El gobernador responsable de la inseguridad en Chiapas
Lo que faltaba para demostrar el desastre en Chiapas en materia de violencia y seguridad, que el gobernador niega reiteradamente, sucedió ayer, cuando pasadas la 21:30 horas empieza a correr la noticia de una balacera en Tuxtla PAG. 2
Chiapas vivió ayer el primer enfrentamiento armado en sus calles. Y pensar que hace apenas unos años la entidad estaba ajena a delitos como los colgados, los encajuelados, los descuartizados, las desapariciones por la delincuencia. Hoy todo eso está presente en Chiapas y se debe a un solo responsable: Rutilio Escandón..
Revelan audio de amenaza del CJNG contra el padre Marcelo Pérez asesinado en Chiapas
Una grabación compartida en redes sociales revela la amenaza de muerte presuntamente hecha por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al sacerdote Marcelo Pérez Pérez antes de ser asesinado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el pasado 20 de octubre
INSEGURIDAD
Balacera frente a la Unach deja a una menor y un hombre muertos
MOVILIZACIÓN Sale nueva caravana de migrantes del sur de México
El gobernador responsable de la inseguridad en Chiapas
Lo que faltaba para demostrar el desastre en Chiapas en materia de violencia y seguridad, que el gobernador niega reiteradamente, sucedió ayer, cuando pasadas la 21:30 horas empieza a correr la noticia de una balacera en Tuxtla, en el Boulevard Belisario Domínguez, enfrente de las instalaciones de la UNACH, a escasos trescientos metros de Rutilandia, lugar en donde habita Rutilio Escandón, quien prefiere hablar de asuntos banales o intrascendentales que abordar con la seriedad que se requiere de la violencia y la presencia del crimen organizado en Chiapas, quien el día de ayer la capital se convirtió ya en el campo de batalla que se había denunciado con anterioridad.
El pánico de ayer de quienes vivieron el trágico momento, que extraoficialmente se sabe que causó la muerte de una adolescente que viajaba en un transporte colectivo, y que sus sueños y proyecto de vida fueron arrancados en un instante, originado por las circunstancias, altera la convivencia en la ciudad, debido a que ese enfrentamiento armado es la máxima expresión de que la seguridad no camina bien en Chiapas y que nadie se encuentra a salvo de vivir
en un suceso como el de anoche, que de pronto se desata una balacera.
El discurso falso e irresponsable de Rutilio Escandón, que manifiesta la existencia de un Chiapas seguro, en el que afirma que actos de violencia en Chiapas son inventados por los medios de comunicación, se convirtió ya en un delito de omisión y aquiescencia, en el que el gobernador debe ser vinculado a proceso, en virtud a que él es el garante de la protección, la prevención, la investigación y la justicia en Chiapas, para que estos enfrentamientos armados, producto de la guerra que hay en Chiapas, no afecte a la población y los responsables de estos delitos sean castigados.
Pero el gobernador, en lugar de cumplir con este papel garante de la seguridad, niega y oculta los acontecimientos de violencia en la entidad y peor aún, mantiene en sus cargos a un conjunto de funcionarios de las dependencias responsables de la seguridad, que están vinculados con la protección del crimen organizado; funcionarios que están plenamente identificados y señalados, y que gozan de impunidad y del respaldo del gobernante, sin duda porque le son útiles, especialmente en la colecta de los
sobornos que semanalmente son recibidos por los dos cárteles que mantienen la disputa del territorio, que han creado derechos y permisos para delinquir, a partir de los pagos que realizan a esos funcionarios y comandantes de las corporaciones policíacas.
Chiapas vive un narcogobierno y el gobernador, cabeza principal de ese desastre, está obligado a informar a manos de quién llegan los miles de dólares que religiosamente recoge su gobierno de parte de los dos cárteles. Su falso y desafortunado discurso rutilante, en el que niega y oculta la violencia en Chiapas, son un delito de omisión y aquiescencia, en el que se le pueden fincar responsabilidades, por el crimen de una menor, sufrido por la ausencia de políticas de prevención y protección en la entidad, a sabiendas de que se conoce con anterioridad, de que ambos cárteles están acumulando pertrechos de guerra, como los decomisados por el ejército el pasado lunes 11 de noviembre en un predio en el libramiento norte, en el que hace prever de enfrentamientos en Tuxtla, pero Rutilio Escandón no oye ni escucha, solo está atento a los beneficios que él puede obtener del negocio llamado Chiapas que tiene en sus manos.
Revelan audio de amenaza del CJNG contra el padre Marcelo Pérez asesinado en Chiapas
Andrés Martínez Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Una grabación compartida en redes sociales revela la amenaza de muerte presuntamente hecha por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al sacerdote Marcelo Pérez Pérez antes de ser asesinado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el pasado 20 de octubre.
El sacerdote en Chiapas fue contactado por un supuesto miembro del CJNG, quien le ofreció protección a cambio de colaboración. Durante la conversación, el interlocutor del cártel mencionó que el sacerdote gozaba de una buena reputación dentro de la comunidad eclesiástica y que su seguridad personal, así como la de su familia y feligreses, dependía de su alineación con la organización criminal.
“Yo quiero hacerle saber, Padre, que en estos momentos no vengo representando a alguna agrupación gubernamental. Quiero hacerle saber que vengo representando al Cártel de Jalisco Nueva Generación, los cuales venimos retomando esta plaza en Chiapas, claramente a la orden del señor Nemesio Oseguera Cervantes, del
El sacerdote fue atacado a balazos tras salir de la parroquia de Cuxtitali en San Cristóbal de las Casas
señor Mencho”, se escucha decir en un audio que fue compartido en Tik Tok.
Infobae México pudo confirmar con el centro de derechos de las víctimas de violencia Minerva Bello la veracidad de este audio que fue compartido en la cuenta @chemy.junior.lope.
“Me imagino que sí ha escuchado usted hablar de mi organización presente y operando en todo el Estado y sabe muy bien con qué tipo de persona trata en estos momentos, ¿Es correcto, padre?”, se escucha decir a una persona en la llamada que fue presuntamente grabada por el sacerdote.
El diálogo, que se desarrolló en un tono intimidante, incluyó referencias a la violencia que ha afectado a la región y a la necesidad de pactos para reducir el índice de criminalidad. El representante del cártel insistió en que el sacerdote Marcelo debía decidir si quería tener al CJNG como aliado o como enemigo, sugiriendo que la protección ofrecida sería efectiva durante los seis años que planeaban operar en la zona. “Si yo me dirigí hacia usted por esta vía es porque no creo que sea grato a su persona que yo tuviese que interrumpir en alguna celebración suya
de misa o cualquier festejo tradicional en la parroquia y tenga que desatar una masacre a mansalva dentro de ella. Claramente dejándole la cabeza de sus fieles seguidores, sus feligreses, en el umbral de su hermosa y linda parroquia. No creo que sea necesario, ni creo que sería algo grato a su persona. ¿O sí padre?”, dice la amenaza al padre. A lo largo de la conversación, el miembro del CJNG intentó persuadir al sacerdote de que su cooperación era esencial para garantizar la seguridad de su comunidad, mencionando la presencia de sicarios cerca de la parroquia como una forma de presión. El sacerdote, por su parte, reiteró su compromiso con la paz y su confianza en Dios, evitando comprometerse con las demandas del cártel.
Marcelo Pérez, de 51 años, fue baleado el domingo 20 de octubre de 2024, tras oficiar misa en la parroquia del barrio Cuxtitali. Un video de una cámara de vigilancia captó el momento exacto del ataque contra el sacerdote por parte de dos hombres a bordo de una motocicleta. Con información de Infobae.
Sale nueva caravana de migrantes del sur de México
Associated Press Tapachula, Chis. (Tribuna)
Un nuevo grupo de unos mil 500 migrantes salió este miércoles del sur de México con la intención, según dicen sus integrantes, de llegar a Estados Unidos antes de que Donald Trump asuma la presidencia el próximo 20 de enero. Temen que después de esa fecha se cierren las opciones legales para migrar y comiencen las deportaciones masivas.
Esta es la sexta caravana que sale de Chiapas, estado fronterizo con Guatemala, en menos de dos meses, incluyendo dos que partieron el día de las elecciones estadounidenses. Todas son disueltas poco después de su salida pero eso no impide que se vuelva a organizar la siguiente.
Estas son algunas claves para entender este fenómeno.
¿Por qué se forman las caravanas?
En Tapachula, la ciudad conocida como la capital de la frontera sur de México, se acumulan muchos migrantes que entran irregularmente a México. Muchos intentan regularizar su situación en esa ciudad o solicitar una cita de asilo en Estados Unidos con la aplicación CBPOne.
Como los trámites son lentos, no hay trabajo y la inseguridad ha crecido mucho en Chiapas, los migrantes se desesperan. Por eso, cuando escuchan
sobre la opción de avanzar en grupo, optan por salir caminando con la esperanza de que más al norte tengan mayores posibilidades de avanzar hacia Estados Unidos.
Además, muchos se sienten más seguros al viajar en grupo y creen que así pueden evitar ser víctimas de las amenazas, extorsiones, secuestros y abusos por parte de miembros del crimen organizado y de autoridades corruptas.
¿Por qué ha habido más en los últimos meses?
El duro discurso anti-inmigrantes que tuvo Donald Trump durante la campaña electoral estadounidense y las ofertas que ha hecho ya como presidente electo sobre deportaciones masivas e incluso sobre el cierre de la frontera, han alarmado a muchos migrantes.
Además, temen que Trump acabe con la principal vía legal para llegar a Estados Unidos, la aplicación de citas por internet CBPOne, con la cual casi 1 millón de personas han ingresado a ese país desde enero de 2023 para solicitar asilo.
Muchas de las personas que quieren optar por esa vía, que ofrece citas para 1.450 migrantes diarios, confían en que si están más al norte será más fácil llegar a la frontera cuando salga su cita y por eso se unieron a las caravanas.
“Vamos con la esperanza que nos salga rápido la cita para poder pasar antes que él (Trump) llegue a la presidencia”, explicaba el miércoles la venezolana
Yotzeli Peña, de 23 años, una de las integrantes de la más reciente caravana. ¿Cómo se organizan?
A través de las redes sociales, chats de WhatsApp, Facebook o, ahora también, TikTok, lo que hace difícil saber quién es el artífice de cada convocatoria.
Al principio fueron más espontáneas porque los migrantes pensaban que, al ir en grupo, era más de . Luego han sido alentadas por activistas y muchas suelen coincidir con citas importantes en las que la migración está en la agenda, con el objetivo de sensibilizar sobre la situación y los peligros que enfrentan miles de extranjeros que cruzan México.
Sin embargo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador denunció en varias ocasiones que las caravanas tenían objetivos políticos y diversas organizaciones civiles alertaron que los traficantes de migrantes se pueden lucrar con ellas y engañar a sus integrantes.
¿Hasta dónde llegan las caravanas?
Las únicas que llegaron a la frontera con Estados Unidos fueron las primeras, que partieron de Honduras y tuvieron lugar a finales de 2018 y a principios de 2019, coincidiendo con el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
En octubre de 2020, en vísperas de las elecciones en las que Trump intentó
reelegirse frente a Joe Biden, también se formó una caravana que partió de Honduras y llegó a sumar más de 3.000 personas, pero fue bloqueada y disuelta por las fuerzas de seguridad de Guatemala.
Las más recientes se han organizado en el sur de México y se han disuelto antes de salir del sur, incluyendo una de 5.000 personas de octubre de 2023. Generalmente, las autoridades mexicanas los dejan avanzar durante días, hasta que sus integrantes —muchas veces, familias enteras con niños— acaban agotándose. Es lo que Emilio Luna, integrante de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes en México, llamó una práctica de “desarticulación”. Las autoridades suelen trasladar a los migrantes a distintos puntos. El objetivo, dicen, es llevarlos a lugares menos congestionados, en donde sus trámites sean más ágiles, pero las organizaciones civiles denuncian que los dejan desamparados y a merced de los cárteles.
Balacera frente a la Unach deja a una menor y un hombre muertos
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
Este miércoles por la noche se registró una balacera frente a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chiapas, dejando un saldo de una menor de edad y un hombre de 35 años de edad sin vida.
Los reportes oficiales informaron que, este hecho ocurrió cuando civiles armados y elementos policíacos se enfrentaron a balazos en el Bulevar Belisario Domínguez.
En el lugar se dio a conocer que todo se derivó de una persecución entre los dos bandos.
Testigos relataron que, el intercambio de balas tardó más de cinco minutos.
Los clientes de una conocida taquería dieron a conocer que fueron
Los reportes oficiales informaron que, este hecho ocurrió cuando civiles armados y elementos policíacos se enfrentaron a balazos en el Bulevar Belisario Domínguez
los ocupantes de una camioneta Ram de color rojo blindada los que abrieron fuego contra los elemen -
Muere una adolescente de 16 años al quedar en fuego cruzado en balacera del boulevard belisario domínguez de tuxtla gutiérrez
Redacción/ Retrospectiva
Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Dos persomas perdieron la vida, durante un enfrentamiento entre policias y delincuentes en el boulevard Belisario Domínguez de Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la Universidad Autónoma de Chiapas Unach, la noche de este miercoles.
De acuerdo con la Policía Estatal, unos sujetos viajaban a bordo de una camioneta ram de color roja, y se toparon contra otras unidades y se enfrentaron quedando sin vida el conductor de la unidad.
En tanto, otra unidad del servicio colectivo, quedó en medio del fuego cruzado y una menor de edad de aproximadamente 16 años perdió la vida y varias personas resultaron lesionadas. Asimismo una dama
quedó tirada a la altura de un hotel cercano al lugar de los hechos.
Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal Preventiva y Ejército Mexicano, socorristas de la Cruz Roja y elementos de la Guardia Nacional. Comensales de los restaurantes cercanos se tuvieron que resguardar como pudieron y abandonaron los lugares tras la llegada de la Policías estatales, quienes prohiben grabar videos con los celulares.
Asimismo, familias que se encontraban en plaza cristal se tuvieron que resguardar. Dos elementos del servicio Cometra con sus armas se tiraron a la acera de la plaza para resguardarse.
La unidad de color roja quedó en medio de los carriles y fue resguardada por los uniformados. En tanto se impidió el paso vehicular.
tos policíacos que repelieron la agresión.
Por esta razón una menor que
viajaba al interior de una unidad de transporte colectivo de la ruta A fue alcanzada por una bala y perdió la vida al interior de la Urvan.
Un hombre de unos 35 años de edad también perdió la vida y quedó tendido sobre el pavimento.
Sobre los responsables nada se sabe hasta el momento y las autoridades tampoco han emitido información oficial al respecto.
Al lugar arribaron peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes, levantaron los cuerpos y los trasladaron al Semefo donde se practicará te envío la foto a tu eat la necropsia de ley.
Amarran a integrante de comité de padres de familia por presunto desvío de fondos en San Cristóbal
Óscar Gómez/ Corresponsal San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
En un hecho que generó controversia, una integrante del comité de padres de familia de la escuela Sor Juana Inés de la Cruz fue amarrada a una estructura dentro del plantel escolar, acusada de gastar indebidamente una cooperación y no rendir cuentas sobre un proyecto de obras.
Padres de familia señalaron un faltante de 90 mil pesos y exigieron la devolución del dinero. Según trascendió, durante la madrugada de este miércoles se acordó que la
pareja de la señalada entregaría el monto reclamado a las 4 de la tarde. En caso de incumplimiento, los padres advirtieron que procederían a entregarlos a las autoridades competentes.
Aunque se desconoce si el dinero fue entregado, no se reportaron más represalias contra la pareja tras el incidente.
El caso pone en evidencia tensiones crecientes entre padres de familia por la gestión de recursos escolares, subrayando la necesidad de mayor transparencia en el manejo de fondos en comités escolares.
Jairo Camacho.
Jornada de balaceras y bloqueos en Tamaulipas deja siete muertos
AP CIUDAD VICTORIA, México (AP)
La parte central del estado de Tamaulipas, fronterizo con Texas, vivió el martes una tensa jornada con balaceras y cierres de carretera que, según informaron autoridades el miércoles, acabaron con la muerte de siete personas, entre ellos tres policías estatales, además de cinco agentes heridos y la cancelación en cuatro municipios de celebraciones previstas para el miércoles.
También en el estado de Sonora, fronterizo con Arizona, las autoridades informaron de otro ataque ocurrido el miércoles donde murieron cuatro personas, entre ellos un policía, y tres agentes de seguridad —dos estatales y un marino— resultaron heridos.
Los lugares donde tuvieron lugar los ataques en ambos estados son zonas estratégicas en el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos.
La Vocería de Seguridad de Tamaulipas, dijo que los hechos ocurrieron en el municipio de San Fernando y sus alrededores, donde se multiplicaron durante el martes los bloqueos de carretera y las alertas por balaceras.
Esa zona es un territorio en disputa entre distintas facciones del Cártel del Golfo.
Un primer ataque contra policías estatales tuvo lugar el martes por la mañana y en él murieron dos agentes y tres presuntos miembros del crimen organizado, confirmó la vocería. Las fuerzas de seguridad incautaron una camioneta, armas largas, cha-
Rodulfo Reyes
VILLAHERMOSA, Tab (apro)
Drogas, así como armas blancas y cortas se aseguraron durante un cateo realizado esta mañana por la Policía en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset).
Aunque las autoridades aseguraron que se trató de un operativo dentro del programa “Tabasco Seguro”, en redes sociales circularon imágenes de humo saliendo de las instalaciones del penal.
Ese operativo “rutinario” provocó una fuerte movilización policiaca en la zona que causó temor en la ciudadanía.
El vocero del Gobierno de Tabasco, Fernando Vázquez Rosas, indicó que la movilización se debió a la implementación del operativo “Tabasco Seguro”, el cual dejó como resultado el aseguramiento de droga, armas blancas y armas cortas.
La Vocería de Seguridad de Tamaulipas, dijo que los hechos ocurrieron en el municipio de San Fernando y sus alrededores, donde se multiplicaron durante el martes los bloqueos de carretera y las alertas por balaceras
lecos antibalas y granadas de fragmentación.
El evento provocó balaceras y persecuciones. Para evitar ser detenidos, los individuos armados pararon camiones de carga pesada y los atravesaron en dos puntos del tramo de carreteras federal que conduce de San Fernando a Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas.
La Guardia Nacional, el Ejército y la policía estatal liberaron la autopista donde se habían originado largas filas pero la situación siguió tensa durante toda la jornada.
El miércoles, la vocería confirmó un nuevo ataque a última hora del martes donde murió otro policía y otro presunto miembro del crimen
organizado. Los policías “fueron agredidos por civiles armados que se encontraban a un costado de la carretera, por lo cual repelieron agresión”, indicó este departamento. Municipios cercanos a San Fernando, como Méndez, Burgos y Cruillas, anunciaron a través de sus redes sociales la suspensión del desfile que se iba a realizar este miércoles por el Día de la Revolución Mexicana y tras el ataque armado por la noche, la alcaldía de San Fernando hizo lo mismo.
Con respecto al suceso ocurrido el miércoles de madrugada en la frontera entre Sonora y Arizona, la fiscalía de ese estado indicó que policías investigadores de Sonora y miembros de la Marina “fueron em-
bestidos deliberadamente por un vehículo” que circulaba a alta velocidad y con las luces apagadas.
“Los ocupantes del vehículo abrieron fuego contra las autoridades; en respuesta, el personal del operativo de seguridad repelió la agresión, neutralizando a tres sujetos armados que permanecen sin identificar”, indicó la fiscalía en su comunicado.
Según las autoridades, el ataque fue la reacción a un operativo realizado por las fuerzas de seguridad en esa zona donde aseguraron vehículos robados en Estados Unidos, camionetas blindadas, cartuchos y se destruyó un campamento improvisado y una antena repetidora utilizada para actividades ilícitas.
Operativo en penal de Villahermosa
provoca
temor en la ciudadanía
Señaló que el humo que se veía desde afuera se debía a que algunos internos “se agruparon e hicieron quema de basura en el patio central”.
El problema en el Creset se da en los momentos en que en el estado se vive un clima de violencia, provocado por el pleito entre cárteles que se disputan la plaza, según la versión gubernamental.
Dos muertos y un herido dejó anoche un ataque a balazos en la colonia Tamulté del municipio de Centro, que comprende la capital Villahermosa.
El ataque armado ocurrió afuera de un depósito de cervezas ubicado en la esquina de las calles Independencia e Ignacio Allende.
Los atacantes iban a bordo de una
camioneta, de la que descendieron con armas largas que accionaron
contra las personas que estaban en el lugar.
Congreso de Zacatecas deroga leyes que criminalizan aborto y aprueba reforma por la despenalización
Arantza Díaz
Ciudad de México. (Cimacnoticias)
El Congreso Local del estado de Zacatecas ha conseguido despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación con un total de 21 votos a favor y 6 en contra. Esto se logra luego de que un Tribunal Colegiado ordenara, en agosto de este año, eliminar el delito del aborto en Zacatecas, pues según determinó, todos los artículos contenidos en el Código Penal local que criminalizan y castigan el aborto, son inconstitucionales.
Esta es una victoria importante en el panorama nacional, pues recordemos que hasta hace un par de meses, el aborto también fue despenalizado en Puebla y Nayarit. El movimiento parece arrancar esta segunda mitad del año con mucha fuerza y cada vez, se instan a otras entidades a adoptar las mismas medidas que, de hecho, ya fueron demandadas por la Suprema Corte de Justicia cuando en 2021 se despenalizó el aborto a nivel federal.
A través del trabajo de GIRE, se logró que el delito del aborto sea erradicado de todos los códigos y que se reconozca esta práctica como un derecho que debe ser proporcionado por servicios de salud. Quedando así, conformadas las siguientes dos aseveraciones:
Son inconstitucionales los artículos que prohíben de forma absoluta el aborto voluntario en el Código Penal de Zacatecas
El Congreso local debe derogar el delito del aborto autoprocurado y consentido
De esta manera, Zacatecas se convierte en la entidad número 16. Quedando así, el mapa de las entidades donde se ha despenalizado el aborto: CDMX, Oaxaca, Hidalgo, Coahuila, Veracruz, Baja California, Baja California Sur, Colima, Sinaloa, Guerrero, Quintana Roo, Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Nayarit, y ahora, Zacatecas.
Una historia de criminalización en Zacatecas
En Zacatecas, el aborto era penalizado por el artículo 311
Esta es una victoria importante en el panorama nacional, pues recordemos que hasta hace un par de meses, el aborto también fue despenalizado en Puebla y Nayarit. El movimiento parece arrancar esta segunda mitad del año con mucha fuerza y cada vez, se instan a otras entidades a adoptar las mismas medidas que, de hecho, ya fueron demandadas por la Suprema Corte de Justicia cuando en 2021 se despenalizó el aborto a nivel federal
que establecía una pena de cuatro meses a un año de prisión a la mujer que, voluntariamente, procurara y consintiera el aborto con alguna de estas 4 circunstancias
No tenga mala fama
Haya logrado ocultar su embarazo
Éste sea fruto de una unión ilegítima
El aborto se efectúe dentro de los primeros cinco meses de embarazo
El aborto sólo se permitía en la entidad cuando pusiera en riesgo la vida de la mujer, el embarazo fuese resultado de un abuso sexual o si se trataba de un «aborto culposo» (es decir, accidental).
Asimismo, es necesario referir que desde 2015 al 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró que habían 24 mujeres zacatecanas que fueron criminalizadas por interrumpir su embarazo. Según el órgano, estas mujeres fueron detenidas en los siguientes años:
2015 Dos mujeres detenidas
2016 Una mujer dete-
nida
2017 Una mujer detenida
2018 Cuatro mujeres detenidas
2019 Sin registro de casos
2020 Tres mujeres detenidas
2021 Seis mujeres detenidas *número más alto registrado
2022 Tres mujeres detenidas
2023 Cuatro mujeres detenidas
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), 2023
Según refiere el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo, en 2019 95 mujeres viajaron a la capital para acceder al aborto. La tendencia más alta de las mujeres que vienen a la capital a ejercer este derecho, son estudiantes de preparatoria y superior, de entre 18 a 24 años.
Las colectivas feministas ya habían tocado las puertas del Congreso con anterioridad, además, se contaba con registro de dos dictámenes que per-
manecieron dormidos para las autoridades zacatecanas. Un momento cumbre que parecía traer la victoria de la marea verde se dio el 31 de mayo del año pasado, cuando una de las reformas fue sometida a votación para derogar las leyes que criminalizaban a las mujeres. Legisladores opositores del PRI y PAN votaron en contra del dictamen, lo que zanjó el tema y produjo la rabia entre las colectivas que cuestionaron que, siquiera, se habían mostrado justificantes para haber rechazado la iniciativa. Hoy, este pasaje ha quedado en el pasado y fue gracias a la insistencia de las colectivas que se ha hecho historia en tierras zacatecanas para que las mujeres puedan acceder a sus derechos sexuales y reproductivos, recordando así, que la penalización no elimina el aborto, pero si perpetúa el embarazo no deseado, las uniones forzadas, el aborto inseguro con métodos riesgosos y la muerte materna en adolescentes y mujeres. La marea verde ya va a la mitad del camino; faltan otras 16 entidades para conquistar todo México.
El presupuesto para 2025 es “muy responsable”, se garantizan los programas sociales: Sheinbaum
Dalila Escobar CIUDAD DE MÉXICO (apro)
El presupuesto para 2025 es “muy responsable”, se garantizan los programas sociales y, además, habrá reducciones en algunas áreas del gobierno y el salario de la presidenta y otros altos funcionarios no tendrá aumento, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.
En el caso de los programas, aunque la Secretaría de Bienestar tendrá cerca de 550 mil millones de pesos, en total, con los tres nuevos programas sociales sumarán más de 700 mil millones de pesos.
Negó que se redujera el presupuesto para la salud. “Es falso. El tema es que ahora aparece directamente en el IMSS-Bienestar; el año pasado todavía aparecía una parte en lo que se llamaba “Insabi”. Y ahora, viene completo para las 23 entidades de la República que ya están en el IMSS-Bienestar, en el IMSS-Bienestar; entonces hay que sumarle al presupuesto de salud lo que está en el IMSS-Bienestar”.
Sobre la educación dijo que se había hecho “una reducción también en lo que tenía que ver con universidades públicas, cosa que se va a corregir
De la Redacción Ciudad de México (apro)
La escritora Sabina Berman contestó al comunicado que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en defensa de la titular Rosario Piedra Ibarra. En la comunicación la CNDH nombró y cuestionó las pruebas de la periodista para sustentar sus opiniones, después de que ella criticara los resultados de la titular en un artículo publicado en El Universal.
A través de su cuenta de Twitter, ahora X, Berman compartió el comunicado de la CNDH agregando su propia respuesta en la que señaló: “Según cifras publicadas por la misma institución, la CNDH de la @RosarioPiedraIb recibió durante el sexenio 82 mil 626 reclamos de personas y sólo emitió 1 mil 270 recomendaciones. Es decir, atendió el 1.5% de los reclamos”.
Previamente la CNDH había cuestionado a la periodista: “Dice la señora Berman, por ejemplo, que en la Comisión Nacional con Rosario Piedra se defiende al Poder y no a las víctimas. Por lo que, si bien ya no nos sorprende tanta
Sobre la educación, la presidenta dijo que se había hecho “una reducción también en lo que tenía que ver con universidades públicas, cosa que se va a corregir porque no debe ser así”
porque no debe ser así”.
Otras disminuciones tienen que ver con la conclusión de obras prioritarias que se tuvieron en el sexenio anterior. Aunque se mantiene el presupuesto para el Tren Maya hasta que concluya.
“El Interoceánico con la Línea K; está el presupuesto para los nuevos trenes a Querétaro y a Nuevo Laredo, y hacia el Pacífico; y el Tren México-Pachuca, ya está contemplado ahí”, dijo.
Habló de otros ajustes en el gobierno: “Tomé la decisión de que no
aumente el salario en los seis años que estemos aquí: de la presidenta, ni de todos los funcionarios, servidores públicos de confianza, de alto nivel. No va a haber aumentos en términos, ni reales ni nominales”, por lo que no habrá aumentos en salarios de todos los directores generales y jefes de unidad.
“Hay una disminución que no afecta la operación en algunas áreas que todavía podían disminuir. Entonces, es un presupuesto muy responsable”, añadió.
También estimó que habrá un crecimiento económico de alrededor de 2.3 por ciento. “Hay quien dice que “no va a ser así”. Sí va a ser así, vamos a estar trabajando. El secretario de Economía tiene un portafolio de inversiones muy importante para México; y, además, estamos trabajando en una serie de acciones de inversión mixta, que son muy importantes”. Sin las asociaciones público-privadas, dijo, aún habrá espacio para la inversión sin perder soberanía, y otros esquemas de inversión en distintas áreas de la economía nacional.
También afirmó que no aumentará la deuda con relación al PIB. “Este año hubo un ligero aumento de la deuda, entre otras cosas, por el tipo de cambio y otros temas, pero no estamos planteando, es decir, se mantiene la relación deuda-PIB”, detalló.
La mandataria federal adelantó que el déficit se plantea en 3.9 por ciento general y presupuestal de 3.1; y se van a aumentar los ingresos por varias acciones, pero sin necesidad de una reforma fiscal.
Sabina Berman responde a la CNDH de Rosario Piedra: “Sólo atendió 1.5% de los reclamos”
bajeza, sí nos obliga a preguntarle frontalmente: ¿De qué habla? ¿Dónde están sus pruebas? ¿Las tiene? Y si es así, que las presente, no que busque presionar narrativas fantasiosas surgidas, como otras tantas, de sus filias y sus fobias, pero no de la realidad”, escribió el organismo.
En la respuesta del organismo también se aludió directamente a Berman acusándola de mantener “estrechos vínculos con intereses políticos y económicos de corte conservador, justo con los que ahora se hacen una sola voz para desvirtuar los avances logrados durante la gestión de Rosario Piedra al frente de la CNDH”
Ante ello Berman, voz afín al partido de Morena, cuestionó qué buscaba la CNDH al dirigirse a ella de una forma tan directa y personal.
“Lo de menos son los nombres famosos y los adjetivos. Importa una Comisión que proteja los derechos de la gente de a pie ante la enorme fuer-
za del ejército, la Guardia Nacional y las policías. Si el dato es falso, que la señora Piedra lo corrija. Si es verídico, que lo expliqué. Y si no, ¿para qué ataca a una civil? ¿Para ejemplificar cómo usa la fuerza de una institución del Estado contra una periodista?”
Por último, la periodista remató: “Tendré que pedir amparo ante la CNDH contra usted y su CNDH, a
ver qué hace”.
Diversas asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, así como defensores de derechos humanos como Centro Prodh, la Asociación Movimiento Nacional por la Salud, y el Observatorio Designaciones, se han manifestado en contra de la reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH.
El INE pide aplazar la elección de jueces y magistrados
Mathieu Tourliere CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Apenas instalada la comisión especial para la organización de las elecciones de integrantes del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral (INE) pidió al Senado que aplace 90 días los comicios para elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que del 1º de junio de 2025 se posponga al 1º de octubre del año entrante.
En una petición dada a conocer hoy por Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, el Consejo General del INE recordó que las labores del organismo electoral estuvieron paralizadas durante dos meses por las 366 suspensiones judiciales que le prohibían realizar actividades relacionadas con la elección de jueces, por lo que pidió extender “noventa días posterior” la jornada electoral.
En la carta, de 11 cuartillas, el INE aseveró que atender las suspensiones
CIUDAD DE MÉXICO (apro).
Relatoras de Naciones Unidas sobre Derecho a la Privacidad y Protección y Promoción de Libertad de Opinión y Expresión exhortaron a Claudia Sheinbaum “reconsiderar” la eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ante la inminente “merma democrática” que generaría la disolución del órgano.
En un extenso documento fechado el 28 de agosto en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, firmado por Ana Brian Nougrères e Irene Khan, relatoras sobre derecho a la privacidad y libertad de expresión, respectivamente, manifestaron su preocupación por la pretensión de eliminar el órgano autónomo, sin definir en la reforma cómo garantizar la imparcialidad en materia de transparencia y acceso a la información, amén de que su desaparición “podría socavar el derecho a la privacidad en el país”.
Tras una revisión de la iniciativa de reforma constitucional para la desaparición de los órganos autónomos presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de este año, las relatoras alertaron que “la iniciativa no es explícita respecto de dónde recaen las competencias del INAI”; no contempla todas las funciones que actualmente tiene el órgano, e incluso otorga competencias para el acceso a la información y datos personales de los partidos políticos al “Instituto Nacional de Elecciones y Consultas”, que
En una carta enviada al Senado, el organismo electoral asegura que necesita 90 días más para diseñar, imprimir y distribuir las boletas; diseñar el marco geográfico de los comicios y capacitar al personal, entre otras acciones necesarias para el inédito proceso
generó un “retraso considerable” en la organización de las elecciones, que podría “poner en riesgo la celebración de las elecciones en distintos aspectos, en específico, las acciones relativas al carácter organizacional y reglamentario”; aparte, señaló que “la implementación de un nuevo proceso trae consigo factores que no se han visto en experiencias pasadas y podrían supo-
Relatoras
a
ner problemas de distinta naturaleza”. El INE recalcó que necesita 90 días más para diseñar, imprimir y distribuir las boletas; para diseñar el marco geográfico de las elecciones; para capacitar al personal que integrará las mesas directivas de casillas y reclutar a los supervisores y capacitadores; emitir licitaciones de bienes y servicios; y asegurarse que los gobiernos estatales
adhieran al proceso electoral. El instituto sigue sin definir el protocolo para llevar a cabo este proceso electoral inédito, y tampoco existe claridad sobre el presupuesto del que dispondrá para llevar a bien la tarea. El Consejo General pidió 13 mil 205 millones de pesos, pero la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los líderes de Morena en el Congreso le exigieron que reduzca el monto. Este miércoles sesionó por primera vez la comisión especial del INE que estará a cargo de organizar las elecciones de jueces; esta comisión tuvo que esperar que la luz verde del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que el lunes pasado pidió al INE y el Senado hacer caso omiso a las suspensiones y continuar con la organización del proceso electoral.
de la ONU abogan por el INAI y piden
Sheinbaum reconsiderar su desaparición
aún no existe, además de que “genera incertidumbre, y que la iniciativa pareciera olvidar que el INAI es un regulador federal” en materia de protección de datos personales de particulares.
“Esta incertidumbre implicaría, en primer lugar, mermar la esencia de la transparencia como mecanismo de democratización en el ejercicio del poder público”, advirtieron las especialistas.
Ante la propuesta de fragmentar las funciones del INAI, se “generaría una afectación sustantiva a los derechos constitucionales reconocidos para la sociedad y una merma democrática en relación con la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales”.
Resaltaron que “atomizar” este órgano autónomo “nulificaría el potencial que tiene como mecanismo de democratización del poder público”.
Peor aún, “la desaparición del INAI y la fragmentación de sus competencias podría debilitar la protección de la privacidad, ya que la fragmentación de responsabilidades puede conducir a una falta de coherencia y eficacia en la aplicación de las leyes de protección de datos personales”, así como “podría llevar a una mayor vulnerabilidad de los datos personales y una disminución en la protección de la privacidad de los ciudadanos”.
Las relatoras recordaron que durante la visita a México de los relatores
especiales para la libertad de expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2011, “quedaron impresionados con los conocimientos de la institución (INAI) y con su compromiso de velar por un acceso proactivo y por procesos transparentes y accesibles para solicitar información”.
Ante la eventual desaparición el INAI, “sin establecer mecanismos alternativos integrales y comprensivos”, las relatoras consideraron que “podría debilitar la rendición de cuentas y la posibilidad de participar activamente en la vida pública que la creación de esta entidad perseguía”.
En el pronunciamiento, las relatoras instaron al gobierno de Claudia Sheinbaum “reconsiderar la decisión de eliminar el INAI y las medidas conducentes a dicha supresión, así como explorar mecanismos alternativos comprehensivos y transversales para garantizar la transparencia, el acceso a la información y la privacidad de la ciudadanía”.
Tras ofrecer asistencia técnica al gobierno de Sheinbaum, las especialistas le requirieron dar respuesta a la comunicación, así como explicar “cómo se garantizará la protección de los datos personales sin un órgano autónomo como el INAI”.
De la misma manera, pidieron información sobre “las medidas que se
tomarán para asegurar la transparencia y el acceso a la información pública sin la supervisión el INAI, indicando las entidades que serán encargadas de ello”; que indique “concretamente” cómo garantizar que “no se debilite a los mecanismos e rendición de cuentas y transparencia esenciales para una democracia, y los mecanismos que se implementarán para asegurar que los ciudadanos sigan teniendo acceso a la información necesaria para participar activamente en la vida pública”.
Entre las inquietudes que plantearon a Sheinbaum es “cómo se alineará la reforma con las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos, específicamente en relación con la privacidad y la protección de datos”; informar sobre “qué entidad asumirá la responsabilidad de revisar y resolver recursos relacionados con el acceso a la información y la protección de datos personales”, y cómo “se asegurará que esta entidad sea autónoma y no esté sujeta a influencias políticas”.
Gloria Leticia Díaz
México ha tenido 20 años de “estrategia fallida” por la militarización: Amnistía Internacional
Después de 20 años de recurrir a las Fuerzas Armadas al frente de la seguridad pública en México, la persistencia de la violencia en el país alerta que “esta estrategia ha sido fallida, ya que sólo no ha ayudado a reducir el crimen y la violencia que afecta al país, sino que ha generado un ambiente propicio para que integrantes de las Fuerzas Armadas violen los derechos humanos cuando llevan a cabo sus actividades de seguridad pública”.
Así lo considera Amnistía Internacional en su más reciente informe “Cambiando el paradigma. De la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos”.
El informe hace un recuento de datos duros que evidencian la “estrategia fallida”, implementada de manera intensiva de 2007 a 2024, periodo en el que “al menos 101 mil 933 personas han desaparecido y 452 mil 254 han sido asesinadas, entre ellas 49 mil 100 mujeres, 140 periodistas y 221 personas defensoras del territorio, la tierra y el medio ambiente”.
El documento refiere que la estrategia de militarización sostenida en las últimas administraciones no sólo ha incorporado a los elementos castrenses sino que ha impuesto una doctrina entre las corporaciones policiacas de “obediencia y heroísmo”, privilegiando la contratación de personal con antecedentes militares o pertenencia a las Fuerzas Armadas.
“La decisión de los sucesivos gobiernos de emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública implica abordar los problemas de seguridad con una lógica similar a un conflicto armado. Esto significa que, a partir de la construcción de un enemigo, se privi-
legia el uso de la fuerza letal sobre otros medios, en lugar de buscar soluciones duraderas en que se respeten y garanticen los derechos humanos en todo momento”, señala el informe.
“El utilizar toda la fuerza del Estado en un espíritu de combare a un enemigo para intentar reducir el crimen y la violencia, sin atender factores sociales y culturales que propicia dichos actos, es una medida que tiene -al máximolimitados impactos positivos momentáneos y al corto plazo, pero puede contribuir desde el inicio a la comisión de violaciones a los derechos humanos”, evalúa Amnistía Internacional.
Aunado a ello, se advierte que la militarización de la seguridad pública ha implicado “un aumento de los estigmas relacionados con la corrupción policial, la ineficiencia a partir de la falsa idea de que todas las policías deben tener capacidades de ‘combate’ a grupos criminales”.
De hecho, esa narrativa ha servido para justificar la desaparición de la Policía Federal, para transitar hacia una Guardia Nacional, que sí bien en el papel nació en 2019 como una corporación civil, en los hechos se convirtió en un ente castrense, que ahora forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a partir de la reforma constitucional de reciente aprobación, una herencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tras una revisión histórica y legisla-
tiva del incremento de la presencia de Fuerzas Armadas en la seguridad pública desde el sexenio de Felipe Calderón, la organización hace un recuento del despliegue de las fuerzas castrenses por sexenio: de 2006 a 2012, de 48 mil 500; entre 2012 a 2018, 53 mil y de 2018 a 2022, de acuerdo a los datos más actualizados, se desplegaron a 73 mil 347 elementos castrenses. En el caso de la militarizada Guardia Nacional, el informe resalta que hasta noviembre de 2023 este organismo contaba con 128 mil integrantes, se habían edificado 295 cuarteles, había 124 más en construcción y 155 por edificar, además de que la Sedena ya había destinado 100 espacios a la Guardia Nacional.
Amnistía Internacional alerta que la estrategia de militarización de la seguridad pública “incumple las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos”, entre ellas la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la desaparición forzada de tres integrantes de la familia Alvarado en Chihuahua, que instruye al país a que en caso de recurrir a las fuerzas castrenses en materia de seguridad ciudadana, se haga “de forma extraordinaria y subordinada, regulada y fiscalizada por una autoridad civil”.
El documento da cuenta de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), desde 2019 hasta
agosto de 2024, contra la Guardia Nacional, mil 893, y contra la Sedena, 2 mil 279, motivadas por actos de privación de vida; tratos crueles, inhumanos o degradantes; actos de tortura, y detenciones arbitrarias.
La organización retoma parte de los expedientes revelados por Guacamaya, en los que se advierte que activistas de organizaciones de la sociedad civil, entre ellos de Amnistía Internacional, fueron objeto de seguimiento por parte de la Sedena, en tanto que en 2023 se dio a conocer que la Sedena utilizó el software Pegasus para espiar a integrantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y al presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, quienes “se encontraban investigando violaciones graves a derechos humanos cometidas por el Ejército”.
Amnistía hace una revisión exhaustiva de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y sentencias de la Co IDH contra México, que se contraponen con la estrategia militarizada del gobierno mexicano y que, desde su punto de vista, tendrían que ser tomadas en cuenta en el cambio de paradigma en materia de seguridad pública.
El informe reconoce los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil por presentar públicamente propuestas para superar la militarización, entre los que destacan el colectivo “Seguridad Sin Guerra”, que agrupa a 300 organizaciones, y “Resistencia Feminista Antimilitarista”, que reúne a 106 colectivas feministas.
El informe se basa en el intercambio de experiencias de 28 organizaciones sociales del país, con el objetivo de “recoger perspectivas y propuestas de las organizaciones desde una dimensión local y cercana a las realidades de las comunidades que conviven día con día con las estrategias militarizadas del Estado mexicano”.
Sheinbaum envió tres leyes secundarias en torno a la reforma Judicial
La presidenta Claudia Sheinbaum envió tres leyes secundarias en torno a la reforma Judicial relacionadas con la carrera y las sanciones ante irregularidades en el actuar de sus integrantes. Se trata de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, para armonizarlas con la reforma, reorganizar la forma en que se tiene que trabajar, sobre todo, la Corte, para establecer con claridad cómo van a trabajar.
Muy importante, se encuentran de una manera muy clara cuáles son las facultades del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina, de Disciplina Judicial. Esto, con la idea de que no exista arbitrariedad; hay todo un procedimiento que se tiene que seguir; cuáles
son los supuestos en los que tiene que actuar este Tribunal”, informó la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy.
Estará conformado por cinco personas que serán electas en 2025 y tendrán la calidad de magistrados.
“Se establece claramente cómo van a ser las supervisiones al trabajo de todos los integrantes del Poder Judicial. Insisto, tiene que haber certeza de cómo se va a trabajar y lo estamos estableciendo en esta nueva Ley Orgánica”, indicó.
Godoy recordó que el Consejo de la Judicatura se va a dividir en el Tribunal y el Órgano de Administración.
La otra ley es la de Carrera Judicial, “también para que no haya ninguna duda de que continúa la Carrera Judicial y cómo va a continuar esa Carrera Judicial”, con la que además buscan
fortalecer a la Escuela Nacional de Formación Judicial, que no sólo dará servicio al Poder Judicial, también se abre la posibilidad para que capacite a integrantes de Fiscalías y de Policías.
La tercera es la Ley de Responsabilidades Administrativas relacionada con la certeza de las faltas y las sanciones que se tendrán que aplicar. “Por primera vez, va a haber esta supervisión, va a haber este espacio que es el Tribunal en el que van a poder decir ‘actuó mal un juez’”.
No se trata, dijo, de dar facultades al Tribunal para eliminar resoluciones, será para imponer, en caso de que así se determine, las faltas y, de ser necesario, llevar ante Ministerio Público por sí hay algún delito.
“Estamos avanzando en la elaboración, sobre todo, de las leyes procesales.
Recuerden que en la reforma constitucional se les da un plazo para los casos en materia penal de un año y en los casos de materia fiscal de seis meses. Es necesario dotar de herramientas a los jueces también para que puedan cumplir con esos tiempos”. La funcionaria afirmó que van “muy avanzados y esperan, en los próximos días, presentar ante la presidenta las iniciativas de las leyes procesales.
Dalila Escobar CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Gloria Leticia Díaz CIUDAD DE MÉXICO (apro).
Más de 14 mil millones de archivos de la Plataforma Nacional de Transparencia, en riesgo por la eliminación del INAI
Alejandra González Ciudad de México, (Tribuna)
El futuro de 14 mil 958 millones de archivos que se encuentran en la Plataforma Nacional de Transparencia es incierto si el Congreso aprueba la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La ciudadanía le ha dado una “utilidad social” al acceso a la información, contrario a la idea de algunos políticos que “piensan que la plataforma es para molestar”, pues a través de ella pueden acceder a sus número de semanas cotizadas, historiales clínicos, sueldos, contratos y otros datos de instituciones públicas, señala la comisionada Julieta del Río Venegas.
En entrevista con Animal Político advierte que no sería legal que todos estos archivos que incluye la Plataforma Nacional de Transparencia, una herramienta tecnológica que alberga datos personales y de instituciones públicas a los cuales puede acceder la ciudadanía, pasen al Ejecutivo.
“No es legal (…) sí pueden tomar esos 270 (sujetos obligados) pero no pueden hacerse cargo de información de los Estados, del Poder Judicial, Legislativo, eso es lo que no se puede”.
Temas de salud entre las principales búsquedas en la plataforma de trans-
Lidia Arista
Ciudad de México, (Tribuna)
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum prevé una reducción en el presupuesto para el Instituto Nacional de Migración (INM) y para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), a pesar de las advertencias y presiones de Donald Trump para que México frene el flujo de migrantes hacia Estados Unidos.
De acuerdo con el Proyecto de Egresos de la Federación 2025, el INM y la Comar tendrían 1,747 millones 972,088 pesos para atender tareas relacionadas con migración. De aprobarse por la Cámara de Diputados, su bolsa presupuestal será 11% menor a los 1,948 millones 929,841 pesos que tuvieron en el año que está por concluir.
El Instituto Nacional de Migración sería la institución que más reducción tendría, al pasar de 1,897 millones 727,910 de pesos a 1,700 millones 105,266 de pesos, lo que implicaría una reducción de 14%.
De acuerdo con cifras del INM, en 2024 ha habido un incremento en las personas en situación irregular. Entre enero y agosto se tiene el registro de 925,085, la cifra es mayor a la registrada el año anterior, cuando se contabilizaron 778,907 personas en esa situación.
A partir de diciembre, el nuevo titular de la institución será Sergio Salomón Cespedes, aún gobernador de Puebla. Hace unas semanas, la presidenta Clau-
parencia
La comisionada Del Río Venegas detalló que los temas de salud son las solicitudes que más realiza la ciudadanía en la Plataforma Nacional de Transparencia y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentra en la posición número uno en materia de negativa de recursos.
“Lo que más usa la gente y más contiene son temas de salud, temas de justicia, el tema de la Fiscalía, tema en Pemex y también temas en la Secretaría de Educación. Quién es el top número uno de la Plataforma Nacional en negativas en el módulo de recursos, pues el IMSS”, sentenció.
“Hay mucha gente que acude al IMSS, al ISSSTE, a la Secretaría de Salud a preguntar por su número de semanas cotizadas, por su historial, por sus expedientes clínicos y se los están negando, estamos resolviendo cada ocho días eso.
¿Quién va a ser el órgano regulador que ayude a los ciudadanos a que el IMSS, ISSSTE, a que estas instancias entreguen información?”, cuestionó.
Futuro de incertidumbre para la plataforma y sus empleados y de vulneración para la ciudadanía
A horas de que se discuta la extinción del INAI, la comisionada reiteró el futuro de incertidumbre en el que se encuentran los casi 15 mil millones de archivos de la plataforma, pues dijo que es un tema que los tiene en una “incógnita brutal” porque desconocen si realizaron cambios a la iniciativa.
No obstante, aseveró que estarán pendientes a lo que determinen en la Cámara de Diputados para realizar las propuestas que consideren adecuadas, como es el resguardo de datos y que cada entidad solicite su información, aunque lo ideal, para Del Río, sería que la plataforma continúe su funcionamiento.
“Es que nos tienen en una incógnita brutal, porque no sabemos cómo venga la iniciativa, si es la misma, si la matizaron, tenemos que conocer la iniciativa mañana y lo que nosotros vamos a proponer es precisamente eso, el resguardo de los datos y la responsabilidad de cada entidad, de cada órgano de control, que
cada Estado le comente a su Ejecutivo y seguramente solicitará su información, pero no se trata de eso, se trata de buscar una alternativa”, declaró.
La comisionada insistió en que la Plataforma Nacional de Transparencia es una herramienta de los mexicanos cuya información no pueden entregar a quien no le corresponde “porque seremos sujetos de responsabilidades”. Añadió que tampoco es legal que los datos que contiene pasen a manos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, como se ha planteado, ya que solo pueden tomar los que corresponden al Poder Ejecutivo y hacerlo iría en contra del federalismo.
“No es legal (…) sí pueden tomar esos 270 (sujetos obligados) pero no pueden hacerse cargo de información de los Estados, del Poder Judicial, Legislativo, eso es lo que no se puede”.
Respecto a los riesgos y repercusiones, Del Río Venegas externó con un tono de preocupación que si la Secretaría de la Función Pública (SFP), que se transformará en la Secretaría Anticorrupción, toma los datos se abrirá una “vulneración tremenda” en el país debido que no habría certeza sobre la seguridad de la plataforma, cuando el instituto actualmente invierte 14 millones de pesos al año y le brindan mantenimiento a los 45 operadores para que no falle, además de que nunca ha sido hackeada.
Trump amenaza... y México contempla menos recursos para migración en 2025
dia Sheinbaum informó que lo había invitado a incorporarse a su equipo de trabajo.
“Es un hombre muy calificado, además una persona con muchas capacidades. Tengo mucho reconocimiento al gobernador, es no es un trabajo sencillo, pero precisamente por eso una persona tan capaz pues va a ocupar este espacio”, informó el pasado 8 de octubre en su conferencia matutina.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados también tendrá un recorte en su presupuesto. Para 2025 se prevén recursos por 47 millones 866,822 de pesos, lo que es 10% menor a los 51 millones 201,931 que tuvo la institución a cargo de Andrés Ramírez Silva en 2024.
Las solicitudes de asilo habían mostrado una tendencia al alza hasta 2023, cuando se marcó un nuevo récord con 140,754 peticiones de refugio.
En 2024 se perfila una reducción, pues entre enero y octubre son 66,179 las solicitudes, periodo en el que en 2023 ya sumaban 127,792 solicitudes presentadas.
El factor Trump
Ante el regreso de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, la presidenta de México aseguró que no hay de qué preocuparse, pues considera que
habrá una buena relación bilateral.
“No hay motivo alguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano. Va a haber buena relación con los Estados Unidos, estoy convencida de ello”, dijo horas después de que se conociera el nuevo triunfo del político republicano.
Sin embargo, como candidato a la Presidencia de Estados Unidos, Trump propuso una deportación masiva de migrantes que se encuentran de forma irregular en ese país. De ellos, 4 de cada 10 son de origen mexicano.
“Tan pronto como preste juramento al cargo, comenzaremos la mayor operación de deportación en la historia de nuestro país”, dijo en julio pasado.
Horas antes de que los estadounidenses eligieran a su presidente, Trump
fue más allá y nuevamente utilizó la amenaza de imponer aranceles para presionar a México.
“México nos está invadiendo, pero ahora tenemos una nueva presidenta en México. Se supone que es una mujer muy agradable, según dicen. No la conozco. Y le voy a informar el primer día o antes que, si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que entran a nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% a todo lo que envíen a los Estados Unidos de América”, dijo Trump.
En México, el gobierno prepara un documento -que entregará al equipo de transición de Trump- para resaltar las acciones que han ayudado a lograr una reducción del 76% del flujo migratorio en la frontera con Estados Unidos. Con información Expansión Política.
SAQUEAN PRESUPUESTO PARA MUJERES EN 2025. CON ANEXO 13, NO LLEGAMOS TODAS
Wendy Rayón Garay
Hoy, en este 2025, donde el lema de la primera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es, «llegamos todas», las cifras la contradicen por el presupuesto presentado para el próximo 2025, porque de nueva cuenta desmantelan el Anexo 13 para darle prioridad a estos recursos en destinos diametralmente opuestos por lo que fue planeado. En este 2025, la fuente principal de recursos irán a Programa de Adultos Mayores y Beca Rita Cetina.
Pese al aumento del presupuesto en el Anexo 13 ‘Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres’ para 2025, el programa con mayor recursos es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores seguido de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, esto deja de lado a los programas que tienen una incidencia directa en la vida de las niñas y mujeres.
El Anexo 13, surgió en el 2008, de la mano de las legisladoras que aquellos tiempos, para crear un anexo específico para la igualdad entre mujeres y hombres y lo define la periodista Lucía Lagunes Huerta, como parte del presupuesto para Construir la igualdad entre mujeres y hombres en México a través de tres ejes; erradicar la violencia contra las mujeres; erradicar la discriminación de las mujeres y el tercero impulsar la igualdad entre mujeres y hombres. Antes de la creación del anexo los presupuestos para el avance de las mujeres terminaban en una bolsa global donde se perdían, se usaban para cualquier otra cosa menos para los derechos de las mujeres o se convertían en cajas chicas de gobernadores y funcionarios, para evitar estas corruptelas es que se crea el anexo 13.
Lagunes Huerta
El análisis
El pasado viernes se publicó el Proyectó de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2025 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que se destinó un total de:
2025: 479 mil millones 094 millones 088 mil 258 pesos
2024: 409 mil millones 107 millones 904 mil 319 pesos
Este año 2025, el presupuesto de egresos aumentó de aproximadamente 70 mil millones de pesos a diferencia del 2024.
La nueva Secretaría de las Mujeres, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025 a cargo de Citlali Hernández, entrará en un reparto de una bolsa total de mil millones 156 millones, 350 mil 886 pesos, etiquetada en «entidades no sectorizadas» junto a otros órganos como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente o la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas, entre otras.
Aunque el discurso oficial se ha enfocado en repetir que es “tiempo de mujeres”, la prioridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo continúa estando en los programas del bienestar como su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Tan solo 252 mil millones 370 millones 714 mil 768 pesos fueron destinados a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, más de la mitad del presupuesto del Anexo 13.
Asimismo, se asignaron 61 mil millones 298 millones 019 mil 675 pesos a la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, un programa presentado por Claudia Sheinbaum Pardo y Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, el pasado 4 de octubre. Dicha ayuda económica está planteada para niñas y niños estudiantes de nivel básico que pertenecen a familias de escasos recursos con más de una hija o hijo en casa.
En cambio, el programa Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, etiquetado en el ramo 04 Gobernación, tuvo una disminución de 56 millones 302 mil 969 pesos a comparación de este año, quedando en 307 millones 212 mil 978 pesos y el Programa Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos disminuyó 933 mil 088 pesos, llegando a 484 millones 740 mil 910 pesos.
El presupuesto para el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos en el PPEF 2025 presenta una reducción respecto a lo aprobado en 2024. No se volvió a considerar el aumento en la inflación, por lo que el total de recursos con los que contará el programa son 4.3% menor a lo asignado en 2023, lo que implica 21.8 millones de pesos menos.
El gobierno de México ha mostrado la tendencia de no asignar suficientes recursos para este programa. Desde Fundar, Centro de Análisis e Investigación y la Red Nacional de Refugios, A.C. evidenciaron las re-
ducciones presentadas en los presupuestos en 2019, 2021 y 2022, así como el estancamiento de los recursos asignados en 2023 y 2024. Además, hicieron notas que la inflación en bienes y servicios esenciales, como alimentos y medicinas, limita la capacidad de los refugios para satisfacer las necesidades de las mujeres e infancias.
Por lo que la Red Nacional de Refugios declaró que:
Esta situación contraviene las obligaciones del Estado Mexicano en materia de derechos humanos, al ir en contra de los principios de progresividad y máximo uso de recursos disponibles, así como el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esta propuesta de reducción presupuestaria ocurre en un contexto de creciente violencia contra las mujeres, lo cual se observa también en las mujeres y niñas atendidas en la Red Nacional de Refugios con un aumento del 32% a través de la atención telefónica y redes sociales, así como un incremento del 18.5% en el número de mujeres, niñas y niños atendidos en los refugios.
En añadidura, el Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres; y Atención a Víctimas se mantuvieron con 419 millones 591 mil 040 pesos y 7 millones 778 mil 199 pesos respectivamente.
El resto de programas dedicados a frenar la violencia y desigualdad contra las mujeres recibieron aumentos, destinando así:
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF). Incrementó 933 mil 088 pesos. 334 millones 947 mil 832 pesos
Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos. 484 millones 740 mil 910 pesos
Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Incrementó 106 millones 010 mil 962 pesos. 525 millones 602 mil 002 pesos
Salud materna, sexual y reproductiva. Incrementó 263 millones 435 mil 480 pesos. 2 mil millones 405
millones 902 mil 866 pesos
Servicios de guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Incrementó mil millones 240 millones 637 mil 735 pesos. 16 mil millones 525 millones 896 mil 251 pesos
Realizar la promoción y observancia en el monitoreo, seguimiento y evaluación del impacto de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Incrementó un millón 63 mil 829 pesos.35 millones 844 mil 364 pesos
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Anexo 13: del avance al retroceso Contrario a lo que se cree, la distribución de los recursos públicos no es neutral al género. De acuerdo con el informe Presupuestos con perspectiva de género de ONU Mujeres, el impacto de ingresos y gastos en la vida de mujeres y hombres es diferente, por lo que el presupuesto contribuye a superar desigualdades. Esto debido a que contribuyen a disminuir o reafirmar las desigualdades sociales.
En México, los recursos destinados a promover la igualdad de género se etiquetan dentro del Anexo 13. Fue en 2006 cuando por primera vez entró en vigor la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el que se estableció la creación de la Política Nacional de Género junto a una asignación presupuestaria.
No fue hasta el año 2015 que formalmente se creó el Anexo 13 para agrupar los programas presupuestarios para mujeres y hombres, aunque los recursos catalogados en este apartado no son exclusivos.
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados deberá aprobar anualmente el presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo Federal. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) establece que no se pueden realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las investigaciones encaminadas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Además, la Ley de Planeación señala que para realizar la asignación presupuestaria, el Estado debe aplicar perspectiva de género que garantice la igualdad entre mujeres y hombres, así como el acceso equitativo a bienes, recursos y beneficios del desarrollo.
Este panorama parecía ser un avance para las mujeres y aunque todos los años el presupuesto para el Anexo 13 aumenta, la forma en la que se reparten los recursos en los programas no priorizan a las mujeres, sino a los programas del bienestar.
INQUIETUDES PROCESALES ELECTORALES DE LA REFORMA JUDICIAL (PRIMERA PARTE)
Felipe de la Mata Pizaña
El 15 de octubre de 2024 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que buscan adecuar las reglas de los juicios y recursos aplicables a las elecciones judiciales de conformidad con la reforma constitucional al Poder Judicial, publicada el 15 de septiembre de este mismo año.
Las modificaciones a esta ley consistieron básicamente en adiciones a las normas que regulan algunos medios de impugnación: el juicio de inconformidad, el recurso de reconsideración y el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Además, se creó legislativamente el juicio electoral.
Respecto del juicio de inconformidad se estableció que durante el proceso electoral para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, este juicio procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales (artículo. 49.2).
También se reconoció la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para conocer de este juicio, por primera vez, en el caso de la elección de integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) (artículo 53.1, a). Es lógico, dado que, en estos supuestos, la propia Sala Superior no podría ser juez y parte.
De esto, surgen inquietudes procesales, ya que al menos, hipotéticamente, es posible prever que habrá diferencias entre los criterios de la SCJN y aquellos del TEPJF, en sus diferentes salas, respecto de cuestiones comunes a las diferentes elecciones
de cargos judiciales. Además, existen dudas sobre si la jurisprudencia del TEPJF le resulta obligatoria a la SCJN al resolver, o si, por el contrario, un solo precedente de la SCJN podría serle obligatorio al TEPJF.
De este nuevo sistema de competencias mixtas, ¿podrá la Sala Superior delegar la competencia para conocer y resolver impugnaciones a las salas regionales del TEPJF en caso de una carga significativa de trabajo? Por otro lado, el juicio de la ciudadanía se hace procedente para impugnar actos y resoluciones por quien, teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho a ser titular de los diversos cargos del Poder Judicial Federal (artículo 79.2).
La reforma a la ley también crea el “juicio electoral” como vía para impugnar los actos y resoluciones que restrinjan el derecho a ser votadas de las personas candidatas a ministras, magistradas o juezas. Cuando se trata de los cargos de magistraturas a la Sala Superior la competente será la SCJN (artículo 111).
De la lectura de la deficiente regulación del “nuevo juicio electoral” surgen diversas inquietudes: ¿Con el establecimiento de este nuevo “juicio electoral” deja sin efecto o subsiste el acuerdo de la Sala Superior de 2014 que determinó la creación del “juicio electoral” como medio de impugnación residual? ¿O se trata sólo de un juicio específico para controversias en la elección de cargos judiciales?
El hecho de que el juicio electoral se tramite conforme al recurso de apelación, ¿implica que se trata de controversias derivadas exclusivamente de actos o resoluciones de la autoridad electoral federal (INE) y no de otras autoridades? ¿Implica que sólo son materia de impugnación
actos relacionados con sanciones por propaganda indebida, cuestiones de fiscalización, asignación de tiempos en radio y televisión o la participación en debates? ¿Debe considerarse como objeto de impugnación cualquier acto, sea del INE o de cualquier otra autoridad, que restrinja el derecho a ser votadas de las personas candidatas a cargos judiciales, por ejemplo, los criterios de selección o el proceso de insaculación?
¿Por qué se establece en este nuevo juicio un plazo de tres días para controvertir y no de cuatro, como es la regla general en los medios de impugnación, incluyendo el recurso de apelación?
¿Es la condición de ser candidato o candidata la que define este tipo de medios de impugnación, con independencia de la autoridad responsable? ¿Cuándo una persona interesada o aspirante puede considerarse candidata para la presentación de juicios electorales? ¿A partir de la depuración de la lista de postulaciones? ¿Al momento en que se aprueba el listado por cada comité? ¿Cuándo el Senado remite la lista al INE? ¿Las personas juzgadoras en funciones que no declinaron participar en el proceso se consideran candidatas una vez vencido el plazo para tal efecto?
¿Cómo debe interpretarse la salvedad prevista para el juicio electoral, respecto de la aplicación de las reglas probatorias del recurso de apelación? ¿Significa que deben fijarse estándares, cargas o medios de prueba diferenciados? ¿De qué manera? Estas son sólo algunas inquietudes procesales de la reforma judicial. En una segunda entrega presentaremos otros cuestionamientos que consideramos importantes si queremos llevar a buen puerto esta elección judicial.
ESTADO DE DERECHO: EN BUSCA DE LA CONFIANZA PERDIDA
Ernesto Villanueva
En su edición más reciente correspondiente al año 2024, el World Justice Project —el programa más riguroso a nivel internacional en métricas relacionadas con el Estado de derecho— posiciona a México en el lugar 118 a nivel global, dentro de un universo de 142 países analizados. Esta clasificación representa un retroceso de dos posiciones respecto al índice de 2023. ¿Cómo deben interpretarse estos resultados? Veamos. Primero. El lugar 118 que ocupa México se desglosa en ocho apartados: a) Restricciones o contrapesos al poder gubernamental, donde se ubica en el puesto 104; b) Ausencia de corrupción, con un preocupante lugar 135; c) Gobierno abierto, que alcanza la posición 47; d) Derechos fundamentales, en el lugar 95; e) Orden y seguridad, en un alarmante 135; f) Cumplimiento de la ley, situado en el puesto 106; g) Sistema de justicia civil, también en el lugar 106; y h) Sistema de justicia penal, en el 134. Es evidente que el único apartado que evita que México descienda aún más en este índice global es el relativo al gobierno abierto o transparencia. Estos resultados responden a factores multifactoriales: a) La inseguridad sigue siendo un problema estructural; b) La corrupción se ha consolidado como una percepción profundamente arraigada en el ánimo colectivo; y c) Las fuentes consultadas para la elaboración del índice, en lo que respecta a México, provienen en su mayoría de sectores críticos hacia el proceso de reforma judicial en curso, lo que genera una combinación compleja de hechos y percepciones que afectan negativamente la opinión pública especializada a nivel internacional. Adoptar una postura facilista y acusar al índice de estar predispuesto contra el gobierno de la Cuarta Transformación no cons-
tituye una solución adecuada. Si bien es cierto que existen detractores en la comunidad jurídica respecto a las reformas emprendidas, el problema de fondo trasciende dichas críticas. Como bien señala Gramsci en sus Cuadernos de la cárcel: “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”, un pensamiento que ilustra los momentos de incertidumbre y transición que hemos vivido en estos meses complejos. Segundo. En consecuencia, resulta crucial abandonar este interregno de la manera más constructiva posible. En primera instancia, es alentador que el cambio de régimen político se haya efectuado de manera pacífica; no obstante, es imperativo adoptar diversas medidas para evitar que se comprometan la gobernabilidad y la estabilidad económica de los diferentes sectores de la población. En materia de seguridad, se observan indicios positivos que apuntan al fortalecimiento de las políticas públicas, como lo demuestra la aprobación legislativa de nuevas facultades para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el objetivo de complementar las labores de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública. Aunque, en principio, nadie debería estar de acuerdo con que el ejército asuma funciones policiales, esta es una realidad que debe abordarse con pragmatismo. En este contexto, fortalecer a la SSPC parece ser, bajo las circunstancias actuales, la opción más razonable. Por otro lado, la reforma judicial, que ha avanzado sin interrupciones significativas, exige desplegar estrategias que faciliten el tránsito del sistema tradicional al nuevo modelo. Para ello, resulta esencial conciliar el mandato constitucional de elección popular de jueces con principios como la independencia judicial, la legitimidad democrática y la
capacitación continua. Aunque se han implementado algunas medidas en este sentido, queda mucho por hacer. Tercero. En efecto, el proceso de reforma judicial aún enfrenta importantes desafíos que deben atenderse oportunamente. Entre las acciones pendientes destacan: a) Establecer mecanismos robustos de protección para jueces y juezas, así como garantizar que la capacitación judicial, prevista en la Constitución reformada, se implemente de manera efectiva. En este sentido, el artículo 100 constitucional dispone la creación de la Escuela Nacional de Formación Judicial, encargada de los procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización del personal judicial y administrativo del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, este aspecto ha recibido poca atención y requiere una mayor difusión; b) Diseñar programas de educación cívica que permitan a los votantes comprender los criterios para elegir a jueces y juezas, ya que actualmente hay más preguntas que respuestas en este ámbito;) Exigir a los candidatos/ as que se adhieran a un código de ética que prohíba hacer promesas electorales relacionadas con casos específicos o agendas políticas, garantizando así la imparcialidad judicial; d) Explicar a la ciudadanía cómo pueden coexistir la elección popular, la legitimidad democrática y la independencia judicial, promoviendo un entendimiento más profundo de estos principios, y e) Transparentar al máximo los antecedentes de los aspirantes a juzgadores/as, con el propósito de facilitar un voto informado. De igual manera, la reforma de las fiscalías constituye una asignatura pendiente, y la elección popular parece ser el camino necesario para esta actualización, que no admite más demoras una vez se consolide el proceso judicial en curso.
ANÁLISIS A FONDO: LA COFECE Y EL IFT SERÁN ÓRGANOS
DESCENTRALIZADOS
Francisco Gómez Maza
• Tendrán independencia técnica, patrimonio y personalidad jurídica propios
• Gran parte de las funciones del IFT se trasladan a la Agencia Digital, de nueva creación.
Es un hecho que los órganos autónomos desaparecerán - ¿las causas? Ya se ha dicho mucho: Corrupción. De acuerdo. Pero, qué garantías tendrán los ciudadanos, los inversionistas nacionales y extranjeros, de que habrá trasparencia en los actos de gobierno. Esa transparencia de que presumen los dirigentes de la Cuarta Transformación, en la relación gobierno-gobernados. Este fue el asunto que periodistas que cubren las actividades legislativas en San Lázaro le plantearon al diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría morenista de la Cámara de Diputados. Y el legislador zacatecano explicó: La discusión en torno a extinción de los órganos autónomos se llevó al cabo después de la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Durante la sesión se fijaron las
posiciones de los grupos parlamentarios y el grupo de Morena presentó reservas al artículo 28, respecto de las funciones que vienen desempeñando el IFT (Instituto Federal de Transparencia) y la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica), es decir, la regulación, la parte de telecomunicaciones y la parte de monopolios. Competencias.
Todo esos, temas del dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales van a modificarse y se dará paso a nuevas disposiciones que, en síntesis, otorgarán independencia técnica, patrimonio propio y personalidad jurídica propia. Y a pesar de que las funciones de Cofece se trasladarán a la Secretaría de Economía, se tiene que crear un organismo público, descentralizado, con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio, que no dependa de la decisión del secretario de Economía. No como están ahora estos órganos. Actualmente
tienen una autonomía técnica. También serán ciudadanos los que integren este organismo; es decir, se respeta la independencia técnica y todas las funciones que venían desarrollando, en una nueva figura jurídica que, en el derecho administrativo, conocemos como órganos descentralizados, tanto en las funciones de la Cofece como en el IFT. Gran parte de las funciones del IFT se trasladan a la Agencia Digital, que es de nueva creación. Hace pocos días los diputados modificaron la Ley Orgánica de la Administración Pública para darle vida a esta Agencia Digital. Ahora, los legisladores morenistas van a presentar una reserva sobre estos dos órganos reguladores autónomos constitucionales, que son el IFT y la Cofece. Y en la ley reglamentaria se va a especificar el cómo. Y a propuesta del Ejecutivo Federal, o de la Presidenta de la República, el Senado decidirá quién encabeza esos órganos descentralizados.
LA REVOLUCIÓN DE LAS CONCIENCIAS…
Cuando ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR llegó a la Presidencia de la República, ya estaba marcado con la insignia: “es un peligro para México” y que su gobierno era más simbolismo que realidad. Sus consignas de “Primero los Pobres” y la “Austeridad Franciscana” que se convirtió en “Austericidio”, solo fueron “hipocresía y cinismo”.
En primer lugar, no hubo “campaña contra la corrupción” que de por sí él y ellos mismos la impulsaron e incrementaron, así como alentaron la multiplicación de los cárteles de la droga y delincuencia organizada que engendró un sin límites de asesinatos dolosos que llegaron a sumar los 200 mil, más 5 mil secuestros, casi 120 mil desaparecidos y 5 mil feminicidios en el gobierno de LÓPEZ OBRADOR.
Pero el tema que nos ocupa es el de la contraposición de “Primero los Pobres” que en la realidad campirana debemos decir: “Primero los Ricos de la 4T”. Entre esos menesterosos que se dicen ser los de la “cuarta transformación”, había que ver cuánto dinero acumulan los principales personajes del gobierno fenecido de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y ahora la Presidenta CLAUDIA SEHINBAUM PARDO.
Pongamos por ejemplo a MANUEL BARTLETT DÍAZ, “al que se le cayó el sistema electoral en 1988” y recientemente fue cachado con un conjunto de 26 propiedades que no registró en su Declaración Patrimonial. Había que ver también, cuánto acumula su hijo LEÓN MANUEL BARTLETT ÁLVAREZ, el que vendió respiradores artificiales al IMSS a sobre precio y costo millonario.
Es el mismo caso del potentado político zacatecano, RICARDO MONREAL ÁVILA, al que le señalan múltiples propiedades en todo el país además de poseer un millón de hectáreas de tierras junto con todos sus hermanos y familiares. De ese tamaño es la hipocresía y cinismo de esta
Í N D I C E . . .
Ruperto Portela Alvarado
• HIPOCRESÍA Y CINISMO.
• Primero los ricos de la 4T…
• Las riquezas de los cuatreros…
• Ricardo Monreal y Manuel Bartlett…
• López Obrador y los hijos “menesterosos”…
gavilla que ha ganado dinero y poder entregando su libertad de pensamiento y dignidad.
Que más se puede decir del ex panista ahora integrado a Morena, el ex Gobernador de Chihuahua (2016-2021) JAVIER CORRAL JURADO, quien está acusado de peculado por más de 5 mil millones de pesos de su administración y por lo que el gobierno de su estado lo persigue, y que literalmente es un prófugo de la justicia al que protege el manto de la 4T, como ya es costumbre hacerlo con este tipo de delincuentes.
De ese tamaño es también el delito de corrupción, peculado y saqueo que se le imputa al ex Gobernador de Chiapas, MANUEL VELASCO COELLO, quien si bien no es del partido Morena, sí está estrechamente vinculado a este movimiento al que dicen aportó 5 mil millones de pesos a la campaña de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, con lo que compró la protección e impunidad de que goza y le concedió el ex Presidente y ahora la Presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, quien incluso se inclinó para besarle la mano a la “Cuija Verde”.
No es cualquier cosa lo que
saqueó de las arcas públicas estatales del Estado de Chiapas el dos veces y actual Senador de la República, MANUEL VELASCO COELLO, quien tiene un expediente abierto en la Auditoría Superior de la Federación por 4 mil millones de pesos, en tanto su protegida, Senadora por segunda vez, DORA LUZ SASIL DE LEÓN VILLARD guarda un expediente por fraude a la Secretaría de Empoderamiento y Desarrollo de las Mujeres por 760 millones de pesos. Esta villana ya está inmersa en el partido Morena, después de pasar por el Verde Ecologista y el Partido Encuentro Social (PES).
¿En dónde tendríamos que encuadrar al Senador morenista, JOSÉ MANUEL CRUZ CASTELLANOS, el llamado “PEPE CRUZ” o mejor dicho, “El Doctor Chafirete”, en el espectro de la corrupción y enriquecimiento ilícito? Yo digo que en una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República donde tiene abierta una abierta por un desvío de recursos de la Secretaría de Salud de Chiapas, de la cual fue su titular, por un monto mayor a los 500 millones de pesos. Seguramente, pronto será desaforado.
La lista de personajes morenistas, funcionarios o no del pasado y actual gobierno que se enriquecieron brutalmente al margen del eslogan: “Primero los Pobres” y la connotación del “pueblo bueno y sabio”, al que traen en boca constantemente, sin que haya un proyecto para su desarrollo humano y fortalecimiento económico, político y social, se puede mencionar al Fiscal General de la República, ALEJANDRO GERTZ MANERO, el mismo que hasta a su familia despojó.
Por eso hay que confrontar los dichos de “Primero los Pobres” y “Austeridad Franciscana” con las riquezas que se llevaron y poseen el ex Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y sus hijos que al amparo del poder hicieron negocios sucios y se enriquecieron de manera escandalosa. Pues mientras a los Adultos Mayores les dan 100 pesos diarios (6 mil pesos bimestrales), ellos hicieron millonarios negocios con las obras del Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la Refinería Dos Bocas de Tabasco. La corrupción alcanzó todos los niveles y LÓPEZ OBRADOR junto con sus hijos, abrazaron durante los seis años de la “cuarta transformación” altos índices de enriquecimiento ilícito que ya se verán en el transcurso de esta administración de CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. Porque el amor y el dinero no se pueden esconder…
Se acabó el mecate… Y ES TODO…
CONTRA PODER
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