice el hecho
Las Universidades Jesuitas de México también se unieron a la condena del homicidio del sacerdote y exigieron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que esclarezcan el crimen y brinden justicia.
“Es urgente que se implementen acciones que protejan a las personas en regiones que, como Chiapas, sufren la presencia del crimen organizado. No podemos permitir que actos como éste queden impunes, ni que la violencia continúe afectando a las comunidades”, indicaron.
En tanto, la Compañía de Jesús en México rechazó cualquier intento de minimizar el hecho como si hubiera sido un caso aislado.
“El crimen organizado ha sembrado miedo y dolor en diversas regiones del país, y Chiapas no es la excepción. La violencia en esta región refleja un problema estructural que demanda una respuesta integral y urgente del Estado”, enfatizó.
Tres muertos en Chiapas por la tormenta Nadine y el frente frío 4
Casas, Oxchuc, Pantepec, Rayón y Tecpatán, donde se instalaron refugios temporales y centros de acopio.
El paso de la tormenta tropical Nadine y del frente frío número 4 por el estado de Chiapas dejó tres personas muertas, arroyos y ríos desbordados, inundaciones, viviendas, carreteras dañadas y derrumbes en una veintena de municipios de las regiones Selva y Norte, informó la Secretaría de Protección Civil
Dos de las víctimas mortales perecieron soterradas por el desgajamiento de un cerro y otra fue arrastrada con su vehículo al cruzar un arroyo, dijo la dependencia.
En la localidad Carrizal, municipio de Tila, el derrumbe de una ladera sepultó una vivienda y dos personas que se encontraban en el lugar perdieron la vida. La casa era una construcción de cemento y techo de lámina, explicó Protección Civil.
La séptima región militar informó que se encuentra aplicando el Plan DN-III E en su fase de auxilio en los municipios de San Cristóbal de las
Las lluvias que han caído desde el sábado en Chiapas provocaron daños en los municipios de Tapilula, Rincón Chamula San Pedro, Yajalón, Amatán, Pichucalco, Solosuchiapa, Juárez, Tecpatán, Pantepec, Francisco León, Rayón, Mezcalapa, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Tumbalá, Ocosingo, Chilón, San Juan Chamula, Sabanilla, Tila, Salto de Agua y otros.
En el municipio de San Juan Chamula, en la región de Los Altos, el tercer regidor del ayuntamiento falleció ahogado, cuando intentó cruzar con una camioneta un arroyo crecido en la comunidad Tierra Colorada. El funcionario municipal intentó salir de su vehículo al momento que era arrastrado por la corriente, pero no lo logró y falleció ahogado.
Hasta el lugar llegaron tsotsiles para tratar de rescatar el cuerpo del funcionario municipal que quedó atrapado en unas ramas.
Entre los municipios de Yajalón y
Tila, en el norte de Chiapas, el desbordamiento de un río a la altura del Pulpitillo provocó el cierre de la carretera entre Petalcingo municipio de Tila a Yajalón. En Ocosingo, el río La Virgen se desbordó, por lo que familias que tienen sus hogares en zonas bajas fueron llevados a un albergue que habilitó el ayuntamiento.
La Secretaría de Protección Civil informó que hasta 634 familias propietarias de mil 288 viviendas han sido afectadas en los más de 20 municipios donde han caído lluvias torrenciales este fin de semana.
Además, han sido afectados 15 tramos carreteros, principalmente en el tramo Jitotol-Simojovel, a la altura
del kilómetro 23. También 14 tramos de caminos rurales han sido dañados con asentamientos y deslaves. Aseguró que desde el sábado se mantiene vigilancia en ríos y arroyos de los municipios de Rayón, Tumbalá, Tila y Chilón en la región Norte. Varias familias han sido desalojadas de comunidades de los municipios de Pantepec y Ocosingo. En Pantepec elementos de Protección Civil, Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal, Guardia Nacional, Ejército, han aplicado el Plan DNIII-E. “En dicho municipio se tienen activados tres refugios temporales para la atención de 115 personas”, informó Protección Civil.
Gabriela Coutiño
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
Sacerdote tsotsil es asesinado a balazos en iglesia de Chiapas
Gabriela Coutiño Chiapas (apro)
El sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez fue asesinado a balazos afuera del templo del barrio Cuxtitali en San Cristóbal de las Casas, por un sujetos armados que se transportaban en una motocicleta, confirmó la Diócesis.
El sacerdote originario del municipio de San Andrés Larráinzar, fue agredido cuando se encontraba en su vehículo afuera de la iglesia, a donde llegó para oficiar la misa dominical.
La Fiscalía General del Estado informó que las investigaciones las iniciaron la Fiscalía de Asuntos Especiales y de Distrito Altos en contra de quien o quienes resulten responsables.
La dependencia señaló que el asesinato se registró en la calle Las Peras, esquina con calle Flanz Bloom del barrio Cuxtitali en San Cristóbal de las Casas, “donde se reportaron detonaciones de armas de fuego”.
“En el lugar se encontró una camioneta marca Ford Titanium color blanco y en el interior el cuerpo sin vida del sacerdote de la iglesia de Guadalupe. De acuerdo a las primeras investigaciones el sacerdote salía de la parroquia, luego de celebrar una misa y se dirigía a su parroquia de Guadalupe cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon
contra el vehículo”, citó la Fiscalía.
Al conocer la noticia, el obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, dijo que la iglesia seguirá buscando la paz con verdad y con justicia, y anunció que los funerales del sacerdote serán en su parroquia de Guadalupe, donde se encontraba adscrito.
Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, condenó el asesinato del párroco en su cuenta de X y anunció la colaboración de todas las autoridades “para que su muerte no quede impune”.
Marcelo Pérez, defensor de los derechos humanos
Originario de la comunidad Chichéalo del municipio tsotsil de San Andrés Larráinzar, Marcelo Pérez Pérez, fue ordenado sacerdote en el seminario de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, el 6 de abril del 2002.
Fue enviado al municipio de Simojovel, donde organizó marchas con la comunidad católica denunciando venta de drogas en bares y cantinas de la localidad. En esa localidad permaneció 10 años, posteriormente fue enviado a Chenalhó donde estuvo dos años. Marcelo Pérez, desde la fe y por medio de peregrinaciones y mediación en conflictos, trabajaba de forma pacífica para alcanzar la paz en el estado. En 2021 apoyó el levantamiento armado del grupo Autodefensas del Pueblo El Machete en el municipio de Pantelhó, donde fungió como mediador entre el gobierno de Chiapas y el grupo armado. El 26 de julio de 2021 pobladores del municipio de Pantelhó y presuntos integrantes del grupo armado, sustrajeron de sus domicilios a 21 hombres, a quienes amarraron en el kiosko del parque del poblado tsotsil tseltal, para luego desaparecerlos. Los familiares de
las victimas acusaron al sacerdote de estar detrás de la desaparición; Marcelo Pérez lo negó.
En 2022 al conocerse las acusaciones contra el sacerdote, y una orden de aprehensión de parte de la Fiscalía General del estado por la desaparición de los 21 hombres en Pantelhó, diversas organizaciones de Derechos Humanos como ACAT-France; Amnistía Internacional; Front Line Defenders; Movimiento Sueco por la Reconciliación – SweFOR México; Oficina Ecuménica para la Paz y la Justicia e.V.(Múnich, Alemania); El Observatorio para la protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT/FIDH); Protection International Mesoamérica;Taula per Mèxic (Barcelona);Servicio Internacional para la Paz – Sipaz, con la observación internacional de las Brigadas Internacionales de Paz – PBI, expresaron su preocupación por el intento de criminalización en contra el Padre Marcelo Pérez Pérez.
El 13 de septiembre, durante la peregrinación por la paz que se realizó en Tuxtla Gutiérrez con la participación de las tres diócesis, el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, participó en la caminata, donde declaró que la violencia se había desbordado en Chiapas. “Ya no se aguanta y cuando expresa la Iglesia de esta manera es un mensaje de esperanza en que tenemos que hacer algo por la paz”.
Frayba condena el asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez
Gabriela Coutiño
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
La ejecución del defensor Marcelo Pérez Pérez se da en un contexto de grave escalada de violencia contra la ciudadanía en todas las regiones de Chiapas, como parte de la estrategia de toma violenta del territorio nacional, necesaria en la actual etapa de reconfiguración del Estado mexicano, manifestó el centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
Al condenar el crimen que calificó de lesa humanidad, el organismo responsabilizó al Estado Mexicano “por no prevenir, garantizar y proteger la integridad y vida del párroco Marcelo Pérez, así como por su tolerancia y aquiescencia hacia los grupos de la delincuencia que operan en Chiapas”.
El sacerdote Marcelo Pérez, reconocido defensor de los derechos humanos que denunció la violencia ligada al narcotráfico en México, fue asesinado a balazos este día en San Cristóbal de las Casas. Su asesinato desató indignación entre organismos de derechos humanos que rechazan cualquier intento de minimizar estos hechos como casos aislados en Chiapas.
“La denuncia profética del Padre
Marcelo, de las históricas, continuas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el estado de Chiapas su acompañamiento, compromiso y lucha por la Vida de las comunidades donde ejerció su ministerio sacerdotal, conlleva a que fuera objeto de amenazas y ataques contra su integridad y vida desde hace años. Quienes ejercen el poder desde hace décadas celebran hoy la muerte del Padre Marcelo”, señaló el Frayba.
“Esta ejecución es una muestra más de la crisis de seguridad, graves violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, que como Frayba hemos estado denunciando por más de 35 años”, subrayó el organismo fundado por el Obispo Samuel Ruiz.
El colectivo de derechos humanos indicó que en los últimos meses han denunciado ante las instancias nacionales e internacionales los graves crímenes de lesa humanidad por las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, control de la población vía la toma violenta de varias regiones de Chiapas.
Y el lamentable asesinato del padre Marcelo hace eco del grave riesgo que existe para la población y de manera particular contra las personas defensoras de derechos humanos, incluido
el Pueblo Creyente, los agentes de pastoral de la Diócesis de San Cristóbal, las organizaciones defensoras de derechos humanos, comunidades que defienden la tierra y el territorio, y en general de todas aquellas personas y comunidades que defienden la vida en Chiapas.
El padre Marcelo Pérez refiere, “fue objeto de constantes amenazas y agresiones por parte de grupos de la delincuencia organizada, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado mexicano la implementación de medidas cautelares en su favor desde 2015”. Desafortunadamente, agregó, “el Gobierno mexicano fue omiso y aquiescente para atender las causas de fondo de las amenazas en su contra. Lejos de su protección el Estado mexicano lo criminalizó, fomentó el señalamiento en su contra y lo persiguió judicialmente mediante una orden de aprehensión”.
El Frayba reiteró la responsabilidad de los gobiernos Estatal y Federal por la ejecución extrajudicial del Presbítero Marcelo Pérez Pérez. “El Estado mexicano, por décadas, ha apostado por la impunidad permitiendo la operación de entidades macro criminales como parte de la ´gobernanza´ en un supuesto Estado democrático”.
Al hacer un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a repudiar este crimen, el organismo expresó sus condolencias a la familia de jTatik Marcelo, a las comunidades con las que caminó, a la Diócesis de San Cristóbal, al Pueblo Creyente de Chiapas y a todas aquellas personas para las que su partida es una herida al corazón.
Exigió al Estado mexicano verdad y justicia frente a este crimen mediante una investigación diligente de los autores materiales e intelectuales, tomando en cuenta su trabajo como defensor de derechos humanos y constructor de paz.
Al condenar el asesinato del sacerdote tsotsil, comunidades creyentes de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas señalaron que en reiteradas ocasiones el sacerdote, había recibido amenazas de muerte, difamaciones y hostigamiento por parte de grupos de poder que han cooptado la zona, autodefensas y autoridades locales.
Sale caravana de migrantes desde Tapachula, les apremia el tiempo por las elecciones en Estados Unidos. El sistema CBP One, está colapsado
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
Alos migrantes de Venezuela y Cuba le ha entrado la desesperación de permanecer en México hasta antes de la elección presidencial de Estados Unidos del martes 5 de noviembre próximo, porque ganar Donald Trump va endurecer la política migratoria.
Debido a esa incertidumbre, este domingo partió una nueva caravana de al menos dos mil migrantes, entre ellos cubanos, venezolanos y centroamericanos, primero en busca de llegar al centro del país y de ahí cruzar hacia los Estados Unidos, pero que sea antes de las elecciones.
La mayoría de los migrantes se encuentran temerosos porque la nueva administración estadounidense, peor de ganar Donald Trump, luego que el Partido Republicano estadounidense avaló un programa electoral en caso de ganar su candidato, Donald Trump, que incluye un plan de deportación masivo, medidas antinmigrantes históricas.
La gran mayoría de migrantes sienten la necesidad de abandonar el territorio mexicano dado que aseguran que la nueva administración estadounidense que surja de los comicios el 5 de
noviembre pueda poner fin a las citas de asilo a través de la aplicación CBP One e inclusive disponer el cierre definitivo de la frontera con México.
Un ciudadano cubano, Esteban de Jesús Montejo aseguró que no saben a ciencia cierta que el sistema de citas CBP One ha colapsado o que el Instituto Nacional de Migración (INM) los está engañando para retenerlos en Chiapas, dado que el gran número de migrantes que han llegado en los últimos meses a este municipio fronterizo de Tapachula, colindante con Guatemala. De ahí que desde hace varios días vienen planeando su salida del municipio, idea que este domingo maduraron y decidieron salir caminando de Tapachula, mismos que se esperan unirse a los grupos que han salido desde hace un par de semanas y que este este momen-
Sheinbaum: ya se está investigando el asesinato del sacerdote
Marcelo Pérez en
De la Redacción
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el homicidio del sacerdote Marcelo Pérez Pérez ya está en investigación y que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, estuvo en contacto con autoridades locales y eclesiásticas.
La mandataria federal fue entrevistada al concluir un acto público en Progreso, Yucatán, como partede su gira por el sureste. Ahí anunció que durante la mañanera de este lunes profundizará en el tema.
“Se está en contacto y se están haciendo las investigaciones”, dijo. “Se está atendiendo y se está en contacto también con las autoridades eclesiales”.
El sacerdote tsotsil Marcelo Pérez
Chiapas
Pérez fue asesinado a balazos afuera del templo del barrio Cuxtitali en San Cristóbal de las Casas, por sujetos armados que se transportaban en una motocicleta, confirmó la Diócesis.
De acuerdo a las primeras investigaciones el sacerdote salía de la parroquia, luego de celebrar una misa y se dirigía a su parroquia de Guadalupe cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra el vehículo”, citó la Fiscalía.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, lamentó el crimen y advirtió que no habrá impunidad.
“Lamentamos los acontecimientos en los que perdió la vida el padre Marcelo Pérez Pérez. Nuestra solidaridad con la comunidad católica y el compromiso del @GobiernoMX que no habrá impunidad”, tuiteó.
to están en Oaxaca.
El pasado sábado, agentes migratorios dialogó con ellos en el parque Bicentenario, para convencerlos de trasladarse a Tuxtla Gutiérrez para continuar su trámite, sin embargo, la mayoría prefirió seguir su camino a pie, por lo que este domingo decidieron salir caminando bajo una pertinaz lluvia. Montejo, expuso que la situación en Tapachula es insostenible, la ciudad está colapsada, sin empleo, con altos costos por el alquiler de viviendas y cuartos de hotel, además, que los propietarios de los inmuebles abusan de la necesidad de la gente, pues quieren cobrar hasta por los niños, por lo que quedarse en el municipio es un suicidio, vivir aquí ya no es viable debido al alto costo de vida.
Por esa razón, fue que han decidido
encaminarse hacia la Ciudad de México para intentar continuar su trámite de regularización allá, ya que el sistema en Tapachula está saturado.
Otro factor en contra, dijo por otro lado César Mejía, también venezolano, es la inseguridad que su caminar por varios países. Lo que aquí ocurre en México no es privativo, porque también la han vivido en Venezuela, Colombia, en su paso de Darien, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, por eso en a travesía se tienen que cuidar entre todos.
En esos, países, asegura que ya no se puede vivir allí, pues si no pagas extorsión, te matan, como las tiendas pequeñas son blanco constante de extorsionadores, experiencias desagradables que se viven en sus países de origen, cada vez más peligroso.
Aunque lamenta que la aplicación CBP One, no te garantiza continuar el viaje por el país, porque hay ocasiones que los migrantes son bajados del transporte y en algunos casos incluso se les borra la aplicación, dificultando su trámite.
Ambos migrantes coinciden en que la salida de Tapachula y el desplazamiento hacia el norte es la única opción que ven para mejorar sus condiciones de vida y buscar seguridad.
ONU-DH recuerda que el padre Marcelo Pérez tenía protección; condena asesinato
De la Redacción
Ciudad de México (apro)
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el homicidio del sacerdote Marcelo Pérez, ocurrido esta mañana en San Cristóbal de las Casas, Chiapas y exigió a las autoridades llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva y eficaz.
La ONU-DH recordó que desde el año 2015 el padre, quien era defensor indígena de los derechos humanos, era beneficiario de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido al riesgo constante que enfrentaba su vida e integridad personal por su labor en Simojovel y otros lugares de Chiapas.
Y que diversas organizaciones nacionales e internacionales advirtieron públicamente sobre las amenazas, agresiones y actos de criminalización en su contra que se intensificaron en los últimos años.
“El asesinato del Padre Marcelo es absolutamente inaceptable. Su labor era ampliamente reconocida por los pueblos indígenas en Chiapas, y
también a nivel internacional. A pesar de contar con medidas de protección y de las constantes denuncias sobre las agresiones que enfrentaba, éstas resultaron insuficientes para impedir su asesinato”, destacó Jesús Peña Palacios, Representante Adjunto en México de la ONU-DH.
“El Padre Marcelo era un referente en la búsqueda de la paz, la verdad y la justicia para Chiapas; su pérdida es irreparable y nos reitera la necesidad de implementar medidas estructurales que cambien el contexto de violencia que sufren algunas regiones de Chiapas”, señaló la organización.
El sacerdote fue atacado esta mañana luego de oficiar una misa en el Barrio de Cuxtilali, municipio de San Cristóbal de las Casas, cuando sujetos en motocicleta dispararon repetidamente contra su vehículo.
“La Oficina expresa su profunda solidaridad al pueblo católico de Simojovel, a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, a los pueblos y comunidades con los que el Padre Marcelo caminó, así como a su familia, amistades y a la comunidad de derechos humanos que le acompañó”, concluyó.
Ciudad de México (apro)
Familias desplazadas por el crimen organizado en Michoacán piden ayuda humanitaria
De la Redacción
Ciudad de México (apro)
Evangelina Contreras, representante del colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (Decofem) lanzó un llamado al gobierno para ayudar a las familias desplazadas por el crimen organizado en Michoacán.
En entrevista con Aristegui Noticias detalló que las familias desplazadas provienen de las localidades de Coire, San Pedro Naranjestil, Guagua y Pichilinguilo, y son reubicadas en Aquila y Coahuayana, municipios de Michocán.
Según los datos del colectivo, 242 habitantes han sido desplazados desde el 13 de agosto como consecuencia de la violencia criminal que azota el estado.
“Las balaceras y el crimen organizado queman sus casas, los dejan sin nada y tienen que salir huyendo”, declaró.
Además, refirió que reubicar a las familias suele ser complicado, ya que muchos de ellos salen sin sus documentos oficiales, pues los perdieron o tuvieron que salir de manera rápida y no pudieron recogerlos, lo que afecta su derecho al trabajo, vivienda y que sus hijos tengan acceso a la educación.
La situación también se ve reflejada en la imposibilidad de rentar un lugar para vivir. Evangelina explicó que las rentas para las viviendas de los refugiados van de los mil a los cuatro mil pesos mensuales y muchos de ellos no pueden pagarlas
De la Redacción
Ciudad de México (apro)
Médicos residentes del Hospital General viejo de Culiacán, Sinaloa (HGC) llamaron a iniciar un paro de labores para exigir que les garanticen seguridad dentro y fuera de la institución.
Esto, luego de dos atentados ocurridos al interior del hospital en lo que va del mes y ante la situación de violencia que se vive en Sinaloa.
“Dada la situación de violencia que vive el estado y los dos intentos de asesinato dentro del hospital general de Culiacán en el último mes y a pesar de nuestras exigencias de seguridad las cuales no han sido escuchadas, los residentes del Hospital General de Culiacán alzamos en paro laboral hasta que nuestra seguridad sea garantizada dentro y fuera del hospital”, informa-
En entrevista con Aristegui Noticias detalló que las familias desplazadas provienen de las localidades de Coire, San Pedro Naranjestil, Guagua y Pichilinguilo, y son reubicadas en Aquila y Coahuayana, municipios de Michocán
porque no tienen un empleo.
Explicó que tomaron la decisión de apoyar a las familias desplazadas debido a la falta de apoyo gubernamental, que, aunque entregan despensas, son insuficientes para las familias.
Recordó que solicitaron al presidente municipal de Aquila, José María Valencia Guillen, que ayudara a reponer los documentos oficiales de las personas que los perdieron para
poderlos incluir en los programas sociales, sin embargo, el gobierno sigue sin cooperar.
De acuerdo con Evangelina Contreras, el gobierno no se ha preocupado por darle seguridad en su comunidad a estas familias sin importar que están ubicadas cerca de minas y bosques manejados por organizaciones delictivas.
Relató que, para poder otorgar despensas, han tenido que pedir di-
nero en las carreteras, y han recibido la ayuda de organizaciones civiles como Cáritas, Banco de Alimentos, Michoacán Humanitario e incluso de personas migrantes en Estados Unidos.
El colectivo lleva un listado con los datos de las familias desplazadas que atienden, sin embargo, no todas llegan completas, pues algunas personas han sido asesinadas o desaparecidas producto de la violencia.
Médicos residentes de Culiacán llaman a paro de labores para exigir seguridad
ron a través de un desplegado.
De los dos atentados con armas de fuego ocurridos al interior del hospital, uno ocurrió el 10 de octubre, cuando un joven fue asesinado a balazos mientras recibía atención médica por heridas de bala.
El paciente ingresó al hospital desde el pasado 23 de septiembre luego de ser baleado en la carretera de Tepuchito.
El segundo ataque ocurrió hoy que la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que al interior del HGC se detonó un arma de fuego, pero reportó de manera preliminar saldo blanco.
Denuncian que dos víctimas de la Guerra Sucia no han sido identificadas por omisión de autoridades
Luis Daniel Nava Chilpancingo, Gro. (apro)
Dos víctimas de la Guerra Sucia no han sido identificadas legalmente por omisión de la Secretaría de Gobernación, a pesar de que sus restos ya fueron exhumados dos hace un año en la sierra de Guerrero, acusaron familiares.
A la presidenta Claudia Sheinbaum le exigieron investigar la actuación del Ejército en la entidad en esa época, castigo a los militares culpables y la reparación del daño.
Este día, hijos de víctimas de personas desaparecidas, ejecutadas y sepultadas en fosas clandestinas de 1967 a 1971 en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, en los límites de la Costa Grande y la Tierra Caliente, denunciaron en Chilpancingo la omisión de las fiscalías y del gobierno federal.
Octaviano Gervasio Serrano del Colectivo de Esposas Hijos de la Guerra Sucia del municipio de Atoyac de Álvarez y Estela Arroyo de la Asociación de Ejidos y Comunidades, Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, recordaron que del 4 al 8 de septiembre de 2023 fueron recuperados por autoridades estatales y federales, con ayuda de familiares, los cuerpos de siete víctimas.
La exhumación fue en fosas clandestinas en las inmediaciones de Los Espadines y en el cerro Las Desdichas en la sierra de Ajuchitlán del Progreso.
Las víctimas recuperadas fueron identificadas genéticamente Gervasio Bernardino Duran, Bartolo Rojas Nazario, Apolonio Hernández Bernardino, José Isabel Rojas Bernardino y Pablo Rojas Terán, que al momento de su ejecución tenía 14 años.
Hace falta por identificar a Eduviges Ovillada Ortiz y Francisco Rojas Nazario.
Octaviano Gervasio -hijo de Octaviano Gervasio Benítez, desaparecido el 26 de julio de 1974 y cuyo nombre se encuentra en las listas de los vuelos de la muerte- señaló al respecto:
“En la Fiscalía estatal nos aseguran que sí es posible identificarlos genéticamente, pero que no cuentan con los reactivos o materiales adecuados, por eso hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación, para que se logre la
Ebrard se reúne con empresarios de la India para potenciar comercio con México
De la Redacción Ciudad de México (apro)
El sector empresarial de la India acordó con la Secretaría de Economía (SE), encabezada por Marcelo Ebrard, potenciar el comercio entre ambos países en sectores e industrias de tecnologías de la información, farmacéutico, manufacturero, movilidad eléctrica, semiconductores, energías renovables, educación, turismo, biotecnología, entre otros.
De acuerdo con la SE, Ebrard se reunió con una delegación de más de 20 CEOs y otros altos directivos de compañías indias en la que le manifestaron su interés en comprender la gama de incentivos disponibles con el cambio de gobierno en México.
“Muchas de las empresas participan-
tes en la reunión cuentan ya con inversiones en el país y buscan expandir sus operaciones, mientras que existe un esfuerzo concertado para alentar a las empresas mexicanas a diversificar su presencia en el mercado, expusieron”, detalló la Secretaría mediante un comunicado.
“El secretario Ebrard destacó los planes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para desarrollar corredores industriales y grandes obras de infraestructura, así como las ventajas competitivas que ofrece México en materia demográfica con mano de obra altamente calificada, así como su posición geográfica estratégica”.
La dependencia precisó que la delegación india estuvo encabezada por Ramachandran Dinesh, presidente del Consejo Internacional de la Confederación de la Industria India (CII).
identificación de las otras dos víctimas”.
Pidió, además, la búsqueda y exhumación de José Santos González, una octava víctima desaparecida.
El abogado informó que en la sierra habría los cuerpos de otras 13 personas ejecutadas por soldados, esto a raíz de una operación del Estado que masacró y desapareció a cientos de campesinos inocentes de la sierra con el pretexto de combatir la guerrilla de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
En la conferencia, la señora Antolina Rojas Bernardino, de 64 años e hija de Bartolo Rojas Nazario, narró la madrugada del 20 de diciembre de 1967 cuando cientos de militares irrumpieron en Los Espadines.
“Yo vi cuando llegó el Ejército desde muy temprano cuando sacaron a mi padre, a mis tíos, y a mi primo Pablito. Ese recuerdo no lo puedo olvidar.
“Éramos siete niños, por eso no fuimos a la escuela. Estábamos dormidos todavía cuando escuchamos la balacera
y llegó alguien corriendo que dijo ‘ya cayó Gervasio (Bernardino Durán), fue el primero que cayó mi tío, hermano de mi madre.
“Ya mi papá se fue, yo anduve con él corriendo, las balas nos pasaban por los pies. Mi papá se vistió de mujer para que no le tiraran, pero de todos modos lo encontramos tirado, ya muerto, sin vida. Yo vi cuando pararon algo con patas como eso (un tripié) y cayeron muchas bolitas de colores (luces)”.
“Yo pensé que mi padre se había salido de la comunidad. Ya cuando dice mi mamá ‘baja vamos a traer a tu papá”.
En ese momento las lágrimas le brotaron a Antolina y detuvo el relató
“No puedo pues, todavía lloró, me da pena llorar”, expresó.
Suspiró profundamente y continuó:
“Éramos muy niños. Los acabaron a todos. Yo vi cuando iban corriendo Pablito y Francisco. Pablito era un jovencito de 14 años, ahí cayó bocarriba junto con mi tío Francisco. A todos los acabaron, a nosotros nos pusieron las armas, a mi mero me anotaron(apuntaron), yo tuve miedo, iban vestidos de verde. Se llevaron todo lo que teníamos, jabón, todo, no se llevaron las gallinas porque no pudieron”.
Lo que pide, dijo, es justicia.
“Yo tengo fe en la doctora, presidenta de nuestro país (Claudia Sheinbaum), que sí nos va a hacer justicia”.
La SCJN decidirá sobre impugnaciones del gobierno contra suspensiones a la reforma judicial
Diana Lastiri Ciudad de México (apro)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá si las impugnaciones presentadas por el gobierno federal contra las suspensiones que han sido concedidas para frenar la reforma judicial son de índole electoral o jurisdiccional.
El pasado 14 de octubre, la Corte admitió a trámite una solicitud presentada por los magistrados del Tribunal Colegiado del estado de Colima en la que pidieron a los ministros que determinen qué órgano jurisdiccional será el competente para conocer de los recursos de revisión y de queja relacionados con suspensiones provisionales y definitivas que han sido concedidas por los juzgados de Distrito para frenar tanto el proceso de reforma judicial como su ejecución. Esto, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocar las suspensiones, mientras que otras autoridades del gobierno federal han llevado sus recursos a tribunales colegiados.
La Corte solicitó al Colegiado de Colima y a la Sala Superior del TEPJF que rindan informes y exhiban documentos sobre las impugnaciones contra las suspensiones que ordenan frenar la reforma judicial.
“Se turna el presente asunto al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, conforme al turno por decanato que se lleva en la Secretaría General de Acuerdos, a fin de que formule el proyecto de resolución y dé cuenta con éste al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señala el acuerdo publicado por la SCJN.
Desde septiembre pasado, jueces, magistrados y ciudadanos han tramitado diversos amparos contra el proceso de reforma judicial.
Aunque los jueces de Distrito concedieron suspensiones para que el dictamen de reforma no fuera aprobado, ninguna autoridad hizo caso.
Incluso, hubo jueces que ordenaron al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no publicar la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y al INE no iniciar el proceso de elección de jueces y magistrados, lo que no ocurrió.
FGR confirma versión de “El Mayo” Zambada: Héctor Cuén fue asesinado en finca
De la Redacción
Ciudad de México (apro)
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Cuén, fue asesinado en la finca en la que Ismael “El Mayo” Zambada afirmó que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Detalló que halló rastros de sangre que corresponden al exrector en la finca ubicada en Huertos del Pedregal, Culiacán, lo que confirmaría la teoría de que Cuén no fue asesinado en una gasolinera, como afirmó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, y que, como lo indicó Zambada, el exrector estuvo en el mismo lugar donde él sostendría un encuentro con Guzmán López y el gobernador de la entidad, Rubén Rocha. Por ello, la FGR señaló que el hijo del líder del cártel de Sinaloa está directamente vinculado con el secuestro de Zambada García, el homicidio de Cuén y la desaparición forzada de varias personas más.
Roxana González / El Sol México
Ciudad de México,
(Tribuna)
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comprará más de ocho millones de cartuchos de distintos calibres para reforzar la capacidad del Ejército y la Guardia Nacional en estados de la República donde la disputa de los cárteles de la droga ha desbordado la violencia, según confirmó la propia dependencia.
De acuerdo con la licitación internacional LA-07-110007000999-T-823-24, publicada en la plataforma de adquisiciones gubernamentales Compranet, podrán participar proveedores de 22 países, incluidos de algunos de los mayores productores de armas en el mundo, como Estados Unidos e Israel.
La adquisición está a cargo de la Dirección General de Materiales de Guerra y la unidad que va a operar el equipo tiene su cuartel en el Campo Militar 1.
El arsenal requerido incluye cartuchos 5.56 milímetros, un modelo estándar que utilizan las fuerzas armadas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Estas municiones fueron empleadas por las tropas de Estados Unidos para perseguir terroristas en Irak y Afganistán y actualmente son usadas por fuerzas especiales de decenas de Ejércitos en el mundo.
El Ejército Mexicano necesita que los cartuchos calibre 5.56 milímetros cumplan con la garantía de vida útil por 10 años como mínimo a partir de la entrega.
Detalló que halló rastros de sangre que corresponden al exrector en la finca ubicada en Huertos del Pedregal, Culiacán, lo que confirmaría la teoría de que Cuén no fue asesinado en una gasolinera, como afirmó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
“En el lugar del secuestro se encontraba dicha persona (Héctor Cuén) y que sus huellas de sangre corresponden al tiempo en el que el Ministerio Público de la Federación tiene establecido el momento de su homicidio, el cual ocurrió muchas horas antes del video de una gasolinera difundido localmente, el cual ya ha sido descalificado por la propia
FGR”, señaló la institución. Añadió que en el vehículo que aparece en el vídeo de la gasolinera, con el cual la FGES concluyó que Cuén había sido asesinado durante un asalto, también halló sangre que corresponde a Rodolfo Chaidez, integrante del equipo de seguridad de Zambada.
“Se obtuvo un video claro y preciso
de lo confesado por el chofer del doctor Héctor ‘N’, quien niega lo que él mismo había declarado previamente ante autoridades locales, respecto a diversos momentos de la desaparición y muerte del doctor mencionado”, añadió.
“Todo lo anterior ratifica las investigaciones ministeriales y policiacas que determinaron las presuntas responsabilidades penales y administrativas de policías, ministerios públicos, peritos y personal diverso de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes ya han sido investigados exhaustivamente respecto a su participación en el caso de la muerte de Héctor ‘N’”.
Anunció que ante el rechazo de un juez federal en Culiacán para conceder órdenes de aprehensión contra los policías y personal de la Fiscalía de Sinaloa, en los próximos días llevará su solicitud ante otro juzgador.
Ante violencia en México, gobierno busca comprar 8 millones de cartuchos
La Sedena es fabricante de este tipo de cartuchos en la planta de Industria Militar, pero la mudanza de ésta al estado de Puebla, que aún no concluye, ha retrasado la elaboración de varios productos, entre ellos los cartuchos para armamento liviano.
En su justificación para la adquisición de las municiones, la dependencia a cargo del general Ricardo Trevilla señala que los cartuchos son necesarios debido a la creación y reorganización de Unidades Operativas de este instituto armado, las cuales no cuentan con suministros en los Almacenes Generales de Guerra, localizados en Santa Lucía, Estado de México.
“La Dirección General de Industria Militar no está en condiciones de fabricar la cantidad de municiones para la fecha requerida, diciembre próximo”, reconoce la Sedena.
Además de cinco millones de cartuchos 5.56 milímetros, la dependencia busca adquirir también municiones calibre 0.45, utilizadas en pistolas automáticas 9 milímetros y calibre 7.62 X51 para fusiles.
La Sedena especifica que “las municiones serán utilizadas para garantizar el orden interior y la seguridad nacional, reforzando la capacidad de las fuerzas armadas en lugares de mayor actividad delincuencial y con mayor
violencia de grupos delincuenciales”. La captura, en julio pasado, del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada por agentes del Buró de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, en Texas, provocó un caos en Sinaloa, donde al menos 190 personas han sido asesinadas en las últimas cuatro semanas, de acuerdo con reportes policiales. Ciento cincuenta militares llegaron apenas el miércoles pasado a ese estado para tratar de controlar la violencia atribuida a enfrentamientos entre la gente de El Mayo y la de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como Los Chapitos. Sinaloa es el estado que más violencia ha vivido en los últimos días, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Además de Sinaloa, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Jalisco son otros estados que, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad, presentada por la administración de Claudia Sheinbaum, serán prioridad debido a la incidencia de homicidios dolosos y otros delitos.
“Adquirir municiones y equipo militar en el extranjero es una práctica común en México, aunque en los últimos cinco o seis años ha aumentado
debido a la incapacidad del Ejército de producir su propio armamento y el incremento de los enfrentamientos con los grupos del crimen organizado, que han provocado que se utilicen más balas”, opina David Salgado, especialista en temas de seguridad y armamento.
De acuerdo con el experto, el consumo de municiones por parte del Ejército y la Guardia Nacional en el combate al crimen organizado se duplicó en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que no resulta extraño que el gobierno de Sheinbaum busque hacerse de más arsenal, “pues la violencia y los enfrentamientos con el narco no disminuirán” en el corto plazo. “Sólo en el primer culiacanazo se gastaron cientos de municiones; por supuesto que a la nueva Presidenta le interesa tener la capacidad de respuesta militar”, consideró el especialista.
Lo que la tómbola se llevó: plazas de magistrados en paro, cercanos a Zaldívar y denunciados por corrupción
Entre los magistrados federales que resultaron sorteados para que sus plazas sean sometidas a elección popular en 2025 se encuentran varios que han protagonizado las protestas que emprendió el Poder Judicial de la Federación (PJF) desde agosto último contra la reforma judicial.
También quedaron incluidos magistrados que han sido señalados por formar parte de la red de colaboradores de Arturo Zaldívar, exministro presidente, para emitir resoluciones “a modo”. De una revisión realizada por Proceso en la lista de los 464 magistrados que salieron en la tómbola con la que el Senado definió quiénes entrarán en la primera elección judicial de 2025, se pudo constatar que por lo menos 50 han estado en el ojo público, ya sea por sus resoluciones, sus declaraciones contra la reforma judicial o acusaciones de corrupción.
Destacaron también nombres de consejeros de la Judicatura Federal, representantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) y hasta un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Entre los primeros nombres está el de José Alfonso Montalvo Martínez, consejero de la Judicatura Federal que se ha mantenido votando a favor de mantener el paro de labores en el PJF junto con la ministra presidenta Norma Piña y la consejera Lilia Mónica López Benítez y también se ha pronunciado públicamente contra la reforma judicial.
Montalvo Martínez fue designado como integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en febrero de este año por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la plaza que ostenta para ser sometida a elección popular es la que ocupa en el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México.
Al ser integrante del CJF, su lugar dentro de este órgano también será sometido a votación popular para conformar el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que, junto con el órgano de administración judicial, sustituirá al Consejo.
Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado de Sala Superior en el TEPJF, perderá su plaza como integrante del Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Estado de México.
Sin embargo, conforme a la reforma judicial, conservará su lugar dentro de la Sala Superior hasta el año 2027, cuando se renovará dicho órgano.
También quedaron incluidos magistrados que han sido señalados por formar parte de la red de colaboradores de Arturo Zaldívar, exministro presidente, para emitir resoluciones “a modo”
Fuentes Barrera forma parte del bloque mayoritario que ha votado en las impugnaciones sobre los comicios del 2 de junio pasado a favor de la 4T.
Iliana Fabricia Contreras Perales actualmente es directora nacional de organización en la Jufed e integrante del comité de diálogo que se encarga de tomar las decisiones que se han ejecutado desde que inició el paro de labores en agosto pasado y de buscar que los legisladores los escuchen para frenar la reforma judicial o permitirles participar en la creación de las leyes secundarias.
Ella forma parte del Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil en la Ciudad de México, plaza que será sometida a votación.
Otro nombre que destaca por pertenecer a la Jufed es el de Froylán Muñoz Alvarado, quien dirigió la Asociación hasta el año 2023 y en aquel entonces presentó el amparo, a nombre de dicha organización, contra la extinción de los Fideicomisos del PJF impulsada por el entonces presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
La plaza en la que salió sorteado es la que ocupa en el Tribunal Colegiado en materia Penal en Morelia, Michoacán.
Otro exdirector de la Jufed que resultó sorteado fue Daniel Sánchez Montalvo, quien al término de Froylán Muñoz asumió la dirección de la Asociación, pero seis meses después, en junio de este año, renunció al cargo justo cuando la organización delineó la estrategia jurídica y de acción para frenar la reforma judicial; en su lugar se quedó la jueza Juana Fuentes, quien ahora encabeza las protestas en las que participan jueces y magistrados federales.
Proceso confirmó que la esposa de Sánchez Montalvo es militante de Morena y ha desempeñado cargos al interior del partido, lo que provocó que algunos juzgadores integrantes de la Jufed acusaran un posible conflicto de interés.
Actualmente es magistrado inte-
grante del Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal en el estado de Chiapas.
Serafín Salazar Jiménez, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en el estado de Guanajuato, quien también es director y coordinador regional de la Jufed en la entidad; Víctor Hugo Alejo Guerrero, representante de la Asociación en Tamaulipas y participó en el paro de labores, es integrante del Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal y del Trabajo en dicho estado.
El círculo de Zaldívar
La tómbola del Senado también afectó a magistrados que fueron señalados en la denuncia presentada contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar y actual coordinador de Política y Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, por presuntos actos de corrupción en los que diversos juzgadores fueron presionados para emitir resoluciones a favor de la 4T.
Tal es el caso de Constancio Carrasco Daza, quien actualmente ocupa una plaza en el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México; Jaime Santana Turral, extitular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF durante la época de Zaldívar y actual integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en el Estado de México.
Victorino Hernández Infante, señalado en la denuncia como uno de los juzgadores que se reunía con Alpízar para acordar las resoluciones de asuntos de interés para la 4T y allegados al ministro en retiro, Zaldívar, integrante del Primer Tribunal Colegiado en materia Civil en el Estado de México.
Otros nombres polémicos Otros magistrados que han sido destacables por sus criterios incómodos para el régimen de Andrés Manuel López Obrador o por conocer casos mediáticos y que resultaron sorteados son Miguel Ángel Medécigo Rodríguez, quien en julio de este año fue el encar-
gado de elaborar el proyecto para dar la razón a Emilio Lozoya en un recurso de queja contra la admisión de un amparo tramitado por Pemex.
Con este amparo, Pemex impugnó la decisión de eliminar los estados financieros enviados por Brasil y Suiza como pruebas en contra del exfuncionario en el caso Odebrecht.
Con la decisión propuesta por Mecédigo en el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México avalada por unanimidad en la que participó el magistrado Manuel Román Franco Humberto, que también salió sorteado, el juicio contra Lozoya deberá realizarse sin esas evidencias clave que la FGR no pudo sostener en las audiencias intermedias.
Horacio Armando Hernández Orozco y Francisco Javier Sarabia Asencio, quienes participaron en la votación del recurso con el que modificaron una suspensión definitiva en el amparo tramitado por ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa contra la prisión preventiva oficiosa que se les impuso.
Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, que como juez de control conoció del caso de Rosario Robles por la Estafa Maestra, la vinculó a proceso y le impuso prisión preventiva justificada.
Delgadillo Padierna fue acusado por la exfuncionaria de actuar con parcialidad pues, según ella, el juez consideró una licencia de conducir falsa para sujetarla a esta medida, cuando en realidad consideró que Robles se contradijo en las audiencias en las que hacía referencia a sus ingresos afirmando que tenía sólo 26 mil pesos y que había viajado varias veces al extranjero en el último año antes de su detención porque le gustaba viajar, mientras que sus abogados dijeron que estaba fuera del país para tomar un curso.
Aunque fue designado magistrado desde noviembre del año pasado, apenas hace dos semanas fue designado al Primer Tribunal Colegiado de Apelación en el Estado de México.
Otros magistrados cuyas plazas quedaron ya sometidas a concurso para el próximo año son:
Juan Pedro Contreras Navarro, quien fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) en febrero de este año de ser uno de los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en materia Penal en la Ciudad de México que ha emitido resoluciones para favorecer a Emilio Lozoya y de permitirle que continúe su proceso en libertad porque consideró que no existe riesgo de fuga.
Diana Lastiri Ciudad de México (Proceso).
«No permitiremos que siembren miedo en nuestro arribo como mujeres al poder»:
Observatorio de Participación Política
Arantza Díaz
Ciudad de México. (Cimacnoticias)
La llegada de Clara Brugada a la jefatura de la Ciudad de México, así como el ascenso a la titularidad del poder ejecutivo de Claudia Sheinbaum ha sido noticia celebrada entre colectivas diversas, no sólo a nivel nacional, sino también regional.
Entre ellas, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres de la Ciudad de México quien reconoce la trayectoria política de ambas mujeres y deposita la confianza en su poder transformador; pero esta observación no estaría completa sin señalar los detrimentos del sistema para que las mujeres gocen de sus derechos sociopolíticos y electorales.
Esto último, en el marco de los 71 años del reconocimiento del voto femenino a nivel nacional y como un recuerdo de que la defensa de los derechos nunca se ha frenado para las mujeres; así como las conquistas y resistencias por construir un padrón electoral paritario que se consolidó en las pasadas elecciones cuando las mujeres representaron el 51.9%, pero también, se abonó para limar las asimetrías y las violencias que cooptan un ejercicio libre; entre ellas, la Ley 3 de 3 y la tipificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Poniendo la lupa en la capital mexicana, se encuentra que la paridad también es manifiesta, pues 8 de las 16 alcaldías ya son gobernadas por mujeres; Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tlalpan, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.
«El movimiento feminista y el movimiento amplio de mujeres con la herencia sufragista, celebramos el avance en el reconocimiento de nuestros derechos políticos-electorales. Sin embargo, observamos con preocupación las resistencias que aun prevalecen, las cuales, a través de la violencia de cualquier tipo, pretenden sembrar miedo para detener lo que ya es imparable: nuestro arribo como mujeres al poder.», refieren las Organizaciones de la Sociedad Civil integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de la Ciudad de México (OPPM-CDMX).
Si bien la paridad se ha convertido en una realidad en la Ciudad de México, a nivel federal, sólo ocuparán el cargo 13 gobernadoras de un total de 32 entidades.
Entre ellas, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres de la Ciudad de México quien reconoce la trayectoria política de ambas mujeres y deposita la confianza en su poder transformador; pero esta observación no estaría completa sin señalar los detrimentos del sistema para que las mujeres gocen de sus derechos sociopolíticos y electorales
Asimismo, al mirar a lo local, se encuentra que en los últimos 100 años nuestro país ha tenido 61 mil alcaldes de los cuales solo 3 mil han sido mujeres; es decir, sólo el 5% de las personas que han ocupado un cargo titular de alcaldía corresponde a mujeres, según el Sistema Nacional de Información Municipal.
Asimismo, el Frente Nacional Feminista denunció que, aunque la celebración de paridad haya llegado a zonas urbanas y conurbada, esta realidad es centralista, pues las mujeres rurales y de comunidades indígenas continúan combatiendo la exclusión política y la toma de decisiones.
A propósito de este último apunte, hay que recordar que los Sistemas Normativos Internos, basados en usos y costumbres que fungen como autogobiernos, perpetúan la discriminación en muchas comunidades del país; esto infiere la no imposición, ni el intento colonialista de apuntar a que la costumbre está mal, sino más bien, como apunta la consejera del Instituto Estatal Electoral para la BBC, se trata de un proceso de sensibilización que debe correr a cargo del Estado; las mujeres desean participar electoral y políticamente.
Sobre esto último, hay que re -
cordar que en 2019 las mujeres de San Juan Capacuaro participaron por primera vez en una elección gracias a un sistema híbrido electoral impulsado por el INE.
El derecho a ser votadas es una conquista que todavía no puede ser celebrada en su totalidad hasta que todas las mujeres gocen de la libertad para elegir a sus representantes; sin costumbres de por medio, violencia, amedrentamiento, capacitismo, edadismo, ni exclusión.
Por otra parte, el derecho a ser votadas y gozar de una campaña política sin violencia también continúa siendo un obstáculo importante, recordando a los 37 candidatas y candidatos víctimas de homicidio durante el proceso electoral de este año.
Asimismo, los casos de mujeres que ya ocupaban un cargo político y fueron víctimas de esta violencia homicida, como Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, Michoacán quien fue asesinada cerca de la plaza principal de su municipio y quien semanas antes, había sido localizada con vida tras ser víctima de secuestro.
Violencia política en razón de género: 325 agresores, mayormente, presidentes municipales Desde 2021, el Instituto Nacional Electoral ha documentado el
número de agresiones políticas en razón de género y recientemente, lanzó el Registro Nacional de Personas Sancionadas (RNPS), un mecanismo que permite identificar a agresores y agresoras que han ejercido hostigamiento verbal, simbólico, psicológico, emocional o sexual.
De acuerdo con el RNPS, se han documentado 458 casos de violencia política en razón de género; 325 corresponden a hombres y 85 a mujeres.
La principal fuente de violencia política en razón de género proviene de la ciudadanía ocupando 2 de cada 10 denuncias, el resto de las agresiones se conforma con los siguientes actores:
Presidenta o presidente municipal (19.76%)
Regidora o regidor (13.66%)
Periodista (10%)
Servidores públicos (4.39%)
Las principales agresiones han sido determinadas por el Tribunal Electoral como «grave ordinaria», «leve» y ordinaria, sólo se cuenta con un registro de 6 casos donde la agresión fue estipulada como «gravísima». En materia de sanciones, la medida «ninguna» figura como la principal acción tomada, posteriormente, la multa económica y la amonestación pública.
LA BRECHA DIGITAL Y LA CONDICIÓN HUMANA
La brecha digital se plantea como el proceso referido a las desigualdades en el acceso a la tecnología y al conocimiento digital, no es simplemente un tema técnico o económico. Desde una lectura de fondo y desde la larga duración, puede ser entendida como una manifestación de desigualdades históricas y filosóficas que han marcado a las sociedades humanas a lo largo del tiempo.
La noción Tiempo-Espacio
Immanuel Wallerstein, en su análisis del sistema-mundo, introduce el concepto de Tiempo-Espacio para explicar cómo las relaciones de poder y la distribución del conocimiento están entrelazadas con las estructuras sociales, económicas y políticas en distintos momentos históricos y geografías. Desde esta perspectiva, la brecha digital se manifiesta como una continuidad de las desigualdades históricas que han caracterizado a las sociedades humanas. La historia muestra que el acceso al conocimiento ha sido históricamente controlado por élites, desde los escribas de las antiguas civilizaciones hasta las academias modernas. Esta desigualdad en la distribución del conocimiento ha sido perpetuada por filosofías y sistemas de pensamiento que han legitimado las jerarquías, reforzando la idea de que el saber es un privilegio reservado para unos pocos.
La condición humana
Hannah Arendt, en La condición humana, explora las dimensiones de la labor, el trabajo y la acción en la vida humana. En el contexto digital, estas categorías adquieren nuevos significados. La labor, vinculada por Arendt a la mera supervivencia, se transforma en un ciclo constante de consumo de información y entretenimiento, donde el individuo queda atrapado en una lógica de producción y consumo sin fin. El trabajo, asociado por Arendt con la creación de un mundo duradero, se fragmenta en el entorno digital, donde la obsolescencia rápida y la inmaterialidad de los productos digitales desafían la noción de permanencia. La acción, considerada la dimensión más elevada de la vida pública, se ve mediada y a menudo distorsionada por las dinámicas del poder digital, donde el espacio público se redefine en términos de algoritmos y plataformas.
Friedrich Nietzsche, con su concepto del eterno retorno, ofrece una perspectiva crítica sobre la repetición y la superficialidad de la experiencia digital. En un mundo donde la información y las experiencias se repiten ad infinitum, la autenticidad de la existencia se diluye, y la vida humana corre el riesgo de caer en la banalidad. Nietzsche, quien abogó por la transvaloración de los valores, podría ver en el mundo digital una oportunidad
Boris Berenzon Gorn*
para revaluar y resignificar la vida, aunque también advertiría sobre el peligro de sucumbir a la tiranía de lo inmediato y lo efímero.
La cultura y la política
Jean-Paul Sartre, con su enfoque existencialista, nos invita a considerar la libertad individual en el mundo digital. Sartre afirmaba que “el hombre está condenado a ser libre”, y en el contexto digital esta libertad enfrenta nuevos desafíos. La capacidad de elegir y actuar, fundamental para la existencia auténtica, se ve restringida por la vigilancia, la manipulación de datos y la creación de perfiles de usuarios. La libertad en la era digital se convierte en una ilusión, donde las elecciones están predeterminadas por algoritmos que conocen nuestras preferencias mejor que nosotros mismos.
Jean-François Lyotard, en La condición postmoderna, examina la transformación del conocimiento en la sociedad contemporánea. En el mundo digital, el conocimiento se convierte en un bien mercantilizado, sujeto a la lógica del mercado y al control de corporaciones tecnológicas. La cultura, que alguna vez fue un espacio de resistencia y crítica, se convierte en un terreno de disputa entre lo comercial y lo auténtico. Lyotard alerta sobre la reducción del conocimiento a una mera información utilitaria, donde la verdad se relativiza y se subordina a la eficiencia y el rendimiento.
Michel Foucault, con su análisis del poder y la biopolítica, ofrece herramientas esenciales para entender el control y la regulación en el mundo digital. Las tecnologías digitales no sólo facilitan la comunicación y el acceso a la información, sino que también actúan como mecanismos de poder que disciplinan y normalizan comportamientos. Foucault observaría cómo las plataformas digitales ejercen un poder sutil pero penetrante, configurando las subjetividades y las relaciones sociales a través de la vigilancia y la gestión de la información. Jacques Derrida, con su concepto de la “diferencia”, nos invita a cuestionar la estabilidad de los significados en el mundo digital. La escritura digital, caracterizada por su instantaneidad y volatilidad, desafía la permanencia y la coherencia del significado. Derrida sugiere que el mundo digital amplifica la fragmentación y la dispersión de los textos, creando una multiplicidad de interpretaciones y desafiando la noción de una verdad única y fija.
Realidad simulada y cultura hiperreal
Jean Baudrillard, en Simulacros y simulación, argumenta que, en la sociedad contemporánea, los simulacros, es decir, las representaciones de la realidad, han reemplazado a la realidad misma. En el mundo digital, esta idea cobra vida a través de la creación de realidades virtuales y entornos simulados que desafían la distinción entre lo real y lo ficticio. Baudrillard advierte sobre la hiperrealidad, donde las imágenes y representaciones digitales se perciben como más reales que la realidad misma, erosionando nuestra capacidad para discernir la verdad.
Richard Rorty, en su enfoque pragmatista, nos insta a considerar las consecuencias prácticas del mundo digital en nuestras vidas. Para Rorty, la verdad no es una correspondencia con la realidad, sino una construcción social que se valida a través de su utilidad y efectividad. En el mundo digital, donde la información se moldea y manipula para servir a intereses particulares, Rorty nos invita a reflexionar sobre cómo construimos nuestras narrativas y qué valores priorizamos en este proceso.
Desafío ético y político
La brecha digital, más que una simple cuestión de acceso a la tecnología, representa una fractura en la capacidad de los individuos para participar plenamente en la vida social y política. David P. Gauthier, con su teoría del contrato social, podría argumentar que el mundo digital redefine los términos del contrato social, donde aquellos excluidos de las tecnologías digitales se ven privados de su capacidad para participar en la vida pública y ejercer su autonomía. Michel Onfray, con su enfoque hedonista y su crítica a las estructuras de poder, nos invita a considerar cómo el mundo digital puede tanto liberar como reprimir los deseos y aspiraciones humanas. Onfray podría ver en el mundo digital un espacio para la realización del placer y la creatividad, pero también advertiría sobre los peligros de la alienación y la pérdida de sentido en un entorno dominado por la lógica del mercado y el control.
Slavoj Žižek, en su análisis del capitalismo tardío, vería en la brecha digital una manifestación de las contradicciones inherentes al sistema capitalista. Žižek podría argumentar que el mundo digital perpetúa y exacerba las desigualdades existentes,
mientras ofrece la ilusión de libertad y democratización. Para Žižek, el desafío es reconocer estas contradicciones y buscar formas de subvertirlas desde dentro del sistema.
Jacques Rancière, con su enfoque en la igualdad y la emancipación, nos recuerda que la brecha digital no es sólo una cuestión de acceso, sino de poder y reconocimiento. Rancière podría argumentar que el mundo digital ofrece nuevas oportunidades para la igualdad, pero sólo si se cuestionan y reconfiguran las estructuras de poder que perpetúan la exclusión.
Byung-Chul Han, en su análisis de la sociedad del cansancio y la psicopolítica, vería en el mundo digital una fuente de agotamiento y control. Han advierte sobre cómo la hiperconectividad y la sobreexposición a la información conducen a una nueva forma de violencia, donde los individuos se ven atrapados en una dinámica de autoexplotación y vigilancia constante. La brecha digital, en este sentido, no sólo excluye a algunos, sino que también sobrecarga a quienes están dentro del sistema.
Alecto en las redes sociales, de Alejandro Quijano (papel sulfatado, 2024).
La propuesta de Hayden White Hayden White, en su obra sobre la teoría de la historiografía, argumenta que la manera en que narramos la historia está profundamente influenciada por los marcos narrativos y las estructuras de significado que empleamos. En el contexto de la brecha digital, White nos invita a considerar cómo las narrativas digitales y la construcción de la historia en línea pueden afectar nuestra comprensión de la realidad. Sus alumnos, como Lynn Hunt y Keith Jenkins, han continuado esta exploración, destacando cómo la digitalización transforma nuestras interpretaciones del pasado y del presente.
Hunt, por ejemplo, analiza cómo los medios digitales reconfiguran nuestras percepciones históricas y culturales, al permitir una mayor accesibilidad a la información, pero también al introducir nuevas formas de manipulación y sesgo.
Jenkins, por su parte, examina cómo las tecnologías digitales no sólo afectan la producción del conocimiento histórico, sino también la forma en que se construye el sentido de identidad y memoria colectiva. A través de estos enfoques, se revela que la brecha digital no es nada más una cuestión de acceso desigual, sino también una cuestión de cómo se narra y se interpreta la realidad en un mundo cada vez más digitalizado.
La reflexión de White y sus alumnos proporciona una perspectiva crítica sobre cómo las narrativas digitales pueden profundizar o mitigar las desigualdades, subrayando la necesidad de una mayor equidad en la representación y el acceso a la información en la era digital.
TRANSPARENCIA: RETOS Y PRECISIONES
Ernesto Villanueva
La reciente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la pérdida del Instituto de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI) de su carácter de organismo constitucional autónomo no suprime directamente los derechos de acceso a la información pública ni la protección de datos personales, pero siembra una inquietud legítima sobre cómo se garantizarán estos derechos esenciales. No se trata solo de una cuestión técnica o política, es un tema que afecta profundamente la vida cotidiana de todo, lo conozca la gente o no. Veamos. Primero. El artículo 113, fracción I de la Constitución, reformado recientemente, deja abierta la posibilidad de que el sucesor del INAI no abandone su naturaleza colegiada y su impronta de autoridad, aunque esté sectorizado a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Este artículo establece que el Sistema Nacional Anticorrupción contará con un Comité Coordinador, que incluirá “al presidente del organismo garante que establece el artículo 6º de esta Constitución”. Esta redacción no es casual ni fortuita, soy optimista de que es parte de una política pública para garantizar que el organismo encargado de la transparencia siga existiendo, aunque bajo una nueva figura. No estamos, así lo creo, ante un simple “error” u omisión, sino ante una estrategia cuidadosamente diseñada, en la que figuras como el diputado Ricardo Monreal – quien es el constitucionalista más destacado de la 4T en el Congreso de la Unión- juegan un rol clave. Quiero pensar que al reformar el artículo 6º constitucional que sus-
tenta la autonomía constitucional del INAI, se identificará al sucesor institucional y lo remitirá a la ley de la materia para su desarrollo normativo. La verdadera pregunta es: ¿cómo se garantizará que el derecho a saber siga siendo un derecho real y efectivo? No es viable permitir que este debate se disipe. Lo que está en juego no es únicamente el futuro del INAI como institución, sino la forma en que se garantizará el derecho de los ciudadanos a saber y la protección de sus datos personales. Esta prerrogativa societaria es un pilar fundamental de cualquier democracia y su preservación debe estar en el centro del debate público. ¿Cómo podemos asegurar que el derecho a saber siga y no se desvanezca? No habría que olvidar que conocer es romper con la ignorancia. El derecho a saber no es solo información pública: es la llave para derribar el muro de la injusticia, una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas en todos sus ámbitos y un mecanismo para hacer vivible la noción sociológica de la ciudadanía. Segundo. Raquel Buenrostro, titular de la nueva Secretaría de Anticorrupción, afirmó esta semana que su dependencia no será “juez y parte” en asuntos de transparencia, y que otros entes públicos, como los tribunales administrativos, participarán en la protección de datos y el acceso a la información. Es muy probable que se refiera al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Actualmente, este tribunal no tiene intervención en las decisiones del INAI – que se intentó en su oportunidad para impugnar las resoluciones del organismo garante a través del juicio de nulidad, pero la Suprema Corte con buen tino jurídico dejó esa
potestad sólo a través de la vía del amparo- pero esto podría cambiar. Sin embargo, uno de los mayores logros del INAI ha sido la rapidez y simplicidad con las que resuelve los recursos de revisión, sin requerir abogados ni procesos complejos. Es deseable que se establezcan procesos abreviados y se introduzca en la ley la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja, es decir que la autoridad pueda mejorar de oficio los errores en que incurran las personas a ejercer su derecho de acceso a la información y/o el de protección de datos personales. Si no se hacen estas adecuaciones normativas en la ley se corre el riesgo de alejar el derecho a la información de las manos de los ciudadanos de a pie. No es tan solo un ajuste técnico, sino un tema de justicia social que trasciende con creces la transparencia y la rendición de cuentas. El acceso a la información debe seguir siendo fácil, rápido y eficiente, de lo contrario, se estaría sacrificando un derecho esencial en el altar de la burocracia. Es justo reconocer el importante aporte de la comisionada Blanca Lilia Ibarra que fijó el criterio que distingue el derecho de la protección de datos personales cuando las empresas de comunicación llevan a cabo su ejercicio periodístico del que lo hacen cuando actúan como empresa frente terceros por razones administrativas. Este tipo de medidas deben permanecer. Tercero. Aunque las declaraciones de Buenrostro expresan un compromiso con la transparencia, no se puede perder de vista que el reto más grande sigue siendo la falta de una cultura ciudadana robusta en torno al derecho a saber. La mayoría de las personas no ejerce este derecho porque no sabe cómo
puede mejorar su vida diaria. Debe ser visto como una poderosa herramienta de empoderamiento ciudadano. Es urgente que el gobierno, a través de la Secretaría Anticorrupción, trabaje de la mano con la Secretaría de Educación Pública para promover una cultura de transparencia desde las aulas de manera proactiva. La educación es el único medio efectivo para que los ciudadanos comprendan el valor del acceso a la información y lo usen como un vehículo para mejorar sus vidas. Solo así se podrá revertir el desconocimiento que prevalece. ¿Por qué no se propone eliminar instituciones como el IMSS o el ISSSTE, que garantizan derechos fundamentales como la salud? La respuesta es evidente: su desaparición provocaría una crisis social de enormes proporciones. De la misma manera, el derecho a saber tiene el potencial de transformar nuestra vida diaria, pero aún no ha alcanzado el nivel de conciencia social que le permita ser defendido con la misma intensidad. Las acciones como parte de una política pública de largo aliento para fomentar el derecho de acceso a la información deben ponerse en marcha ya para ver en los años por venir sus beneficios por aproximaciones sucesivas. Se trata de construir una ciudadanía activa, capaz de utilizar el acceso a la información como un arma para resolver aquellas cuestiones que le pueden importar en el día a día más allá del escrutinio sobre el quehacer público (que se debe seguir haciendo, ni duda cabe). El futuro se encuentra en la capacidad de negociación que se pueda desplegar con la 4T, de forma que se pueda alcanzar lo mejor de lo que es posible en esta circunstancia concreta. Ahí está la clave.
ANÁLISIS A FONDO: EL PALACIO DE LA INJUSTICIA
Francisco Gómez Maza
• Tanto tienes tantos vales; al juzgador lo que le importa es el dinero
• Pero la gente del pueblo lo que odia es la hipocresía de los juzgadores
Cuando fui adolescente y estudiaba el primer año de la Escuela Secundaria, necesariamente tenía que pasar frente al llamado Palacio de Justicia, una edificación de unos cuatro o cinco pisos, ya no lo recuerdo. Esto ocurría hace aproximadamente unos 66 años. El tal palacio (así se les llama en México a las edificaciones que albergan oficinas gubernamentales, pero de palacios, como se conocen en sociedades monárquicas de la vieja Europa, no tienen nada.) Pues el tal Palacio de Justicia albergaba al llamado Poder Judicial. No albergaba Suprema Corte porque estaba en un pequeño pueblo globero y bicicletero de aquella época. Hoy hace caso tres cuartos de siglo. Pues muchos contemporáneos de aquella época recordarán que a aquel “palacio” la gente, que andaba en la calle, de compras principalmente, al pasar frente a él decía en voz media alta, si iba acompañada: Mira. El palacio de la injusticia. Y casi siempre pensaba: qué feo el palacio de la injusticia. Y ahí mismo tenían sus oficinas los jueces y el entonces Procurador y el Ministe -
rio Publico, Era el odio lo que movía a los transeúntes. Odio a la hipocresía institucionalizada. Odio a la mentira a la gente, sobre todo a la gente pobre. Debo decirle que entonces no había clase media. La estructura social era de clase alta, los ricardos, los ricachones, los pudientes y los pobres. No había más. Paupérrimos no había. Morían ni siquiera con la bendición de Dios.
Desde la ciudad capital del país, el DF, a todas las capitales estatales se levantaban los Palacios de Justicia, así llamados oficialmente. También así los llamaban las clases poderosas. Pero en el corazón de los pobres y en la boca de los muchachos de Secundaria para arriba, eran los palacios de la injusticia. Todo aquel sistema de justicia, procuradores y jueces, estaba totalmente podrido. Quienes cometían un delito estaban condenados, si es que los agarraban, a ser huéspedes de cárceles inmundas, en donde eran maltratados inmisericordemente por los carceleros. Pero les ocurrían estas desgracias si no tenían dinero para alimentar a los jueces y los carceleros, Si un rico cometía un delito, los minis -
terios públicos se hacían de la vista gorda porque ya “les habían untado las manos con una muy atractiva cantidad de dinero”. Y si tenían la suerte de encontrarse con un fiscal (un ministerio público) probo que hiciera las cosas de acuerdo con la ley, era muy posible que se encontraran con un juzgador corrupto que sirviera al poderoso en contra de débil. Nadie se preocupaba por esta enferma relación entre los juzgadores y los presuntamente criminales. El juez “de última instancia” era el dinero. Tanto tienes, tanto vales era el axioma de las relaciones entre la sociedad y los jueces. Y a estas alturas de la historia, cuando paso por la acera de la SCJN, recuerdo que cuando era adolescente de educación secundaria siempre decía: EL PALACIO DE LA INJUSTICIA… Y los jueces continúan defendiendo a quienes tienen el poder del dinero, representando a quienes, las clases económicamente poderosas, reaccionarias, de derecha, se oponen a la Reforma al Poder Judicial, con una serie de “argumentaciones” falsas, mentirosas, absurdas… Continúan de pie los palacios de la injusticia.
Í N D I C E . . .
Ruperto Portela Alvarado
• PRIMEROS 6 DEL GABINETE.
• Entre amigos y correligionarios…
• El próximo domingo en Tapachula…
• Qué serán 8 mujeres y 8 hombres…
• Los que se apuntaron no salieron…
PATY CONDE Y LA RIFA DEL TIGRE…
En la lejanía de seis meses y seis días de distancia entre la elección y la toma de posesión del cargo de Gobernador del Estado, OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR ya dio su primera señal de quienes le acompañaran durante el sexenio o menos, de su administración del Estado de Chiapas.
Seguramente que para los “oraculeros” de la política aldeana, no hubo sorpresa alguna en los nominados. Veremos que sucede con los siguientes colaboradores a nombrar el todavía Gobernador Electo, el próximo domingo en la “Perla del Soconusco”, Ciudad de Tapachula, donde todavía faltan entidades muy importantes como la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Función Pública (que seguramente será trasformada); la Secretaría de Turismo, Pueblos Indígenas, entre otros.
De hecho ya se nombraron los primeros seis funcionarios de primer nivel del próximo Gobierno 2024-2030, donde llamó la atención la próxima titular de la Secretaría de Gobierno y Mediación, como se llamará desde el 8 de diciembre-2024 en adelante, PATRICIA DEL CARMEN CONDE RUIZ, quien seguramente se sacó la rifa del tigre, a como están las cosas en Chiapas, teniendo que ser la encargada de la política interna del Estado. Quiero creer que su capacidad administrativa y expe-
riencia política, le dará fortaleza y saldrá adelante con los problemas que tendrá que enfrentar.
Hago un paréntesis en el comentario para decir que todos los colaboradores del inminente Gobernador de Chiapas, OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR serán personajes muy cercanos a su persona; correligionarios de su partido Morena o de los aliados parásitos, el Partido del Trabajo y Verde Ecologista, o algunos recomendados desde la metrópoli del poder.
Así, los primeros en arribar al círculo del poder fueron los amigos cercanos y paisanos de RAMÍREZ AGUILAR en el Congreso del Estado: MARIO FRANCISCO GUILLÉN GUILLÉN en la Presidencia de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y LUIS IGNACIO AVENDAÑO BERMÚDEZ en la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso. Lo que sorprendió fue el nombramiento del que será Secretario de Finanzas Públicas, (ya no de Hacienda, porque el término es muy clasista, por aquello de los hacendados y las tiendas de raya que no caben en la “Nueva Chiapanequidad”), MANUEL PARIENTE GAVITO, de quien todavía se duda si ha sido un “empresario próspero y exitoso”. Creo que cabe mencionar a ALBANIA GONZÁLEZ POLITO, quien irá a la Secretaría de Movilidad y Transporte y de la que solo tendríamos que decir: “hay que darle la confianza y el beneficio de la duda”. En la misma condición de inexperiencia en la función pú-
blica estaría el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, MARCO ANTONIO BARBA, a quien de entrada ya le puso RAMÍREZ AGUILAR “tres patas a su mesa” con sendos Subsecretarios: DARINEL ALVARADO VILLATORO, en Agricultura; TITO ALBORES, en Ganadería y JUDITH TORRES VERA en Pesca.
Puedo creer que esos tres Subsecretari@s tienen experiencia en el ramo que les está responsabilizando el todavía Gobernador Electo. De los primeros dos no conozco su trayectoria en Agricultura y Ganadería, pero a JUDITH TORRES VERA la considero una mujer conocedora del medio y la administración de sistema pesquero de Chiapas. Ya fue en una ocasión Subsecretaria de Pesca y pudo advertir las fortalezas y debilidades de los pescadores en los 262 kilómetros de litorales del Estado y las 200 millas náuticas de plataforma marítima que posee Chiapas. Hay que considerar en el nombramiento de los primeros seis titulares de secretarías para el próximo gobierno 2024-2030 que devienen de compromisos políticos, amigos y seguramente algunos recomendados a los que se les da el beneficio de la duda como el caso de la Secretaria de Infraestructura, ANAKAREN GÓMEZ ZUARTH, quien según la opinión pública, su único mérito es ser la primera mujer Presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y “ser una constructora exitosa”.
El que sorprendió con su nombramiento durante la conferencia
del pasado domingo 13 de octubre fue el joven empresario, LUIS PEDRERO GONZÁLEZ, quien será el Secretario de Economía y Trabajo, que iniciará con el pie derecho pues en el mismo acto, el inminente Gobernador de Chiapas EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, anunció 500 millones de pesos para préstamos a empresas Pymes “a tasa cero”.
A todo esto hay que agregar las palabras y promesas de gobierno que hizo en esa conferencia de prensa el Gobernador Electo, OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, quien dijo textualmente: “afortunadamente llego sin ningún compromiso; las obras se harán por licitaciones y no habrá componendas. Vamos a hacer de la política un sistema de reivindicaciones; no negocios”…
Se acabó el mecate… Y ES TODO…
CARTELERA POLÍTICA
Leonel Durante López
• A propósito de la ejecución del sacerdote Marcelo Pérez
• Por violencia en México, gobierno comprará 8 millones de cartuchos
La violencia en México no solamente ha dejado a víctimas mortales como periodistas, funcionarios del gobierno, activistas o defensores del medio ambiente, sino que también los sacerdotes y religiosos han sufrido una serie de agresiones armadas en las que han perdido la vida.
A poco más de tres décadas después, del asesinato del cardenal Juan Posadas Ocampo el móvil continúa siendo una incógnita, pero sabemos que el estado sabe quien o quienes los testigos materiales e intelectuales, porque aquí aparece en la escena Joaquín “El Chapo” Guzmán, peso eso ya es otra historia.
Pero en el gobierno del continuismo de Claudia Sheinbaum, se anota su primera víctima, en donde lamentablemente, Chiapas, pero para ser más preciso San Cristóbal de Las Casas fue el escenario de la ejecución del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, reconocido por su activismo en las regiones Norte-Selva y los Altos de Chiapas.
El párroco fue ejecutado de manera cobarde y a plena luz del día delante de los feligreses por dos sicarios que dispararon en ocho ocasiones, que viajaban en una moto al salir de la misa que oficiaba la mañana en el barrio Cuxtitali.
Las reacciones por el cobarde las hubo durante todo el día del trágico domingo, uno de ellos del Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal de las Casas quien pidió al Gobierno de México que busque la forma de desmantelar a grupos armados que generan violencia en nuestro país.
Como es de todos sabido, Chiapas está infectado de criminales, y por ello, Felipe Arizmendi Esquivel, asintió que “no hemos logrado que la violencia se detenga, sino que va en aumento. Esto nos debe hacer reflexionar a todos, a los creyentes también, pero sobre todo al gobierno en el poder, para que busquen cómo desmantelar a estos grupos armados, que están haciendo tanto daño a la comunidad”.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, e instó a las autoridades a llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva y eficaz. Dudo que lo hagan, porque ellos protegen a los delincuentes con su política fallida de “abrazos y no balazos
implementada por López Obrador y mantenida por su marioneta. Desde 2015, el Padre Marcelo era beneficiario de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido al riesgo constante que enfrentaba su vida e integridad personal por su labor en defensa de los derechos humanos en Simojovel y otros lugares de Chiapas.
Tras el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, la Compañía de Jesús en México, así como otras instituciones católicas, reclamaron a las autoridades que el crimen organizado ha logrado esparcir sin problema miedo y terror con homicidios, desapariciones y reclutamientos forzados en distintas regiones de Chiapas.
Los Jesuitas exigieron que no se intente encasillar el crimen de este domingo en contra del padre Marcelo, quien era conocido por su activismo en la región de Los Altos de Chiapas, como un hecho aislado.
Desde que inició la administración fallida del expresidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018, al menos ocho sacerdotes han sido asesinados a lo largo del país, en estados como Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Guanajuato y Morelos, donde se ha reportado la presencia de grupos criminales.
Son 70 los religiosos que han sido asesinados en las últimas tres décadas, incluyendo el asesinato del cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, caso que no ha dejado ver la verdad, sino a una serie de investigaciones amañadas que resultan en más ataques en contra de los religiosos, donde se documenta que en promedio han sido asesinados 70 religiosos desde hace 30 años y que desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han muerto dos por año.
Se reforzará la capacidad de las fuerzas armadas en lugares de mayor actividad delincuencial, según
la Sedena.
Seguramente el Ejército Mexicano se prepara para una guerra contra los delincuentes que operan en todo territorio nacional, luego que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció que comprará más de ocho millones de cartuchos de distintos calibres para reforzar la capacidad del Ejército y la Guardia Nacional en estados de la República donde la disputa de los cárteles de la droga ha desbordado la violencia.
No sabemos para que quiere comprar tantos cartuchos a no ser que lo vaya utilizar contra el pueblo, pues por las malas acciones que lleva a cabo el gobierno de la titiritera de AMLO, están pensando que el pueblo se les va rebelar.
De acuerdo con la licitación internacional, publicada en la plataforma de adquisiciones gubernamentales Compranet, podrán participar proveedores de 22 países, incluidos de algunos de los mayores productores de armas en el mundo, como Estados Unidos e Israel.
El arsenal requerido incluye cartuchos 5.56 milímetros, un modelo estándar que utilizan las fuerzas armadas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Estas municiones fueron empleadas por las tropas de Estados Unidos para perseguir terroristas en Irak y Afganistán y actualmente son usadas por fuerzas especiales de decenas de Ejércitos en el mundo.
El Ejército Mexicano necesita que los cartuchos calibre 5.56 milímetros cumplan con la garantía de vida útil por 10 años como mínimo a partir de la entrega.
Según datos de la Sedena, es fabricante de este tipo de cartuchos en la planta de Industria Militar, pero la mudanza de ésta al estado de Puebla, que aún no concluye, ha retrasado la elaboración de varios productos, entre ellos los cartuchos para armamento liviano.
La Sedena especifica que “las municiones serán utilizadas pa -
ra garantizar el orden interior y la seguridad nacional, reforzando la capacidad de las fuerzas armadas en lugares de mayor actividad delincuencial y con mayor violencia de grupos delincuenciales”.
La captura, en julio pasado, del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada por agentes del Buró de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, en Texas, provocó un caos en Sinaloa, donde al menos 190 personas han sido asesinadas en las últimas cuatro semanas, de acuerdo con reportes policiales.
Ciento cincuenta militares llegaron apenas el miércoles pasado a ese estado para tratar de controlar la violencia atribuida a enfrentamientos entre la gente de El Mayo y la de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como Los Chapitos. Sinaloa es el estado que más violencia ha vivido en los últimos días, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Además de Sinaloa, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Jalisco son otros estados que, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad, presentada por la administración de Claudia Sheinbaum, serán prioridad debido a la incidencia de homicidios dolosos y otros delitos.
Ojalá que el Ejercito utilice esas balas en contra los grupos delincuenciales, no vaya ser puro cuento, ya ven que apenas ven a esas bandas y salen corriendo porque se les mojó la pólvora. Ver para creer.
Del Montón
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) rechazó el desacato de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se negó a eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la reforma judicial, y alertó que en México se ha roto el “orden constitucional y el Estado de Derecho”. La Jufed recordó que “en cualquier país democrático y que salvaguarda el Estado de derecho, las objeciones a las decisiones judiciales, se controvierten agotando los medios de impugnación y no mediante amenazas de denuncias en contra del emisor, situación que demuestra claramente que, en el Estado Mexicano, se ha roto en nuestro país, el orden constitucional y el Estado de derecho”. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.
CONTRA PODER
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CHIAPAS
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