Contra 1060

CMAN

DOXA

EDITORIAL

Ilegal la licitación y autorización de la explotación minera en Chiapas

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Con la Reforma Energética, el Estado Mexicano flexibilizó la legislación para que empresas extranjeras participen en la extracción de gas y minerales y con ello se abrió la posibilidad para el otorgamiento de concesiones mineras.

La explotación minera es un peligro para las comunidades indígenas.

Van a destruir el territorio, alterar el ambiente y van a generar desplazamientos.

Pero además las comunidades no van a ser partícipes de los beneficios económicos.

La violencia puede generalizarse en estos pueblos ante la complacencia del gobierno.

DIARIO

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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

EN CHIAPAS

Viernes 7 de Abril de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 4 | No. 1060

DEMANDA

TRANSPORTISTAS

ONG denuncian riesgo en 164 mil hectáreas zoques en Chiapas por concesiones mineras

Desde su aprobación en el 2013, dijeron, es legal que en el tema de hidrocarburos empresas privadas nacionales e internacionales participen en los diferentes procesos de la industria, por lo que han ocurrido diversas situaciones con las rondas otorgadas por la Secretaría de Energía del gobierno federal (Sener)

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INFORME

2016, año “histórico” en materia de agresiones contra periodistas: Artículo 19

PAG. 3 PAG. 8

Gobierno de Peña analizará “exhaustivamente” informe sobre desapariciones y fosas presentado por CNDH

HOY ESCRIBEN PVEM IMPONE “EL PODER DEL DINERO” A LOS VERDES EUROPEOS Argentina Casanova

PAG. 15

LA “PROTECCIÓN” BAJO ESCRUTINIO

RESPUESTA

Asegura Ochoa Reza que sus participaciones en Davos estuvieron apegadas a la normatividad de la CFE

Asalariados en espera de concesiones

Argentina Casanova

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“EL ESLABÓN PERDIDO” Jorge Carrasco Araizaga

PAG. 13

DESCOMPOSICIÓN Y ESPERANZA John M. Ackerman

EN LA MIRA

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Héctor Estrada

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CALDERONISMO PANISTA José Gil Olmos PAG. 9

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CONTRAPODER

Viernes 7 de Abril de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN CHIAPAS

EDITORIAL Ilegal la licitación y autorización de la explotación minera en Chiapas

C

on la Reforma Energética, el Estado Mexicano flexibilizó la legislación para que empresas extranjeras participen en la extracción de gas y minerales y con ello se abrió la posibilidad para el otorgamiento de concesiones mineras, aún y cuando la mayor parte de la riqueza del subsuelo se encuentra dentro del territorio en posesión de comunidades indígenas.

En los términos en que se aprobó esta Reforma, se corre el riesgo de la institucionalización del despojo de tierras y la reubicación de poblados, lo que estaría ocasionando conflictos y enfrentamientos. Por ello es importante tener presente los acuerdos internacionales firmados por México en el que sobresale el Convenio 169 de la OIT, que estipula expresamente en el párrafo 1 del Artículo 7, que los pueblos indígenas deberán «participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente». Asimismo, en el Artículo 15 párrafo 2 señala que “los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.

El Convenio núm. 169 contiene numerosas referencias al concepto de participación, y además utiliza expresiones tales como la obligación de «cooperar» con los pueblos indígenas, la obligación de no tomar medidas contrarias a los «deseos expresados libremente» por los pueblos indígenas, y la obligación de buscar el consentimiento dado «libremente y con pleno conocimiento de causa» por los pueblos indígenas en los casos en los que «excepcionalmente el traslado y la reubicación... se consideren necesarios».

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la consulta y la participación efectivas son principios de buena gobernanza, y medios para conciliar intereses diferentes y perseguir los objetivos de democracia incluyente, estabilidad y desarrollo económico. En este sentido la implementación de la consulta se debe entender como el mecanismo para establecer el diálogo y facilitar los acuerdos entre el Estado, la iniciativa privada y los pueblos indios.

El Convenio 169 no impone un modelo específico de consulta y de participación, pero sí establece la obligación de la existencia de órganos o mecanismos apropiados para dar cumplimiento adecuado a la consulta y a la participación efectiva de los pueblos indígenas. Todo esto bajo el principio de la buena fe, en el que no deben de existir mecanismos de coerción, persecución o intercambio de programas sociales.

De conformidad con el párrafo 186 de la sentencia de la CIDH en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, la consulta no debe agotarse en un mero trámite formal, sino que debe responder al objetivo último de establecer un diálogo entre las partes basado en principios de confianza y respeto mutuos, y con miras a alcanzar un consenso entre las mismas, siendo inherente al proceso el establecimiento de un clima de confianza mutua. Por ello, la buena fe exige la ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de sus agentes o terceros que actúan con

su autorización o aquiescencia. La buena fe en el proceso de consulta es incompatible con prácticas tales como los intentos de desintegración de la cohesión social de las comunidades afectadas, sea a través de la corrupción de sus líderes o mediante el establecimiento de liderazgos paralelos, o por medio de negociaciones con miembros individuales de las comunidades que son contrarias a los estándares internacionales.

Conforme se señala en el párrafo 133 de la sentencia de la CIDH en el caso Saramaka vs. Suriname, la consulta se debe realizar a través de procesos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. La consulta debe tomar en cuenta los métodos tradicionales del pueblo para la toma de decisiones.

La CIDH, en el caso del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku Ecuador (párrafo 205), ha establecido que el Estado no podrá autorizar un proyecto de desarrollo o inversión dentro del territorio de un pueblo indígena a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental, los cuales deben servir para evaluar el posible daño o impacto que dichos proyectos pueden tener sobre el pueblo indígena y su propiedad comunal. El objetivo de la evaluación de impacto ambiental no es solo tener alguna medida objetiva del posible impacto sobre la tierra y

las personas, sino también asegurar que los miembros del pueblo indígena tengan conocimiento de los posibles riesgos ambientales y de salubridad, para que puedan evaluar si aceptan el plan de desarrollo o inversión propuesto, con conocimiento y de forma voluntaria.

El carácter previo de la consulta en estos supuestos también se ve confirmado por el artículo 32 párrafo 2 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que aclara que la consulta se debe realizar “antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de los recursos”. Como se ha señalado en la sentencia de la CIDH en el caso del pueblo Kichwa de Sarayaku vs Ecuador “…estos procesos de diálogo y búsqueda de acuerdos deben realizarse desde las primeras etapas de la elaboración o planificación de la medida propuesta, a fin de que los pueblos indígenas puedan verdaderamente participar e influir en el proceso de adopción de decisiones, de conformidad con los estándares internacionales pertinentes.”

Por esta razón, es que la consulta debe realizarse incluso antes de iniciar algún proceso de exploración, licitación o autorización, que pudiera afectar directamente a los pueblos indígenas. Y esto es lo que en realidad está faltando en los procesos de licitación y autorización de explotación que viene realizando el gobierno mexicano, En el que las consultas están siendo coercitivas y se viene persiguiendo a activistas como sucede en Tecpatán, Chiapas, en el que Sivia Juárez se encuentra presa por su oposición a la autorización de explotación de gas y petróleo en la Región Zoque en la que se afectará más de 80 mil hectáreas.

Las ilegalidades son obvias y abusivas y es factible la revocación de las autorizaciones, debido a la clara violación de los acuerdos internacionales y a las resoluciones de la CIDH.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

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Viernes 7 de Abril de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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ONG denuncian riesgo en 164 mil hectáreas zoques en Chiapas por concesiones mineras Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

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rganizaciones sociales campesinas, culturales y de defensores de derechos humanos denunciaron que más de 164 mil hectáreas están en riesgo en la región NorteZoque de Chiapas por la amenaza de las concesiones de pozos para la extracción de hidrocarburos, así como a empresas mineras.

En conferencia de prensa, integrantes de la Comisión de Prensa y Propaganda de la Asamblea Estatal de Organizaciones Sociales, el Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas (MOPOR), el Centro de Lengua y Cultura Zoque A.C (CELALI) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunciaron que, tras la embestida del gobierno federal con la reforma energética, en la región colindante de Chiapas con Tabasco y Veracruz se desató un proceso de despojo de la tierra y el territorio.

Desde su aprobación en el 2013, dijeron, es legal que en el tema de hidrocarburos empresas privadas nacionales e internacionales participen en los diferentes procesos de la industria, por lo que han ocurrido diversas situaciones con las rondas otorgadas por la Secretaría de Energía del gobierno federal (Sener).

Mencionaron dos: En la Ronda 1.3, el bloque “Catedral” fue concesionado al grupo Diavaz, propiedad de Pedro Aspe, secretario de Hacienda con Carlos Salina de Gortari y fuerte impulsor de la reforma energética con la que se ha beneficiado pues ahora puede adquirir bloques de extracción.

En diciembre de 2015 se concesionaron cinco campos petroleros pertenecientes al quinto campo en los municipios Reforma, Juárez, Pichucalco, Ixtapangajoya y Solosuchiapa. Tres de éstos fueron asignados a una empresa canadiense, uno a una mexicana que es sucursal de otra canadiense y el tercero, a una compañía nacional.

Para agosto del 2016, la Sener dio a conocer el proceso de licitación de la Ronda 2.2 para concesionar pozos de extracción de hidrocarburos en los estados costeros del Golfo de México. Compuesta de 12 bloques, dos tienen impacto en Chiapas.

Según los manifestante, el bloque 10 afectaría 42 mil 600 hectáreas de los municipios de Tecpatan, Francisco León y Ostuacan, de donde se obtendría aceite superligero y gas húmedo.

Por otra parte, el bloque 11 afec-

Desde su aprobación en el 2013, dijeron, es legal que en el tema de hidrocarburos empresas privadas nacionales e internacionales participen en los diferentes procesos de la industria, por lo que han ocurrido diversas situaciones con las rondas otorgadas por la Secretaría de Energía del gobierno federal (Sener) carburos en su territorio. Acciones similares se han hecho en Francisco León y sus siete ejidos, así como en Tecpatan e Ixtacomitan.

Agregó que las actas ya fueron entregadas a instancias federales y legislativas para den cumplimiento a sus exigencias.

Defienden territorio zoque

taría 41 mil 900 hectáreas de los municipios de Chapultenango, Ixtacomitan, Ixtapangajoya, Pichucalco, Solosuchiapa, Sunuapa y Teapa (Tabasco) para obtener aceite ligero y superligero. En total, alertaron, están en riesgo por despojo y contaminación ambiental 84 mil 500 hectáreas de territorio zoque.

A esta situación se suman las más de 80 mil hectáreas de tierras amenazadas por las 11 concesiones mineras en la misma región.

De acuerdo con los denunciantes, la superficie afectada en cada municipio influye en la demografía, el desarrollo de los pueblos indígenas y el equilibrio ambiental del territorio.

“Proyectos de muerte” En septiembre de 2016 se realizaron asambleas “informativas” en Tecpatan, Francisco León, Pichucalco e Ixtacomitan con autoridades comunitarias, presidentes municipales y la Sener. Sin embargo, sólo se han realizado en cuatro de los nueve municipios involucrados de Chiapas, según la dependencia federal.

Además, según la Secretaría, se agendaron posteriores visitas a las comunidades de Francisco León y Tecpatan para dar continuidad, pero hasta ahora no se han hecho.

Para el caso de Ixtacomitan, solo la comunidad de La Candelaria Segunda Sección está de acuerdo para participar en el procedimiento de consulta a comunidades indígenas en relación al área contractual 11.

Juan Guerrero Hernández del MOPOR y Fermín Ledesma Domínguez señalaron que estos acontecimientos violentan el protocolo de consulta que se debe establecer para proyectos de estas características, tal como está asentado en la misma Ley de Hidrocarburos y en normas internacionales.

Los manifestantes mencionaron otra irregularidad: los interesados no presentaron antes de la licitación la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), pese a que los proyectos de extracción de hidrocarburos requieren el cambio de uso de suelo del territorio en el que se instalarían.

Así, alertaron que las 84 mil 500 hectáreas en riesgo dejarían de ocuparse en actividades agropecuarias que sustentan a los pueblos zoques y beneficiarían a las empresas extractivas y dejarían un “paisaje desolador; por eso los denominamos Proyectos de Muerte”.

Según los inconformes, al salir la Ronda 2.2, las comunidades en riesgo establecieron un proceso de organización y articulación frente al posible despojo del territorio de los gobiernos federal, estatal y municipales zoques.

“Los megaproyectos extractivos representan muerte, por eso las comunidades anteponen los intereses colectivos para la sobrevivencia, pero también para defender su derecho a la autodeterminación, por lo que mediante movilizaciones, mítines, foros, conferencias de prensa, asambleas comunitarias y municipales, se ha determinado dar voz a los pueblos zoques porque son más las afectaciones que los beneficios de los proyectos de extracción de hidrocarburos”, dijo Guerrero Hernández.

Los riesgos son: desplazamientos migratorios, contaminación de suelo, agua y aire, pérdida de biodiversidad, desequilibrio ambiental, disminución de producción alimentaria, daño patrimonial y de salud pública, dijeron.

El defensor expuso que en el municipio de Chapultenango se han levantado cerca de dos mil firmas en 22 actas de asamblea de comunidades opuestas a la extracción de hidro-

En la conferencia de prensa, los inconformes pidieron respeto a la “autoconsulta” entre las comunidades indígenas de los Pueblos Zoques.

Rechazaron otorgar el permiso para el proceso de licitación y la concesión de los pozos de extracción de hidrocarburos del bloque 10 y 11.

Además, emitieron una declaración de los pueblos zoques como “territorios libres de proyectos extractivos, que atentan contra los recursos naturales, como los hidrocarburos, minería, presas hidroeléctricas, centrales geotérmicas”.

Los denunciantes manifestaron que para la defensa del territorio zoque harán las denuncias correspondientes ante los tribunales por la omisión de la presentación de la MIA y las faltas cometidas en el proceso de información y consulta.

Al respecto, denunciaron actos de intimidación contra los defensores del territorio zoque, en particular, de la activista Silvia Juárez Juárez, detenida el pasado 21 de febrero y recluida en El Amate por los delitos fabricados de secuestro, daños y motín. Luego de 35 días recluida, fue liberada el pasado 28 de marzo, pues la Procuraduría General de Justicia del Estado se desistió.

No obstante, dijeron que los derechos de la defensora siguen siendo violentados por las restricciones jurídicas y políticas que le impusieron como no regresar a su lugar de residencia y tener que firmar cada 15 días.

Por si fuera poco, el alcalde de Tecpatan, Armando Pastrana Jiménez, emprendió una campaña para exigir a las autoridades de procuración de justicia su reaprehensión.

Los inconformes demandaron la libertad incondicional de Silvia Juárez Juárez, la cancelación de las órdenes de aprehensión contra los defensores del territorio zoque y la aplicación de medidas cautelares para garantizar su integridad física.

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Viernes 7 de Abril de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Migrantes ejemplificar sufrimiento que viven durante su estancia en México con un viacrucis Marvin Bautista Tapachula, Chis. (interMEDIOS)

M

igrantes realizaron la representación del viacrucis para ejemplificar el sufrimiento que viven al buscar su estancia legal en México luego de huir de sus países de origen , principalmente generado por el burocratismo de las autoridades responsables de la atención y por el hostigamiento de la población, que hacen de su ruta una verdadera vía dolorosa.

El representante del albergue “Todo por ellos” Ramón Verdugo y el director del centro de dignificación humana, Luis García Villagrán afirmaron que el burocratismo en todos los trámites es un verdadero muro, acompañado de una orgía de excusas y pretextos abandonar a los migrantes la secuencia del proceso de solicitud de refugio, ya que de 10 migrantes que inician los trámites solo 5 la terminan y esto en promedio de tres a cinco meses en general, con algunas excepciones.

Señalaron que las 12 caídas de la vía dolorosa del migrante en la frontera sur son; los maras, los polleros, grupo Beta, autoridades de migración, policías municipales y estatales, el burocratismo migratorio, Acnur y CNDH, Comar, estación migratoria, el Presidente Enrique Peña Nieto y

Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

Tres días después de que cinco enfermeras del Hospital de la Mujer “Doctor Rafael Pascasio Gamboa” iniciaron una huelga de hambre para exigir que se atiendan sus peticiones laborales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una medida precautoria a autoridades estatales para velar por la integridad y la salud de las trabajadoras del sector salud.

A la par, cientos de enfermeras, médicos, activistas, amigos y familiares de las huelguistas realizaron este jueves una marcha en silencio desde la plaza central hasta el campamento donde se encuentran las cinco mujeres, afuera del nosocomio.

Precisaron que mañana se sumarán dos trabajadores a la huelga de hambre iniciada el lunes 3 por María de Jesús Espinosa de los Santos, con 30 años de servicio; Cielo Gramajo, con 27; Nelly Ivonne Castillo Escobar, con 20; María Isidra Orozco, con 21, y Verónica Zenteno Pérez,

Señalaron que las 12 caídas de la vía dolorosa del migrante en la frontera sur son; los maras, los polleros, grupo Beta, autoridades de migración, policías municipales y estatales, el burocratismo migratorio, Acnur y CNDH, Comar, estación migratoria, el Presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump, que hacen de la ruta un verdadero peligro.

Donald Trump, que hacen de la ruta un verdadero peligro.

“Los impagables costos para los individuos que huyeron de sus países con lo que tenían puesto, sus recorridos, pagar pasajes, comidas, para escuchar en ventanilla venga en 15 días a un funcionario fastidiado de atender a 30 o 40 personas desesperadas, no haber comido ni dormido” abundó.

Cabe hacer mención que el con-

tingente partió de las oficinas de Comar hacia la Estación Migratoria Siglo XXI, y los migrantes portaban una cruz y algunas pancartas para exigir un alto al hostigamiento del que son víctimas, además realizaron algunos pronunciamientos frente al Palacio municipal y en oficinas de la Acnur.

Enfatizó que el gobierno federal ha incrementado las medidas de rechazo para niños que buscan una

oportunidad de vida, la administración de Enrique Peña Nieto detuvo y deportó entre enero y noviembre de 2016 a 30 mil 438.

Subrayó que debido a la ineptitud, corrupción por omisión, burocratismo en exceso, negligencia en todos los trámites migratorios, la incapacidad de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para atender las solicitudes, aunado a la criminalización del fenómeno migratorio y la militarización de la frontera, los obligó a llamar la atención de la población a fin de que el estado mexicano adopte políticas migratorias adecuadas a la atención de la crisis humanitaria.

Cabe hacer mención que al llegar a la estación migratoria Siglo XXI, los migrantes y activistas se pronunciaron contra la persecución y hostigamiento perpetrados por la autoridad y quemaron piñatas de imágenes de Donald Trump y Enrique Peña Nieto, para exigir respeto y mejores políticas migratorias para atender la crisis humanitaria en la frontera sur. (iM rrc)

Emiten medida precautoria para garantizar salud de enfermeras en huelga de hambre con 27 años de servicio en el sector salud.

Los manifestantes exigieron al gobernador Manuel Velasco Coello y al secretario de Salud estatal, Francisco Ortega, que atiendan las demandas expuestas por las trabajadoras, entre ellas la reinstalación de todos los despedidos por participar en el movimiento de protesta, y que se cubran los bonos correspondientes y el pago total de los recursos del SAR, FOVISSSTE, ISR, así como seguros de vida, pago a terceros y pensiones alimenticias a miles de trabajadores del sector salud.

También demandaron el abasto suficiente y oportuno de medicamentos, material, equipo para los hospitales, y programas prioritarios de primer nivel, además de vacunas.

A través de la Visitaduría General Especializada en Atención de Asuntos de la Mujer, a cargo de Jakelin Mercedes Sauza Marín, el CEDH

radicó el expediente de queja CEDH/214/2017 por la huelga de hambre iniciada por las enfermeras de la Secretaría de Salud, y emitió la medida precautoria CEDH/VGAAM/ MPC/010/2017.

“Este organismo ha realizado di-

versas diligencias desde el momento en que las enfermeras empezaron la huelga de hambre y se mantendrá pendiente del caso a efecto de proteger y exigir que no se violenten los derechos humanos de las quejosas”, expresó Sauza Marín.

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Viernes 7 de Abril de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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“Tenemos deshidratación, hipertensión y diarrea”: Enfermeras en huelga De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

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72 horas de la huelga de hambre que iniciaron cinco enfermeras que fueron despedidas de la Secretaría de Salud en Chiapas, por denunciar desabasto de medicamentos y corrupción en la dependencia, algunas de ellas ya presentan deshidratación, hipertensión y hasta diarrea, denunció María Isidra Orozco Sánchez, extrabajadora.

En ese sentido, lamentó que a tres días de haber iniciado esta actividad, el gobierno no se ha acercado con ellas para tener un diálogo real, para que puedan recuperar su trabajo.

Orozco Sánchez, quien se mantiene en huelga de hambre, mencionó que únicamente llegó un asistente de la Secretaría de Salud para un intento de reunión pero no se concretó nada.

Debido a la nula respuesta, son seis las enfermeras que ya están en esas condiciones a las afueras del hospital “Dr. Rafael Pascacio Gamboa” y en las próximas horas se agregaría una persona más.

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

En conferencia de prensa, el Grupo de Choferes Asalariados Independientes de Tuxtla Gutiérrez, en voz de su representante Juan Gabriel Hernández Aguilar, dio a conocer que siguen al pendiente del compromiso que el gobernador Manuel Velasco hiciera con ellos, respecto a que serán tomados en cuenta para la próxima entrega de concesiones.

Aclararon que desde hace muchos años ellos no han sido beneficiados con la entrega de este tipo de permisos para poder trabajar formalmente dentro del transporte público, por lo que han tenido que desempeñarse como asalariados para poder llevar el sustento a sus hogares.

En este sentido, Hernández Aguilar, indicó que la mayoría de los integrantes de esta agrupación cuentan con expedientes de solicitud de concesión con una antigüedad de hasta de 30 años, por lo que consideró que es justo que las concesiones sean entregadas

En ese sentido, lamentó que a tres días de haber iniciado esta actividad, el gobierno no se ha acercado con ellas para tener un diálogo real, para que puedan recuperar su trabajo

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud en Chiapas informó que una ambulancia se mantiene a un costado del nosocomio para atender cualquier emergencia que presenten estas personas, pero hasta el momento las enfermeras

no han permitido la atención, señala la publicación.

Sin embargo, Orozco Sánchez dijo que la unidad arribó al lugar a media noche pero no las revisó y, a pesar de encontrase en el lugar, no han brindado atención alguna

a quienes se encuentran protestando.

Más tarde, Ortega Farrera presumió en su cuenta personal de facebook que se encontraba en las instalaciones del “Dr. Rafael Pascacio Gamboa” para iniciar el diálogo con las personas que iniciaron “una innecesaria huelga de hambre”, según el funcionario.

Este jueves por la mañana, en apoyo a sus compañeras, personal del sector salud y población realizaron una marcha en la capital de Chiapas, para exigir al gobierno del estado a que sean reinstaladas en sus funciones.

Orozco Sánchez, aseguró que está lucha es justa y tampoco es reciente; por ello, exigen que las autoridades liquiden deudas del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), aseguradoras, entre otros.

De acuerdo a lo mencionado, las enfermeras seguirán en huelga de hambre hasta que el problema se resuelva sin ningún condicionamiento.

Asalariados en espera de concesiones de manera justa a los verdaderos trabajadores del volante.

“Somos el Grupo de Choferes Asalariados Independientes de Tuxtla Gutiérrez; somos un conjunto de trabajadores en la búsqueda de ser beneficiados con una concesión que para nosotros significa un patrimonio para nuestras familias y la oportunidad de poder trabajar en la formalidad”, dijo.

Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo frente al palacio de gobierno recordaron que el compromiso del Ejecutivo Estatal se dio durante el apoyo emergente que los trabajadores del volante dieron durante el paro de transporte orquestado por el dirigente transportista, Bersaín Miranda Borraz.

“Esto no quiere decir que estamos esperando algún pago, más bien, significa que estamos a la espera de ser tomados en cuenta y que por primera vez en muchos años, los transportistas que no somos agremiados a alguna asociación o

grupo liderado por los pulpos del transporte podamos recibir una concesión para poder trabajar.”

Aunque reconocieron que será difícil que todos los transportistas en esta situación puedan ser beneficiados, dijo que el Grupo de Choferes Asalariados Indepen-

dientes confían plenamente en que la entrega será justa y que ya no se permitirán más atropellos como los que han vivido en administraciones anteriores, donde incluso se beneficiaban –dijo- a personas que ni siquiera se dedicaban al transporte público.

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Viernes 7 de Abril de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Armando Guzman Villahermosa, Tab. (apro)

E

l gobernador Arturo Núñez Jiménez se reafilió esta tarde al Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que ingresó en 2008 tras renunciar al PRI. El mandatario estatal firmó y plantó su huella en el documento que lo acredita como militante del PRD, partido del cual, dijo, está profundamente orgulloso y comprometido, “hasta el último aliento de vida que tenga”.

También reiteró que su gobierno, que asumió en enero de 2013 tras más de 80 años de administraciones priistas, está obligado a rendir buenas cuentas a los tabasqueños, y garantizó que él no tendrá el mismo destino “de otros colegas gobernadores por haberle fallado a su pueblo por la vía de la corrupción”.

“Arturo Núñez no le fallará en modo alguno a los tabasqueños por una razón así”, sostuvo e insistió en que no vino a ver que se lleva del estado, sino a servir a su pueblo.

“Pero lo que sí puedo decirles, que el problema número uno y más grave que enfrentaba el estado en el momento en que nos hicimos cargo, que era una brutal corrupción, ha desaparecido”, destacó.

Luego aseguró que la solidaridad de compañeras y compañeros de partido son su inspiración para responderle, con firme convicción, al pueblo de Tabasco.

“Aquí estoy para volver a decir que soy orgullosamente miembro del PRD”, añadió y agradeció al partido haberle dado la más importante oportunidad de su vida, hacerlo candidato y gobernador del estado,

Gabriela Hernández Puebla, Pue. (apro)

El periodista Gerardo Ruiz Herrera interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto espionaje e intimidación del que fue objeto por la Secretaría de Seguridad del estado.

El expediente quedó registrado bajo la clave FED/SDHPDSC/ UNAI-PUE/0000247/2017 y se refiere a la información divulgada esta semana en la que se detallaron sus datos personales, así como de sus familiares.

Con logotipos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y del Gobierno del Estado, el documento fue enviado a Ruiz Herrera de manera anónima, presuntamente como una forma de advertirle que está bajo vigilancia, luego de que publicó información sobre la corrupción de un alto mando policíaco.

Ruiz Herrera, colaborador del

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Arturo Núñez se dice “obligado a rendir buenas cuentas” tras reafiliarse al PRD El mandatario estatal firmó y plantó su huella en el documento que lo acredita como militante del PRD, partido del cual, dijo, está profundamente orgulloso y comprometido, “hasta el último aliento de vida que tenga”

en coalición con el PT y Movimiento Ciudadano (MC).

“Estoy profundamente orgulloso de ser perredista y comprometido con seguir siéndolo hasta el último

aliento de vida que tenga”, remachó.

Núñez Jiménez estuvo acompañado de su esposa Martha Lilia López Aguilera y del dirigente estatal del PRD, Candelario Pérez Alvarado, así

como diputados locales y federales, exdirigentes, funcionarios estatales y el alcalde del municipio de Centro (Villahermosa), Gerardo Gaudiano Rovirosa.

Periodista de Puebla denuncia ante Feadle presunto espionaje e intimidación de SSP medio digital Los Fuertes, dijo que está en espera del ordenamiento de medidas cautelares para evitar cualquier riesgo para él o su familia.

El mensaje difundido el martes pasado fue enviado por un supuesto trabajador de la SSP, presuntamente para tratar de alertar al periodista de que la Dirección de Inteligencia de esa dependencia investiga a reporteros y que integró un expediente de su persona, a partir de que publicó información “exclusiva de seguridad”.

Incluso, le advierte que el subsecretario de Inteligencia, Antonio Aguilar Trejo, buscó a personas de Veracruz ligadas al robo de combustibles para que le dieran una “calentada”.

En el expediente se hace referencia a información personal del comunicador como teléfonos, celulares, direcciones, antecedentes y hasta el gimnasio al que asiste,

así como datos de su pareja, y de su trabajo.

Gerardo Ruiz Herrera mencionó que entre la información difundida se incluyen fotos de sus familiares que sólo puede tener el gobierno pues corresponden a documentos oficiales, como la licencia de manejo.

Sin embargo, la SSP emitió un comunicado para rechazar que ese

expediente haya sido armado por la dependencia.

“La SSP niega tajantemente que realice investigaciones a trabajadores de medios de comunicación y reafirma su compromiso irrestricto con la libertad de expresión”, dijo. Incluso, aclaró que el formato del documento no correspondía con la papelería interna de la dependencia.

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Viernes 7 de Abril de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Con 64 cuerpos cierran segunda etapa de la exhumación en Jojutla Jaime Luis Brito Jojutla, Mor. (apro)

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os trabajos de exhumación de la fosa clandestina de la Fiscalía estatal en Jojutla cerraron esta tarde con la extracción de 57 hallazgos con un total de 64 cuerpos: 45 del 21 al 26 de marzo, más 19 de esta semana, entre los que se encuentran cuerpos sin necropsia, vestidos, maniatados o sin carpeta de investigación, entre otras ilegalidades.

En rueda de prensa, las hermanas María Concepción y Amalia Hernández y el fiscal Javier Pérez Durón informaron que los trabajos se suspenderán, y que este viernes 7 se inhumarán los restos en las gavetas de la FGE, ubicadas en el panteón privado de Cuautla, Jardines del Recuerdo.

La exhumación en Jojutla reiniciará hasta el próximo lunes 17, por la necesidad de renovar materiales, utensilios y personal, dado lo extenuante que ha resultado el trabajo.

En esta segunda etapa, que inició el lunes 3, la distribución de los cuerpos se desarrolló con mucha más anarquía que en los primeros casos. Si bien los primeros 45 se encontraban en “camas”, es decir pisos separados por pla-

Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)

Con 64 votos a favor, 26 en contra y una abstención, la maquinaria priista en el Senado impuso este jueves a Paloma Merodio Gómez como vicepresidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Su designación fue rechazada desde un principio por organizaciones de la sociedad civil y académicos.

Los votos a favor fueron de senadores del PRI, PAN y PVEM, frente a 26 en contra del PRD, PT e independientes, y una abstención de la panista Adriana Dávila.

“Hoy muere la autonomía del Inegi”, deploró el senador panista Ernesto Ruffo Appel tras conocer los resultados de la votación, en la que, entre otros de sus correligionarios, Luisa María Calderón -hermana del expresidente Felipe Calderón- y Roberto Gil Zuarth, exsecretario del exmandatario, sufragaron a favor.

Junto con otros legisladores de oposición, dijo que la ratificación de Merodio debilitará la credibilidad y la autonomía del INEGI, instancia encargada de levantar y generar la información estadística oficial en el país.

Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue el encargado de tomar la protesta de ley a la funcionaria, pese a su escasa experiencia en los sectores público y académico.

“Es un día triste para la democracia”, dice en entrevista con Apro Enrique Díaz

cas de madera y capas de tierra, a partir de esta semana se encontraron distribuidos de manera desorganizada, y eso complicó los trabajos de exhumación.

De hecho, la fosa con unos tres metros de profundidad tiene una circunferencia de más de dos metros de diámetro; sin embargo, los últimos cuerpos que se han encontrado no se hallaron en ese diámetro, sino que estaban enterrados en lo que serían los muros de la fosa.

Así, a dos metros con cincuenta centímetros se encontraron cuerpos, pero su exhumación fue complicada porque unas partes se encontraban en la fosa, pero otras estaban bajo toneladas de tierra.

A esto se suman las denuncias de organizaciones de familiares de desaparecidos, como Regresan a Casa Morelos, quienes han señalado que a partir de esta semana el personal de la Fiscalía de Morelos ha dejado de aplicar protocolos para el tratamiento de los cuerpos, y que están haciendo todo “al aventón”, lo que ha ocasionado que en más de una ocasión los cuerpos hayan sido desmembrados, debido a que “quieren sacarlos a la fuerza, sin delimitar el área”, según denunciaron Tranquilina Hernández y Angélica Rodríguez, madres de jóvenes desa-

parecidas en la entidad.

Por lo pronto este jueves, entre los “hallazgos” de la fosa, se encontró un cráneo en una bolsa, mismo que no tenía asignado número de carpeta de investigación.

En junio pasado, Proceso publicó que, según documentos de la propia Fiscalía, entre los cuerpos que fueron inhumados en julio de 2014 se encontraba la cabeza de una persona, misma que “fue localizada el 4 de agosto de 2010 en la calle Abasolo 6 del poblado de Cuauchichinola, en el municipio de Mazatepec, al poniente de Morelos.

Tiene asignado el número de averiguación previa TC01/444/2010”.

En tanto, familiares de víctimas solicitaron que se abra una nueva diligencia para el próximo 17 de abril, momento del reinicio de los trabajos,

pues después de la placa de triplay que se consideró el fondo de la fosa el pasado 26 de marzo, debería considerarse como una nueva fosa, una fosa B. “El problema es que a partir de ahora, donde le rasques encuentras cuerpos”, alertó una de las participantes en la “zona cero”.

Por lo pronto, el trabajo a más de tres metros de profundidad, en la que sería la fosa B, ha sido lento y riesgoso.

Las temperaturas son superiores a los 40 grados, los gases que están emanando de los cuerpos a esta profundidad están más concentrados y hay menos circulación de aire, de acuerdo con los comentarios de los propios integrantes de los equipos periciales.

Es por ello que las instituciones decidieron darse un espacio de descanso, para reiniciar la labor hasta el lunes 17.

En tanto, dependencias como PGR y División Científica de la Policía Federal (PF) han comenzado ya el proceso de elaboración de los perfiles genéticos con las muestras óseas que han recabado en la última semana de marzo.

Este proceso llevará al menos dos meses más y ya luego se podrán cruzar en las múltiples bases de datos que existen para determinar si alguno de los cuerpos corresponde a personas desaparecidas.

Senadores del PRI, PAN y Verde ratifican a Merodio como vicepresidenta del Inegi Infante, director del Programa de Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), que durante marzo denunció y documentó la “ilegalidad” de la designación de Merodio porque, subrayó, la candidata no reúne los requisitos planteados en la ley del Inegi.

“Es un muy mal precedente: no se respetó la legalidad, el Senado fue inconsecuente con la ilegalidad del Ejecutivo, y vemos una violación a la autonomía de los entes autónomos. Es un tema de legalidad, de falta de contrapeso y de autonomía”, abunda el economista. Y afirma: “Ha sido un nombramiento político”.

Este jueves, senadores de oposición dificultaron los esfuerzos del PRI para ratificar el nombramiento de la candidata de Peña Nieto. Por la mañana, luego de dos horas de discusión en comisiones, el panista Juan Carlos Romero Hicks frustró un primer intento de las comisiones de Gobernación y de Población y Desarrollo para dar luz verde a la ratificación.

En una segunda sesión, la Comisión de Gobernación aprobó el dictamen y lo remitió al pleno del Senado, que lo discutió durante la tarde. En tribuna, senadores del PAN, PRD y PT insistieron que Merodio no cumplía con el perfil para ocupar el cargo.

Resaltaron las incongruencias y men-

tiras contenidas en el currículum que el mandatario federal envió al Senado el pasado 24 de febrero, junto con su petición de ratificar a su candidata. Layda Sansores San Román, senadora por el PT, incluso tachó a Merodio de “mentirosa”.

Tras señalar que el proceso de ratificación fue irregular “de inicio a fin”, Romero Hicks declaró: “Es una síntesis del desprecio de las instituciones encabezadas por el gobierno federal actual”.

De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil y académicos, el Senado ni siquiera debió debatir sobre la ratificación de Merodio, sino invalidar desde un principio su candidatura.

Estudiantes y egresados de la universidad de Harvard también expresaron este jueves su oposición al nombramiento en una carta abierta. “El propio análisis curricular elaborado por la Comisión de Población y Desarrollo del Senado determinó que la Mtra. Merodio no acredita los cinco años en cargos de alto nivel, ni puede ser considerada una académica de reconocido prestigio”, aseveraron.

Para ser nombrado a la Junta de Gobierno del Inegi se requiere que el aspirante sea un “profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la geografía o la economía”, o bien “un académico de reconocido prestigio en las

materias mencionadas” y que “haya ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores público o privado”.

El pasado 30 de marzo, Merodio compareció ante los senadores para defender su candidatura. Ante los cuestionamientos de algunos legisladores de oposición, la candidata de Peña aseveró que la ley no define qué es un “cargo de alto nivel”, negó cualquier conflicto de interés, resaltó su experiencia profesional y recalcó su condición de “mujer, profesionista y madre”, lo que –según ella– “significaría un importante aporte adicional a la Junta de Gobierno del Inegi”.

Como órgano superior de dirección del Inegi, la Junta de Gobierno determina la producción de información estadística, decide qué información revierte un interés nacional –y cual no debe divulgarse por motivos de seguridad nacional–, y aprueba las normativas internas y programas de trabajo del Instituto.

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Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)

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on 11 asesinatos, 76 amenazas, 27 ataques contra medios de comunicación, 81 ataques físicos, 43 acciones de hostigamiento, 79 intimidaciones, 22 actos probados de espionaje, 58 privaciones ilegales de la libertad y 27 actos de violencia institucional, el año pasado fue “histórico” en materia de agresiones contra periodistas, cuya tasa de impunidad se eleva a 99.75%, deploró la organización Artículo 19 en su informe anual.

“El sexenio de Enrique Peña Nieto ha mostrado cómo el regreso del PRI ha significado la estructuración paulatina de una política que busca inhibir, limitar y restringir los flujos de información”, sostuvo la organización, al subrayar que las mil 499 agresiones contra periodistas reportadas en los primeros cuatro años de la administración actual ya rebasaron las agresiones perpetradas durante el sexenio de Felipe Calderón.

Artículo 19 aseveró que la prensa mexicana se encuentra atrapada en un dilema de “plomo o plata”: además de las agresiones y amenazas que obligan a periodistas a autocensurarse, muchos de los medios dependen directamente de los ingresos generados por la propaganda gubernamental, la cual se otorga de manera discrecional y, muchas veces, condicionada.

En sus primeros cuatro años de presidencia, Enrique Peña Nieto entregó 34 mil 86 millones de pesos a medios de comunicación a través de contratos de propaganda –el año pasado, estos gastos alcanzaron 9 mil 25 millones.

Los gobiernos locales compran inserciones pagadas de manera to-

De la redacción Ciudad de México (apro)

En una época en que la inseguridad, la corrupción, la impunidad, los muros y la intolerancia “nos hacen sentir desprotegidos y generan incertidumbre”, los mexicanos deben tener presente la certeza de que pueden hacer las cosas bien, alcanzar sus metas con excelencia, honestidad, solidaridad y constancia.

Así lo señaló el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, durante la inauguración de la biblioteca “Doctor Jesús Guisa y Azevedo”, de la Fundación contra el Cáncer de Mama (Fucam).

De acuerdo con Graue, México es una nación grande porque tiene a los mexicanos, “pero aún tenemos mucho por hacer, juntos, como sociedad civil. Debemos olvidarnos de nuestras diferencias políticas, económicas, y luchar todos los días por construir un país mejor”.

Al referirse a la Fucam, subrayó que es ejemplo de la organización de la sociedad y del esfuerzo filantrópi-

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2016, año “histórico” en materia de agresiones contra periodistas: Artículo 19 Artículo 19 aseveró que la prensa mexicana se encuentra atrapada en un dilema de “plomo o plata”: además de las agresiones y amenazas que obligan a periodistas a autocensurarse, muchos de los medios dependen directamente de los ingresos generados por la propaganda gubernamental, la cual se otorga de manera discrecional y, muchas veces, condicionada

davía más arbitraria y opaca: Chiapas, Durango, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz no dieron cuenta sobre los montos que erogaron el año pasado, por ejemplo.

“La censura se alimenta de un sistema económico del que tanto gobierno como medios de comunicación son cómplices. Una relación perversa en la que la información está supeditada

al dinero público que entra y sale de los bolsillos de los medios”, lamentó la organización.

Al menos 226 de las 426 agresiones contra periodistas documentadas por la organización fueron perpetradas por funcionarios públicos. En la mayoría de los casos, los servidores públicos desempeñaban sus labores a nivel estatal y municipal, aunque 56 fueron federales.

“Por esto, el incremento de las agresiones contra la prensa no puede verse como un ‘daño colateral’ del estado de inseguridad, sino como algo verdaderamente intencional”, deploró.

Cerca de la mitad de las agresiones registradas se concentraron en apenas cuatro entidades federativas: Ciudad de México (71), Oaxaca (60, un incremento de 71% en comparación con el año anterior), Veracruz (58, entre ellos tres asesinatos) y Puebla (28). En estos últimos tres estados se llevaron a cabo procesos electorales el año pasado.

El número de agresiones contra mujeres periodistas crece año tras año desde el primer año de gobierno de Peña: de 59 en 2013 alcanzó 97 en 2016.

En los últimos años también se incrementó el uso de internet como herramienta de agresión a la prensa: la organización documentó 72 casos en los cuales usuarios de la red acosaron, amenazaron, atacaron, intimidaron o espiaron a periodistas.

Graue pide olvidar diferencias políticas y económicas para construir un mejor país co para conseguir un fin: atender a la población más desprotegida que padece esta enfermedad, primera causa de morbilidad hospitalaria entre los adultos mexicanos y por la cual, se estima, cada día mueren 15 mujeres en México, destacó el rector.

Precisó que la Fundación –que atiende a 7% de los casos de cáncer de mama detectados en el país y tiene una plantilla menor a los 150 especialistas– realiza mil 400 cirugías, 10 mil tratamientos de quimioterapia, 30 mil mastografías y 42 mil consultas médicas al año.

Además, añadió, ofrece cursos de posgrado de alta especialidad reconocidos por la Facultad de Medicina, en los que se forman especialistas que deben hacer frente al cáncer de mama en nuestro territorio y en América Latina.

En la inauguración, el decano académico de la Fucam, Carlos Fernández del Castillo, hizo una semblanza del

filósofo, escritor, catedrático, universitario y bibliófilo Jesús Guisa y Azevedo.

Y como un reconocimiento a su legado, la biblioteca –con más de cinco mil volúmenes– lleva su nombre.

En su oportunidad, Fernando Solís Cámara, socio fundador de la Fucam, hizo un recuento del trabajo que este organismo ha realizado en sus 17 años de existencia para apoyar a mujeres en condiciones vulnerables, y señaló que 96% de los casos de cáncer de mama son curables si se detectan a tiempo.

De acuerdo con un comunicado de la UNAM, al evento asistieron el presidente y fundador de la Fucam, Fernando Guisa Hohenstein; su director general médico, Sergio Rodríguez Cuevas; el director de la Facultad de Medicina, Germán Fajardo Dolci; la directora contra el cáncer de mama de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, María del Carmen Canchota, y los jefes delegacionales de Tlalpan y Coyoacán, Claudia Sheinbaum y Valentín Maldonado, respectivamente.

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Asegura Ochoa Reza que sus participaciones en Davos estuvieron apegadas a la normatividad de la CFE De la redacción Ciudad de México (apro)

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l presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, sostuvo que sus participaciones en Davos, Suiza, mientras fungía como director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), estuvieron apegadas a la normatividad vigente de la empresa.

El líder priista destacó lo anterior en respuesta a un reportaje difundido por la organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), donde aseguró que Ochoa Reza hizo caso omiso a los llamados a la austeridad del gobierno federal cuando estaba al frente de la CFE. Según MCCI, en aquel entonces Ochoa Reza tomó decisiones que implicaron el gasto de por lo menos 24.47 millones de pesos, provenientes de fondos públicos, para que la empresa productiva del Estado perteneciera al Foro Económico Mundial y tuviese presencia en las reuniones de Davos, Suiza, de 2015 a 2018.

Además, en esos viajes Ochoa Reza utilizó una aeronave y automóviles de Iberdrola, empresa española que ha recibido contratos de la CFE por lo menos desde 2003, destaca el reportaje firmado por las periodistas Dulce Ramos y Thelma Gómez.

El líder priista destacó lo anterior en respuesta a un reportaje difundido por la organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), donde aseguró que Ochoa Reza hizo caso omiso a los llamados a la austeridad del gobierno federal cuando estaba al frente de la CFE

A continuación la carta que el priista envió a la página web de Proceso: Las participaciones del doctor Enrique Ochoa Reza en Davos, Suiza, como director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fueron públicas y apegadas a la normatividad vigente de la empresa.

La inversión que se hizo para comprar la membresía del WEF dejó beneficios directos para México, a través de la CFE. Las dos participaciones

en el foro internacional permitieron promover la Reforma Energética con resultados tangibles.

La inversión realizada estuvo dentro del presupuesto avalado para la empresa y no tuvo nada que ver con el recorte presupuestal de ésta.

De hecho, el 17 de marzo de 2016, la CFE anunció que su Consejo de Administración aprobó un recorte presupuestal por un monto de 2 mil 500 millones de pesos, conforme a lo que

exigió el gobierno mexicano.

La reunión de Davos es un encuentro internacional de directivos de empresas de todo el mundo en la que se obtuvieron beneficios para nuestro país, como son los compromisos de inversión que generan empleos y riqueza para México.

La transportación del doctor Ochoa a Davos se hizo igual que la de otros participantes que viajaron allá.

No hubo ninguna irregularidad en el procedimiento.

Es necesario aclarar que no hay ninguna relación entre el proceso de licitaciones y las reuniones con presidentes de empresas internacionales, con quienes se tuvo acercamiento para buscar mayor inversión extranjera.

Todas las licitaciones que se llevaron a cabo en la CFE durante la administración del doctor Enrique Ochoa Reza, se realizaron apegadas a procesos internacionales de transparencia.

Ninguno de los proyectos que ganaron empresas mexicanas y extranjeras, fueron adjudicaciones directas de contratos.

Gobierno de Peña analizará “exhaustivamente” informe sobre desapariciones y fosas presentado por CNDH De la redacción Ciudad de México (apro)

El gobierno de Enrique Peña Nieto se comprometió a analizar “exhaustivamente” el informe sobre desapariciones y fosas clandestinas presentado este día por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas, la CNDH informó que se reportaron la existencia de 855 fosas clandestinas en 18 entidades del país de las que se exhumaron mil 548 cadáveres del 1 de enero de 2007 a septiembre del año pasado.

Asimismo, de acuerdo con información proporcionada por procuradurías y fiscalías locales, el primer visitador, Ismael Eslava Pérez, dijo que dichas autoridades reportaron el rescate de mil 548 cadáveres, de los cuales se habían identificado a

796 personas.

En respuesta, el gobierno reconoció la importante labor de la CNDH, así como de colectivos y organizaciones de la sociedad civil en el proceso de fortalecimiento y mejora de los esfuerzos institucionales encaminados a la erradicación de esta problemática.

En un comunicado, “expresa su plena coincidencia en que la garantía efectiva de los derechos fundamentales y el combate de las condiciones y fenómenos que los vulneran, son una prioridad de Estado que llama a la acción conjunta y corresponsable de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno”.

Hacer frente con eficacia y contundencia a la desaparición de personas es una condición esencial para la vigencia del Estado de derecho y para el desarrollo en nuestro país, remata el comunicado.

En tanto, destacó que la aproba-

ción de la iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, propuesta por el Ejecutivo federal y en proceso de discusión en el Legislativo, permitirá dotar al Estado de un diseño institucional adecuado y de mejores capacidades en este ámbito.

Entre los puntos que contiene la iniciativa están: un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; la

creación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); un Registro Nacional de Personas Desaparecidas; un Registro Nacional Forense; dos tipos penales: el de desaparición forzada, cometido o instigado por servidores públicos, y el de desaparición por particulares, así como mecanismos especiales para que la sociedad civil participen de manera activa para asesorar y emitir opiniones al Sistema Nacional de Búsqueda.

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Campañas mentirosas en Edomex Lucía Lagunes Huerta Ciudad de México. (Cimacnoticias)

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ada vez más la ciudadanía y en especial las mujeres nos cansamos de los discursos que lucran con el dolor. Hoy en el Estado de México el feminicidio se volvió el tema político más lucrativo de las campañas.

En el año 2007, a Felipe Calderón Hinojosa, por ser el Ejecutivo Federal, le tocó promulgar la ley más innovadora para construir una vida libre de violencia para las mujeres.

Lejos está de hacer honor a la Ley que publicó el 1 de febrero de 2007, al ejercer violencia política contra una candidata.

Lo escrito por el ex mandatario el pasado martes en su cuenta de Twitter, en donde se burla de la candidata a la gubernatura del Estado de México por el partido de Morena, Delfina Gómez, al poner en duda la capacidad de esta política para tomar sus propias decisiones, retrata la violencia política que sigue imperando en la era de la paridad, razón por la cual se creó el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres.

De acuerdo con el protocolo, se entiende por violencia política “todas aquellas acciones y omisiones basadas en género, que se presentan en el marco del ejercicio de sus derechos político-electorales y que tienen por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos político-electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.

Negarle a cualquier candidata el albedrío y reducirla a una marioneta,

En el año 2007, a Felipe Calderón Hinojosa, por ser el Ejecutivo Federal, le tocó promulgar la ley más innovadora para construir una vida libre de violencia para las mujeres. Lejos está de hacer honor a la Ley que publicó el 1 de febrero de 2007, al ejercer violencia política contra una candidata

como aseguraban de la ex candidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota, es menoscabar su derecho político a participar en la vida pública; es poner en tela de juicio la capacidad de las mujeres para estar en la política.

En 2007, cuando anunció la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia (LGAMVLV) Calderón aseguró que “eliminar la violencia contra la mujer (sic) es una condición indispensable para su participación en la vida pública”, ¿será que una vez que dejó Los Pinos dejó de creer en lo que dijo?

Mágicas promesas De esos discursos “políticamente correctos” están llenas las campañas

electorales en el Estado de México. El feminicidio se volvió el tema electoral, sin importarles el dolor de cientos de familias. No hay candidatura en Edomex que no asegure que, de ganar, terminarán con el feminicidio, así de mágico.

Por ejemplo el candidato priista, Alfredo del Mazo, dice que erradicará el feminicidio ¡cuando su partido ha gobernado el Estado de México durante 84 años! y durante los dos últimos sexenios se recrudeció la violencia contra las mujeres, se niega el acceso a la justicia a las víctimas de feminicidio y, en su momento, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se defendieron con uñas y dientes para no decretar la Alerta de Violencia de Género.

La misma entidad en donde las

madres de víctimas de feminicidio, ante la falta de justicia, se han visto orilladas a ser defensoras del derecho a la vida de las mujeres, cuando una de las madres emblemática, doña Irinea Buendía, tiene que vivir protegida por las amenazas recibidas por su exigencia de justicia para su hija y todas las víctimas del odio misógino. ¿Cómo creerle a la candidata panista, Josefina Vázquez Mota, cuando su compañero de partido y ex mandatario violenta a otra mujer y ella guarda silencio? ¿cómo creerle si cuando su partido tuvo el poder de la Presidencia no se avanzó en la erradicación de la Violencia Feminicida que hoy, dice ella, sí desterrará del Edomex?

Es difícil creer que toman en serio la desigualdad que viven las mujeres de Estado de México cuando escuchamos propuestas como “salarios Rosa”. ¿Por qué no simplemente se comprometen a cumplir con la ley que prohíbe la desigualdad? y señala que a trabajo igual salario igual. ¿Cómo creerles, cuando durante 18 años ningún partido ha garantizado los recursos necesarios para aplicar a cabalidad la Norma 046 para la atención y prevención de la violencia en el entorno familiar y de violencia sexual?

Creerán que las mujeres votantes, las ciudadanas, son tontas y que frases y colores las convencerán...

OSC de Joyabaj reconocen la labor de la Fiscal Thelma Aldana De la Redacción Guatemala, Guate. (Cimacnoticias/Cerigua)

Representantes de la sociedad civil del municipio de Joyabaj, Quiché (100 kilómetros al occidente de la Ciudad de Guatemala), manifestaron su reconocimiento a la labor de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, en el combate a la corrupción.

Comités de mujeres, comités de Auxiliares Comunitarios, representantes de las iglesias; autoridades Mayas; asociaciones de Desarrollo; asociaciones para la Conservación del Medio Ambiente; Coordinadora de Mujeres Joyabatecas, entre otras, participaron en un acto público que se llevó a cabo en la Plaza Central del municipio.

La sociedad civil Joyabateca reconoce la valentía, el coraje, pero sobre todo la integridad moral y los principios que han caracterizado al personal, en especial a la Fiscal General, cuya importante labor ha sido clave en los sucesos de los últimos años en la lucha

contra la corrupción en el país.

Aldana agradeció las muestras de apoyo e incluso reconocimientos recibidos, entre los cuales se encontraba una réplica del palo volador, un diploma de reconocimiento y un obsequio del traje de la región.

La Fiscal General manifestó que el papel que juega la sociedad civil en el país es fundamental para mantener la observancia del desempeño de las autoridades locales, municipales y a nivel nacional para exigir un buen trabajo por parte de los funcionarios públicos.

“No debemos ser tolerantes a la corrupción, a la criminalidad, si somos un país pasivo, los corruptos se aprovechan y se llevan el dinero que es para la población; no podemos permitir que haya niñas y niños desnutridos, que no haya medicinas, ni acceso a la educación. Guatemala tiene muchos recursos, pero nunca dejaremos de ser un país pobre si permitimos que los corruptos se lleven el dinero del pueblo”, puntualizó.

Desde el Ministerio Público y la

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala se hacen grandes esfuerzos para investigar casos penales con objetividad y transparencia; “No vamos a descansar hasta el último día en nuestras funciones, tanto el Comisionado, como los fiscales en esa lucha contra la corrupción y la criminalidad”, refirió la Jefa del Ministerio Público.

La Fiscal General manifestó que reconoce el trabajo de las autoridades indígenas, ya que a través de la conciliación y respeto logran resolver los distintos conflictos que puedan generarse en la población y con ello

fomentan la paz social.

El Ministerio Público siempre trabajará con las autoridades indígenas; ese reconocimiento de los derechos indígenas esperábamos que estuviera en la Constitución de la República, pero si no se puede la labor entre ambos seguirá de la mano, finalizó Aldana.

La sociedad civil también hizo extensivo el apoyo hacia el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez.

Expresaron que tanto la Fiscal General como el Comisionado efectúan su trabajo con valor y esfuerzo en el combate contra la corrupción.

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EN CHIAPAS

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l gasto de 35 millones de pesos derogados por el gobierno de Chiapas para la remodelación del Estadio Víctor Manuel Reyna en 2014 inevitablemente ha regresado a la memoria el escandaloso despilfarro de alrededor de 250 millones de pesos utilizados que la actual administración estatal utilizó para la construcción del denominado Foro Chiapas, convertido hoy en un verdadero elefante blanco que, pese a las promesas como gran detonador de espectáculos, de diciembre a la fecha no ha tenido actividad relevante alguna.

El popularmente llamado “millonario capricho charro” de Manuel Velasco actualmente dista mucho de las expectativas apabullantes con las que las autoridades estatales trataron de justificar su construcción. En más de cuatro meses se ha mantenido sin operaciones de provecho real. Ni espectáculos, ni actividades artísticas o deportivas relevantes, y mucho menos eventos culturales han tenido sede en el millonario recinto.

El evento multitudinario de mayor proximidad es el concierto del cantante guatemalteco Ricardo Arjona que se realizará hasta el mes de mayo, casi seis meses después del último “gran” evento masivo.

Así lo constata la página oficial sobre eventos de espectáculos en el recinto que desde el mes de enero simplemente no tuvo actividad alguna. Así como un inmueble para alrededor de siete mil espectadores hoy sólo funciona para prácticas

EN LA MIRA Héctor Estrada

Foro Chiapas, el millonario elefante blanco de Manuel Velasco

de charrería menores que bien podrían realizarse en cualquier predio sin tanta infraestructura.

Para hacer un poco de memoria, según el monto total referido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para la construcción de lienzo charro se gastaron 251 millones 834 mil 510 pesos. El proyecto oficialmente denominado “Auditorio la Gente”, ahora conocido como “Foro Chiapas”, ha sido sin duda el capricho más costoso que los chiapanecos han tenido que pagar para complacer uno de los más caros gustos de un mandatario

estatal.

Los proyectos, con claves CHP15150400596419 y CHP15160200677745, fueron etiquetados en el rubro de urbanización por montos de 199 millones 800 mil pesos y 52 millones 34 mil 510 pesos, respectivamente. Los primeros 199 millones etiquetados a la extinta Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, mientras los 52 millones restantes quedaron en la misma dependencia bajo su nuevo nombre como Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones.

Ni siquiera durante los días de

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desarrollo del Campeonato Nacional de Charrería (para el que fue construido) se alcanzaron las expectativas. Y es que, aunque se prometió una derrama turística muy superior a la inversión realizada, según las asociaciones prestadoras de servicios turísticos que no se prestaron a firmar los boletines oficiales, la afluencia de visitantes y la derrama económica del evento no alcanzó ni el 50 por ciento de lo desembolsado.

Hoy las advertencias pesimistas parecen estarse cumpliendo.

El Foro Chiapas es prácticamente un elefante blanco. Un inmueble sin oficio ni beneficio que tan caro costó al erario de los chiapanecos. Ni siquiera conciertos como el del próximo mes de mayo justifican una inversión millonaria tan desproporcionada, pues sólo enriquecen a los mismos amigos de siempre, a empresas como Producciones Ugarte, dueños de las contrataciones artísticas en casi todas las ferias municipales, incluidas la Feria Chiapas y la Mesoamericana de Tapachula.

Al menos el Estadio Víctor Manuel Reyna es un inmueble con uso efectivo cada semana o 15 días.

Muy distante al abandono y nula rentabilidad de un espacio como el Foro Chiapas. Se trata de cientos de millones de pesos colándose por la basura. Dinero que debería generar al menos el mínimo de beneficio social en un estado con tantas carencias; pero bueno, finalmente parece sólo haberse tratado de un simple capricho temporal… así las cosas.

CALDERONISMO PANISTA

¿

Por qué Felipe Calderón insiste en ponerle su nombre propio al PAN? ¿Acaso no se da cuenta que cada vez que habla o hace acto de presencia en el escenario político tiene más consecuencias negativas para su esposa Margarita Zavala y el partido donde milita? El calderonismo no ayuda a nadie y menos en el Estado de México donde la candidata panista Josefina Vázquez Mota va contra corriente frente al priista Alfredo del Mazo, con la cartera más rápida para repartir dinero y con Delfina Gómez impulsada por el lopezobradorismo.

Calderón no ayuda ni con sus chistes que quieren ser irónicos y sólo reflejan una personalidad densa y dañina como el elemento químico más pesado de la tabla periódica: el osmio.

Josefina Vázquez Mota debería pedirle públicamente a Felipe Calderón que mejor no hable si se va a referir a algún tema de la campaña por la gubernatura del Estado de México.

José Gil Olmos

La burla que hizo recientemente con el nombre de la candidata de Morena, Delfina Gómez, preguntando si es nombre propio, y dejando entrever una crítica a López Obrador, generó un impacto negativo tan fuerte en contra de él, su partido y Vázquez Mota, como no podría haberlo hecho un ataque de los otros contendientes.

La burla es burda y no tiene nada que ver con la ironía, que es la inteligencia. Es evidente que a Calderón la falta cordura y le sobra soberbia.

Así lo mostró cuando fue presidente con sus frases imborrables,

como llamarles “perdidas colaterales” a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico que él declaró en el 2006. O cuando trató con desdén a los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad cuando le pidieron que cambiara su estrategia militar de combate al crimen organizado porque sólo estaba generando más violencia, muerte y corrupción.

Hoy quisiera borrar esas frases como lo intentó hacer cuando negó haber dicho que declaraba la guerra al narcotráfico a pesar de que sus declaraciones quedaron grabadas en audio y video.

Felipe Calderón intentó hacer lo mismo con el tuit que escribió el pasado lunes: “¿Delfina es nombre propio? ¿O así le dicen por cómo la trata quien la nombró y es su jefe?”.

Lo borró de su perfil sin tomar en cuenta que esas son precisamente expresiones imborrables, que se quedan en la ciudadanía porque reflejan el carácter y la idiosincrasia de quien las emite.

Con estas desafortunadas expresiones, Calderón sigue sumando negativos para quien podría decirse que sí es su “delfina”, su esposa Margarita Zavala, a quien intenta apuntalar como su heredera política primero como candidata y luego como presidenta de México en las elecciones del 2018.

Las palabras tienen una responsabilidad y a Calderón como a otros políticos se les olvida este principio básico. Así que mientras siga hablando o escribiendo, el panista no ayudará ni a su partido, ni a Josefina Vázquez Mota ni tampoco a su esposa que sueña con sentarse en la silla presidencial.

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DESCOMPOSICIÓN Y ESPERANZA John M. Ackerman

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ice Enrique Peña Nieto que la crisis generalizada del Estado mexicano sólo existiría en nuestras “cabezas” e insiste en culpar a Andrés Manuel López Obrador y su supuesto “populismo” por todos los males del país. Y en un esfuerzo sumamente peligroso que muestra su gran desesperación, el presidente en funciones también ha buscado confrontar las Fuerzas Armadas directamente con el tabasqueño.

Felipe Calderón también se ha sumado a la feria de ataques en contra de quien encabeza todas las encuestas preelectorales, recurriendo a su muy sobado y desgastado discurso fantasioso de que López Obrador se parecería a Hugo Chávez y que por lo tanto sería un “peligro para México”.

Darían risa estos esfuerzos por distraer la atención ciudadana del enorme fracaso de los gobiernos del PRIAN si no fueran tan indignantes y cínicos. Resulta que los responsables por la total descomposición del país ahora quieren culpar al hombre a quien ellos mismos le han robado la presidencia en dos ocasiones y que no ha ocupado un solo cargo público desde hace más de una década.

Los hechos demuestran fehacientemente que la crisis generalizada no sólo existe en nuestras cabezas sino que es una realidad palpable a lo largo y ancho de la república. Y la historia demostrará con gran claridad quiénes son los verdaderos culpables por la destrucción de la patria y la

descomposición de la institucionalidad democrática.

Por ejemplo, de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, el fiscal general de Nayarit, Édgar Veytia, quien gozaba de un nombramiento del Congreso del Estado hasta el año 2020, es uno de los capos del narcotráfico más importantes en su estado, de mayoría priista, y que conspiraba para la manufactura y la distribución de cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha informado que el cobarde asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en el estado, habría sido motivado por la “narcopolítica”.

De acuerdo con Humberto Moreira, expresidente nacional del PRI y quien fue detenido el año pasado en España bajo acusaciones de lavado de dinero, Felipe Calderón robó la presidencia a López Obrador en 2006 por medio de un fraude descarado.

El exgobernador PANista de Sonora, Guillermo Padrés, se encuentra hoy en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, acusado de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tanto Javier Duarte como César Duarte, exgobernadores PRIistas respectivamente de los estados de Veracruz y Chihuahua, están prófugos de la justicia, acusados también por desvíos millonarios de dineros públicos y privados.

El gobernador suplente de Javier Duarte en Veracruz, Flavino Ríos, hoy se encuentra en-

carcelado y sujeto a preso penal por tráfico de influencias, abuso de autoridad y encubrimiento.

Mauricio Audirac, secretario de Finanzas de Veracruz durante la administración de Duarte, fue detenido el pasado miércoles 29 por el delito de coalición de servidores públicos para violar la ley.

Al diputado federal de Chihuahua y cercano excolaborador de César Duarte, Antonio Tarín, se le acusa por peculado de 300 millones en perjuicio del erario, pero logró evitar su detención al presentar un amparo conseguido en tiempo récord el pasado miércoles 29. Y en otra decisión judicial sospechosa, un juez dejó libre a Diego Cruz, uno de los integrantes de Los Porkys acusado de atacar sexualmente a una menor de edad en Veracruz, alegando que supuestamente el Ministerio Público no había acreditado plenamente “el estado de indefensión de la víctima” y “la intención lasciva de satisfacer un apetito sexual”.

La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló casi toda la Ley Atenco que legaliza la represión y la criminalización de la protesta social, aprobada el año pasado por los socios de Peña Nieto y Eruviel Ávila en el Congreso del Estado de México. Tal y como ya hemos analizado en estas mismas páginas (véase: http://www.proceso.com.mx/436382/mexicositiado), el artículo 7 y todo el Capítulo III de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México autoriza de

manera indiscriminada la utilización de la fuerza pública en casi cualquier situación de protesta social.

Mientras, la violencia en contra de los periodistas ha aumentado de manera escalofriante durante 2017. Además del indignante e inaceptable caso de Breach, en las últimas semanas también han sido ejecutados Celio Pineda, en Guerrero, y Ricardo Monlui, en Veracruz. Otro periodista de Veracruz, el jefe de redacción del diario La Opinión en Poza Rica, Armando Arrieta, sufrió un atentado la semana pasada y hoy se debate entre la vida y la muerte. En Los Cabos, el periodista Julio Omar Gómez también fue emboscado afuera de su casa esta última semana.

Murió su escolta en el ataque.

Es hora de que Calderón y Peña finalmente acepten su derrota. Ellos son los responsables por la total descomposición de la república y es tiempo de que se vayan a sus casas, sin pensión alguna de parte del Estado desde luego.

Los ciudadanos libres hemos llegado a la conclusión de que para restablecer la institucionalidad democrática y la justicia social es necesario probar algo nuevo. Ya no queremos más de lo mismo.

Respetamos al pueblo uniformado, pero no permitiremos que los generales nos gobiernen a punta de pistola. Respetamos las instituciones y las leyes, pero exigimos que sirvan a la justicia y al pueblo, y no a la impunidad y el saqueo. ¡Ya basta!

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“EL ESLABÓN PERDIDO” Jorge Carrasco Araizaga

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pesar de que ha pasado casi un cuarto de siglo, los mexicanos no hemos podido superar el traumático año de 1994. Más que una referencia, es casi un punto de partida para explicar el proceso de descomposición de México.

Los asesinatos del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio, en marzo de ese año, y el del secretario general de ese mismo partido, José Francisco Ruiz Massieu, en septiembre siguiente, demuestran cuán traumática ha sido la transformación del sistema político mexicano, en un contexto de modernización económica también agresivo para el grueso de la población.

Los estrategas estadunidenses que estaban detrás del Tratado del Libre Comercio en América del Norte (TLCAN), consideraban que como consecuencia de la apertura económica de México, su viejo sistema político terminaría también abriéndose hacia la modernización.

En efecto, ese viejo sistema cayó, pero no se tradujo en un nuevo sistema político para la democratización del país, sino que devino en una mera repartición del poder entre los distintos partidos políticos que terminan protegiéndose los unos a los otros.

El eslabón perdido. La historia secreta de los magnicidios que cambiaron la historia de México, libro que acaba de publicar Humberto Hernández Haddad, cónsul general de México en San Antonio, Texas, en ese entonces, es un imprescindible testimonio para comprender cómo esa mera repartición cómplice del

poder ha sido una de las principales causas de la descomposición política y social de México.

El libro es resultado de lo que Hernández Haddad vivió como representante diplomático de México en San Antonio, cuya Corte federal documentó la manera en que se comportó el gobierno de Ernesto Zedillo para ocultar, proteger y desaparecer al diputado del PRI por Tamaulipas, Manuel Muñoz Rocha.

El entonces diputado fue responsabilizado junto con Raúl Salinas de Gortari, el hermano mayor del expresidente, como autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu, aunque en 2005 Salinas salió de prisión después de 10 años, exonerado por la justicia federal.

El eslabón perdido… es también el resultado de 20 años de las batallas jurídicas y por la trasparencia de Hernández Haddad para que en México y Estados Unidos se hicieran públicos los archivos de ese capítulo definitorio en la vida política de México, incluido el pedido del gobierno de Zedillo Ponce de León al de Estados Unidos para detener y extraditar a México a Muñoz Rocha, a quien dijo tener ubicado en Brownsville, Texas; aunque después hizo todo lo posible para ocultarlo.

Los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu ocurrieron en los últimos años del sistema autoritario del PRI. Por lo tanto, sus protagonistas se encuentran en ese caduco arreglo político. Pero no sólo ahí. Como parte de esa distribución cómplice, hay también protagonistas en los llamados gobiernos de la alternancia.

En el libro editado por Grijalbo, Hernández Haddad hace un repa-

so pormenorizado de quiénes son; muchos de ellos todavía vigentes en la función pública, en la práctica privada o en la vida pública internacional. Es el caso del entonces secretario de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría, secretario general, desde hace una década, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. También el del extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Ernesto Derbez, actor central en el financiamiento irregular de los Amigos de Fox, y actual rector de la Universidad de las Américas de Puebla. O el del procurador general de la República en el gobierno priista de Ernesto Zedillo, Antonio Lozano Gracia, abogado hechura del panista Diego Fernández de Cevallos y ahora defensor del exgobernador de Sonora, también por el PAN, Guillermo Padrés Elías.

El exdiplomático, quien fue legislador del PRI, revela la trama en la que un grupo de políticos, diplomáticos, legisladores, jueces, magistrados y ministros lograron mantener en la confusión los hechos que han marcado al país por más de 20 años y seguirán definiéndonos.

Es difícil aseverar que fue una operación de Estado, pero de lo que no hay duda es que en todo ese tiempo ha existido un ocultamiento sistemático en el que han tenido que ver los poderes formales del Estado mexicano.

El eslabón perdido… es un libro clave para conocer cómo ha sido el proceso de des-institucionalización de México; es decir, de cómo las instituciones han sido fracturadas por quienes las han tenido a su cargo y han jurado defenderlas.

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LA “PROTECCIÓN” BAJO ESCRUTINIO Argentina Casanova

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na persistente demanda al Estado Mexicano es la protección de la vida de las mujeres que denuncian violencia. Se exigieron medidas y órdenes de protección para salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres que vivían amenazas de violencia y se implementaron mecanismos para demandar prevención del feminicidio. Esas medidas se adoptaron con resistencias y estas, en la mayoría de los casos, se traducen hoy en mujeres que fueron asesinadas aún después de pedir protección al Estado.

Como pocas veces, he perdido la capacidad de hablar y escribir sobre la violencia, se trata de los tiempos, los momentos y los golpes que recibimos cada día con la noticia de que han matado a una mujer, una más en la cuenta que sólo nosotras llevamos.

Pero la realidad que vivimos nos obliga a mirar objetivamente o al menos tratar de ver las partes del todo, nos lleva a poner sobre la mesa un matiz grave de una problemática añeja: el Estado es incapaz de garantizar el más elemental derecho a la vida para las mujeres en México. No bastan las medidas o las órdenes de protección, en tanto no haya voluntad de garantizar el derecho a una vida libre de violencia.

Algunos casos de feminicidio, triste y desgraciadamente, terminan por convertirse en casos paradigmáticos que sirven para evidenciar la grave omisión del Estado en garantizar la protección de la vida de las mujeres. Y no solo es una autoridad, ni una sola falta, sino una cadena de sucesos que ocurren a los ojos de muchas personas y que, como un tren que avanza hacia el precipicio, todos ven y saben cuál será el destino final si algo no cambia esa ruta. Pero aun así y a los ojos de toda la sociedad ocurren esos casos de feminicidio.

La semana pasada dos eventos cim-

braron a la opinión pública, muy especialmente a la Península de Yucatán, y evidenciaron que pese a todo lo que se informa y se dice en números positivos sobre el otorgamiento de las órdenes de protección, que aún falta por entender el sentido de la protección y la prevención de la violencia.

Casi en forma simultánea, en los últimos días se registraron dos feminicidios en la Península, los cuales tenían en común que se trataba de mujeres que habían solicitado la protección al Estado mexicano a través de sus instituciones, ambas mujeres vivían acosadas por la violencia de sus ex parejas.

Gabriela y Aracely son los nombres de las mujeres que tuvieron en común que la autoridad no logró garantizarles el derecho fundamental a vivir libre de violencia, una violencia que en México cobra 7 vidas de mujeres diariamente, que se acumulan en un largo listado en el que advertimos cierta intención de que la resignación y el olvido las alcance a todas.

Pero el olvido no llega para las madres de estas mujeres que no mueren sino que son asesinadas después de meses o años de lucha por defender su vida.

Y todas nos duelen, todas y cada una.

Que no vengan a decirnos que unas nos importan más que otras. Nos duele la joven asesinada en Quintana Roo que había pedido medidas de protección y no se las dieron, como Dahine en Ciudad del Carmen, hace 2 años, y a quien no olvidamos y por quien seguimos clamando justicia.

Nos duele Gaby, a quien sin conocerla la nombramos así para hablar de ella y llevar su voz pidiendo justicia, protección, nos unimos muchas, hablamos muchas mujeres, defensoras, periodistas, abogadas, intentamos darle voz, pero todas nuestras voces juntas no pudieron hacer que fuera escuchada.

Nos duele, nos pesa, nos arde en el cuerpo y en el alma el dolor de su madre, doña Ligia.

Nos duele y compartimos el dolor en el corazón de la compañera defensora que las ha acompañado desde el primer momento, sin importar si alguien más les creía y les cerraban todas las puertas y las dejaban solas.

Hoy el pueblo de Mérida se ha unido al reclamo de justicia, justo es abrigar y abrazar a quien dio su vida exigiendo justicia frente a un sistema corrupto en el que prevalece la impunidad. En un país en donde quien tiene dinero es quien compra jueces y conciencias.

El asesinato de otra mujer en similares condiciones ocurrió el 25 de marzo pasado, en Chetumal, Quintana Roo. Ella fue víctima de su esposo, un agente de la policía estatal y también había solicitado y obtenido una Orden de Protección. Pero a pesar de contar con esta medida, no se tomaron las acciones para prevenir, debido al riesgo evidente, ya que el policía portaba armas y agudizaba el contexto de riesgo y violencia feminicida.

Quizá parezca exagerado, pero nosotras sentimos que al matar a Gaby nos han matado un poco a todas. Y lo han hecho porque todas sabemos que a pesar de la lucha, a pesar de la valentía y la resistencia, a pesar de pedir y exigir protección al Estado mexicano, puede venir alguien mandado por la ex pareja y pague por asesinar a una mujer que peleaba y defendía sus derechos, y eso nos muestra la vulnerabilidad e incapacidad del Estado por proteger la vida de las mujeres.

La pregunta es: ¿si el Estado y sus instituciones, si las órdenes de protección, si la policía no puede proteger ni garantizar el derecho a una vida libre de violencia, entonces qué nos queda a las mujeres que vivimos en este país feminicida?

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PVEM IMPONE “EL PODER DEL DINERO” A LOS VERDES EUROPEOS Argentina Casanova

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n febrero pasado se cumplieron ocho años de que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue desconocido por sus contrapartes de Europa al haber realizado una campaña por la reintroducción en el país de la pena de muerte para, supuestamente, apoyar el combate al crimen organizado.

Los verdes europeos acusaron que tal iniciativa pisoteaba la carta de principios fundamentales asumidos por unanimidad en 2001 en Canberra, Australia, por las fuerzas políticas verdes del mundo, incluyendo al propio PVEM. El 10 de febrero de 2009, por medio de una comunicación escrita, el Partido Verde Europeo –que actualmente agrupa a 32 partidos de 29 países– anunció que “retiraba su reconocimiento” al PVEM como parte de la “familia verde” internacional.

El anuncio fue firmado por la copresidenta del Partido Verde Europeo, la italiana Mónica Frassoni, y los dos portavoces del mismo organismo político: el diputado belga Philippe Lambert –también copresidente del Comité de Dirección– y la eurodiputada austriaca Ulrike Lunacek.

Los verdes europeos llegaron a esa decisión tras un intercambio de correspondencia con sus pares mexicanos para que renunciaran públicamente al apoyo de la pena de muerte, marcándoles un ultimátum para hacerlo. Pero la dirección del PVEM no sólo rechazó retractarse de su polémica campaña, sino que además tachó a sus colegas europeos de “colonialistas” y “antidemocráticos” y se rompió el diálogo.

Según declaró en esa época el diputado Lambert a este columnista, el veto europeo contemplaba no invitar a ningún representante del PVEM a las reuniones de la Global Verde –la red mundial de partidos de esa línea política–, y que los europeos tampoco enviaran a los suyos a las reuniones organizadas por la Federación de Partidos Verdes de América, a la que pertenece el PVEM. Por eso llama mucho la atención que delegados del PVEM hayan participado formalmente en el Cuarto Congreso de la Global Verde, que tuvo lugar del 30 de marzo al 2 de abril pasado en Liverpool, Reino Unido, y que incluso uno de sus representantes, Raúl Guzmán Enzástiga, que fue asesor de este partido en el Senado, formara parte del Comité de Resoluciones como delegado de la Federación de Partidos Verdes de las Américas.

Además, el PVEM pudo someter al congreso una resolución en la

pero también en derechos humanos, derechos de las mujeres, de la comunidad LGBT. La justicia ecológica y social en la economía es un tema muy importante para nosotros.

Así que nos vemos muy distintos a los verdes mexicanos”.

Ausencia sospechosa

que todos los partidos participantes, incluyendo los europeos, fueron exhortados a condenar la construcción del muro fronterizo con México ordenada en enero pasado por el presidente estadunidense, Donald Trump.

Dicha resolución fue propuesta directamente por otra delegada del PVEM, Patricia Maldonado, también vicepresidenta de la Federación de Partidos Verdes de las Américas y antigua empleada de Televisa.

Como queda evidenciado, la dirección del Partido Verde Europeo nunca convenció a la Federación de Partidos Verdes de las Américas que expulsaran a su integrante más importante y, por mucho, el más opulento, del que prácticamente depende su existencia, como lo ha explicado Silke Helfrich, que entre 1999 y 2007 fue jefa de la oficina para México de la Fundación Heinrich Böll, vinculada al Partido Verde Alemán.

La forma verde de hacer política

Helfrich ha narrado cómo el PVEM despilfarra sin contemplaciones éticas el dinero que recibe en México de sus prerrogativas electorales en la organización de reuniones y congresos de la mencionada federación regional, manteniendo así el control de ésta.

La alemana acusó entonces: “Es su forma de hacer política: ‘yo pago para que te sientas en deuda conmigo’. No hay una estructura sólida entre los partidos verdes latinoamericanos, son grupúsculos, y el poder se obtiene con recursos económicos”.

A finales de 2013 –después de que el PVEM compitiera en las elecciones presidenciales en alianza con el priista Enrique Peña Nieto–, el rompimiento verde europeo ya no parecía ser tan definitivo. Del 28 al 30 de noviembre de ese año se llevó a cabo en La Paz, Bolivia, un impor-

tante encuentro de la Federación de Partidos Verdes de las Américas.

A éste acudieron la eurodiputada verde sueca Bodil Ceballos y el entonces secretario ejecutivo del Partido Verde Europeo, Juan Behrend, quienes incluso participaron en un panel de discusión sobre el panorama de la red en Europa.

Tampoco los verdes europeos pudieron sacar a los mexicanos de la Global Verde, una agrupación de 86 partidos de todo el mundo de la que ambos son fundadores.

El PVEM –acusado en México de varios delitos electorales y sus dirigentes de actos de corrupción y abusos de poder– asistió al Congreso de Liverpool a pesar de que la organización del mismo corrió a cargo del Partido Verde Europeo y del Partido Verde de Inglaterra y Gales, además de la estructura permanente de la Global Verde.

Natalia Bennet, la presidenta del Partido Verde de Inglaterra y Gales, principal anfitrión del evento, expresó previamente lo siguiente: “Estamos orgullosos de acoger este emocionante encuentro. La familia verde global está unida frente a los desafíos que compartimos, desde el cambio climático y la crisis de los refugiados hasta asegurarnos que las economías locales generen trabajos para que la gente pueda construirse una vida mejor”.

En un programa de la organización no gubernamental Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) transmitido el pasado 30 de marzo en Rompeviento Televisión, la eurodiputada verde alemana Ska Keller, copresidenta de su bancada en el Parlamento Europeo, fue cuestionada sobre la relación con el PVEM. Contestó: “Sabemos que existe un partido con ese nombre en México. Pero no tenemos mucho en común. Eso está muy claro desde nuestra perspectiva. En Europa tenemos la red de los partidos verdes europeos y basamos nuestro trabajo en medio ambiente,

Regresando al congreso de Liverpool, resalta que ningún militante del PVEM apareció dentro del listado de oradores que participaron y que fueron numerosos.

De Latinoamérica hubo ecologistas de Chile, Brasil, Argentina, Perú o Guatemala, pero no de México. No se sabe si lo anterior fue producto de una falta de interés de los mexicanos o de un veto explícito empujado por los europeos.

Con el propósito de despejar esa duda y conocer si continúa el rompimiento de relaciones de los verdes europeos con el PVEM, el 31 de marzo pasado el autor de esta columna habló telefónicamente con Eliana Capretti, jefa de comunicaciones y prensa del Partido Verde Europeo y contacto oficial del congreso con los periodistas.

Pero hasta este miércoles 5 la vocera no había devuelto la llamada con una respuesta; y tampoco Keli Yen, coordinadora de la Global Verde y designada igualmente intermediaria con la prensa para el mismo evento.

Como antecedente, el 6 de junio de 2015 ya se le había pedido a la citada copresidenta de los verdes europeos, Mónica Frassoni, que actualizara la posición del Partido Verde Europeo respecto al PVEM. En un correo electrónico –enviado por este corresponsal a Capretti, su vocera– se recordaba que Frassoni había estado involucrada directamente en la decisión de romper con los verdes mexicanos (ella misma había narrado cómo, durante un viaje a México, pudo ver “con asombro” los espectaculares de la campaña del PVEM por la pena de muerte), y se le preguntaba si el conflicto con ese partido perduraba o si la situación había cambiado.

Ese correo terminaba comentando que todo apuntaba a que el PVEM seguía perteneciendo a la Global Verde y que incluso acababa de ser reconocido por los partidos verdes de América y África como un modelo en la defensa del medio ambiente.

Dicho mensaje quedó sin respuesta, lo mismo que el más reciente. Sin embargo, los hechos certifican que el poder del dinero del PVEM y no el de los principios, invocado por los europeos, terminó imponiéndose en el movimiento verde mundial.

CMAN

DIARIO

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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Viernes 7 de Abril de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 4 | No. 1060

PROTESTA

DECLARACIÓN

Arturo Núñez se dice “obligado a rendir buenas cuentas” tras reafiliarse al PRD

“Tenemos deshidratación, hipertensión y diarrea”: Enfermeras en huelga

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LLAMADO

Graue pide olvidar diferencias políticas y económicas para construir un mejor país PAG. 5

SALUD

PAG. 8

PROCESO

Con 64 cuerpos cierran segunda etapa de la exhumación en Jojutla

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Emiten medida precautoria para garantizar salud de enfermeras en huelga de hambre Tres días después de que cinco enfermeras del Hospital de la Mujer “Doctor Rafael Pascasio Gamboa” iniciaron una huelga de hambre para exigir que se atiendan sus peticiones laborales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una medida precautoria a autoridades estatales para velar por la integridad y la salud de las trabajadoras del sector salud.

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Migrantes ejemplificar sufrimiento que viven durante su estancia en México con un viacrucis