Contra 1088

CMAN

DOXA

EDITORIAL

Una mala decisión en el 2018

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Garantizar el Estado de Derecho es el principal compromiso que establece cualquier gobierno que se precie de ser democrático. Bajo ese principio, la aplicación de la ley debe realizarse sin distingos y sin ninguna condición que implique un carácter selectivo.

Es urgente cambiar el discurso de que en Chiapas no pasa nada.

Sobre todo porque eso manifiesta un conformismo generalizado.

En realidad, en Chiapas todos los días pasan cosas, y ahora, por la influencia de las Redes Sociales, ya nada es desapercibido.

DIARIO

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Miércoles 17 de Mayo 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 4 | No. 1088

PROTESTAS

INCONFORMIDAD

Persiste repudio internacional por asesinato de periodistas en México

La directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) Irina Bokova, emitió un comunicado para reprobar el crimen y exigir a las autoridades una investigación “minuciosa para asegurarse que este crimen no permanezca impune”

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ENCUENTRO

Convoca Peña a gobernadores por asesinatos de periodistas: Segob

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Violación al derecho al agua en Chiapas, “peor que en África”, dicen organizaciones a relator de la ONU PAG. 5

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HOY ESCRIBEN CÓDIGO NUCÚ César Trujillo

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SI UN ORGANISMO AUTÓNOMO FUNCIONA, CÁSTRALO

RECLAMO

“El peor crimen es el silencio, hay que exigir justicia”, claman periodistas en protesta frente a la PGR

Habitantes de Ocosingo arrojan la basura a la presidencia municipal

Jesús Cantú

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PERIODICIDIO MEXICANO, EL COMALA DE PEÑA NIETO Jenaro Villamil

EPISTOLARIO

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Armando Rojas Arévalo

LO INHUMANO

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Javier Sicilia PAG. 8

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Miércoles 17 de Mayo 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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EN CHIAPAS

EDITORIAL Una mala decisión en el 2018

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arantizar el Estado de Derecho es el principal compromiso que establece cualquier gobierno que se precie de ser democrático.

Bajo ese principio, la aplicación de la ley debe realizarse sin distingos y sin ninguna condición que implique un carácter selectivo.

Esto obliga a que el principal responsable de garantizar y cumplir el Estado de Derecho sean los tres poderes que integran el Estado, quienes están obligados a sujetar todas sus actos y decisiones bajo el principio de la ley.

En los gobiernos no democráticos, el principio del Estado de Derecho en un discurso vacío, al que se convoca en condiciones de crisis, sólo con el fin de justificar el uso de la fuerza pública en contra de cualquier manifestación de protesta que represente una amenaza al orden instituido.

En México, pero fundamentalmente en Chiapas, el Estado de Derecho no existe y en realidad nunca ha existido. Aquí la ley se aplica de manera selectiva y existe un déficit ancestral en los mecanismos de impartición de justicia. En estos momentos, los tres poderes en Chiapas se encuentran bajo sospecha de estar violando la ley electoral al promover actos anticipados de

campaña en la entidad. Y con ello dejan de atender asuntos relevantes en la vida pública, en el que sobresale la protesta magisterial, que se alimenta con tensiones sociales en varios municipios indígenas, en donde se articulan distintas problemáticas que tienen que ver con la ausencia de justicia, la desigualdad social, la insuficiencia de derechos sociales, la disputa por el control del territorio, por problemas agrarios, por disputas y conflictos religiosos.

Muchos de estos conflictos fueron fomentados y alimentados por los gobiernos federal y estatal, después del movimiento zapatista de 1994, en donde se construyó una idea de que los enfrentamientos eran producto de conflictos intercomunitarios y no por el papel del Estado que financió la formación de grupos paramilitares, en donde el papel del gobierno federal, en contubernio con el estatal, fueron las de crear las condiciones para le reproducción de una violencia institucional hacia las comunidades y entre las organizaciones.

Después de 23 años de una ausencia de voluntad por el Estado mexicano para construir los acuerdos de paz en el territorio chiapaneco, los conflictos continúan vivos y muchas de

las comunidades, así como las organizaciones sociales, entre ellas algunas evangélicas, se encuentran fuertemente armadas y la tensión se agudiza por la inacción y la indiferencia política de gobierno, lo que significa un riesgo potencial para el sistema de seguridad nacional, que tiene encendido los focos rojos de alerta y más porque en gran parte del territorio chiapaneco están conformadas las redes del narcotráfico de los cuatro grupos delincuenciales más importantes en el país.

La situación social en la región de los Altos es delicada. Allí se concentran los mayores rezagos y ahí se encuentran los municipios más pobres del país. Esto significa, que después de 23 años de la rebelión zapatista, los intentos del Estado mexicano por mejorar las condiciones sociales en el territorio fracasaron rotundamente, aparte de que los recursos federales destinados para abatir los rezagos de la región –cuantificados en varios miles de millones de pesos-, no fueron invertidos con la eficacia que se debía o simplemente nunca fueron invertidos y ante este despilfarro y corrupción se mantiene una impunidad indignante.

Todo esta información no puede ser ignorada, porque una

caterva de funcionarios de los tres poderes, vienen realizando actos anticipados de campaña en miras de las elecciones del 2018, pero que a la fecha no han mostrado una actitud de querer resolver la grave crisis social y económica que vive Chiapas, y en la que la decisión hacia la gubernatura se vuelve fundamental, en virtud de que este proceso se presenta como la última posibilidad para construir las condiciones que permitan revertir la pobreza, la desigualdad social y la estructura tradicional de la sociedad chiapaneca.

Por ello es relevante que se exponga con la mayor claridad posible lo que está en juego en el 2018, pues este proceso contiene riesgos y amenazas sociales que tienen que ver con el futuro inmediato de Chiapas; en el que ya nos equivocamos en el 2000, volvió a suceder en el 2006 y se repitió en el 2012. Equivocarse en el 2018 es mortal y lo grave es que en este momento, entre los aspirantes que ya andan en campaña, no se percibe una candidatura que marque la diferencia ni que se proponga como meta fundamental la mejora de la vida pública en Chiapas. Lo único que se percibe son ambiciones personales e intereses particulares.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

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Miércoles 17 de Mayo 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Periodistas de Chiapas protestan por asesinato de colegas De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

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estidos de negro, con velas encendidas en señal de duelo, decenas de periodistas chiapanecos protestaron afuera de la sede del Poder Ejecutivo Estatal, en Tuxtla Gutiérrez, y condenaron el asesinato del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, así como los homicidios de otros trabajadores de medios de comunicación en la última década que aún permanecen impunes.

Al repudio y la condena pública por el homicidio del corresponsal del periódico La Jornada en Sinaloa, y cofundador del semanario RíoDoce, se sumaron periodistas de Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Palenque.

Decenas de periodistas de medios nacionales, estatales, portales y medios alternativos en Chiapas se concentraron en las escalinatas de la entrada principal del palacio estatal de gobierno, donde exigieron castigo a los responsables de los homicidios de comunicadores y garantías para ejercer el periodismo profesional en el país.

Gabriela Coutiño alertó que en México periodistas y ciudadanos viven en la total indefensión ante los hechos violentos y en medio de la impunidad por la apatía, la indiferencia y la ineficacia del gobierno.

Esto es un Estado fallido, y le deci-

Javier Valdez Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (El Estado)

A pesar de la situación política, social y educativa por la que atraviesa el estado, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Tuxtla Gutiérrez, Juan Pablo Cañaveral Constantino, dijo que seguirán invirtiendo en Chiapas aunque requieren mayor seguridad por parte de las autoridades.

En ese sentido, destacó que, a pocos días de culminar el quinto mes de este 2017, los industriales ven positivo este año a pesar que grupos minoritarios han intentado bloquear la operación de industrias y otros han amenazado con invadir tierras ajenas.

El líder empresarial reconoció que Chiapas tiene una ventaja importante: “que las agroindustrias del estado están en su mayoría dedicadas al sector alimentario”.

Continuó: “es importantísimo porque hay un déficit alimentario a nivel mundial y eso nos permite que no paremos un sólo minuto en nuestra producción de darle valor agregado a todos los productos del campo”.

Al repudio y la condena pública por el homicidio del corresponsal del periódico La Jornada en Sinaloa, y cofundador del semanario RíoDoce, se sumaron periodistas de Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Palenque

mos al gobierno que “basta de impunidad; nuevamente, en este 2017 están matando periodistas, ahora son dos por un día, en qué país estamos viviendo, esto ya rebasa cualquier cosa”, cuestionó.

Isaín Mandujano dijo que durante el gobierno de Peña Nieto “han caído”34 trabajadores de medios de comunicación en cumplimiento de su labor; en la administración de Felipe

Calderón fueron 48, y al paso actual se podría igualarlo; mientras que con Vicente Fox fueron 22, indicó.

Evocó la memoria de Javier Valdez como el periodista que documentó “la guerra del crimen organizado y el narcotráfico”. Fue un periodista comprometido con su trabajo, y es lamentable que las autoridades que sabían de los riesgos que corría “no garantizaran su vida, su seguridad

ni su integridad, y ahora es una cifra más de la estadística de periodistas caídos”.

Por esas razones, sostuvo que la exigencia es que el gobierno federal instrumente políticas efectivas para la procuración, administración y sanción efectivas contra los homicidas de periodistas, porque “todos esos crímenes permanecen en la impunidad, ningún asesino está en la cárcel”, subrayó Mandujano.

En una carta abierta a la comunidad internacional, a Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto y al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, entre otros, el Foro de Periodistas Chiapanecos exigió esclarecer cada uno de los crímenes contra periodistas.

Pidieron que los organismos internacional volteen a México donde se “mata a periodistas y se coarta la libertad de expresión” A Peña Nieto que no “convierta los homicidios o atentados contras periodistas en estadísticas. “Tenemos el derechos a saber quién asesinó a cada compañero y que ningún caso quede Impune”, le reclamaron.

Vamos a invertir en Chiapas pero queremos seguridad: Cañaveral El también vicepresidente nacional de Zonas Económicas Especiales de la Canacintra, explicó que se ha trabajado de manera intensa para apoyar a las empresas industriales en la entidad y para posicionar a los propios empresarios locales que se encuentran en el ramo.

“Muchos han de pensar que no hay industrias en Chiapas, las hay y poco a poco las autoridades se han dado cuenta de la importancia que tiene la industria para lograr fincar el desarrollo económico en el sector secundario y volverlo el motor de la economía estatal”, complementó.

Otro de los aspectos importantes, consideró, es que la agroindustria es el camino ideal para mejorar la economía de Chiapas, debido a que en nuestra entidad este gremio genera entre el 16 y 18% de los empleos formales; no obstante, la cifra de eleva a un 29% a nivel nacional.

El presidente de Canacintra en

Tuxtla Gutiérrez informó que: “la industria más importante de Chiapas, que es el Ingenio Azucarero de Pujiltic, recibió el apoyo de la dirigencia nacional del organismo, así como de los gobiernos federal y estatal, para garantizar su operatividad restableciendo el orden social en la zona y la posibilidad de aumentar la inversión en el ingenio para los siguientes años”.

A esta situación, Cañaveral Constantino agregó que los industriales (de todos los tamaños) se sumaron a la utilización de las energías renovables;

por ello, será en la semana próxima cuando 25 empresas se vean beneficiadas con la instalación de paneles fotovoltaicos.

“Estas empresas son emblemas, son industrias que te generan empleos directos y a largo plazo, lo que da tranquilidad en el entorno social del estado.. Como siempre, nos toca a los empresarios apostar al futuro de Chiapas, buscando el bienestar a largo plazo que se traduce en estabilidad social”, finalizó el líder de los industriales en Tuxtla Gutiérrez.

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Miércoles 17 de Mayo 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Diputado federal acusa al Gobierno de Chiapas ante la ONU Javier Valdez Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (El Estado)

E

l diputado federal Guillermo Santiago Rodríguez acusó al Gobierno de Chiapas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la grave crisis que vive el sector salud en el estado.

“Esta tarde me dirijo a ustedes en el nombre del pueblo de Chiapas, es que es el estado más al sur de México, para alertar de los graves riesgos que implica al desarrollo de las naciones el mantener una política asistencialista y clientelar mediante la cual se han intentado solucionar los problemas históricos que por siglos han agobiado los pueblos indígenas del mundo”, refirió el legislador.

Añadió que en México la creación e implementación del programa de asistencia social que a menudo son objeto de uso político y electoral para perpetuar a caciques en el poder, ha frenado el pleno reconocimiento de las capacidades de autodeterminación de nuestros pueblos, así como el desarrollo de políticas integrales

que garanticen el pleno y efectivo ejercicio de los derechos y libertades que por ellos y para ellos se han consagrado en esta honorable asamblea.

“Que quede claro: la garantía para el bienestar de los pueblos indígenas del mundo no se encuentra en la creación de programas que trafiquen con la pobreza y el hambre, sino en el respeto y promoción irrestricta de los derechos de las personas a través de los cuales puedan emprender sus propios desarrollos”, subrayó.

Explicó que esta visión ha sido lacerante contra los pueblos indígenas de Chiapas. Dijo que hoy por

hoy tzotziles, tzeltales, zoques, mames, lacandones, choles, tojolabales, kanjobales, cakchiqueles, zapotecos, chuj y awakatecos, que en su conjunto representan más de un millón de personas, sufren en Chiapas las peores formas de exclusión y dominación.

“Por ellos me presento ante ustedes para denunciar el deterioro de la vida de los pueblos indígenas, en particular, los crímenes en que ha incurrido el Gobierno de Chiapas en complicidad con el Gobierno mexicano, al negarles el derecho a la salud”, agregó Santiago Rodríguez.

Señaló que actualmente en Chiapas cientos de hospitales están sin medicamentos ni insumos ni presupuesto, así como hay ambulancias varadas, decenas de obras inconclusas, además de 764 millones de pesos para la atención de salud desviados por enriquecimiento ilícito de ciertos funcionarios públicos.

Sostuvo que adicionalmente hay enfermeras en huelga de hambre que se han atrevido a poner en riesgo su vida en protesta por la política de muerte que imponen mandos corruptos y mezquinos. De ese tamaño –destacó– es la crisis de salud que hoy se sufre en Chiapas, cuyo mayor responsable, insisto, es el Gobierno mexicano.

“Que este espacio sirva para condenar a quienes atentan contra la vida y la dignidad humana. A quienes obligan a los pueblos indígenas a asumir el costo de la corrupción, quienes se han encargado de hacer de la salud sinónimo de la impunidad que reina en las estructuras del Estado. Así pues queda el mundo enterado de esta atroz injusticia” concluyó el diputado federal.

Por lluvias, 40 comunidades Altas temperaturas retrasan son vulnerables a daños en la la emisión foliar del banano región Istmo-Costa Marvin Bautista

Tapachula, Chis. (interMEDIOS)

Javier Valdez Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (El Estado)

Tras el inicio oficial de la temporada de lluvias, el delegado de la Secretaría de Protección Civil en la región Istmo-Costa, Jaime Marroquín Solís, informó que hasta el momento los ríos se mantienen en un 10% de su capacidad habitual, sin representar riesgo para la población.

En ese sentido, dijo que ya se identificaron 110 refugios temporales que se encuentran ubicados de manera estratégica en las cabeceras municipales y en otros sitios seguros.

Explicó que hay unas 40 comunidades que son vulnerables en la región ante la temporada de precipitaciones, porque se encuentran debajo de la “cota 5”, es decir, que están muy cerca de los ríos y por debajo del nivel del mar.

El funcionario estatal señaló que en la región sí hay afluentes caudalosos, en el caso de Arriaga es “El Lagartero”; en Tonalá, “El Zanatenco y Agua dulce”; en Pijijiapan el arroyo lleva el mismo nombre del municipio pero también está

“El San Isidro” y en Mapastepec se encuentra “El Novillero y El San Nicolás”.

Destacó que; a diferencia de los daños que generó el huracán “Bárbara” hace unos años en la costa chica de la entidad, ahora la población ya está dispuesta a salirse de sus hogares para ir a lugares más seguros.

Detalló que se inició un trabajo de difusión intensa en la zona, además de la comunicación que existe con los Comités de Prevención y Participación Ciudadana y el reporte actualizado que se pasa del pronóstico.

Finalmente, puntualizó que las lluvias que se presentaron en días recientes sirvieron para mitigar los últimos incendios de pastizales y forestales que se han presentaron en la temporada de estiaje.

Pese al registro de lluvias en el Soconusco, las altas temperaturas continúan, condiciones que provocan afectaciones no solo en la salud de la población sino también en algunos cultivos, principalmente al sector bananero, quienes resienten los efectos del cambio climático que retrasan los procesos de producción.

El Presidente de la asociación agrícola de productores de plátano en el Soconusco, Eduardo Altuzar López dio a conocer la ola de calor que se ha resentido en los recientes días perjudican a las plantaciones, las cuales a partir de una temperatura superior a los 32 grados cierra sus estomas y retrasa su periodo de floración.

Dijo que las condiciones climáticas que se presentan en la zona provocan una reducción foliar en las plantaciones de plátano, ya prácticamente duermen cuando el calor es intenso y abre sus estomas entre las 4 y 5 de la tarde para una vez más cerrarlas cuando el sol se oculta, factor que limita el proceso de producción.

Señaló que regularmente el plátano tradicional a una temperatura adecuada u óptima presenta una emisión foliar en un periodo de siete días, pero con las altas temperaturas la planta lle-

ga a tardar hasta 12 días para producir una hoja, lo que representa un retraso significativo en este proceso.

Detalló que las plantaciones de plátano son muy especiales en su condición climática, ya que si hay un descenso de temperatura el crecimiento de nuevas hojas también se retrasa hasta 10 días, problemática que se presenta principalmente en los meses de diciembre y enero de cada año.

El representante de los productores enfatizo que al tardar el nacimiento de hojas, también afecta el crecimiento del fruto, porque cuando debe de llenar en promedio de 10 semanas, por este retraso foliar lo hace en 14 semanas, lo que repercute en la producción del producto en la región.

Para finalizar mencionó que la exportación vía Puerto Chiapas se mantiene en lo que va del año, por lo que se mantiene el envío de 230 contenedores por semana hacia Estados Unidos, aunque también el producto ya se comercializa en mercados de Canadá y países europeos. (iM rrc).

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Violación al derecho al agua en Chiapas, “peor que en África”, dicen organizaciones a relator de la ONU Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

A

ctivistas y organismos no gubernamentales denunciaron ante el relator de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y el Saneamiento, Léo Heller, al menos 19 casos “emblemáticos” de Chiapas en los que la violación a este derecho es una situación grave, “peor de la que había visto en varios países africanos”.

En conferencia, explicaron que el miércoles 10 –dos días antes de difundir sus observaciones preliminares de su visita oficial—el diplomático estuvo en Chiapas, donde vio y escuchó a las personas afectadas, a las organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia.

Agregó que, lo vio y escuchó ahí y en otras partes del país, fue suficiente para concluir que en México se viola el derecho humano al agua y al saneamiento.

Marcos Arana, representante de la asociación Defensoría del Derecho a la Salud, aseguró que fue “directo y contundente” el tono de las observaciones que el relator adelantó al informe oficial, que presentará en septiembre próximo ante el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ECOSOC).

“La explicación a este hecho es muy simple, el doctor Heller, quien ha realizado misiones previas en diversos países africanos, asiáticos y latinoamericanos, se declaró sorprendido porque las malas condiciones del derecho al agua que existen en el país no corresponden a su imagen internacional, al índice de Desarrollo Humano que tiene México en el ranking internacional, ni a las cifras oficiales que el gobierno mexicano da a conocer”, dijo.

El vocero indicó que en una comunidad cercana a la capital, el relator presenció “conmovido cómo mujeres

Ángel Mijangos Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Ante la ineficiencia del servicio de recolección de basura, habitantes del municipio de Ocosingo decidieron arrojar la noche del lunes, los desechos sobre la explanada de la Presidencia Municipal que encabeza, Héctor Albores Cruz, en muestra de protesta.

Un video que circula en las redes sociales, muestra el momento exacto en que pobladores del municipio de los altos, arrojan la basura sobre el Parque Central, visiblemente molestos, toda vez que el servicio de recolección suspendió sus labores a finales del mes

y niñas, acompañadas de burros, acuden a un charco de agua turbia varias veces al día para llenar pesadas garrafas de plástico para abastecerse de la única agua a la que tienen acceso durante varios meses del año. Al ver eso, el relator comentó que la situación ahí era peor de la que había visto en varios países africanos”.

Los activistas señalaron que dicha escena se replica en todo el estado, pero en este caso sucede a escasos kilómetros de las bombas de agua que trabajan “día y noche” para extraer más de un millón 600 mil litros diarios para producir refrescos y agua embotellada.

En ese lugar, agregaron, también existen “agonizantes humedales”, que se reducen cada día “por la avaricia y la inconsciencia de sus propietarios y complacencia de las autoridades municipales y estatales”.

Piden revisar concesión a Coca Cola Los conferencistas explicaron que en la reunión con Léo Heller, le presentaron 19 casos documentados sobre la crítica situación vivida respecto al derecho al agua en el estado. Además, le pidieron urgir al Estado Mexicano para que las concesiones que otorga Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la explotación de agua en el estado y el país prioricen su disponibilidad y accesibilidad de forma suficiente, salubre y potable para su uso personal y doméstico, por encima de cualquier otro uso comercial o industrial.

En particular, solicitaron que la concesión para la explotación de los acuíferos por la empresa Coca-Cola

FEMSA (Inmobiliaria del Golfo SA de CV) en San Cristóbal de Las Casas sea revisada y en su caso, revocada, debido a los “insostenibles” volúmenes de extracción (1.6 millones de litros diarios) y a los graves daños colaterales (caries, obesidad y diabetes) que sus productos ocasionan a la población indígena.

En general demandaron que las concesiones otorgadas a las industrias sean transparentadas y que su impacto social y ambiental sea evaluado por instancias técnicas y académicas competentes que, a su vez, comprueben no tener conflictos de interés.

Los activistas recordaron que Chiapas tiene uno de los mayores índices de marginalidad y mortalidad en niños y adultos mayores por desnutrición e infecciones gastrointestinales del país, padecimientos originados por la falta de acceso al agua segura y confiable.

También pidieron a Heller recomendar a los gobiernos federal y estatal que establezca un plan prioritario para dotar de agua segura a escuelas y poblaciones vulnerables con monitoreo permanente de la calidad de agua y de información a la población.

Protección a los humedales Otra petición fue que los humedales de montaña de San Cristóbal de Las Casas en los Altos de Chiapas sean declarados área natural protegida con carácter expropiatorio. Además, le pidieron tener atención especial a la relación entre agua y desigualdades de género en el acceso al líquido potable.

Incluso, le sugirieron la puesta en

marcha de mecanismos de protección para la salvaguarda de las relaciones simbólicas de la población indígena con el agua de acuerdo a los contextos socio-culturales de cada grupo étnico y su territorio, que incida en el manejo autogestivo de acceso, disponibilidad y abastecimiento del líquido por parte de la comunidad.

Sumado a ello, que la toma de decisiones en los espacios de participación sea un proceso de análisis, con información detallada y participación igualitaria de la sociedad civil, academia, usuarios del agua e instancias de gobierno.

Las organizaciones que apoyaron la visita del relator especial de la ONU conformaron una coalición para dar seguimiento a las recomendaciones propuestas.

Entre las organizaciones participantes en esta red se cuentan y el Comité Ejidal de Ejidatarios Básicos, posesionarios y avecindados de Chicoasen, Comité Cuenca Río San Vicente, el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz y la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

También, las asociaciones civiles Frente Popular en Defensa del Soconusco, el Centro de Lengua y Cultura Zoque, Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos/ Defensoría del Derecho a la Salud Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente, el Centro Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Enlace, Comunicación y Capacitación, Centro Derechos Humanos Digna Ochoa A.C, Otros Mundos Chiapas y otras.

Así como el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social – CIESAS, Sureste, El Colegio de la Frontera Sur ECOSUR, miembros de la Universidad Autónoma de Chapingo, CESMECA/UNICAH y de la Diócesis de San Cristóbal.

Habitantes de Ocosingo arrojan la basura a la presidencia municipal de abril.

“Te pedimos “Tito” Albores que como presidente nos des la cara, y que atiendas este desmadre que todavía no se resuelve, en nombre de la ciudadanía te pedimos que pongas a trabajar a tu gente de limpia municipal, tú tienes los medios”, exige un ciudadano en el video.

Cabe destacar que el servicio de limpia municipal es muy escueto, por

lo que es común ver en las esquinas los cerros de basura, lo que podría convertirse en un severo problema de salud para la ciudadanía.

Extra oficialmente se sabe que el servicio de limpia municipal no realiza su tarea como debería de ser, pues el basurero municipal se encuentra tomado por pobladores cercanos al basurero.

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Eva Cadena solicita otro amparo, ahora para evitar difusión de investigaciones en su contra Noé Zavaleta Xalapa, Ver. (apro)

L

a diputada local de Morena, Eva Felicitas Cadenas Sandoval, promovió un nuevo amparo (389/2017) ahora en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, en el que solicitó el blindaje de sus colegas del Congreso local para evitar que se difundan las investigaciones en su contra, así como carpetas de investigación abiertas y juicios de procedencia para pedir su desafuero de la Sexagésima Tercera Legislatura en Veracruz.

Anteriormente, la morenista se amparó para evitar su detención y desafuero ( juicio 522/2017). Y aunque en un comunicado anunció que renunciaría a su curul, aún no lo ha hecho. Incluso, hoy de nuevo justificó su inasistencia al pleno legislativo al decir que tenía “encargos propios de su distrito”.

Este martes, la Comisión Instructora del Congreso local elaboró el dictamen para declarar procedente el desafuero de Eva Cadena en la próxima sesión local, la cual se podría desarrollar el viernes.

Al mismo tiempo y por segunda ocasión, la diputada de Morena no acudió a una audiencia que tenía ante la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

En un documento que el secretario

Sergio Caballero Chetumal, Q. Roo (apro)

El gobernador Carlos Joaquín anunció que abrogará la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual fue promovida y aprobada en la administración de su antecesor, el priista Roberto Borge.

“Voy a pedir la abrogación para iniciar el trabajo de una nueva ley que venga a tener estas opciones y que tome lo que sea importante de lo que actualmente existe y permita llevar a cabo y hacia adelante acciones, que sea de todos con la participación de todos ustedes”, dijo.

A la par, en la capital del estado comunicadores se manifestaron frente a la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdhqroo) por los asesinatos de periodistas en el país, y en particular por los casos de Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, y Sonia Córdova en Jalisco.

El 11 de abril anterior, la Secretaría de Gobierno (Segobqr) estatal lanzó

general del Congreso local, Juan José Rivera Castellanos, circuló a los diputados, les notificó que Eva Cadena logró un amparo contra el acto reclamado que la blinda de más escándalos en los medios de comunicación.

“La difusión de información relacionada con los operativos, detenciones, actuaciones, investigaciones, averiguaciones previas, carpetas de investigaciones, procesos y todo tipo de actos de autoridad, relacionados con mi persona, las responsables que han venido realizando y que pretendan realizar a medios de comunicación, reporteros, locutores, periodistas y público en general, por cualquier mecanismo, medio, acto, como boletines oficiales, conferencias de prensa, filtraciones, entrevistas o por cualquier otro medio de expedición”, señala el amparo 389/2017, conseguido por los abogados de Eva Cadena.

La tarjeta legislativa difundida a legisladores –cuya copia tiene apro-advierte que de hacer lo contrario se incurriría en un delito según la Ley de Amparo en vigor y de una Suspensión Federal prevista en el artículo 262.

“Abstenerse de esto a partir del 15 de mayo de este año y hasta en tanto se resuelva si es procedente otorgar la suspensión definitiva”, detalla el documento.

Los antecedentes Días atrás, la morenista advirtió en entrevistas telefónicas que temía

que circularan más videos e las que se viera recibiendo dinero para actividades políticas, con los cuales se tergiversaría su imagen.

Desde el 4 de mayo pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó ante el Congreso estatal la solicitud de procedencia de acción penal (desafuero) contra Cadena Sandoval para que se le retire el cargo de diputada por el distrito Coatzacoalcos por Morena y, con ello, pueda hacer frente a los delitos electorales de soborno y corrupción que se le imputan, tras la exhibición de tres videos en los que se le observó recibir dinero.

Cuando éstos se filtraron, Eva Cadena era legisladora con licencia pues fungía como candidata por ese partido a alcaldía de Las Choapas. Ahora, la Fiscalía le instruye una investigación ministerial iniciada de manera oficiosa por conductas cometidas durante su encargo, que pudieran constituirse en delitos electorales en agravio del adecuado desarrollo de la Función Pública Electoral.

En un primero video, fue exhibida cuando recibía presuntamente medio

millón de pesos para las actividades políticas de Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena.

En una segunda grabación, se le observó cuando aceptaba 10 mil dólares y 50 mil pesos en efectivo, así como la promesa de que se le podrían “inyectar” cinco millones de pesos para las aspiraciones del tabasqueño.

En un tercer video, Eva Cadena fue filmada al obtener un millón de pesos emanados presuntamente del sector empresarial, a manera de agradecimiento al votar por una Ley de Verificentros en beneficio de la iniciativa privada.

La semana anterior, 11 de los 13 diputados morenistas en Veracruz acudieron a la FGE a presentar una denuncia penal que dio origen a una Carpeta de Investigación por hechos públicos consistentes en la exhibición en redes sociales de un video titulado por un medio de comunicación “Representante de Morena recauda dinero para AMLO”.

Previo a la solicitud de desafuero, el fiscal Jorge Winckler Ortiz dijo frente a cámaras de televisión y reporteros que “todos los diputados, eran unos sinvergüenzas y unos corruptos” por protegerla, de la misma forma que al diputado federal Tarek Abdalá.

Un par de horas después, el funcionario reculó y ofreció “disculpas” a todos los diputados. El vocero de la Fiscalía, Conrado Hernández, calificó la acción como “un acto de humildad del señor fiscal”.

Ofrece Carlos Joaquín a periodistas ‘sepultar’ la llamada ‘ley Borge’ la convocatoria para el Consejo Consultivo para el Sistema de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo. Con ello activó la también denominada ley Borge, la cual el 3 de agosto de 2015 fue parcialmente modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras ser impugnada por comunicadores y organizaciones civiles.

No obstante, la convocatoria fue cuestionada por grupos de periodistas que advirtieron que el gobierno de Carlos Joaquín estaba dando continuidad a simulación frente a los ataques a la libertad de prensa.

Carlos Joaquín indicó que, tras la convocatoria, su gobierno realizó una revisión a la ley vigente, la cual sin embargo “no tuvo secuencia y no se ha

aplicado”.

“Entendemos muchos de los malestares que surgieron cuando esta ley inició, que se han generado ahora cuando se convocó para el comité”, reconoció.

Esta ley, admitió, “evidentemente requiere modificaciones, requiere de mejoras” Y subrayó: “Lo que más quiero es la protección a todos ustedes, el que los derechos humanos se respeten, el que haya libertad de expresión”.

El gobernador ofreció que el proceso de abrogación y la puesta en marcha de una nueva ley comenzará la presente o la próxima semana.

En la víspera el coordinador de la fracción del PVEM en el Congreso local, José de la Peña Ruiz de Chávez, señaló que lejos de trabajar en una nueva iniciativa, lo recomendable es reformar esa norma publicada en el

Periódico Oficial el 14 de agosto de 2015.

“Es absurdo el querer abrogar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, bastaría sólo con reformarla, porque coincide con otras leyes ya puestas a prueba. En derecho positivo hay leyes ya probadas y aprobadas, no hay que buscar el hilo negro”, destacó en un comunicado de prensa.

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Con empleo informal, casi seis de cada 10 mexicanos: Inegi Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (apro)

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ese a la disminución del desempleo, el trabajo informal no para en el país y continuó a la alza durante el primer trimestre del año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al dar a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el Inegi, informó que en los primeros tres meses del 2017, todas las modalidades de empleo informal sumaron 29.7 millones de personas, para un alza de 1.8% respecto a igual periodo de 2016 y representó 57.2% de la población ocupada. Prácticamente, seis de cada 10 mexicanos.

A decir del organismo de estadística, el empleo informal, o medición ampliada de informalidad, añade a la definición de trabajo informal las siguientes categorías: el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social.

De manera detallada, 14.2 millones conformaron específicamente la ocupación en el sector informal, que se refiere a todas aquellas actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos de los hogares,

De manera detallada, 14.2 millones conformaron específicamente la ocupación en el sector informal, que se refiere a todas aquellas actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin constituirse como empresas con una situación independiente de esos hogares

pero sin constituirse como empresas con una situación independiente de esos hogares.

Esos 14.2 millones de mexicanos, significó un aumento de 3% anual y constituyó 27.3% de la población ocupada (Tasa de Ocupación en el Sector Informal); por su parte, 7.4 millones corresponden al ámbito de las empresas, gobierno e instituciones; 5.8 millones al agropecuario, y otros 2.3 millones al servicio doméstico remunerado.

Disminuye desempleo y subocupación En el primer trimestre del año, la población desocupada en el país se situó en 1.8 millones de personas y la

tasa de desocupación correspondiente (TD) fue de 3.4% de la Población Económicamente Activa (PEA), porcentaje menor al 4% de igual trimestre de 2016.

Sin embargo, al estar condicionada a la búsqueda de empleo, la tasa de desocupación es más alta en las localidades grandes, en donde está más organizado el mercado de trabajo; es así que en las zonas más urbanizadas con 100 mil y más habitantes la tasa llegó a 3.9%.

Según el Inegi, la ocupación muestra distintos grados de intensidad según sea la perspectiva desde la cual se le observe.

Una de éstas, es la que se refiere a la población con trabajo cero que se

ubica entre la población ocupada y la no económicamente activa; es decir, población desocupada, la cual no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición por hacerlo e hizo alguna actividad por obtenerlo.

Al interior del país, las tasas de desocupación más altas fueron de Tabasco, con 6.8%; Baja California Sur 4.8%; Coahuila de Zaragoza y Tamaulipas, con 4.6% cada una; el Estado de México, 4.1%; Durango, 4%, y Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro, con 3.8% respecto a la PEA. Otra forma de caracterizar a la población ocupada es en función de su condición de subocupación, entendida ésta como la necesidad de trabajar más tiempo, lo que se traduce en la búsqueda de una ocupación complementaria o de un nuevo trabajo con mayor horario.

Al respecto, durante el periodo enero-marzo del presente año la población subocupada en el país fue de 3.7 millones de personas y representó 7.1% de las personas ocupadas, tasa menor a la de igual periodo de un año antes que fue de 7.9%.

Marcelo Odebrecht declaró sobre red de soborno en Pemex: PGR De la redacción Ciudad de México (apro)

El encarcelado expresidente de la constructora brasileña Odebrecht, Marcelo Bahía Odebrecht, rindió este martes declaración ante la Procuraduría General de la República (PGR) en el marco de la investigación por la presunta entrega de sobornos a funcionarios de Pemex entre 2010 y 2014.

La dependencia precisó en un comunicado que Odebrecht rindió declaración a través de la Procuraduría General de Brasil desde la ciudad brasileña de Curitiva, caso que en nuestro país se investiga dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGICDMX/0000117/2017.

La PGR precisó que a la fecha ya rindieron declaración 10 funcionarios y nueve exfuncionarios de Pemex, quienes habrían intervenido en la adjudicación de cuatro contratos de obra pública que fueron asignados a las empresas Odebrecht SA y Braskem SA. Incluso, se destaca en el comuni-

cado, se tomaron declaraciones mediante la asistencia internacional a tres directivos de las dos empresas antes señaladas.

Cabe destacar que el jueves 1 de junio vence el plazo dado por la Procuraduría Brasileña para dar a conocer a la PGR la información que posee sobre el caso, y la misma, se advierte en el boletín: “será integrada a la investigación que se lleva a cabo en México sobre el caso con el fin de llevar ante la justicia a los presuntos responsables de este hecho de corrupción internacional”.

Las revelaciones de Marcelo Odebrecht, condenado en Brasil a 19 años de cárcel por corrupción, forman parte de acuerdos de cooperación con las fiscalías de ambos países.

Sin embargo, los escándalos de corrupción de Odebrecht en el continente también han tenido una afectación clave en Perú, donde el expresidente Alejandro Toledo está actualmente prófugo de la justicia, que lo busca por acusaciones de que fue sobornado por la empresa brasileña con 20 millones

de dólares durante su mandato (20012006).

Otras sospechas alcanzan a los gobiernos de Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), en este último caso por la supuesta financiación ilegal de su campaña electoral.

Odebrecht admitió en diciembre haber pagado 29 millones de dólares en sobornos en Perú entre 2005 y 2014. La constructora más grande de América Latina reconoció el año pasado haber gastado más de 785 millones de dólares desde 2001 para obtener contratos públicos en una docena de países, diez de ellos de la región.

En México, Odebrecht sostuvo haber pagado 10.5 millones de dólares –entre 2010 y 2014– durante los gobiernos del panista Felipe Calderón y el actual priista Enrique Peña Nieto.

Según el diario brasileño Estado, Marcelo Odebrecht mencionó en denuncias previas el nombre del expresidente de Pemex, Emilio Lozoya.

La compañía Odebrecht y su filial Braskem tienen proyectos en el sector

energético en el país.

Las dos compañías están envueltas en los escándalos de corrupción destapados en el marco de la operación Lava Jato (“Lavado de autos”), que empezó hace más tres años con una investigación sobre una red fraudulenta en la petrolera estatal brasileña Petrobras.

Decenas de ejecutivos de Odebrecht se han acogido a la colaboración con la justicia para obtener beneficios en sus juicios, por las llamadas “delaciones premiadas”.

Incluso, los fiscales de varios países afectados por la trama corrupta visitaron en los últimos meses Brasilia para impulsar una cooperación con la Fiscalía brasileño.

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Areli Villalobos Ciudad de México (apro)

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ara exigir justicia por la muerte del periodista sinaloense Javier Valdez y celeridad en las investigaciones de cada uno de los siete colegas asesinados en lo que va del año, un grupo de comunicadores de distintos medios se manifestaron frente a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) y entregaron una carta dirigida a su titular Raúl Cervantes Andrade.

Judith Calderón, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de La Jornada, Rogaciano Méndez Gonzáles, de la Casa de los Derechos de los Periodistas, y Fernando Olivas, del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, expresaron su repudio ante el asesinato del corresponsal de La Jornada y denunciaron las consecuencias que forman parte de la “guerra no reconocida que vive el país”.

En la carta, también dirigida a la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y al titular de la Fiscalía Especial de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEAD), Ricardo Sánchez Pérez, denunciaron que del año 2000 a la fecha, 120 periodistas han sido asesinados y que en 97.7% del total de los casos prevalece la impunidad.

Los denunciantes expresaron que durante los cuatro meses y 16 días del 2017 se han documentado siete asesinatos de comunicadores en México –dos mujeres y cinco hombres–, así como decenas de agresiones en el desempeño de esta actividad.

Así, mencionaron los casos de Cecilio Pineda Birto, director del diario La Voz de la Tierra Caliente; Ricardo Monlui Cabrera, reportero de El Sol de Córdoba; Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada; Maximino Rodríguez Palacios, del colectivo Colectivo Pericú; Filiberto Landeros, locutor de Radio Tlalquitenango; así como Sonia

De la redacción Ciudad de México (apro)

El exgobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés informó que denunciará penalmente al diario Reforma por las “infamias y calumnias” que publicó este martes sobre presuntas cuentas bancarias de su familia en las Islas Caimán y en Mónaco, y aseguró que en ello está involucrado el expresidente Felipe Calderón.

En la nota se afirma que la esposa y la cuñada de Moreira Valdés manejaron recursos en esos dos paraísos fiscales hasta por 62.1 millones de dólares, entre 2013 y 2016.

“Conforme a una investigación del Departamento del Tesoro de EU por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico en contra de Humberto Moreira, exlíder nacional del PRI, y su hermano Rubén, actual gobernador de Coahuila, se da cuenta de una serie de movimientos financieros sospechosos de sus familiares”, apunta.

El periódico accedió al expediente

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“El peor crimen es el silencio, hay que exigir justicia”, claman periodistas en protesta frente a la PGR Córdova y su hijo Héctor Jonathan, de El Costeño.

“Expresamos la preocupación e indignación de quienes integramos esta organización civil por los asesinatos en contra de mujeres y hombres periodistas sin que hasta el momento la sociedad, el gremio periodístico y las familias de las víctimas conozcan el avance de las investigaciones”, afirmaron.

Los comunicadores también exigieron al gobierno federal garantizar el ejercicio periodístico en el país y convocaron al gremio a tomar acciones.

Sin garantías Por las ejecuciones de Miroslava Breach y Javier Valdez, así como de las recientes agresiones en Guerrero a Sergio Ocampo –los tres reporteros de La Jornada– Judith Calderón urgió a Carmen Lira Saade, directora del impreso, a tener una reunión “urgente” con los corresponsales del diario “para que se tomen medidas y dejen de exponer a los trabajadores de esa manera”. Y es que, indicó, los reporteros en los estados no cuentan con seguros de vida.

También exhortó a los directivos de todos los medios y a los dueños de los rotativos a que “asuman su responsabilidad”, tomen “cartas en el asunto” y garanticen la protección a los periodistas.

Rogaciano Méndez pidió garantías de vida y libertad de expresión para los trabajadores de la comunicación y demandó a los periodistas de la nación

unirse. “El peor crimen es el silencio, no tenemos que callar, hay que exigir justicia”, dijo.

Olivas Ortiz sentenció: “Nos estamos quedando cada vez más solos, estamos viviendo un luto permanente”.

Por la mañana, miembros del mismo gremio se manifestaron en el Ángel de la Independencia donde, con fotografías de los reporteros asesinados, formaron la frase “En México #NosEstánMatando. No al silencio”.

Además, lanzaron la convocatoria a participar en el mitin frente a la Secretaría de Gobernación este martes a las 7:30 pm, para exigir justicia por el caso.

En Sinaloa, encaran a Quirino En tanto, en Sinaloa periodistas de distintos medios llegaron al Palacio de Gobierno para exigir un pronunciamiento del gobernador, Quirino Ordaz Coppel, así como una respuesta por los 600 muertos que suman en lo que va de su gobierno.

De acuerdo con el diario sinaloen-

se El Debate, luego de que se negó la asistencia del mandatario, los manifestantes ingresaron por la fuerza hasta el tercer piso del edificio gubernamental.

Sólo así, Ordaz Coppel los recibió en el auditorio, donde emitió un mensaje.

Aseguró estar “igual de indignado” y “sufrir el mismo dolor”, por la muerte del periodista Javier Valdez de quien, dijo, tuvo “la fortuna de haber conocido”. Negó buscar excusas y culpables en los casos, ya que, sentenció, él quiere “paz y tranquilidad” para el estado.

El mandatario estatal aseguró que no sabía lo que se contaba en la policía para atacar a la delincuencia antes de asumir su cargo, y sentenció que el apoyo que le ha brindado la federación en materia de seguridad es insuficiente. “(Se hará) Todo lo que haya que hacer para esclarecer este crimen. Si es preciso, se realizará una fiscalía especial para este caso, con recursos para que tengamos los medios y herramientas para resolver esto”, aseguró.

De inmediato, se comprometió a informar de los avances en la investigación del homicidio de Javier Valdez, así como formar un Comité Ciudadano para que revise el trabajo que el gobierno realice sobre el caso.

En Guadalajara, Jalisco, medios locales también registraron un mitin frente a la PGR, donde reporteros mostraron en gafetes los nombres y fotografías de los comunicadores ejecutados desde el 2016.

Reforma exhibe fortuna de Humberto Moreira detectada por EU y él advierte que demandará FKA#835-530MMBT de la Red contra Crímenes Financieros (FinCEN), una agencia especial que almacena y analiza información sobre transacciones financieras para combatir delitos financieros, como fraudes, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

“El documento incluye estados de cuenta bancarios que detallan decenas de depósitos de dólares en efectivo en el Broadway Bank de San Antonio, Texas, entre 2013 y 2016, y forman parte de un expediente de la FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; revelan la riqueza acumulada por Vanessa Guerrero Martínez, cónyuge de Humberto Moreira, y Cecilia Aguilar Morales, esposa de Iván, hermano del exgobernador”.

Precisa que Guerrero aparece como titular de la cuenta 00010194130 en BNP Paribas Private Bank Monaco,

que en octubre de 2015 tenía saldo de 10.8 millones de dólares, y para abril de 2016 registró 16.6 millones de dólares, luego de recibir transferencias por 5.8 millones. “Los recursos fueron enviados desde la cuenta 48371115 de Ricardo Mendoza Reyes, en Broadway National Bank de San Antonio, Texas.

Mendoza está casado con Elisa Moreira Valdés, hermana de Humberto y de Rubén, el actual Gobernador de Coahuila”, puntualiza.

En respuesta a esa información, Moreira Valdés difundió un video en el que califica la nota de Reforma como una “novela”, y asegura que “la derecha” sigue utilizando al mismo medio informativo “que deforma la verdad y ahora inventa historietas”, por lo que procederá legalmente.

Reforma “llega a un público idiotizado” y queda muy claro “que está al

servicio de la derecha”, añade.

Según el exdirigente nacional del PRI, a días de los comicios para elegir gobernador en Coahuila, los de la derecha “están desesperados” y alimentan mentiras para ocultar las anomalías que ellos han cometido.

“Están totalmente enloquecidos por su sistema de derrota”, destaca en el video titulado “Desmintiendo a los medios de información” y difundio anoche, pues según el exgobernador le fue filtrado el contenido de la investigación en poder del diario Reforma.

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Persiste repudio internacional por asesinato de periodistas en México Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

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as condenas de organizaciones internacionales por el asesinato del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas continuaron este martes 16.

La directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) Irina Bokova, emitió un comunicado para reprobar el crimen y exigir a las autoridades una investigación “minuciosa para asegurarse que este crimen no permanezca impune”.

Bokova declaró que la muerte violenta de Valdez, fundador del semanario Ríodoce, corresponsal de La Jornada, de la Agencia France Press y premio Internacional de la Libertad de Expresión 2011, que otorga el Comité de Protección para los Periodistas (CPJ), “nos recuerda una vez más de manera contundente que demasiados periodistas valientes ejercen su profesión en un entorno carente de seguridad y que, al atacarlos, se menoscaban los derechos humanos fundamentales a la libertad de expresión y de información”.

Tras reclamar que la libertad de expresión está siempre bajo amenaza en el país, la organización PEN México condenó y deploró “con gran indignación y tristeza” los asesinatos de Valdez Cárdenas, así como del joven jalisciense Jonathan Rodríguez Córdova, de El Costeño, además del atentado que dejó grave a la periodista y madre de este último, Sonia Córdova Oceguera, subdirectora comercial de ese semanario, en Autlán.

Por su parte, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés)

La directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) Irina Bokova, emitió un comunicado para reprobar el crimen y exigir a las autoridades una investigación “minuciosa para asegurarse que este crimen no permanezca impune”

y el Foro Mundial de Editores (WEF, por sus siglas en inglés), advirtieron: “si el ritmo acelerado y desenfrenado de crímenes (de periodistas) se mantiene, el 2017 podría convertirse en el más violenta y letal para la profesión”.

La organización internacional resaltó que el caso de Valdez se suma a los hechos ocurridos en Guerrero, donde un grupo de reporteros locales y corresponsales extranjeros “fueron detenidos por varias horas por civiles, fueron amenazados de muerte y despojados de sus instrumentos de trabajo”.

Al insistir en solicitar una entrevista con el presidente Enrique Peña Nieto, planteada en una misiva el miércoles 3, hasta ahora sin respuesta, el presidente del Foro Mundial de Editores de WAN-IFRA, Marcelo Rech, exigió al mandatario: “tomar medidas inmediatas y eficaces para resolver el caso y llevar a los responsables intelectuales y materiales ante la justicia cuanto antes” respecto a la muerte de Valdez.

Rech, quien es vicepresidente editorial del Grupo RBS de Brasil, consideró que “es lamentable ver cómo la espiral de la violencia contra la prensa en México sigue a un ritmo desenfrenado, y quizá lo es aún más la flagrante inoperancia de los mecanismo y fiscalías del gobierno diseñados para protegerla”.

La organización recordó que Valdez participó en el taller Mundos distintos.

Amenazas Similares, en 2012, auspiciado por WAN-IFRA, en el que colaboró para “identificar prácticas seguras de cobertura y medidas para disminuir la violencia y la impunidad que afectan a periodistas y medios en sus regiones”.

En tanto, Pen-México recordó que con los crímenes de Javier Valdez y Jonathan Rodríguez suman ocho los periodistas asesinados en este 2017: Cecilio Pineda Birto, en Guerrero; Filiberto Álvarez, en Morelos; Juan José Roldán, en Tlaxcala; Maximino Rodríguez Palacios, de Baja California; Miroslava Breach, en Chihuahua, y

Ricardo Monlui Cabrera, en Veracruz.

También destaca en un comunicado los casos de Armando Arrieta y Julio Omar Gómez, quienes sufrieron atentados y el escolta del segundo murió al defender al comunicador.

Luego subraya que los periodistas Patricia Mayorga, corresponsal de Proceso, y Fabián García Castrejón, de Nayarit, debieron abandonaron sus respectivos estados al recibir amenazas de muerte.

“Matar a un periodista en México es una apuesta segura de impunidad: 107 periodistas han sido asesinados y no hay ningún autor intelectual detenido”, es una expresión que circula por redes sociales en estos días, sostiene.

PEN México también repudió el asalto sufrido el sábado pasado en Acapetlahuaya, Guerrero, el grupo de periodistas integrado por Alejandro Ortiz (Grupo Imagen), Ángel Galeana (portal Bajo Palabra), Jair Cabrera (La Jornada), Jorge Martínez (Agencia Quadratín), Hans Musielik (Vice) y Pablo Pérez (Hispano Post), quienes fueron retuvieron y despojados de cámaras, computadoras y una camioneta.

“El abogado Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, nuevo titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, tiene un enorme reto ante sí.

Ya se enfrentó a él con las muertes de Valdez y Rodríguez y hasta el momento no ha hecho declaraciones”, acotó PEN México.

Convoca Peña a gobernadores por asesinatos de periodistas: Segob Ezequiel Flores Chilpancingo, Gro. (apro)

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció una reunión con gobernadores ante los niveles extremos de violencia que se viven en el país y luego del asesinato del periodista y escritor Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa.

Ayer mismo también fue acribillado en Jalisco el reportero Jonathan Rodríguez Córdova durante un ataque armado, donde salió herida su madre Sonia Córdova, subdirectora comercial de El Costeño.

El funcionario federal dijo que el encuentro con mandatarios fue convocado por el presidente Enrique Peña Nieto para este miércoles 17 y se espera tomar acuerdos para garantizar la seguridad de los trabajadores

de los medios de comunicación.

El objetivo, dijo, es “analizar la situación, revisar y definir acciones conjuntas” entre la Federación y autoridades locales.

Osorio Chong informó que la Procuraduría General de la Republica (PGR) ha documentado 532 agresiones contra periodistas en el país.

“El gobierno de la República repudia y condena las cobardes agresiones en contra de periodistas, y expresa por supuesto sus sinceras condolencias a los familiares, pues se trata de hechos que atentan en contra de la libertad de prensa y son absolutamente inaceptables”, puntualizó Osorio.

Lo anterior durante una conferencia realizada en el puerto de Acapulco después de una sesión del gabinete federal de seguridad, donde se anunció que las autoridades evaluaron la

estrategia de seguridad en la entidad.

Al respecto, el funcionario federal consideró que “no es necesario” un comisionado de seguridad pública para tratar de revertir los efectos de la narcoviolencia que han colocado a Guerrero en los primeros lugares de incidencia delictiva a escala nacional.

Incluso afirmó que la estrategia de seguridad que dirige el Ejército desde 2014 ha dado resultados positivos y como muestra hizo referencia a la afluencia turística en el puerto de Acapulco.

Osorio Chong también anunció que nuevamente enviaron tropas del Ejército al municipio de San Miguel Totolapan, tras el operativo fallido del viernes pasado que provocó una serie de bloqueos carreteros orquestados por el grupo delictivo de La Familia, en siete de los nueve municipios

que conforman la región de Tierra Caliente.

Sobre el caso de la detención de 60 policías municipales de José Azueta, el funcionario federal dijo que la infiltración de la delincuencia en corporaciones policíacas es “inadmisible”, y advirtió que actuarán cuando “detecten” este tipo de crímenes cometidos por autoridades.

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“Frida Guerrera” denuncia hostigamiento ante la FEADLE De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

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esde que la activista por los derechos de las mujeres, Verónica Villalvazo, conocida como “Frida Guerrera”, ha documentado casos de feminicidio, los hostigamientos y amenazas en su contra a través de sus redes sociales no cesan, por lo cual presentó una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) por las amenazas de muerte que recibió.

El 5 mayo en su video –que publica cada semana a través de las redes sociales Facebook y Youtube- Frida Guerrera denunció el asesinato de la joven Lesvy Osorio Martínez, hallada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y el caso de la sobreviviente feminicidio, Carmen Zamora Villedas, en Ecatepec, Estado de México, tras lo cual recibió amenazas de muerte e insultos por un usuario identificado con el nombre de Sayd García.

Con ello, la activista ingresó el 8 de mayo ante la FEADLE, órgano dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia por los hechos, donde actualmente trabajan en el peritaje informático para conocer la identidad del sujeto y deslindar las responsabilidades, datos que podrían conocer en los próximos días, informó en entrevista a Cimacnoticias, Frida Guerrera.

No es la primera vez que la comunicadora recibe este tipo de agresiones, el 19 de marzo de 2017, recibió amenazadas por parte de la hermana de un presunto feminicida, acusado por el asesinato de sus primos, Karen, de 17 años, y su hermano Erik, de 12, nuevamente del municipio de Ecatepec. Dos días después, 39 cuentas que se dijeron pertenecientes a la “Legión Holk”, hicieron comentarios denigrantes para las mujeres en sus videos, le hicieron amenazas sexuales e incitaron a asesinar a más mujeres.

Asimismo, la activista señaló que el usuario identificado como Sayd García, en 2016 fue denunciado por la locutora de la Radio Chinelo en Morelos, Xóchitl Guzmán Delgado, por las mismas razones: amenazas de muerte y acoso en redes sociales. Lamentó que hasta el momento las acciones de las autoridades no han logrado identificarlo.

cuenta con medidas de seguridad (un botón de pánico) por parte del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por dichos hostigamientos y por el riesgo que corre al brindar acompañamiento solidario a familiares de víctimas de feminicidio, sobre todo del Estado de México, entidad donde ha centrado su atención porque registra más casos y más impunidad.

Denuncia que también que la titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios del Estado de México obstaculiza su trabajo como activista, ya que ha pedido a las madres de las víctimas que acompaña solidariamente, que no acudan a ella o la informen, porque “obstaculiza la investigación”, denunció.

Acompañamiento a víctimas de EDOMEX

En 2016, Frida Guerrera comenzó a documentar y rastrear en los medios de comunicación los casos de femi-

La comunicadora actualmente

Vulnerables, activistas en redes

nicidio a nivel nacional, los cuales hace visibles a través de videos en sus redes sociales y la publicación semanal de “La Columna Rota” en su blog personal.

Casos como el de Frida son señalados en el informe de Comunicación e Información de la Mujer AC “Poder del Cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, donde se advierte que el espacio digital para las periodistas y comunicadoras, a pesar de ser una herramienta fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, también es un espacio donde se generan campañas de desprestigio contra las periodistas y defensoras, quienes son denostadas principalmente por su condición de género.

Por su labor como defensora de los Derechos Humanos, Villalvazo fue víctima de hostigamientos y agresiones físicas en años anteriores, por su seguimiento al conflicto magisterial y a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca; por la denuncia que interpuso Leticia Valdés Martell debido a la violación cometida contra su hijo de cuatro años de edad, en el centro preescolar privado Instituto San Felipe en Oaxaca, y en 2010, por la problemática de la comunidad triqui de San Juan Copala, Oaxaca, sitiada por paramilitares de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y por el Movimiento de Unificación y la Lucha Triqui (MULT).

Violencia sexual y embarazo infantil, ignorados en México y AL Montserrat Antúnez Estrada Ciudad de México. (Cimacnoticias)

La violencia sexual y el embarazo infantil sigue siendo ignorados por los Estados Latinoamericanos que son parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia y prueba de ello son los 2 millones de partos de niñas menores de 15 años que hay anualmente en el mundo, América Latina y el Caribe, la única región donde los casos aumentaron y donde se prevé que sigan creciendo hasta el 2030.

Así lo afirmó la Organización de los Estados Americanos (OEA), basada en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su más reciente estudio titulado “Informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará”, publicado el pasado 24 de marzo en el sitio web del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas.

En el estudio, el Mecanismo de Se-

guimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) destaca que las niñas y adolescentes en América Latina y El Caribe representan más del 20 por ciento de la población, por lo que urgió a trabajar en políticas públicas en pro de los derechos de esta población, en un contexto donde, de acuerdo a cifras de la OMS citadas en el informe, en América Latina una de cada cinco mujeres asegura haber sufrido abuso sexual en la infancia.

Además, resaltó el MESECVI en el informe realizado con el objetivo de dar seguimiento a lo planteado en la Convención de Belém do Pará (1994), la violencia sexual contra las niñas y adolescentes es también del tipo estructural, porque los Estados siguen sin garantizar una vida libre de violencia para este sector.

Las niñas y adolescentes siguen siendo obligadas a continuar con su embarazo por prohibiciones legales de la interrupción del embarazo y por la falta de información otorgada a las víctimas; además, existen legislaciones que perpetúan los estereotipos de géne-

ro y no hay protocolos de actuación en países donde el aborto es legal.

México en cifras En México, según el Informe Hemisférico, de 2013 a 2016, la tasa de mortalidad materna infantil fue de 55 niñas de 10 a 14 años por cada 100 mil; mientras que de las menores de 15 a 19 años de edad fue de 27 por cada 100 mil.

En cuanto a maternidad infantil, la tasa de nacimientos en 2013 fue de cinco por cada mil niñas de 10 a 14 años; y entre las menores de 15 a 19 años se registraron 66 embarazos por cada mil mujeres en ese rango de edad.

Respecto al aborto, en 2012 México reportó una tasa en niñas y adolescentes del 24 por ciento. En el mismo año los nacimientos de madres niñas y adolescentes de 10 a 19 años representaron 19.4 por ciento de los ocurridos en el país. Para el 2014, México registró 196 embarazos en niñas de 10 años, 230 en niñas de 11 años, 425 en niñas de 12 años, mil 730 en niñas de 13 años y 8 mil 422 embarazos en niñas de 14 años, de acuerdo a Estadísticas de natalidad

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) citadas en el informe.

Si bien entre los países estudiados México destaca por contar con la normativa NOM-046 que establece los criterios para la prevención y atención de casos de violencia sexual, así como los servicios de aborto médico conforme a las legislaciones de cada entidad federativa para casos de embarazo por violación, el Informe expuso que aún hay carencias en su aplicación.

Lo anterior se derivó, por ejemplo, de que el “Manual de Procedimientos para la Interrupción Legal del Embarazo” en las unidades médicas de la Ciudad de México no presentan información ni medidas de atención a mujeres adolescentes ni a niñas menores de 14 años.

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LO INHUMANO Javier Sicilia

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o inhumano no es una condición animal, no pertenece a nada de lo que a la naturaleza se refiere, ni siquiera pertenece a lo humano –el sufijo “in”, que indica negación, lo revela con claridad. Pertenece, en cambio, a una realidad de orden espiritual: lo demoniaco, que el racionalismo niega y, por lo mismo, permite que continúe operando. “El mayor triunfo del demonio en nuestra época –escribió Baudelaire– es habernos hecho creer que no existe”. Esto no quiere decir que lo demoniaco está fuera de nosotros y que, como en la película El exorcista, llega del exterior para poseernos.

Ideas como esas intentan, como muchas de las explicaciones emanadas del racionalismo, exculpar la libertad del ser humano en su propia deshumanización.

En realidad lo demoniaco es una elección de lo humano que se niega a sí mismo. Es su degradación –“no serviré”, es la palabra del demonio, según la mitopoiesis judeocristiana–: “No serviré a lo que soy; lo niego en mí, lo niego en los otros, lo niego en la naturaleza”. Su negación es la búsqueda desesperada del caos, de lo que no tiene rostro, de lo informe, de lo que carece de vida, de lo inhumano.

Esa realidad, que tendemos a negar con toda suerte de explicaciones, se expresa de muchas maneras. Las más evidentes son las formas brutales en las que el crimen se manifiesta: torturas, decapitaciones, violaciones tumultuarias, esclavitudes sexuales, extorsiones, pornografía y prostitución infantil, etcétera.

Lo inhumano es la negación de la humanidad del victimario en la deshumanización de la propia víctima. Pero está también –de ahí las palabras de Baudelaire–

en la sociedad que, en sus hábitos que parecen ajenos a lo demoniaco, lo permite y lo consiente.

Dos ejemplos lo muestran. Javier Duarte no es perseguido por la inhumanidad que hizo y permitió durante su gobierno: torturas, asesinatos, distribución de medicamentos alterados que tienen el tufo de la eugenesia, y desapariciones que se expresan en los hallazgos aterradores de las fosas clandestinas donde centenares de cuerpos fueron enterrados como basura. No. Se le persigue por haberse robado mil millones de pesos. Ni a la justicia ni a una gran parte de la sociedad les importa la inhumanidad de su gobierno, que continúa Miguel Ángel Yunes, ni, por lo mismo, la manera en que debemos enfrentarla para disminuirla. Les importa que haya robado; les importa que lo castiguen por eso. Les importa también que en ese juego de mezquinas corrupciones nos diga a quién corrompió con él.

De allí que Lucy Díaz, vocera del colectivo Solecito, haya declarado recientemente: “El colectivo exige que el exgobernador sea procesado por desaparición forzada. Si bien es importante que pague los delitos patrimoniales y de peculado, es indispensable que se haga justicia a las dece-

nas de miles de desaparecidos en Veracruz.” (Dossierpolítico 21 de marzo).

El segundo ejemplo es semejante al de Duarte, pero con un agravante: quien ejerce esos grados de inhumanidad, aún es sostenido como mandatario por las redes de complicidad política. Se trata de Graco Ramírez, el gobernador de Morelos. Su gobierno tiene proporcionalmente –Morelos es el segundo estado más pequeño de la República– índices de inhumanidad semejantes a los de Duarte. La expresión más contundente de ello son las recientes fosas clandestinas de Tetelcingo y de Jojutla, creadas por su propio gobierno y que gracias a la presión de las víctimas hemos podido intervenir. En las de Tetelcingo, además de graves crímenes que deben ser investigados –los cuerpos están enterrados allí como basura y muchos de ellos sin necropsia, torturados, asesinados y sin carpetas de investigación o mal compuestas–, se han encontrado ocho cuerpos que estaban siendo buscados por sus familiares. El más reciente es el de los hermanos Reyes, levantados en Chiapas y desaparecidos en dichas fosas por la propia Fiscalía de Morelos. En las de Jojutla, además de los 35 cuerpos que,

según la Fiscalía, había allí, se han encontrado no sólo 53 más, sino otra fosa de la que no se sabe cuántos cuerpos más se exhumarán y que parecen pertenecer a administraciones pasadas.

Pese a ello, las partidocracias y la sociedad están más preocupadas por lo que hasta ahora Graco se ha robado y por las cortinas de humo que el propio gobernador ha creado fabricándole delitos de desvío de fondos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, sin la cual las fosas de Tetelcingo y de Jojutla jamás se habrían abierto, y acusando falsamente al obispo Ramón Castro de intervenir en la vida política, por denunciar la inhumanidad de su gobierno.

Estas formas de la mezquindad social y política son la expresión de que lo inhumano se ha instalado entre nosotros. Deseosa de afirmar que lo demoniaco no existe, una gran parte de la sociedad mexicana se ha comprado la inmensa mentira de que quienes son secuestrados, desaparecidos y asesinados, muchos de los cuales yacen en las fosas del crimen organizado o del Estado, son, como lo creían los nazis de los judíos, piojos, cucarachas, parásitos o, bajo los eufemismos que Calderón, un aprendiz de nazi, ideó: “Criminales que se matan entre ellos; bajas colaterales; gente que andaba en malos pasos” y que merecen lo que les pasó.

Una sociedad así sólo puede definirse bajo un nombre: el infierno, la expresión espiritual de una sociedad penitenciaria.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a los autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia y juzgar a gobernadores y funcionarios criminales.

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EPISTOLARIO Armando Rojas Arévalo

De rodillas, no

GRISEL: ¡No al silencio!

P

eriodistas y medios de distintas partes del país han convocado a un día sin periódicos, en protesta por el asesinato de JAVIER VALDEZ CÁRDENAS y otros cinco más en lo que va del año, y un total de 127 comunicadores muertos con violencia desde el año 2000.

El gremio está verdaderamente herido y harto, y ésa es una forma de exigir alto a las agresiones y a la impunidad.

Empero, no es la forma en que el gobierno va a reaccionar.

JAVIER VALDEZ CÁRDENAS, fundador de la Revista Río Doce, corresponsal de La Jornada en Sinaloa y escritor, dijo “¡No al silencio!” Sabía que el silencio es precisamente lo que quieren los asesinos, llámense narcos, servidores públicos o ambos coludidos. La libertad de expresión y el ejercicio del libre periodismo no pueden ni deben hacer pausas.

El periodismo está de luto. El llanto se ha convertido en rabia.

El clamor ya es incontenible, aunque sabemos que esto no va a parar.

Si la verdad les duele, hay que seguir dándoles. Si el gobierno es omiso, hay que recordarle que los asesinatos no se olvidan y que hay un gremio unido que se lo va a estar recordando siempre.

Los asesinos de periodistas quieren que no haya más publicaciones. Que los reporteros corran y se refugien en los rincones. Que ateridos de miedo dejen de investigar. Que no haya más verdades. Que la violencia y la

corrupción triunfen.

No al silencio, porque eso es lo que quieren los enemigos de la libertad de prensa.

El asesinato del periodista sinaloense JAVIER VALDEZ CÁRDENAS, a plena luz del día, en la calle y a pocos metros de la redacción de revista “Río Doce”, publicación de la que fue fundador y director, ocurrió el lunes pasado, y aunque hoy es miércoles y ya pasaron dos días del lamentable evento, encabrona. La rabia ya no se puede contener. ¡Ciento 27 reporteros asesinados!, no tiene madre.

Sólo este año han sido asesinados seis periodistas. El precio de decir la verdad en México es el plomo, pero con todo y eso no van a poder matar la libertad de expresión.

En 2017 han sido asesinados: MIROSLAVA BREACH, CECILIO PINEDA, RICARDO MONLIU, MAXIMINO RODRÍGUEZ y JAVIER VALDEZ. En mi clase recordábamos hoy a VALDEZ. Su libro “Narco periodismo”, editado apenas a fines del año pasado, lo leímos y analizamos hace dos semanas, y los muchachos estaban impresionados por la información que proporciona sobre la delincuencia organizada y la valentía del autor.

La organización Amnistía Internacional publica su informe global sobre la situación de amenaza bajo la que viven los defensores de derechos humanos, y México resalta por la violencia contra los comunicadores.

La denuncia se ha convertido en una causa para que a los pe-

riodistas se les ponga en la mira de las agresiones. El Relator Especial de la ONU sobre la situación de Defensores de Derechos Humanos, MICHEL FORST se reunió con comunicadores y defensores de los derechos humanos y se fue muy preocupado.

JAVIER VALDEZ CÁRDENAS era un referente en temas de seguridad del país, ha sido asesinado, así como la semana pasada MIRIAM RODRÍGUEZ, defensora de derechos humanos del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, en Tamaulipas.

El mismo día en que mataron a JAVIER, fue agredida a balazos la subdirectora del semanario “El Costeño”, de Autlán, SONIA CÓRODVA. En la agresión ella resultó herida, pero su hijo JONATHAN RODRÍGUEZ perdió la vida.

JAVIER VALDEZ CÁRDENAS nació en Culiacán, Sinaloa, en 1967. Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Como periodista, obtuvo numerosos premios en México y otros países, entre los que destacan el Premio Sinaloa de Periodismo y el International Press Freedom Award del Comité para la Protección de Periodistas, con base en Nueva York.

Publicó distintos libros sobre el narcotráfico, entre ellos, Miss narco (2009), Los morros del narco (2011), Con una granada en la boca: heridas de guerra del narcotráfico en México (2014) y Huérfanos del narco. Hacía la columna “Malayerba” que era una selección de crónicas que se publicaron originalmente en el semanario Río Doce.

El Presidente PEÑA NIETO se preocupa por el crimen. Mejor que se ocupe. Que resuelva éste y los asesinatos de periodistas cuya sangre mancha ya a su gobierno. El 99 por ciento de las agresiones a la prensa sigue impune.

No es momento para claudicar ni un segundo. Lo que quieren es callar a la prensa. No les demos gusto.

L OS COMUNICADORES asesinados tienen nombre y apellidos. No se olvidan.

HAGO ECO DE LOS CONCEPTOS finales del editorial de La Jornada, el martes: El número de periodistas agredidos “creció de manera exponencial desde que Felipe Calderón declaró una guerra irresponsable y contraproducente contra la delincuencia organizada, recae en los gobernantes que no han sido capaces de garantizar el derecho a la vida de los ciudadanos, que han actuado con indolencia, en el mejor de los casos, ante el agudo deterioro de la seguridad pública, que han alimentado la espiral de violencia al convertir un problema originalmente policiaco en un asunto de seguridad nacional y que han sido omisas en la procuración e impartición de justicia. “…Si las autoridades no ponen fin a esta violencia enloquecida, si no se emprende un viraje en las políticas de seguridad pública vigentes, en lo sustancial, desde el calderonato, y si este más reciente crimen no se esclarece conforme a derecho, se fortalecerá la percepción de que no hay autoridad alguna”.

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PERIODICIDIO MEXICANO, EL COMALA DE PEÑA NIETO Jenaro Villamil

“

Ser periodista en México parece ser más una sentencia de muerte que una profesión”, afirmó la directora nacional de Amnistía Internacional, Tania Reneaum, al condenar el artero homicidio de Javier Valdez Cárdenas –segundo corresponsal de La Jornada asesinado este año–, cofundador de Río Doce, autor de crónicas, libros y testimonios únicos sobre la narco sociedad mexicana que vivimos de manera acelerada en los últimos 15 años.

El propio Javier Valdez expresó un diagnóstico similar en sus últimos testimonios y entrevistas: “Ser periodista es como formar parte de una lista negra. Ellos van a decidir, aunque tú tengas blindaje y escoltas, el día en que van a matar.

Si lo deciden lo van a hacer, no importa si tienes o no protección. No hay condiciones para hacer periodismo en México, las balas pasan demasiado cerca”.

En su editorial de este martes 16, Ríodoce no se anda con rodeos al mencionar la conmoción por el asesinato del autor de la columna Mala Yerba: “Siempre, desde que decidimos brindar cobertura al tema del narcotráfico, supimos que esto podía ocurrir, lo sabía Javier, lo sabíamos todos en Ríodoce. Y hemos reporteado con miedo todos estos años, seguros, como lo dijimos muchas veces, de que cuando alguien toma la decisión de matar a alguien, mata.

“Cohabitamos con la muerte, decía. Copulamos con ella, se ríe de nosotros, nos besa, se burla. Pero seguimos todos estos años –14 desde la fundación de Ríodoce– haciendo lo que un buen periodista y un buen periódico tiene que hacer en un estado como Sinaloa, en un país como México”.

La certeza de la muerte es también la certeza de la ausencia de un

Estado de derecho en México. Es el homicidio de la legalidad. Es vivir en un Comala donde todos nos volvemos fantasmas ante un ente autoritario que no se ha enterado que ya está muerto también.

Lo que nunca habíamos imaginado es que la temporada de cacería llegaría a los niveles de eliminación sistemática y de impunidad persistente que ya envidiaría Pedro Páramo en esta Comala periodística del peñismo.

Más allá del tono rulfiano que alcanza esta tragedia, lo cierto es que el otro rostro del periodicidio (la eliminación, amenaza y censura sistemáticas contra los periodistas que se asoman a las entrañas de la colusión entre el gobierno y el crimen organizado) es el del desastre del Estado mexicano para garantizar no sólo el derecho a la información, sino el derecho a la vida de sus gobernados.

El mismo día que asesinaron a Javier Valdez, nos enteramos que fue atacada en Autlán, Jalisco, la periodista Sonia Córdova, subdirectora del semanario El Costeño.

Ella se encuentra en estado grave, mientras su hijo Jonathan Rodríguez Córdova, también reportero, falleció.

También el lunes 15 nos enteramos que el periodista de Nayarit Fabián García decidió abandonar la entidad para acogerse al mecanismo de protección de periodistas, tras recibir amenazas a través de narcomantas. Y nada garantiza que acogerse a este sistema pueda garantizar su vida.

Dos días antes, en Guerrero, fueron emboscados siete periodistas de medios locales, nacionales e internacionales en la carretera Iguala-Ciudad Altamirano, por un grupo de al menos cien hombres armados, presuntos integrantes de la organización La Familia Michoacana. Este ataque ocurrió en

medio de la ola de violencia y de bloqueos que han ocurrido en esa entidad, desgobernada por el señor Héctor Astudillo.

Frente a este nuevo repunte de la agresión y los asesinatos a periodistas en nuestro país, el presidente Enrique Peña Nieto lanzó tres mensajes en su cuenta de Twitter para enviar sus condolencias a los familiares de Javier Valdez y reiterar su compromiso “con la libertad de expresión y prensa, fundamentales para nuestra democracia”.

También informó que dio “indicaciones” a la PGR y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para que “apoyen a las autoridades locales en la investigación de este indignante crimen”.

Para Peña Nieto, como para su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se trata de “dar indicaciones”, “girar instrucciones”, enviar mensajes ridículos de condolencias que ni los sienten ni los comparten. Se trata de enviar al laberinto burocrático de más de cien mil expedientes de desaparecidos, asesinados y secuestrados, a los periodistas ejecutados. ¿Para qué ocuparse de uno más si ellos siguen en lo suyo: terminar por llevarse el botín de Comala?

El gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz, pensó que sería un día de campo encararse con los reporteros hartos del clima de violencia en esa entidad cuna de cárteles y de mafiosos.

“Son más de 600 asesinatos, gobernador. Yo no estoy feliz con eso.

Pero pienso que usted sí”, le reclamó un periodista al mandatario.

Su ofrecimiento de una “fiscalía especial” naufragó ante otro reproche: “Ya no podemos estar escuchando sus mismas respuestas.

La única respuesta que queremos es con hechos”.

De eso se trata el periodicidio de los últimos 17 años: no estamos ante un crimen más de periodistas, sino ante la confirmación de un modus operandi para atacar a los reporteros, silenciar a los medios e intimidar a la población sin que las autoridades municipales, estatales o federales hagan absolutamente nada.

Este método de narco-gobierno lo iniciaron en Tamaulipas cuando arrasaron con toda posibilidad de ejercer un periodismo independiente desde 2001 a la fecha. Era la configuración de la primera narcoentidad. Y siguió Veracruz, que alcanzó la cumbre de la impunidad con el asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso, en abril de 2012, en plena campaña presidencial de Peña Nieto y en el ascenso de la impunidad del sátrapa Javier Duarte.

Ahora ya es también Chihuahua, con el claro e intimidante aviso que representó el crimen de Miroslava Breach, y Guerrero, Oaxaca, Morelos, Jalisco, Sinaloa y Baja California Sur, donde han ocurrido los recientes ataques y asesinatos a periodistas.

El periodicidio en México coincide también con el repunte de la violencia y de los ataques a activistas de derechos humanos, como vimos con el homicidio de Miriam Rodríguez, ocurrido el pasado miércoles 10 en San Fernando, Tamaulipas. No se deben manejar por separado unos y otros homicidios.

No sólo son los “periodistas asesinados”. Es la sociedad entera a la que quieren silenciar. Es un Comala que ni Juan Rulfo hubiera imaginado en medio de los estertores de Pedro Páramo y sus fantasmas.

Quizá nuestros gobernantes no se han enterado que, como en la obra rulfiana, también ellos están muertos.

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SI UN ORGANISMO AUTÓNOMO FUNCIONA, CÁSTRALO Jesús Cantú

L

os precedentes no dejan lugar a dudas: En México los organismos autónomos se crean para mantener el statu quo, diluir responsabilidades y abrir más posiciones para que los líderes políticos ocupen puestos junto con sus amigos o militantes.

Pero esas instituciones nunca se forman para dar plena vigencia al estado de derecho, cumplir a cabalidad sus atribuciones legales, ejercer a plenitud su autonomía y, por ende, impulsar la transformación y el cambio. En el momento en que los organismos autónomos (por errores en el diseño y/o en la designación de sus miembros) empiezan a ejecutar eficaz, eficiente y oportunamente las atribuciones y obligaciones que les establece la ley, la respuesta inmediata de los legisladores, del Ejecutivo en turno o de ambos es limitarlos, disminuirlos, destruirlos.

La historia se repite una y otra vez. Sucedió en 2003 y 2007 con el Instituto Federal Electoral tras la realización de las elecciones federales de 1997, 2000 y 2003, y particularmente después de las sanciones ejemplares al PAN, PVEM y el PRI por violaciones a las disposiciones constitucionales y legales en materia de ingresos y egresos de los recursos de campaña.

En 2003 fueron vetados todos los integrantes del primer Consejo General enteramente ciudadanizado y se le dio cauce a la integración de un Consejo General a modo de los intereses del PRI y el PAN, con el apoyo del –desde entonces– apéndice tricolor PVEM. Lo mismo hizo este bloque partidista en 2007 con una reforma legal que mermaba las facultades del máximo órgano de gobierno del IFE al restarle facultades de fisca-

lización y debilitar su injerencia en la supervisión de las tareas de la estructura ejecutiva, al obligar a la rotación anual de las presidencias de comisiones y limitar el número de comisiones en las que podía participar cada consejero.

En consecuencia, los partidos políticos ejercen ahora un suficiente control del órgano de gobierno de la autoridad electoral, y una parte importante de la ciudadanía dejó de confiar en la autoridad electoral.

En 2002 se creó el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información (IFAI) y unos años después se le otorgó la autonomía constitucional. En 2003 la legislación respectiva entró en vigor y el INAI tomó decisiones importantes que catapultaron el ejercicio del derecho: desarrolló el Sistema Informático de Solicitud de Información (SISI) y privilegió el principio de máxima publicidad al resolver los recursos que interponían los ciudadanos.

Las resoluciones del INAI obligaron a las autoridades a revelar información, ante lo cual el entonces presidente Felipe Calderón empezó a dinamitar al organismo con la designación de comisionados que actuaban más como cancerberos de la opacidad que como garantes de la transparencia.

A pesar de que las últimas reformas constitucionales y legales en la materia colocan a México en la vanguardia del tema, el presidente Enrique Peña Nieto se aseguró de que la mayoría de los integrantes del órgano superior del hoy instituto nacional acatarían sus instrucciones, y éstos le han devuelto el favor con resoluciones a modo.

En 2012, la nueva alternancia en el Ejecutivo federal hizo realidad la incipiente autonomía del Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuyos indicadores y encuestas empezaron a desnudar los fracasos de las políticas públicas de la actual administración en diversas áreas, pero particularmente en materia social y económica. Y Peña Nieto, cuando tuvo que designar al nuevo presidente de la Junta de Gobierno, se decidió por un leal funcionario federal: Julio Alonso Santaella, y optó por manipular las estadísticas y los indicadores, aunque la terca realidad permanezca invariable.

Pero no contento con ello, en la segunda nominación el descaro todavía fue mayor, pues forzó la designación de Paloma Merodio como vicepresidenta del Inegi cuando ni siquiera cumplía con los requisitos legales. La realidad política obligaba a controlar al órgano de gobierno, no únicamente al presidente del organismo. Había que dejar claro que lo que se premia es la lealtad, no el cumplimiento de la ley.

Y ahora le toca el turno al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Mientras las resoluciones relevantes para la vida nacional no afectaran al duopolio televisivo, la actuación de dicho órgano garante contaba con el respaldo de las televisoras y radiodifusoras (poderes fácticos) y del Ejecutivo y Legislativo federales (poderes constitucionales); pero cuando los comisionados del IFT decidieron dar pleno cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y garantizar la protección de los derechos de las audiencias desataron toda su furia.

Primero, esos comisionados tuvieron que enfrentar una campaña de desprestigio; después, las controversias constitucionales del

Consejería Jurídica de la Presidencia y del Senado de la República.

Además, antes incluso del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aceptaron el cercenamiento de las facultades del IFT con una reforma aprobada fast track en la Cámara de Diputados.

Con esa contrarreforma, las fracciones parlamentarias del PRI, PAN, PVEM, Panal y PES en la Cámara de Diputados pretenden dejar sin efectos los lineamientos emitidos por el IFT con la. Y, para no dejar lugar a dudas de ello, en el segundo transitorio señalan: “Se abrogan las disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan al presente Decreto”.

Pero lo peor es que no sólo abrogan los lineamientos del IFT, sino que le cercenan atribuciones fundamentales que darían plena vigencia a los derechos de las audiencias, particularmente los que tienen que ver con la distinción entre información y publicidad y con la designación y las atribuciones de los defensores de las mismas.

En este caso no podían nombrar incondicionales, así que optaron por debilitar al órgano garante.

Como la mayoría de los comisionados decidió cumplir a cabalidad con sus responsabilidades y pusieron en riesgo los privilegios de los concesionarios, el Ejecutivo y los diputados decidieron neutralizarlos con la designación de incondicionales a fin de mantener el statu quo, no para garantizar los derechos de las audiencias.

La historia, pues, se repite: cuando los órganos de gobierno de los organismos autónomos se decantan a favor del beneficio colectivo y atentan contra los privilegios de quienes detentan los poderes fácticos y constitucionales, éstos los castran.

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CÓDIGO NUCÚ César Trujillo

Los arribistas

U

sando la exigencia del esclarecimiento del crimen del líder de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) —que sigue sin encontrar justicia—, Luis Hernández Cruz, como escudo (acto bastante ruin), Diego Valera, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), refugiado en el sol azteca para que lo palomeen rumbo al 2018; Agustín Bonifaz Herrera, coordinador del Movimiento Nacional por la Esperanza en Chiapas, y la exdiputada perredista Alejandra Soriano han elevado la voz para que se haga el cambio de estafeta en la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), bajo un supuesto recurso de queja.

La pregunta obligada es ¿qué calidad moral tiene cada uno de estos personajes para exigir cambios o para levantar la mano y decirse aptos?

La respuesta es simple y está a la vista. Deje le explico: Agustín Bonifaz Herrera quiere a toda costa tomar la dirigencia del PRD, sin embargo, existe un pequeño problema y es que éste es operador del senador del Partido Verde Ecologista de México, Luis Armando Melgar Bravo. Es este famoso coordinador del Movimiento Nacional por la Esperanza en Chiapas que —con todo y su camisa amarilla— se pasea abiertamente en los eventos del legislador tucán como su esbirro fiel. Es el mismo que ha cometido errores que le han salido caros a Luis Melgar, al ponerlo en eventos donde la gente está inconforme y el senador ha salido bastante raspado.

Agustín Bonifaz es el mismo que

hace apenas unos años, según su propia presunción, era militar (soldado raso) y se ufanaba de haber participado en los enfrentamientos contra los miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a quienes, hace no mucho, exhortaba a la unidad en un dejo total de ironía. Las personas a las que llama “su gente” han dicho claramente que la indicación es simple: apoyar a Luis Melgar; es decir, que está desesperado por usurpar la presidencia del sol azteca para ponerla de tapete y para al uso exclusivo, de un senador que anda desesperado buscando adeptos.

De Diego Valera Fuentes, el niño del Soconusco, el que hizo su berrinche en el PVEM porque no le iban a dar jugada para el 2018 (porque ya le habían dicho que no aspiraba a otro puesto de elección popular comprado por su padre desde Unión Juárez), se enmarca la traición que lo ha acompañado desde siempre. Sus inicios en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego su salto al partido del tucán porque así le convenía luego de que su padre apoyara económicamente la campaña de Manuel Velasco y sus ataques a la izquierda, y ahora dando un salto como buen chapulín para acomodarse en el sol azteca. Lo curioso es que Dieguito Valera fuera aceptado tan fácilmente en el partido y que sus comparsas hayan sido Barrales, en la nacional; y Alejandra Soriano en Chiapas.

Valera ha sido inoperante en todos los cargos que ha ocupado y tiene una deuda histórica con la zona Costa a la que siempre le queda mal.

Su lealtad se basa en su beneficio personal. Carece de ética, de moral

y es deshonesto o de lo contrario ya hubiese renunciado a la curul, ya hubiese entregado ese espacio del PVEM que es el partido que lo llevó a la diputación federal y a quien pertenece el puesto, ya hubiese renunciado a los más de 140 mil pesos que se mete, mes tras mes. Su calentura política lo llevó a hacer pactos donde se rumora la intromisión de gente cercana a los exgobernadores Pablo Salazar y Juan Sabines Guerrero.

Ese es el Valera que apoya a Agustín Bonifaz y que, seguramente, trae sus pactos también con Melgar Bravo.

Y no, tampoco es un guerrero de los chiapanecos: imaginen ustedes que sea este niño chambón el símbolo de lucha nuestro.

De Alejandra Soriano basta recordar su acomodo en la Legislatura que aprobó la cuenta de Sabines Guerrero. Sí, el mismo Juan Sabines que desfalcó a Chiapas aunque ella diga que lo denunció y quiera quitarse el estigma que lo va a perseguir como una traidora más dentro de ese grupo. Es la misma Alejandra que se desgañotaba gritando en favor de Paco Rojas en los comicios del 2015, mostrándose como una perredista apoyando al Partido Acción Nacional (PAN), el de ultraderecha, el que se mofa siempre del sol azteca. Y ya me sé el deslinde, la justificación de que se trataba de un robo, que su participación era como ciudadana, que estaba en libertad de hacerlo, que era en pro de Chiapas. Lo curioso es que después de ese “apoyo” haya resucitado nuevamente, pues todos sabemos que ya era un cadáver político más. ¡Vaya descaro de estos tres personajes que de política saben, lo que yo de pesca!

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CMAN

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Miércoles 17 de Mayo 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 4 | No. 1088

REPUDIO

DENUNCIA

Diputado federal acusa al Gobierno de Chiapas ante la ONU

Periodistas de Chiapas protestan por asesinato de colegas

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ENCUESTA

Con empleo informal, casi seis de cada 10 mexicanos: Inegi PAG. 3

PROBLEMÁTICA

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AFECTACIONES

Altas temperaturas retrasan la emisión foliar del banano

Por lluvias, 40 comunidades son vulnerables a daños en la región Istmo-Costa Tras el inicio oficial de la temporada de lluvias, el delegado de la Secretaría de Protección Civil en la región Istmo-Costa, Jaime Marroquín Solís, informó que hasta el momento los ríos se mantienen en un 10% de su capacidad habitual, sin representar riesgo para la población.

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Eva Cadena solicita otro amparo, ahora para evitar difusión de investigaciones en su contra PAG. 4

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