CONTRAPODER EDICIÓN 3020

D O X A

Chiapas abandonado a su suerte

Fortalecer el movimiento por la paz en Chiapas

El papel de la Iglesia católica, en la construcción de paz, ha sido desestimada por el gobierno del Estado, tanto por la administración de Rutilio Escandón, que acaba de concluir PAG. 2

Lo peor para Chiapas es que el nuevo gobierno abrace la política de la simulación. En donde se convoque a la legalidad pero se tomen decisiones que son ilegales. Esto debe tomarse muy en cuenta en los conflictos de Oxchuc y Pantelhó.

En el que la violencia puede estallar por un manejo político inadecuado del gobierno.

CONTRA PODER

Sheinbaum pide a gobernadores asumir la responsabilidad de la seguridad pública en sus estados

ENCUENTRO Participa Eduardo Ramírez en la 50 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los gobernadoras y gobernadores a asumir la responsabilidad de la seguridad pública en sus estados. ACUSACIÓN Capillas de San Cristóbal responsabilizan a la expresidenta del Congreso de Chiapas de la ingobernabilidad y violencia sin control en Pantelhó Iglesia denuncia colusión del Ejército y el narco para permitir

OPERATIVO

Revientan más de 15 puntos en Tuxtla; hay más de 30 detenidos

EDITORIAL

Fortalecer el movimiento por la paz en Chiapas

El papel de la Iglesia católica, en la construcción de paz, ha sido desestimada por el gobierno del Estado, tanto por la administración de Rutilio Escandón, que acaba de concluir, como por el nuevo gobierno de Eduardo Ramírez que acaba de iniciar, a punto tal, que ninguno de estos dos actores dio el pésame a la Iglesia por la ejecución del padre Marcelo Pérez, que sucedió el pasado 20 de octubre, en el que solo expresaron su condena del lamentable asesinato. Eduardo Ramírez tuvo la oportunidad de fijar su postura sobre este asesinato, y sobre el papel de la Iglesia en la construcción de la paz, en su discurso de toma de protesta como gobernador, pero esta referencia estuvo ausente, aún y cuando se hizo referencia al Congreso Indígena organizado en 1974 por el Obispo Samuel Ruíz, que fue mencionado en más de una ocasión.

La Iglesia históricamente ha jugado un papel importante de tensión y de distensión de conflictos, en varias regiones del Estado y conserva gran parte de su influencia espiritual en la sociedad católica, y durante décadas

ha jugado un papel relevante en la defensa de la población más desfavorecida y en la construcción de la paz. En los últimos años ha realizado peregrinaciones por la defensa de la paz y del territorio, a través del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE), que surgió en la iglesia de Bachajón en el año del 2013, iglesia que forma parte de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

Un mes antes de la ejecución extrajudicial del padre Marcelo Pérez, las diócesis en Chiapas realizaron una marcha-procesión en la entidad, en el que se denunciaron los asesinatos, despojos, desplazamientos forzados, desapariciones de personas y la creciente ola de violencia que se estaba viviendo en Chiapas. La denuncia realizada por la Iglesia no dejó dudas en que el gobierno no estaba realizando la labor que corresponde para garantizar la paz y la tranquilidad de las personas e hizo visible que existen víctimas que tienen que huir de sus comunidades, que son asesinadas impunemente si se niegan a colaborar con los grupos criminales o a pagar las extorsiones de los que son objetos.

El abandono de la actividad política se observa en Pantelhó, en donde existen tres grupos armados –Los Herrera, El Machete y Los Ciriles-, que actúan en la impunidad, y donde la iglesia recientemente señala a exdiputados locales como los responsables de la violencia en ese municipio, al nombrar a un Concejo municipal sin escuchar a los pobladores y violentando los procesos de usos y costumbres en la designación de autoridades en ese municipio, en esa integración del Concejo municipal se dejó el poder local en manos del grupo de Los Herrera, lo que está ocasionando la movilización del grupo armado “El Machete”, y por consiguiente los enfrentamientos armados que se viven en Pantelhó.

En la designación del Concejo Municipal, el Congreso Local está violando la Constitución, al no realizar la auscultación con la población que establece la ley y a su vez, viola disposiciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, particularmente el Convenio 169 de la OIT, que establece el respeto de la integridad de los pueblos originarios y expresamente señala en el artículo 6: “consultar

a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. En el caso particular de Pantelhó el nombramiento de sus autoridades por parte del Congreso Local, incumpliendo los compromisos internacionales del Estado mexicano está afectando directamente la organización y la convivencia comunitaria, situación que obliga al gobierno de Eduardo Ramírez a rectificar los errores y violaciones a derechos humanos cometidos por el Congreso Local, y escuchar la voz de las comunidades que poseen sus propios mecanismos comunitarios para la designación de las autoridades tradicionales. De no rectificar el nombramiento de ese Concejo municipal de Pantelhó se corre el riesgo de una mayor violencia y de posibles muertos que se contabilizarían ya al nuevo gobierno. En esta tarea, el gobierno puede establecer una alianza con las Iglesias que abonarían a la construcción de la paz y al retorno de la legalidad en ese municipio.

DIRECTOR GENERAL José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL Franni Gudiel A.C

Correo electrónico:

Madres en Resistencia exigen justicia y anuncian plantón indefinido frente al palacio de gobierno

Óscar Gómez/ Corresponsal San Cristóbal de Las Casas.

“No creemos ni confiamos en las autoridades de gobierno”, expresó Isabel Torres, madre de Cassandra, una joven desaparecida hace dos años. Con voz quebrada por la angustia, Isabel relató cómo, en su desesperación, incluso ha buscado ayuda en el crimen organizado para obtener información sobre su hija y otros jóvenes desaparecidas en Chiapas. El caso de Cassandra no está aislado. Decenas de familias en el estado comparten el dolor de la desaparición de sus seres queridos y enfrentan la indiferencia de las autoridades. Según Isabel, el gobierno anterior poco o nada hizo para detener las desapariciones forzadas y esclarecer feminicidios, dejando a las familias sumidas en la zozobra y el sufrimiento.

Ante la falta de resultados, la agrupación Madres en Resistencia ha decidido convocar a un plantón y huelga de hambre indefinidos el próximo 18 de diciembre frente al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez. Las madres exigen que el actual gobierno cumpla con sus promesas de justicia y actúe de manera inmediata y contundente para esclarecer los casos de desapariciones y feminicidios, así co-

Manuel Jiménez. Tuxtla Gutiérrez.

Con el anuncio de obras de gran envergadura como la carretera que va a comunicar a Palenque con San Cristóbal de las Casas, anunciada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en su toma de protesta los empresarios de la construcción ven una oportunidad de mayor participación.

“Esta obra, representa una gran oportunidad para las empresas que directamente van a tener oportunidad de trabajar en ella, pero también se va a generar una derrama económica por la cadena productiva de valor que se da en torno a una obra, máxime una obra tan importante como una super carretera”, precisó Rogelio Tamayo Carboney, candidato a la presidencia de la delegación Chiapas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC.

Reconocieron al gobernador electo: “Lo hemos escuchado en su caminar del gobernador que él está dispuesto a que las oportunidades se den a las empresas locales, hay

El caso de Cassandra no está aislado. Decenas de familias en el estado comparten el dolor de la desaparición de sus seres queridos y enfrentan la indiferencia de las autoridades. Según Isabel, el gobierno anterior poco o nada hizo para detener las desapariciones forzadas y esclarecer feminicidios, dejando a las familias sumidas en la zozobra y el sufrimiento

mo para sancionar a los responsables.

“Lo único que queremos es justicia. Que nos devuelvan a nuestras hijas e hijos. Que haya castigo para los feminicidas y para quienes nos han arrebatado la tranquilidad”, demandó Isabel en un llamado desesperado a las autoridades ya la sociedad.

El movimiento Madres en Resistencia busca no solo visibilizar la crisis de desapariciones y violencia de género en Chiapas, sino también ser una voz colectiva que se niega a rendirse frente a la impunidad. El plantón previsto será, como en ocasiones anteriores, un acto de re -

sistencia pacífica, pero también una manifestación de dolor y desesperación que las autoridades no pueden seguir ignorando. “No nos iremos hasta ser escuchadas”, advierten las madres, quienes piden el respaldo de la ciudadanía para exigir un cambio real en el estado.

Empresarios de la construcción buscan mejorar participación

empresas con mucha capacidad y se le ha escuchado decir que el primer tramo de palenque a Ocosingo va a tener entre 30 y 40 contratos”.

La industria de la construcción en Chiapas, proporciona el 30 por ciento de los empleos de la población económicamente activa, por ello, los empresarios de la construcción buscan generar las condiciones legales y administrativas a través de un programa de desarrollo profesional que les permita llegar a ser empresas socialmente responsables y sustentables.

La CMIC, tendrá elecciones el próximo seis de enero, para nombrar al sucesor de Ana Karen Gómez Zuarth, quien se separó de la presidencia de la CMIC, para formar parte del equipo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, al frente de la Secretaría de Infraestructura.

Dijo que, para este año 2025, se espera que inicien los trabajos de esta obra, por lo que empresarios de la construcción que son especialistas en distintas áreas, participen en la construcción de esta obra tan espe-

rada por el pueblo chiapaneco. Dijo que, durante la pasada administración se logró una participación del 36 % en la participación de la obra pública pero esperan que en este gobierno esto mejore.

Capillas de San Cristóbal responsabilizan a la expresidenta del Congreso de Chiapas de la ingobernabilidad y violencia sin control en Pantelhó

De la Redacción

San Cristóbal de Las Casas, Chis. (Tribuna)

Las 11 capillas de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas responsabilizaron a la expresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, la exdiputada Sonia Álvarez, por la ingobernabilidad y violencia que se ha recrudecido en las comunidades de Chenalhó y Pantelhó.

En un comunicado, las parroquias de la región tzotzil aseguraron que sus denuncias no han sido escuchadas a pesar de que continuamente han revelado el clima de inseguridad y agresiones a los que se exponen los chiapanecos que han quedado en medio de varios enfrentamientos.

“El contexto actual donde la sangre corre por las comunidades de Pantelhó y colindantes de Chenalhó, las mujeres y los niños sufren el miedo a la detonación de armas, bombas y balas perdidas”, señalan.

Las parroquias de la Diócesis de San Cristóbal afirmaron que “el gobierno estatal representado por la diputada Sonia Catalina Álvarez.

Cecilia López S. y Leonel Reyes violentaron políticamente el proceso de elección” para la renovación del concejo municipal, por lo que abonaron al ambiente de ingobernabilidad.

“Ignoraron la propuesta presentada por la mayoría de las comunidades del municipio, y las consecuencias que esto suponía de enfrentamientos, más pobreza, casas quemadas, miedo, desplazamientos, heridos, muertos. Evidenciando, una vez más, la responsabilidad del estado en la crisis de violencia que vive actualmente Pantelhó”, sentenciaron.

Aseguraron que, a pesar de ser ignoradas, mantienen la “esperanza de salir de las tinieblas de la violencia,

De la Redacción

Tuxtla Gutiérrez, Chis.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en la 50 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Acapulco, Guerrero, encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, donde se acordaron acciones institucionales y coordinadas para fortalecer la Estrategia de la Construcción de la Paz, de manera particular en Chiapas y en otras entidades afectadas por la violencia.

En el encuentro, en el que se proyectó la Estrategia de Seguridad Nacional ante el Gabinete de Seguridad federal, gobernadoras y gobernado-

En una fuerte declaración, 11 parroquias revelan la dimensión de la problemática que se vive en Pantelhó, desde abusos sexuales a las jóvenes y salarios de hambre, hasta entierro de cadáveres dentro de las casas

con la luz que nos muestra el camino de la verdad y de la justicia para llegar a la paz”.

Ante ello, exigieron “el desarme de los grupos, atención a los desplazados y la seguridad de la región, porque en la práctica, se empeñan en convencernos de que, para ustedes, gobernar es sinónimo de administrar conflictos”.

La situación de inseguridad y agresiones que actualmente persiste en Chiapas ha provocado el desplazamiento de cientos de indígenas tzotziles que han denunciado que sus familiares fueron víctimas de desapariciones forzadas, despojo de sus

tierras, amenazas, invasión de sus viviendas para ser forzados a trabajar, falta de alimento, además, de abusos sexuales contra jóvenes.

Las agresiones no sólo han sido contra las comunidades indígenas, también los sacerdotes han sido víctimas de ataques, como el ocurrido el 20 de octubre, cuando dos sujetos en motocicleta asesinaron al párroco Marcelo Pérez tras culminar una misa en San Cristóbal de Las Casas.

Tras el homicidio, feligreses de las parroquias en las que oficiaba misas expresaron su tristeza en redes sociales y destacaron que era un “defensor

de la gente” al haber sido “la voz de muchas injusticias” en la región. En un acto más reciente cometido por un grupo delincuencial, el 3 de diciembre, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas denunció que un grupo violento denominado “Los Herreras” ingresaron al municipio Pantelhó disparando y realizando quema de casa en las comunidades de “San Francisco” y “El Roblar” y “San José Tercero”.

Lo que provocó que el grupo de “El Machete” entrará al municipio y tomará la cabecera municipal de Pantelhó en respuesta al grupo contrario. Con información de Latinus.

Participa Eduardo Ramírez en la 50 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública

res, activistas y representantes del sector empresarial, la presidenta Sheinbaum subrayó que estas acciones se están desarrollando en tres municipios de la entidad chiapaneca, así como los estados de Baja California, Guerrero, Estado de México, Tabasco y Guanajuato.

Indicó que este planteamiento busca garantizar la seguridad en cada rincón del país, basado en los ejes: Atención a las causas; Cero impunidad; Fortalecimiento a la Guardia Nacional; Inteligencia e Investigación; y Coordinación.

Iglesia denuncia colusión del Ejército y el narco para permitir paso de migrantes en Chiapas

Gabriela Coutiño

Tuxtla Gutiérrez. Chis. (apro)

Bajo la mirada cómplice de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, los carteles del narcotráfico controlan los flujos migratorios en su ingreso a México por la frontera sur, afirmaron las diócesis de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas.

A través de la Pastoral Social y de Movilidad Humana, las tres diócesis denuncian que existe “una sostenida inseguridad hacia los migrantes en su paso por nuestro país, sobre todo en la frontera sur; el incremento de los secuestros, particularmente de mujeres, así como una política migratoria más compleja que no respeta la dignidad de las personas y los vuelve más vulnerables.

“El control del territorio por parte de los cárteles del narcotráfico, ha obligado a familias y comunidades completas a emigrar y desplazarse, causando terror por el reclutamiento y la desaparición forzada, el cobro de piso y el sometimiento para ejecutar acciones ilícitas que convienen a intereses de esos grupos criminales”.

Por esta situación, los que más sufren estas terribles situaciones, son las familias que viajan con niños.

La iglesia católica manifestó también su preocupación por “el engaño del Instituto Nacional de Migración (INM) a los migrantes, dejándolos varados en diferentes puntos del país, a la deriva, lo que agudiza esta crisis humanitaria, y a pesar de la crisis humanitaria y los riesgos a los que se exponen, no cesa la migración por esta frontera”.

El pronunciamiento público dado a conocer en el contexto del tercer

Existe “una sostenida inseguridad hacia los migrantes en su paso por nuestro país, sobre todo en la frontera sur; el incremento de los secuestros, particularmente de mujeres, así como una política migratoria más compleja”

aniversario de la tragedia ocurrida el 9 de diciembre de 2021 en la carretera Chiapa de Corzo - Tuxtla Gutiérrez, al volcarse el tráiler en el que eran transportados de manera clandestina más de 160 personas migrantes, con saldo de 57 migrantes fallecidos, la mayoría ciudadanos de Guatemala.

La Pastoral Social y de Movilidad Humana señaló sobre el tema que, aunque el Ministerio de Gobernación de Guatemala anunció este lunes la detención de una banda criminal en aquel país, dedicada al tráfico de migrantes y presuntamente vinculada al accidente de hace tres años, “miramos con indignación que la impunidad y la corrupción

siguen estando presentes en este lamentable caso y en toda la realidad migratoria, particularmente en la frontera sur”.

“Hechos lamentables como ese, no hacen sino mostrarnos, cada vez más, el terrible drama que cotidianamente viven los migrantes en su paso por nuestra tierra”, expresaron.

Las tres diócesis de Chiapas manifiestaron que, desde ese acontecimiento en 2021, “venimos haciendo llamamientos a las autoridades para que esclarezcan este lamentable hecho y establezcan los mecanismos para que situaciones como estas no se repitan. Es momento para que se creen y pongan en práctica las condiciones necesarias para la tan an -

helada ‘migración segura, ordenada y regular’, en medio de esta crisis humanitaria”.

Los 57 migrantes muertos en el mencionado accidente fueron recordados la tarde de ayer lunes con una misa en el lugar del percance, celebrada por el obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, quien se desempeña también como administrador apostólico de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez. La celebración, a la que asistieron decenas de personas y familiares guatemaltecos de los fallecidos y tuvo lugar en la entrada a la colonia El Refugio, donde se registró una de las tragedias más grandes de migrantes el 9 de diciembre de 2021.

Aproximadamente a las 10:30 pm de ayer domingo comenzaron una serie de operativos en distintos puntos de Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de “reventar” domicilios donde se tenía conocimiento que eran vendidas sustancias ilícitas o mejor conocidos como puntos.

Revientan más de 15 puntos en Tuxtla; hay más de 30 detenidos

Se espera que las autoridades informen de manera oficial en las próximas horas sobre los resultados de estos operativos llevados a cabo ayer en Tuxtla Gutiérrez.

Asimismo se realizaron diversos cateos en bares de la colonia Las Granjas, Santa Cruz, Km. 4 y otras colonias del lado oriente, con resultado pendiente.

Aunque las autoridades no han informado sobre este operativo se sabe de manera extraoficial que fueron más de 30 detenidos y se aseguraron armas y estupefacientes, hasta hoy lunes continuaban procesando en las instalaciones de la fiscalía del estado a los detenidos.

Abel Ceibas Tuxtla Gutiérrez

Grupo criminal “libera” a 16 internos de un centro de rehabilitación en Mazatlán, Sinaloa

Aarón Ibarra CULIACÁN, Sin. (apro)

Desde las primeras horas elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantienen un fuerte despliegue en la zona rural de Tepuche, comunidad ubicada en la zona serrana al norte de la capital del estado. Los primeros informes confirmados por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE) señalan que hay un militar herido de bala en los eventos. Al respecto, el titular de la SSPE, Gerardo Mérida Sánchez, manifestó no tener más datos sobre el operativo, únicamente que es despliegue del Ejército y del militar herido, quien fue trasladado al hospital del ISSSTE en Culiacán. En la zona norte, vecinos de las colonias Loma de Rodriguera y Lombardo Toledano han reportado detonaciones de arma de fuego constantes. Ambas colonias se encuentran en el extremo norte de la ciudad, rumbo hacia el camino que conduce a Tepuche.

Veneranda Mendoza TOLUCA, Edomex. (apro)

Con 20 votos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) en contra, la Legislatura del Estado de México se convirtió en la primera entidad del país en aprobar su reforma judicial estatal.

Aunque los estados tienen como plazo el mes de marzo para realizar los ajustes, en el caso del Estado de México la premura responde a la convocatoria del Poder Judicial mexiquense a designar, en enero de 2025, a su nuevo presidente mediante el voto de los actuales magistrados, y no por voto popular.

La oposición acusó que la reforma subyuga al Judicial estatal a los otros dos Poderes y no mejora la impartición de justicia en la entidad.

No obstante, con la aprobación de 54 legisladores locales de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), en lo sucesivo “las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial, … las juezas y jueces del Poder Judicial del Estado serán electos por sufragio directo y secreto de la ciudadanía el día en que se realicen las elecciones estatales ordinarias del año que corresponda”.

Las modificaciones también establecen que “no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley”.

Debido a que el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) fue convocado a sesión extraordinaria para el 07 de enero,

Al respecto, el titular de la SSPE, Gerardo Mérida Sánchez, manifestó no tener más datos sobre el operativo, únicamente que es despliegue del Ejército y del militar herido, quien fue trasladado al hospital del ISSSTE en Culiacán

Mérida Sánchez señaló que se mantiene la movilización del Ejército en la zona. Sobre estos hechos la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aún no ha dado a conocer datos al respecto. El 19 de noviembre último la Se-

dena realizó un decomiso en la región de San Cayetano, parte de Tepuche, en donde se aseguraron 33 armas largas (dos de ellos rifles Barret) y una ametralladora, así como municiones, equipo táctico y cinco vehículos, dos de

ellos blindados.

En Mazatlán un grupo armado ingresó a un centro de rehabilitación y “liberó” a 16 internos, quienes, de acuerdo con el secretario de Mérida Sánchez, dejaron el sitio por su propia voluntad y no bajo coacción.

En conferencia de prensa, Mérida Sánchez catalogó como “lamentable” la decisión de estas personas de dejar, presuntamente sin coacción, el centro de rehabilitación.

Esta actividad no ha sido la primera registrada en Sinaloa durante la escalada de violencia por el choque de facciones rivales del crimen organizado. El viernes 4 de octubre último, en Culiacán, nueve hombres se “fugaron” con un grupo armado de un centro de rehabilitación.

Edomex, el primero con reforma judicial estatal; TSJEM tendrá

con el objetivo de elegir, de entre sus miembros al próximo presidente, los diputados locales determinaron que el presidente electo tenga el carácter de interino y esté en funciones hasta que el presidente electo por voto popular asuma el cargo en septiembre próximo.

Empero, los legisladores también se facultaron para “palomear” al presidente interino, pues la Legislatura deberá avalarlo, y también podrá removerlo, en caso de que su desempeño obstaculice la puesta en marcha de la reforma judicial:

“En caso de que la persona titular de la presidencia interina deba ser sustituida por renuncia, licencia, enfermedad, muerte o cualquiera (causa) que comprometa la implementación de las medidas de transición contenidas en el presente Decreto, incluido el incumplimiento de las mismas, o de cualquier otra disposición prevista en el presente Decreto, la Legislatura podrá, en cualquier momento, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, designar a una persona sustituta de la presidencia interina de entre las magistradas y magistrados que integran el pleno del TSJEM”, dispone.

La nueva norma también será ininpugnable: “tratándose de controversias constitucionales o de acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto de normas generales, en ningún caso su admisión dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. Son improcedentes las controversias constitucionales o

presidente interino

acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”.

Los jueces y magistrados electos durarán en su encargo nueve años y serán sustituidos de forma escalonada. Pese al principio de “No reelección” que la 4T abandera, podrán ser reelectos, y readscritos de la jurisdicción respectiva por causa justificada que determine el Tribunal de Disciplina Judicial o el Órgano de Administración Judicial, siempre y cuando haya transcurrido la tercera parte del periodo para el que fueron electos.

La Legislatura convocará a la elección, que se realizará en esta ocasión el primero de junio de 2025. Cada uno de los tres Poderes podrá postular hasta dos personas aspirantes para ocupar cada cargo de magistradas y magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial y hasta tres personas aspirantes para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial.

Para ello, cada Poder integrará un Comité de Evaluación conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica, que evaluará a los aspirantes e identificará a los mejor evaluados para integrar un listado de los seis mejor evaluados en el caso de magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial, y los cuatro mejor evaluados en los casos de juezas y jueces. Después, los insaculará para ajustarlos al número de postulaciones para cada cargo,

observando la paridad de género. El Instituto Electoral del Estado de México organizará el proceso electivo, para lo que podrá solicitar una ampliación presupuestal.

Las personas candidatas podrán ser postuladas simultáneamente por uno o varios Poderes del Estado, siempre que aspiren al mismo cargo, mientras los Poderes que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria, no podrán hacerlo posteriormente.

Los candidatos tendrán acceso a radio y televisión de manera igualitaria para promocionarse, y podrán participar en foros de debate en condiciones de equidad. Estará prohibido el financiamiento público o privado para campañas, la contratación en radio y televisión o cualquier otro medio de comunicación.

Además, “los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna. La duración de las campañas será de 35 días y en ningún caso habrá precampañas”.

Administrar, no resolver problemas, política de la 4T en derechos humanos: ONG

Por Gloria Leticia Díaz Ciudad de México, 10 DIC (Proceso)

Con una herencia de tres mil 408 agresiones a periodistas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, (de las cuales 47 fueron asesinatos, según la organización Artículo 19); 225 defensores de derechos humanos asesinados y 27 desaparecidos, víctimas que se suman a las 119 mil 622 personas desaparecidas en todo el país (de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas), el gobierno de Claudia Sheinbaum navega en la indefinición de qué acciones tomará para enfrentar la crisis humanitaria que arrastra México hace tres administraciones.

Por lo pronto, por decisiones tomadas en su gabinete y en el presupuesto destinado a atender esas problemáticas, y más aún con la decisión de su partido Morena de mantener a Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el primer año de la presidenta Sheinbaum se decanta por la continuidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La prueba más clara de esa continuidad se manifiesta en el presupuesto propuesto por el gobierno de Sheinbaum en materia de derechos humanos, tendiente a “administrar” los problemas más que atenderlos. Y en este contexto, persisten dos sectores muy vulnerados

De la Redacción

Ciudad de México (apro)

Crítico del financiamiento externo a organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador operó una de sus principales políticas públicas de salud con recursos de la fundación Bloomberg mediante el entonces subsecretario Hugo LópezGatell Ramírez.

En medio de la crisis sanitaria detonada por la pandemia del covid-19, el entonces subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud encabezó una intensa campaña contra los alimentos ultraprocesados, a los que señaló como corresponsables de la magnitud de las consecuencias de la emergencia de salud que dejó 833 mil 473 muertes en exceso.

De acuerdo con el informe de la Comisión Independiente de Investigación, dado a conocer en mayo último, https://www.comisioncovid.mx/index.html, la cifra colocó a México como el cuarto país con más muertes en el mundo entre los años 2020 y 2023. Principal responsable de la gestión contra la pandemia, López-Gatell (a la postre aspirante a la Jefatura de Gobierno de la CDMX por Morena) evitó la promoción del uso de cubrebocas para detener el contagio y se embarcó en una campaña contra los alimentos ultraprocesados a los que señaló como

durante décadas, el de defensores de derechos humanos y periodistas.

De acuerdo con el monitoreo Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), en su informe “Todos los nombres, todas las luchas”, contabilizó 225 asesinatos y 27 desapariciones de defensores de derechos humanos durante la gestión de López Obrador. Del total, EDUCA considera que 42 casos corresponden a ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Estado mexicano, mientras que víctimas fueron en 94 casos defensores del medio ambiente y 85 de derechos políticos, lo que representa 80% de los asesinatos documentados.

En tanto que organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras (RSF) calculan que durante el obradorato 50 periodistas fueron asesinados, y dos durante los primeros días del gobierno de Sheinbaum. Artículo 19 documentó además tres mil agresiones a comunicadores durante el sexenio pasado. A unos días de que se defina el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el Centro e Análisis e Investiga-

ción Fundar ha alertado sobre recortes en materia de derechos humanos en su reciente informe “Nuevas propuestas, menos presupuestos”, en el que analiza la propuesta presupuestal del gobierno de Sheinbaum para 2025. “Lo que vemos como grave es que hay un riesgo de que la política en materia de derechos humanos quiera administrar las problemáticas y no atacarlas directamente”, alerta Ángel Ruiz Tovar, uno de los autores del documento.

El investigador reconoce que los recortes en distintas áreas destinadas a la protección, promoción y defensa de derechos humanos oscilan entre el 4 y 5%, cuando mucho en 10%, lo que revela que los titulares de las unidades “no calcularon la inflación al momento de solicitar su presupuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es decir, en sus estimaciones ni siquiera están contabilizando realmente cuáles va a ser las necesidades que van a tener en 2025”.

Recortes

Entre ese tipo de presupuestos se

Informe revela que EU financió

ubicaría lo contemplado para la Dirección General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que en 2024 tuvo un presupuesto de 624.9 millones de pesos, y para 2025 sería de 598.4 millones de pesos, una reducción de 4.27 por ciento.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también sufría un recorte de 4.11%, al pasar de mil 796 millones de pesos en 2024 a mil 722 millones de pesos para 2025.

Un caso emblemático destacado por Fundar es el presupuesto propuesto para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de 3.6% en términos reales, y de 0.4% para la partida Ayudas Sociales a Personas.

Para este último fondo, cabe destacar que la reducción estaría en contra de una sentencia el 21 de agosto de este año, en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordena a los poderes Legislativo y Ejecutivo destinar al menos el 0.014% del gasto programable de la federación para la partida de Ayudas Sociales a Personas, dentro del presupuesto de la CEAV.

En apego al amparo litigado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, para 2025 se tendría que destinar 909 millones de pesos, pero la propuesta de Sheinbaum contempla para el rubro de Ayudas Sociales sólo 658 millones de pesos, 251 millones de pesos menos para la atención a víctimas.

campaña de López-Gatell contra alimentos ultraprocesados

causantes de las comorbilidades que dispararon la mortandad por el virus.

El 16 de octubre de 2020, el primer año de la pandemia, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), órgano descentralizado de la Secretaría de Salud, firmó un acuerdo con la fundación Bloomberg para recibir un millón 724 mil dólares con el propósito de promover la Iniciativa de Prevención de la Obesidad.

Los recursos del acuerdo, vigente entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de enero de 2022, se destinaron a influir en la elaboración de políticas públicas vía una serie de estudios con la participación principal del director de Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP, Simón Barquera Cervera, quien junto con López-Gatell fue durante el sexenio pasado un activo promotor en contra de los alimentos procesados.

En las investigaciones también participó Mónica Arantxa Colchero, investigadora en Ciencias Médicas en el INSP y exesposa de López-Gatell.

1.3 millones de dólares para salarios

De acuerdo con el convenio, las investigaciones se centraron en los efectos de la comida chatarra en la salud, la pérdida de productividad, el empleo y

la tasa costo-beneficio respecto de los ingresos fiscales.

También se enfocaron en la comercialización de esos productos, el etiquetado de los alimentos, precios, políticas públicas y la puesta en marcha de guías de alimentación para las escuelas.

Durante toda la gestión de la pandemia, López-Gatell fue un activo promotor de estos temas.

Del total de recursos, un millón 303 mil 316 dólares se destinaron a salarios de los distintos investigadores, se indica en los anexos del acuerdo obtenido vía la Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto de Transparencia y Acceso a Información y Protección de Datos Personales (INAI), próximo a desaparecer como parte del llamado Plan C de López Obrador.

Además del INSP, el acuerdo identifica a la organización El Poder del Consumidor como uno de sus socios para promover la iniciativa en México, por la que también recibe recursos de la fundación del exalcalde de Nueva York, Michael Blomberg.

De acuerdo con los reportes anuales de donatarias autorizadas entregadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión, esa

organización que dirige Alejandro Calvillo recibió 355 millones de pesos de recursos del exterior, entre 2017 y 2023. En el documento, la Iniciativa de Prevención de la Obesidad es identificada como una estrategia global a la que la fundación programó 250 millones de dólares durante cinco años.

El Poder del Consumidor es una de las siete organizaciones a las que la fundación destinó esos recursos en el mundo.

La fundación busca que para antes de 2025, en México y otros seis países (Brasil, Jamaica, Barbados, Colombia, Sudáfrica y Estados Unidos) se hayan adoptado al menos 20 acciones de políticas públicas contra la obesidad, así como trabajos de investigación que apoyen dichas políticas.

En su último informe, Norma Piña denuncia los ataques y amenazas de la 4T contra la SCJN

Diana Lastiri CIUDAD DE MÉXICO (apro)

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández enlistó los asuntos que intensificaron los ataques y amenazas contra los ministros y que sirvieron al gobierno federal para justificar la aprobación de la reforma judicial.

Durante su último informe de labores, al que únicamente acudió el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), César Yáñez, como representante de la administración federal, Piña afirmó que la reforma parte de una narrativa falsa e infundada en contra del Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Espero que la finalidad de esta reforma, por el bien de México, no consista en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos; un mejor control de regularidad constitucionalidad; un mejor sistema de contrapesos entre los poderes del Estado, todo ello en beneficio de la sociedad y de nuestro país, pero esto solo se verá con el tiempo, que será cuando la reforma se podrá apreciar y evaluar en su totalidad”, dijo.

“La campaña para la anulación de la autonomía del Poder Judicial Federal para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas se intensificó —inclusive de manera violenta— cuando la Suprema Corte de Justicia y sus integrantes actuamos, como nos corresponde, como un tribunal constitucional, pero lo cierto es que la campaña de deslegitimación de personas juzgadoras federales comenzó hace más de seis años”.

Recordó la reforma judicial impulsada por el exministro presidente de la

Corte, Arturo Zaldívar, que puso énfasis en la erradicación de la corrupción y el nepotismo, pero que no se ocupó de las fiscalías ni las defensorías.

Señaló que en dicha reforma se intentó ampliar el mandato de Zaldívar al frente del PJF como un “intento de injerencia sobre la Judicatura Federal”.

“Apenas casi dos años después, cuando la Suprema Corte recuperó su mandato y papel de tribunal constitucional independiente y autónomo; cuando se restauró el respeto pleno a su autonomía jurisdiccional como siempre debió haber sido, fue entonces cuando algunos medios públicos y todos los medios oficiales se enfocaron en la anulación de la independencia judicial y el desprestigio público de las personas juzgadoras, sin nunca presentarse prueba alguna”, refirió.

“Las coincidencias entre ataques y amenazas a la Judicatura Federal y a sus integrantes, y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando, frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno, se nos llamó ‘traidores al pueblo’, y abiertamente se nos acusó de no ser parte —como además no debía ser, por no corresponder a cada juzgador— de un proyecto político dominante”.

Destacó la resolución en la que la

Corte declaró inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dictada en abril del 2023 como el punto de quiebre que intensificó las amenazas y agresiones hacia los ministros.

También mencionó la discusión en mayo de 2023 del decreto presidencial por el que se clasificaban como de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y obras que el gobierno denomine como prioritarios, y recordó que el mismo día en que el pleno de la Corte lo invalidó, el entonces presidente López obrador publicó otro acuerdo reiterando dicha clasificación.

Citó la discusión del llamado “Plan B” del gobierno de López Obrador, en el que, por mayoría de nueve votos, se invalidó la segunda parte del paquete de reformas político electorales por violaciones graves al procedimiento legislativo.

“Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, e incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por

ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales y de cara a la sociedad”, reprochó.

La ministra presidenta acusó que, desde la aprobación de la reforma judicial de este año, se volvió una práctica generalizada violar abiertamente las suspensiones dictadas por los jueces federales contra dicha modificación constitucional y con ello desestimar la autoridad del PJF.

“También se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos”, señaló.

“Por resolver casos de formas que consideraron contrarias a sus deseos e intereses; por otorgar suspensiones y medidas cautelares que en el fondo se puede coincidir o no en su otorgamiento, pero que están previstas en la Ley de Amparo; por atrevernos a admitir medios de defensa —a los que estamos obligados por ley— interpuestos por minorías políticas o por personas que consideraron vulnerados sus derechos por actos de autoridad; por ejercer nuestra función deliberativa como tribunal constitucional.”

Reiteró que el Poder Judicial nunca se negó a una reforma y que, por ello, en todo momento convocó al diálogo.

“A mi juicio, ninguna falla justifica la eliminación, de tajo, de la carrera judicial; menos aún el establecimiento de un sistema que, según la experiencia comparada, no solo no abona a la impartición de justicia, sino que la politiza.

“Por ello, siempre sostendré que la existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente —ajeno a los vaivenes de la política— es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto trabajo nos ha costado construir”, agregó.

Jueza federal concede el primer amparo contra la reforma judicial

Diana Lastiri CIUDAD DE MÉXICO (apro)

Una jueza federal concedió el primer amparo en contra de la reforma judicial por considerar que el Congreso de la Unión no está facultado para hacer una modificación constitucional de este nivel.

Por ello, la jueza sexta de Distrito en materia Administrativa en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, María Gabriela Ruiz Márquez, ordenó dejar sin efectos cualquier acto de ejecución de la reforma judicial, es decir, el proceso electoral de jueces magistrados y ministros del 2025.

En su resolución, emitida el pasado 6 de diciembre, la jueza precisó que no realizó ningún pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la reforma, sino que únicamente halló que tiene vicios de procedimiento que afectan a

la misma en su totalidad.

Por ello, la juzgadora concedió el amparo a ocho funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) que impugnaron dicha reforma y precisó que los efectos pueden alcanzar a otras personas que no pidieron la protección constitucional.

“La concesión aquí decretada válidamente puede alcanzar a personas que no acudieron a este juicio de amparo, en virtud de una irradiación colateral de sus efectos, a la luz de una tutela del interés legítimo con el que acudió a esta instancia la parte quejosa”, señala el fallo.

La jueza Ruiz precisó que el procedimiento legislativo de la reforma judicial debió ser, cuando menos, impecable y permitir la inclusión de todas las voces pues, dada su naturaleza, no se trató de una modificación cualquiera, sino de una sustitución constitucional, pues

reemplaza elementos que dan identidad a la Carta Magna como la “división de poderes y la garantía de los derechos humanos expresados mediante la Independencia judicial”.

“El procedimiento legislativo tuvo que ser, cuando menos, impecable y debió permitir la inclusión de todas las voces, tomándolas en cuenta, en un debate robusto, abierto al dialogo y deferente al interlocutor, no cerrado, simulado, opaco y envuelto en un contexto de encono social y político que, en nada abonaron a la calidad democrática de la discusión, por el contrario, por la forma en que se desarrolló, más que un ejercicio deliberativo, representó un ejercicio meramente ejecutor o formalizador de una voluntad ajena”, refirió.

“La experiencia comparada, así como la doctrina, apuntan a una presunción de inconstitucionalidad de los procesos de reforma que tienen como

objetivo la captura de las instituciones democráticas o su debilitamiento.”

La jueza detalló que el Poder Legislativo no realizó ningún esfuerzo argumentativo o dialógico para explicar cómo es que la reforma judicial no socava definitivamente la independencia judicial.

Por ello, al revisar la exposición de motivos de la reforma, la juzgadora advirtió una contradicción “insalvable” porque se busca transitar de un sistema de carrera judicial ajeno a temas políticos y electorales hacia un sistema de elección popular.

Daniel Nava

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los gobernadoras y gobernadores a asumir la responsabilidad de la seguridad pública en sus estados.

“Cuando el gobernador está al frente se nota y ahí donde no se atiende, hay problemas. Atendamos de manera personal, hay que estar a diario y no una vez a la semana. La seguridad no es algo que se pueda delegar”, reprendió en Guerrero, una entidad convulsionada por la violencia criminal.

La mandataria encabezó la 50 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que se desarrolló en el Centro de Convenciones Mundo Imperial, en la zona Diamante de Acapulco.

Estuvieron presentes los integrantes del gabinete de seguridad, así como las gobernadoras y gobernadores del país, excepto los de Coahuila y Tlaxcala.

Afuera del Mundo Imperial integrantes del colectivo Verdad, Memoria y Justicia de Acapulco pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que voltee a ver la crisis que vive el estado en desaparición forzada.

Socorro Gil, dirigente del colectivo, informó que en la entidad hay un registro de 4 mil 500 desaparecidos, de los cuales 800 son mujeres.

Además, damnificados por el huracán John de las colonias Parque Ecologista, Llano de la Puerta, Puerto Marqués, Metlapil, Zapata y Colosio denunciaron que no han recibido apoyo por parte de la Secretaría del Bienestar.

A las 11:15 horas la presidenta llegó a la sesión acompañada de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

En su mensaje de bienvenida, la mandataria de Guerrero, expresó que la presencia de los gobernadores significa el respaldo a la estrategia de paz y de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete.

“Visualiza la seguridad no como un

J. Jesús Esquivel WASHINGTON (apro)

Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, anunció la nominación de Ronald Johnson como embajador de su gobierno ante el de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anotando que su candidato trabajará de manera cercana con Marco Rubio, su elegido para dirigir al Departamento de Estado.

“Para promover la seguridad y prosperidad de nuestra nación por medio de fuertes políticas de relaciones exteriores para colocar a Estados Unidos primero”, indicó Trump en el anuncio que hizo en su red social, y en referencia a la dupla que haría con Rubio, senador por Florida.

El presidente electo recordó que Johnson fue embajador de Estados Unidos en El Salvador, durante su primer mando como titular del Poder Ejecutivo.

En El Salvador, Johnson “trabajó sin descanso con las autoridades salvadoreñas y nuestro equipo para reducir la

Sheinbaum pide a gobernadores asumir la responsabilidad de la seguridad pública en sus estados

tema partidista, sino de Estado que debe atenderse desde todas las trincheras”.

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, dijo que ha asumido con determinación el compromiso para dar resultados a la ciudadanía.

“Sabemos la complejidad de pacificar al país la violencia y la inseguridad no se generaron de un día para otro y tampoco se va a resolver está problemática de un día para otro”.

Les dijo a los gobernadores que la SSP busca trabajar con las fiscalías de sus estados y policías estatales.

“Una estrecha coordinación con las autoridades federales para incrementar las operaciones y aumentar las investigaciones”.

Mencionó los cuatro ejes de la estrategia: la atención a las causas estructurales de la violencia, la consolidación de la Guardía Nacional, fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación y la coordinación con los estados.

“Hemos integrado los esfuerzos y capacidades en materia de inteligencia e investigación de nuestras instituciones

para identificar generadores de violencia y sus redes criminales.

“Así como las zonas de mayor incidencia con investigadores de campo y analistas especializados generamos información para integrar carpetas de investigación para la solicitud de cateos y órdenes de aprehensión a través de la Fiscalía General de la República”.

El objetivo, dijo, es privilegiar el trabajo de investigación e inteligencia sobre el uso de la fuerza para convertir la información en productos.

Del 1 de octubre al 1 de diciembre, presumió, fueron detenidas más de 5 mil personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 58 toneladas de drogas, 415 mil 309 pastillas de fentanilo y 2 mil 471 armas de fuego.

La presidenta Claudia Sheimbam hizo un llamado enérgico a las gobernadoras y gobernadores presentes.

Puso en claro que la coordinación de la estrategia empieza por el gabinete federal de seguridad donde no sólo se reciben los reportes de inseguridad del día anterior, sino que se desarrolla el plan de seguridad nacional.

“Si la autoridad no atiende personalmente es difícil coordinar todas las fuerzas”.

En la coordinación general de la estrategia, afirmó, deben participar los gobernadores.

“Asumir su responsabilidad. Donde la gobernadora, el gobernador, está se nota, pero ahí donde no se atiende, hay problemas”.

“Hay que estar a diario, no una vez a la semana. El problema de inseguridad tiene que se atendido”.

Puso a disposición de los mandatarios estatales a la FGR, la SSPyPC, la Guardia Nacional y la Marina.

“Es indispensable que asuman su responsabilidad. Es un respetuoso mensaje, un consejo, atender de manera personal el tema de la seguridad, no se puede delegar”.

En la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública estuvieron presentes además Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, Ricardo Treviño Alejo, secretario de la Defensa Nacional, Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República.

Además, Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar; Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del ejecutivo federal; Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional y María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Trump nomina a Ronald Johnson como embajador de EU en México; fue militar y agente de la CIA

violencia y la migración indocumentada a los niveles más bajos de la historia”, resalto Trump en su mensaje colocado en su red Truth Social.

Trump enfatizó que su nominado para representar a Estados Unidos ante el gobierno de Sheinbaum durante dos décadas fue agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y antes de eso fue integrante de los Green Berets del Ejército estadunidense.

“Se graduó en la Universidad Nacional de Inteligencia con maestría en Inteligencia Estratégica. Felicitaciones a Ron, juntos pondremos fin al crimen migrante, pararemos el flujo hacia nuestro país de fentanilo y otras drogas peligrosas y volveremos a hacer fuerte a Estados Unidos, otra vez”, concluyó Trump en su anuncio.

Para ocupar el puesto al que lo postuló Trump, Johnson primero requerirá de la aprobación del Comité de

Relaciones Internacionales del Senado y posteriormente el del Pleno de la Cámara Alta.

Tomando en cuenta que Trump amenaza con firmar el primer día de su nuevo mandato, el 20 de enero de 2025, órdenes ejecutivas para imponer aranceles del 25 % a las exportaciones mexicanas, para deportar a México a millones de inmigrantes indocumentados y para declarar Emergencia Nacional con lo que pretende usar a elementos del Departamento de Defensa para contener el flujo migratorio y de drogas, el proceso de confirmación de Johnson en el Senado será una prioridad.

De ser corroborado por el Senado que dominaran los republicanos en la próxima legislatura federal estadunidense, reemplazará a Ken Salazar como embajador de Estados Unidos en México.

Sheinbaum ha indicado que en su

presidencia se delegará a la Secretaría de Relaciones Exterior el trato con el embajador de Estados Unidos en México, aunque con las órdenes ejecutivas que pretende firmar Trump cabe la posibilidad de que esto pueda cambiar. Durante la primera presidencia de Trump, Christopher Landau fue el representante diplomático de la Casa Blanca en México. No obstante, el mandatario estadunidense colocó por encima de su embajador a Jared Kushner, para encargarse de la relación bilateral con los mexicanos.

Luis

CHILPANCINGO, Gro. (apro)

El poderoso Tribunal de Disciplina; será ente ‘inquisidor’, acusan jueces

Yared de la Rosa Ciudad de México,

Con las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el nuevo Tribunal de Disciplina tendrá amplias facultades para investigar y sancionar a juzgadores: sus decisiones serán inatacables, contará con “agentes investigadores” y hasta podrá requerir información a autoridades hacendarias y bancarias.

El Tribunal de Disciplina Judicial no sólo investigará, vigilará y sancionará a jueces, magistrados y ministros, también podrá solicitar juicio político e incluso denunciar a impartidores de justicia ante el Ministerio Público. Además, habrá un Registro de Servidores Públicos Sancionados del Poder Judicial.

Este nuevo órgano –que será integrado por cinco magistrados- vigilará el trabajo y comportamiento de los empleados judiciales y hasta tendrá “agentes” para hacer ese trabajo, por lo que juzgadores que se oponen a la Reforma Judicial consideran que será una instancia “inquisidora”, persecutoria y con demasiado poder.

“El Tribunal de Disciplina Judicial tendrá a su cargo la investigación, substanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa del personal jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, así como la resolución del recurso de revisión en tales procedimientos y en los que involucren presuntas faltas graves cometidas por el personal administrativo del Poder Judicial de la Federación”, señala la reforma.

La modificación que expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, recién aprobada por el Senado, señala que este Tribunal de Disciplina investigará e impondrá sanciones a los servidores públicos de este Poder de la Unión cuando cometan faltas administrativas como corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad con delincuentes o cuando sus resoluciones no se ajusten a los principios de “objetividad, imparcialidad, independencia y profesionalismo”.

La creación de este Tribunal de Disciplina ha generado cuestionamientos entre los juzgadores, quienes aseguran que este nuevo órgano tendrá “demasiado poder”, ya que la ley establece que las resoluciones que emitan serán definitivas y no podrán ser atacadas.

“A este órgano no se le podrá cuestionar ningún tipo de resolución que emita en Pleno y desde el momento en que no hay un contrapeso con la determinación que emita este organismo, creo que estamos perdidos. Se le está dando demasiado poder si no hay una instancia superior que pueda revisar sus actos; se le está dando un

El Tribunal de Disciplina Judicial no sólo investigará, vigilará y sancionará a jueces, magistrados y ministros, también podrá solicitar juicio político e incluso denunciar a impartidores de justicia ante el Ministerio Público. Además, habrá un Registro de Servidores Públicos Sancionados del Poder Judicial

poder ilimitado”, dijo el magistrado

Samuel Meraz Lares.

El magistrado explicó que hoy la Constitución señala que el Tribunal de Disciplina podrá investigar a juzgadores y sancionarlos cuando “incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de imparcialidad, independencia, profesionalismo, y además de los asuntos que la ley determine”.

Esto último, dijo, generará interpretaciones y opiniones divergentes al ser términos generales. Por ello, enfatizó, el Tribunal podría sancionar por un acto u omisión si lo considera “contrario a la ley, a la administración de justicia o a principios que rigen la administración de justicia”.

“El que le llamen el Tribunal de la Santa Inquisición y que puede ser una cacería de brujas, está relacionado con el poder que se le está confiriendo a este Tribunal. Ese comparativo no está tan lejos de la realidad y objetividad de que pudiera –basado en esos conceptos genéricos de la Constitución– decir: ‘para mí esto va contra la ley’, y que pudiera ser incluso una cuestión de interpretación”, declaró.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) también se ha referido a este nuevo órgano como el “tribunal de la inquisición judicial”, al considerarlo que es un mecanismo de persecución.

“Este nuevo órgano constituye un mecanismo de persecución que coarta la libertad de criterio de los juzgadores y propiciará una justicia parcial y sometida a intereses políticos. Se trata, en los hechos, de un ‘tribunal de inquisición judicial’ que debe ser combatido nacional e internacionalmente”, señaló en un comunicado.

Asimismo, mencionó que impugnará la reforma a Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que crea el Tribunal disciplinario; sin em-

bargo, desde la reforma constitucional al Poder Judicial ya se establece su conformación en sustitución del Consejo de la Judicatura.

“La JUFED anuncia que impugnará esta ley por todos los medios legales disponibles, en defensa de la independencia judicial y los derechos fundamentales de las personas juzgadoras. La creación de este Tribunal representa un golpe directo a la Constitución, a los principios democráticos y a la confianza ciudadana en un sistema de justicia imparcial”, agregó. Órganos auxiliares para investigar a juzgadores

El Tribunal de Disciplina Judicial contará con dos órganos auxiliares para el desempeño de sus funciones de investigación y vigilancia.

Uno es el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que se encargará en investigar los hechos u omisiones que pueda derivar en faltas administrativas por parte de los servidores del Poder Judicial, y éste contará con agentes investigadores.

El segundo será el Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial, que evaluará y dará seguimiento al desempeño de los órganos jurisdiccionales con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral.

Asimismo, el Tribunal actuará en Pleno y en Comisiones. Estas últimas estarán integradas por tres personas del Tribunal de Disciplina- que resolverán en primera instancia los procedimientos de responsabilidad administrativa contra quienes desempeñan funciones jurisdiccionales en el Poder Judicial de la Federación y las impugnaciones de la evaluación del desempeño de la función judicial, entre otros.

En tanto, el Pleno del Tribunal de Disciplina resolverá en segunda instancia los procedimientos por faltas graves presuntamente cometidas por servidores públicos del Poder Judicial

de la Federación que realicen funciones administrativas; también dará vista al Ministerio Público sobre la posible comisión de delitos, podrá solicitar a la Cámara de Diputados el inicio de juicio político contra juzgadores, contará con un Registro de Servidores Públicos y de Particulares Sancionados, y resolverá en definitiva y de forma inatacable.

Las sanciones que se marcan por faltas graves son: Suspensión del empleo

Destitución del empleo

Sanción económica

Inhabilitación temporal para desempeñar empleos.

Sanciones para faltas no graves

* Amonestación privada o pública

* Suspensión del empleo

* Destitución de su empleo

* Inhabilitación temporal para desempeñar empleos en el servicio público

La jueza Yazmín Murillo explicó que actualmente, desde el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a través de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y Ejecutiva de Vigilancia, se investiga a juzgadores al cometer alguna falta administrativa, pero sus resoluciones sí pueden ser atacadas; caso contrario a lo que podría hacer el Tribunal Disciplinario.

“Ahora será un Tribunal el encargado de estar vigilando, investigando y condenando a los jueces ¿Sobre qué se va a enfocar este Tribunal? Si es respecto a jueces que entorpezcan la impartición de justicia, son las cosas que deben revisar el Tribunal, pero no propiamente el criterio jurisdiccional. Tenemos que cuidar que el Tribunal de Disciplina no pueda revocar determinaciones, porque no está previsto en la ley”, comentó.

Además, recordó, actualmente en el Poder Judicial no cuenta con un Registro de Servidores Públicos Sancionados.

Caso contrario, la abogada Gabriela Cordero González, quien se registró como aspirante a ministra de la SCJN, comentó que es necesario el Tribunal de Disciplina, pues a su consideración el Consejo de la Caricatura Federal ha sido “una caricatura” en los temas de vigilancia y disciplina en el Poder Judicial. Ello, porque, dijo, se han presentado aproximadamente 38 mil quejas contra jueces y magistrados, de las cuales 86% fueron desechadas sin iniciarse ningún tipo de investigación. Con información de Expansión Política.

2025 vendrá con aumento salarial del 12% ¿Cómo beneficiará a trabajadoras? Análisis de Carmen Ponce

Arantza Díaz Ciudad de México. (Cimacnoticias)

Através de un acuerdo realizado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), el salario mínimo repuntará un 12% a partir del primero de enero de 2025 y con ello, se proyecta que la calidad de vida de quienes perciben el salario base mejore y Gobernación detalló que 8.5 millones de personas se verán directamente beneficiadas y a un par de semanas de que se consolide esta política salarial, resulta imperante cuestionar hasta dónde atraviesa a uno de los sectores laborales más precarizados y sin goce a derechos base: Las mujeres.

Marath Bolaños, titular de la Secretaría de Trabajo en conjunto con la presidenta Claudia Sheinbaum, ha celebrado esta ofensiva que, promete, será un impulso fundamental para la población general y con ello, con 3 meses como cabeza del poder ejecutivo, Sheinbaum zanja una de sus promesas de campaña por un aumento de salario por el bien común.

Para reconocer en el mapa a las mujeres y desde qué circunstancia encaran este aumento salarial, Cimacnoticias conversó con la economista feminista Carmen Ponce; quien dio panorama detallado de lo que sucederá con las mujeres a partir de este aumento salarial.

¿Se puede hablar de una mejora sustancial en la vida de las mujeres o aún quedan algunos cabos que atar?

Para contestar el preciso partir de un análisis del contexto en el que llega este aumento salarial, pues según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en nuestro país 61 millones de personas son económicamente activas, de este universo el 46.3% son mujeres.

En la tasa de informalidad, el 54.3% de la población ocupada lo hace bajo estos parámetros -sin contratos, prestaciones, ni otros derechos laborales-; 13 millones 321 mil son mujeres y están concentradas en tres grandes grupos, trabajo doméstico remunerado, ámbito agropecuario y empresas o instituciones.

Así, se encuadra el panorama nacional, donde la informalidad se mantiene, de forma ahínca sobre las mujeres quienes representan un poderoso músculo obrero en la población representando casi la mitad del trabajo que produce el país lo que lleva al primer apunte, en palabras de Carmen Ponce: «El piso no está parejo para todas».

Beneficios, pisos parejos y formalidad

Existen dos ejes rectores para entender cómo beneficia el aumento salarial, en primer lugar, dice la especialista es ese efecto dominó ascendente que producirá para la población general, se atiende el salario base y de ahí, comienza a crecer el beneficio

para aquellas personas que están ubicadas en los niveles 2 o 3 de salarios mínimos. Esto funge como la primera consideración a acotar.

En segundo lugar, explica Ponce, están los salarios mínimos profesionales; aquellas personas trabajadoras que perciben un ingreso mínimo por su trabajo, como por ejemplo, las y los periodistas que atraviesan una recrudecida precarización en los medios de comunicación. De esta manera, para la especialista, este efecto ascendente y la mejora en los salarios de las y los profesionistas, es punta de lanza en esta política de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

Sin embargo, como ya se advertía, quedan algunos ajustes que no logran abrazar de manera integral a todos los sectores poblacionales, pues para gozar de estos beneficios, primero, hay que estar dentro de la esfera de la formalidad. Como un contrapeso, Carmen Ponce también advierte de otro escenario, pues, aquellas mujeres que sí se desempeñan en la formalidad tienden a recibir los salarios más bajos, por ello, se infiere que este aumento al salario beneficiará de manera expedita al bolsillo de las mujeres trabajadoras.

«El efecto en las mujeres, es que, por desgracia, estamos en la base de la pirámide económica, es decir, con los salarios más bajos, entonces, el volumen de trabajadoras que están en el nivel 1 de salarios mínimos y en el nivel 2 (dos salarios) es muy alto, entonces, el volumen de mujeres que se están beneficiando directamente es mayor que el de los hombres. Pero no podemos decir que el piso es parejo porque no es para todas las trabajadoras, es para las formales, las que tienen un contrato y derechos laborales, pero aquellas que están en la informalidad laboral, para ellas, el problema es que necesitan formalizarse para alcanzar todos los beneficios que representa la ley federal del trabajo», explica.

¿Obtener un contrato, seguro social, permisos y prestaciones debe ser entendido como un privilegio? No, responde Ponce, no tiene que ser visto de esta manera, es un derecho constitucional y aunque ha disminuido considerablemente el número de trabajadoras informales, las mujeres siguen siendo mayoría, lo que quiere decir que tenemos un universo de trabajo dividido en «las que sí y las que no» aún, cuando sean beneficios de la propia Constitución.

Así, aunque el beneficio del salario tendrá un efecto positivo en millones de trabajadoras que ganan el mínimo, se vuelve una contrariedad cuando las trabajadoras informales siguen estando fuera del radar del Estado; invisibles gracias a la colusión de los empleadores y empresas que gozan de los beneficios de no afiliar a sus trabajadoras a la formalidad.

El motivo por el que existe tanta resistencia a poder abatir el trabajo informal de millones de personas trabajadoras, es la conveniencia misma.

«¿Por qué los sindicatos no quieren que sean visibles? Porque representa una preocupación y eso es lo que ayuda a que los derechos laborales sean privilegios, porque resulta que, (por ejemplo). tienes 20 trabajadoras contratadas legalmente y con todos sus derechos laborales, pero de otro lado hay 40 que no tienen nada, entonces, el empleador va a preferir al universo de los 40, ¿por qué?, pues porque representa menos gastos laborales. A las trabajadoras claro que nos conviene, pero a quienes no les conviene es a los patrones», sentencia la economista.

La informalidad lo ocupa todo, siendo esto, una de las cosas más esenciales para entender cómo el extractivismo del sistema se recarga sobre las mujeres; la informalidad son las mujeres que están en el ambulantaje, pero también, aquellas que trabajan en los centros comerciales, en los campos, en el trabajo doméstico remunerado, las reporteras que sobreviven gracias al freelance, las artistas, las cuidadoras, las emprendedoras, estilistas, diseñadoras, reposteras y un listado inmenso que, donde se ponga el ojo, la informalidad se mantiene como fenómeno latente.

Sobre esto último, Ponce nombra a las mujeres que trabajan al interior de las tiendas departamentales como Sears o Palacio de Hierro, e incluso, la operadora telefónica AT&T que mantenía a sus trabajadoras en la informalidad, así como las mujeres jornaleras que abandonan sus hogares en Chiapas para vivir en San Quintín por la recolección de moras y fresas bajo condiciones precarias: «Vas a un banco y no sabes si la chica que te atiende tiene derechos laborales, no nos podemos quedar más con la idea de que sólo es comercio ambulante», acota.

Salarios contractuales y topes salariales; ¿En dónde hay que poner la

lupa?

Los salarios contractuales son aquellos el que se establecen en los contratos colectivos de trabajo, es decir, que pautan una tarifa salarial para su plantilla de trabajadoras y trabajadores; sólo en julio del 2024, 201 mil 704 trabajadores recibieron un salario contractual, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y para septiembre de este año, creció un 4.1%, la mayor alza en los últimos 23 años.

Es precisamente aquí, donde la lupa se coloca como uno de los obstáculos más grandes al hablar de una mejora real en los aumentos de salarios.

Al preguntarle a la especialista sobre el por qué es primario sobre estos «topes salariales», Carmen Ponce ataja que, por ejemplo, el sindicato de la UNAM o de telefonistas -por mencionar algunos- no perciben el aumento salarial. Es decir, que desde los aumentos de López Obrador, su salario se mantuvo sin una fluctuación verdaderamente real.

«Hay 2 elementos ahí muy importantes, uno es la política salarial del gobierno que propicia y determina esa separación entre salarios contractuales y salarios que no son de un contrato colectivo de trabajo. La política del gobierno ha montado una fórmula que son los topes salariales, ellos se rigen por esto, el tope salarial es del 4% y les dan una compensación en lo que ellos llaman «prestaciones», no son prestaciones, son derechos laborales que tenían que haberse aumentado en el salario mínimo y lo mismo en el salario general.

Por ejemplo, dicen, va 5% de aumento al salario, y en prestaciones, vamos a dar otro 5% y ya el trabajador o trabajadora completa el 10% pero eso propicia que se sigan tratando los derechos laborales como privilegios; esa es una política salarial neoliberal que se sigue normalizando.

¿Qué efecto tiene esto?: Convertir los derechos laborales como las prestaciones en privilegios cuando no lo son, otro efecto importantísimo, es que se afecta el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Si tú no tienes un salario digno, aunque tengas muchas ganas de comprar cosas, no vas a poder comprarlo.

La canasta básica

De manera concreta, se entiende que las personas trabajadoras recibirán un salario mensual de 8 mil 354 pesos y en la zona libre de la frontera norte, un total de 12 mil 569 lo que permitirá, según la propia Sheinbaum, comprar 2.5 canastas básicas.

Consultando el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), una canasta básica son los productos de primera necesidad, entre los que se encuentra azúcar, aceite, carne, legumbres, leche, fruta, pasta, verduras, papel, jabón, tortilla y algunos enlatados.

MÉXICO, ¿DEMOCRACIA EN PELIGRO? O ¿QUIÉN ESTÁ A SALVO EN ESTE PAÍS?

Cirenia Celestino Ortega

El 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera mujer presidenta de México y heredera de la Cuarta Transformación. Como resultado del reciente proceso electoral, 13 entidades federativas son gobernadas por mujeres, además de los gabinetes y congresos paritarios. Todos, resultado de un proceso democrático, es decir, electas y electos por la ciudadanía el pasado 2 de junio.

Una vez iniciado el proceso electoral, pre campañas y campañas electorales, la violencia política no se hizo esperar. La jornada electoral se presentó con violencia durante y después. De acuerdo con la organización Data Cívica, 2024 se convertiría así en el año con mayor número de ataques con motivación política con un registro de 568 ataques.

“En México, esta violencia se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influir en la vida pública de estados y municipios”. Señala Data Cívica en Votar entre balas (2024).

Las mujeres han llegado a los cargos de elección popular, sin embargo, llegan en tiempos del control delincuencial sobre la política a través de la violencia.

Además, la gran carga social que tienen estas mujeres políticas al llegar al poder por el simple hecho de “ser mujeres” les coloca un doble rasero que nunca fue colocado para medir a los políticos, el gobernar para las mujeres. Como si en los gobiernos anteriores las ciudadanas no hubiesen tenido demandas.

Ahora que ellas están, parecie -

ra obligado crear políticas para atender la violencia en un país que siempre ha vivido en violencia y cuya problemática nunca se atendió. Por supuesto, es un estado ideal que ellas lo hagan y que, como herederas del movimiento sufragista devuelvan al esfuerzo de las mujeres, políticas para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, no es así y ser mujer no es garantía de nada porque también son herederas una cultura de invisibilidad de las mujeres y de años de violencia relacionada con el crimen organizado.

Al menos los tres gobiernos anteriores coinciden en la nula efectividad de sus políticas para hacer frente a la violencia que han consistido en desplegar temporalmente a soldados, marinos o, ahora, guardias nacionales en enfrentamientos que resultan en numeralias de homicidios.

“Ninguno de los últimos tres Gobiernos ha encontrado una solución contra la violencia; ninguno ha sabido como encauzar la situación… Los tres gobiernos han puesto en manos de las Fuerzas Armadas, si no la solución, al menos la contención de la violencia. Pero dos décadas más tarde, es difícil señalar avances significativos. A menos que estabilizar los asesinatos por encima de los 30 mil anuales y evitar que sigan creciendo, se considere un avance… Si los últimos cuatro meses de 2024 se comportan como se han comportado los primeros ocho, el año acabará con más de 30 mil asesinatos por octavo ejercicio consecutivo, una cifra de escándalo que, sin embargo, no parece generar una reflexión al

más alto nivel” señala Pablo Ferri para El País.

Las mujeres que asumen los nuevos gobiernos, llegan en un momento de altos niveles de violencia. Aunque algunos medios insisten en una tendencia a la baja de la inseguridad, 59.4%, lo cierto es que la narrativa mediática no ha logrado alejarse de los diferentes hechos violentos expresados en diferentes enfrentamientos, ataques y demás hechos delincuenciales presentes casi de manera permanente.

De acuerdo con la Red Lupa, en los primeros cinco meses de 2024, la cifra de desaparecidos siguió con su incremento permanente de la última década, reportando al menos 114 mil personas desaparecidas en todo el territorio nacional. Los fines de la desaparición de las mujeres presenta agravantes como la trata y explotación sexual comercial. Ninguna persona está a salvo en este país.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se registraron: 827 casos de feminicidio, 2 mil 581 registrados como “presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso”, 3 mil 740 registradas como “presuntas víctimas mujeres de homicidio culposo”, es decir, 7 mil 148 mujeres asesinadas en 2023, 19 diarias. Las mujeres no están seguras en México.

¿Está la democracia en peligro?, la pregunta correcta es ¿Quién está a salvo en este país? Si las ciudadanas viven en un riesgo permanente y sus políticas ven comprometido cualquier proyecto político por la violencia, ¿Qué posibilidades tiene la democracia?

CHIAPAS Y SUS PROPIOS CORRUPTOS, Y CLAUDIA SHEINBAUM ENVÍA OTRO

Raymundo Díaz S.

• ¿Permitirá Eduardo Ramírez que le “vean la cara por Antonio Santos?

• Un “fuereño” CORRUPTO nombrado por Claudia Sheinbaum como representante de la Presidencia de la República en Chiapas.

• ¿Desde cuándo existía ese cargo y porque y para que ahora lo inventan sin necesidad alguna?

PERFIL FRONTERIZO.

En uno de sus mítines políticos de campaña y a raíz de que algunos actores políticos locales se estaban “pasando de la raya” o brincando su investidura como candidato a gobernador, el hoy Ejecutivo Constitucional de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo y casi gritó a todo lo que daba su pulmón, “Y yo que, ESTOY PINTADO o qué”.

Al haber nombrado a Antonio Santos Romero, UN CORRUPTO, SAQUEADOR y SINVERGÜENZA de siete suelas, como representante de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en Chiapas, no sólo da esa impresión de que efectivamente así está; “PINTADO”, vigilado y con un vicigobernador o “gobernadorcito” a su lado, sino que también deja en claro que Eduardo NO ERA el candidato o alfil de Sheinbaum Pardo y ni de cierta “empresa”; ERA SASIL DE LEÓN VILLARD.

¿Porqué Claudia Sheinbaum Pardo INVENTA ese cargo cuándo no existía, y porque y para qué sin necesidad alguna, teniendo a un supuesto gran lider socio-político en Chiapas como Eduardo Ramírez?

¿Y quién es Antonio Santos Romero, de dónde viene, que ha hecho por Chiapas y para que le inventan un cargo innecesario en la entidad chiapaneca? ¿Que no Chiapas ya tiene sus PROPIOS CORRUPTOS y suficientes, como para que Claudia Sheinbaum envíe otro?

Antonio Santos Ronero, igual que su hermano, Reybel Santos Romero, ex-funcionario de caminos con Pablo Salazar Mendiguchía, es un CORRUPTO, MERCADER de la política y un MULTIMILLONARIO por vender candidaturas de Morena, apenas la elección del junio pasado.

Veamos o leamos detenidamente el siguiente reportaje o leve reseña de este SUCIO o NEGRO personaje.

Según el Portal Revolución, “Antonio Santos habría vendido la candidatura de Tuxtla Gutiérrez a cambio de 2 camionetas RAM último modelo, obras para su sobrino y la secretaría de obras públicas para su hermano durante lo que resta del sexenio.

Antonio Santos Romero es amigo personal y compañero de universidad de Carlos Imaz y Claudia Sheinbaum, juntos participaron en movimientos estudiantiles de la UNAM en la década de los 80’s, por esta razón Claudia Sheinbaum lo nombró su coordinador en Chiapas, nombramiento que el oriundo de Oaxaca ha sabido sacarle provecho per$onal, ofreciendo candidaturas morenistas al mejor postor a espaldas de la precandidata presidencial morenista.

Documentos en manos de este medio de comunicación probarian como el secretario de Obras Públicas de Chiapas entregó dos camionetas RAM último modelo (una color blanca y una gris) al excompañero de lucha (y de mañas) de Carlos Imaz, son tan descuidados o cínicos, que una de las camionetas RAM, la de modelo 2024, placas DB 4479 D y con un costo superior a 1.5 millones de pesos, está a nombre de Daniel Ruiz Grajales, quien es uno de los constructores favoritos de la secretaría de obras públicas de Chiapas y que actualmente ha recibido varios millones de pesos de manera directa en dicha dependencia a través de su empresa PROYECTO Y SOLUCIONES

INTEGRALES DEL SURESTE, S. A. DE C. V. (esto pueden verificarlo en el portal de la función pública o de la misma secretaría de obras públicas de Chiapas )

La otra camioneta pick up Ram que recibió Toño Santos de manos de Angel Torres, fue la marcada con las placas DB 9876 B, color Blanco Perlado a nombre de Juan Martín Estrada de Paz, quien se dedica a la compra y venta de autos y está

vinculado comercialmente a Angel Torres Culebro(pero ese es tema de una próxima entrega)

Pero el pago por la candidatura de Tuxtla no queda ahí, Antonio Santos es hermano de Reibel Santos Romero quien fue uno de los artífices del desfalco millonario durante el huracán Stan en el sexenio de Pablo Salazar, incluso Reybel tuvo procesos penales abiertos por este caso, actualmente el hermano de Toño Santos se desempeña como funcionario de alto rango en la secretaría de Obras públicas de Angel Torres, ¿curioso verdad?, más curioso resulta, que de manera coincidente la empresa del sobrino de Toño Santos e hijo de Reybel Santos Romero de nombre Grupo Constructor Errese, S.A. de C.V ha recibido alrededor de 10 contratos millonarios de obra pública en lo que va del 2022 y 2023, todas por adjudicación directa(también pueden verificarlo en los portales la SOPYC)

Por último, Antonio Santos habría pedido a Angel Torres (además de lo antes narrado) que en cuanto renuncie al cargo como secretario, el hermano de Toño Santos, Reybel Santos, sea nombrado secretario de obras públicas de Chiapas y así la familia Santos Romero controle la obra pública en Chiapas por lo que resta del sexenio.

Las fotografías de las camionetas fueron tomadas afuera de las oficinas de Antonio Santos en la 2a norte y 5a oriente en Tuxtla Gutiérrez”.

¿Este es el “REGALITO” que Claudia Sheinbaum Pardo le trae y le deja a los chiapanecos en su primera visita a Chiapas? ¿Este es el representante de la Presidencia de

la República en Chiapas? ¿Que no sabes Sheinbaum que eso es, no sólo una FALTA DE RESPETO hacia el gobernador quién fue el que ganó las elecciones, si no UNA BURLA y TRAICIÓN a la soberanía del Estado Libre de Chiapas? ¿Que no sabes Sheinbaum que tú “representante presidencial” fue o es El ZAR DEL ACOSO y de LOS AMORÍOS a cuyas “voluntarias” de estos las convenció con CARÍSIMOS o MILLONARIOS REGALOS y PROMESAS DE Diputaciones, Secretarías y otros espacios en Chiapas? (en la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez los hay, pero ya ampliaremos) ¿Así apoyas a los estados mandando o inventándoles puestos a tus amigos CORRUPTOS, SAQUEADORES, SINVERGÜENZAS y ABUSADORES DE LAS MUJERES NECESITADAS y DESEMPLEADAS? ¿Y los chiapanecos “están pintados o qué”?

Hay “hilos” que, siguiéndolos, van a dar directamente a las oficinas o cónclaves en dónde se decidió “bajar” a Sasil de León Villard de la candidatura al gobierno de Chiapas, quién era ya la. “palomeada” por “la empresa”, y “subieron” en el último minuto a Eduardo Ramírez Aguilar. De ahí la inclinación o sesgo de Claudia Sheinbaum de NO ASISTIR A SU TOMA DE PROTESTA y de ponerle un representante, vici-gobernador o “gobernadorcito”, aunque sea un fuereño CORRUPTO, SAQUEADOR y SINVERGÜENZA.

¿Cómo podrá deshacerse Eduardo Ramírez de esa lapa y hacer valer esos slogans o lemas de campaña que dijo y gritó en decenas o centenas de ocasiones por todo el territorio chiapaneco respecto a que “Chiapas es de los chiapanecos”, y “y yo qué, estoy pintado o qué”.

Sobre este tema, sobre todo, del CORRUPTO, SAQUEADOR y SINVERGÜENZA de Antonio Santos Romero y la imposición de este por la TRAIDORA Claudia Sheinbaum, ya abundaremos, y mucho, muchísimo. He dicho.

NOTA: Si “no estás pintado” y defiendes a tu querido Chiapas, comparte este artículo. ¿Porqué Claudia Sheinbaum no lo envió a otro estado? Porque en Chiapas, al parecer, son masoquistas y aceptan todo y aún con aplausos.

ANÁLISIS A FONDO: DE BOCÓN A BOCÓN

Francisco Gómez Maza

• De ninguna manera quiero ser estado de la Unión. ¿Tu sí, amigo dere?

• Lástima que ya no está La Castañeda. Tenía un pabellón para imbéciles

Obviamente que no pueden compararse, por bocones, Donald Trump con nuestro boconcito, Vicente Fox, aunque ambos tienen su origen en el otro lado del Atlántico y, más o menos, dicen las mismas o parecidas tonterías o locuras, y hubieran sido dignos candidatos para cohabitar en aquel impresionante manicomio llamado La Castañeda, construido e inaugurado por nuestro dictadorzuelo, el general Porfirio Díaz, exactamente en el año en el que Francisco I. Madrero llamó a los mexicanos a hacerle la guerra al oaxaqueño porque ya había colmado la paciencia de los mexicanos, que no estaban tan locos como para ser internados en La Castañeda, aunque me da la impresión de que el loco que va a ser presidente, en sustitución de José biden, está más loco que una cabra de aquellas que le dan leche a mi sobrino, el gato, por sus ojos de felino hambriento, que amasa queso para envolverlo con ceniza y venderlo a los en grandes supermercados. Pero sí. Nuestro bocón es boconcito, pequeñito, en comparación con el loco de Donald Trump, que es loco de atar, de aquellos que tendrían que haber sido recluidos en aquel Pabellón de imbéciles de la ya desaparecida

La Castañeda: Pabellón designado a los pacientes con retraso mental evidente… Y qué más evidencias quiere de la locura del que se apunta a ser residente de la Casa Blanca ya en unas cuantas semanas, una vez celebrado el Año Nuevo. 2025… Y qué más argumentos requiere

usted, cuerdo, cuerdísimo lector de este texto con contexto de la locura del líder del asalto del Capitolio de hace cuatro años, precisamente del 6 de enero de 2021, cuando nuestro personaje pretendió dar un golpe de estado, precisamente al estado que da los golpes de estado en el mundo, porque no ganó las elecciones de aquel cuatrienio y estaba decidido a continuar como presidente en la Casa Blanca, gravísimo delito del que fue exonerado por un juez ahora que ganó los votos más que suficientes para ser presidente, aunque sea un delincuente convicto y confeso con 34 delitos graves que, por lo visto, le perdonó el juez neoyorquino que seguía el juicio y la dama de la vida alegre demandante se quedó mirando y chiflando en la loma cómo se le iban volando los creo que 130 millones de dólares que tenía que darle el bribón ahora presidente por su lindo cuerpecito. Pero no pasó a mayores, más que lo que la ley ordena en EU, que cualquier ciudadano, aun los que tengan cuentas pendientes con la Justicia, y cuentas graves como intento de dar un golpe de estado, puede ser elegido por los votantes para cualquier puesto de elección popular. Y este bocón fue elegido para volver a gobernar desde la Casa Banca desde donde ejercerá su poder de venganza durante los siguiente cuatro años habiéndole agregado dos estrellas más a la bandera de las barras y las estrellas si es que logra que México y Canadá paguen los pingües subsidios que Estados Unidos les da por su comercio, si es que no se ponen listos

Sheinbaum y Trudeau. Entonces, de concretar sus aviesas intenciones, los fachos mexicanos verán concretados sus deseos de ser parte de la bandera “americana”. Y esto no es una jalada. Es una real posibilidad. Pueden ver varios ejemplos. El más cercano es el de Puerto Rico que hasta ahora nacen, luchan y mueren los independentistas y no pasa nada, La derecha puertorriqueña, los fachos, contentísimos de ser ciudadanos americanos, aunque el presupuesto que les autoriza el Congreso no les sirva ni para los chicles de menta. Pero los puertorriqueños patriotas, los independentistas están escondidos debajo de la mesa y la Casa Blanca regaña a todos porque no cumplen cabalmente con sus obligaciones de ciudadanos americanos. La verdad es que a mi no me gustaría que los mexicanos hicieran ese triste papelón, no ostante de ser chiapaneco, chiapense me enseñaron que se debía de decir como gentilicio de Chiapas, y de México nomás tenemos la explotación de todos los riquísimos recursos que nos ha dado la madre Gaia: el café, el cacao, el maíz, los más ricos frutales, el ganado (me cuentan que las vacas que se llevan a los United llevan cargando una marimbita en el lomo), los minerales y el petróleo. Que todas estas riquezas juntas ya nos habrían convertido en una gran potencia chiapaneca.

¿Y de Fox, del boconcito de San Cristóbal? Otro día nos ocuparemos de él, que ahora no hace ningún daño digno de denunciar, o no se ve…

CARTELERA POLÍTICA

Leonel Durante López

• El Ejército y la guerra contra el narco o el “efecto cucaracha”

• Para que la cuña apriete debe ser del mismo palo

El periodista francés Frédéric Saliba, en su libro “Cárteles, un viaje al país de los narcos”, una obra imprescindible para entender quién es quién y qué consecuencias tuvo la militarización de la lucha contra el crimen organizado lanzada en 2006 por el entonces presidente, Felipe Calderón.

Luego de 18 años después de que el entonces presidente Calderón, enviara a 6.500 militares a Michoacán a combatir los cárteles de la droga, se registran 30.000 homicidios por año en México, “tres veces más que cuando Felipe Calderón llegó al poder en 2006.

Una cifra bestial que da cuenta del fracaso de las políticas mexicanas para luchar contra la violencia durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y también bajo Andrés Manuel López Obrador, quien además de apostar por la militarización aplicó, sin mucho éxito, la estrategia “Abrazos no balazos”.

Cuando llega al poder en 2018, López Obrador quiere atacar las causas del narcotráfico, como la pobreza; el problema fue que llega un poco tarde, que echándole la culpa al pasado, el tabasqueño se quiso justifican seguir usando el Ejército porque bajo su percepción, la Policía es demasiado corrupta y no tiene las herramientas para defenderse de las armas de fuego poderosas de los cárteles de la droga.

López Obrador fue todo un fenómeno en lo que se refiere al narco, que no llegó al poder con él en el 2018; no su relación va más allá del año 2000. Aquí es importante citar al autor de “Cartels”, lo que le da en llamar el “efecto cucaracha”.

Y lo explica así, cuando una casa está infestada de cucarachas, no vale con matarlas, sino que hay que tratar toda la casa y la de los vecinos. Es decir, “no vale con tratar una causa del narcotráfico, hay que tratar todas las causas”.

La estrategia fallida de López Obrador de “abrazos no balazos, fue el resultado de esta falta de tratamiento integral, surgió una multiplicación en los últimos años de grupos criminales y también su diversificación en los negocios ilegales.

Su inacción contra los grupos criminales no solo facilitó que las “cucarachas” infectaran todo el territorio nacional, sino que hoy en día los engendros de AMLO, ya no solo controlan la droga que

transportan de centro y Sudamérica a Estados Unidos o Europa, sino que también producen drogas sintéticas como el fentanilo, trafican con seres humanos, órganos, petróleo o medicamentos, e incluso financian laboratorios de droga en ciudades europeas.

A los mexicanos nos metieron a un camino sin salida, muy riesgoso para todos nosotros, porque con la política del continuismo de Claudia Sheinbaum hace que ante las amenazas que a diario lanza contra México el presidente electo de Estados Unidos, hace que lo complazca en todo.

Por ejemplo, ya freno las caravanas de migrantes que salen de la frontera sur y le pongan todo tipo de barreras para impedir su llegada a la frontera norte, y sabiendo que el gobierno es un narco estado, ya decomisan droga y detienen -con la ayuda de la DEA, FBI y la CIA-, a los jefes de la droga.

Sobre el tema de los narcos, este lunes, las tres diócesis de Chiapas hicieron un pronunciamiento al cumplir el tercer aniversario de la tragedia ocurrida el 9 de diciembre de 2021 en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, al volcarse el tráiler en el que eran transportados de manera clandestina más de 160 personas migrantes, con saldo de 57 migrantes fallecidos, la mayoría ciudadanos de Guatemala.

Ahí, las tres diócesis, advierten el contubernio entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional con los carteles del narcotráfico que debido a esa relación perversa controlan los flujos migratorios en su ingreso a México por la frontera Con Guatemala.

Así o más claro es la complicidad del gobierno-el ejercito y los narcos, aún el gobierno de Claudia Sheinbaum como lo fue en su momento jamás reconoció esa

perversa relación que al menos en México han matado a poco más de 200 mil personas, victimas de la narco política que vivimos y que no sabemos cuándo terminara esa pesadilla.

Trump nomina a Ronald Johnson para embajador de EU en México

Pero ¿quién es Ronald Douglas Johnson?

Es experto en seguridad, inteligencia y cuestiones militares.

El 7 de agosto de 2019 juramentó en Washington, DC como embajador de Estados Unidos ante El Salvador.

En 2021, durante el avance de las caravanas migrantes pidió a los centroamericanos que intentaban llegar a Estados Unidos a no caer “en las trampas de los coyotes”.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó el martes a Ronald Johnson como embajador de Estados Unidos en México, un puesto crucial para combatir la inmigración ilegal y el tráfico de fentanilo, dos de sus prioridades.

“¡Enhorabuena Ron! Juntos, pondremos fin a los delitos cometidos por migrantes, detendremos el flujo ilegal de fentanilo y otras drogas peligrosas hacia nuestro país y ¡HAREMOS QUE ESTADOS UNIDOS SEA SEGURO OTRA VEZ!”, escribió el republicano en su red Truth Social, utilizando mayúsculas.

Johnson hizo carrera en el ejército y trabajó en la Agencia Central de Inteligencia (CIA) antes de ser embajador en El Salvador durante el primer mandato de Trump (2017-2021).

“Trabajó incansablemente con las autoridades salvadoreñas y nuestro equipo para reducir los delitos violentos y la migración ilegal a los niveles más bajos de la historia”, aseguró el magnate. Johnson laborará en estrecha

colaboración con Marco Rubio, elegido jefe de la diplomacia, “para promover la seguridad y la prosperidad de nuestra nación a través de políticas exteriores sólidas que prioricen a Estados Unidos”, agrega.

Ambas nominaciones están pendientes de confirmación en el Senado después de que Trump asuma el 20 de enero próximo.

Trump acusa a los principales socios comerciales de Estados Unidos, Canadá y México, de no hacer lo suficiente para detener el flujo de migrantes sin visa y el tráfico de drogas por las fronteras, y ha amenazado con imponer aranceles del 25% a las importaciones de estos países.

Ronald Douglas Johnson será un “hueso duro de roer” para la presidenta Sheinbaum. Veremos.

Del Montón

Las 11 capillas de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas responsabilizaron a la expresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, la exdiputada Sonia Álvarez, por la ingobernabilidad y violencia que se ha recrudecido en las comunidades de Chenalhó y Pantelhó. Las parroquias de la región tzotzil aseguraron que sus denuncias no han sido escuchadas a pesar de que continuamente han revelado el clima de inseguridad y agresiones a los que se exponen los chiapanecos que han quedado en medio de varios enfrentamientos. Las parroquias de la Diócesis de San Cristóbal afirmaron que “el gobierno estatal representado por la diputada Sonia Catalina Álvarez. Cecilia López S. y Leonel Reyes violentaron políticamente el proceso de elección” para la renovación del concejo municipal, por lo que abonaron al ambiente de ingobernabilidad. “Ignoraron la propuesta presentada por la mayoría de las comunidades del municipio, y las consecuencias que esto suponía de enfrentamientos, más pobreza, casas quemadas, miedo, desplazamientos, heridos, muertos. Evidenciando, una vez más, la responsabilidad del estado en la crisis de violencia que vive actualmente Pantelhó”, sentenciaron. Aseguraron que, a pesar de ser ignoradas, mantienen la “esperanza de salir de las tinieblas de la violencia, con la luz que nos muestra el camino de la verdad y de la justicia para llegar a la paz”. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.

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