La ejecución del sacerdote Marcelo Pérez y la ausencia de garantías en la seguridad, recrudece la relación de la Iglesia con el Estado mexicano, en virtud de que no es la única ejecución sufrida en los últimos años PAG. 2
Entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país se encuentran
dos ciudades de Chiapas: Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, información que demuestra el engaño.
Chiapas no es la entidad más segura del país pues vive una terrible guerra, que el gobernador niega y hace todos los intentos por ocultar, pero los hechos son evidentes.
El prelado manifestó que la Iglesia católica espera del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, “una decidida actuación para restablecer la paz en el país, y desde luego en Chiapas. Esperamos que se decidan a intervenir para que haya paz”
DECLARACIÓN Sheinbaum lamenta homicidio del padre Marcelo Pérez; promete que crimen no quedará impune
REPORTE
La industria restaurantera afectada por bajas ventas
Es insuficiente condenar las ejecuciones
La ejecución del sacerdote
Marcelo Pérez y la ausencia de garantías en la seguridad, recrudece la relación de la Iglesia con el Estado mexicano, en virtud de que no es la única ejecución sufrida en los últimos años, en donde sectores de la Iglesia han levantado su voz ante los hechos de violencia y después de las ejecuciones sufridas dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, organizaron todo un movimiento por la paz, que adquiere mayor fuerza, debido a que la delincuencia organizada no respeta ni a los miembros de la Iglesia y el Estado ya demostró su incapacidad, para prevenir, proteger y garantizar la seguridad.
El asesinato del padre Marcelo es un crimen de Estado, no porque haya sido ejecutado por agentes del Estado sino porque las autoridades tenían pleno conocimiento de la situación de riesgo que tenía el sacerdote y no se tomaron las medidas adecuadas para prevenir y evitar que sucediera un hecho irreparable como realmente sucedió el pasado domingo, en que fue ejecutado el padre Marcelo, quien era un cabeza importante del movimiento eclesiástico por la paz y la defensa del territorio,
y quien ya había recibido amenazas de muerte por su labor pastoral ligada a los movimientos sociales.
El Estado hasta ahora se ha circunscrito a condenar este asesinato, que es totalmente insuficiente para satisfacer la demanda por la paz, que proclamaba este sacerdote y que exige la Iglesia, ante el fracaso de la política de seguridad del gobierno, que ya dejó de lado el discurso de abrazos y no balazos a la delincuencia, pero que en estos 20 días del nuevo gobierno federal no ha mostrado un proyecto eficaz para combatir y disminuir la violencia, en donde el país ha tenido un incremento en el número de homicidios dolosos, en comparación con el gobierno de López Obrador que resultó el más violento en la historia de México.
En Chiapas el gobierno decidió desentenderse de la violencia y del incremento de las ejecuciones extrajudiciales y se concentró en dar consejos a la población ante los riesgos y los desastres ocasionados por las lluvias y oculta los problemas de inseguridad ocasionada por la delincuencia organizada, en donde el gobierno de Rutilio Escandón tiene responsabilidad directa, en razón a que funcionarios de este gobierno protegen
y son subordinados de la delincuencia organizada y son beneficiarios de los sobornos que el crimen organizado reparte para garantizar la impunidad con la que se mueven en todo Chiapas.
La ejecución del padre Marcelo viene precedida por otras ejecuciones relacionadas con el conflicto en Pantelhó, entre el grupo paramilitar “El Machete” y el grupo relacionado con la delincuencia organizada de “Los Herrera”, estas ejecuciones son la del exlíder de Las Abejas, Simón Pedro Pérez, a principios de julio del 2021, que ocasionó el surgimiento del Grupo “El Machete”, la ejecución de Gregorio Pérez Gómez, exfiscal de justicia indígena en Chiapas, en agosto del 2021, que fue asesinado después de integrar las carpetas de investigación y pedir el apoyo para cumplir las órdenes de aprehensión por los delitos cometidos en Pantelhó, mismo que no fue proporcionado por la secretaría de seguridad pública, y ahora, tres años después, la ejecución del padre Marcelo Pérez, en el que el gobernador se reduce a condenar el crimen, como si él no fuera responsable de actos de omisión y aquiescencia ante la violencia generalizada que se vive en Chiapas.
Obispo reprocha falta de avances en el caso del padre Marcelo: “Sólo dicen que van a trabajar”
Gabriela Coutiño
San Cristóbal de Las Casas, Chis. (apro)
Amás de 24 horas de que sicarios que se transportaban en una motocicleta le arrebatan la vida a balazos al sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, el obispo Rodrigo Aguilar Martínez dijo que las autoridades no han informado acerca de los avances en las investigaciones y tampoco si hay detenidos por el asesinato del presbítero: “Sólo dicen que van a trabajar y que no habrá impunidad”.
El prelado manifestó que la Iglesia católica espera del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, “una decidida actuación para restablecer la paz en el país, y desde luego en Chiapas. Esperamos que se decidan a intervenir para que haya paz”.
Aguilar Martínez describió como “terrible” el crimen del sacerdote Marcelo Pérez, el domingo por la mañana, cuando había terminado de oficiar misa de las 7 de la mañana, en la parroquia del barrio de Cuxtitali de San Cristóbal de las Casas.
Dijo que, a raíz del asesinato, no ha dejado de recibir mensajes de funcionarios que han prometido aplicar la ley en contra de los autores materiales e intelectuales. “Su muerte no puede quedar impune, pero ya Jesucristo anunció que el grano de trigo tiene que morir para dar fruto, para dar espiga.
“La vida del parte Marcelo ha terminado en lo humano, en lo terrenal, pero esperamos, tenemos la firme esperanza en Cristo Jesús, que dará vida plena. Que crecerá la paz en muchas personas que ya están en este momento recapacitando cómo comportarse más decididamente a favor de la paz”.
El cuerpo del presbítero, quien admiraba y era seguidor del trabajo pastoral del arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero (ahora santo), asesinado en San Salvador cuando oficiaba una misa, fue llevado a San Andrés La-
rráinzar la noche del domingo para ser velado en la casa familiar, donde viven su mamá y su papá.
A las 9 y media de este lunes el féretro fue llevado en hombres por habitantes de la localidad de Los Altos de Chiapas, frente al templo de San Andrés Larráinzar para la celebración de una misa de cuerpo presente presidida por el obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez y el cardenal emérito Felipe Arizmendi Esquivel. El ataúd color madera fue cargado en hombros durante dos cuadras por familiares y amigos. Pasó frente a la antigua alcaldía oficial, ahora sede el municipio autónomo zapatista Sacamchén de los Pobres y frente al edificio en el que el 16 de febrero de 1996 se firmaron Los Acuerdos de San Andrés en materia de Derechos y Cultura Indígena, entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
“Viva el padre Marcelo”; “Viva el padre Marcelo”, “justicia, justicia justicia”, corearon decenas de personas que acompañaron el recorrido de dos cuadras hasta el templete en el que se instaló el altar.
Sacerdote desde los 25 años
El cardenal emérito Felipe Arizmendi Esquivel hizo un llamado a las autoridades a que “vean una forma inteligente de cómo desarmar a esos grupos armados, que no estén esperando que la gente haga denuncias porque no lo hará, ya que se juega la vida. Lo importante es que vean con inteligencia
qué hacer para desarticular, desarmar y eliminar a esos grupos. No queremos más violencia, pero sí que se desarmen esos grupos. Las estrategias no han funcionado”, dijo.
En conferencia de prensa, Arizmendi refirió que cuando llevaba dos años al frente de la diócesis, atestiguó la profesión de fe que hizo Marcelo Pérez Pérez, entonces de 25 años de edad. “Yo lo ordené sacerdote hace 22 años”. “Es un regalo de Dios. Un regalo también de los tsotsiles a la iglesia, a la diócesis y siempre fue un constructor de la paz”. Acompañado del obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, el cardenal expuso que no solo Chiapas está inmerso en una ola de violencia, sino todo el país. “Yo estoy viviendo ahora en Toluca. Yo lo estoy viviendo en carne propia, allá en mi pueblo, en la región sur del Estado de México. Allá la ventaja, entre comillas, que es una desventaja, es que es un solo cártel: La Familia Michoacana”. Pero en el caso de Chiapas, hay varias organizaciones criminales que están inmersas en un conflicto que ha provocado el desplazamiento de personas, desapariciones y homicidios. “Cuando aquí se pelean carteles, se complican mucho más las cosas. En Chiapas siempre tuvimos problemas, como en todo México, pero en aquel tiempo era otra cosa. Ahora son otras situaciones que han cambiado”, comentó. Agregó que “eso significa que en el país está en descomposición. Lamentablemente. Nuestro llamado a las autoridades es que vean la forma inteligente
de desarmar a esos grupos armados aquí y allá. Que no estén esperando que la gente haga denuncia. La gente no va hacer denuncias porque se juegan la vida”, alertó.
En su opinión, lo que se debe hacer es instrumentar una estrategia para proceder al desarme de las organizaciones criminales. “Entonces aquí lo importante es que vean con inteligencia qué hacer para desarticular, desarmar, quitar, eliminar a estos grupos. No queremos más violencia. No. Pero sí que se desarmen estos grupos que están causando tanto daño en todas partes del país”.
“Un sacerdote extraordinario”
Arizmendi Esquivel exaltó el trabajo del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, que durante 22 años trabajó en comunidades de las regiones de Los Altos y Norte de Chiapas. “Un sacerdote extraordinario, muy fiel a la iglesia, fiel al magisterio de la iglesia, a la Palabra de Dios, fiel al pueblo. Servidor siempre fiel del pueblo. Inspirado por Jesucristo siempre”. “Marcelo no quería que nadie, indígenas y mestizos, vivieran en la esclavitud de la marginación, la pobreza, el racismo y la exclusión que tantos hermanos sufren; que se pueda vivir otra vida mejor de paz, libertad y unidad”, dijo durante la misa de cuerpo presente celebrada en San Andrés Larráinzar, el pueblo natal del sacerdote tsotsil.
El también obispo emérito de San Cristóbal señaló que Marcelo “nunca se avergonzó de ser tsotsil, siempre llevó sus raíces en su corazón y por eso está aquí con su pueblo. Ustedes quisieron que no se quedara en la catedral de San Cristóbal, sino que esté aquí con su pueblo porque él es de su pueblo”.
Ante cientos de fieles que lloraban y oraban, aseguró que el sacerdote Marcelo fue “un regalo de los tsotsiles a la iglesia y a la diócesis; siempre fue un constructor de la paz. Dio siempre la vida por sus hermanos. Que su vida sea una ofrenda para Dios y traiga la paz y la justicia que tato necesitamos”.
Consulado de Honduras señala a sus connacionales que salir en “caravanas”, es la ruta migratoria más peligrosa, no recomendable
De la Redacción Tapachula, Chis. (Tribuna)
Las caravanas que forman los migrantes de diversas nacionalidades para abandonar Tapachula y continuar su ruta hasta alcanzar el sueño americano, salir caminando no es la mejor opción, es la ruta migratoria más peligrosa, alertó a sus connacionales el consulado de Honduras.
El titular del consulado de Honduras en Tapachula, Elmer Misael Leyva Cortés, reiteró el llamado a sus connacionales y de otras nacionalidades a evitar ese medio, además porque cami-
nar bajo temperaturas muy extremas, representan condiciones de riesgo para las personas y más cuando viajan con ellos menores de edad.
Insistió el cónsul hondureño que salir en caravana no es la opción más segura y viable, por lo que pidió a los migrantes de su país que llegan a Tapachula a que realicen sus trámites, y avancen de manera regular por territorio mexicano, y sobre todo en condiciones más seguras para evitar caer en manos de traficantes de personas.
Aunque el proceso es lento, dijo, sus connacionales deben de tener paciencia y no caer en la desesperación y sobre
todo acercarse a las oficinas consulares para apoyarlos en sus trámites ante las instancias mexicanas.
En los últimos meses la llegada de hondureño ha disminuido, sin embargo, familias completas siguen llegando, por ello hacen el llamado de manera
preventiva para evitar riesgos, agregó. Finalmente, Elmer Misael Leyva pidió a sus paisanos a evitar salir en caravanas, porque existe el alto riesgo es mayor que ante las condiciones inhumanas en que caminan por la costa chiapaneca.
Sheinbaum lamenta homicidio del padre Marcelo Pérez; promete que crimen no quedará impune
La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, de San Cristóbal de las Casas y afirmó que trabajan para que el crimen no quede impune.
“Lamentamos el homicidio, asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas”, dijo en un breve comentario al inicio de su conferencia.
“Se está haciendo la investigación. Ayer la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) estuvo en comunicación con el gobierno estatal y la diócesis y con las autoridades eclesiales”, agregó.
La mandataria federal indicó que se coordinan con esas autoridades “para poder avanzar en la investigación y que este crimen no quede impune”.
“Lamentamos el homicidio, asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas”, dijo en un breve comentario al inicio de su conferencia
Rescatan a siete migrantes de India, Nepal y Bangladesh privados de su libertad por traficantes de humanos, en hotel de Tapachula, Chiapas
De la Redacción
Tapachula, Chis. (Tribuna)
En un operativo coordinado por la Fiscalía de Atención al Migrante, la Policía de Investigación, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM), rescatan a siete migrantes de origen India, Nepal y Bangladesh que habían sido privados ilegalmente de su libertad por presuntos traficantes de personas.
El incidente tuvo lugar en el hospedaje La Camelia, ubicado en la 11 Sur y 30 Calle Oriente de Tapachula, municipio fronterizo con Guatemala.
El operativo de rescate se llevó a cabo luego de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Distrito de Atención al Migrante, que alertaba sobre la privación de libertad de los migrantes, quienes, según las primeras investigaciones, estaban siendo retenidos con fines de extorsión por los “polleros”.
De acuerdo a los primeros informes, los “polleros” exigían rescate a los familiares de las víctimas, lo que activó los protocolos de las autoridades.
La Policía de Investigación acudió al lugar, pero al no contar con autorización para ingresar de inmediato a establecimientos como hospedajes, solicitaron el apoyo del INM para intervenir.
Tras el operativo, los siete migrantes fueron liberados y puestos bajo resguardo de las autoridades migratorias, quienes les brindarán atención y protección. Hasta el momento, no se ha confirmado la detención de los responsables del secuestro. Las autoridades continúan con las investigaciones para localizar a los implicados en este delito.
El hospedaje La Camelia fue clausurado por la Fiscalía de Atención al Migrante mientras se lleva a cabo la investigación. Este tipo de situaciones refleja los riesgos que enfrentan los migrantes en su tránsito por México, especialmente en la región de Tapachula, un punto clave en las rutas migratorias hacia Estados Unidos.
Con la intervención de la policía estatal de investigación, de la Fiscalía de Atención al Migrante de Chiapas y del Instituto Nacional de Migración
(INM), los extranjeros fueron encontrados sanos y salvos.
La Policía de Investigación solicitó la intervención del INM, pues el protocolo obliga a la participación de esa institución en operativos que involucren hospedajes.
Posteriormente, los migrantes fueron trasladados a la estación Siglo 21 para que recibieran atención, según el reporte oficial, que hasta ahora no ha informado de personas detenidas ni tampoco ha aclarado si los extranjeros estaban secuestrados o un traficante los abandonó.
Luego del operativo, la zona que -
do bajo resguardo de una de las corporaciones de seguridad pública en Tapachula y se colocaron sellos de clausura.
La Guardia Nacional, la Policía de Investigación y la policía municipal establecieron un operativo para acordonar la zona y cerraron calles para realizar este rescate de personas.
El rescate ocurre tras un aumento del 193% interanual en la migración irregular a través de México hasta un récord de más de 712 mil personas, según la Unidad de Política Migratoria del gobierno.
Dalila Escobar
Ciudad de México (apro)
Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)
La organización internacional de derechos de los pueblos indígenas, Indigenous Peoples Rights International (IPRI), se sumó a la condena del asesinato del sacerdote tzotzil Marcelo Pérez Pérez, ocurrido este domingo 20 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, asesinato que “busca imponer el silencio y el terror” en la entidad.
“El asesinato del padre Marcelo, un reconocido sacerdote indígena defensor de los derechos humanos, es un grave indicativo del nivel de violencia e impunidad en el estado, y debe ser un punto de inflexión en la construcción de paz, la reconstrucción del tejido social y la impartición de justicia”, señala el comunicado de IPRI, acompañado de nueve organizaciones de ocho estados de la república.
Al recordar que desde 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado al padre Marcelo medidas cautelares ante las continuas amenazas de muerte que recibió por su labor como defensor, las organizaciones reprobaron que “el gobierno mexicano no fue capaz de atender sus demandas y garantizar las condiciones de seguridad necesarias”.
Peor aún, “la fiscalía estatal llegó al extremo de criminalizarlo con una orden de aprehensión, con lo que fortaleció la campaña de desprestigio en su contra”, alertaron las organizaciones firmantes.
Resaltaron que el crimen del padre Marcelo ocurre en un contexto de violencia en Chiapas, incluyendo los territorios de las comunidades zapatistas, por lo que “la muerte de una persona tan valiente como el padre Marcelo busca impone el silencio y el terror”.
Las organizaciones exigieron “investigar de manera pronta y adecuada para identificar a las personas responsable de este asesinato, así como desarticular y desarmar a los
El asesinato de Marcelo Pérez busca imponer silencio y terror: Condenan diferentes ONG
Las ONG exigen que se “diseñe una estrategia integral de seguridad no militarizada que contenga y atienda las operaciones de los grupos de la delincuencia organizada y armados”
grupos criminales que operan en las diferentes zonas y regiones donde trabajaba el padre Marcelo y que se han denunciado en diversas comunicaciones públicas”.
Las organizaciones firmantes se solidarizaron con las comunidades que “viven bajo el asentamiento del crimen organizado y sus grupos armados”, por lo que reconocieron que el sacerdote mantuvo “su coraje y su determinación para no quedarse callado frente al abuso del poder de los grupos armados y de los gobiernos cómplices”.
Agregaron que “frente a estas estrategias de desinformación y criminalización es importante honrar su memoria y dar testimonio de su incansable lucha por la paz y su compromiso con los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas”.
Para pacificar el territorio, las organizaciones exigieron que se “diseñe una estrategia integral de seguri-
dad no militarizada que contenga y atienda las operaciones de los grupos de la delincuencia organizada y los grupos armados”, labor que tendría que ser encabezada por el gobierno federal en coordinación con el estatal y los municipales, así como con la sociedad civil y en particular con los pueblos indígenas.
Alentaron a “promover espacios de reflexión, diálogo y formación en torno a la construcción de paz en comunidades indígenas que así lo desean con un énfasis en la seguridad ciudadana, los derechos humanos y en un marco de pertinencia cultural, respetando los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo su autonomía y libre determinación”.
Las organizaciones firmantes exigieron que se realicen “las acciones urgentes y necesarias”, para garantizar y proteger “la vida, la integridad y la seguridad personal de las comunidades indígenas, incluyendo a las familias Bases de Apoyo Zapatistas, evitando
que se escale la situación de violencia y riesgo que se denunciado en diversas regiones del estado de Chiapas”.
Tras solidarizarse con su familia y con los pueblos indígenas de Chiapas, las organizaciones firmantes insistieron en exigir “de manera urgente a las autoridades de gobierno que garanticen verdad, justicia y reparación por este asesinato, además que se tomen todas las medidas para detener la escalada de violencia en Chiapas y atiendan las demandas de los pueblos y comunicades indígenas con las que caminó el padre Marcelo, defendiendo la esperanza y la justicia”.
Las organizaciones concluyeron su comunicación repitiendo una frase que el padre Marcelo repetía constantemente: “¡No tenemos miedo! Queremos que nuestro país sea feliz, con amor y libertad”.
Acompañan a IPRI en el pronunciamiento el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Chiapas); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Guerrero); Colectivo Emancipación (Michoacán); Colectivo Mesehual Siuamej Mosenyolchikauanij (Mujeres que se apoyan), CONAMI, ECMIA (Puebla); Consultoría Técnica Comunitaria (Chihuahua); Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Yucatán), Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Jalisco); Servicios para una Educación Alternativa (Oaxaca) y Voces del Territorio AC.
La industria restaurantera afectada por bajas ventas
20 por ciento de empleos ya no se recuperaron en la entidad.
Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) expuso que, este 2024, ha sido un año por demás complicado y están a la expectativa de un repunte al cierre de año.
Recordó que, el sector restaurantero no la ha tenido nada fácil en esta administración, desde que inició la pandemia por Covid-19, han tenido dificultades para recuperarse de las grandes pérdidas económicas que sufrieron en 2020.
Derivado de estas complicaciones, más de tres mil establecimientos ya no pudieron abrir y un promedio del
A pesar de todo eso, comentó que, el sector restaurantero, tiene la mentalidad de seguir con el negocio en marcha y no dejar en desamparo a gente que lleva muchos años trabajando en el sector gastronómico.
Por ello, realizan actividades para promover el consumo local y recuperar un poco de todo lo perdido en los últimos años y también reconoció que, se ha tomado en cuenta a las empresas que son representadas por mujeres.
Lamentablemente existes graves problemas por atender, ya que, las cámaras, pese a que siguen organizadas, han tenido que soportar la crisis, especialmente cuando hay bloqueos, protestas y demás situaciones sociales que dejan pérdidas económicas.
En este sentido dijo que: “El estado de derecho es fundamental para todos, no tenemos estado de derecho, no hay seguridad, no hay empleo, se vuelve un círculo vicioso”.
Los empresarios del sector turis-
mo, consideran que, las empresas chiapanecas, posiblemente superen las expectativas de recuperación de este 2024, porque el clima de violencia, fue un desastre en semana santa que arrancó con balaceras.
Manuel Jiménez. Tuxtla Gutiérrez
Grupo armado asesina a comandante de la Policía Municipal de Jacona, Michoacán
Pedro Zamora Briseño Morelia, Mich. (apro)
Un comandante de la Policía Municipal de Jacona y una mujer que lo acompañaba fueron asesinados durante un ataque armado ocurrido cerca de la medianoche del domingo 20 de octubre, mientras cenaban en el interior de un establecimiento de esa localidad.
Se trata del tercer asesinato de un elemento de las fuerzas de seguridad en Michoacán en menos de 48 horas, pues la tarde del mismo domingo fue ultimado un agente de la Policía Municipal de Tlalpujahua y el sábado 19 fue ejecutado un agente de la Guardia Civil, quien fungía como coordinador de escoltas del alcalde de Huiramba.
Aunque las autoridades responsables no han emitido información oficial, trascendió de manera extraoficial que el comandante policiaco de Jacona, identificado como Silverio G., y su acompañante sufrieron el atentado en las instalaciones del restaurante ubicado en la calle Apatzingán número 1023, de la colonia Lomas de San Pablo.
Tras el reporte a la línea de emergencias, al lugar de los hechos acudieron agentes de la Policía Municipal y elementos de la Guardia Civil, quienes establecieron el área perimetral de la zona del crimen y montaron un operativo de búsqueda de los presuntos responsables.
Mathieu Tourliere
CIUDAD DE MÉXICO (apro).Durante el proceso electoral pasado, Eugenio Hernández Flores y Maki Esther Ortiz Domínguez, entonces candidatos a senadores de Tamaulipas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), habrían coaccionado el voto de trabajadores agremiados en el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas (Suterm) de Reynosa, según un proyecto de resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Según la resolución, el polémico exgobernador de Tamaulipas por el PRI –quien estuvo preso seis años y enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos-- y la expresidenta municipal de Reynosa por el PAN encabezaron una reunión con los trabajadores el 2 de mayo de 2024 tras recibir una invitación del secretario general del sindicato, “lo que configura la infracción de coacción del voto atribuida al sindicato aludido”. Esta infracción se suma al largo historial de irregularidades que acarrea el Sindicato Único de Tra -
Se trata del tercer asesinato de un elemento de las fuerzas de seguridad en Michoacán en menos de 48 horas, pues la tarde del mismo domingo fue ultimado un agente de la Policía Municipal de Tlalpujahua y el sábado 19 fue ejecutado un agente de la Guardia Civil, quien fungía como coordinador de escoltas del alcalde de Huiramba
El comandante asesinado, de 46 años de edad, se encontraba en horas de descanso luego de haber concluido su turno a las 19:00 horas del domingo. Tenía una antigüedad de más de dos décadas como agente policiaco.
Los cuerpos de las víctimas fueron levantados por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) y trasladados a las instalaciones de esa institución en la ciudad de Zamora, mientras que peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen recogieron evidencias y pruebas que serán integradas a la carpeta de investigación. Hasta ahora no se ha informado sobre la identificación o captura de los presuntos responsables de este doble homicidio.
Dos candidatos a senadores de Tamaulipas del PVEM coaccionaron el
bajadores Electricistas de la República Mexicana, una organización controlada desde hace dos décadas por Víctor Fuentes del Villar, quien con 90 años recién cumplidos acaba de reelegirse en la presidencia del sindicato hasta 2031, a pesar de una gestión marcada por acusaciones de enriquecimiento ilícito, persecución y acoso contra disidentes.
Eugenio Hernández y Maki Ortiz se integraron al PVEM para sumarse a la llamada Cuarta Transformación, encabezada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; la adhesión del primero causó malestar al interior de Morena, pues el propio López Obrador lo había señalado como un operador del “fraude electoral” de 2006, y lo había tachado de “corrupto” cuando fue encarcelado por peculado y lavado de dinero.
Maki Ortiz, por su parte, fue mi-
voto: TEPJF
litante del PAN durante cerca de 30 años y obtuvo una subsecretaría en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Renunció a su militancia en 2021, año en que dejó la presidencia municipal de Reynosa a su hijo, Carlos Peña Ortiz --quien ganó las elecciones bajo la bandera de Morena--, para competir contra Américo Villarreal Anaya por la candidatura del oficialismo a la gubernatura de Tamaulipas.
En el caso de la reunión con la filial del Suterm, el proyecto de resolución del TEPJF confirma una sanción previamente impuesta por la Sala Regional, la cual determinaba que “tanto Maki Esther Ortiz Domínguez como Eugenio Hernández y el PVEM obtuvieron un beneficio electoral, ya que tuvieron un posicionamiento indebido ante las personas agremiadas como resultado de un actuar ilícito del Sindicato de Electricistas”.
Rosa Icela Rodríguez presenta el informe “Los excesos del Poder Judicial”
Escobar Ciudad de México (apro)
El informe “los excesos del Poder Judicial”, presentado en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, estuvo dedicado a los frenos a las mega obras o programas del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, así como las liberaciones que en ese gobierno consideraron irregulares.
En un extenso informe, la secretaria de Gobernación -en el gobierno del tabasqueño, secretaria de Seguridad- Rosa Icela Rodríguez, indicó que la reforma a este poder era necesaria, por ejemplo, porque a la Ley de la Industria Eléctrica se resolvieron 161 suspensiones de amparo; a la Ley de la Guardia Nacional, cinco; a la Ley Minera, cinco; al Fondo de Pensiones para el Bienestar, 25.
Aunque con más suspensiones ordenadas, las leyes mencionadas después fueron: extinción de fideicomisos del Poder Judicial, se dieron 717 suspensiones; y a los vapeadores, 240.
En torno a las suspensiones de amparo a obras se destacó el Tren Maya, con dos; en cuanto a las políticas públicas: 26 a los libros de texto gratuitos; cinco a las áreas naturales protegidas; 73 para la suspensión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; y ocho contra las conferencias matutinas, en ese orden de importancia.
Rodríguez también destacó las “injerencias del PJF en asuntos electorales”, donde, como en el sexenio anterior, una vez más se menciona la cena privada entre la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, en la casa del ministro Luis González Alcántara Carran-
cá a la que asistió el dirigente del PRI, Alejandro Moreno “y fueron invitados el coordinador también de campaña de la candidata Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, y los magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral”.
También recordó la falta de magistradas, por un atraso del Senado y su negativa en nombrarlas, precisamente en el tiempo de la calificación de la elección. Así como la admisión de un recurso del dirigente del PAN, Marko Cortés, para la interpretación y definición de criterios para diputaciones plurinominales.
La funcionaria habló de la venta de exámenes de oposición para jueces con un costo de 186 mil pesos, así como las impugnaciones en torno a este tema por irregularidades; entre otros asuntos, también el nepotismo, aunque sólo mencionó el del Poder Judicial.
“La persona que acumula más familiares en el Poder Judicial tiene 26 parientes, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, dos actuarios y 10 oficiales, esto de acuerdo a la información oficial del propio Consejo de la Judicatura”, dijo.
La secretaria reiteró que de 2004 a 2023 se han presentado 38 mil quejas
en contra de servidores públicos, de las que 86 por ciento se desecharon sin iniciar ninguna investigación; mientras que de las que sí se investigaron, el Consejo de la Judicatura sólo sancionó a 472 jueces y magistrados.
En cuanto a esas sanciones, el 0.7 por ciento recibió un apercibimiento y una amonestación; el 0.2 por ciento, una suspensión momentánea; el 0.1, una destitución, que, por amparos, regresaron a trabajar; el 0.6 fueron inhabilitaciones; y 0.04 con sanciones económicas.
De enero a septiembre de 2023, el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de la República presentaron 72 denuncias contra jueces y magistrados ante el Consejo de la Judicatura Federal, pero hasta el momento no se aplicó ninguna con sanción.
También expuso el salario con prestaciones que recibe un ministro y que llega a 792 mil 256 pesos, “contempla el sueldo base, la compensación, las precisiones de previsión social, la prima vacacional, el aguinaldo, el seguro de vida, el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizado, el estímulo de antigüedad, el pago por riesgo, los viáticos para restaurantes de lujo, el apoyo de gasolina y el apoyo para
vehículo blindado”.
Por ejemplo, para un integrante del Consejo de la Judicatura Federal, el total bruto anual es de 5 millones 529 mil 451 pesos y mensual de 460 mil 787 pesos; el salario de un magistrado es de 4 millones 490 mil 441 pesos anual y mensual de 374 mil 203 pesos; en el caso de un juez de distrito tiene un sueldo bruto anual de 4 millones 050 mil 903 pesos y mensual de 337 mil 575 pesos. Sobre las audiencias, órdenes de aprehensión y cateos no celebrados por el Poder Judicial del 20 de agosto al 30 de septiembre por el paro, sumaron 12 mil 448 audiencias canceladas, 16 órdenes de aprehensión que no se emitieron.
El informe también expuso a los jueces que liberaron a presuntos delincuentes, pese a que son considerados generadores de violencia o culpables, entre los que destacan los casos de Rafael Caro Quintero, “El Güero Palma”, “El Compa Playa”, Emilio Lozoya, de los exgobernadores Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Javier Duarte y Roberto Borge, así como el de Tomás Zerón y José Luis Abarca, por el caso Ayotzinapa.
Sobre las personas privadas de la libertad, que son alrededor de 21 mil en los centros federales, de las que seis mil 97, es decir, más del 28 por ciento no han recibido sentencia.
“Otro ejemplo es en el Centro Femenil de Morelos. De un total de mil mujeres que se encuentran ahí, 415 personas privadas de la libertad han esperado entre un año y 17 años para una sentencia. El 34 por ciento lleva entre nueve y 12 años de prisión sin la resolución de un juzgador”, expuso Rodríguez Velázquez.
UNAM alista congreso sobre las “disputas por un futuro urbano”
De la Redacción Ciudad de México (apro)
Las ciudades ocupan el 3 % de la superficie terrestre y generan el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ante este panorama, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizará en la Unidad de Posgrado a partir de este martes y hasta el 25 de octubre, el 4° congreso internacional de estudios sobre la ciudad, disputas por un futuro urbano.
La ONU estima que, para 2030, 2 mil 100 millones de residentes urbanos habitarán en barrios en condiciones de marginación, altamente vulnerables a desastres que deterioran la calidad de vida de sus poblaciones. Si no se toman medidas urgentes para replantear radicalmente la forma de gobernar y planear la ciudad, esta brecha seguirá en aumento. En el congreso se presentarán 78
ponencias distribuidas en 19 mesas temáticas: Patrimonio e historia del lugar; Ciudades frente al cambio climático; Gestión hídrica y trasformaciones urbanas; Acceso a la ciudad de grupos vulnerados; Transformación urbana y desigualdades; Tecnologías e innovación urbana; Ciudades para la vejez; Transformación de la vivienda; Biodiversidad en espacios urbanos; Espacio público, paz y construcción de la comunidad; Planificación urbana; Nuevas formas de movilidad; Apropiación del espacio público; Disputas y resistencias por el espacio urbano; Infancias y juventudes; Participación social y ciudadana; Movilidad urbana, y Espacios de periurbanización y gestión de residuos en la urbe. Contará con la participación de 140 ponentes de cinco países: México, Colombia, Estados Unidos, Costa Rica y Perú, procedentes de más de 30 universidades e instituciones de educación superior de diferentes entidades.
También se presentará el libro Género, Ciudad y Espacio Social; y se impartirán los talleres: Medios audiovisuales para documentar procesos urbanos; Espacio público y diseño participativo; Transversalidad de la ciudad: centralidad-estructura urbanaperiurbanización; y La importancia del derecho a la movilidad peatonal. Programa Martes 22 de octubre, 10:30 h Auditorio de la Unidad de Posgrado
UNAM, Ciudad Universitaria, Ciudad de México. Participan: • Dr. Miguel Armando López, coordinador de Humanidades • Dr. Javier Delgado Campos, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad • Dr. David Morillón Gálvez, coordinador del Posgrado de Urbanismo • Dra. Susana Magallón Puebla, directora del Instituto de Biología • Dra. Marcela Amaro Rosales, directora del Instituto de Investigaciones Sociales
Dalila
Norma Piña alerta contra la politización de la justicia y la desaparición de la carrera judicial
Diana Lastiri Ciudad de México (apro)
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, señaló que la desaparición de la carrera judicial y la politización de la justicia ponen en riesgo el respeto a los derechos humanos de todos.
La ministra participó en la inauguración del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en la UNAM donde habló sobre las advertencias que se han emitido ante las implicaciones de la implementación de la reforma judicial que establece la designación de juzgadores por voto popular.
“La democracia constitucional en el mundo entero, y muy señaladamente en nuestro país, atraviesa momentos muy delicados y muy difíciles, cito (a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial):
“‘Los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo. La politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no sólo afectan a los ciudadanos, sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial, cru-
Diana Lastiri Ciudad de México (apro)
Al solicitar órdenes de captura contra elementos policiales de Sinaloa, la Fiscalía General de la República (FGR) descartó que la sangre hallada en la finca donde fue secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada perteneciera al ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Así lo dio a conocer el juez de control, Alejandro Alberto Díaz, del Centro de Justicia Penal Federal en Culiacán, Sinaloa ante el cual la FGR, en audiencia realizada hace dos semanas, intentó solicitar los mandamientos de captura.
Esto, luego de que ayer la Fiscalía afirmó que las pruebas periciales en materia de genética determinaron con toda precisión que la sangre sí correspondía a Cuén.
“En relación con el hallazgo de ‘indicios hemáticos’ en el lugar del posible secuestro y que el comunicado señala que ‘han sido determinados con toda precisión, por las unidades periciales federales,
La democracia constitucional atraviesa momentos muy delicados y muy difíciles, advierte la presidenta de la SCJN: “los derechos humanos están en riesgo cuando un poder, de cualquier tipo, no puede ser contenido, frenado y controlado”
cial para el desarrollo económico y social del país’, cierro cita.
“No cabe duda, y hay mucha evidencia que nos proporciona la historia y el presente en muchas latitudes de qué los derechos humanos están en riesgo cuando un poder, de cualquier tipo, no puede ser contenido, frenado y controlado”, alertó.
La ministra Norma Piña aseguró que la democracia constitucional respeta la pluralidad de la sociedad.
“La democracia constitucional implica por por tanto, no sólo una mera gobernabilidad, sino una gobernabilidad democrática, entendida como el gobierno de una comunidad, plural de ciudadanos, en libertad, el gobierno, de un todo, de mayoría y de minorías, donde se escucha a todos, y donde no se desoye a nadie.
“Por ello, en el ámbito de nuestras competencias, debemos mantener-
nos fieles a nuestras convicciones y seguir trabajando por la independencia y autonomía del Poder Judicial”, expuso.
Aseguró que, ante “las circunstancias actuales”, defender la democracia constitucional es defender la dignidad inherente de cada persona.
“Tenemos que tener presente que no por el simple hecho de tener una constitución en sentido formal se puede hablar de la existencia de un estado constitucional y democrático de derecho. No debemos olvidar que en la Constitución debe estar cimentada la organización y el funcionamiento de nuestra República representativa, democrática y federal. Como autoridades y gobernados, como ciudadanos tenemos la obligación de cumplir las leyes que de ella emanan”, sostuvo.
(A partir del minuto 1:28:00) En el acto estuvo presente el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, quien dijo que “hoy, más que nunca, el derecho constitucional enfrenta el reto de adaptarse a nuevas realidades sociales, políticas y culturales”.
Caso Zambada: Juez asegura que la FGR descartó que la sangre hallada en finca fuera de Hector Cuén
que corresponden al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa’. Esta afirmación contrasta con la intervención de la Fiscalía en la audiencia, en la cual precisó que, tras practicarse el dictamen en materia de genética, la conclusión fue que esas manchas de sangre ‘no son coincidentes con el señor Héctor Melesio Cuén y que están a la espera de que se realice (el contraste) con perfiles genéticos de 2 personas desaparecidas”, señaló el juzgador a través de una nota informativa.
El documento, fue leído por el juzgador durante la primera conferencia matutina organizada por jueces y magistrados federales, pero no pudo concluirla debido a que se cortó la comunicación.
En el evento, el magistrado Juan José Olvera López dio a conocer que, contrario a lo afirmado por la FGR, el juez Díaz no rechazó emitir las órdenes de captura solicitada por el
ministerio público federal sino que éste decidió de manera unilateral retirar su petición.
“Fue la propia Fiscalía que, hacia el final de la audiencia, expresamente decidió abandonar su pretensión de que con su investigación y ‘perfeccionarla’, ante las múltiples inconsistencias probatorias que se advirtieron en el desarrollo de su exposición”, agrega la nota informativa del Centro de Justicia.
“A la Fiscalía se le precisó que cuando culminara o ‘perfeccionara’ su investigación podría volver a presentarla, ante el lugar de adscripción del juzgador (Culiacán, Sinaloa) o bien, ante el Juez Federal que cuente con jurisdicción en el lugar donde se ubique un centro de reclusión de máxima seguridad, si considera que el asunto lo amerita, por razones de seguridad y por las características del hecho investigado”.
Estas son las ciudades más inseguras del país de acuerdo a los resultados de la ENSU
La Redacción Ciudad de México (apro)
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el mes septiembre 58.6% de la población, a nivel nacional, consideró inseguro vivir en su ciudad.
La ENSU, que tiene como objetivo principal realizar estimaciones de la percepción de la población sobre la seguridad pública, resaltó que las ciudades donde más población sintió inseguridad fueron: Tapachula, con 91.9%; Naucalpan de Juárez, 88.0%; Fresnillo 87.9%; Ecatepec de Morelos con 87%; Irapuato, 86.4% y Tuxtla Gutiérrez 85.9%.
Además, las áreas urbanas de interés con mayor porcentaje de personas que consideraron que vivir en su ciudad era inseguro, fueron: Tapachula, con 91.9%; Naucalpan de Juárez, con 88%; Fresnillo, con 87.9%; Ecatepec de Morelos, con 87%; Irapuato, con 86.4%, y Tuxtla Gutiérrez, con 85.9%.
De acuerdo con el INEGI la percepción de inseguridad se registró a la baja en comparación con septiembre de 2023, cuando se ubicó en 61.4%, en contraste tuvo un in-
Juan Carlos Cortés
Ciudad de México (apro)
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que el próximo martes 29 de octubre que se elegirán los Comités de Evaluación para la elección de jueces, magistrados y ministros propuestos en la reforma al Poder Judicial.
En conferencia de prensa, el legislador morenista detalló que se elegirán a cinco personas propuesta por la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial.
“El próximo 31 de octubre se vence la fecha para integrar los Comités de evaluación de quienes van a ser candidatos a jueces, magistrados, ministros y Tribunal de Disciplina Judicial, y este Comité de Evaluación se integrará por cinco y cada uno de los Poderes de la Unión contará con cinco para hacer las propuestas a candidatos; cinco el Ejecutivo, o la
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) tiene como objetivo principal realizar estimaciones de la percepción de la población sobre la seguridad pública
cremento con respecto a junio del presente, cuando se ubicó en 59.4 por ciento. En comparación con ese mes, ocho áreas urbanas de interés redujeron la percepción de inseguridad, mientras que en cuatro se registró un incremento.
Las áreas urbanas con menores porcentajes de percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, con 13.7%; Benito Juárez, con 17.5%; Tampico, con 20%; Piedras Negras, con 20.2%; Puerto Vallarta, con 21.3%, y Saltillo, con 21.7%.
Por género, la ENSU identificó que el 64% de las mujeres y el 52.2% de los hombres consideran a su ciudad insegura para vivir. Además, en espacios físicos específicos, el 67.3% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 61.8%, en el transporte público; 53%, en la carretera, y 51.3%, en las calles que habitualmente usa y en el banco.
En cuanto a la labor de las autoridades de seguridad pública, la per-
cepción sobre su desempeño como muy o algo efectivo para prevenir y combatir la delincuencia fueron: Marina, con 87.7%; Fuerza Aérea Mexicana, con 83.9%; Ejército, con 83.1%; Guardia Nacional, con 73.5%; policía estatal, con 55.8%; y policía preventiva municipal, con 48.6%.
En un sentido similar, 30.6% de las personas señalaron que el gobierno de su ciudad era muy o algo efectivo para resolver los problemas más importantes, los cuales fueron, según los habitantes: 81.7%, baches en calles y avenidas; 61.1%, fallas y fugas en el suministro de agua potable; 56.5%, insuficiencia del alumbrado público y 41.8%, saturación o deficiencia en los hospitales.
Las ciudades donde se consideró que sus gobiernos eran menos efectivos para resolver los problemas más importantes fueron: San Pedro Garza García 64.4%; Nuevo Laredo 59.7% e Ixtapa-Zihuatanejo 58%. En contraste, ciudades donde menos, se percibió así fueron: Ecatepec de Morelos, con 9%; Zacatecas 11.6%; y Uruapan 12%.
El 29 de octubre se elegirán los comités de evaluación para jueces, magistrados y ministros: Monreal
Ejecutiva, cinco el Congreso de la Unión, y cinco miembros también, el Poder Judicial.
“Esta semana, la Junta de Coordinación Política recibirá propuestas, si es que las hay. Las personalidades que integren este comité de evaluación para la selección de jueces, magistrados, ministros, y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, y el próximo martes 29 (de octubre), en el pleno votaremos las propuestas para ver si alguna de ellas logra la mayoría calificada”, explicó.
El diputado morenista detalló que el Poder Legislativo son dos Cámaras y una determinará tres integrantes y otra dos, por lo que se están poniendo de acuerdo cuál propondrá a tres personas.
Ricardo Monreal también informó que esta semana se discutirán en la Cámara de Diputados, las refor-
mas sobre el Derecho a la Vivienda para los trabajadores y la reforma del Becas del Bienestar.
“Concluimos la Junta, revisamos los temas de la agenda de esta semana, en materia constitucional, en materia de vivienda, que aprobaremos, en el caso de que así lo determine la
mayoría calificada, el día de mañana y bienestar martes y miércoles, bienestar martes (22 de octubre), miércoles (23 de octubre), vivienda. Son dos reformas que provienen del paquete de iniciativas que presentó el presidente López Obrador el cinco de febrero”, detalló.
Oleada de denuncias contra Jorge Islas, cónsul general en NY. Esperan respuesta de Sheinbaum
Arantza Díaz Ciudad de México. (Cimacnoticias)
La mañana del 3 octubre Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció la creación del área Coordinación General de los Consulados de México; una posición de poder en la cancillería mexicana que quedaría a cargo de Jorge Islas López, cónsul general de México en Nueva York quien enfrenta señalamientos diversos por acoso, hostigamiento y violencia de género.
Ante el anuncio, trabajadoras de la Cancillería buscan el diálogo con Sheinbaum y la destitución inmediata de Islas, poniendo en una encrucijada al gobierno de la 4T que se autodenomina como feminista.
Graciela Rock, extrabajadora de la cancillería en Nueva York 2019-2020, fue el ápice de la denuncia pública contra Islas, esto luego de enterarse de su nombramiento.
Un asunto de sobrevivencia que parecía lejano se tornó, de un momento a otro, en un asunto de carácter público.
«Sentí mucha rabia, me enfadó porque cómo puede ser que un señor que tiene constantemente muchísimas quejas lo siguen premiando, si fue un poco como decir, ¿por qué?, ¿qué está pasando ahí? Una persona que produce hostigamiento laboral con todos y todas, pero muy específicamente con mujeres está siendo premiado», refiere en entrevista.
La movilización interna de excompañeras y mujeres que pidieron su cambio a otras oficinas no tardó en presentarse tras el anuncio de Islas, pues ello infiere que, de nueva cuenta, quedarán bajo la titularidad del canciller.
Entretanto, Graciela Rock dio el primer paso al escribir una columna para Opinión 51, donde compartió de primera fuente su experiencia trabajando para Islas, el acoso laboral, las llamadas insistentes y la violencia verbal de la que fue objeto.
«En ellas, el Sr. Islas no se limitaba en el uso del lenguaje violento y referencias personales insultantes, se dirigía a mí sin respeto, ni mesura alguna en sus agresiones verbales; menospreciaba mi trabajo, mi experiencia y formación, refiriéndose de forma condescendiente a mis funciones o propuestas, claramente no le inspiraba respeto alguno» (Extracto de columna publicada en Opinión51)
Tras el estallido de esta columna, Graciela comparte en entrevista que lo primero que pensó fue que, tras haber guardado silencio durante años, era momento de evidenciar la dinámica que se gesta en la cancillería de Nueva York gozando de su privilegio de no laborar más ahí.
Desde su ámbito, también preparó una petición de transparencia sobre la cantidad de denuncias interpuestas en contra de Jorge Islas y tras un par
de días a la espera, la respuesta llegó: Confidencial.
El único registro palpable de este documento era la aseveración de que, efectivamente, existían denuncias en contra de Islas, más el apartado de motivos y nombres de denunciantes permaneció bajo el régimen de información privada.
Por su parte, La Sila Rota, cuenta con la respuesta que se dio al oficio OIC/AQ/615-0052/2020, en el que se da respuesta a la indagatoria que llevó a cabo el Órgano Interno de Control donde se expone: En términos generales, su trato es autoritario, intolerante, impaciente, colérico, con cambios drásticos de comportamiento, prepotencia y en especial, trato hostil con personal femenino.
En añadidura, el medio refiere que la Jefatura de Unidad para América del Norte envió el oficio UAN2137/2023 una nueva denuncia con folio DEN029/2022 donde se le instó a Jorge Islas, a preservar un clima laboral adecuado y como medida, se impuso su asistencia a talleres para una comunicación asertiva, incluyente y no sexista.
Acto seguido, excompañeras construyeron una red junto a Graciela; fue un momento donde parecía que ya todo había sido abierto, dice en entrevista.
Y así, aunque la renuencia y el temor parecía conquistar, más mujeres se unieron a la denuncia colectiva hasta consagrar una carta firmada por 16 extrabajadoras de la cancillería; mujeres diversas, del área de documentación, de ventanillas de salud, colaboradoras en Embajada de México, una cónsul de comunidades y del Instituto Cultural Mexicano.
En esta carta, se lee:
«Es preocupante que, tras las múltiples quejas y denuncias que aún existen en contra del señor Islas se le haya nombrado recientemente como Coordinador General de los Consulados de México en la SRE. Este nombramiento no sólo ignora las violencias que él ha ejercido, sino que envía un mensaje claro de impunidad y menosprecio por los derechos de las mujeres»
Un asunto de carácter sistémico Mientras estos hechos se suscitaron a lo largo de la semana, el cónsul, Jorge Islas, ha hecho uso de su derecho de réplica; en sus redes sociales ha dedicado una carta dedicada a Graciela Rock, limitándose a señalar que él «tiene la
impresión de que Rock nunca estuvo de acuerdo con las políticas de la 4T y pidió no difamar, ni «calumniar maliciosamente» sobre el honor de las personas.
Paralelamente, participó en entrevista en radio con Azucena Uresti donde negó categóricamente los señalamientos donde refirió: «Tengo dos hijas feministas y activistas las que me han inducido al tema, me han ayudado a entender el tema de la deconstrucción, soy claramente consciente ser la cabeza de un consulado»
Asimismo, refirió que todo lo señalado por Rock era mentira y que tenía documentos suficientes para defender su versión.
Sobre esto mismo, Graciela Rock comparte en entrevista con Cimacnoticias. que es necesario despojarse de la idea que es una cuestión personal; más bien, es un hecho, estructural.
«Esto no es un él contra mí, somos muchas mujeres; si estoy hablando yo es porque me puedo permitir soportar el hostigamiento, pero está omitiendo que hay otras mujeres dando la cara con nombre y apellido. Su estrategia es atacarme a mí, a mi carácter y que la conversación gira en torno a eso de «a quién le creerás«, pero está bien, no me tienes qué creer a mí; ¿qué pasa con las otras 15 mujeres?», sostiene.
En esta misma materia, hay que apuntar a que la columna de Rock no ha sido la única, pues en aras de esta denuncia colectiva, otras 3 mujeres, Mariana Calvo, Alexia Núñez Bachmann y Estephania Iracheta el día 18 de octubre, han publicado sus experiencias al interior del consulado.
¿Llegamos todas?
Las 16 mujeres firman en su carta la necesidad de que los valores autoproclamados como feministas de Sheinbaum no se abaraten, por el contrario, resulten congruentes y con ello, se realicen las diligencias pertinentes.
Por su parte, la presidenta ya se ha pronunciado al respecto en su mañanera del 16 de febrero apuntando a que ya está al tanto de las denuncias y que serán revisadas; no hubo mayor diálogo al respecto y Presidencia tampoco ha brindado una respuesta a la carta de las denunciantes.
Esto último, dice Graciela Rock, resulta desalentador, no sólo desde el frente de presidencia, sino también, desde el largo silencio de Cancillería que ha omitido todo pronunciamiento
sobre la materia.
«Creo que la falta de respuesta de cancillería, de no hacer ningún tipo de posicionamiento nos manda una señal de cuánta violencia más tendremos qué soportar de Islas antes de que diga, al menos: Ya las estamos escuchando. No ha habido ninguna respuesta desde el envío (de la carta) de cancillería, ni de la oficina de presidencia.», denuncia.
Para entender mejor cómo se realizó el nombramiento, Rock explica que en este protocolo no hay aplicabilidad a la llamada Ley 3 de 3 que pauta que ningún agresor puede ocupar un cargo público, pues el anuncio de su titularidad no parte desde un origen político, sino más bien, desde las entrañas de la misma Cancillería; fue seleccionado, propuesto y posteriormente aprobado por Sheinbaum para ostentar la presidencia de la nueva Coordinación General.
Mientras la situación escala al interior de los medios de comunicación y Jorge Islas defiende su postura de inocencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, no ha lanzado ningún comunicado; en la mesa, sólo quedará saber el siguiente movimiento de Sheinbaum y de Juan Ramón de la Fuente sobre el asunto, apuntando siempre, al bien común.
Yo sí espero que cuando Sheinbaum dice: Llegamos todas y que va a luchar por una vida libre de violencia, verdaderamente, se esté refiriendo a todas, incluyendo a las funcionarias que trabajan en su gobierno, zanja Graciela Rock en entrevista.
Señalamientos previos en marzo del 2023, Cimacnoticias ya había documentado otros casos de mujeres quienes habían denunciado a la instituación.
Tal es el caso de denuncia interna por violencia laboral de, Elvia Álvarez Marín, quien señaló que el departamento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) donde trabajaba decidió no renovarle más su contrato. Ella percibió este despido injustificado como una represalia, lo cual parece convertirse en una constante en la SRE.
Previamente, Elvia Álvarez ya había narrado a Cimacnoticias la violencia que recibía mientras fungía como jefa de departamento del Área de Política de Igualdad de Género. De acuerdo con su testimonio, la titular del área citada arriba— la agredió verbalmente en diversas ocasiones e incluso la amenazó con solicitar la no renovación de su contrato de trabajo.
Desde 2015, varios trabajadores de la SRE han denunciado estos modos de contratación por la situación de vulnerabilidad a la que quedan expuestos. En Estados Unidos, por ejemplo, a Virginia Solís Tepayol (exempleada del Consulado General de México en San Francisco, California) también se le negó la renovación de su contrato luego de que se quejara por la falta de coordinación en su área de trabajo.
71 AÑOS DEL VOTO FEMENINO: AVANCES Y DESAFÍOS EN LA DEMOCRACIA
Este jueves se cumplen 71 años del reconocimiento del voto de las mujeres en México, un derecho que fue conquistado con décadas de larga persistencia.
En este tiempo, hemos visto cómo el país ha feminizado su rostro político gracias al esfuerzo de aquellas pioneras que construyeron el primer y segundo piso de la participación política femenina. No fue fácil. El primer piso, que significó la obtención del voto y el reconocimiento para que las mujeres fueran electas, llevó años de movilización, debates y persistencia. Hoy, el segundo piso, que se traduce en la paridad de género en todos los espacios, incluyendo la posibilidad de tener una presidenta de la República, es un logro de las nietas de aquellas sufragistas que dieron inicio a este largo proceso. Este avance no es casual; es el fruto de reformas, cuotas de género, y la democratización del país, especialmente después de la crisis política de 1988, cuando se fracturó el PRI y emergieron nuevas alianzas entre las izquierdas y la socialdemocracia.
Sin embargo, este avance, aunque significativo, no es suficiente. Al mirar de cerca, vemos que la representación política de las mujeres sigue siendo desigual, especialmente en los municipios. Es preocupante que, en el pasado proceso
electoral, solo el 29% de las presidencias municipales fueran ocupadas por mujeres, un porcentaje que revela los muros de la resistencia frente a lo que debería ser una paridad real.
El ámbito municipal, el más cercano a la comunidad, es también el más hostil para las mujeres. La violencia política de género, que en muchos casos incluye ataques personales que afectan a las familias de las candidatas, es una barrera difícil de superar. Las mujeres que se postulan para estos cargos no solo enfrentan los retos habituales de cualquier contienda política; también deben lidiar con agresiones que tocan sus vidas privadas de manera desproporcionada en comparación con sus contrapartes masculinas. Y como si esto no fuera suficiente, los partidos políticos, que deberían ser aliados en la lucha por la igualdad, se han convertido en un obstáculo más. A pesar de las normativas que obligan a los partidos a destinar recursos económicos y espacios mediáticos a las candidatas, muchas veces esto no se cumple, especialmente en los municipios. Es indignante saber que, en algunos estados, las mujeres candidatas reciben apenas entre el 2 y el 19% de los recursos que les corresponden. Los ejemplos de desigualdad en la distribución de recursos para las candidatas en elecciones municipales son alarmantes. En Nuevo
León, el partido local Esperanza Social no destinó los recursos que correspondían a sus 11 candidatas a presidencias municipales. En Sinaloa, el PRD retuvo el 48% de los fondos que deberían haber sido utilizados para promover a sus candidatas. En Sonora, el PRI se apropió del 44% de los recursos destinados a las mujeres aspirantes, mientras que, en Guerrero, el Movimiento Laborista no entregó el 31% del financiamiento previsto para sus candidatas. Al conmemorar esta fecha histórica, es crucial no solo celebrar los logros obtenidos, sino también reconocer lo que aún falta por hacer. Las leyes de igualdad han mostrado resultados, pero no podemos confiarnos. La paridad en los municipios, la violencia política de género y la falta de apoyo de los partidos políticos son retos que debemos enfrentar con la misma energía con la que nuestras antecesoras lucharon por el derecho al voto. Es necesario seguir avanzando y recordarnos que la igualdad sustantiva no se logra solo con leyes o cartillas, sino con las condiciones para ejercer plenamente nuestros derechos. Hoy más que nunca, la lucha por la representación política de las mujeres en todos los niveles debe continuar, porque aún queda mucho por hacer para que la democracia mexicana sea verdaderamente inclusiva e igual.
Lucía Lagunes Huerta
EULALIA. LA REALIDAD DE SOBREVIVIR A LA ESCLAVITUD Y TRATA DE PERSONAS
Arantza Díaz
«Yo no crecí con mis papás, a mis 3 años me dejaron con mi abuelita y desde aquí empieza mi historia«, dice Eulalia de Jesús.
Las mujeres jornaleras agrícolas pertenecen a uno de los sectores laborales más precarios y con mayor violencia en México. En el país existen más de dos millones de personas que trabajan por el jornal en el sector agrícola, de las cuales 12.7% son mujeres.
Esta es la historia de Eulalia, mujer rural, campesina, hoy a sus 38 años, Eulalia de Jesús ya ha terminado la primaria, tomó cursos como terapeuta en masajes, estudió maquillaje profesional y se prepara para convertirse en quiropráctica.
Ella sobrevivió a la explotación sexual y laboral, así como a la esclavitud. En México, un aproximado de 850 mil personas se encuentran bajo un régimen de esclavitud moderna, según señala el Global Slavery Index 2022, de la Organización Internacional del Trabajo. Esto coloca a México en la posición número 13 de los países con mayor trabajo forzado de la región sólo debajo de naciones como Guatemala, El Salvador, Haití, Jamaica o Nicaragua.
La OIT advierte que, si se realiza una sumatoria de los 3 países más poblados de la región, Brasil, Estados Unidos y México, entonces, se infiere que 3 de cada 5 personas en situación de esclavitud provienen de alguno de estos 3 países. En contraparte, es Canadá, Uruguay y Chile los 3 países con las acciones afirmativas más exitosas para erradicar cualquier forma de explotación en la región.
De acuerdo con el órgano internacional, los motivos que propician la esclavitud son la inequidad, la discriminación en razón de género e inestabilidad política. Se observa que estos 3 puntos han golpeado con mayor fuerza a dos países: México y Colombia.
Producto de estas 3 violencias estructurales, es común el fenómeno de «host household» que se refiere a aquel donde la familia entrega a 1 o más hijas (con mayor incidencia) para la explotación en servicios domésticos y tráfico sexual, con ello, aumenta exponencialmente la vulnerabilidad de abuso y violencia sobre las niñas y adolescentes, mayormente, de zonas rurales, indígenas o comunidades migrantes.
Esta vulnerabilidad «de actitud patriarcal que oprime a las mujeres y que contribuye a su desprotección desde el sistema judicial«, según la Organización Internacional de Trabajo, propicia que México suba peligrosamente en el ranking de «Nivel de vulnerabilidad de esclavitud moderna», ocupando el puesto número 4 en la región con un porcentaje de vulnerabilidad del 58%, sólo por de-
bajo de Honduras, Venezuela y Haití. Fuente: Organización Internacional del Trabajo
Todo ello, a pesar de que el trabajo forzado se encuentre estipulado de forma manifiesta en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; un contrapeso que, en teoría, abona en la erradicación del trabajo forzado de mujeres, niñas, niños y adolescencia y que termina luciendo escueta ante los números rojos del Global Slavery Index.
Eulalia, es originaria de San Jerónimo de los Dolores, San José del Rincón, estado de México, Eulalia o Lalis, como le dicen sus amigas, ha encarado la negligencia sistémica, la explotación laboral y peleado a puño cerrado desde sus primeros años de vida; no como un manifiesto romantizado de la resiliencia, sino más bien, como un acto de supervivencia.
Jornalera y campesina, Eulalia tenía 5 años cuando comenzó a trabajar; se despertaba a las 3 de la mañana y volvía a casa cuando el sol se había ocultado. Le dolían los pies, especialmente, en invierno, cuando caminaba hasta 4 horas para recoger leña y la escarcha del pasto le congelaba la planta de los pies.
Una vez cultivado el frijol, maíz, cebada y haba, Eulalia iba con su abuela y tíos a realizar el trueque; ella llevaba, por ejemplo, el maíz y a cambio, le daban un pollo. Según su abuela, todo su trabajo era para ganarse un taco y si algo salía mal, entonces, no había comida para ella.
Durante su trabajo sufrió un abanico de accidentes, pero el que trae a la memoria, es aquel donde cayó con fuerza sobre sus rodillas y le brotaba la sangre; nadie se acercó a cuidar de ella, a preguntarle si estaba bien o a pedirle que fuera a casa a descansar. Eulalia, de 5 años, se levantó y siguió trabajando.
¿Te pusiste algo en tu herida? Sí, responde en entrevista, me puse la grasita de la vela que ya usaba para hidratarme la piel y luego, agarré barro y también me lo puse, en mi cabeza, como se hacía duro, iba a poder sellarme la herida, porque era muy profunda.
«A mí me rentaban»: Del campo al norte de la Ciudad de México Eulalia no sólo se desempeñaba apoyando en el campo, sino también, cumplía una doble jornada en la casa; lavaba la ropa, echaba las tortillas, limpiaba la casa y hacía la comida, esta última, uno de los aprendizajes más crueles, pues cuando algo no salía bien, era castigada con golpes y quemaduras en las manos.
Paralelamente, la abuela la llevaba a diferentes casas que requerían de apoyo. Ahí Eulalia trabajaba limpiando por hora y el dinero, se lo daban por adelantado a la familia: «Nunca vi nada de ese pago, me dolían las manos, los pies y los pulmones por el frío, la espalda y luego, sin comer», recuerda en conversación con Cimacnoticias.
En un pasaje concreto, Eulalia hace una pausa en su historia y comparte:
«A los 5 años fui abusada por mi tío, lo dije a mi abuela pero me golpeó, me arrastró por el patio hasta que me ensangrenté. Le dije a mi mamá también, y fue lo mismo».
Continúa narrando que, en su casa, las mujeres no tenían motivos para ir a la escuela, pero tras insistir, se le permitió inscribirse en la primaria de la comunidad. Al interior de este espacio, se gestaba aún más violencia, según comparte Eulalia, los maestros la golpeaban con las reglas de medición, la enviaban a comprarles comida, no le daban clases y frecuentemente, era agredida por no llevar el material que le exigían las clases, ello, a pesar de comentarles que no tenía recursos para costearlos.
En tercer año de primaria, la madre de Eulalia de Jesús apareció en su vida, se disculpó y prometió llevarla de regreso a su hogar; donde estarían sus hermanas, hermanos y su papá. A este momento, ella lo nombra: La pesadilla.
El trabajo forzado se recrudeció, preparaba la comida, recogía la leña, hacía las tortillas y lavaba la ropa. Explica que se sentía como estar esclavizada, sin recibir nada a cambio, en el cuerpo a manos de su madre quien, además, la dejaba sin comer.
Eulalia había decidido dejar de estudiar a los 10 años, cuando iba en quinto de primaria. No había nada que la escuela pudiese ofre -
cerle y las carencias en casa sólo se acrecentaban.
La oportunidad que necesitaba Todo cambió cuando una maestra le preguntó si alguna de sus hermanas mayores se podía ir a trabajar a su casa, pues pronto tendría a su bebé y necesitaba alguien que la ayudara. Eulalia se ofreció, le explicó que iba a dejar de estudiar y que le sería de mucha ayuda, después de todo, había trabajado la mitad de su vida. Esa fue la oportunidad perfecta para huir de la escuela, su casa, hermanas, hermanos y de una tristeza que, refiere, siempre sentía en el pecho.
«Así empecé a trabajar en la casa de esta maestra, ahí cocinaba, lavaba los trastes, trapeaba, lavaba la ropa, limpiaba los corrales de los animales, cortaba el rastrojo. Trabajaba en otra comunidad, a una hora y media de mi casa.
Ahí estuve medio año aproximadamente, en ese entonces, me pagaban 300 pesos a la semana. Con ese dinero, yo le decía (a la maestra) que me lo guardara porque yo pensaba en mis hermanos más pequeños, y una vez ahorrado, se lo daba a mi mamá. Todo se lo di a ella.»
Este episodio de su vida lo reconoce como uno con mucha alegría. Estaba feliz, pues la maestra la trataba con respeto y siempre había comida caliente para ella. Tras seis meses de trabajar limpiando corrales, aseando la casa, limpiando pisos y lavando la ropa, Eulalia regresó a casa, algo que duraría apenas una semana cuando un tío lejano llegara a la casa (a la chocita, más bien, corrige Eulalia) solicitando a una mujercita, pues en la ciudad, una pareja necesitaba quién les ayudara en el hogar. «Pues aquí está esta», dijo la mamá de Eulalia señalándola. Eulalia se preparó, se subió al auto y emprendió su camino rumbo a la Ciudad de México. Esa fue la primera vez que salía del estado de México y llegó al norte de la capital, a las faldas del cerro de las antenas: Cuautepec barrio alto.
La casa en Cuautepec: Trabajo forzado, limpieza y la lucha por la libertad
En la ciudad, Eulalia conoció a Pepe y a su esposa, una pareja que la había contratado para apoyarles en la casa, especialmente, en el lavado a mano de ropa que tomaba buena parte del día por la cantidad tan extrema de piezas que debían ser cuidadosamente limpiadas, una por una.
La jornada era cansada y Pepe, -quien ya murió, dice Eulalia-, le ofrecía un té para el cansancio, posteriormente, llegaba un ligero mareo y el sueño. Eulalia despertaba dolorida y la contratante, le explicaba que era a causa del trabajo tan pesado que realizaba.
PLATAFORMAS DIGITALES: DERECHOS SÍ, SUBORDINACIÓN NO
Jorge Bravo
La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, presentaron en la conferencia matutina una iniciativa para formalizar la actividad de personas trabajadoras de plataformas digitales. Pese a su enfoque en la protección laboral, la reforma tiene puntos cuestionables que pondrían en riesgo los beneficios que estas plataformas han traído a miles de personas y la sociedad en general.
La iniciativa modifica la Ley Federal del Trabajo e incluye un capítulo especial para repartidores y choferes de plataformas. Regula su relación laboral y propone la “subordinación discontinua y acotada al tiempo trabajado”, para que mantengan “flexibilidad” en sus horarios y apps donde operan.
Las plataformas deben integrarse a un programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social que garantice la cobertura de salud para quienes superen el salario mínimo. Paradójicamente, la iniciativa obliga la subordinación, pero prohíbe que las plataformas exijan disponibilidad constante. Se supervisará que los mecanismos de control no se gestionen sólo mediante algoritmos, sino con intervención humana. Entonces, para qué sirve la tecnología.
El gobierno ha justificado la iniciativa como una medida para dignificar el trabajo y garantizar derechos como la seguridad social. Detrás de este discurso que se lee muy bonito, se ocultan los costos y los verdaderos impactos tanto a trabajadores como a plataformas.
El principal problema es que la reforma surge de una suposición equivocada: encajar el trabajo en plataformas en un esquema tradicional de empleo subordinado.
La iniciativa dice reconocer la flexibilidad y autonomía del trabajo en plataformas, pero al imponer la subordinación, mina la viabilidad de este modelo de negocio que ha otorgado oportunidades de ingresos a miles de personas, en los momentos más difíciles como la pandemia, y como no lo ha hecho ninguna política laboral.
Son cerca de 658 mil personas que han encontrado en las plataformas –y no gracias a una política pública del gobierno– una oportunidad para mejorar sus ingresos.
La iniciativa es ciega y sorda a las necesidades de las personas, la tecnología y el modelo de negocio.
Una encuesta de Buendía & Márquez reveló que 95% de los conductores y repartidores valora mucho la independencia y flexibilidad para generar ganancias. Estas opiniones de los interesados no son tomadas en cuenta al forzar la subordinación.
Las plataformas como DiDi, Uber y Rappi han proliferado porque ofrecen un tipo de empleo que escapa a los esquemas laborales tradicionales. La posibilidad de que las personas decidan libremente cuándo, cuánto y cómo trabajar es el principal atractivo para repartidores y choferes; 50% de los repartidores trabaja menos de cuatro horas al día, una jornada que no encuentra cabida en un empleo convencional.
Las plataformas cumplen una importante función social: ayudan a paliar la pobreza. Estudios de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) indican que los ingresos que los repartidores y choferes generan en estas plataformas superan los salarios de trabajos tradicionales.
Al imponer un esquema de seguridad social y subordinación, el gobierno limita la capacidad de estas apps para ofrecer empleo flexible y accesible.
La solución no es la subordinación, sino un esquema de seguridad social universal que no comprometa la flexibilidad del trabajo en plataformas.
La iniciativa va contra las plataformas que habilitan derechos fundamentales como movilidad o trabajo, pero no regula ni otorga seguridad social a otras modalidades de trabajo como tiendas de autoservicio o farmacias que ofrecen un servicio idéntico, tampoco a los taxistas o los despachadores
de las gasolineras de Pemex, quienes tampoco tienen seguridad social, ni seguro contra accidentes ni declaran al fisco, como sí lo hacen quienes utilizan las plataformas de movilidad para generar ingresos adicionales. También hay trabajadores freelance, como profesores o periodistas que trabajan por horas, pero no reciben a cambio una compensación por seguridad social.
La iniciativa ignora que los repartidores eligen voluntariamente este tipo de trabajo debido a la flexibilidad y la posibilidad de combinarlo con otras actividades. La autoridad no se percata de que el trabajo en plataformas es complementario. Las personas no otorgan exclusividad a una sola plataforma, se conectan a todas buscando la mejor oferta, por lo que no existe un solo “patrón” sino varios.
En lugar de regular la relación laboral, deben generarse alternativas que ofrezcan seguridad social sin cambiar la naturaleza autónoma del trabajo. En vez de imponer obligaciones que frenarían el uso de plataformas, el gobierno podría apostar por esquemas de contribuciones voluntarias a la seguridad social, donde los trabajadores puedan elegir aportar a su salud y pensión sin perder autonomía. Este enfoque ya ha sido explorado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mediante programas piloto para trabajadores independientes, demostrando que es posible generar protección social sin necesidad de imponer relaciones laborales tradicionales y subordinadas.
Otra desventaja es que encarecería el modelo de negocio. El gobierno no menciona que la imposición de seguridad social aumentaría significativamente los costos operativos, afectando tanto a empresas como a trabajadores.
Las plataformas han funcionado bajo un esquema de costos controlados, como que los medios de transporte pertenecen a las personas. Con la reforma, las plataformas asumirán más costos, derivando en tarifas más altas para usuarios y menores ingresos para repartidores y choferes.
Sépase que al aportar a la seguridad social (algunos ya lo hacen), los trabajadores tendrán menos ingresos, desvirtuando el esquema complementario de laborar en apps. Hay que decirlo, quienes más sufrirán las consecuencias de esta regulación serán los trabajadores a quienes se intenta proteger, así como los usuarios que pagaremos más por contratar un servicio de movilidad.
La respuesta no está en imponer un marco rígido de seguridad social a las plataformas, sino en crear un sistema de seguridad social universal accesible para todos los trabajadores, independientemente de su condición laboral.
Dinamarca y Finlandia han explorado esquemas de seguridad social que no dependen de la relación laboral. Permiten que empleados formales como autónomos y trabajadores de plataformas puedan acceder a servicios de salud y pensión.
El gobierno debería enfocarse en ampliar el acceso a la seguridad social mediante esquemas contributivos auténticamente flexibles, donde los trabajadores de plataformas puedan decidir voluntariamente su nivel de contribución. Esta solución permitiría proteger a los trabajadores sin desvirtuar la naturaleza del trabajo en plataformas.
La reforma laboral para otorgar seguridad social a repartidores y choferes de plataformas es un intento bien intencionado, pero mal diseñado porque esconde el verdadero impacto negativo de la regulación a quienes busca proteger.
Las plataformas, lejos de ser el enemigo, cumplen una función social que no puede ser ignorada: ofrecen ingresos superiores y flexibles que ayudan a combatir la pobreza, generar oportunidades de ingresos complementarios y mejorar la calidad de vida de miles de personas en México. La política laboral no lo ha logrado, las plataformas sí.
DERECHOS HUMANOS, EL RETO DE LA AUTONOMÍA DE LA CNDH
José Gil Olmos
Durante tres días, 24, 25 y 26 de este octubre, habrá pasarela en el Senado para escuchar los proyectos de 48 aspirantes a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos en su nuevo periodo 2024-2029. Se trata de renovar esta institución creada en 1993 como una condicionante al gobierno mexicano para firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
El reto para esta nueva presidencia es fortalecer la autonomía ante el gobierno en turno, un punto álgido porque desde la primera presidencia a cargo de Jorge Carpizo hasta esta última encabezada por Rosario Piedra, la principal crítica ha sido su cercanía e incluso dependencia con el gobierno federal.
En la lista de aspirantes resaltan tres figuras: la actual responsable Rosario Piedra; la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, y Tania Ramírez Hernández, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Rosario Piedra fue la primera en anunciar su candidatura y de inmediato comenzó a recibir las críticas por el desempeño que ha tenido estrechamente vinculado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y renuente a emitir recomendaciones en casos donde están involucradas autoridades militares.
Legisladores de Morena como Javier Corral aseguran que no habrá dados cargados y que no hay
ninguna decisión predeterminada. “Este es un proceso que está abierto, es un proceso que atenderá de manera respetuosa, abierta, a todos y a todas y cada una de las participantes. Los vamos a escuchar con el mayor respeto y con la mayor amplitud de criterio. No hay ninguna decisión predeterminada”, aseguró el exgobernador de Chihuahua.
No obstante, las críticas y cuestionamientos sobre Rosario Piedra se centran a su posición oficialista y su militancia en Morena.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (el Centro Prodh) publicó recientemente el informe “CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024”, en el cual denuncia que la Comisión asumió en ese periodo una política tímida o directamente omisa en distintos momentos.
Tal fue el caso respecto de los ataques y descalificaciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador contra organizaciones de la sociedad civil, así como a las iniciativas legislativas dirigidas a eliminar órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) o el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval).
Advierte el Pro Juárez que bajo el mando de Rosario Piedra la Comisión tuvo un número considerable de omisiones significativas en casos que involucran a las Fuerzas Armadas. Entre 2020 y 2023 la Guardia Nacional acumuló
mil 815 quejas, pero sólo recibió 13 recomendaciones. Mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional, con mil 664 quejas, sólo tuvo 26 recomendaciones.
Otro dato preocupante del legado de Rosario Piedra es que emitió más de 40 pronunciamientos para desacreditar a periodistas, órganos internacionales y derechos humanos con el fin de proteger al gobierno antes que a las víctimas.
Es evidente que al frente de la CNDH la gestión de Rosario Piedra deja mucho que decir y su continuidad en este organismo no asegura la necesidad de autonomía ante el gobierno en turno.
Organizaciones civiles ha expresado su preocupación por la decisión que se tome de quien presidirá la Comisión los próximos cinco años. La Fundación para la Justicia, Elementa DDHH, los Centros de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez, entre otros, consideraron que la CNDH presidida por Rosario Piedra “ha enfrentado serias críticas por no abordar de manera plena, objetiva e integral la crisis de graves violaciones a derechos humanos que atraviesa el país”.
Isaías Pablo, de Elementa DDHH, indicó que de las 164 recomendaciones que la CNDH realizó hasta 2021, 110 fueron de administraciones pasadas y 54 del periodo actual. Hay una tendencia, dijo, “de no revisar violaciones de derechos humanos ejercidas por cuerpos de seguridad”.
Ejemplificó esta situación al señalar que únicamente 13% de
las recomendaciones son dirigidas a las secretarias de Marina, de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional. Ésta, “sólo tiene 22 recomendaciones pese a que la CNDH ha recibido más de mil 600 quejas sobre su actuar en terreno”, apuntó. En una reciente declaración conjunta, estas organizaciones consideraron que el país vive un momento crítico en cuanto a derechos humanos, y por eso urge tener un titular en la CNDH que responda a las demandas de la sociedad civil y sea un contrapeso efectivo. El fin de semana entrante habrán de asistir al Senado los 48 aspirantes a presidir la CNDH en los siguientes cinco años. La promesa de los legisladores es que será un proceso limpio y transparente. Por cierto... Para participar por la nueva presidencia de la CNDH se registraron aspirantes de 19 estados de la república, 42 hombres y 24 mujeres. Convocaron a participar en el parlamento abierto a Ángela Guerrero Alcántara, del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social (CEA Justicia Social); María Sirvent Bravo Ahuja, de la organización Documenta, y a Jorge Alfonso Victoria Maldonado, del Centro de Estudios Superiores Justo Sierra. Además de Iván Tagle Durand, de Yaaj México; Marcia Itzel ChecGutiérrez, del Observatorio de Designaciones Públicas; Santiago Aguirre Espinoza, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Laura Paredes Chamu, del colectivo Unidos por tus Derechos, y a una persona de la Red GayLatino Capítulo México.
THE CONTRA PODER BREAKING NEWS
Dr. Valdemar Rojas
O mejor aún, notas cortas sabrosas y sabrosonas en memoria de Gervasio Grajales QEPD
Es urgente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine que las decisiones del Congreso para modificar la Constitución que declare inconstitucional la reforma al poder judicial así como la desaparición de 7 organismos autónomas; no hay nada mas falso que la intención de acabar con la corrupción, que indudablemente existe en el poder judicial, pues la verdadera intención es un acto de venganza del Peje contra el poder judicial en contra de sus caprichos y arbitrariedades, pues la elección de jueces, magistrados y ministros por elección popular, es una falacia más del tabasqueño o ¿Qué no hemos elegido a todos los funcionarios públicos desde presidentes municipales, diputados, senadores, gobernadores y presidentes de la república mediante voto popular? Y la verdad es que la corrupción existe en todas las dependencias oficiales, lo que demuestra que esta medida y peor aún con la designación de los candidatos a ocupar estos cargos sea por medio de tómbolas lo que significa rifar la justicia; la desaparición de los organismos autónomos solo demuestra la ambición del Peje y de su sucesora de tener bajo su férula a todos los órganos encargados de impartir justicia; estos órganos le impedían al Peje y a su vicepresidenta manejarlos a su antojo acabando con la independencia del poder judicial y así ya no
habrá quien se oponga a sus designios autocráticos.
De ocurrir esta necesaria decisión de la SCJN, dudo mucho que la acate la nueva presidenta, pues siguiendo las enseñanzas de su mentor y jefe ya dijo que no acatará la orden de una jueza federal que le prohíbe publicar las últimas decisiones tomadas por los serviles diputados y senadores de morena y aliados y habrá que recurrir a instancias internacionales que obliguen al gobierno de Méxicoa cumplir con las decisiones de la SCJN.
Nadie se explicaba porque el Peje mantenía a Barlett en la dirección de la CFE, pues se trata de un sujeto de pésimos antecedentes no solo por haber organizado la caída del sistema en las elecciones presidenciales de 1988, sino porque también ha sido señalado de haber sido cómplice en el asesinato del agente de la DEA, Kike Camarena, de ser propietario de innumerables casas y departamentos en todo el país. de que su esposa es directora de una empresa energética siendo su esposo director de la CFE y uno de sus hijos vende materiales en gran escala al gobierno federal y de haber adquirido a precios irrisorios algunos terrenos en zonas turística de Quintana Roo; escuché recientemente un video en el que Barlett conocía de los sobornos que el Peje recibía del crímen organizado y tal vez eso explica su permanencia enla CFE. Tratando de aparentar ante el público que su actuación al
frente de la CFE, llevó a cabo ya casi al final de su dirección publicó una serie de anuncios en televisión tratando de alabar su actuación con puras mentiras o verdades a medias, como decir que no se incrementaron las tarifas durante su mandato, pero en mi caso particular yo pagaba 700 pesos bimestrales por consumo de energía eléctrica y hoy pago el doble; presume que nos proporciona energía limpia a través de las hidroeléctricas, pero no dice que todas las hidroeléctricas fueron construidas por los neoliberales, pues en ese sexenio no se construyó ni una sola presa; en cambio no dice que la CFE a su cargo pierde millones de pesos cada año y que la generación de energía eléctrica prende de un hilo, pues no tiene reservas lo que explica los continuos apagones que son el pan nuestro de cada día en todo el país.
El peje presume de haber disminuido la pobreza de 5 millones de mexicanos; esto es cierto pero se debió en parte a que el salario mínimo se incrementó de $88 a $2148, pero esto no es mérito del gobierno si no de los fifís que trabajan y pagan impuestos, pues este aumento lo tuvieron que pagar los empresarios; otro factor que ayuda a bajar la pobreza fueron las remesas que envían nuestros paisanos que trabajan en los estados unidos que alcanzan los 50 mil millones de dólares durante el Obrado -
rato, pero difícilmente puede ser a causa de la administración del Peje y más bien debería darle vergüenza que tantos mexicanos tengan que emigrar a otros países porque aquí no hay empleos suficientes; no dice en cambio que el número de mexicanos que cayeron en la pobreza extrema aumentó de 9 a 11 millones de mexicanos que viven en condiciones infrahumanas.
La deuda que dejó el Peje es la más grande en la historia de nuestro país, pues es de más de 6 billones de pesos que equivalen a más del 6% del PIB; la actual vicepresidenta promete disminuir del 6 al 2-6% esta deuda, pero no dice cómo se hará esta se hará esta reducción como no sea con la reducción en el gasto público, en salud, seguridad e infraestructura, pues el crecimiento económico será muy reducido tal vez de 1.5% este año y 1.3% en el 2025; El Banco de América ofrece pocas perspectivas de un crecimiento económico importante y la realidad es que es necesaria una reforma fiscal que el gobierno no quiere implementar, pues significa un aumento en los impuestos que no gustará desde luego a la población y menos con la disminución de las inversiones extranjeras, pues los inversionistas temen exponer su dinero al poder judicial que deja en la indefensión al sector productivo, pues las decisiones las tomará el gobierno y no hay quien lo detenga pues se acabó la independencia del poder judicial.
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DECLARACIÓN
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la ruta migratoria más peligrosa, no recomendable
ALERTA VIOLENCIA Grupo armado asesina a comandante de la Policía Municipal de Jacona, Michoacán
Un comandante de la Policía Municipal de Jacona y una mujer que lo acompañaba fueron asesinados durante un ataque armado ocurrido cerca de la medianoche del domingo 20 de octubre, mientras cenaban en el interior de un establecimiento de esa localidad.
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