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DOXA

EDITORIAL

¿A quién le interesa los conflictos en las universidades?

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Tres universidades públicas en la entidad –UNACH, UNICACH y UNICH-, están pasando por distintos conflictos, que ponen en riesgo el funcionamiento de esas instituciones.

Se vive un reflujo del malestar en las universidades en Chiapas.

Y lo que surgió como una pugna entre los grupos de poder en esas instituciones puede llegar a convertirse en un problema mayor, difícil de atender.

Lo cierto es que el Estado tiene adeudos económicos con las universidades y ya no puede seguir evadiendo el cumplimiento de sus responsabilidades.

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Viernes 31 de Marzo de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 4 | No. 1054

PETICIÓN

INICIATIVA

Exigen a alcaldes de Escuintla y Acacoyagua frenar expansión minera en la zona

Desde que se constituyó el FPDS, en 2015, hombres y mujeres de la organización se han dado a la tarea de frenar la expansión minera en la región del Soconusco y en la Costa de Chiapas, debido a que esa actividad sólo ha traído la contaminación de sus ríos y arroyos, así como enfermedades entre los habitantes que viven cerca de los lugares de donde se extraen los minerales

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APROBACIÓN

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IEPC ratifica acuerdo de financiamiento público a partidos políticos PAG. 4 HOY ESCRIBEN

Trabajadores de confianza toman rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas

CÓDIGO NUCÚ César Trujillo

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LE TOCA A LA IZQUIERDA CON LÓPEZ OBRADOR Pablo Gómez

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LA VERDADERA ALEJANDRA BARRALES

RESPALDO

Senadores impugnan experiencia de candidata de Peña al Inegi

Senadores proponen reformas para proteger a periodistas a nivel Constitucional

Ernesto Villanueva

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CORRUPCIÓN EN CHIHUAHUA Y LA HISTORIA DE CALDERÓN CON LA MAESTRA Jorge Carrasco Araizaga

ENTRE POLÍTICOS

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David Martínez Hernández

EN LA MIRA

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Héctor Estrada PAG. 9

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Viernes 31 de Marzo de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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EN CHIAPAS

EDITORIAL ¿A quién le interesa los conflictos en las universidades?

T

res universidades públicas en la ent i d a d – U NA C H , UNICACH y UNICH-, están pasando por distintos conflictos, que ponen en riesgo el funcionamiento de esas instituciones.

De las tres, la institución que tiene mayor tiempo con problemas es la UNICH, universidad, que en lo que va de este gobierno, ha tenido seis rectores y en este momento están en la búsqueda del séptimo. Aquí el conflicto inició por causas sindicales, en donde a iniciativa de la rectoría se armó al vapor un sindicato charro, con maestros de asignatura y con muy bajo perfil académico, para contrarrestar la organización sindical, que promovía un grupo de académicos, en el que se encontraban los de mayor prestigio de la institución –miembros del SNI y con perfil PRODEP-, que veían con preocupación cómo el rector Javier Álvarez Ramos, destruía el proyecto universitario, que contaba con la acreditación de los CIESS las cuatro licenciaturas. Este trabajo de acreditación se había realizado antes de la llegada a la institución de Álvarez Ramos, pero éste de manera oportunista se apropió de esa acreditación sin que entendiera realmente en qué consistía ese reconocimiento de calidad de los programas académicos.

Hoy día la UNICH se encuentra polarizada, el sindicato realiza ilegalmente funciones de dirección y contratación académica y con esa fuerza persigue, acosa y despide a los docentes y trabajadores que no forman parte de la organización sindical. A raíz de esta tensión, la universidad perdió la acreditación de los programas académicos y vive en constante paros y tomas de las instalaciones, lo que ha ocasionado un abandono del trabajo directivo y la destrucción del pro-

yecto académico. Esta situación ha generado irresponsabilidades y omisiones directivas, a punto tal, que las licenciaturas de nueva creación –Medicina y derecho intercultural-, no han sido registradas en la Dirección General de Profesiones y la primera generación está a unos días de concluir el plan de estudios. Lo más lamentable es que la carrera de medicina no cuenta ni siquiera con el reconocimiento y autorización del sector salud, por lo que la institución viene incurriendo en un fraude con los estudiantes de esta carrera.

En la UNICACH los problemas son de otra índole. Aquí lo que hay es una institución que funciona al margen de la legislación universitaria, lo que genera la ilegalidad en la mayoría de las decisiones que se toman. El caos que hoy se vive en la UNICACH es debido a la inaplicabilidad de las normas. Así se han designado rectores que permanecen en la ilegalidad; así en la ilegalidad se designan a los directores de las facultades y de las escuelas y la propia Junta Directiva se encuentra en la ilegalidad, debido a que las personas que la integran no tienen la calidad moral y académica que dispone la legislación para desempeñar esa responsabilidad.

En septiembre pasado, fue designado el Notario Adolfo Guerra como rector de la UNICACH, sin cubrir ninguno de los requisitos que establece la legislación universitaria. Su designación sólo puede entenderse por el desprecio que el gobernador tiene sobre la vida universitaria. Manuel Velasco no tiene la mínima idea sobre la responsabilidad social que tiene la universidad y sobre el papel central que tiene en la formación de profesionistas con el conocimiento y con el compromiso con la vida en sociedad, capaces de transformar y mejorar la vida pública.

El gobernador hizo caso omiso cuando se le señaló que la UNICACH vivió un proceso de saqueo y corrupción y que el Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado tenía en su poder la falta de comprobación de cientos de millones de pesos y que el expediente se encuentra en situación de denuncia ante el ministerio público. El problema que tiene en este momento la universidad es una disputa entre Roberto Domínguez, hoy secretario de educación y anterior rector y el directo responsable de la falta de comprobación y del desvío de recursos que tiene documentado el OFSCE con el actual rector, Adolfo Guerra, que no asumió

ningún compromiso para salvar al exrector de la corrupción que prevalece en la UNICACH. A la que fantasiosa e irresponsablemente Domínguez Castellanos hizo creer que se encontraba entre las diez universidades de mayor calidad en el país, cuando realmente no se encuentra ni en el lugar 80.

La UNACH tiene desde anoche tomada la rectoría por los trabajadores de confianza, quienes desde hace seis años ganaron un juicio de reconocimiento como los titulares del contrato colectivo y la UNACH, con chicanería jurídica, ha incumplido este reconocimiento. La representación sindical de los trabajadores de confianza le pidió al rector una cita, que fue otorgada por la rectoría, pero que finalmente incumplió, pues el rector no se presentó a la oficina el día y hora que se había establecido. Pero en realidad este conflicto no debiera de existir, en virtud de que de acuerdo a la jurisprudencia en materia laboral, la calidad de trabajador de confianza no la otorga el nombramiento sino la función que desempeña y la mayoría de los trabajadores de confianza realizan funciones que son de base y que si se hicieran bien las cosas debieran de estar basificados.

Los conflictos que existen en las tres universidades están orquestados y son producto de la ausencia de capacidad que prevalece en las autoridades universitarias. Pero que en realidad, la apuesta en la desatención de los mismos, puede llegar a conducir a la remoción de los tres rectores, lo que significa que alguien no está realizando de manera adecuada su trabajo y eso es fácil de adivinar, porque ni el secretario de gobierno ni el secretario de educación, que es parte directa del conflicto, realizan sus actividades con la responsabilidad y la intensidad que se requiere.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Viernes 31 de Marzo de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Exigen a alcaldes de Escuintla y Acacoyagua frenar expansión minera en la zona Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

M

iembros del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) exigieron a los alcaldes de Escuintla y Acacoyagua, Mauro Cruz Jabalois y Patricio Matías Salas, respectivamente, que cumplan con la promesa de hacer de la región un territorio limpio de minería, porque las empresas nacionales y extranjeras, subrayaron, continúan con la intención de extraer minerales de la zona.

Desde que se constituyó el FPDS, en 2015, hombres y mujeres de la organización se han dado a la tarea de frenar la expansión minera en la región del Soconusco y en la Costa de Chiapas, debido a que esa actividad sólo ha traído la contaminación de sus ríos y arroyos, así como enfermedades entre los habitantes que viven cerca de los lugares de donde se extraen los minerales.

Destacaron que uno de sus principales objetivos por ahora es que el proyecto Casas Viejas, de la empresa El Puntal SA de CV, deje de operar, por los daños ambientales y sanitarios que provoca en la región y en las comunidades.

En este sentido, exigieron a los alcaldes de Escuintla y Acacoyagua que respeten las declaratorias que firmaron de municipios libres de minería.

El pasado 26 de septiembre, el FPDS instaló dos campamentos para bloquear el paso a las maquinarias y

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

Personal del Sindicato de Trabajadores de Confianza de la Universidad Autónoma de Chiapas (SITRACOUNACH) ante la indiferencia del Rector de máxima casa de estudios de la entidad, Eugenio Hernández Ruíz de atender las demandas del personal que labora, decidieron tomar las oficinas de rectoría hasta que Hernández les atienda personalmente , tal y como te comprometió a realizaros días anteriores.

En días pasados los trabajadores de la UNACH se manifestaron para solicitar ser atendidos por el rector, acordando una reunión con él para este 30 de marzo a las 7 de la noche, pero se le antojó no llegar y solo mandar a la reunión a subordinados que solo dijeron “debemos preguntar a ver que dice el Doctor – Eugenio-“.

Desde que se constituyó el FPDS, en 2015, hombres y mujeres de la organización se han dado a la tarea de frenar la expansión minera en la región del Soconusco y en la Costa de Chiapas, debido a que esa actividad sólo ha traído la contaminación de sus ríos y arroyos, así como enfermedades entre los habitantes que viven cerca de los lugares de donde se extraen los minerales

vehículos de las empresas mineras.

Con palos y piedras atravesados en el camino, los pobladores controlan desde entonces el acceso a la zona e impiden el ingreso de personal de las mineras.

Estos campamentos han provocado la solidaridad de organizaciones y activistas, que han hecho campañas para recolectar víveres.

Una de las organizaciones que asesora y apoya al FPDS es Otros Mundos/ Amigos de la Tierra México, fundada y coordinada por el activista Gustavo Castro Soto.

Otros Mundos calcula que en Chiapas se encuentran al menos 99 concesiones mineras, 21 de ellas en los municipios de Escuintla y Acacoyagua.

Con su lucha social, el FPDS logró la suspensión temporal de dos minas de titanio: El Bambú, a fines de 2015, y Cristina, a comienzos de 2016. El proyecto minero Casas Viejas también es de titanio y está en explotación desde 2003.

“Las afectaciones a la salud y al medio ambiente son visibles, pero el gobierno cierra los ojos, por lo que los habitantes, en su mayoría campesinos, llevan seis meses manteniendo dos campamentos que bloquean el paso de las máquinas hacia la mina”, dijo Marie-Pia Rieublanc, investigadora de Otros Mundos, AC. La activista explicó que ya no hay peces en los ríos y que cuando los pobladores van a bañarse les salen ron-

chas y granos, debido a la alta contaminación.

“Los terrenos quedan inservibles” y se han incrementado los casos de muertes por cáncer, sostuvo.

Añadió: “Como campesinos, nos hemos reunido y organizado para hacer un Frente, el FPDS, en 2015, para tratar de parar esa industria minera, ya que el gobierno de México y nuestro gobernador no nos han hecho caso.

Ha habido muchos muertos a causa de la minería, pero ellos dicen que la minería no contamina. Los mineros dicen que la minería es sustentable. Al contrario: en donde hay minería, hay problemas de salud, hay problemas ambientales, hay problemas sociales y hay mucha corrupción”.

Por otra parte, subrayó, el avance de las mineras representa un retroceso para la soberanía alimentaria de las comunidades.

“La región de Soconusco es muy rica en recursos naturales, aquí tenemos tierra, bosques, manglares, mar. Es zona cafetalera, ganadera y pesquera.

Nuestra región es muy productiva. No necesitamos la minería para subsistir.

Aquí tenemos todo”, concluyó MariePia Rieublanc.

Trabajadores de confianza toman rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas Los sindicalizados señalan 16 puntos en su pliego de peticiones, entre los que destacan recategorización, pago de marcha por fallecimiento, el pago de prima vacaciones conforme al calendario escolar, incremento de prestaciones por el día del padre, las madres que tengan hijos en la guardería otorgarles permiso para ir por ellos.

Así también excepción total del pago de maestrías y doctorados así como lo de titulación y la inscripción de cada uno de los trabajadores de la institución, el pago adicional como estímulo por antigüedad de 5, 10, 15 y 20 años de servicio.

Los integrantes del SITRACOUNACH demandan otros puntos,

pero al rector parece no interesarle atender la petición personalmente, por ello los demandantes decidie-

ron tomar las oficinas de rectoría en demanda que sea el rector quien les atienda.

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Viernes 31 de Marzo de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

E

l Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) aprobó el acuerdo IEPC/ CG-A/002/2017, por el que ratificó la determinación de los montos y distribución del financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos con acreditación y registro ante el órgano electoral chiapaneco.

En sesión ordinaria del pleno del Consejo, a donde asistieron los representantes de los partidos políticos, Morena, PRD, PAN, Verde Ecologista de México, PRI, Chiapas Unido y Mover a Chiapas, se concretó lo mandatado por el decreto 128 del Congreso del Estado por el que se reforma el artículo 91 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, mismo que en su artículo Tercero Transitorio mandata que el máximo órgano de dirección del IEPC en un plazo de 60 días modifique su acuerdo original sobre el financiamiento público de los partidos políticos de fecha 18 de enero pasado.

Tras estudiar minuciosamente el tema, el Consejo General llegó a la determinación de ratificar el acuerdo que en su momento ya había emitido, considerando que la reforma contempla la posibilidad de reducir el financiamiento, aplicable en casos de excepción, pero en este caso, no se acreditó jurídicamente.

La Consejera Laura León Carballo, sostuvo claramente que “esta autoridad local está impedida por la Ley General de Partidos Políticos para realizar modificaciones a la fórmula establecida en la ley, atendiendo a la jerarquía normativa, ya que el código comicial está jerárquicamente por debajo de dicha ley y de la constitución local”.

Por su parte el Consejero Alex Walter Díaz García, refirió que “el proyecto de acuerdo garantiza las prerrogativas que por derecho constitucional tienen los partidos políticos y está plasmado en la ley, hacer lo contrario significaría en mi calidad de consejero violentar la ley y caer en una responsabilidad directa.”

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IEPC ratifica acuerdo de financiamiento público a partidos políticos Tras estudiar minuciosamente el tema, el Consejo General llegó a la determinación de ratificar el acuerdo que en su momento ya había emitido, considerando que la reforma contempla la posibilidad de reducir el financiamiento, aplicable en casos de excepción, pero en este caso, no se acreditó jurídicamente

Entre tanto, la Consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez precisó que acompaña el proyecto de acuerdo “porque es lo legalmente correcto, caso contrario estaríamos vulnerando los derechos de los partidos políticos para su financiamiento público; aunque con este acuerdo estamos ratificando un acuerdo ya aprobado, y no modificando como lo señala el decreto; estamos cumpliendo con lo mandatado y de manera oportuna.”

La Consejera Blanca Estela Parra Chávez, subrayó que la ley general de partidos políticos obliga a cumplir con lo que ella establece, por lo que “no solamente apruebo esta iniciativa, sino que la avalo en cada una de sus partes porque estoy segura y convencida que

el imperio de la ley puede y debe salvarnos de cometer actos fuera de ello, sino damos certeza dentro de este marco regulatorio”.

El consejero Manuel Jiménez Dorantes, quien además preside la Comisión de Asociaciones Políticas que elaboro el proyecto de Acuerdo, pidió en su intervención la importancia de incluir en el mismo la solicitud de una reunión con el titular del poder ejecutivo del estado para plantear las ampliaciones presupuestales que permitan garantizar el cumplimiento cabal de la entrega de las prerrogativas de los partidos.

En su participación, el Consejero Presidente, Oswaldo Chacón Rojas, comentó, que “con el proyecto que se pone a consideración del Consejo no

se pone en juego la voluntad o no de los consejeros y consejeras de atender las demandas ciudadanas de ajustar el monto de recursos que reciben los partidos, sino que se trata de un tema de estricta legalidad en donde el Consejo no tiene más alternativa que aplicar lo mandatado en la Ley General”.

No obstante, reconoció la necesidad de revisar el modelo de financiamiento político en el país, pues el sistema de partidos ya no es el mismo al de hace 20 años cuando se generó y cuando se demandaban montos cuantiosos para garantizar un mínimo de competitividad electoral, pero ello requerirá que se reforme la La ley general en la Cámara federal.

De igual forma, durante la sesión se dio cuenta de la aprobación del Decálogo para la igualdad sustantiva y No discriminación en el IEPC y se avaló el acuerdo por el cual se aprueban las medidas de austeridad y racionalidad presupuestal del gasto para este organismo electoral local durante el ejercicio 2017.

También, en dicha sesión, se dieron a conocer las diversas consultas realizadas por otros organismos locales electorales a la Comisión de Vinculación con los OPLES del INE, donde ésta dio contestación y que sirven como parámetros de actuación para los institutos electorales estatales.

Manuel Velasco engaña a “sus mujeres chiapanecas” entrega 500 pesos por tres meses de apoyo a madres solteras Jairo Camacho Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

Madres solteras que son beneficiarias de apoyo que otorga el gobierno del estado denunciaron que el recurso que el gobernador tanto presume entregar es totalmente falso.

Las mujeres exponen que Manuel Velasco todo el tiempo las ha engañado, pues en las entregas de los recursos siempre las hace esperar por horas, como ocurrió en la última ocasión donde después de horas de espera les fue entregados 500 pesos de tres meses.

“Manuel Velasco se para el cue-

llo con mentiras, las coordinadoras nos dijeron que entregarían el apoyo de tres meses, todo el día nos tiene paradas en el sol para entregarnos 500 pesos, cuando se supone que el recurso lo reporta como entregado”, señalaron.

Las denunciantes agregaron que desde noviembre del año pasado no se les entregaba el apoyo “ y ahora el gobernador sale con esto, es un engaño. Por andar esperando varias señoras se desmayaron, como no si estuvimos desde las ocho de la mañana y el gobernador que se cree artista apareció hasta las dos y media de la tarde”. (ReporteCiudadano)

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Concluye el plazo para renuncias a quienes buscan reelección De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

C

on base en los periodos establecidos en la Constitución Política del estado de Chiapas y en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, este sábado concluye el plazo para aquellos legisladores y miembros de Ayuntamiento que pretendan reelegirse, se cambien de partido o se declaren independientes.

Y es que en el artículo 28 de la Constitución chiapaneca se estipula que la elección consecutiva de los diputados a la Legislatura del Estado podrá ser hasta por cuatro periodos; así mismo, los presidentes municipales, regidores y síndicos podrán ser electos por un periodo adicional.

En ambos supuestos, la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato y de conformidad con lo establecido en la ley respectiva.

Por su parte el artículo 26 de la Ley Orgánica Municipal señala que los ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada tres años, iniciando sus funciones el primero de octubre del año de la elección, previa protesta, en los términos de esta Ley. En este sentido, el plazo definido fue de seis meses antes de que

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

En representación de los habitantes de los fraccionamientos Real del Bosque y Bonaza, Cándida Aremi Gutiérrez, denunció que el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez continua actuando con indiferencia ante el problema de suministro de agua potable.

Dijo que esto representa una clara violación a los derechos humanos de quienes habitan en las poco más de 7 mil viviendas ubicadas en ambos fraccionamientos, al sur poniente de la capital del estado.

Aunque se han establecido mesas de trabajo, enfatizó que el gobierno de Fernando Castellanos Cal y Mayor solamente ha venido dando largas al asunto, y, aunque más de una vez ha mostrado interés en el tema, también ha negado la situación ante jueces federales.

Consideraron que esta es una clara muestra de la falta de voluntad de la autoridad municipal, lo

En ambos supuestos, la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato y de conformidad con lo establecido en la ley respectiva

inicie el proceso electoral de 2018, bajo el considerando de las nuevas leyes enmarcadas en las normatividades electorales federales y armonizadas con las locales, esto con la finalidad de que se continúe con el trabajo ejercido en el primer periodo, siempre y cuando la ciudadanía vuelva a votar.

Lo antes mencionado deja entrever que tanto diputados locales como los miembros de los Ayun-

tamientos buscarán a toda costa la reelección, sobre todo los legisladores, ya que sus oportunidades de reelección son mayores a los de presidentes, regidores y síndicos municipales.

Es importante mencionar que a más tardar el sábado, se sabrá si aquellos legisladores y munícipes chiapanecos renuncian a su militancia actual y se afilian a otra fuerza política partidista, acto co-

nocido como “chapulineo”, o bien se declaran como independientes, aunque otra opción sería el que se reelijan con el mismo partido.

Esto, ya que si no renuncian a su militancia antes de la fecha citada, solo podrán postularse con el respaldo del partido político al que pertenecen o por cualquiera de los integrantes de la coalición que los mantiene en el puesto de elección popular.

Ayuntamiento de Tuxtla sin interés de resolver problema de Real del Bosque y Bonanza que es lamentable al recordar que fue el mismo ayuntamiento quien otorgó los permisos para la construcción y venta de estas viviendas.

“Las autoridades municipales son las responsables directas de las violaciones a los derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano al omitir la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado tratamiento de aguas residuales en los dos fraccionamientos (…) además de ser quien otorgó los permisos de comercialización sin que se contara con las condiciones para ello”, dijo.

Ante el silencio de la presidencia, los afectados decidieron buscar nuevas alternativas, es por ello que procedieron legalmente, además de acercarse a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dependencia que manifestó su interés por

trabajar de manera conjunta con el ayuntamiento capitalino.

Sin embargo, Gutiérrez Zenteno, lamentó que a pesar de eso,

el SMPA no tenga la intención de trabajar para solucionar este problema que se viven en las 7 mil viviendas.

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Viernes 31 de Marzo de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

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l gobernador Alejandro Murat canceló hoy los sus actos en Salina Cruz y Juchitán ante la movilización de los maestros de la sección, que derivó en un enfrentamiento con grupos de choque del PRI, lo que dejó un saldo de un integrante de la comisión política del magisterio lesionado y dos detenidos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) confirmó la detención de dos militantes de la CTM por alteraciones al orden público en el marco de los eventos registrados este día en Salina Cruz, donde resultó herido el secretario de Prensa y Propaganda de la sección 22, Wilbert Santiago Valdivieso.

Mientras, Murat Hinojosa terminó por refugiarse en el cuartel del treceavo regimiento de caballería de Ciudad Ixtepec, donde dio una conferencia por los hechos que motivaron la cancelación de sus eventos en su gira por el Istmo de Tehuantepec.

De entrada, la sección 22 logró su objetivo de boicotear hoy dos actos del gobierno del estado “ante la política de represión, detenciones arbitrarias y falta de avances en las mesas de negociación”.

Y advirtió que “este movimiento continuará persiguiendo al cachorro en las regiones más lejanas, hasta que responda de manera puntual, sin dilaciones ni condiciones las demandas del magisterio y el pueblo organizado”.

De acuerdo con el área de comunicación social, Murat realizaría hoy una gira por la región del Istmo de Tehuantepec, ya que al mediodía, en Salina Cruz, daría el banderazo de ini-

Sergio Caballero Cancún, Q. Roo (apro)

Héctor Casique Fernández, a quien este mediodía la Fiscalía General del Estado (FGE) ofreció disculpas públicas por haber sido víctima de tortura, acusó al gobernador Carlos Joaquín y el actual fiscal Miguel Ángel Pech Cen, de no actuar en contra los 43 agentes de la Policía Judicial y del MP que lo sometieron a golpes y tormento.

En cumplimento de la recomendación 017/2015-II de la CNDH, la vicefiscal Rosaura Villanueva Arzápalo ofreció una disculpa pública a Héctor Casique y Maximiliano Ezequiel Millán González, acusados de ser integrantes del Cártel del Golfo, y participar, en marzo de 2013, en el homicidio del subsecretario de Conflictos del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, Francisco Achach Castro, sobrino de la exalcaldesa de esta ciudad Magali Achach, así como de otras seis personas en el bar “La Sirenita”, en una colonia popular de este destino vacacional.

Sin embargo, tanto Casique Fernández, que fue escolta del exgobernador Roberto Borge, y su madre Yaskade Fernández manifestaron su

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Se enfrentan sección 22 y grupos de choque del PRI; un lesionado y dos detenidos La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) confirmó la detención de dos militantes de la CTM por alteraciones al orden público en el marco de los eventos registrados este día en Salina Cruz, donde resultó herido el secretario de Prensa y Propaganda de la sección 22, Wilbert Santiago Valdivieso

cio de operación de patrullas, camión cisterna para combatir incendios y entrega de equipamiento al cuerpo de bomberos.

Posteriormente, a las 13:00 horas sostendría una reunión de Coordinación Regional para la Seguridad en el Istmo en la casa de la cultura de Juchitán de Zaragoza, sin embargo, suspendió su presencia en ambos eventos por la presencia de los maestros de la sección 22.

El líder magisterial Eloy López Hernández condenó los hechos de

violencia en el puerto de Salina Cruz y exigió “una verdadera mesa de negociación con carácter resolutivo en el ámbito político, laboral, social, administrativo y de justicia por la masacre de lesa humanidad ocurrida en Asunción Nochixtlán.

“Repudiamos este acto de parte de Murat, ya que no nos permiten manifestarnos de manera pacífica en el puerto de Salina Cruz, en la cual nuestro camarada Wilbert fue brutalmente golpeado por grupos de choque del gobierno de Murat”, se quejó

López Hernández.

Y agregó: “Rechazamos ese acto y repudiamos esa actitud del gobierno del estado que nos responde con golpes. No vamos a permitir que no nos permitan hacer la manifestación como nos ha caracterizado en la sección 22. Un gobierno así no puede caminar con la sociedad oaxaqueña, no puede reprender, mucho menos lastimar el derecho a la manifestación”.

Insistió en repudiar “el clima de cerrazón y represión que está orquestando Alejandro Murat en la región del Istmo de Tehuantepec para imponer su política económica a fuego y sangre”.

Igual denunció que mientras los maestros realizaban su protesta pacífica fueron atacados por los grupos de choque del PRI que llegaron con palos y piedras.

Finalmente, advirtió que “la sección 22 no claudicará en esta jornada de lucha acordada por las bases a pesar de la militarización, persecución y represión del Estado en su intento por callar la protesta social”.

Gobernador Carlos Joaquín elude sancionar a 43 agentes, acusa víctima de tortura desacuerdo en los términos de esta disculpa, que calificaron de “ridícula”, e igual cuestionaron que no acudió a este acto, celebrado en la Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdhqroo), el titular de la FGE, Miguel Ángel Pech Cen. Pero sobre todo exigieron que la FGE ya proceda contra los 43 agentes de la Policía Judicial y del MP que sometieron a tortura a Casique, tras ser detenido junto con Millán González, en la zona hotelera el 16 de marzo de 2013 y presentados al día siguiente como participantes del multihomicidio.

Casique y su madre señalaron que desde hace un año y nueve meses, la Sala Constitucional y Administrativa (SCA) del Tribunal Superior de Justicia del estado ordenó a la entonces Procuraduría local que procediera contra los 43 agentes que participaron en la tortura.

Yaskade Fernández indicó que, aunque la mayoría de los inculpados solicitó amparos contra la SCA, éstos fueron sobreseídos, razón por la cual

la FGE está en condiciones de vincular a proceso a los 43 agentes por tortura y abuso de autoridad.

Pero, además, destacó que todos estos 43 agentes siguen en la plantilla laboral de la FGE. Casique además advirtió que el fiscal Pech Cen estaría incurriendo en desacato al no vincular a proceso a los agentes torturadores.

Por otra parte cuestionó que las autoridades locales no han aplicado las medidas cautelares para su protección, y en cambio ha recibido amenazas de los agentes inculpados.

“Dejen de perseguir a mi familia”, exclamó.

Yaskade Fernández señaló que el eslogan del “Gobierno del cambio” de Carlos Joaquín “es sólo un decir mientras los 43 agentes “sigan trabajando en la FGE. Siguen protegidos por el actual fiscal”, acusó.

Casique señaló que el principal responsable de la tortura es el entonces director de la PJ, Arturo Olivares Mendiola, que tuvo el aval del propio

gobernador Roberto Borge.

Las razones de su detención y tortura, indicó, se dieron tras reclamar a Olivares Mendiola el pago que le hizo para lo que colocara como escolta del entonces candidato del PRI a alcalde de Cancún, Paul Carrillo, lo cual no ocurrió y después fue detenido.

La vicefiscal Villanueva Arzápalo ofreció dar celeridad a los procesos y afirmó que también fue víctima de los abusos que se cometieron en el sexenio de Borge Angulo.

Los abogados de Casique indicaron que la CEDH emitió una recomendación con siete puntos, que incluye además la reparación del daño y el inicio de procesos.

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La CNS asegura que cumplirá recomendación de la CNDH sobre joven torturado en Yucatán De la redacción Ciudad de México (apro)

L

a Comisión Nacional de Seguridad (CNS) aceptará en todos su términos la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de un joven de 17 años detenido hace un año en el municipio de Conkal, Yucatán.

La CNS que encabeza Renato Sales Heredia aseguró a APRO que de acuerdo con la recomendación de la CNDH, procederá a la reparación del daño al agraviado, conforme a la Ley General de Víctimas, que incluya, entre otros puntos, una compensación y atención psicológica y médica; emitir una circular dirigida al personal de la Policía Federal en la que se requiera cumplir con la legislación nacional e instrumentos internacionales de derechos humanos en las detenciones de las personas, y que se prohíban la tortura y tratos crueles, inhumanos y/o degradantes.

El 6 de abril de 2016 la víctima acudió a desayunar al mercado de ese municipio y, al retornar a su lugar de trabajo, el vehículo en que se transportaba en compañía de dos personas fue detenido para una “inspección de rutina” por elementos de la “Gendar-

Rosalía Vergara Ciudad de México (apro)

El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, calificó como “una burla” que, en lugar de los ciudadanos, los diputados federales se adjudicaran el nombramiento de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). “¿Cómo es posible que no sean los ciudadanos los que decidan y que no se pueda escoger a gente integra, autónoma, independiente?”, inquirió el tabasqueño en entrevista desde Torreón, Coahuila. Y además, agregó, lo hacen “con cinismo”.

El excandidato presidencial explicó que de acuerdo con la ley, deben inscribirse 300 personas para el cargo y después una comisión se encarga de formar ternas de precandidatos.

Es “toda una faramalla” porque “de antemano se sabe quiénes van a quedar, porque se pusieron de acuerdo y se reparten los nombramientos”, sostuvo.

En su opinión, se trata de “una simulación corrupta” a la que los mexicanos no pueden acostumbrarse ni

El 6 de abril de 2016 la víctima acudió a desayunar al mercado de ese municipio y, al retornar a su lugar de trabajo, el vehículo en que se transportaba en compañía de dos personas fue detenido para una “inspección de rutina” por elementos de la “Gendarmería Policía Federal (PF)”

mería Policía Federal (PF)”.

Las tres personas fueron bajadas de la unidad y revisadas. Los agentes se dirigieron al agraviado y le preguntaron: “¿dónde venden la droga?”, a lo que el joven respondió que lo estaban confundiendo, que no sabía a qué se referían.

Inmediatamente después fue subido en la cabina trasera del vehículo policial, donde le cubrieron la cabeza

con su misma ropa, y dos uniformados lo golpearon con sus puños mientras lo amenazaban con que le iría peor si denunciaba la agresión.

Al llegar al “monte” lo bajaron del vehículo y “cinco uniformados” lo rodearon y le preguntaron reiteradamente dónde conseguía la droga en Conkal y quién se la vendía. El detenido respondió de nueva cuenta que no sabía nada, pero el interrogatorio

continuó y los policías le aplicaron “lesiones electroespecíficas” en el cuello y hombro derecho.

Nuevamente fue subido al vehículo y lo bajaron en la carretera “ConkalIxil”, con la advertencia de que lo soltarían, pero si lo alcanzaban lo volverían a torturar, por lo que corrió seguido por la unidad policial, como si quisieran atropellarlo, hasta que llegó a su centro de trabajo.

Al día siguiente, el joven y otra persona presentaron una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán, que fue remitida a la CNDH por cuestiones de competencia, donde se radicó el expediente CNDH/1/2016/3281/Q. Tras concluir su investigación, la CNDH encontró elementos suficientes que acreditan violación de los derechos humanos a la libertad, seguridad jurídica y seguridad e integridad personal del menor de edad e interés superior de la niñez, por detención arbitraria y actos de tortura, atribuibles a elementos de la División de Gendarmería de la PF.

“Una simulación corrupta”, la elección de consejeros del INE: AMLO perder su capacidad de asombro, de indignación, cuando se actúa de esa manera.

Al referirse al proceso electoral en el Estado de México, López Obrador reiteró la denuncia pública contra el presidente Enrique Peña Nieto, a quien acusó de haber ordenado a sus funcionarios que entregaran despensas, pulseras y frijol con gorgojo a cambio del voto, acto en el que también participó la consorte del Ejecutivo, Angélica Rivera.

Pero además, dijo, el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y actual secretario de Salud, José Narro (a quien un grupo de priistas destapó como presidenciable para 2018), viajó a tierra mexiquense para repartir certificados de salud.

También citó el caso de los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien expidió actas de

nacimiento; de Educación Pública, Aurelio Nuño, que “proporcionó pulseras”; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, que “creo entregó pollos, patos, chivos y borregos”. Eso –subrayó– “es un descaro. Es indignante”.

En otro asunto, el exjefe de Gobierno consideró que la acusación que hizo el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira contra el expresidente Felipe Calderón, en el sentido

de que éste le robó la presidencia en 2006, es “del dominio público”, pues la población sabe que el panista fue impuesto en el cargo, no por decisión de los ciudadanos.

“Es una gran descomposición la que se está padeciendo, por eso hace falta un cambio verdadero, y ese cambio tiene que tener como eje básico, como eje central, la honestidad”, remató.

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Jenaro Villamil Ciudad de México (apro)

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enadores del PRD y del PT plantearon modificaciones al artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de Protección a Periodistas y al artículo 6 de la Constitución para que se agote toda “línea de investigación” en el caso de agresiones a reporteros y para que el Estado se comprometa a garantizar la seguridad de las personas que trabajen en los medios informativos.

Marco Antonio Blásquez Salinas, senador del PT y presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, presentó una iniciativa de ley para obligar al Ministerio Público a agotar “no sólo las líneas de investigación relativas a la condición de comunicador de la víctima, sino también los vínculos que los individuos y grupos criminales que pudieran desatar la violencia en función de dicha labor, tengan con servidores públicos del lugar en que se registre la conducta delictiva”.

La iniciativa del senador del PT mencionó los casos recientes de Cecilio Pineda, asesinado en Guerrero; de Ricardo Monlui, columnista de Córdoba, y de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada, como ejemplos de impunidad.

Los tres “eran periodistas ampliamente conocidos en la sociedad en la que se venían desenvolviendo.

Su actividad informativa y la índole de sus notas les habían forjado un lugar en el campo del periodismo.

Sin embargo, estos datos valiosos no se reflejan en la actuación de la policía ni de los agentes ministeriales ya que las líneas de investigación se prefieren reducir a lo inmediato”, con excepción del caso de Miroslava Breach.

Blásquez también mencionó el

CONTRAPODER

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Senadores proponen reformas para proteger a periodistas a nivel Constitucional La iniciativa del senador del PT mencionó los casos recientes de Cecilio Pineda, asesinado en Guerrero; de Ricardo Monlui, columnista de Córdoba, y de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada, como ejemplos de impunidad

caso del fotorreportero Rubén Espinosa, colaborador de Proceso, cuyo caso “ha dejado numerosos cabos sueltos en la investigación especialmente la circunstancia de amenaza permanente en la que vivió el periodista en sus últimos meses”.

Por su parte, la senadora Dolores Padierna, coordinadora del

PRD, presentó otra iniciativa de reforma al artículo 6 constitucional para homologarlo a lo aprobado en la Constitución de la Ciudad de México que elevó a garantía en la Carta Magna la protección a los periodistas.

El artículo 7 de la Constitución de la Ciudad de México señala que “se garantizará la seguridad de las

personas que ejerzan el periodismo; así como las condiciones para quienes sean perseguidos arbitrariamente en el ejercicio de dicha actividad profesional puedan vivir y trabajar en la Ciudad”.

La Constitución federal ya prevé la protección en el artículo 73 facción XXIX, pero es necesario incorporar un párrafo al artículo 6 donde se comprometa al Estado a “garantizar la seguridad de las personas que ejerzan el periodismo; así como las condiciones para que, quienes sean perseguidos arbitrariamente en el ejercicio de dicha actividad profesional, puedan vivir y trabajar con dignidad”.

Padierna argumentó que México “enfrenta una crisis de violencia y en medio de ella, las y los periodistas se han convertido en uno del os grupos más vulnerables al crimen; los recientes crímenes son parte de una persecución sistemática en contra del gremio, cuyo objetivo es silenciar a quienes investigan y denuncian los hechos de violencia y de corrupción”.

Diputados eligen a tres nuevos consejeros del INE Jesusa Cervantes Ciudad de México (apro)

Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez y Claudia Beatriz Zavala fueron elegidos, con 336 votos a favor, como nuevos consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) y quienes participarán en la organización de la elección presidencial 2018.

El cargo de los consejeros será hasta 2026.

Luego de que se filtraran las tres quintetas de los semifinalistas el pasado 21 de marzo, y ante el reclamo del partido Morena, se elaboraron nuevas propuestas para presentar ante el Pleno de la Cámara la terna final para elegir a los nuevos consejeros.

La filtración a los medios de co-

municación dejó en el camino a Carla Humphrey, puntera de Acción Nacional y exesposa de Roberto Gil Zuarth, cercano colaborador del expresidente Felipe Calderón; también quedó en el camino la principal carta del PRI, Flavio Galván, quien fuera el primer secretario de acuerdos del Tribunal electoral, posteriormente magistrado presidente de ese organismo.

Luego que la Junta de Coordinación Política elaboró la terna, se reunió por media hora y solamente votó en contra el partido Morena, cuyos legisladores portaron una pancarta que dice: “no a los consejeros del INE por cuotas de mafias”.

Dania Ravel es la propuesta del PRI. Fue consejera electoral en el Instituto de la Ciudad de México, pero además fue asesora del actual

consejero Marco Baños, cercano colaborador de Manlio Fabio Beltrones, exrepresentante del PRI ante el entonces llamado Instituto Federal Electoral y colaboradora con

el extinto priista Sebastián Lerdo de Tejada.

El consejero Jaime Rivera Vázquez fue propuesto por el PAN, y Claudia Beatriz Zavala, por el PRD.

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Senadores impugnan experiencia de candidata de Peña al Inegi Mathieu Tourliere Ciudad de México (Apro)

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ientras dos senadores de oposición cuestionaron a Paloma Merodio Gómez, la candidata que el presidente Enrique Peña Nieto designó para ocupar la vicepresidencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sobre su perfil inadecuado para el cargo, legisladores priistas y afines cerraron filas detrás de la mujer.

Los senadores Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, y Armando Ríos Piter, del PRD, preguntaron a Merodio sobre una serie de señalamientos que organizaciones de la sociedad civil y académicos realizaron desde principios de marzo. Según ellos, Merodio incumple con los requisitos del cargo –sobre todo porque no ocupó un puesto de “alto nivel” durante cinco años--, por lo que su designación por parte del Ejecutivo fue ilegal.

Ella defendió su candidatura: aseveró que la ley no define qué es un “cargo de alto nivel”, negó cualquier conflicto de interés, resaltó su experiencia profesional –enumeró los levantamientos que realizó en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)-- y recalcó su condición de “mujer, profesionista y madre” que, según ella, “significarían un importante aporte adicional a la Junta de Gobierno del Inegi”.

Al preguntarle sobre su nivel de responsabilidades en la empresa Grupo de Economistas Asociados (GEA), en la que laboró dos años, Merodio contestó que esta empresa es una “institución muy horizontal, muy pequeña”.

En el currículum que Peña Nieto envió al Senado el pasado 24 de febrero para postular a Merodio, se planteó que la mujer había impartido una clase en la Universidad de Harvard, de la que obtuvo una maes-

De la redacción Ciudad de México (apro)

Será hasta el 2018 cuando podría iniciar la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México propuesto por el presidente Donald Trump, debido a que los republicanos en el Congreso no planean aprobar los fondos adicionales para ello.

De acuerdo con información de la agencia Notimex, el líder republicano de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, aseguró que “la gran partida de dinero para el muro realmente es para el próximo año, las apropiaciones para el próximo año fiscal”.

tría. Sin embargo, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) reveló posteriormente que no era titular de la clase, sino asistente del profesor.

Frente a los senadores, Merodio se deslindó del documento firmado por Peña Nieto: sostuvo que en el currículum que ella entregó a la Presidencia, “en ningún lugar se especifica que yo fui titular de la materia, dice que impartí las clases junto con el profesor”.

“Tengo una trayectoria ética probada, una independencia de criterio que he demostrado con mi trabajo en el día a día, con las evaluaciones que yo he publicado en la página de internet de Sedesol, así como en mi paso por el IMSS”, añadió.

Al terminar la sesión, Pablo Escudero Morales, integrante Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidente de la Mesa Directiva del Senado, elogió a Merodio –sostuvo que “está altamente calificada, es una profesionista brillante”-- y aseveró que cuenta con “la capacidad técnica y la experiencia profesional” para el puesto.

Romero Hicks tuvo una reacción opuesta: “En este momento no me la imagino como vicepresidenta del Inegi. No veo criterios de independencia, no veo consolidación en la parte de la autonomía, ese ya es un juicio de valor, estoy cambiando de un ámbito al otro; pero el valor fundamental tiene que ver con las pruebas objetivas: No suma cinco años”, alertó.

Según el Inegi, cualquier integrante de la Junta de Gobierno debe ser un “profesional distinguido” en estadística, geografía o economía”, o bien “un académico de reconocido prestigio” y que “haya ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores público o privado”.

Ante los señalamientos contra la candidata del presidente, la mayoría de los senadores dedicó la mayor parte de sus intervenciones en elogiar el

damos y reconocemos su carrera, reconocemos su calidad moral y su capacidad política y también su sensibilidad social”.

Repudio en Twitter

perfil de Merodio. Insistieron sobre su juventud y su condición de mujer, y varios recalcaron que cuando Pedro Aspe Armella desempeñó como primer presidente del Inegi, en 1983, tenía 31 años, la misma edad que la candidata.

El tamaulipeco Manuel Cavazos Lerma retomó los requisitos de la ley y aseguró que Merodio los cumplió. Sus argumentos: “Usted es un profesional porque tiene su cédula profesional, es un profesional porque tiene sus títulos de licenciatura y de maestría” (…), “no porque un presidente de la República no firme contratos ya no es un puesto de alto nivel. De manera que es un argumento más accesorio que esencial”.

Menos categórico, el priista guerrerense Esteban Albarrán Mendoza aseveró que “creemos que usted cumple los requisitos como la ley lo mandata y cumple también con el perfil que se requiere”, y añadió: “Muchos legisladores, y aquí habemos varios presentes, reconocemos que uno de esos lugares, precisamente en el Inegi, usted merece estar”.

Miguel Ángel Chico Herrera, por su parte, descalificó los argumentos “inconsistentes” y la “errónea interpretación de la legislación” de las organizaciones opositoras al nombramiento de Merodio.

Luego se dirigió a ella: “Tiene aquí a senadoras y senadores que respal-

En el ámbito académico y en algunas organizaciones de la sociedad civil –sobre todo el CEEY--, el nombramiento de Merodio generó un movimiento de rechazo. Ayer, 125 investigadores firmaron un comunicado de repudio al nombramiento de la funcionaria.

“Es de conocimiento que hay otras personas, particularmente mujeres, que sí cumplen con méritos propios el perfil y trayectoria que la ley exige”, sostuvo el colectivo.

Y advirtió: “Darle el encargo de supervisar la generación de datos relevantes para la medición de la pobreza, por ejemplo, a quien antes tuvo como cargo el combate a la misma, no abona a la consolidación del Inegi como órgano autónomo”.

Este rechazo se expresó hoy en Twitter, donde académicos y activistas que siguieron la sesión en vivo expresaron su indignación.

Carlos Bravo Regidor, coordinador de la Maestría en Periodismo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseveró que “no debería discutirse la idoneidad de Merodio para la (vicepresidencia) del Inegi sin antes acreditar su ELIGIBILIDAD para dicho puesto”. Y, con ironía, añadió: “Los senadores del PRI están a un tris de decir que si tienes trabajo y mides más de 1.70 ya acreditas como ‘alto mando’”.

A lo largo de la sesión, José Merino, también profesor del CIDE, subrayó las “mentiras” de la candidata mientras ésta respondía a las preguntas de los senadores.

El reconocido economista Gerardo Esquivel publicó: “Lo de Merodio es ambición vulgar. Lo realmente preocupante es lo de (José Antonio) Meade: la quiere imponer y amedrenta a quienes la cuestionan”.

Construcción del muro fronterizo iniciaría hasta 2018 por falta de fondos Y es que Trump pidió al Congreso 30 mil millones de dólares en su presupuesto suplementario para el 2017 para aplicarlos en el rubro de defensa y seguridad fronteriza, incluidos fondos para deportaciones, la construcción del muro y contratar más agentes fronterizos.

El reporte indica que el mandatario solicitó específicamente 999 millones de dólares para la planeación, diseño y construcción de la primera parte del muro a partir de “proyectos piloto”.

No obstante, en el presupuesto regular de 2018, que se presentará en mayo, el gobierno de Estados Unidos pedirá una partida de 2.6 mil millones de dólares para el muro. Se estima que su costo total sería de más de 21 mil millones de dólares.

Según Notimex, Rayn aseguró que el Departamento de Seguridad Interna (DHS) tendrá los fondos necesarios para operar hasta el fin del actual año fiscal, el próximo 30 de septiembre, con los fondos suplementarios auto-

rizados debido a que el presupuesto regular actual no fue aprobado, pero fue opaco respecto al muro.

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CDHDF acepta acompañar a trabajadoras despedidas de IEMS Luego de que el auto se retiró una patrulla con las placas DF-513-R2 se colocó frente al plantón.

Montserrat Antúnez Estrada Ciudad de México. (Cimacnoticias)

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a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) sí acompañará a las trabajadoras despedidas del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) para que denuncien las agresiones de que han sido objeto en su lucha por la reinstalación.

Aunque en un principio la CDHDF se negó a acompañarlas ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), tras la conferencia de prensa que realizaron las trabajadoras el 27 de marzo, el organismo defensor de los derechos humanos se comunicó con las organizaciones que acompañan el caso para dar marcha atrás a su negativa.

El Comité Cerezo México y Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos A.C. (ACUDDEH) informaron en la conferencia de prensa, que hizo cambiar de opinión a la CDHDF, se responsabilizó al gobierno capitalino de posibles daños a la integridad física y psicológica de las trabajadoras despedidas en 2016, por no brindarles seguridad, como lo habían ya solicitado.

Las trabajadoras recordaron que la negativa de la CDHDF a acompañarlas ocurrió el 21 de marzo, un día después del último allanamiento que tuvo su campamento. Ante las

“En lo oscurito”

organizaciones que las apoyan, integrantes de la Quinta Visitaduría les dijeron que acompañarlas “no era su labor y de hacerlo sería como tomar partido”, señaló a Cimacnoticias el integrante del Comité Cerezo, Alejandro Cerezo.

La denuncia Explicó Alejandro Cerezo que la decisión de denunciar la tomarán las trabajadoras ya que temen que la policía capitalina no garantice su seguridad, luego de que en los últimos meses han sido vigiladas, no cuidadas, por ellos, como lo denunciaron mediante comunicados, donde ex-

plican que personas con uniformes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México han merodeado el plantón, así como gente de la delegación Iztapalapa.

Una de las peticiones de las trabajadoras de intendencia, y la cual ya fue presentada en una carta dirigida al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, el 16 de marzo pasado, es que la PGJDF investigue al propietario de un automóvil Chevy color azul, con placas MTY-55-32, ya que el 8 de marzo, durante un evento político-cultural que las mujeres realizaron afuera del plantón, un sujeto a bordo de ese auto las fotografió.

Desde que fueron despedidas, con el argumento de que las contrató la empresa ROCMAN, todo eso sin su consentimiento, las trabajadoras demandan ser recontratadas por el IEMS, pero la directora del organismo, Dinorah Pizano Osorio, se niega a retomar el diálogo público con ellas.

Denunciaron que el 16 de marzo, día en que las trabajadoras realizaron un mitin frente al edificio de Gobierno de la Ciudad de México, Pizano se comunicó con integrantes del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (SUTIEMS) para que pidiera a las trabajadoras no manifestarse como condición para concederles una entrevista.

“Ellas rechazaron la entrevista porque Pizano Osorio no aceptó que acudieran ni sus abogados ni las organizaciones acompañantes”, comentó Cerezo.

Personal del SUTIEMS denunció anteriormente que la administración pasada del IEMS, a cargo de Ulises Lara López, tampoco estuvo abierta al diálogo, lo que retrasó el cumplimiento de las demandas hechas por las trabajadoras despedidas.

Violencia política da marcha atrás a la paridad: Favela Herrera De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

El nuevo fenómeno de la democracia mexicana es una operación hormiga para que las candidatas que ganan una sindicatura, regiduría o presidencia municipal asuman los cargos, ejercen sus funciones por un tiempo, pero luego son obligadas a renunciar, aseguró la consejera electoral Adriana Favela Herrera.

Datos recabados por el Instituto Nacional Electoral (INE) indican que hasta el 3 de febrero de 2017, 30 mujeres fueron obligadas a renunciar y de ellas 23 fueron sustituidas por hombres y siete por otras mujeres. “En estas sustituciones perdimos a 23 mujeres”, declaró la consejera. En ese mismo periodo, renunciaron 24 hombres y 20 fueron sustituidos por hombres y dos por dos mujeres y hay dos cargos que todavía no se designan.

En el foro “Igualdad de derechos y paridad de género en la agenda internacional. Avances y retos del sistema mexicano de justicia electoral”, la consejera electoral dijo que en la

actualidad el mayor reto es la violencia política que siempre ha existido pero que se ha incrementado a la par que más mujeres son candidatas a cargos de elección popular.

Favela Herrera llamó a las integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a dar seguimiento al número de mujeres que llegan a los cargos de elección popular, y vigilar que lo sigan desempeñando, porque en estados como Chiapas y Guerrero las candidatas que ganan en los comicios, toman protesta, ejercen el cargo por unos meses y después son obligadas a renunciar.

La consejera electoral dijo que en 2014 se hizo un estudio a nivel nacional que arrojó que solamente el 7 por ciento de las presidencias municipales eran ocupadas por mujeres; después de la reforma en materia político-electoral de 2014 y la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 2015 se alcanzó 13 por ciento y en 2016 cuando hubo elecciones en 11 entidades federativas, se alcanzó casi un 26 por ciento.

También señaló que, sumando las elecciones de 2015 y de 2016 que se realizaron en 27 entidades federativas que tuvieron elecciones de los ayuntamientos, hay un 18.09 por ciento de mujeres en cargos edilicios.

Por su parte el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, coincidió en que después de la reforma de 2014 surgieron otras modalidades de violencia política y “se manifestaron diversas pulsiones autoritarias que pretenden sostener, o bien, ocultar la discriminación”.

El consejero manifestó sus dudas en tipificar la violencia política de género porque, como lo ha explicado en otras

ocasiones, una democracia tiene que construir cambios culturales. “Bienvenida la criminalización, pero cuidado con la criminalización, porque suelen pagar los más desfavorecidos, los más pobres, los más desprotegidos y aquí el problema que tenemos no es un problema de combatir y sancionar”.

En el acto participaron las magistradas Mónica Aralí Soto Fregoso, Janine M. Otálora Malassis; la ministra Margarita Luna Ramos; el fiscal de Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez; y la representante de ONU Mujeres, Ana Güezmes García.

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as elecciones del 2015, en las que se renovaron 122 alcaldías y 41 diputaciones locales, retrataron los mismos hechos de siempre: irregularidades que sólo denuncia la oposición, porque para los partidos de la alianza gobernante, se vivió una elección ordenada.

Cerca de 200 reportes de incidencias, entre lo que destaca el robo, quema de urnas, la negación a instalar casillas por usos y costumbres y la detención de personas por coaccionar el voto a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), retratan la triste historia de un estado que lejos de caminar por la vía democrática enfrenta un nuevo fenómeno: la delincuencia electoral organizada.

Con las mismas promesas y esperanzas de cambio, como muchos electores escuchan de los candidatos en cada proceso electoral, los chiapanecos se vieron violentados y coaccionados a cambio de su voto; el gobierno estatal continúa con la práctica de métodos y mañas del pasado: corruptelas, desorden administrativo e impunidad.

El proceso electoral en sí mismo no tendría nada de extraordinario en un ambiente democrático y apego a la legalidad en la contienda electoral. Sin embargo, se presentó una cantidad de irregularidades y el fraude a la ley, encabezados por los integrantes del máximo órgano de dirección electoral local.

Lamentablemente, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana se unió a la delincuencia organizada del PRI-PVEM. Por ejemplo, a cinco días de la jor-

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as declaraciones del consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, sobre el término del plazo para que miembros de ayuntamientos (presidentes municipales, síndicos y regidores) y legisladores locales, con intenciones de reelegirse por partidos distintos a los que los postularon o por la vía independiente, renuncien a sus militancias antes de este sábado, da inicio a un proceso normativo de reelección cargado de debilidades y mañas legaloides.

De acuerdo los señalamientos de Chacón Rojas, con fundamento en las reformas electorales federal y estatal, es justo este 31 de marzo cuando el plazo marcado por la ley llega a su fin, “impidiendo” la posibilidad de que los funcionarios en cargos públicos antes mencionados puedan cambiarse de partido de última hora para buscar reelegirse. Sin embargo, un candado ofrece debilidades técnicas.

Se trata de recovecos procedimentales tan sencillos como la NO obligatoriedad para que los funcionarios con posibilidades de reelección presenten y hagan públicas, antes de cumplirse el plazo, las respectivas renuncias o ratificaciones a sus militancias. No se contempla forma

Viernes 31 de Marzo de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

ENTRE POLÍTICOS David Martínez Hernández

PRI-PVEM socios en la delincuencia electoral organizada nada electoral y a 48 horas del cierre de las campañas de promoción del voto, el IEyPC, aprobó la modificación de candidaturas de los partidos políticos para que cumplieran con la equidad de género. Burda y absurda la violación a la norma constitucional, pero resultó peor la sustitución, porque en las fórmulas se registraron esposas, hermanas y familiares de los candidatos varones; es el triunfo de la trampa.

Para la jornada electoral ya no fue posible reimprimir las boletas, así que los chiapanecos marcaron los nombres, aunque el sufragio contara para las nuevas candidatas.

Es por ello que el Instituto Nacional Electoral (INE) inició un procedimiento en contra del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas para investigar el desempeño de las y los consejeros locales.

Es una pena que se tengan instituciones electorales locales que actúen en función del poder y no de la ciudadanía y de los candidatos. Responden más bien a la imposición y capricho del gobernante en turno, del partido mayoritario, de los grupos de poder que se mueven con presiones y amenazas.

La sociedad civil le ha nombra-

do ‘el robo cínico del siglo’; taxistas, amas de casa, empresarios, maestros, universitarios, profesionistas independientes, políticos, militantes de partidos, y quienes conforman el mosaico de opiniones acerca de las elecciones pasadas en Chiapas, crean un ambiente de inconformidad y enojo que se percibe generalizado en aquel estado. Según cifras oficiales dicha entidad tiene a las dos ciudades que encabezan la lista de regiones donde mayor compra de voto existe.

Versiones recogidas de diversos núcleos sociales expresaron en ese tiempo lo siguiente: ‘Estamos cansados del PVEM y el PRI, por eso no vendí mi voto, ya no”; ‘había una verdadera oposición por la cual votar’; ‘por primera vez nos organizamos todo un pueblo, incluso los líderes que promovían la venta del voto’, asegura la sociedad civil. “No se trataba de partidos esta vez era una contien-

EN LA MIRA Héctor Estrada

Primera reelección en Chiapas, entre mañas y espejismos alguna para garantizar el cumplimiento a la ley en tiempo y forma.

Se asume simplemente como una fecha programática que brinda la posibilidad de no adelantar determinaciones electorales.

La nueva ley electoral, como otras tantas amañadas de reciente creación, ofrece bondades políticas como la posibilidad de entregar constancias hasta las fechas de registros para precandidaturas; confiando desproporcionadamente en la incorruptibilidad o buena fe de los políticos suspirantes y abriendo espacio a los tan comunes “pactos en los oscurito”, con todo y la expedición de documentos alterados en fechas y contenidos.

Es así como la primera “fecha fatídica” dentro del nuevo proceso de reelección en México es realmente sólo un espejismo. No ofrece garantías reales o definitivas contra los deno-

minados “chapulinazos” o repentinas postulaciones independientes.

Es simplemente un procedimiento reglamentario de apariencia para dotar de legitimidad engañosa a las reelecciones por vía independiente o partidos distintos que ya antes pudieran haber sido pactadas.

A esto se suma algo aún más grave: la posibilidad de reelección para quienes aprobaron las mismas reformas que les permitirán mantenerse en el cargo hasta por tres periodos más. Sí, se trata, al menos

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da entre Velasco Coello y el pueblo, nosotros ganamos limpiamente y el gobernador y sus partidos aliados nos robaron la elección de la forma más sucia y miserable… con trampas”.

Pero la sociedad civil no contaba con que la ‘irrefrenable y multimillonaria’ compra de votos fue una de las principales alertas sobre el inicio del fraude: tráileres con todo tipo de productos transitaron por el territorio chiapaneco, la gente aceptaba cualquier tipo de ‘obsequio’.

El fraude electoral chiapaneco llegó a su máxima expresión el día que tocaba sufragar, sin lugar a dudas miles acarrearon a mucha gente, otros robaron y/o quemaron casillas y hasta asesinaron o intentaron hacerlo; era imposible que se consumara la elección de Estado, pero el IEPC puso a sus funcionarios de tapete a las órdenes del gobernador, usando como arma en contra del pueblo y de los partidos políticos contrarios a los del gobernador al PREP (Programa de Resultados Preliminares).

El portal Chiapas sin Censura, denunció que “de forma inexplicable, las actas que se digitalizarían para dar mayor certeza dentro de PREP 2015, “desaparecieron” y no pueden consultarse”, así mismo se explica que se registraron inconsistencias en votos de un candidato, no solo se los quitaron sino que se los sumaron a otro candidato, como lo es el caso de Tuxtla, en donde el candidato puntero de la casilla 1615 básica recibió 64 votos y dos el candidato del Verde, ya en el cómputo del PREP, aparecen 2 para el Pan y 164 para el del Verde, solamente por citar un ejemplo de la acción que se replicó en todo el estado.

en Chiapas, de un proceso de leyes autoaplicativas que se supondría deberían ser irregulares, pero que astutamente fue dotadas de argucias jurídicas que hoy las hace completamente legales.

Para dejar en claro lo antes argumentado es necesario precisar que en México ninguna autoridad puede autoaplicarse (en beneficio) cualquier ley. Los efectos de las mismas son efectivos para los siguientes en el cargo. Así lo marca el marco del derecho constitucional mexicano.

Pero aquí se establecieron excepciones convenientes. Para esta nueva ley se agregaron transitorios específicos que permitirán tan ventajoso beneficio.

Así es como los diputados locales y miembros de ayuntamientos en Chiapas podrán acceder a la reelección, pese haber reformado la ley hace apenas tres meses. Dos años después de que se diera la reforma federal en la materia. Con los tiempos de impugnación agotados y la falta de cultura jurídica hoy lamentablemente todo apunta a la consumación de un proceso de reelección plagado de mañas y espejismos que no proyecta muchos cambios sustanciales en contra de la corrupción electoral en México.

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CORRUPCIÓN EN CHIHUAHUA Y LA HISTORIA DE CALDERÓN CON LA MAESTRA Jorge Carrasco Araizaga

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a detención de Ricardo Yáñez Herrera, exfuncionario del otro exgobernador prófugo, César Duarte, de Chihuahua, puso los reflectores en su hermano Francisco, el protegido de Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo.

Ricardo Yáñez Herrera fue detenido el pasado lunes 27 en Chihuahua por el nuevo gobierno acusado de un presunto desvío de 246 millones de pesos entre febrero y abril de 2016.

Yáñez Herrera fue secretario de Educación Cultura y Deporte y titular de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura en la gestión del priista César Duarte Jáquez, ahora requerido por la justicia local y buscado por la Interpol también por peculado.

La fiscalía de Chihuahua acusa a Ricardo Yáñez Herrera de haber simulado la contratación de servicios mientras fue titular de Educación. Según la fiscalía, servicios como talleres a padres de familia y capacitación de docentes, nunca se prestaron.

Para justificarlos, emitió actas administrativas en las que se les exentó de licitación.

Ricardo es hermano de Francisco Yáñez Herrera, un hombre que gusta hacer gala de su vida

de millonario y que fue el protegido de la exjefa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.

La maestra está encarcelada desde hace cuatro años porque el gobierno de Enrique Peña la acusa de haberse beneficiado con los millonarios recursos del sindicato.

Hombre de sus confianzas, Francisco Yáñez fue secretario particular de Gordillo y de ahí pasó a manejar los recursos públicos que llegaban al entorno de la maestra. Entre ellos, los del Fideicomiso de Vivienda Magisterial (Vima), del SNTE, del que fue director.

Después, pasó a ser el Oficial Mayor de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, cuando la maestra era la coordinadora parlamentaria, hasta que rompió con el PRI y se alió con el gobierno de Vicente Fox. Calderón designó a Francisco Yáñez Herrera como director de la caja chica llamada Lotería Nacional, en pago a la maestra por su operación para que ganara la Presidencia de la República.

Otra de los pagos de Caderón a Gordillo fue el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que dejó en manos

de Miguel Ángel Yunes Linares, exaliado de la maestra y ahora gobernador panista de Veracruz y quien en diciembre pasado sucedió al priista Javier Duarte, también prófugo de la justicia por la misma acusación: el uso personal de la hacienda.

La Procuraduría General de la República (PGR) se supone que investigó a Francisco Yáñez y le congeló sus cuentas, lo que al parecer no le impidió seguir disfrutado su vida de millonario.

El año pasado apareció en una fiesta en Cuernavaca, Morelos.

En los registros estadunidenses, Yáñez aparece vinculado a una propiedad que la PGR le atribuye a Gordillo, en un club de yates de Coronado, California.

Según investigaciones en Estados Unidos, Francisco Yáñez aparece también relacionado con el sospechoso hundimiento de un yate, el Isamar, en agosto de 2013, en un escollo en la isla francesa de Córcega, en momentos en que la PGR se encargaba de justificar ante los tribunales la detención de Gordillo.

La maestra, de 72 años, sigue buscando desde un hospital en la Ciudad de México la prisión domiciliaria. De Francisco Yáñez, la PGR no volvió a informar nada más.

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LA VERDADERA ALEJANDRA BARRALES Ernesto Villanueva

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o que menos desea cualquier dirigente político es convertirse en el foco de la atención pública por sus actos de corrupción. Menos aún si busca labrarse una imagen pública asociada a la honestidad. Es el caso de Alejandra Barrales Magdaleno, cuyos deslices políticos y de falta de probidad no son de nueva data. ¿Quién podría no recordar el acto de irresponsabilidad en el que incurrió el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, al designarla secretaria de Educación hace casi dos años, así como la aceptación por parte de ella de un cargo que estaba muy por encima de su nivel cognitivo y formativo?

En ese cargo, Barrales cobró lo mismo que su antecesora, la doctora Mara Robles, quien al contrario de la exaeromoza es experta en políticas públicas y educación y se ha destacado por su gran solvencia profesional y moral; en otras palabras, Barrales les dio gato por liebre a los capitalinos, toda vez que no tenía la capacidad ni el currículum para desempeñarse como titular de la Secretaría de Educación capitalina.

Y hoy se ha puesto de nueva cuenta en el ojo del huracán a juzgar por varios hechos: Primero, porque no declaró la adquisición de un departamento de lujo en Miami, Estados Unidos, valuado en casi 1 millón de dólares. ¿La dirigente de “izquierda” adoptando los parámetros de vida de la “derecha”? ¿Por qué no invirtió en México, sino en Estados Unidos?

De entrada, hay aquí una simulación ideológica puesta al descubierto por la influyente cadena Univisión, con datos en la mano.

Segundo, porque mintió al declarar a los medios, para salir del paso, al decir que sí había incluido esa propiedad en su declaración patrimonial del Senado, cuando no fue así. Lo cierto, sin embargo, es que no la reportó ni mediante el ejercicio del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) ni de manera oficial, lo que la ubica como sospechosa de incurrir en actos de corrupción y la exhibe como una política no confiable.

Peor aún, con su intento de control de daños optó por cubrir un hecho con una mentira, y ésta con otra, lo que generó una espiral discursiva que impacta en la línea flotación del PRD y de ella misma.

Tercero, porque, simple y sencillamente, las cuentas no le salen.

Alejandra Barrales ha vivido con cargo al erario, y si alguien se toma la molestia de sumar sus ingresos con sus bienes inmuebles (sin contar autos, viajes en avión, gasto en ropa y en joyas, etcétera) verá que hay una notoria inconsistencia entre lo que ha ganado y lo que ha gastado. Por tanto, nos encontramos ante un caso que muestra inquietantes visos de corrupción.

Cuarto, porque no bien empieza a construir su candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a partir de una deseada y buscada alianza con el PAN, cuando el proyecto ya se le derrumba en forma estrepitosa.

El pasado viernes 23 un alto directivo del PAN me confió lo siguiente: “Es muy difícil que el partido (el PAN) pueda acompañarla en sus aspiraciones por la capital del país. En esa eventualidad, o se apoya a un candidato o a una candidata surgida del PAN o probablemente vayamos sin ellos (la franquicia del PRD)”.

Quinto, porque la presencia de Barrales en la vida política del país y en la dirigencia del PRD se complica a raíz de los escándalos en los que se ha visto inmersa. A la nota de Univisión se suma otra del periódico Reforma donde se consigna que perdió un juicio en relación con un adeudo millonario por el que dejó en garantía otro bien inmueble de ella y de sus familiares.

De ser verídico, este hecho pone un clavo más en el ataúd de la legisladora, para quien será muy difícil, o de plano imposible, estar en condiciones de dirigir el PRD, volver a su curul en el Senado y, al mismo tiempo, dedicarse a su propia defensa, no sólo ante los señalamientos por posibles delitos de corrupción, sino ante los juicios del tribunal mediático, que rápidamente la ha pintado como culpable.

Sexto, porque debido a estos hechos Barrales ha perdido la batalla por la credibilidad ante la opinión pública, lo que le ha acarreado reacciones nada positivas. Y por si no tuviera ya varios frentes de conflicto, ahora incurrió en lo que en psicología se denomina “acto fallido” (decir lo que se piensa sin pasar por el tamiz de la conciencia) al anunciar que “valora” una demanda contra Univisión en Miami y otra contra el diario Reforma en la Ciudad de México. Una demanda que a todas luces se antoja inviable y absurda porque las notas de ambos medios están debidamente soportadas en documentos.

Séptimo, porque en lo político Barrales ha dado muestras de oportunismo y deslealtad. Se mostraba servil con Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno, pero comenzó a

criticarlo acremente cuando pensó que el tabasqueño ya no tenía futuro político, y ahora está del lado de Miguel Mancera, lo que la exhibe como una mercenaria de la política.

Octavo, porque si bien es cierto que la coordinadora temporal de la bancada del PRD en la Cámara de Senadores, Dolores Padierna, afirmó el viernes 23 que la reincorporación de Barrales al Senado busca darle “estabilidad” al grupo parlamentario –que se fragmentó desde la salida de Miguel Barbosa como coordinador y su litigio con la dirigencia perredista tras manifestar su apoyo a López Obrador como candidato presidencial para el 2018– (Apro/23/03/2017), esa “estabilidad” no se percibe como posible ante el descrédito que afecta a la legisladora y a su partido mismo, que se erosiona día tras día.

En una carta a la Mesa Directiva del Senado, Barrales declaró lo siguiente en cuanto a su retorno: “Mi determinación tiene como único propósito fortalecer al PRD e incidir en la solución de los graves problemas del país”. Más aún, informó que seguirá al frente del PRD y que será un “vínculo” entre este partido y el grupo parlamentario. ¿Será suficiente esta declaración demagógica para limpiar su imagen.

Paradójicamente, es la senadora Padierna quien podría estarle haciendo sombra a Barrales, pues ha visto cómo se revalúan sus bonos en el mercado de la política. A diferencia de Barrales, Padierna al menos ha mostrado mayor congruencia entre lo que dice y lo que hace, vive donde siempre ha vivido y es de las muy pocas legisladoras que tienen base social.

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LE TOCA A LA IZQUIERDA CON LÓPEZ OBRADOR Pablo Gómez

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a izquierda mexicana en su conjunto abarca cerca de 20% de los votantes y cuenta con una banda de desplazamiento de otro 20%, compuesta por quienes, llegado el momento, podrían apoyarla.

En México, a escala nacional, el electorado activo ha conformado, desde hace años, tres tercios políticos, de tal suerte que quien obtiene el mayor de éstos se hace presidente del país. Si la izquierda se une y avanza hacia su electorado vecino próximo, tendrá acceso a Los Pinos en 2018.

El tiempo de una presidencia de izquierda estaba definido en 2006, después del fracaso de Vicente Fox y su traición a la democracia, como lo dijo muy bien Andrés Manuel López Obrador. Ocurrieron, sin embargo, algunos imprevistos y una parte del PRI se fue de plano a apoyar a Felipe Calderón, quien además hizo algunos “ajustes” electorales en varios estados, especialmente en Guanajuato, de tal manera que, por cinco décimas de diferencia, obtuvo la Presidencia de la República, “haiga sido como haiga sido”, según sus propias palabras.

El acceso al Poder Ejecutivo de un priista convencional en el año 2012 ha estado operando como promisorio factor para que la izquierda se aproxime a su propio tiempo, ya que no es sencillo para cualquier gobierno ir tan mal como el de Enrique Peña Nieto: no ha resuelto ningún problema pero tampoco convoca a resolver alguno. En consecuencia, el presidente habla sin que se le entienda.

Tenemos dos crisis paralelas, aunque vinculadas a través de múltiples vasos comunicantes: la de violencia y la de corrupción. Además, la economía no crece y la angustia invade mi-

llones de hogares, lo cual conforma una tercera crisis, pero ya encallecida durante 35 penosos años de estancamiento en que se ha concentrado el ingreso como en ningún otro país.

Los dos partidos que comparten el modelo económico y el sistema político, es decir, el PRI y el PAN, no han sido capaces de proponer algo interesante para remontar la tercia de crisis que nos agobia. La instauración de un Estado democrático y social de derecho, bandera de las izquierdas mexicanas, sería un camino viable si acaso fuera acompañada de una condición indispensable: el combate radical contra la corrupción.

Es aquí donde la historia se vuelve a encontrar con López Obrador, quien considera que la corrupción es el principal problema político del país. En esto no se equivoca, aunque la lucha contra ésta tampoco resolvería por sí misma los problemas sociales de México, los cuales son de mayor calado. De poco serviría combatir la corrupción sin programa social y democrático.

Si la izquierda en su acepción más amplia, es decir, el pueblo de izquierda y el sector proclive a escuchar los llamados políticos y morales de ésta, no acertara en retomar sus propios pasos de unidad política, la cual implicaría una sola candidatura a la Presidencia de la República y unos candidatos comunes al Congreso, se convertiría en una corriente de espaldas a su propia gente y a su propio país.

En términos más concretos, si el PRD, en su acelerado declive político y moral, insistiera en repudiar la candidatura de López Obrador, estaría apostando en favor del fracaso de la izquierda en el nuevo intento de tomar la Presidencia de la República para buscar otro rumbo nacional.

Cierto que el PRD podría fracasar en impedir que la izquierda se alzara con la victoria electoral, pero también podría lograr la obstrucción, con la cual el país sería entonces conducido, una vez más, al despeñadero que le siguen ofreciendo las derechas, el cual consiste en no tener rumbo alguno en el marco del resonante fracaso del neoliberalismo.

Cierto que, llegado el momento, podrían ser pocos quienes votaran por el PRD, pero a veces --ya lo hemos visto--, unos cuantos sufragios pueden hacer la diferencia. De cualquier forma, la obligación de todas las izquierdas, aunque algunas ya sean más nominales que reales, es tener un solo candidato y tratar de dar una salida al manojo de crisis que vive el país.

Este es el plano en el que se desenvuelve y va creciendo la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, sujeto a toda clase de campañas en su contra, las cuales podrían conducir al intento de invalidar su candidatura en una suerte de nuevo desafuero.

Que luego no se niegue el complot.

Como no se trata de una persona sino de una gran parte de la sociedad mexicana, lo necesario en el momento actual es definir una opción clara de candidatura, dejarse de grillas y especulaciones, sentar posición y tomar parte de un bando en el plano de la lucha política.

Hay que concurrir, por ello, a una gran confluencia de las fuerzas de izquierda con la candidatura de López Obrador a la Presidencia de la República, manteniendo abiertas las discusiones sinceras y honradas, así como la crítica pública, pero sin dejar de tener los pies sobre la superficie y, ante todo, jugársela con lealtad en los pantanosos terrenos de la lucha política.

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CÓDIGO NUCÚ César Trujillo

Un obstáculo llamado fuero

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n exfuncionario del gobierno de César Duarte Jáquez, encargado de Adquisiciones, se escondió en el Legislativo. Se trata de Antonio Enrique Tarín García, cuya intención no fue otra que esperar que le otorgaran un amparo pues cuenta con una orden de aprehensión por peculado. Más de 14 horas estuvo refugiado en el sitio donde se debe hacer valer y respetar la Constitución. Había acudido a tomar protesta pero su bancada le dio la espalda, aunque lo dejó resguardarse —hoy por él, mañana por ellos— para que no fuera detenido. Esa es la historia de los políticos en México: se escudan en el fuero y se brindan protección mutua a sabiendas que son arrieros y que en el camino andan.

Desde hace bastante tiempo que la figura jurídica del fuero se ha convertido en sinónimo de impunidad para los servidores públicos. ¿Cómo olvidar la toma de posesión en septiembre de 2010 de Julio César Godoy Toscano, hermano del exgobernador de Michocán Leonel Godoy, quien fue ungido como diputado federal pese a tener una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el crimen organizado? Godoy estuvo dos días refugiado en la Cámara de Diputados. Entró como delincuente a San Lázaro —huyendo de la ley, pues estaba prófugo de la justicia— en un auto Malibú, color arena, acompañado de la diputada María Telma Guajardo y salió como el mismo delincuente pero ahora con blindaje.

Si bien el concepto de fuero se aplica en lo militar y en lo civil, en este último se encuentran el fuero federal y el fuero común, que deberían ser entendidos por las cúpulas del poder como una parte del ámbito jurisdiccional y no como un privilegio que les permita violentar

las leyes —o torcerlas— a su antojo. Los juristas señalan que éste fue adoptado de Europa y tenía, como intención primigenia, proteger a los senadores y diputados federales de la libre expresión de sus ideas, de la crítica vertida en tribuna buscando disuadir las represiones de los otros poderes. Paulatinamente lo moldearon hasta darle el concepto de «inmunidad procesal», cuya intencionalidad fue la de acomodar al fuero en «el ámbito de competencia judicial».

Siendo México un país que abandera la corrupción y la impunidad, han hecho que el concepto de «inmunidad procesal» sirva para que los funcionarios eviten que la ley se aplique en su contra y les permita evadirla y seguir enquistados con el cinismo que es característico de la clase política. Para ello hacen uso de juicios de procedencia —manipulables, en muchos de los casos,— que no son más que reuniones donde analizan qué tanto les afecta proteger o castigar al indiciado. Sólo en los casos que no pueden ser protegidos, o en los que no se tocan los intereses mezquinos de los poderes fácticos, dejan caer la ley.

Algunos ejemplos son los alcaldes de Chiapas como el de Tumbalá, Porfirio Ramos Torres, desaforado en el 2011 por agredir físicamente a un detenido acusado de violación, pero que después —en los comicios del 2015— regresó a ser alcalde nuevamente. O el de Frontera Comalapa, Jorge Antonio Aguilar Lucas, acusado de ser copartícipe de la ejecución de un regidor, detenido y encarcelado, mismo que ya fue liberado y retornó al poder como alcalde. Fuera de ahí, a los políticos los vemos vejar sistémicamente los derechos humanos, hacer uso del erario a su antojo, estar acusados de peculado, tráfico de influencias, abuso de poder, ecocidios, conflicto de intereses, entre otros, y no

pasa nada.

La justicia mexicana abandera el privilegio de unos cuantos y pisotea el de los ciudadanos. Por algo las iniciativas que atentan contra el fuero y las prerrogativas son mandadas al enfriador, o postergadas buscando que el olvido, el polvo y las telarañas hagan su trabajo. Quizá ello derive a que son más de cientos de políticos que gozan de esta inmunidad que solapa desde el presidente de la República hasta los alcaldes.

Mientras el fuero siga siendo un arma que los blinda de la aplicación de la justicia, México seguirá siendo un país de corruptos que se tapan con la misma sábana y se cortan con la misma tijera.

Manjar

Ayer subimos una editorial que criticaba el arribismo político del senador Luis Armando Melgar Bravo. Algunos amigos ya me habían advertido que es intolerante a las críticas y que le incomoda cuando se le señala. Quizá por eso nos mandó a sus troles a fustigar, a querer desprestigiar nuestro trabajo y hasta amenazar con demandas. Lo triste —o ridículo, no lo sé— fue que a quienes les paga para defenderlos son muy malos que terminan embarrándolo más. Uno se atrevió a señalar que Melgar Bravo tiene su propio partido político —¿renunció en silencio acaso al partido del tucán o lo hará en breve?— y que es la #RedMelgar ese instituto que lo acuerpa. Una hora después borraban el mensaje de la web. ¡Vaya metida de pata! #Sebuscantrolesinteligentes // La recomendación de hoy es “Espejo Humeante”, del maestro Juan Bañuelos.

Ahora que se nos fue, nos queda con más fuerza su palabra. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

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CMAN

DIARIO

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Viernes 31 de Marzo de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 4 | No. 1054

PROCESO

PROBLEMÁTICA

Ayuntamiento de Tuxtla sin interés de resolver problema de Real del Bosque y Bonanza

Concluye el plazo para renuncias a quienes buscan reelección

PAG. 5

OPINIÓN

“Una simulación corrupta”, la elección de consejeros del INE: AMLO PAG. 5

DENUNCIA

Manuel Velasco engaña a “sus mujeres chiapanecas” entrega 500 pesos por tres meses de apoyo a madres solteras PAG. 7

ACCIONES

Se enfrentan sección 22 y grupos de choque del PRI; un lesionado y dos detenidos

PAG. 6

Madres solteras que son beneficiarias de apoyo que otorga el gobierno del estado denunciaron que el recurso que el gobernador tanto presume entregar es totalmente falso. Las mujeres exponen que Manuel Velasco todo el tiempo las ha engañado, pues en las entregas de los recursos siempre las hace esperar por horas, como ocurrió en la última ocasión donde después de horas de espera les fue entregados 500 pesos de tres meses.

PAG. 9

PAG. 4

Construcción del muro fronterizo iniciaría hasta 2018 por falta de fondos