CMAN
DOXA
EDITORIAL
Manuel Velasco debiera irse
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A la mitad del quinto año de gobierno, prácticamente es imposible saber qué es lo que realmente le importa como gobernador a Manuel Velasco Coello. Sobre todo porque lo que más se perciben son las indecisiones, las ocurrencias y la indiferencia.
Con la cancelación de la presa Chicoasén II murió la gallina de los huevos de oro. Y se cayeron los negocios de Guzmán Leyva, Saúl Martínez y la diputada Olvera. Ahora las circunstancias pusieron a la diputada Olvera en la picota. Pero eso no significa que Guzmán Leyva y Saúl Martínez sean mejores.
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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
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Jueves 22 de Junio 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 4 | No. 1117
EXHORTO
PROTESTA
CNDH pide al gobierno no usar sistemas de espionaje con defensores y periodistas A través de un comunicado, el organismo a cargo de Luis Raúl González Pérez, explicó que la medida es en respuesta a un escrito de queja presentado por periodistas y defensores de derechos humanos en el que solicitan medidas cautelares y acusan violaciones a la honra, intimidad, privacidad, a la dignidad y a su derecho a no ser molestados
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ESTADÍSTICA
Mayo, el mes más violento del sexenio de Peña Nieto: SESNSP
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Oposición señala a Peña por espionaje; “no hay pruebas”, revira el PRI
HOY ESCRIBEN ÍNDICE...
Ruperto Portela Alvarado PAG. 15
CLAROSCUROS DE LÓPEZ OBRADOR Ernesto Villanueva
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LLAMADO
Para evitar desalojos policiacos debemos caminar juntos, dice la Sección 7 a la 40
Maestros bloquearon calles en Tapachula
ESPIONAJE Y PARANOIA DE UN GOBIERNO EN DESGRACIA Jenaro Villamil
EPISTOLARIO
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Armando Rojas Arévalo
EN LA MIRA
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Héctor Estrada
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2018: EL REGRESO DEL DEDAZO PRESIDENCIAL José Gil Olmos PAG. 4
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EDITORIAL Manuel Velasco debiera irse
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la mitad del quinto año de gobierno, prácticamente es imposible saber qué es lo que realmente le importa como gobernador a Manuel Velasco Coello. Sobre todo porque lo que más se perciben son las indecisiones, las ocurrencias y la indiferencia. En el actual gobierno no han existido preocupaciones en la educación, en la cultura en el fomento de la ciencia, en la salud, en el respeto a la dignidad humana, en el combate eficaz a la pobreza, en la protección a la justicia, en la construcción del orden y la gobernabilidad. En concreto, Velasco Coello le dio la espalda a los problemas de Chiapas y se avocó a construir escenarios electorales como si estuviera dedicado al juego del turista. El deterioro social de Chiapas en los últimos años es incuestionable. Lo lamentable, es que este gobierno no da respuesta a todo lo que viene padeciendo la población. Y frente a la protesta ciudadana, también se
vive el proceso inverso de renuncia a los derechos que se tiene a una vida mejor. Quien llegó a pensar que después del gobierno de Juan Sabines no podía haber algo peor se equivocó. El gobierno de Velasco Coello ya lo rebasó con creces. Con la diferencia de que la impunidad que protegió a Sabines es poco probable que proteja al gobernador, debido a que las redes sociales juegan un papel de denuncia y hay un estado de ánimo cada vez más exacerbado en contra del gobernante. Sabines saqueó a Chiapas y hasta ahora no ha pasado nada, pero el gobierno de Velasco Coello y sobre todo sus familiares cercanos, también han cometido excesos, pero sobre ellos si se va a desatar una cacería encarnizada, que hoy ya se percibe y conforme transcurran los meses y las semanas, las críticas y denuncias van a ir creciendo. El futuro para Chiapas es poco halagüeño. Y la indiferencia gubernamental terminó polarizando más
a los distintos grupos que ya promueven la resistencia. En la coyuntura actual, lo que más le conviene a la entidad es la renuncia del gobernador, en virtud de que la contienda electoral todavía no inicia y hay un clima de golpes bajos y de guerra sucia, lo que va a reducir aún más los márgenes de gobernabilidad en el Estado, lo que puede ensuciar el proceso electoral. Chiapas no le importa al gobernador. Lo mismo sucedió con Juan Sabines, que utilizó a Chiapas como trampolín de sus ambiciones y la sociedad chiapaneca terminó pagando un costo que representa la pérdida de futuro de varias generaciones. El gobierno de Sabines y el de Velasco suman doce años perdidos para la entidad, en donde se profundizó la pobreza y la desigualdad social, pero a la vez se contrajo una deuda pública, que significa la carga de un pago de 4 millones de pesos diarios. Todo ello debido a la complicidad que existe entre los compadres Sabines Guerrero y Velasco Coello.
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Liberan a 11 maestros detenidos por bloqueos en Chiapas; seguirán su proceso en libertad Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
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a Fiscalía General del Estado (FGE) liberó este miércoles al medio día a 11 maestros que fueron detenidos ayer martes en el marco de un operativo policiaco para desalojarlos de la Torre Chiapas y del bloqueo que mantenían un crucero al nororiente de esta ciudad, sin embargo seguirán en proceso de investigación. La FGE dijo que, de acuerdo a los lineamientos que marca el nuevo Sistema de Justicia Penal, el fiscal del Ministerio Público determinó la libertad de las 11 maestros y maestras detenidas por tratarse de delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa. La dependencia precisó que lo anterior se concluyó bajo las prevenciones de ley para que comparezcan en libertad a la práctica de las diligencias para la integración de la carpeta de investigación, es decir, que continuarán el proceso en libertad los 11 docentes de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Los maestros y maestras que exigían el pago de quincenas atrasadas, cadena de cambios y la convocatoria del relevo seccional de la Sección 40, cerraron durante
La FGE dijo que, de acuerdo a los lineamientos que marca el nuevo Sistema de Justicia Penal, el fiscal del Ministerio Público determinó la libertad de las 11 maestros y maestras detenidas por tratarse de delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa
más de siete horas y media el Libramiento Norte, esquina con el boulevard Andrés Serra Rojas, lo que impidió el libre tránsito de trabajadores y ciudadanos que acuden a la Torre Chiapas, dijo la FGE. Añadió que en la Torre Chiapas trabajan más de 5 mil trabajadores y arriban diariamente cerca de mil 200 personas a realizar trámites administrativos.
Los liberados provenientes de Tonalá son: Jesús Román Zavala, de 28 años; Leyder Gutiérrez Salinas, de 40 años; y Martín Alejandro Castellanos, de 28 años. Mientras que de Pichucalco son Enrique Mancilla Vázquez, de 36 años; y Nicolás López Ramos, de 41. En tanto que de Jitotol están Max Torres Boñigas, de 35 años; y Erika Gabriela Velázquez Romero, de 28 años.
Entre los maestros que seguirán su proceso en libertad también se encuentran José Díaz Suron, de 30 años y originario de San Juan Chamula; José Guadalupe Cuesta Pérdida, de 29 años, de Suchiapa; Enrique Burguete Hernández, de 24 años, de Tuxtla; y Marcos Hernández Domínguez, de 33 años, originario de Jaltenango. Los líderes de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del SNTE, adheridos a la CNTE, Bruno Falconi y José Luis Zúñiga, señalaron que el gobierno estatal ha incumplido con pagos a miles de maestros interinos y maestros idóneos del 2016, de igual forma debe millones de pesos a maestros del telebachillerato y ha incumplido con la cadena de cambios que demandan. Señalaron que seguirán con las acciones de protesta en la capital del estado y otros municipios del estado de Chiapas. Hoy, por ejemplo, marcharon maestros y padres de familia en Jitotol y Tapachula, para exigir la libertad de los 11 maestros.
Maestros bloquearon calles en Tapachula Marvin Bautista Tapachula, Chis. (interMEDIOS)
Maestros integrantes de la Coordinadora Estatal Democrática (CED) bloquearon calles de Tapachula a la altura del cruce de centrales para externar su repudio a las acciones de represión del gobierno del estado contra sus compañeros que fueron detenidos el pasado martes en la capital chiapaneca. En representación de los manifestantes, Nelfo Pérez Hidalgo afirmó que rechazan las acciones emprendidas por el gobierno estatal al detener a 11 de sus compañeros que protestaban pacíficamente en la Torre Chiapas y por ello exigen sean puestos en libertad de manera inmediata. Dijo que los maestros protestaban para exigir la mesa de negociación con el gobierno federal contra la reforma educativa y contra los pésimos
servicios que reciben en el ISSTECH, ya que desde hace meses no hay medicamentos y algunos estudios están suspendidos. Señaló que también exigían el pago a maestros de nuevo ingreso y de aquellos que cubren plazas interinas los cuales no son cubiertos desde hace dos años, demandas que se exigían en la protesta, y ante estas peticiones fuerzas policíacas reprimieron a los manifestantes y detuvieron a 11 docentes. Enfatizó que lejos de brindar la atención de los docentes, el gobierno del estado reprimió a los manifestantes en las calles de la capital chiapaneca, por ello la coordinadora estatal democrática convocó a manifestarse y exigir la liberación inmediata de sus compañeros detenidos. “Repudiamos las acciones represivas del gobierno del estado, que a través de la intimidación y la violencia
busca callar las voces de los sectores que denuncias y evidencias las anomalías que se presentan en distintas dependencias estatales” sostuvo. Cabe hacer mención que después de varias horas de congestionar las
vialidades en el primer cuadro de la ciudad y tras conocer la noticia de que sus compañeros habían sido puesto en libertad, los manifestantes dejaron libre el cruce de centrales. (iM rrc)
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Para evitar desalojos policiacos debemos caminar juntos, dice la Sección 7 a la 40 De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)
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ras el desalojo que efectuaron elementos policiacos a maestros de la Sección 40 que mantuvieron bloqueada la Torre Chiapas, el vocero de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), José Luis Escobar Pérez, dijo que para evitar represiones por parte de los uniformados ambas secciones debe unificar sus demandas y luchar en un mismo sentido. Sin embargo, condenó las acciones realizadas por los elementos policiacos porque se tratan de exigencias legítimas como el pago de un servicio que ya fue otorgado y las propias cadenas de cambio, tanto interna como del nivel Tele Bachillerato. No obstante, precisó, la Sección 40 cuenta con la solidaridad de la Sección 7, pero también este desalojo debe dejarles una lección en el sentido de luchar de manera conjunta, para que estos actos no se repitan. Los profesores que se han manifestado desde hace tres semanas en la capital chiapaneca donde también han exigido la emisión de la convocatoria para el relevo seccional (lleva más de un año atrasada) en el caso de la Sección 40 y el pago de 700 millo-
De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló que en lo que va del año en promedio se cometen 45 asesinatos mensualmente en el estado de Chiapas. Así lo informó el Secretariado a través de la publicación del documento “Incidencia Delictiva del Fuero Común 2017”, elaborado conjuntamente con la Secretaría de Gobernación (Segob), el cual muestra la incidencia delictiva de los primeros cuatro meses del año. La Incidencia Delictiva reportada muestra la información proporcionada por las entidades federativas para 7 delitos del Fuero Común, de manera desagregada, y para los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2017. Las entidades que han remitido su información de Incidencia Delictiva para el mes de abril fueron: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad
Los profesores que se han manifestado desde hace tres semanas en la capital chiapaneca donde también han exigido la emisión de la convocatoria para el relevo seccional (lleva más de un año atrasada) en el caso de la Sección 40 y el pago de 700 millones de pesos; esta última protesta dejó 11 maestros detenidos
nes de pesos; esta última protesta dejó 11 maestros detenidos. Escobar Pérez mencionó que será este 23 de junio cuando definan las nuevas acciones que realice la Sección 7, todo dependerá de la respuesta que se tenga en relación con la emisión de la convocatoria para el relevo seccional que tiene que emitir a la brevedad el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE). Hizo un llamado para que las luchas se hagan en unidad, organización y con disciplina, para que no haya margen con acciones esporádicas que sean aprovechadas por el gobierno para el tema del desalojo. El vocero de la Sección 7 de la CNTE confirmó que ellos en estos momentos no tienen salarios detenidos, las cadenas de cambios inter-
nas ya se realizaron e incluso no hay maestros notificados, debido a que se han mantenido en la unidad y se han movilizado junto a las bases. Finalmente, este miércoles por la tarde se informó que los 11 maestros que fueron detenidos en el desalojo quedaron en libertad, aunque la Fiscalía General del Estado, a través de sus redes sociales, explicó que el proceso continuará.
En promedio 45 asesinatos se cometen mensualmente en Chiapas: SESNSP de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. La incidencia delictiva se refiere a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas, reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, instancias responsables de la veracidad y actualización de los datos. En este sentido, el documento correspondiente al estado de Chiapas indicó que en la entidad, de enero a abril de este año, se cometieron un total de 7,761 delitos, de los cuales 544 fueron homicidios. Del total de
homicidios, 367 fueron culposos y los restantes 177 fueron dolosos, es decir asesinatos. Del total de asesinatos, 79 fueron con arma de fuego, 40 con arma blanca y los 58 restantes con otro
tipo de arma. Realizando la estadística delictiva, en el estado de Chiapas se cometieron en promedio, durante el primer cuatrimestre del año, 45 asesinatos.
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OMIECH denuncia propuesta que amenaza la Partería Indígena De la Redacción Ciudad de México. (Cimacnoticias)
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a Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas, A.C. (OMIECH) alertó que la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) pretende abrir una licenciatura de Obstetricia y Partería que podría terminar con la práctica de la partería indígena, generaría desempleo y privatización de este servicio. En un comunicado, la OMIECH denunció que quienes promueven esta iniciativa son las autoridades de la Unich, el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán A.C. (CISC) y la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), instituciones que no están considerando que la institucionalización en el sistema educativo de las juventudes indígenas podría desplazar los elementos teórico/prácticos de la partería indígena.
Las consecuencias De acuerdo con las y los médicos indígenas, cuya asociación se fundó desde hace 33 años con el objetivo de rescatar, defender, promover, sistematizar e impulsar la medicina indígena tradicional en el estado de Chiapas, la advertencia que hacen se basa también en la experiencia de años atrás médicos tradicionales, ante una propuesta semejante: “esto ya sucedió en la licenciatura de Medicina Intercultural de la Unich (hoy licenciatura de Médico Cirujano), dice la organización. Sucedió también, dice la organización “con parteras iloles tsotsiles del municipio de Chenalhó”, por lo
Eleazar Domínguez Torres Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)
El Movimiento Campesino Regional Independiente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, lamentó que el grupo de choque del MOCRI Emiliano Zapata, vinculado al gobierno del estado este convocando usando la documentación del MOCRI-CNPAMN, con la intención de generar actos violentos para inculparlos, por lo que con toda oportunidad Eric Bautista Gómez deslindo a su organización de cualquier hecho violento que se realice en esta ciudad capital durante el arribo de la marcha del pueblo zoque en defensa de la vida y del territorio. Eric Bautista Gómez señaló: “el día de hoy queremos hacer una denuncia que a nuestro juicio es importante, para desmentir una convocatoria que se ha hecho circular
La necesidad de las parteras queda evidente, porque en Chiapas hay apenas 2 mil 240 camas de hospital (Dirección General de Información en Salud, 2014), lo que explica por qué en 2014 hubo 68.1 muertes de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos, según el Observatorio de Mortalidad Materna que saben que este intento de convertir la partería en una licenciatura, al que califican como “mecanismo ideológico de poder”, se ha presentado también en otros estados de la República Mexicana, con la consecuencia de que la partería indígena y comunitaria desparece, con implicaciones como la elevación del número de cesáreas. Señala la OMIECH que, aunque el objetivo de la Unich es que se inscriban jóvenes indígenas en la carrera, de preferencia hijas de parteras, al egresar podrían entrar en conflicto con las parteras que ya trabajan en sus comunidades. “Aún con las “buenas intenciones” de las investigadoras del CISC, las condiciones de implantación para la carrera de Obstetricia y Partería, en la División de Procesos Naturales de la Unich son las mismas, o más deterioradas, que cuando se implantó la licenciatura de Medicina Intercultural”, afirma. Esto, a su vez, podría generar un obligado desplazamiento hacia otros sitios, un fenómeno que no es nuevo y se ha presentado en otras partes de México, lo que “ha llevado a la desaparición de la partería indígena y comunitaria”. Peor aún, este mismo escenario puede derivar en la privatización de la partería, porque “ante la quiebra financiera y estructural del sector salud en el estado, dice el comunica-
do, las egresadas de esta licenciatura se sumarán a las desempleadas, lo que provocará que privaticen su práctica”. Detalla la organización que las egresadas no podrán ser absorbidas por las instancias estatales ni federales de salud, ni por las agencias financieras internacionales y “entrarán directamente a la bolsa del desempleo”. Y esto, “provocará que las jóvenes egresadas se inclinen por la privatización de su práctica, perdiéndose ciertos valores que se pretende conservar en el personal sanitario egresado de esta escuela de Obstetricia y Partería”. Y todo esto acabaría con el sentido comunitario del oficio, que permite a muchas mujeres no solo atender su embarazo y parto, sino salvarlas de la muerte materna, ocasionada por padecimientos como hipertensión, edema y proteinuria, hemorragia obstétrica, complicaciones del embarazo, parto y puerperio.
En Chiapas, de acuerdo con cifras oficiales, hay casi 3 mil parteras que trabajan sobre todo en comunidades rurales e indígenas, que atienden 9 por ciento de los casi 90 mil partos al año (Sinais, 2014). La necesidad de las parteras queda evidente, porque en Chiapas hay apenas 2 mil 240 camas de hospital (Dirección General de Información en Salud, 2014), lo que explica por qué en 2014 hubo 68.1 muertes de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos, según el Observatorio de Mortalidad Materna.
Otras estrategias OMIECH propone otras estrategias que no necesariamente tienen que acabar con la partería indígena, como por ejemplo, impulsar la reproducción de la partería indígena a través del desarrollo de Inteligencias Múltiples (teoría de Howard Gardner.) Esta metodología, agregó, la realiza OMIECH desde hace 25 años en su Área de Mujeres y Parteras, y además “ya de por sí la poseen bioculturalmente las niñas y jóvenes en las propias comunidades indígenas”. Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, en su informe “El estado de las parteras en el mundo, 2014”, en México su número es muy alto, sobre todo en Chiapas, seguido de Veracruz, Puebla, Oaxaca e Hidalgo.
Denuncia MOCRI-CNPA_MN que grupos de choque tratarán de violentar movilización en distintos medios de comunicación donde supuestamente nuestra organización está convocando para concentrarse este jueves a las diez de la mañana en la antigua fuente Mactumtzá. Y es muy importante hacer este desmentido de esta convocatoria y queremos denunciar que los del MOCRI Emiliano Zapata es un grupo de choque y cuál es la finalidad de convocar a la gente es porque están pretendiendo agredir a la movilización del pueblo zoque y lo que buscan es golpear a las organizaciones que van a marchar y sobre todo nosotros lo denunciamos porque estamos convencidos de lo que están pretendiendo para causar desmanes y vandalizar a la ciudadanía y con ello
responsabilizarnos a nosotros”. El dirigente campesino indicó que los integrantes del MOCRI-EZ están informando que la gente debe de acudir con pasamontañas y con palos: “es decir están convocando a
la violencia y nosotros nos deslindamos rotundamente de estos hechos, porque ellos son grupos afines al gobierno los cuales pretende golpear al movimiento y con ello criminalizar a nuestra organización”, finalizo.
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Cesan a rector de la Unicaribe… dos días después que activistas increparon a Calderón Sergio Caballero Cancún, Qroo. (apro)
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os días después de que activistas locales se infiltraran al auditorio de la Universidad del Caribe (Unicaribe), en donde Felipe Calderón dictara una conferencia y éstos encararan al expresidente para gritarle “asesino”, fue destituido Tirso Ordaz Coral como rector de esta institución de educación superior. A través de un comunicado, la Secretaria de Educación y Cultura (Seyc) dio conocer que “por indicaciones del gobernador Carlos Joaquín González” la titular de esa dependencia, Marisol Alamilla Betancourt, “dio posesión a Ana Priscila Sosa Ferreira como rectora de la Universidad del Caribe (Unicaribe)”. “En un breve acto realizado en la rectoría de la Universidad, la titular de la Seyc manifestó que al paso de los años la Unicaribe se ha ido consolidando como una de las instituciones educativas más emblemáticas
Jaime Luis Brito Cuernavaca, Mor. (apro)
El alcalde Cuauhtémoc Blanco pidió al gobierno del estado “tener valentía” y dar la cara a la ciudadanía: “Si (Graco Ramírez) tiene pantalones, que salga a caminar a la calle y escuche de propia voz de la gente si hay o no inseguridad”, retó. Y es que en la última semana se han incrementado los robos a casa habitación y negocio, así como los asesinatos, en la capital del estado, mientras que el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, niega que haya inseguridad, y el mandatario perredista asegura que la entidad “ocupa el lugar 14 a nivel nacional” en incidencia delictiva. El gobernador aseguró en el marco de la 37 Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), “Morelos ocupa el lugar 14 a nivel nacional en cuanto a incidencia delictiva”. “Estamos en el lugar 14 por delitos, éramos el 1-2; ya estábamos felices porque éramos el tercero y contentos porque éramos el cuarto, pero no hay más ciego que el que no quiere ver, estamos en el 14. Abandonamos los diez primeros lugares en incidencia delictiva”, justificó Graco
El documento, de ocho párrafos, no menciona el nombre de Tirso Ordaz Coral, ni los motivos del cambio de rector de la Unicaribe
del Estado”. El documento, de ocho párrafos, no menciona el nombre de Tirso Ordaz Coral, ni los motivos del cambio de rector de la Unicaribe. El pasado lunes, con gritos de “fuera asesino”, activistas locales interrumpieron al expresidente Felipe Calderón, que ofrecía una conferencia “privada” en un auditorio de la
Universidad del Caribe, el principal centro educativo público de este destino vacacional. Por un lado, desde la gradas, dos activistas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, desplegaron sendas cartulinas con las leyendas “Calderón Asesino” y “Calderón asesino y Margarita”. En tanto, José Alberto Pech Tzec,
de la Coordinadora de Padres de Familia, se plantó frente Calderón, a quien, de entrada, acusó de genocida y vividor. En el auditorio de la Unicaribe, Calderón Hinojosa participó en el V Foro Regional Juventud y Democracia de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, en ocasión de la 47 Asamblea General de la OEA, que se celebró en Cancún. Entre los asistentes, destacaban el expresidente de Panamá, Nicolás Ardito Barletta, y el senador panista Juan Carlos Romero Hicks, así como el rector de la Unicaribe, Tirso Ordaz Coral. El secretario de Gobierno del gobierno estatal, Francisco López Mena, está identificado con Felipe Calderón. En el sexenio del panista, López Mena fue el director del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y Cónsul en Canadá.
El “Cuau” reta a Graco: Caminemos por Cuernavaca para ver si hay inseguridad Ramírez. Por su parte, Blanco Bravo consideró que “esa no es la realidad. Que no quiera vender el señor (gobernador) espejitos. Eso es totalmente mentira, ya se los he dicho muchas veces, es totalmente mentira lo que dice el gobernador. Que le pregunte a los ciudadanos y, si un día pasamos, ojalá me encantaría acompañarlo a ver si tiene valentía, si tiene pantalones, y vamos a tocar casa por casa a ver si es cierto que la inseguridad bajó, hay que preguntarle a los comercios. Pero yo creo que falta la voluntad”. Luego insistió en que el mandatario estatal debe escuchar la voz de la gente, y recordó que fue Graco Ramírez quien le quitó la policía municipal a la capital del estado, igual que a los 33 alcaldes, con un decreto que retiró el control hasta de la policía vial y, sin embargo, “no hay resultados”, pues “la inseguridad continúa”. El exfutbolista consideró que la ciudadanía está sufriendo una injusticia, ya que el Mando Único no da resultados, por ello confió en que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) resolverá a su favor la controversia constitucional que interpuso hace unos meses para lograr que el estado le devuelva el control policiaco a Cuernavaca.
Roban vehículo… hasta a la Fiscalía En los últimos días se han multiplicado las denuncias de robo a casa habitación, a negocio, incluido el robo esta tarde de una tienda Coppel, ubicada en la comunidad de Tejalpa, en el municipio de Jiutepec, así como asalto a cuentahabientes. Además, continúan las ejecuciones, como la ocurrida ayer al filo de
la medianoche, cuando un individuo llegó a una de las taquerías más famosas de Cuernavaca y disparó contra comensales matando a uno e hiriendo a tres más. Lo peor es que ni la propia autoridad se salva, ya que esta tarde se reportó que un vehículo de la Fiscalía General de Morelos fue robado. De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un automóvil Nissan Tsuru gris, con el número económico 01243, hurtado cerca de las tres de la tarde sobre la calle de la Luz, en la colonia Chapultepec, muy cerca de las oficinas de la visitaduría de la dependencia en esta capital.
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Alvaro Delgado Ciudad de Mexico (apro)
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a reunión de la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional (PAN), este jueves 22, es clave para su futuro, alertan panistas: O Ricardo Anaya, su presidente, pacta un método para elegir al candidato presidencial, o se resquebraja y pierde en la elección de 2018. “Si el PAN se resquebraja, le estaría dejando el camino abierto a Morena en el 2018”, advierte el exgobernador Alberto Cárdenas y lo mismo alerta Marcelo de los Santos, también exmandatario: “Si no hay acuerdo, habrá desilusión y todo se va ir por la borda, vamos a perder”. La sesión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional, la máxima autoridad directiva del PAN –con clara mayoría de Anaya--, está convocada para las 16 horas de este jueves, y se prevé que se haga un análisis sobre el proceso electoral 2017 y se discuta la “coyuntura político-electoral rumbo al 2018”. Previamente hablará ante los comisionados Guillermo Anaya, candidato derrotado al gobierno de Coahuila, pero no está en la agenda la participación de Josefina Vázquez Mota, quien se hundió en el cuarto lugar en el Estado de México y que se prevé tampoco asista en su carácter de integrante del CEN. Ante esta sesión, los afines al matrimonio Margarita Zavala-Felipe Calderón demandan al presidente del PAN que asuma las derrotas del 4 de junio y que, de una vez por todas, admita que también aspira a la candidatura presidencial y que deje el cargo. Pero, sobre todo, lo que le demandan es que ya se defina el método para la elección del candidato o candidata, que puede ser la elección directa por los militantes, la designación o un pacto político que incluya a los siete prospectos: Zavala, Anaya, Rafael Moreno Valle, Miguel Angel Yunes, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo y Luis Ernesto Derbez. Entrevistados al respecto, los exgobernadores Cárdenas y De los Santos, afines a Zavala, plantean que la Comisión Permanente debe definir, de una
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Si el PAN se fractura, deja el paso libre a Morena rumbo al 2018, alertan panistas “Si el PAN se resquebraja, le estaría dejando el camino abierto a Morena en el 2018”, advierte el exgobernador Alberto Cárdenas y lo mismo alerta Marcelo de los Santos, también exmandatario: “Si no hay acuerdo, habrá desilusión y todo se va ir por la borda, vamos a perder”
vez, el método para definir al candidato presidencial, porque de lo contrario el PAN perfilaría su derrota en 2018. “Confío en que mañana veremos la luz al final del túnel”, se esperanza Cárdenas, exgobernador de Jalisco y aspirante presidencial en 2006. “Llegó la hora, tenemos que definir un rumbo claro hacia 2018”, dice De los Santos, exgobernador de San Luis Potosí. “Nos llegó la hora: Tenemos que definir rumbo claro, dar certeza a los siete aspirantes, a los militantes, a los mexicanos y a los que pueden ser nuestros aliados. Espero que ya haya humo blanco. Más vale que así sea”, emplazó. Más que información, dice, lo que tiene es esperanza de que la Comisión Permanente tome decisiones para que se defina el método que, para él, el mejor no es el de elección interna –por las prácticas que llevarían a una ruptura--, sino el de una evaluación sobre quién puede tener más capacidad para ganar.
Pero, sobre todo, se requiere que se defina en un máximo de tres meses al candidato, porque ir hasta diciembre o enero del próximo año implicaría que el PAN se rezagaría ante el Partido Revolucionario Institucional –“que tomó aire” el 4 de junio— y Morena, que ya tiene perfilado a Andrés Manuel López Obrador. “Anaya, por la inteligencia que tiene, sabe que la elección del 4 de junio no lo dejó en una posición para que avasalle en el PAN”, reprocha Cárdenas, quien dijo que los resultados pésimos que obtuvo obedecen a que ha estado él en campaña para ser el candidato. Pero, admite, es Zavala la que está mejor posicionada en el electorado desde hace más de un año sin tener un cargo público. “Es un fenómeno de la política”, destaca. “Tiene cualidades muy valiosas, como ser una gente limpia. Y si la cabeza es limpia y es congruente, me parece
que todo el aparato juega así”, puntualiza Cárdenas, quien fue también aspirante a la candidatura presidencial ante Felipe Calderón, en 2006. Según él, Margarita Zavala tiene carácter y es capaz de “poner en su lugar hasta a su marido”. Por eso, lo que urge en el PAN es ya una definición y este jueves, en la Comisión Permanente, se debe tomar. “Si no, vamos a salir malheridos o vamos a patear el bote para que la decisión se vaya al Consejo Nacional”. --¿Qué otra consecuencia puede haber? --Si el PAN se resquebraja, estaos dejando a Morena el camino abierto hacia el 2018. Marcelo de los Santos, quien gobernó San Luis Potosí durante una parte del sexenio de Vicente Fox y fue director de la Casa de Moneda con Calderón, coincide en que urge una definición del PAN para definir al candidato, que para él debe ser Zavala. “Si no se logra un acuerdo político, habrá una división tremenda”, puntualiza y dice que, para él, en una elección abierta en la que participen los siete aspirantes la ventaja sería para Anaya, quien sigue siendo presidente del PAN. “Debe ser un acuerdo político para que no haya división. Eso sería lo idóneo”. --¿Y qué pasará si no hay acuerdo político? --Híjole. Si no, vamos a caer en el divisionismo. Se va ir todo por la borda, vamos a perder.
Violencia y corrupción frenan desarrollo del país, alerta ONG De la redacción Ciudad de Mexico (apro)
Violencia, corrupción y xenofobia son los flagelos que rezagan el progreso de nuestro país, de acuerdo con la organización “México, ¿Cómo Vamos?”, que presentó los resultados del Índice de Progreso Social (IPS), reporte que realizó junto con Social Progress Imperative (SPI, por sus siglas en inglés). El informe, que contrasta 50 indicadores de desarrollo en necesidades básicas, bienestar y oportunidades en 128 países, ubicó a México en el lugar 48 y le otorgó una calificación de 71.93.
Peor aún, México también desmerece, de acuerdo con los datos recabados por SPI, por su bajo desempeño en los rubros de seguridad personal, tolerancia e inclusión, acceso a la educación superior, libertad personal y acceso a la información. También se subraya que nuestro país ocupa el lugar 119 en el nivel de crímenes violentos y el 116 en homicidios por cada 100 mil habitantes. Por si fuera poco, en el tema de seguridad personal México ocupa el lugar 118, según reseñó Newsweek en su sitio de internet. Respecto de los “Fundamentos para el bienestar”, bloque que analiza los indicadores de acceso a conocimiento
básico, acceso a información y comunicación, salud y bienestar además de calidad ambiental, nuestro país ocupa el lugar 46 en el listado general de 128 naciones. Sin embargo, aclaró la ONG en un comunicado, México “está rezagado en la proporción de niños que asisten a la secundaria y en paridad de género en las inscripciones a este mismo nivel educativo, ocupando el lugar 64 y 76, respectivamente”. Valeria Moy, directora general de “México, ¿Cómo Vamos?”, enfatizó que “el índice de progreso social es un importante punto de partida para planear con visión de largo plazo y conocer a detalle las necesidades es-
pecíficas del país”. “México tiene mucho potencial para ser una economía desarrollada en el futuro, pero un elemento fundamental para lograrlo será atender el bienestar de toda la población, especialmente en otorgar las mismas oportunidades de desarrollo”, abundó Moy.
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Jenaro Villamil Ciudad de México (apro)
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n un “debate pactado” con la mayoría priista y sus aliados del Verde y Panal, la oposición del PAN, PRD, Morena-PT y MC unió fuerzas para demandar en la Permanente se cite a declarar a los titulares de Gobernación, PGR y Cisen por el espionaje ilegal, al tiempo que responsabilizó al gobierno de Enrique Peña Nieto de esta operación denunciada en The New York Times. Por primera vez durante las sesiones de esta Comisión Permanente, los diputados federales y senadores de la oposición se unieron para promover un punto de acuerdo, pero no alcanzaron la mayoría calificada (dos terceras partes) de los 36 legisladores que integran este pleno para someter a votación el acuerdo. El PRI y sus aliados del Verde y del Panal insistieron en todas sus intervenciones en que “no hay pruebas definitivas de que el gobierno (de Peña Nieto) sea el responsable”, y citaron una y otra vez a los autores del reportaje del New York Times. En el colmo de la defensa de la posición gubernamental, el diputado federal priista José Hugo Cabrera Ruiz afirmó que el espionaje es responsabilidad de quienes “quieren mandar al diablo” las instituciones, en clara referencia a Andrés Manuel López Obrador, “y por eso creo que el 2018 se gana con proyecto, se gana voto con voto, no con este tipo de acciones que desde el extranjero obedecen a otros intereses”. La coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, afirmó que el reciente escándalo “refleja un método sistemático de la actual administración federal de Enrique Peña Nieto para aplicar una política de hostigamiento e intimidación, en vez de una política de protección hacia quienes se han convertido en una voz crítica del sistema”. Padierna recordó que, según la información publicada en septiembre de 2016 por el propio rotativo norteamericano, el gobierno mexicano pagó al Grupo NSO “más de 15 millones de dólares para tres proyectos, según lo
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Oposición señala a Peña por espionaje; “no hay pruebas”, revira el PRI El PRI y sus aliados del Verde y del Panal insistieron en todas sus intervenciones en que “no hay pruebas definitivas de que el gobierno (de Peña Nieto) sea el responsable”, y citaron una y otra vez a los autores del reportaje del New York Times
registró la propia empresa en su correo electrónico con fecha 2013”. El senador Miguel Barbosa, de la bancada PT-Morena, insistió en que la investigación no debe realizarla el fiscal especializado para los delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos porque “no hay confianza” en esta institución. “Aquí apuestan a que se olvide el escándalo. A que se mediatice. ¡No! Queremos escuchar la voz de Enrique Peña Nieto para que exponga su posición, la de su gobierno frente a estos hechos. ¿Por qué no? ¿Es intocable?”, exclamó Barbosa en el debate que encendió los ánimos en la Permanente. “Estamos en presencia de un poder que no tiene controles. Estamos en presencia de una realidad deformada que quieren que sea la normalidad política”, insistió el legislador poblano. También los diputados y senadores del PAN expresaron una dura condena al espionaje denunciado, el mismo
día que el dirigente nacional de este partido, Ricardo Anaya, afirmó que también su teléfono móvil se buscó ser invadido por el sistema malware Pegasus de la empresa NSO Group. La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza recordó que antes de este escándalo se generó el caso de los hermanos Monreal y que el presidente Peña Nieto “se indignó del espionaje que se estaba haciendo desde Estados Unidos hacia diversos mandatarios, mientras en nuestro país se espiaba a periodistas, activistas de derechos humanos y sociedad civil”, quienes denunciaron casos de corrupción. Gómez del Campo hizo sus propias cuentas sobre el costo de este sistema de espionaje, y señaló que, si fueron 88 intentos a un costo de 77 mil dólares por cada intercepción, “estaríamos hablando de 125 millones 356 mil pesos. Es increíble que estemos hablando de estas cifras y no haya respuesta contundente del gobierno federal, que
no haya culpables hasta el momento”. La senadora priista Graciela Ortiz trató de desviar el tema sin mucho éxito. Expresó su “enérgica condena” al espionaje, al que calificó de “inadmisible”, “ilegal” e “intolerable”, pero insistió en que no hay pruebas de que el gobierno peñista sea responsable. “Rechazo verdaderamente indignada que un medio internacional utilice la creencia para poder hacer una aseveración como la que ha hecho. Es indignante y a todos nos debiera llamar la atención”, afirmó Ortiz. En respuesta, el diputado federal Jesús Zambrano, coordinador del PRD en San Lázaro, insistió en que si el gobierno peñista “salió a decir que no es él, entonces que diga quiénes son los que están haciendo la acción, quiénes están realizando esta actividad, quién está utilizando los instrumentos que el gobierno adquirió”. A su vez, el diputado panista Federo Döring criticó al PRI por “condenar los hechos y después descalificar la labor periodística y tergiversar la información”. “Quienes señalan al gobierno no es el periódico o el periodista, sino las víctimas de estos atropellos. Ello señalan al gobierno como responsable”, subrayó el legislador federal. Los legisladores acordaron que el punto de acuerdo sea discutido en la próxima sesión de la Permanente, el miércoles 28, y terminaron el debate con posiciones irreconciliables frente a este escándalo.
Mayo, el mes más violento del sexenio de Peña Nieto: SESNSP Diego Calmard Ciudad de México (apro)
El pasado mes de mayo fue el más mortífero del sexenio de Enrique Peña Nieto, incluso el peor en 20 años, pues se registraron 2 mil 254 homicidios dolosos y mil 246 culposos en todo el país, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En total, 3 mil 998 personas fueron asesinadas en el país sólo durante el quinto mes del año, por encima de los meses anteriores, pues se registraron 3 mil 801 homicidios
dolosos y culposos en abril, y 3 mil 851 víctimas en marzo. El número de muertos representa un aumento de 1.13% de la taza de homicidios con respeto al mes de mayo del 2016, lo que simboliza 463 asesinatos más. En promedio, se registraron 3 mil 321 casos de homicidios culposos y dolosos por mes en 2016. En comparación, este año se eleva a 3 mil 776, según las cifras del SESNSP. El estado con mayor número de asesinatos dolosos y culposos es Guanajuato, con 370 homicidios; seguido del Estado de México, con 320 víctimas, y Guerrero, con 271.
Los estados con las tasas de homicidios más altas en el país son Colima, Guerrero, Baja California Sur, Baja California Norte y Sinaloa, debido a la población altas del Estado
de México (17 millones 363 mil 387 habitantes), y Guanajuato (casi 6 millones de habitantes), según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) de México.
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CNDH pide al gobierno no usar sistemas de espionaje con defensores y periodistas De la redacción Ciudad de México (apro)
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a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Gobernación (Segob) y a la Procuraduría General de la República (PGR) que en caso de poseer el sistema de espionaje Pegasus o cualquier otro que se empleé para intervenir comunicaciones, se abstengan de utilizarlos contra periodistas, ONG y defensores de los derechos humanos. A través de un comunicado, el organismo a cargo de Luis Raúl González Pérez, explicó que la medida es en respuesta a un escrito de queja presentado por periodistas y defensores de derechos humanos en el que solicitan medidas cautelares y acusan violaciones a la honra, intimidad, privacidad, a la dignidad y a su derecho a no ser molestados por parte de las dependencias mencionadas y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). “Al reunirse los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño, SIN PREJUZGAR sobre el fondo de los hechos, este Organismo Nacional solicitó a la SEDENA, SEMAR, SEGOB y PGR implementar acciones para que en caso de poseer el sistema
Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)
El gobierno de Enrique Peña Nieto es “siniestro” y “criminal”, ya que su intención “es la construcción social del miedo, pero si el miedo nos gana, ya nos chingaron”, afirmó Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y agregó que “eso no lo podemos aceptar, ya que nuestro horizonte democrático no puede ser más que la dignidad y la movilidad, debido a que no podemos permitir que nos aplasten. Si les permitimos eso, preparémonos para la esclavitud, ese es nuestro horizonte”. Durante su conferencia “Democracia y derechos humanos”, el coordinador del Consejo Nacional de la iniciativa Ahora, calificó de “gravísimo” el que el gobierno de Peña Nieto haya contratado y puesto en marcha un sistema para espiar a defensores, activistas y periodistas. El también exombudsman de la
A través de un comunicado, el organismo a cargo de Luis Raúl González Pérez, explicó que la medida es en respuesta a un escrito de queja presentado por periodistas y defensores de derechos humanos en el que solicitan medidas cautelares y acusan violaciones a la honra, intimidad, privacidad, a la dignidad y a su derecho a no ser molestados
‘Pegasus’ o cualquier otro que se emplee para intervenir comunicaciones de aparatos telefónicos o computadoras, se abstengan de emplearlos contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, así como contra cualquier otra persona contraviniendo el orden jurídico constitucional”, señala la CNDH en su comunicado. Además refiere que también pidió a las dependencias de gobierno mencionadas que, en caso de haber obtenido información mediante ese tipo de programas, “se abstengan de
utilizarla y difundirla y sea valorada su legalidad por las instancias correspondientes”. Asimismo les pidió instruir a todas y todos los servidores públicos de esas dependencias a “garantizar en todo momento el libre ejercicio de la libertad de expresión de medios de comunicación y periodistas, así como la labor de defensa de los derechos humanos de activistas y organizaciones de la sociedad civil, sin contravenir en ningún momento su derecho a la privacidad”. En el caso de la PGR, señaló que
además le requirió instruir al personal ministerial para que conozca de las denuncias presentadas por los agraviados, a fin de que realicen la investigación de los hechos “con profesionalismo, exhaustividad, objetividad y diligencia.” La medida se aplica luego de la publicación, el pasado 9 de junio, del reportaje en el diario The New York Times: Somos los nuevos enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas en México, actividad que ya había sido reportada por Proceso desde julio de 2015. La CNDH indicó en su boletín que, si bien la intervención de las comunicaciones no está prohibida, la Constitución establece que la única vía legal para hacerlo es mediante una orden judicial, por lo que “contravenir ese mandato con el objetivo de conocer la vida personal y profesional, entorpecer o afectar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, constituye una violación a derechos humanos y delito que debe ser investigado y sancionado”, subrayó.
“Si el miedo nos gana, ya nos chingaron”, alerta Álvarez Icaza ante espionaje Ciudad de México se pronunció por que se constituya una comisión independiente con expertos internacionales que investiguen este hecho criminal. El espionaje, que “es gravísimo, no porque no supiéramos que los gobiernos espiaban, pero el que utilicen recursos públicos destinados a combatir la delincuencia y al terrorismo en contra de periodistas eso es la comisión de un delito”. Luego manifestó que, “en lugar de desactivar las amenazas en contra de periodistas, espiar a los periodistas y sus familias, es siniestro, es un gobierno criminal, y no basta la simple negación, se tiene que hacer una comisión independiente de investigación”. “Decir que la investigación la va hacer el fiscal de la Feadle es una burla cuando no se tiene un delito juzgado.
Ese tipo de cosas no sólo dañan a la democracia, sino que va generando más señales de la regresión autoritaria que estamos viviendo”. Sin embargo, dijo, “hay un tema clave, es la construcción social del miedo. Hay una intención expresa de intentar dejar las cosas como están, por desactivar la movilización social y que la gente se refugie en su autoprotección”. El mayor riesgo acotó, “es cuando
el miedo nos gana y nos inmoviliza, cuando el miedo nos gana y nos inmoviliza ya nos controlaron y, en la medida que no nos organicemos, será peor el tipo de abusos que se van a cometer”. Además, insistió en que “el fenómeno de callarse ante el abuso será peor y no es que no tengamos miedo, pero si el miedo nos gana, ya nos chingaron, y eso no lo podemos aceptar”, puntualizó.
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CDHDF emite recomendación a PGJDF por caso Narvarte Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)
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a Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) recomendó a la Procuraduría General de Justicia capitalina realizar un plan integral donde explique cómo va a continuar la investigación del asesinato de Nadia Vera Pérez, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yessenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín y del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, asesinados el 31 de julio de 2015. Con un retraso de dos años desde que ocurrió el homicidio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, finalmente la CDHDF presentó la Recomendación 4/2017 donde expone 18 puntos, entre estos un exhorto a la Procuraduría capitalina para actualizar los protocolos de investigación en casos de feminicidio y en casos de agravios a periodistas, dos características que se dieron este caso. En la recomendación, que se dirige al procurador, Rodolfo Ríos Garza, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Álvaro Augusto Pérez, se pide agotar todas las líneas de investigación, incluyendo las relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos de Nadia Dominique
De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)
La casa de Vivian Carmina Huerta Álvarez quedó revuelta, la chapa rota, cada rincón esculcado. Ella no estaba, pero se enteró porque los vecinos le llamaron para informar lo que sucedió ese día, en enero de este año, cuando un grupo de policías en su domicilio, ubicado en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. El operativo en el departamento no se trató de la búsqueda de un delincuente sino de una actuación judicial como parte del juicio por la guarda y custodia de sus hijos, V de seis años de edad y A de nueve años de edad. Es una demanda que Vivian mantiene desde hace tres años con su ex pareja Agustín Gonzáles Guerrero, según narra en entrevista con Cimacnoticias. Ese día, expone Vivian, un grupo de policías entró a su casa para buscar a los niños y entregarlos a su padre. Eso fue lo que le aseguró la autoridad, luego de que ella se negó a dejar a sus hijos en manos de una persona que, asegura, los maltrata como aquella vez que jaloneó a su hija para obligarla a ir con él a pesar de que ella no quería. Como parte del litigio, que a decir de Vivian ha favorecido a su ex pareja, quien fue alto funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR),
Vera Pérez y el trabajo periodístico de Rubén Manuel Espinosa Becerril. Al presentar el documento, sin la presencia de las familias de todas las víctimas y sus representantes legales, la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, dijo que se violaron diversos derechos, entre ellos a una vida libre de violencia para las mujeres y al debido proceso, por lo que señaló necesario sancionar a los culpables del crimen y a los responsables de la filtración de información, además de que la autoridad ofrezca un acto de reconocimiento de responsabilidad. En su momento, las familias de las victimas expusieron las irregularidades de la investigación, por ejemplo, que información del caso fuera filtrada a medios de comunicación, lo que provocó un prejuzgamiento de lo sucedido y culpabilizar a las mujeres, acusándolas, en un caso, de estar inmiscuida en problemas de drogas, en otro de ser extranjera y, a una más de ser trabajadora del hogar.
Diez inconsistencias Más tarde, Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña, abogados de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y coadyuvantes en el caso de la activista Nadia Vera, expusieron 10 inconsistencias de la Procuraduría en su intento por de-
mostrar que el crimen fue causado por un robo por un problema de drogas. Los abogados también lograron, a través de un proceso judicial, que el caso se investigara por el delito de feminicidio, toda vez que al conocer el homicidio las autoridades locales lo analizaron como homicidio a pesar de las huellas de violencia y tortura hacia las mujeres. Por ello, el organismo también llamó a la Procuraduría a emitir un documento donde fije cuál será la fiscalía, agencia o unidad de investigación debe conocer los asuntos relacionados con personas o colectivos en vulnerabilidad. Y es que en el caso Narvarte la investigación la llevó la Fiscalía Central de Investigación de Homicidios, a pesar de que se trataba de probable feminicidio y un ataque relacionado con la libertad de expresión. Asimismo, en un plazo que no exceda 60 días naturales, la autoridad
debería actualizar el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio y el Protocolo para la atención de delitos cometidos en agravio de las y los periodistas, acorde con el nuevo sistema de justicia penal adversarial, caracterizado por los juicios orales. Cabe decir que, de acuerdo con el Programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) de 2014 a 2015, se registraron 25 casos de agresiones a mujeres periodistas; y sobre este multihomicidio documentó que hubo un trato periodístico amarillista, según lo constata a través de un seguimiento de las notas publicadas en los medios. La Recomendación, que aún debe ser aceptada por las dependencias, se da en medio del contexto de violencia contra la prensa y luego de que recién el 19 de junio un grupo de periodistas y defensores de Derechos Humanos denunció que fueron víctimas de espionaje por medio de un software que llegó a sus teléfonos celulares y que tiene la capacidad de obtener toda su información personal. Sobre este tema la CDHDF condenó los hechos y exigió una investigación expedita e imparcial para señalar y sancionar a las personas responsables, así como garantizar medidas de no repetición.
Vivian denuncia amenazas del padre de sus hijos, ex funcionario judicial la titular del Juzgado Cuadragésimo Familiar de la Ciudad de México, Alejandra Sánchez Zedillo, autorizó que se usara la fuerza pública para quitar los niños a Vivian y entregarlos a su padre. De acuerdo con el expediente, la juez señaló que, en caso de ser necesario, se pediría la intervención del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI), un grupo de élite de la Procuraduría General de Justicia de la capital, para lograr regresar a los niños con su padre y a la par emitió una alerta migratoria para los menores de edad no puedan salir del país.
Uso de la fuerza pública Vivian mantenía la custodia de los V y A pero Agustín uso su poder para aportar pruebas que lo favorecieran para tener a los niños con él, por ejemplo, entregó un dictamen psicológico donde se asegura que la madre es “bipolar” y dijo que un día lo golpeó en el estómago y que lo amenazó de muerte. El 24 de octubre de 2016, la titular del Juzgado 40 Familiar de la Ciudad de México, Alejandra Sánchez Zedillo, emitió una sentencia donde modifi-
có la custodial temporal y pidió que los menores de edad fueran entrados a Agustín el 25 de noviembre de 2016. En esa sentencia también ordenó a la madre dar el 40 por ciento de su sueldo como pensión alimentación. Inconforme con la resolución, Vivian apeló porque no se tomó en cuenta la violencia del padre hacia los hijos y hacía ella. Así que llegó el 25 de noviembre y ella no entregó a los niños, por lo que el Juzgado ordenó que fueran entregados el 9 de diciembre pero tampoco los llevó. El Juzgado fijó el 20 de enero de 2017 como nuevo plazo pero tampoco fueron entregados. Los niños no fueron entregados a su padre porque estaban enfermos y porque la madre estaba esperando la respuesta a la apelación. Vivian aseguró que la sentencia no estaba firme, porque estaba siendo apelada pero aun así la jueza consideró que la mujer estaba en desacato y que le debían quitar a los niños a la fuerza. Finalmente aquel día de enero que entraron al departamento de la delegación Gustavo A. Madero no había nadie, por lo que los niños continúan
en custodia de Vivian, pero Agustín acudió a la jueza para informar que si no estaban allí podrían estar en casa de los abuelos paternos en Atlixco, Puebla. Con esta nueva información, se lee en el expediente, el padre pidió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México exhortar a un juez de la entidad para que se entregue a los niños y que esto se hiciera, como lo dijo la juez Sánchez Cedillo, con la intervención de 10 policías de la Fiscalía General de Puebla, “fracturando” cerraduras y con el cateo del lugar. La jueza expuso que los niños tenían que estar con su padre y, en caso de ser necesario, quien se negara a entregarlos debería ser presentado ante el Ministerio Público por delitos contra la administración de justicia.
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on más de 10 averiguaciones previas por diversos delitos ante la Procuraduría General de la República de 2015 a la fecha, la diputación local de la cetemista María de Jesús Olvera Mejía se ha convertido en un escudo de impunidad para infringir la ley y evitar hacer frente a la justicia, mientras consuma las diversas encomiendas de desestabilización social y presión política dictadas desde sitios como el Senado de la República y Orlando, Florida. El arribo de Olvera Mejía al Congreso de Chiapas tuvo desde el comienzo intereses que van más allá del trabajo legislativo. Desde su inscripción a la candidatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) comenzaron las irregularidades en el registro. Se había denunciado ya que contaba con dos actas de nacimiento (una de Tula, Hidalgo, y otra de Raudales, Chiapas) que debieron haber sido investigadas por las autoridades electorales locales. Pero la acusación ha sido prácticamente ignorada. Además de las denuncias por falsificación de documentos oficiales interpuesta hace un año, a María Olvera se le ha acusado de motín, despojo, actos vandálicos, robo con violencia, asociación delictuosa, falsificación de firmas, privación ilegal de la libertad y amenazas, entre otros tantos expedientes que permanecen sin efectos debido a la inmunidad que hoy le otorga el fuero constitucional y la protección desmedida de quienes “desde las sombras” se benefician de manera directa con las acciones de la autodenominada líder
EN LA MIRA Héctor Estrada
Albores Gleason; la sombra detrás de María Olvera
de la CTM en Chiapas. Sin embargo, para comprender mejor el halo e impunidad y excesos que hoy rodean a la diputada priista es importante traer a colación su estrecha vinculación con el ex gobernador Juan Sabines Guerrero y actual senador Roberto Albores Gleason. La relación con ambos ha sido desde hace años del dominio público. Durante el “gobierno sabinista” el poderío de Olvera Mejía fue catapultado en su región de control, para luego ser detenida (en 2009) durante uno de los desencuentros más sonados con el ex mandatario estatal. Los vínculos políticos con Albores
Gleason han sido expuestos públicamente por ella misma. La relación operativa con su “cuaderno de doble o triple raya” es más que conocida. A través del control que ejerce sobre la fracción de la CTM bajo su liderazgo se ha encargado de operar políticamente para el aspirante al gobierno de Chiapas, colaborando de manera cercana con las estructuras electorales que se han formado desde hace más de cuatro años en aquella región zoque de la entidad chiapaneca. Por eso no resultó tan sorpresiva que desde la dirigencia del PRI chiapaneca se le otorgara tan cómodamente la candidatura a la diputa-
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ción local; aún con los riesgos que implicaba la supuesta existencia de dos actas de nacimiento, como clara violación a la legislación electoral federal. Además de los tantos antecedentes que la involucran de manera directa en innumerables denuncias, averiguaciones previas y actos de violencia extrema ampliamente documentados por pobladores y medios de comunicación. Y es que, los métodos con los que María Olvera opera son ya muy conocidos. Desde la dirigencia de la CTM y ahora desde la diputación misma se encarga de movilizar a grupos violentos para realizar la toma de instalaciones, obras y vías de comunicación a fin de extorsionar a los gobiernos para obtener beneficios políticos. El caso más reciente es el referente a megaproyecto Chicoasén II, que tras meses de bloqueos y enfrentamientos a instrucción de Olvera Mejía terminó finalmente siendo suspendido. Esa es la principal encomienda que ahora parece enfilar las acciones de la controversial diputada local: generar desestabilización y conflictos para luego convertirlos en elementos de negociación política. Viejos métodos efectivos que ya tantas tajadas provechosas han generado para la causa priista, que ella defiende de manera férrea. Finalmente, Olvera Mejía es sólo un instrumento ahora bajo el ojo del huracán que tiene detrás intereses mayores que al final de cuentas son y serán los principales beneficiaros del caso. No de a gratis tanta protección e impunidad a la legisladora… así las cosas.
2018: EL REGRESO DEL DEDAZO PRESIDENCIAL
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l famoso dedazo presidencial que tiene la marca indeleble del PRI está de regreso y ya ha ocasionado una expresión de inconformidad de un buen número de priistas que amenaza con convertirse en una división interna entre tecnócratas y políticos tradicionales de alcances tan profundos como la de 1988. Apenas pasaron las elecciones en Nayarit, Coahuila y el Estado de México y el PRI sufre nuevamente los embates de una crisis que habrá de afrontar en agosto entrante cuando se realice la XII Asamblea Nacional de la cual se espera salgan las bases para elegir al candidato presidencial. El presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, pensó que con el triunfo en el Estado de México tendría suficiente aire para llegar con fuerza a la Asamblea Nacional. Pero no fue así. Hace apenas unos días la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que el PRI habría recibido de manera ilegal 10 mil millones de
José Gil Olmos pesos del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, en un mecanismo similar del que se acusó a Delfina Gómez, de haber quitado el 10% del salario de los funcionarios del gobierno municipal para entregárselos a su partido. El escándalo no es menor en el contexto de un gobierno en declive como es el de Enrique Peña Nieto cuya velocidad de caída se acrecienta conforme aumenta el peso de los escándalos de corrupción y de abuso de poder como es el caso ahora del espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas. La debilidad de Peña Nieto al interior del PRI se expresa con manifestaciones de inconformidad como la ocurrida el pasado 16 de junio cuando un grupo de 89 militantes reconocidos se rebelaron ante la posibilidad de que se quiera replicar el famoso “dedazo presidencial” para favorecer a uno de sus amigos con la candidatura presidencial hacia las elecciones del 2018. Este grupo y otros más dentro del PRI que no son parte del círculo cer-
cano de Peña Nieto, han exigido reglas claras para la selección del candidato presidencial y que sea elegido por una consulta a las bases. Sostienen que no debe cambiar la regla de los estatutos para los casos de selección de presidente de la república, gobernador y jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la cual señala que “se requerirá acreditar la calidad de cuadro, con diez años de militancia partidaria”. Esto porque el “dedazo presidencial” podría apuntar hacia un allegado de Peña Nieto que no necesariamente cumpla este requisito básico para ser candidato presidencial como los casos de José Antonio Meade o Aurelio Nuño. Es por eso que se entiende el reclamo y la exigencia que hicieron los 89 priistas que se reunieron el viernes 16 de que se definan reglas claras para la selección del candidato presidencial, que sea conforme a los estatutos y con una consulta a las bases. Otros priistas como el actual presidente de la Fundación Colosio, José Murat, también demandaron
a Ochoa Reza definir el método de selección del candidato presidencial. “Es necesario profundizar y analizar la problemática de México y que la Asamblea llegue a las conclusiones que quiere la militancia”, dijo Murat al tomar posesión. Las voces disidentes de la actual dirigencia plantearon que la Asamblea sea democrática y que se escuchen todas las voces porque existen riesgos de ruptura y que muchos militantes se vayan hacia el partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena. Según la estimación que se tiene es que el PRI ha perdido cerca de cinco millones de votos por los escándalos de corrupción de personajes importantes del partido como el presidente Peña Nieto. Con el tiempo en contra, la permanencia de Enrique Ochoa Reza al frente del PRI está en su fase final y los brotes de rebeldía a la intención de Peña Nieto de aplicar el “dedazo” podrían ocasionar división en el partido y el inicio de un final desastroso para el 2018.
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EPISTOLARIO Armando Rojas Arévalo
Nada nuevo bajo el sol
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OSAURA: El espionaje telefónico en México no es nuevo; ha sido una constante a través de la historia contemporánea. Ocurre en casi todos los países por cuestiones de seguridad nacional. A políticos, periodistas y activistas los han espiado siempre, nada más que ahora, en lugar de aplicar la técnica a los verdaderos enemigos de la sociedad que son los narcotraficantes y demás delincuentes, lo hacen con los comunicadores por considerarlos “peligrosos”. El espionaje es una arma de los gobiernos, en el caso de los periodistas y activistas de los derechos humanos es atentar contra las libertades individuales. Se trata de meterse en la vida privada de ellos y aprovechar esa información privilegiada con fines censura, persecución y linchamiento. El New York Times reveló la operación de espionaje a través del malware “Pegasus” que el gobierno presuntamente compró a una empresa judía y que en teoría sólo debe ser usado para investigar a criminales y terroristas. Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, los periodistas CARMEN ARISTEGUI y CARLOS LORET DE MOLA, y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales. Por supuesto, el gobierno, raudo y veloz, desmintió la especie. Como siempre, y era de esperar. Pero el gobierno a nadie convence, porque a través del CISEN y
otros organismos de inteligencia, tiene a todos “alambreados”. La neta. A estas alturas cualquiera puede espiar fácilmente y a bajo costo a otras personas. Sólo depende de qué personas se trata, el medio que se desee utilizar y el tiempo que se dedique a esa tarea. Si lo que se quiere es interceptar un teléfono fijo deben adquirirse los micrófonos que parezcan más adecuados; puede ser desde el que simula ser una cajita desde donde sale el cable telefónico, o un prolongador de cable telefónico, o el tipo “T” que normalmente permite conectar, en una misma caja, dos cables para el teléfono. Todos ellos tienen un micrófono integrado, diminuto y que permite escuchar las conversaciones a una distancia de entre 100 a 300 metros. Si no se puede ingresar al domicilio, hay que comprar un micro “lagarto” telefónico que permite conectar los cables de la línea a un micrófono y permite escuchar a una distancia de 100 a 200 metros. Que el gobierno no se tome la molestia de negar el espionaje y las “filtraciones”. Para no ir lejos en la reseña histórica, vamos a lo más o menos reciente: El diario Reforma dio a conocer en mayo de 1995 varias conversaciones telefónicas entre JOSÉ CÓRDOBA MONTOYA, ex consejero del ex presidente CARLOS SALINAS DE GORTARI (19881994), y MARCELA ROSAURA BODENSTED, ex agente de la entonces Policía Judicial Federal y a quien se ligó con el narcotráfico. Las conversaciones de mayo, junio y julio de 1992, sugerían una relación íntima entre ambos personajes, además de otras
pláticas con agentes judiciales sobre el tema del narcotráfico y presuntos enlaces con el cártel de Colombia. En 2001, la PGR anunció la desarticulación de una red de espionaje ilegal en el Estado de México —que operaba desde 1994 e involucraba al entonces gobernador ARTURO MONTIEL. Ocho años después, un juez federal los absolvió del delito de intervención de comunicaciones privadas y con ello se dio por terminado el caso de la red de espionaje a cargo de MONTIEL ROJAS. El periódico La Jornada dio a conocer en 2006 un par de grabaciones del gobernador de Puebla, MARIO MARÍN con el empresario KAMEL NACIF, en el que ambos hablan sobre un escarmiento contra la periodista LYDIA CACHO, quien en 2005 publicó el libro “Los demonios del Edén”, en el desenmascara el poder que protege a la pornografía infantil, y ponía al descubierto la protección que MARIO MARÍN recibía de políticos y empresarios, como CAMEL NACIF y JEAN SUCCAR KURI, hoy preso. En estas grabaciones el ex gobernador afirmó que ya le había puesto un “pinchi coscorrón” a CACHO “porque en Puebla se respeta la ley”. El periódico El Universal publicó el 26 de mayo de 2008 que el Cisen había contratado a la empresa Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas “para acceder en línea al Sistema Automatizado de Análisis y Procesamiento de Información Legislativa”. La administración de FELIPE CALDERÓN obtuvo tecnología para aumentar su capacidad de
intervenir llamadas telefónicas y hurgar en las cuentas de correo electrónico de ciudadanos mexicanos. El dispositivo fue financiado con 3 millones de dólares aportados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Los Angeles Times reveló en su momento el acuerdo entre el gobierno de CALDERÓN y de los Estados Unidos, calificándolo como una muestra de la manera en que “el gobierno conservador de México” está “crecientemente dispuesto” a cooperar con los mecanismos de aplicación de la ley fijados por la Casa Blanca. EN MARZO de 2012, JO SEFINA VÁZQUEZ MOTA se escandalizaba por la filtración de una llamada entre ella y un colaborador suyo, en la que acusaba a GENARO GARCÍA LUNA, titular de la SSP federal, y ALEJANDRA SOTA, vocera de la Presidencia de escuchar sus llamadas. PURIFICACIÓN CARPINTEYRO enfrentó un juicio por el delito de revelación de secretos, luego que la PGR la acusara de divulgar unas llamadas telefónicas intervenidas de manera ilegal a LUIS TÉLLEZ, entonces secretario de Comunicaciones y hoy director de la Casa de Bolsa. Una de las llamadas más famosas es aquella en la que TÉLLEZ, hablando con una mujer desconocida, dijo que CARLOS SALINAS DE GORTARI se había quedado con una parte “de la cuenta secreta”. En fin, como dije desde el principio, nada nuevo hay bajo el sol. Y si no me tienen intervenido me voy a enojar y voy a demandar al CISEN. Que no la amuelen, que no discriminen. O todos coludos o todos rabones. Eso que ni qué.
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ESPIONAJE Y PARANOIA DE UN GOBIERNO EN DESGRACIA Jenaro Villamil
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l recibir la Placa de Honor de la Asociación de Prensa de Madrid, Griselda Triana, esposa del periodista asesinado el pasado 15 de mayo, Javier Valdez, exhortó al gobierno de Enrique Peña Nieto a que “salga de su burbuja y ofrezca resultados” por los crímenes contra informadores “en lugar de espiar a periodistas y luchadores sociales”. La claridad de Triana coincidió con otra protesta en la entidad natal del cronista y columnista de Ríodoce:en un evento en Sinaloa, mientras el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negaba que la administración de Peña Nieto se dedicara a espiar de manera ilegal, decenas de jóvenes periodistas desplegaron carteles con el sombrero de Javier Valdez y la frase “No al silencio” y “Justicia para Javier Valdez”, durante la conferencia de prensa. Tal situación es la que no ha entendido Osorio Chong ni entenderá ya la administración de Enrique Peña Nieto: por más que niegue la existencia de “pruebas” de lo publicado este lunes 19 de junio por The New York Times sobre el uso del malware Pegaso para espiar a periodistas y activistas, lo único que puede modificar esta percepción generalizada de abuso autoritario es que cumpla con su deber de detener y enjuiciar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes a informadores. El reportaje de Azam Ahmed y Nicole Perlroth, publicado en primera plana de The New York Times, confirmó y documentó lo que desde julio de 2015 ya se había señalado en distintas columnas de periodistas mexicanos y en un extenso reportaje en la revista Proceso, firmado por Jorge Carrasco y Mathieu Tourliere: la paranoia de Peña Nieto lo llevó a contratar millonarios servicios de espionaje no para combatir a los criminales sino a sus críticos. Entre abril y julio de 2015 un ataque de hackers a la empresa Hacking Team, creada en 2003 por el italiano David Vicenzetti, reveló que habían vendido dispositivos de intrusión ilegal a las comunicaciones privadas de millones de ciudadanos a 30 países en cinco continentes. Sus programas de espionaje llamados Da Vinci y Galileo fueron utilizados en países como Brasil, México, Colombia, Chile, Ecua-
dor, Honduras y Panamá. En el caso mexicano, la filtración de 400 GB de documentos internos y correos electrónicos de Hacking Team demostró que desde 2009, cuando era gobernador del Estado de México, Peña Nieto autorizó la compra de la principal herramienta de espionaje de Hacking Team, el Remote Control System, capaz de penetrar de manera simultánea a miles de celulares y computadoras para infiltrarse a cuentas personales de Facebook, Google, Yahoo, Twitter, Gmail y decenas de aplicaciones. Ya como presidente de la República, Peña Nieto también autorizó la compra del sistema de Hacking Team para dependencias federales como la Secretaría de la Defensa (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Federal (PF) y el CISEN, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob). Así como el gobierno federal contrató por cerca de 26 millones 300 mil pesos los sistemas de espionaje de Hacking Team, también lo hicieron gobiernos estatales como los de Rafael Moreno Valle en Puebla, Aristóteles Sandoval en Jalisco, César Duarte en Chihuahua, Ángel Aguirre en Guerrero, Rolando Zapata en Yucatán, así como el director general de Pemex, Emilio Lozoya, y otras administraciones estatales de Durango, Campeche, Nayarit, Tamaulipas y Baja California. En total, se destinaron 55 millones 808 mil euros (más de mil millones de pesos) de 2009 a la fecha para los servicios de Hacking Team, según el reportaje de Proceso. Otros datos revelados en columnas periodísticas señalaron que estos sistemas de espionaje no sirvieron para combatir la corrupción o las violaciones a derechos humanos, sino para
encubrir a sus responsables e intimidar a los periodistas críticos o a los funcionarios “desconfiables”. Tampoco hay evidencia de que este espionaje masivo sirviera para elaborar una mejor inteligencia de Estado para enfrentar los focos críticos del sexenio de Peña Nieto. En octubre de 2015 se dio a conocer que tan sólo a través del CISEN se realizaron 729 intervenciones telefónicas de manera ilegal a decenas de personas que se identificaron como “críticas” al gobierno peñista. La paranoia del gobierno de Peña Nieto lo convirtió en un Big Brother dispendioso y torpe. Después del escándalo de Hacking Team, surgieron las versiones de que se había adquirido otro malware más poderoso y costoso conocido como Pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO Group y vendido a través de la compañía Security Tracking Devices. Si Hacking Team costó alrededor de mil millones de pesos, el sistema Pegasus tuvo un costo mínimo de 80 millones de dólares (más de mil 500 millones de pesos) para interceptar no a los criminales, sino a los organismos involucrados en los casos más delicados del peñismo: las víctimas de Atenco, las ejecuciones sumarias de Tlatlaya, los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la masacre de Tanhuato, así como los escándalos de corrupción como la Casa Blanca. El 13 de febrero de este año, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, junto con Artículo 19, Social TIC y Amnistía Internacional denunciaron que el sistema Pegasus sirvió para espiar al abogado Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública, a Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, y a Luis
Encarnación, coordinador de Contrapeso. Esta revelación provocó la ruptura entra las organizaciones civiles y el gobierno federal que participaban en la agenda de Gobierno Abierto. El reportaje del lunes 19 de junio de The New York Times es mucho más delicado: documentó 76 casos de espionaje ilegal en contra de Carmen Aristegui, de su hijo Emiliano Aristegui, de Carlos Loret de Mola, de reporteros que participaron en la investigación del escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto, así como en el Centro Pro, que lleva la defensa legal de las víctimas de abusos sexuales de Atenco y de Ayotzinapa, entre muchas otras. La conmoción provocada por esta nueva revelación sólo es comparable con la torpeza y la indolencia del gobierno de Peña Nieto frente a la oleada de crímenes a periodistas y numerosos testimonios de presiones y censura indirecta contra periodistas como la propia Carmen Aristegui, a quien se le corrió de manera grosera de MVS Noticias, meses después de la revelación de la Casa Blanca. Ninguno de los casos documentados e investigados por las redes que colaboraron con The New York Times señala que el gobierno de Peña Nieto haya espiado a gobernadores corruptos y criminales como Javier Duarte, Roberto Borge o César Duarte. Mucho menos que sirvieran para detectar a las redes criminales de los huachicoleros o de otros grupos criminales dedicados al secuestro o a asesinar a mujeres en el Estado de México, por mencionar algunos ejemplos recientes. Contra ellos no hay evidencias de espionaje. Por el contrario, la paranoia del peñismo se dirige hacia quienes investigan y son mensajeros de las víctimas de abusos de las fuerzas policiacas y militares del Estado. El periódico británico The Independent editorializó así esta nueva exhibición del peñismo: “el escándalo ruso de Donald Trump palidece en comparación con lo que acaba de suceder en México”. El espionaje ilegal del peñismo sin una auténtica estrategia de inteligencia para defender el Estado de Derecho sólo se convierte en una demostración de que el origen de las irregularidades está en la paranoia de un gobierno que cayó en desgracia.
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CLAROSCUROS DE LÓPEZ OBRADOR Ernesto Villanueva
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an pasado las elecciones del Estado de México y toca seguir adelante. No tengo duda de que Andrés Manuel López Obrador no acumula riquezas como finalidad para ejercer el poder público. Creo que en gran medida lo anima un deseo auténtico de hacer una reforma en el diseño institucional del país tan grande como sea posible. En todos estos años ha podido escuchar de primera mano las múltiples historias de corrupción e impunidad que gozan de cabal salud a lo largo y ancho del país. Distintas encuestas coinciden en que si hoy fueran las elecciones, él sería el ganador prácticamente indiscutible, pero no es el caso. Faltan, sin embargo, varios meses en los que todo puede suceder. Las elecciones del Estado de México deben ser una lección aprendida de lo mucho que falta para conmover a una sociedad diletante, apática, corruptible, con un bajo nivel educativo y ausencia de valores democráticos. Y el Estado de México no es la excepción. Esa circunstancia se repite, en mayor o menor medida, en todo el país. Además de lo anterior, advierto varios puntos que con toda seguridad serán aprovechados para hacer naufragar, de nueva cuenta, la aspiración legítima de López Obrador por ser presidente de la República. He revisado con mis alumnos diversas entrevistas que le han hecho en los últimos meses. Hay un común denominador: un discurso elemental, ausencia de formación, falta de lecturas básicas y déficit de reflejos políticos en su interacción con los medios en ambientes
no controlados. Por si lo anterior no fuera suficiente, se perciben problemas recurrentes de autocontención ante preguntas que considera incómodas, incorrectas o agraviantes. Con razón o sin ella, Andrés Manuel reacciona justo al contrario de lo que sugieren todos los cursos de entrenamiento de medios que ponderan mantener el control de sí mismo. En semanas pasadas, en una entrevista con Carmen Aristegui, puso en evidencia su impericia jurídica en cuestiones básicas cuando la periodista le preguntó si un expresidente puede ser sancionado. No supo qué contestar, y al final lo hizo mal y de malas. Peor aún, tuvo un trato poco comedido con Aristegui, haciéndole acusaciones implícitas de “cumplir su papel” –entiendo que de actuar al margen del periodismo y adoptar una inverosímil postura de denuesto contra el presidente nacional de Morena. Habría que recordar que Aristegui tiene entre su audiencia a un amplio sector que comulga con López Obrador. Antes, un desencuentro más claro lo había tenido con José Cárdenas, quien puede ser señalado de todo, menos de ser un mal periodista. Las preguntas que le formuló tenían un claro
interés público y la reacción de AMLO fueron imputaciones personales contra el comunicador, quien reaccionó, no sé si de modo correcto o no, pero ciertamente no dejó pasar que lo acusaran de delitos no sólo sin pruebas, sino sin indicio alguno. En la misma tónica, semanas atrás y con Ciro Gómez Leyva – quien es evidente que tiene una mala relación con Andrés Manuel–, el dirigente de Morena no pudo hilar un tejido argumentativo con una mínima solidez. Vamos, no pudo señalar un solo acto de corrupción del presidente Enrique Peña Nieto –a pregunta expresa– y se salió por la tangente, poniendo de relieve su falta de credenciales cognitivas. Y vaya que hay muchos actos de corrupción de Peña Nieto comprobables. Yo, en mi oportunidad, llamé la atención sobre la sarta de mentiras del presidente en su declaración patrimonial. Y si se compara, por ejemplo, la formación de Arturo Núñez, gobernador de Tabasco, con la de Andrés Manuel, sería tanto como comparar un jugador de primera división con uno de futbol llanero. No defiendo el gobierno de Núñez, pero nadie me podría cuestionar que la izquierda tiene pocos –muy pocos– polemistas
formados e informados como este tabasqueño que dejó de estar en el círculo cercano de López Obrador por el pecado de hablar con la verdad. Y día con día se puede ver que AMLO se empieza a convertir menos en un líder político y más en un dirigente de una religión, pues lo que dice no es motivo de reflexión, de deliberación, sino que apela a volverse un acto de fe que no admite discusión alguna. Hay muchos seguidores que, pienso, en su fuero interno saben que está cuesta arriba el triunfo de este personaje, pero se mantienen porque van en busca de los cargos públicos que tendrían a resultas de un triunfo en la elección presidencial. Esas almas se venden como nobles y puras, aunque sólo ven por sí mismas. Es lamentable que el principal opositor del régimen priista corrupto y corruptor se vaya quedando atrás de las necesidades que las prácticas democráticas exigen. Mucho lograría, en caso de animarlas, de sacar del mexicano el coraje acumulado por los agravios sufridos por generaciones enteras, lo que debe ser expresado en participación cívica efectiva, en salir a votar, en defensa del sufragio. Mucho indica que Andrés Manuel ha extraviado el camino y que, contra lo que sus seguidores creen, no es el imán que puede unir a las diversas tonalidades de la izquierda mexicana. Se está convirtiendo, para mal del país, en un pasivo más que en un activo para esa unidad de la izquierda que el país tanto requiere, mientras el PRI y sus aliados hacen lo que quieren con lo que queda del país.
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SIMULACIÓN, CINISMO Y CORRUPCIÓN…
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n el devenir histórico, la tendencia al engaño, la simulación y el cinismo, han sido parte de la confabulación, la corrupción y la impunidad. Sin el menor recato, la autoridad se complace con despreciar la calidad humana de los mexicanos y de violar sus derechos sistemáticamente. Pero no es solo eso, sino que entre ellos mismos se someten a las artimañas que en muchos casos son complicidades, como sucedió en la visita del Secretario de Salud, JOSÉ NARRO ROBLES, quien junto con el titular de Salud en el Estado, FRANCISCO ORTEGA FARRERA y el Gobernador MANUEL VELASCO COELLO, inauguraron el 11 de mayo pasado, el hospital general de Yajalón, “Manuel Velasco Siles”, que hoy está cerrado o más bien abandonado. La información en este sentido nos dice que la obra no está totalmente terminada ni equipada, además de no tener personal médico, paramédico y administrativo y que “solo fue inaugurado para tomarse la foto”. Eso sí, pomposamente se dijo que “este hospital general de Yajalón atenderá a más de 300 mil habitantes de la región norte y municipios como Tumbalá, Tila, Sabanilla y Chilón. Este pasaje escenificado por NARRO ROBLES y el GÜERO VELASCO, me llama a recordar aquella burla que le jugó el entonces Gobernador de Chiapas, JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO al Presidente de la República, FELIPE CALDERÓN HINOJOSA con la inauguración del hospital de especialidades “Gilberto Gómez Maza” con equipo y personal prestado de otros nosocomios que al otro día fueron retirados del inmueble. Es más, el mismo MANUEL VELASCO COELLO lo volvió a inaugurar como obra de su administración anteponiéndole al nombre de “Gilberto Gómez Maza”, el eslogan de su campaña, “Chiapas Nos Une”. Y ahí está el hospital medio funcionando y con severas carencias de medicinas, material de curación y hasta personal médico, seguramente por la corrupción que ha permeado al sector salud y su secretaría, particularmente en la administración sabinista y el titular de esa dependencia, JAMES GÓMEZ MONTES. Pero SABINES GUERRERO tenía una concepción mediática de la administración pública porque, para él lo más importante era impactar en el escenario político local y nacional como sucedió cuando inauguró el sistema de agua potable y para eso invitó al Presidente CALDERÓN HINOJOSA a abrir la válvula de desfogue del vital líquido que “circunstancialmente” estaba conectada a un tinaco. Esta es una anécdota que se platica en los corrillos políticos y cafés, como
ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado
• Los engaños institucionales… • Los agravios de la diputada Olvera Mejía… • Comentarios al Margen…
una más de las travesuras del “Hijo del Ciclón del Sureste”. Por eso no nos demos por engañados cuando vemos los desfalcos en el presupuesto de la Secretaría de Salud, donde la compra de medicinas o material de curación, han sido elementos decisivos para enriquecer a más de tres funcionarios públicos del primer círculo del poder, incluyendo a gobernadores y asesores plenipotenciarios, desde hace mucho tiempo…
¿Por qué no se actúa contra la diputada?...
El garrafal error que cometió la diputada local priista y dirigente estatal de la CTM, MARÍA DE JESÚS OLVERA MEJÍA, de demandar al compañero periodista SILVANO BAUTISTA IBARÍAS, le ha valido para saber de qué tamaño y cantidad son los enemigos que tiene y lo que le puede suceder. Por lo pronto ya se echó encima a una mayoría de los reporteros y columnistas de Chiapas, más los que se acumulen esta semana. Aparte de la unidad que ha demostrado el grueso de los periodistas en contra de esta señora OLVERA MEJÍA, ya un sector de la misma CTM le ha manifestado su repudio y en esa misma frecuencia están dirigentes transportistas como MARIO BUSTAMANTE GRAJALES quien se declaró por el desafuero de la falsificadora de documentos como actas de nacimiento y el CURP. Ayer mismo, el ex dirigente estatal de la CTM, SAÚL MARTÍNEZ MARTÍNEZ y ahora de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), reconoció la gravedad de los delitos cometidos por la ahora diputada local del distrito XI de Pueblo Nuevo Solistahuacán y se preguntó ante unas decenas de periodistas, ¿por qué la autoridad no actúa en consecuencia cuando hay elementos suficientes para imputar a MARÍA DE JESÚS OLVERA MEJÍA?. En conferencia de prensa SAÚL
MARTÍNEZ MARTÍNEZ presentó una relación de doce demandas interpuestas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en contra de la diputada en comento, que ya no ve lo duro sino lo tupido, aunque ella dice, en su florido vocabulario que, “le vale ver…de”. Los expedientes de demandas de la CFE ante la PGR contra la diputada OLVERA son por 21 bloqueos y obstrucción a la obra de la hidroeléctrica “Chicoasén II” a partir de septiembre de 2014 hasta el 12 de junio de 2016, que se encuentran legalmente radicadas, al margen de las nueve o diez de las que el mismo periodista demandado, SILVANO BAUTISTA hizo públicas. Toda una avecita de tempestades. Ante esas pruebas de desmanes y delitos cometidos por la señora diputada, el mismo SAÚL MARTÍNEZ y los periodistas nos preguntamos ¿por qué no han actuado en consecuencia la PGR, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, la FEPADE, el INE e inclusive los órganos de gobierno del Congreso del Estado?. El asunto de CFE y la presa “Chicoasén II”, no es un asunto menor porque la obra está suspendida por conflictos provocados por esta diputada y quienes la protegen, ya sea desde la dirigencia nacional de la CTM (JOSÉ RAMÍREZ GAMERO y/o, CARLOS ACEVES DEL OLMO) y en todo caso desde el círculo del poder local que encabeza MANUEL VELASCO COELLO. La construcción de “Chicoasén II”, dice SAÚL MARTÍNEZ, “sería la obra del sexenio en Chiapas con una inversión original de 6 mil millones de pesos –que pueden elevarse a diez mil millones—que representan unos 5 mil empleos y ahora está parada”. Bueno, pues flaco favor le hace esta señora diputada, MARÍA DE JESÚS OLVERA MEJÍA a la imagen del gobierno de MANUEL VELASCO COELLO y en consecuencia lógica al liderazgo del Presidente de la LXVI Legislatura del
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Congreso del Estado de Chiapas, OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR. Ya le debieron instruir un procedimiento de desafuero por falsificación de documentos y cada una de las averiguaciones previas y demandas que tiene en su contra. Digo nomás…
Comentarios al margen… Importante proteger las reservas ecológicas…
El martes pasado por la mañana, a través de un operativo coordinado por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y autoridades federales, se logró la recuperación de más de 15 hectáreas de la reserva del Cañón del Sumidero, las cuales se encontraban invadidas de forma ilegal desde hace varios años. Con más de 950 elementos policiacos del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Procuraduría General de la República, la Gendarmería Nacional, la Fiscalía de Chiapas y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, se realizaron estas acciones para la recuperación del predio “La Fortuna”. El polígono recuperado, forma parte de la selva baja en la zona noroeste del Parque Nacional Cañón del Sumidero, y se mantenía bajo posesión ilegal desde hace varios años, por lo que las autoridades determinaron la recuperación de éste y aplicar el estado de derecho, informó la autoridad municipal. “Estas acciones ponen de manifiesto la certidumbre jurídica que esta administración otorga en Tuxtla Gutiérrez; estamos haciendo valer el estado de derecho. No permitiremos que la ciudadanía sea engañada por falsos líderes que solo buscan aprovecharse de la gente, además de garantizar el pleno respeto a la biodiversidad y al medio ambiente”, señaló el alcalde capitalino, FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR. Destacó el edil, que estos esfuerzo suman la recuperación de 26 de 41 hectáreas invadidas sobre la reserva del Cañón del Sumidero, lo que representa más del 50 por ciento de las áreas ocupadas ilegalmente por décadas y que ponen en peligro los ecosistemas que habitan en el área. CASTELLANOS CAL Y MAYOR señaló que, en el marco de estas tareas de recuperación se garantizó el respeto a los derechos humanos de los invasores y en total apego a la ley. Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública Municipal MOISES GRAJALES MONTERROSA, explicó que además del desalojo mencionado, “Estamos trabajando con los tres niveles de gobierno para recuperar más predios invadidos que colindan con la zona norte oriente de la capital, principalmente los asentamientos ubicados cerca del Fraccionamientos Las Águilas”. ¡Pácatelas!... Se acabó el mecate… Y ES TODO…
CMAN
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
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RESOLUCIÓN
ALERTA
Denuncia MOCRICNPA_MN que grupos de choque tratarán de violentar movilización
Liberan a 11 maestros detenidos por bloqueos en Chiapas; seguirán su proceso en libertad
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DISCURSO
“Si el miedo nos gana, ya nos chingaron”, alerta Álvarez Icaza ante espionaje PAG. 3
INFORME
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ACUSACIÓN
OMIECH denuncia propuesta que amenaza la Partería Indígena
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En promedio 45 asesinatos se cometen mensualmente en Chiapas: SESNSP Así lo informó el Secretariado a través de la publicación del documento “Incidencia Delictiva del Fuero Común 2017”, elaborado conjuntamente con la Secretaría de Gobernación (Segob), el cual muestra la incidencia delictiva de los primeros cuatro meses del año.
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Cesan a rector de la Unicaribe… dos días después que activistas increparon a Calderón