CMAN EDITORIAL
DOXA
Menos días
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En los gobiernos de Juan Sabines y en lo que va del gobierno de Manuel Velasco se han ejercido más de 600 mil millones de pesos, sin que este presupuesto se haya reflejado en mejores indicadores de bienestar o en beneficios sociales concretos para la población, que justificaran ese gasto.
Chiapas es un claro ejemplo del gobierno de los peores. La caquistocracia se apoderó de la toma de decisiones y de las oficinas.. Por eso este gobierno es de ocurrencias, desatinos y corrupción. En concreto, la herencia de este gobierno es el caos, la impunidad y el abandono.
DIARIO
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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
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Miércoles 5 de Julio 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 4 | No. 1128
EXHORTO
PROPUESTA
El Sistema Nacional Anticorrupción podrá intervenir en caso de espionaje
El lunes pasado, el Comité Coordinador consideró improcedente el exhorto para requerir al gobierno información sobre el espionaje con el argumento de que ese delito está tipificado en el Código Penal Federal como intervención de comunicaciones privadas y no como un acto de corrupción
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ESTUDIO
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A cada chiapaneco le cuesta 2,162.80 pesos anuales un diputado local: IMCO
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HOY ESCRIBEN
Duarte acepta segunda orden de extradición de un tribunal en Guatemala
COMENTANDO LA NOTICIA
Alfonso Carbonell Chávez
ÍNDICE...
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Ruperto Portela Alvarado
CÓDIGO NUCÚ
DISCURSO
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César Trujillo
Elecciones por “usos y
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LA FALSA MUERTE DE MONTIEL O EL OCASO DEL “MAESTRO” DE PEÑA
costumbres” evitarían
Jenaro Villamil
HOJA DE APUNTES
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Enrique Alfaro
problemas sociales y preelectorales en Oxchuc
La Conago plantea reformas para “optimizar” el Sistema Penal Acusatorio
ARELY GÓMEZ Y EL MALWARE DE LA CORRUPCIÓN
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Jorge Carrasco Araizaga PAG. 5
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CONTRAPODER
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EDITORIAL Menos días
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n los gobiernos de Juan Sabines y en lo que va del gobierno de Manuel Velasco se han ejercido más de 600 mil millones de pesos, sin que este presupuesto se haya reflejado en mejores indicadores de bienestar o en beneficios sociales concretos para la población, que justificaran ese gasto. Más bien, la ausencia de proyectos de gobiernos y el despilfarro presupuestal de estos gobiernos, condujo al crecimiento de la pobreza, en un 76.4% de la población chiapaneca , en la que se vienen pagando cuatro millones de pesos diarios a una deuda pública, que no se ha investigado cómo y por qué creció sin control alguno ni en que se invirtieron esos recursos. El presidente Peña Nieto ha visitado más de una decena de veces la entidad y en esas visitas sus mensajes expresan expectativas de mejora en la población. Sin embargo, las reformas estructurales aprobadas en su gobierno, representan un riesgo mayor en el deterioro ambiental en el territorio y esto va a generar una resistencia de las comunidades indígenas, debido a que una serie de proyectos económicos previstos para Chiapas; como son la construcción de dos presas hi-
droeléctricas y una termoeléctrica; el desarrollo de la explotación minera y la extracción de gas y petróleo, que desde los años setentas del siglo pasado se sabe que existen en gran parte del subsuelo chiapaneco, así como el megaproyecto turístico en Agua Azul, son una amenaza para la cultura y el territorio de los pueblos indios. Los conflictos en Chiapas están latentes en gran parte del territorio. Hoy día, se viven problemas de gobernabilidad en los municipios de Oxchuc, Tila, Chenalhó, Venustiano Carranza, Ixtapa, Altamirano, Las Margaritas, Bochil, Chanal, Simojovel, El Bosque, Chilón, Ocosingo, Yajalón, Chicomuselo, Frontera Comalapa y San Cristóbal de las Casas, en donde los gobiernos municipales se encuentran fuertemente impugnados y rebasados. De igual manera el actual gobierno local, no ha sabido responder económica ni políticamente a los problemas de la entidad y hoy se vive un presente incierto que agudiza las perspectivas y las condiciones del futuro. En Chiapas la perversión de lo político es extrema, pues en los primeros tres años de gobierno la preocupación de los funcionarios fue
ganar las elecciones y gran parte del presupuesto fue destinados para la obtención del voto; hoy día, en el quinto año de gobierno, la situación social ha empeorado por la crisis financiera, pero la preocupación de los funcionarios sigue siendo la misma que en el inicio del gobierno: obtener el máximo de provecho económico y abrir las posibilidades políticas para el 2018. Estos funcionarios nunca entendieron que lo político es todo el sistema mediante el cual se mueve el ejercicio del poder y la construcción de gobernabilidad democrática. Esto ha generado una ausencia del quehacer político, que produjo una inacción del gobierno en la toma de decisiones, que alimentó la movilización de los grupos y la protesta social, que tiene en jaque a varias presidencias municipales y al gobierno estatal. En realidad, este gobierno desperdició la oportunidad de construir y ofertar nuevas condiciones de esperanza para un futuro mejor y actuó con indiferencia ante los problemas sociales de la entidad. Nunca tuvo como preocupación la necesidad del cambio y tampoco envió señales que generaran certezas y no el caos que se percibe en todos lados por la falta de autoridad en la toma de decisiones.
DIRECTOR GENERAL
José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL
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Sujeto mata a líder priista en Chiapas… luego es linchado y ejecutado por los pobladores Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
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l líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio serrano de Siltepec, Walter González Arriaga, fue ejecutado esta mañana, luego de una discusión con transportistas de carga. El presunto asesino, Valente Ruiz Guzmán, fue linchado por pobladores y posteriormente trasladado al hospital de la localidad, donde finalmente murió. De acuerdo con testigos, los hechos ocurrieron alrededor de este medio día en el predio conocido como La Independencia. En ese lugar, González Arriaga encabezó una discusión con propietarios de camiones de carga, cuando de repente un hombre armado salió de entre la multitud y le disparó directo a la cara. De inmediato el pistolero fue detenido y severamente golpeado por simpatizantes de González. Un grupo que iba con el agresor
De la redacción Ciudad de México (apro)
La vocera del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en Veracruz, Adriana Chávez Reyes, denunció haber sido víctima de detenciones arbitrarias y agresiones físicas, junto con otros dos compañeros de la organización, luego de realizar una serie de actividades políticas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Según su testimonio, el pasado 28 de junio, alrededor de 100 elementos del Mando Único arremetieron a golpes contra 40 miembros del FNLS, a la altura de la caseta de peaje Chiapa de Corzo–Tuxtla Gutiérrez, cuando difundían con volantes y mantas en mano información sobre la ejecución del niño Humberto Morales Sántiz. De 13 años, el menor fue asesinado el pasado 28 de febrero en el municipio de Ocosingo, Chiapas. Su cuerpo fue encontrado con un impacto de bala en la cabeza y signos visibles de tortura. Adriana Chávez aseguró que al momento de la represión los elementos policiales portaban palos, escudos, gas lacrimógeno, y otros objetos con los cuales golpearon a los hombres en la cara y el cuerpo y
De acuerdo con testigos, los hechos ocurrieron alrededor de este medio día en el predio conocido como La Independencia. En ese lugar, González Arriaga encabezó una discusión con propietarios de camiones de carga, cuando de repente un hombre armado salió de entre la multitud y le disparó directo a la cara
lo llevó al hospital para recibir atención médica, pero a los pocos minutos simpatizantes del líder
del Revolucionario Institucional en Siltepec llegaron al nosocomio y, tras insultarlo, le arrancaron los
ojos y lo ejecutaron. Horas después de los hechos, la Fiscalía General del estado (FGE) dio a conocer que investiga el homicidio de los dos hombres. Destacó que peritos especializados y elementos de la Policía Especializada se apersonaron en el sitio para recabar datos y los indicios necesarios para el esclarecimiento del caso. Señaló que el cuerpo de Walter González Arriaga presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego, con orificio de entrada en la mejilla del lado izquierdo. Respecto del asesinato de Valente Ruiz Guzmán, la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra precisó que tras el homicidio del priista, un grupo de pobladores lo retuvo y luego lo mató.
Vocera de frente socialista denuncia detenciones arbitrarias y golpes a manos de policía de Chiapas a las mujeres las arrastraron del cabello, les subieron las blusas arriba de los senos y las agredieron. A ella y a otros dos miembros del FNLS, agregó, los subieron a la patrulla número PCC0012. Dentro, el policía –identificado en su placa como “J.A.SILVA”- les tomó fotografías del rostro y los insultó verbalmente. En el acto también inmovilizaron y golpearon a un hombre que, a pesar de no ser parte del frente, trató de ayudar a la organización al ver el enfrentamiento con los policías. Posteriormente, fueron llevados a la Fiscalía de Distrito Centro Jardines de Grijalva en Chiapa de Corzo, donde intentaron hacerlos firmar “sus derechos” sin conocer el motivo de su detención; además, les tomaron más fotografías y les pidieron sus datos personales. Después de la intervención del Comité Cerezo México y de la asociación civil Kinal Antzetik, los detenidos fueron trasladados “en medio de un fuerte operativo de seguridad” a las instalaciones de la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) el 30 de junio, cuando fueron liberados a las 14 horas. “Nos trataron como si fuéramos los más peligrosos delincuentes del país. El gobierno reprime, detiene y desaparece de manera forzada, ejecuta extrajudicialmente a todo aquel que exija sus derechos y libertades políticas. Para ellos no existen los derechos humanos, nosotros somos ‘delincuentes’ según
su lógica, ese trato es el que nos dan, amenazas, gritos, golpes y tortura psicológica”, sentenció Adriana Chávez Reyes. Por estas acciones, la vocera del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo exigió justicia y que se castigue y enjuicie a los responsables, tanto del nuevo acto de represión, como de otros hechos de hostigamiento en su contra.
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Conafor Reforestará Mil 300 Hectáreas Consumidas por Incendios en el Soconusco Marvin Bautista Tapachula, Chis. (interMEDIOS)
L
a Comisión Nacional Forestal (Conafor) en coordinación con autoridades estatales y habitantes de comunidades iniciarán en los próximos días con la reforestación de las áreas que fueron arrasadas por incendios durante la temporada de estiaje. El Coordinador regional de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) Andrés Cabrera Trinidad dio a conocer que fueron más de mil 300 hectáreas tanto de tulares y forestales las que fueron arrasadas por incendios, áreas que se buscan restaurar, ya que forman parte fundamental del equilibrio de la zona. Dijo que la campaña de reforestación se intensificará en los municipios de Mazatán, Huixtla, Villa Comaltitlán, Acacoyahua, Acapetahua y Escuintla, que fueron los municipios con el mayor número de hectáreas consumidas, por lo que se trabaja de manera coordinada con los ayuntamientos y comunidades para abarcar la mayor extensión posible. Señaló que de las mil 300 hectáreas consumidas, alrededor de 70
De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)
El presidente de la Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas (Coestrach), Jorge Omar Vázquez Martínez, sostuvo que el plantón que mantienen frente al Palacio de Gobierno del estado, es en respaldo a los choferes asalariados que por más de 20 años han buscado una concesión para trabajar en la legalidad. Dijo esto, luego de que la diputada María de Jesús Olvera Mejía lo señalara de manejar un grupo extenso de taxis “piratas” en complicidad con el subsecretario de gobierno de la zona metropolitana, Jovani Salazar. Vázquez Martínez, reconoció que los transportistas manifestantes estaban trabajando sin una concesión; incluso, la Secretaría de Transportes, a través de un operativo les decomisó tres unidades; sin embargo, aclaró que estas circulaban con el permiso “verbal” otorgado, en el mes de enero, por el titular de la dependencia estatal, Mario Carlos Culebro Velasco. Dicha autorización fue instruida por el funcionario para que los asalariados apoyaran el plan de emergencia con el que la autoridad respondió al
El Coordinador regional de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) Andrés Cabrera Trinidad dio a conocer que fueron más de mil 300 hectáreas tanto de tulares y forestales las que fueron arrasadas por incendios, áreas que se buscan restaurar, ya que forman parte fundamental del equilibrio de la zona
corresponden a forestales, principalmente en la reserva de la Encrucijada, por lo que se trabaja en un proyecto especial para reforestar con manglares y poder restaurar una de las principales áreas naturales protegidas que ayudan al equilibrio de la temperatura de la zona y que son el hábitat de decenas de especie de fauna y flora. Detalló que la dependencia cuen-
ta con más de 800 mil árboles maderables para realizar las acciones de reforestación en las áreas siniestradas de la región, por ello se invita a la población a sumarse a estas actividades y con ello mitigar las afectaciones en cuanto al cambio climático. El funcionario federal enfatizó que esta campaña intensiva de reforestación iniciará en los próximos días, ya que las condiciones climáticas son
favorables para que los árboles de cedro, primavera y roble que serán sembrados puedan desarrollarse de manera óptima, pero en áreas de tulares con la caída de lluvias han comenzado a crecer nuevamente la vegetación. “Es importante porque aquellos ecosistemas que fueron afectados por los incendios necesitan ser restaurados, sobre todo porque los árboles ayudan a mitigar el cambio climático y a mantener la temperatura adecuada, además de que sirven como el medio de reproducción de fauna nativa de la zona” sostuvo. Para finalizar puntualizó que es importante iniciar con las actividades ambientales en esta temporada de lluvias, ya que el factor climático es de suma trascendencia para que los árboles puedan desarrollarse y así coadyuvar a restaurar aquellas extensiones de terreno que fueron consumidas por los incendios. (iM rrc)
Olvera Mejía es quien dirige el “pirataje” en Chiapas, revira la Coestrach paro de transporte -en la modalidad de colectivo- que realizó Bersaín Miranda Borraz y que causó afectaciones a la ciudadanía por ser la opción de movilidad más accesible en la capital chiapaneca. “Hay que decirlo claro, quien en verdad ha manipulado y lucrado con las concesiones, lacerando los derechos de los verdaderos transportistas ha sido la diputada María de Jesús Olvera Mejía. Cabe señalar que en diferentes municipios del estado de Chiapas, circula una gran cantidad de motoxais piratas, al igual que los más de 600 taxis irregulares que circulan por Tuxtla Gutiérrez y que son dirigidos por esta señora”, reviró el dirigente de la Coestrach. Asimismo, denunció que dentro de las instalaciones de la CTM (que también dirige Olvera Mejía) cerca de 25 unidades nuevas (Aveo) hacen sitio para después circular de forma irregular hacia el fraccionamiento Jardines del Grijalva. Por otra parte, la acusó de tener
gente a su servicio dentro de la Secretaría de Transportes (ST) del estado: “Como les decía, ella, junto con el licenciado Romeo Montejo, que es el coordinador de delegados en la Secretaría de Transportes, ha manipulado el pirataje en el estado.” Además, el líder de la Coestrach, recordó el audio filtrado a los medios de comunicación, donde Romeo Montejo (quien revela ser ahijado de la legisladora) se compromete con ella para entregarle las boletas correspondientes para poder amparar sus unidades (piratas) y así circular sin problemas. De esta forma, enfatizó “creo que la diputada Olvera carece de calidad moral para hacer este tipo de señalamientos (…) también recordemos que el año pasado amenazó con `hacer un desmadre´ en la Secretaría de Transportes, para que en un momento dado le regresaran el poder a su ahijado Romeo Montejo y efectivamente, así fue, causo desmanes en la subsecretaría de transportes donde resultó despedido el licenciado Antonio Mata Coello
para recuperar el poder el actual coordinador de delegados y ahijado de la diputada”, reveló. Cabe recordar que en últimas fechas, María de Jesús Olvera Mejía, causó revuelo en el gremio periodístico de la entidad, tras haber demando al periodista Silvano Bautista, por supuesto “daño moral” y pidiera la reparación del mismo con 5 millones de pesos. Esto, luego que el comunicador revelara -el 25 de octubre de 2016- que la legisladora priista enfrenta demandas por homicidio en grado de tentativa, fraude, asociación delictuosa, motín y falsificación de documentos y privación ilegal de la libertad, entre otros.
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De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)
J
aime Martínez Veloz, Comisionado para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que si existe voluntad política por parte del Gobierno estatal, por lo que los habitantes de Oxchuc podrán elegir a sus autoridades a través de los “usos y costumbres” en los próximos comicios electorales, luego del reconocimiento de los derechos normativos que hizo el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH). Sin embargo, dijo que se tiene que realizar un procedimiento para que este derecho se concrete en la práctica, es decir, una serie de estudios socioeconómicos y antropológicos que deben realizar las dependencias estatales y federales. Explicó hay disposición de ambas instancias para agilizar el proceso y culmine antes de 2018, periodo en el que se realizarán votaciones, pero será en los próximos días cuando inicien los trabajos, para cumplir con estos aspectos básicos. Por su parte, Gabriel Méndez, integrante de la Comisión Permanente de Oxchuc, señaló que esta resolución evitará muchos problemas sociales o conflictos preelectorales, porque se regresará a la época ancestral de elección. Destacó que la determinación que tomó el Tribunal es buena, porque habrá un respeto a los pueblos originarios y a las decisiones políticas, principalmente, porque ninguna persona gubernamental impondrá “por dedazo” a los funcionarios municipales. Aclaró que el presupuesto municipal no depende los propios partidos políticos, esto en referencia a que a
De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló que a cada uno de los habitantes del estado de Chiapas le cuesta 2,162.80 pesos anuales un diputado local de la LXVI Legislatura del Congreso. Así lo dio a conocer a través del documento “Informe Legislativo 2017”, el cual analiza la composición y conformación de los congresos locales, el manejo que hacen de los recursos públicos y su desempeño legislativo. Cabe destacar que en México hay 1,124 diputados locales que tienen como función defender el interés público. A pesar de su importancia, pocas veces son estudiados, monitoreados, llamados a rendir cuentas y a mejorar su desempeño. De acuerdo con el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México (INE-Colmex, 2015), el 82% de los mexicanos no confía en los diputados. Debido a la limitada información disponible, para construir esta segunda edición del Informe Legis-
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Elecciones por “usos y costumbres” evitarían problemas sociales y preelectorales en Oxchuc Por su parte, Gabriel Méndez, integrante de la Comisión Permanente de Oxchuc, señaló que esta resolución evitará muchos problemas sociales o conflictos preelectorales, porque se regresará a la época ancestral de elección
través de las redes sociales se difundieron mensajes donde mencionó que programas sociales desaparecerían con la resolución del Tribunal local. Martínez Veloz precisó que, a la par de este proceso que reconoce el tema de “usos y costumbres” para
elegir a sus autoridades, también se deben respetar los derechos humanos de las mujeres. Mencionó que el reclamo de los pueblos indígenas para elegir a sus autoridades por medio de los “usos y costumbres” es un reclamo ancestral pero, además, está pactado en el
acuerdo de San Andrés Larrainzar, aunque no se ha concretado en la Constitución local. Señaló que de cara a las elecciones de 2018, la población que vive en Oxchuc tiene dos opciones; la primera, impulsar una reforma a la Constitución para agilizar este derecho (aunque ya se hicieron cambios y no se contempló esta opción); dos, irse por la vía tradicional que usaron por muchos años. Puntualizó que si esto se concreta en Oxchuc, será un avance fundamental para que otras comunidades indígenas retomen estas peticiones y elijan a sus representantes sin la intromisión de los partidos políticos. Finalmente, aclaró que el problema que vive ese municipio de Chiapas se puede solucionar solo si hay voluntad política para acatar la sentencia; de lo contrario, se generará un vacío en los conflictos y la tensión social incrementará.
A cada chiapaneco le cuesta 2,162.80 pesos anuales un diputado local: IMCO lativo se consultaron 32 sitios web, se revisaron 65 marcos normativos y 32 tomos de cuenta pública. Además se enviaron 800 solicitudes de información (25 a cada congreso), de las cuales el 79% fueron respondidas de manera satisfactoria. Solo las legislaturas de Campeche, Chihuahua y Sinaloa respondieron satisfactoriamente el 100% de las solicitudes, mientras que los congresos con menor porcentaje de respuestas adecuadas fueron Morelos (36%), Veracruz (32%) y Colima (16%). En 2003 la composición de las legislaturas locales estaba integrada por 82% diputados y 18% diputadas. Actualmente, el 58% de los legisladores son hombres y el 42% mujeres. En cinco congresos (Campeche, Chiapas, Chihuahua, Querétaro y Zacatecas) hay más diputadas que diputados.
Ahora bien, según el IMCO el presupuesto del Congreso del estado de Chiapas para este 2017 es de 290 millones 987,851.35 pesos, por diputado el presupuesto es de 7 millones 274,696.28 pesos. Cada diputado representa, en promedio, a 134,552
habitantes, por lo que el presupuesto por habitante es de 54.07 pesos. Considerando las cifras anteriores, puede determinarse que a cada chiapaneco le cuesta un total de 2,162.80 pesos anuales cada diputado local.
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Capturan al operador de los “taxis aéreos” de Roberto Borge Sergio Caballero Cancun, Q. Roo (apro)
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lementos de la Policía Ministerial detuvieron a Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, exdirector de la empresa de arredramiento de aviones, VIP Saesa, uno de los emblemas de la corrupción del exgobernador Roberto Borge. Además de Borge Angulo, otros dos exfuncionarios fueron detenidos por diversas irregularidades en la administración estatal anterior”, entre ellos una exservidora pública que actualmente sigue su proceso en libertad. La Fiscalía General del Estado (FGE), informó en un comunicado que cumplimentó una orden de aprehensión, derivada del expediente 151/2017, “en contra del imputado de iniciales C.A.A.G.”, a quien se le imputa el delito “de desempeño irregular de la función pública”. “La notificación judicial se realizó en el bulevar Bahía con calle Elizabeth en el fraccionamiento Bahía de la ciudad de Chetumal”, precisó el organismo. Tras su detención, el exfuncionario “fue certificado médicamente y con posterioridad trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, en donde quedó a disposición del juez de control que lo requirió”, subraya la FGE. Acosta Gutiérrez estuvo al frente de VIP Saesa desde la gestión del entonces gobernador Félix González Canto, también surgido de las filas del PRI.
Ezequiel Flores Chilpancingo, Gro. (apro)
A casi dos meses de que el gobierno de Héctor Astudillo Flores anunció el operativo policiaco militar denominado Relámpago, para tratar de restablecer el orden en la región de la Tierra Caliente, las libertades ciudadanas están suspendidas y las garantías como el libre tránsito simplemente no existen. Ayer, un grupo de seis reporteros de varios medios documentaron la dramática situación que se vive en el poblado de La Agavia, considerado como el bastión de Raybel Jacobo de Almonte “El Tequilero”, donde el lugar se ha convertido en un pueblo fantasma, ante el desplazamiento forzado de más de 400 personas por la narcoviolencia. A través de un reporte oficial, el gobierno estatal informó que brindó protección a los comunicadores, al afirmar que una veintena de policías estatales a bordo de tres patrullas oficiales, escoltaron a los comunicadores de la cabecera de San Miguel Totolapan al poblado de La Agavia sobre un tramo de seis kilómetros de terracería surcado por militares, luego de que el pasado 19
El pasado 18 de octubre, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso local emitió un informe en que el confirmó irregularidades en la paraestatal VIP Saesa cometidas en la administración de Roberto Borge, como el pago de 40 millones de dólares y de 320 millones de pesos para la renta de aeronaves a 22 empresas, entre cuyos clientes figuran familiares del exmandatario estatal y del senador Félix González, así como líderes priistas. El perredista Emiliano Ramos Hernández, presidente de dicha comisión, entre otros elementos, señalo que de 2011 a 2016 VIP Saesa subcontrató los servicios de 22 empresas para la renta de 11 diferentes tipos de aeronaves, por 40 millones 192 mil 505 dólares y 319 millones 941 mil 164 pesos con 92 centavos. De acuerdo con el reporte, las empresas beneficiadas con esta subcontratación fueron Aero JL SA de CV con 112 millones 510 mil 860 pesos; Servicio Aéreo Milenio con 101 millones 207 mil 751 pesos, y Aerotaxi Villa Rica SA de CV con 35 millones 203 mil 853 dólares y 63 millones 191 mil 692 pesos. En los servicios de la empresa Aerotaxi Villa Rica –del Consorcio Intra, de Francisco Ruiz Anitúa, compadre del exgobernador Borge Angulo– figura el pago de un total de 10 millones 527 mil dólares al año por subarrendar dos aviones Cessna I y Cessna II, así como un helicóptero Augusta Power. Las cuentas pendientes por cobrar de VIP Saesa, dice el documento, as-
cendieron, en ese momento, a 254 millones 981 mil 233 pesos, y aquéllas corresponden a dependencias del gobierno del estado, ayuntamientos, al Congreso local y al PRI. El mayor monto de los ingresos por cobrar corresponde a la Oficialía Mayor del gobierno del estado, con 245 mil 957 millones 550 pesos. En tanto el PRI debe 480 mil 627 pesos por servicios contratados entre el 5 de abril de 2011 y el 24 de septiembre pasado. Respecto de los aviones propiedad de VIP Saesa, éstos fueron usados por familiares de Roberto Borge, González Canto y otros funcionarios. El 28 de septiembre, Acosta Gutiérrez compareció ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en donde deslizó por primeros desvíos multimillonarios en la renta de aviones y helicópteros a empresas privadas para el uso del ahora exgobernador Roberto Borge. Además, a través de los servicios de VIP Saesa se transportó el expresidente de la Gran Comisión del Con-
greso local, Pedro Flota Alcocer, así como funcionarios del PRI, partido que adeuda a la paraestatal casi 450 mil pesos. De acuerdo con Acosta Gutiérrez, VIP Saesa subcontrató desde 2011, con el inicio de la gestión de Borge, los jets Cessna Citation XLS Alfa y Citation XLS Plus, matrículas XU-AHQ y XU-ARQ, respectivamente, para 100 y 50 horas mensuales a la empresa AeroTaxi Villa Rica. Por cada avión, VIP Saesa pagaba 4 mil 500 dólares la hora de vuelo. Por aún, desde el 1 de enero de 2014 la paraestatal rentó también a AeroTaxi Villa Rica un helicóptero por 25 horas al mes a un costo de 3 mil 250 dólares la hora. Según las cuentas de la diputada panista Mayuli Martínez, VIP Saesa destinó 956 millones de peso sólo para la transportación de Borge Angulo. El excolaborador de Borge detenido fue Mauricio Rodríguez Marrufo, que se desempeñaba como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). Posteriormente fue detenida la subsecretaria de Vivienda de Seduvi y extitular de esa dependencia, Paulina García Achach, caso en el que el juez de control determinó que podría seguir en libertad el proceso y le fijó una garantía por 39 millones de pesos. Roberto Borge está bajo arresto en Panamá, en espera de ser extraditado para luego encarar cargos formulados por la Procuraduría General de la Republica (PGR).
Pese a operativos, no hay libertad de tránsito en la región de Tierra Caliente de Guerrero de junio, cuatro policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) y un civil murieron durante un enfrentamiento donde también resultaron heridos siete agentes federales. Posteriormente, los comunicadores fueron resguardados por los policías estatales hasta la ciudad de Iguala, ante la falta de garantías para transitar libremente sobre la vía federal que conecta la zona norte con la región de Tierra Caliente. De esta manera, los reporteros y fotoperiodistas realizaron su labor en una zona silenciada por la violencia, impunidad y corrupción gubernamental, donde grupos delictivos disputan las áreas de producción y trasiego de heroína, así como el control de la explotación minera en los municipios de Arcelia y San Miguel Totolapan ante la mirada complaciente de autoridades de los tres niveles y el Ejército. Dos meses antes, las autoridades ya habían actuado de la misma forma, al
trasladar vía aérea a un grupo de comunicadores al municipio de San Miguel Totolapan porque en la carretera no había garantías transitar libremente ante la presencia de grupos armados vinculados con el narco que mantienen retenes sobre la vía federal en los municipios de Teloloapan, Acapetlahuaya y Arcelia. A pesar del contexto de suspensión de libertades ciudadanas y el desplazamiento forzado de personas por la violencia, el gobernador Astudillo se niega a reconocer la crisis humanitaria que vive la sociedad en la región de Tierra Caliente, conformada por nueve municipios, y la zona norte que colinda con el sur del Estado de México donde el narco lo controla todo. Ello a pesar de que la misma situación de extrema violencia y silencio se replica en otras zonas como Chilapa, Acapulco y Chilpancingo, donde pandillas y grupos de autodefensa operan impunemente y mantienen el control de territorios completos, situación que
refleja ausencia plena de gobierno. El pasado 11 de mayo, el gobernador Astudillo anunció la operación policiaco militar denominada Relámpago en los municipios de Arcelia y San Miguel Totolapan, con el propósito, dijo, de detener a “El Tequilero” y el líder del grupo antagónico de La Familia, identificado como Jonhy Hurtado Olascoaga “El Mojarro”. No obstante a la fecha, la impunidad campea en la región de Tierra Caliente donde “El Mojarro” ha sido señalado por el gobierno federal de ser socio de empresas mineras asentadas en Arcelia, entre ellas la de Carlos Ahumada Kurtz y la de Campo Morado. Mientras que el fiscal en la entidad, Xavier Olea Peláez, aseguró que el verdadero líder de la banda de Los Tequileros, es el exalcalde de San Miguel Totolapan y actual diputado local priista, Saúl Beltrán Orozco, quien actualmente se desconoce su paradero porque solicitó licencia al cargo por tiempo indefinido.
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Miércoles 5 de Julio 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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La tasa de homicidios en 2017 podría ser igual a la de 2011, cuando se tuvo el máximo histórico, advierten De la redacción Ciudad de México (apro)
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a tasa de homicidios en 2017 podría alcanzar la de 2011, históricamente el año en que la violencia en el país tuvo un máximo histórico, con 19.75 crímenes por cada 100 mil habitantes, alertó la organización México Evalúa. De acuerdo con su directora general, Edna Jaime, México “necesita una estrategia integral para reducir los homicidios, basada en la revisión de evidencia y que garantice el acceso a la justicia y el respeto a los derechos fundamentales”. En ese sentido, destacó que para hacer descender la cifra de asesinatos, tomando en cuenta el alza de 32% que se registró en el país entre 2014 y 2016, diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron un plan nacional. Dicho plan se dio a conocer en el marco del lanzamiento de la Campaña #MxSinHomicidios, coordinada por México Evalúa y Enjambre Digital, en colaboración con México SOS, Causa en Común, Data Cívica, Universidad de San Diego, Reinserta un Mexicano, Instituto Igarapé, Insyde, Observatorio Nacional Ciudadano, Institute for Economics and Peace, Ve por Sinaloa, Fósforo y Open Society Foundations. El programa concentra una serie de propuestas de políticas públicas foca-
De la redacción Ciudad de México (apro)
El titular de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Vidal Francisco Soberón Sanz, ratificó este martes su compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos, y dejó en claro que ninguno de los integrantes de esa institución “está obligado” a seguir órdenes que vulneren esos principios. A su vez, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), subrayó que los miembros de las Fuerzas Armadas son y deben seguir siendo baluarte y símbolo de profesionalismo, dignidad, servicio y respeto a la ley. De ahí la importancia de que las eventuales violaciones a los derechos humanos en que incurran deben ser “oportuna y debidamente sancionadas e investigadas”, dijo el ombudsman nacional. Soberón Sanz y González Pérez señalaron lo anterior durante la ceremonia de entrega de la Cartilla de Derechos Humanos al personal naval, en la sede de la Semar. El titular de la Secretaría de Marina destacó que ese documento deja
lizadas en la contención y reducción de homicidios dolosos, entre las que se encuentran el fortalecimiento de la procuración de justicia y la reducción de impunidad a través de unidades especializadas de investigación y política criminal, de acuerdo con un comunicado de México Evalúa. Las otras propuestas incluyen: la consolidación de policías orientadas al modelo de solución de problemas; el desarrollo de programas efectivos de desarme y registro de armas; el impulso de programas de prevención prioritaria (tales como el uso de terapias cognitivo-conductuales con adolescentes en conflicto con la ley), y la mejora de la capacidad de sistematización y análisis de información estadística sobre homicidios. De acuerdo con México Evalúa, históricamente 2011 ha sido el año en que la violencia en México alcanzó un máximo histórico, con una tasa de homicidios de 19.75 por cada 100 mil habitantes. Por otra parte, 2016 ha sido el año más violento en lo que va de este sexenio, con una tasa de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, de enero a marzo de este año, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 6 mil 511 personas han sido víctimas de homicidio (mil 615 más que en el mismo periodo del año pasado), por lo
que los especialistas sostienen que de continuar con la tendencia actual, la tasa de homicidios en 2017 podría ser equiparable a la de 2011. Sobre las propuestas incluidas en el plan, Gabriela Capó, directora ejecutiva en Insyde, declaró que “la procuración de justicia tiene una responsabilidad muy clara para disuadir la comisión del delito y por ende ir abatiendo la curva de violencia”. Por su parte, José Merino, director de análisis de datos en Data Cívica, manifestó que la información con la que cuentan “no es suficiente ni consistente para poder tomar las decisiones que necesitamos en materia de seguridad”. “Es importante que el compromiso de las autoridades para destinar recursos y llevar a cabo acciones para la disminución sostenida de homicidios se incorpore en planes y acciones de gobierno”, explicó a su vez Orlando Camacho, director general de la Fundación México SOS. Tras manifestar que la campaña “es más necesaria que nunca”, Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta un Mexicano, resaltó que ante la escasez de
recursos “es importante destinar el presupuesto a programas de prevención que ayuden a interrumpir procesos que conducen a la ocurrencia de homicidios, tomando en cuenta el perfil de las víctimas y victimarios”. El coordinador de Enjambre Digital, Jesús Robles Maloof, señaló que “para lograr sus objetivos, esa campaña no puede dejar de lado a la sociedad civil. Los ciudadanos deben contribuir a la búsqueda de soluciones y compromisos para reducir los homicidios en nuestro país”, sostuvo. Para tal efecto, convocó a la audiencia a sumarse a la Marcha Digital Minutos de Silencio por un #MXSinHomicidios. Para ello la ciudadanía debe grabarse en un video en completo silencio durante un minuto y compartirlo en la página de Facebook @minutosdesilenciomx en memoria de cada una de las 22 mil 935 víctimas de homicidio doloso registradas en el 2016. México Evalúa destacó que #MxSinHomicidios Campaña para la reducción de homicidios en México es parte de la campaña regional denominada “Instinto de vida”, que se lleva a cabo de manera simultánea en siete países de América Latina. Expertos consideran que si no se toman decisiones ahora la tasa de homicidios podría escalar de 21 a 35 por cada 100 mil habitantes en los próximos años.
Marinos no están obligados a seguir órdenes que vulneren derechos humanos: Semar constancia de que “ningún marino está obligado a obedecer órdenes cuando impliquen un delito, una violación a los derechos humanos o infrinjan la disciplina naval”, y muestra la importancia de emplear el manual del uso de la fuerza, de aplicación común, para las tres Fuerzas Armadas. El documento, agregó, va más allá de la mera exposición de preceptos legales, toda vez que hace hincapié en el trato que deben recibir las niñas y niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, enfermos, discapacitados y “quienes ejercen la noble profesión del periodismo y la defensoría de los derechos humanos. “Es un trabajo que nos permite seguir sumando acciones que contribuyen a posicionar el respeto y la garantía de los derechos humanos como punto central de nuestro actuar”, enfatizó Soberón Sanz. Subrayó que el que haya víctimas a manos de los integrantes de las Fuerzas Armadas mexicanas “es contrario a toda definición propia de nuestra razón de
ser”, por lo que jamás será tolerada tal conducta en las filas de la institución. “Estamos muy conscientes de que aún tenemos retos, pero es evidente nuestro compromiso por emprender acciones concretas con efectos duraderos y no sólo con respuestas inmediatas, que limpien las heridas, sin sanar el problema de raíz”, añadió. En ese sentido, el funcionario federal aseveró que tienen claro que la única vía para lograrlo está trazada por la legalidad, la transparencia, la capacitación y profesionalización del personal. Por ello, “estamos empeñados en implementar tantas acciones y mecanismos como hagan falta, a fin de mantener intacta la razón de ser de las Fuerzas Armadas. Una razón de ser que se puede resumir en nuestro noble deseo de servir a su pueblo y de velar por el bien común. “Unas Fuerzas Armadas dispuestas en todo momento a conducirse con transparencia, hacia la sociedad, unas Fuerzas Armadas en un actuar cimentado en el absoluto respeto a los dere-
chos humanos”, expresó. En su oportunidad, el ombudsman nacional mencionó que “la conducta de aquellos servidores públicos que se apartan del debido cumplimiento de su deber y de la observancia de la ley no debe mermar la credibilidad ni poner en entredicho a instituciones enteras”. De acuerdo con González Pérez, las tareas de combate a la inseguridad y al crimen organizado “no son incompatibles con el respeto a los derechos humanos”. La observancia de las garantías de los ciudadanos “no son ni pueden ser vistas como un recurso o vía para la ilegalidad”, subrayó. Y exhortó a la Semar para que siga reforzando entre todo su personal una cultura de protección de los derechos humanos. En esta labor, dijo, la CNDH “es una instancia aliada que, a través de ejercicio como éstos y en pleno respeto a las autonomías y competencias, se compromete y colabora para prevenir las violaciones a los derechos humanos”. (Con información de la agencia Notimex)
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Julie Lopez Ciudad de Guatemala (apro)
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or segunda ocasión en 10 días, un tribunal guatemalteco ordenó la extradición a México del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, surgido de las filas del PRI. Es el segundo pedido de extradición que Duarte acepta en el mismo lapso. Hacerlo significa que México no puede juzgarle por otros delitos más que los especificados en ambos pedidos de extradición, según el tratado en esa materia que Guatemala y México firmaron en 2005. “He decidido allanarme al pedido de extradición formal de México en relación con los delitos federales, de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos”, dijo Duarte este martes 4 ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala. “Es mi deseo así acreditarlo ante la Federación de mi país”. El anuncio del exgobernador pone en marcha el proceso de extradición que aceptó el martes 27 de junio por delitos estatales ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, que se suspendió hasta que se resolviera el proceso por cargos federales. El abogado guatemalteco de Duarte, Carlos Velásquez Domínguez, dijo que el exgobernador podría regresar a México en tres o cuatro semanas (15 a 18 días hábiles). Las resoluciones de los tribunales deben ser enviadas a la Corte Suprema de Justicia para su notificación, que luego las envía al Ministerio Público (MP). Este a su vez notifica a Cancillería, y ésta a la Embajada de México para gestionar el traslado del exgobernador al vecino país del norte. Un oficial del tribunal dijo que un factor de retraso podría ser que Duarte necesite un pasaporte válido para salir de Guatemala. El subdirector general de Investigación Criminal, Stu Velasco, de la Policía Nacional Civil (PNC), dijo que incautaron al exgobernador varios documentos después de su captura el 15 de abril, pero no reveló de cuáles se trataba. Horas después de la captura, la PGR reveló que Duarte entró al país por tierra y en un “punto ciego”. Es decir, ilegalmente. No obstante, su esposa Karime Macías y sus hijos sí ingresaron a Guatemala con pasaportes originales. La decisión devolverá a Duarte a suelo mexicano casi a un año y medio
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Duarte acepta segunda orden de extradición de un tribunal en Guatemala de que concluya el sexenio actual de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, por ahora poco indica que este contexto haría alguna diferencia cuando sus excolaboradores también acusan al exgobernador de actos de corrupción, incluso dentro del Comité Directivo Estatal del PRI. El pasado 19 de abril Duarte escuchó cómo los cargos federales se sustentaban, entre otras evidencias, en una declaración de José Juan Janeiro Rodríguez, abogado fiscalista y su presunto cómplice, quien reveló cómo el exgobernador adquirió varias propiedades en México, incluyendo tres apartamentos por un valor aproximado de un millón de dólares cada uno. La PGR también encontró vínculos indirectos y directos en la comisión de delitos tras la adquisición irregular de propiedades entre Duarte y el empresario Moisés Mansur Cysneiros, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Alfredo Ortega López, y al menos otros cinco implicados, entre ellos Mónica Ghihan Macías Tubilla, cuñada de Duarte. El MP presentó 19 pruebas como respaldo de la acusación y que incluyen un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y escrituras de inmuebles asegurados en Veracruz, Estado de
México, Campeche y Guerrero. El fiscal Alejandro Guzmán también enumeró entre las pruebas documentos que registran el uso de fondos estatales con fines privados por parte de Duarte y su esposa, que incluían transacciones que involucran 21 parcelas ejidales en Veracruz. Sin embargo, el exgobernador calificaría la información como falsa. “No aparece mi nombre en el Registro Nacional Agrario, en ninguna prueba, ni de familiares directos”, afirmó. “No soy, nunca he sido ni seré ejidatario”. Según la PGR, por medio de un testaferro, Duarte tuvo acceso a 151.1 millones de pesos por medio de la compraventa fachada de otros ocho terrenos.
Entre las pruebas también hay transacciones bancarias y la documentada compra por medio de un testaferro de un yate a una empresa estadunidense. Detalles de esta operación los documenta un reporte del Departamento de Justicia estadunidense por medio del oficio DOJ-182-55-757, la prueba número 12 del proceso. Estas pruebas, entre otras, respaldaron el pedido de extradición pordelitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, acusación que consta en el proceso 382017 del 9 de marzo pasado, originado en una judicatura de Xalapa, Veracruz. El fiscal Guzmán dijo que la investigación que respalda el pedido de extradición está basada en ley, que no incluye delitos de índole política, y por eso solicitó al tribunal que aprobara la extradición. No obstante, Velásquez explicó que la acusación “no demuestra una relación de causalidad ni participación” de su defendido. El abogado subrayó que, aunque Duarte aceptó la extradición, quisieron manifestar que no se probó su vinculación. Y justificó la acusación en que su cliente es un personaje público y por ende tenía adversarios que querían perjudicarle. “La solicitud de extradición es infundada y no tiene sustento jurídico”, argumentó. Julia Barrera, portavoz del MP en Guatemala, explicó que una vez que la extradición está en curso en un tribunal guatemalteco, es porque cumple con los requisitos del tratado de extradición con el país solicitante. El abogado subrayó que el tratado garantiza que una vez que sea extradi-
tado Duarte, sólo sea juzgado por los delitos que sustentaron los pedidos de extradición. El pasado 27 de junio, frente al Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Duarte tambiénaceptó ser juzgado por delitos de incumplimiento al deber legal, tráfico de influencias y peculado, acusación que consta en el proceso 56-2017, del 30 de marzo pasado de la misma judicatura en Veracruz. El mismo se sustenta en que Duarte utilizó un helicóptero del gobierno de Veracruz dos días después de haber recibido licencia para dejar el puesto, y en la transferencia irregular de 220 millones de pesos mexicanos para programas de saneamiento de agua, y servicio de alcantarillado, entre otros servicios, cuando era gobernador. El exmandatario negó su responsabilidad en estos cargos. Al final de la audiencia del pasado 27 de junio, el abogado guatemalteco de Duarte dijo que no esperaba que su cliente fuera extraditado antes de ocho meses. Este es el lapso mínimo transcurrido en extradiciones por narcotráfico en las que el extraditable no se opone al proceso. No obstante, Velásquez estima que ello ocurra antes de agosto próximo. Según registros del MP, al menos 28 extranjeros han sido extraditados desde 2014 hasta la fecha, tres de ellos mexicanos. Estos casos no incluyen extradiciones por narcotráfico, cuyo trámite es más demorado. Un ejemplo es el del mexicano Daniel Pérez Rojas, “El Cachetes”, jefe de una célula Zeta en Guatemala. Fue capturado en abril de 2008 por participar en la matanza de 11 personas un mes antes en ese país. Un tribunal guatemalteco lo condenó a 47 años de cárcel en 2010, pero los recursos que presentó le permitieron que la Corte de Constitucionalidad habilitara a la Sala de Apelaciones con el fin de que permitiera cumplir la sentencia en México. Rojas fue extraditado en marzo de 2015, siete años después de ser capturado.
La Conago plantea reformas para “optimizar” el Sistema Penal Acusatorio De la redacción Ciudad de México (apro)
La Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), propondrá al poder legislativo y autoridades federales reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para modificar y “optimizar” la operación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio
(NSPA). De ser necesario, afirmó el jefe de Gobierno y presidente del organismo, Miguel Ángel Mancera Espinosa, también se propondrán cambios a la Constitución. Al encabezar el Foro para el Fortalecimiento del Sistema Procesal Penal, el mandatario capitalino dijo: “Es nuestra obligación proteger a la sociedad, estamos a tiempo
para corregir el rumbo, es necesario perfeccionar el NSPA, es indispensable”. Por su parte, el vicecoordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la CONAGO y gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, detalló que propondrán revisar la operatividad del sistema y solicitará prisión preventiva oficiosa para los delitos de feminicidio, extorsión,
secuestro y robo de hidrocarburos. Fayad Meneses, coincidió en que el Sistema Penal “es perfectible” y debe tener ajustes en su implementación, encaminados a la protección de los derechos humanos de las víctimas para que éstas “no se queden con la visión de impunidad y corrupción al interior de las áreas encargadas de investigación y justicia”.
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El Sistema Nacional Anticorrupción podrá intervenir en caso de espionaje De la redacción Ciudad de México (apro)
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l Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) podrá exhortar al gobierno federal a entregar información sobre el presunto espionaje a periodistas y activistas sólo si en su investigación la Procuraduría General de la República (PGR), concluye que se trata de hechos relacionados con actos de corrupción. El lunes pasado, el Comité Coordinador consideró improcedente el exhorto para requerir al gobierno información sobre el espionaje con el argumento de que ese delito está tipificado en el Código Penal Federal como intervención de comunicaciones privadas y no como un acto de corrupción. La Ley General del SNA establece que el Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité Coordinador la emisión de exhortos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Es decir, el comité no consideró que el presunto espionaje del gobierno pu-
El lunes pasado, el Comité Coordinador consideró improcedente el exhorto para requerir al gobierno información sobre el espionaje con el argumento de que ese delito está tipificado en el Código Penal Federal como intervención de comunicaciones privadas y no como un acto de corrupción
diera estar vinculado con corrupción. El mismo lunes, tras la conclusión del Comité Coordinador del SNA, la periodista Denise Dresser cuestionó a través de su cuenta de Twitter: “¿No es corrupción desviar recursos del erario para espiar a periodistas y activistas sin orden judicial?” Según explicó el comisionado
presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, la autoridad competente para solicitar la información sobre el presunto espionaje y llevar a cabo la investigación correspondiente es la PGR.
Una vez concluida la indagatoria, sólo si se determinara que se trata de hechos relacionados con actos de corrupción, el Comité Coordinador contaría con los elementos necesarios para emitir un exhorto y solicitar información a la instancia competente para la aclaración pública de los hechos, señaló Acuña Llamas. No obstante, el comisionado presidente recalcó que los actos de espionaje son inadmisibles en una democracia, y confirmó que el INAI, en el marco de sus competencias y atribuciones, iniciará las investigaciones pertinentes, y en su caso, la verificación oficiosa en contra de las instancias públicas y privadas que resulten involucradas en la recolección y tratamiento de datos personales mediante uso de software malicioso, para determinar lo que en derecho proceda.
Los libros de texto seguirán siendo gratuitos: Nuño De la redacción Ciudad de México (apro)
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, informó que los libros de texto seguirán siendo gratuitos, y destacó la experiencia de las comisiones de expertos que en los próximos nueve meses elaborarán los nuevos ejemplares. Esos textos, dijo, están relacionados con los planes y programas del Modelo Educativo, y el Libro del Maestro –agregó– es fundamental para el apoyo a los docentes. El titular de la SEP destacó el incremento de textos para lenguas indígenas, la renovación de los libros para telesecundaria y la preparación de los materiales braille o macrotipo para quienes tienen alguna discapacidad. Tras explicar que bajo el nuevo modelo los alumnos de preescolar habrán tenido contacto con 120 libros al concluir ese nivel educativo, Nuño comentó que la visión es construir educación multicultural, de acuerdo con el derecho de los pueblos indígenas, para que tengan materiales en su lengua, español e inglés. Hizo un reconocimiento a los expertos y a las academias nacionales de la Lengua, de Ciencias y de Historia, por su contribución en la elaboración de los nuevos materiales, y destacó la
importancia del proceso de alfabetización inicial de los niños, con un contacto con los libros, entre preescolar y primaria, para tener una comprensión más profunda de lo que lean. En el Salón Iberoamericano de la SEP, el funcionario federal explicó que también se incluirán los nuevos materiales en la plataforma digital @prende2.0, y resaltó el acompañamiento de la Academia Mexicana de la Lengua en la preparación de las guías de estilo de los nuevos libros de texto gratuitos, con la revisión antes de su publicación. El secretario de Educación reconoció la participación de representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y explicó que este trabajo no se da en el vacío, porque se ha contado con la participación de diversos sectores de la sociedad, y no sólo con el punto de vista de la SEP. Aurelio Nuño Mayer expresó que a partir del Modelo Educativo se avanza en el cambio pedagógico, la organización de las escuelas, la profesionalización de los maestros, la equidad e inclusión, y la nueva gobernanza del sistema educativo. Planteó que con la participación de unos 90 expertos se prepararon los nuevos planes y programas de estudio presentados el pasado 29 de junio. En su oportunidad, el subsecre-
tario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú, quien presentó a las comisiones de expertos, resaltó los componentes de la nueva propuesta curricular, y señaló la experiencia de los autores y coordinadores que trabajan ya en la elaboración de los nuevos libros de texto. Recordó que los cambios en planes y programas entrarán en vigor en dos etapas: preescolar, primero y segundo de primaria, y primero de secundaria, en el ciclo 2018-2019; de tercero a sexto de primaria, y segundo y tercero de secundaria, en agosto de 2019. Sostuvo que en la preparación de los libros de texto para educación indígena participarán estudiantes, maestros, líderes de comunidades y padres de familia. A su vez, el director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, Arturo José Ancona García-López, informó que en su momento se prevé elaborar y distribuir más de 180 millones de ejemplares, e indicó que para el siguiente ciclo escolar ya se distribuyeron a los centros de acopio 140 millones de textos, con materiales de alta calidad. Entre las especialistas que participan en la elaboración de los libros destacan las profesoras Gabriela Concepción y María Guadalupe Anaya Porras; la maestra María del Refugio Camacho Orozco, y las doctoras Do-
lores Amira Dávalos Esparza, Celia Díaz Argüero y Alejandra García Franco. Asimismo, la profesora María Catalina Josefina González Pérez; las maestras Silvia García Peña, Diana María Teresa González y María Eugenia Luna Elizarrarás Torres, y las doctoras Marina Kriscautzky Laxague, Dulce María López Valentín y María de los Dolores Lozano Suárez. También participan los maestros Roberto Víctor Luna Elizarrarás y Santiago Alonso Palmas Pérez; las maestras María de Lourdes Mendoza Reyes, Tatiana Mendoza von der Borch, Eva Moreno Sánchez, Alma Tsitsiki Olivares Nájera y Mónica Inés Schulmaister, además de las doctoras Diana Patricia Rodríguez Pineda, Ivonne Twiggy Sandoval Cáceres y Gabriela Margarita Soria López, y la licenciada Alma Cecilia Omaña Reyes.
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Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)
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a historia de Mireya, la mujer que por alrededor de siete años denunció la violación sexual contra sus tres hijos hasta que decidió quitarse la vida, podría repetirse por lo que más de 40 organizaciones civiles, académicas e instituciones de salud pública exigieron a las autoridades capitalinas esclarecer el caso y eliminar de la legislación capitalina la figura jurídica de Alienación Parental. El suicidio de Mireya Agraz Cortés, sus tres hijos, su padre y su madre (quien sobrevivió), ocurrido el 7 de junio en la delegación Magdalena Contreras de esta ciudad, fue el resultado de una cadena de inconsistencias y omisiones que obstaculizaron el acceso a la justicia para una mujer que en tres ocasiones denunció violencia sexual hacia sus hijos ante la Procuraduría General de Justicia capitalina, afirmaron activistas en conferencia de prensa. La directora fundadora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), Laura Martínez Rodríguez, precisó que en diciembre de 2010 Mireya se dio cuenta del abuso sexual contra su hijo de entonces tres años de edad, a quien se le practicaron tres peritajes a lo largo de estos años para comprobar su dicho. A pesar de que las pruebas salieron positivas él y sus hermanas gemelas fueron obligados a convivir con su padre, lo que llevó a que en 2014 una de las niñas también fuera abusada. Además Martínez Rodríguez explicó que como parte de petición de divorcio que L. Olvera, padre de los niños, interpuso en agosto de 2011, la jueza Silvia Araceli García Lara, del Juzgado Undécimo de lo Familiar, pidió un peritaje de Alienación Parental –figura jurídica reconocida desde 2014 en la legislación capitalina pero no avalada por ninguna institución de prestigio– para acreditar que la mujer
Montserrat Antúnez Estrada Ciudad de México. (Cimacnoticias)
Para que las mujeres víctimas de violación sexual se recuperen de los efectos psicológicos consiguientes a la agresión es esencial que se les garantice el acceso a la justicia, por ello urge capacitar en el ámbito psicológico y evaluar al personal encargado de atender este delito en las Agencias Especializadas de Delitos Sexuales y el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de delitos sexuales (CTA), dependientes de la Procuraduría capitalina, afirma experta en violencia sexual. La coordinadora y fundadora del Programa de Atención a la Violencia Sexual (PIAV) Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, Patricia Valladares de la Cruz, asegura en entrevista con Cimacnoticias que la recuperación plena de una víctima de violación depende de tres factores: el apoyo familiar, la atención médica y
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Organizaciones exigen esclarecer caso Mireya
manipulaba a sus hijos y que los menores de edad mentían. Ante ello las defensoras y agrupaciones exigieron abrir nuevas líneas de investigación del caso de suicidio colectivo, que esta indagatoria considere la violencia institucional, el abuso de poder y la violación al derecho de acceso pleno a la justicia, derechos que se violaron previo al deceso de los tres niños, su madre y su abuelo. Asimismo exigieron la destitución inmediata de las y los servidores encargados de la supuesta impartición de justicia en el caso; y que se revise el Protocolo de actuación y operación del Centro de Convivencias del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, toda vez que en 2016 una de las niñas dijo que su padre abusada de ella en los baños de este lugar donde no hay cámaras de seguridad. Como parte de la investigación también pidieron que se garantice el acceso a la justicia y debida diligencia con perspectiva de género, derechos humanos e interés superior de la infancia y que se proteja y considere víctima a la madre de Mireya, única sobreviviente de los hechos. Para la abogada especializada en justicia con perspectiva de género, Karla Micheel Salas, la historia de Mireya es muy clara: se trata de tres niños que por decisión judicial fueron obligados a convivir con un padre vio-
lar y de una madre que por siete años confió en instituciones que al final le negaron el acceso a la justicia y que además la violentaron. La abogada consideró que las instituciones deben revisar la actuación de las juezas que obligaron a los niños a convivir con su padre, las razones por las cuales la Procuraduría capitalina no investigó la denuncia de violación sexual y además la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México debe explicar qué sucedió con la queja que Mireya interpuso en 2015.
Juezas involucradas Entre las irregularidades que las defensoras encontraron al revisar parte del expediente, señalaron que el juicio por la custodia de los niños que llevó la jueza Décima, Cristina Espinoza Rosello y después la jueza Undécima, Silvia Araceli García Lara, no se aplicó el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes”, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para todos los juzgadores. Además, criticaron que después de que el 7 de junio se encontraran los cinco cuerpos sin vida, y a la abuela materna inconsciente, a Mireya se le acusó de “desequilibrada” y de ser una mujer “empecinada” en no dejar convivir a sus hijos con su padre a pesar de
que en los expedientes de la denuncia se acreditó el abuso sexual por parte de L. Olvera. No obstante, después de que se conoció el caso, el entonces procurador, Rodolfo Ríos Garza, afirmó que Mireya presentó tres denuncias por abuso sexual, delito que, según dijo, no se acreditó. Al respecto la activista de la Coordinadora Popular de Madres Educadoras, Leticia Chávez Rodríguez, destacó la gravedad de que en una denuncia penal de abuso sexual infantil estuviera ausente el enfoque de los derechos de niñas y niños, quienes al final perdieron la vida por un mal tratamiento de un proceso judicial. En opinión de Chávez Rodríguez, a pesar de que la sociedad civil y diversos actores políticos han trabajado para garantizar los derechos de la infancia, estos principios son invisible a pesar de que la Suprema Corte creó el Protocolo de actuación en casos de niñas, niños y adolescentes. Es por ello que exigió a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que no cierre el caso, que se revise la denuncia de abuso sexual y que se revise si se cumplieron los manuales y procedimientos de actuación en este caso porque, dijo, pareciera que la justicia se inclinó por una de las partes sin respetar el debido proceso. A su vez la directora del Instituto de Investigación y Estudios de la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes, Mónica Herrerías Domínguez, dijo que en la denuncia de Mireya hubo prácticas de las autoridades ministeriales y judiciales que convirtieron este proceso en un caso más de violencia estructural porque las leyes vigentes no se aplicaron.
La recuperación psicológica de las víctimas de violación depende de su acceso a la justicia: experta psicológica especializada, así como su acceso a la justicia tras el delito. Con más de 20 años de experiencia en la atención psicológica a personas víctimas de violación Valladares de la Cruz explica que la recuperación tras el delito puede prolongarse e, incluso, no cumplirse hasta que las víctimas saben que su agresor fue sentenciado, por lo que, dijo, “es sumamente importante que los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) se sensibilicen con los hechos, que estén capacitados para no culpar a las víctimas e investiguen y sancionen a los responsables”.
La atención psicológica El PIAV se creó en 1988 como resultado de una época en la que feministas,
académicas y organizaciones civiles exigieron reformas al Código Penal Federal y al modelo de atención a víctimas de violación en las instancias de procuración de justicia. Desde entonces la maestra en psicología y las académicas del programa universitario estudian las consecuencias psicológicas del delito. De acuerdo a los estudios realizados con base en el seguimiento de diversos casos de violación y las características de la víctima, la maestra en psicología precisa que tras el acto violento las y los agredidos presentan el “síndrome postviolación”. Este se caracteriza por miedo, vergüenza, culpa, pesadillas, escenas retrospectivas del ataque y, de acuerdo a sus características personales pueden presentar una “reacción aguda”, en esos
casos “la gente explota y se le ve completamente asustada y desesperada, es decir, tiene una reacción abierta”, menciona. Y explica que las víctimas que tras el ataque sexual continúan sus actividades cotidianas sin hablar ni atender el mismo “presentan una reacción cerrada” y, aún cuando los síntomas aparentemente no son visibles, es importante brindarles atención psicológica. Valladares de la Cruz menciona que el síndrome postviolación se agrava de acuerdo al tipo de ataque. “El tipo de daño psicológico también depende de las lesiones físicas en víctima, si la agresión fue tumultuaria, con violencia y si el perpetrador puso en riesgo su vida, de eso depende que la recuperación tarde de dos meses hasta años”, asegura.
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EN CHIAPAS
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e cara a las elecciones presidenciales de 2018 se advierte la conformación de tres bloques electorales: El de izquierda, que integran Morena y el Partido del Trabajo; el oficialista, de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista; y el “frente amplio”—indefinido ideologicamente— que impulsan los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. De los tres bloques, el de izquierda tiene más que resuelta su candidatura presidencial que no puede ser otra que la de Andrés Manuel López Obrador quién, a la fecha, sigue punteando en las encuestas. El bloque oficialista, que podría sumar a otros partidos como Nueva Alianza y Encuentro Social, depende de la decisión unipersonal del presidente Enrique Peña Nieto para definir quién será su aspirante a la primera magistratura. Sin embargo, la voluntad presidencial podría enfrentar una rebelión en el propio PRI donde algunos grupos y liderazgos están llamando a obligar a una consulta a la militancia para definir su principal candidatura. En contra de Peña pesa que su descrédito ha arrastrado a su propio partido a
HOJA DE APUNTES Enrique Alfaro
Los bloques electorales y sus candidaturas presidenciales
un tercer lugar en las preferencias electorales. Pero es posible que el tercer bloque enfrente las mayores dificultades para definir quién los abanderará, si es que llega a constituirse. En el PRD está garantizado el conflicto interno y el rompimiento de algunas corrientes que se decantarán por la candidatura Lópezobradorista. La falta de institucionalidad interna de las tribus y la incorformidad por
la alianza con la derecha “que les hizo fraude”, podría ocasionar una verdadera pesadilla a sus actuales dirigentes. Por su parte, desde hace meses el PAN enfrenta serios problemas para procesar su candidatura presidencial por el interés de su propio dirigente por encabezarla, es decir ser juez y parte. Ni Margarita Zavala, ni Rafaél Moreno Valle están dispuestos cederle el paso a Ricardo Anaya y esto podría ge-
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nerar un rompimiento al interior del partido albiazul. Incluso una candidatura ciudadana representaría una afrenta para muchos panistas. El senador chiapaneco Roberto Gil Zuarth ya ha manifestado que corresponde a PAN por el ser el partido que encabeza las preferencias por encima del PRD. Además, es importante destacar que este tercer bloque sufrirá de una indefinición ideológica que es obligada en una elección presidencial donde se vota por un proyecto de nación. Por ejemplo, la alianza PAN-PRD no podría definirse a favor o en contra de las llamadas reformas estructurales, como tampoco podría definir si estaría en contra del aborto y de los matrimonio igualitarios. La lista de importantes temas que no podría precisar sería amplia y sus acuerdos serían muy generales. Se corre el riesgo que la coalición, ideológicamente desdibujada, obligue a los militantes panistas y perredistas a votar por otras opciones lo que podria favorecer al PRI y a Morena. En el caso de la elección de Chiapas, ésta necesariamente se vería influida por la conformación de estos tres probables bloques. Pero este tema lo abordaré en la siguiente colaboración.
ARELY GÓMEZ Y EL MALWARE DE LA CORRUPCIÓN
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a complicidad se lleva bien con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Al menos, con quienes lo controlan: los representantes de los tres poderes formales del Estado y sus comparsas de entidades autónomas. Si ni siquiera quisieron hacer un exhorto al Ejecutivo federal para que les diera un informe sobre las denuncias de espionaje a ciudadanos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, mucho menos querrán investigar los muy probables actos de corrupción que hay detrás de la compra de los equipos y software de intrusión. A pesar de las pocas evidencias que se han podido conocer sobre los arreglos de funcionarios públicos para el cobro de comisiones y la intensa terciarización de esas compras gubernamentales, el Comité Coordinador del SNA rechazó la propuesta de la única representante ciudadana en esa instancia, Jacqueline Peschard, para pedir un informe sobre las denuncias. Con el argumento de que no está probado que en efecto se haya es-
Jorge Carrasco Araizaga piado a los periodistas y activistas que denunciaron el acoso, los coordinadores del SNA decidieron que no hay tema que requiera una aclaración pública, como lo establece la ley del propio sistema. La propuesta de Peschard fue rechazada de forma unánime por los integrantes del Comité que representan a los poderes formales. En primer lugar, Arely Gómez, la secretaria de la Función Pública. Es decir, la encargada del Ejecutivo federal para combatir la corrupción. A ella se sumó el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, encargado en el Legislativo de revisar las cuentas públicas, y el representante del opaco Consejo de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza. Como representantes del Estado mexicano, tuvieron el apoyo del presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Acuña, y del presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurán, quien de senador del PRI se convirtió por gracia presidencial en magistrado.
Arely Gómez debió excusarse de esa votación. Las disputas al interior del gobierno de Peña para atribuir la adquisición y operación del sistema Pegasus la pusieron la semana pasada en el centro de las filtraciones periodísticas. Fue durante su gestión en la Procuraduría General de la República (PGR) que operó Pegasus. Aunque lo heredó de Jesús Murillo Karam, y no ha sido solamente durante su gestión que se ha usado ese malware, Arely Gómez tiene un claro conflicto de interés para pronunciarse desde el SNA sobre la idoneidad de pedirle cuentas, aunque sea por exhorto, al Ejecutivo al que sirvió. El Comité Coordinador que con-
trola el SNA menos querrá desentrañar la manera en que funcionarios civiles y militares han usado los recursos públicos para la compra de esos equipos. La Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), la PGR y la Policía Federal, también en manos del titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, han designado a funcionarios de nivel para negociar la adquisición de esos equipos. De ellos sólo sabemos lo que el hackeo a la empresa italiana Hacking Team y las filtraciones periodísticas han dejado ver. Con el pretexto de la seguridad nacional, esa información se mantendrá reservada. Los ciudadanos mexicanos son espiados con equipo que se compra con el pago de sus impuestos. Pero no tienen el derecho a saber quién y cómo negoció esas compras. Tampoco, gracias al Comité Coordinador del SNA, a hacer apenas un exhorto a Peña Nieto para que informe sobre las actividades de espionaje que han sido exhibidas por la prensa internacional.
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LA FALSA MUERTE DE MONTIEL O EL OCASO DEL “MAESTRO” DE PEÑA Jenaro Villamil
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esde la semana pasada corrió la versión de que Arturo Montiel Rojas, de 73 años de edad, había ingresado a emergencias en un hospital privado de la Ciudad de México, por un grave problema cardiovascular. Días después, la noche del 30 de junio, corrió como reguero de pólvora el rumor de que el exgobernador del Estado de México había fallecido. El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida -excolaborador del gobierno de Montiel y también de Enrique Peña Nieto-, desmintió en su cuenta de Twitter ese rumor que convirtió el nombre de Arturo Montiel en trending topic en la red social. Ni la aclaración ni las declaraciones extraoficiales del hospital acallaron los rumores. La memoria colectiva en contra de quien encabezó una poderosa y extensa cleptocracia en el Estado de México motivó cientos de mensajes en contra de este personaje tan temido en la entidad, tan odiado fuera de ella y tan menospreciado en las propias filas priistas. ¿Quién quería difundir la muerte de Montiel Rojas? ¿Fue una casualidad este rumor o fue un anticipo de lo que sucederá con el nuevo gobierno de Alfredo del Mazo Maza, hijo de otro exgobernador que ahora encabezará las dinastías sobrevivientes del Grupo Atlacomulco? ¿Por qué en el equipo de Del Mazo acusan a varios “montielistas” de haber sido los “traidores” que ayudaron al avance de la candidata de Morena, Delfina Gómez, en las elecciones del 4 de junio pasado? ¿Qué papel jugará en este reacomodo de fuerzas el gobernador saliente Eruviel Ávila, quien recientemente celebró su ostentosa boda con la presencia de los obispos del Estado de México y la notoria ausencia del propio Montiel Rojas? ¿Recordará el propio Eruviel que fue gracias a la presión de Montiel y de la profesora Elba Esther Gordillo que logró cambiar la decisión de Peña Nieto en 2011 para nominarlo como aspirante priista a gobernador en ese año? Nunca estuvo en el retiro el exgobernador, quien fue exonerado por su propio sucesor, Enrique Peña Nieto, y por la Procuraduría General de la República (PGR) de Felipe Calderón ante el escandaloso expediente de corrupción. Se “guardó” para no afectar las aspiraciones presidenciales de quien antes presumía como su sobrino, pero mantuvo una presencia in-
dudable tanto en el peñismo como en el eruvielismo. Algo que difícilmente ocurrirá con el próximo gobierno de Del Mazo Maza. El montielismo no es sólo un grupo de funcionarios y de golden boys que arribaron al poder al amparo de quien quiso erigirse como el nuevo “padrino” de los grupos y dinastías del Estado de México, tras la muerte de Carlos Hank González, en agosto de 2001. El montielismo fue una fase superior del hankismo, tanto en la corrupción como en la “mano dura” contra disidentes y opositores. Su ambición presidencial fue derrotada en octubre de 2005, cuando Televisa lo traicionó -a pesar de los cientos de millones de pesos destinados a la empresa de Emilio Azcárraga Jean- y difundió en el programa “El Cristal con que se Mira” una parte del escándalo de la corrupción que provocó su renuncia como adversario de Roberto Madrazo en la nominación presidencial por el PRI. Sin embargo, las “lecciones” del maestro Montiel Rojas ahí permanecen, y no están ni enfermas ni borradas en las prácticas políticas contemporáneas. Algunas de estas lecciones son las siguientes: 1. La corrupción inmobiliaria fue el sello de Montiel Rojas. Mucho antes del escándalo de La Casa Blanca de Peña Nieto, su tío y exjefe profundizó la práctica de acumular propiedades en México y en el extranjero que no coinciden con sus ingresos. El divorcio que emprendió Maude Versini contra Montiel dio alguna luz sobre estas propiedades: una finca en su natal Atlacomulco con valor de 70 millones de pesos; una casa en Tonatico por 4 millones de pesos; una casa veraniega en El Santuario de Valle de Bravo valuada en 6 millones
de pesos; un departamento en el Bosque de Boulogne, París, por 17 millones de pesos; un departamento en Careyes, Jalisco, por 6 millones de pesos; la propiedad en el fraccionamiento El Encino; decenas de casas de interés social en Toluca y en otros municipios del Estado de México. 2. Mezclar su vida pública con el ámbito privado para utilizar a sus parejas como parte del espectáculo del gran patriarca. Montiel se ha casado cuatro veces: con Paula Yáñez Villegas, con la joven francesa Maude Versini, con la periodista Norma Meraz y recientemente, en mayo de 2016, con la joven michoacana Karla Cortés Treviño. Este “síndrome Tudor” que afecta a los gobernantes varones en el Estado de México ha tenido consecuencias tremendas. El grotesco pleito por la custodia de sus tres hijos con la francesa Maude Versini demostró hasta dónde se borran los asuntos privados para demostrar su influencia. Las acusaciones de maltrato y violencia también estuvieron presentes en su divorcio con Norma Meraz. 3. Encabezar una compleja ingeniería financiera para triangular el financiamiento ilegal hacia su partido y “ayudar” a ganar a otros políticos priistas en distintas entidades. Montiel Rojas fue el creador de la Fuerza Mexiquense (las “camisas rojas” que encabezó Isidro Pastor) para promover no sólo su candidatura a la presidencia, sino desplazar a sus operadores electorales a entidades como Yucatán, Veracruz, Michoacán, Tamaulipas, Coahuila, Hidalgo, etc. Montiel Rojas aspiró a encabezar el “club de gobernadores” priistas que se transformaron en virreyes durante el gobierno de Vicente Fox. Utilizó todo lo que
fuera necesario: desde alianzas y negocios conjuntos con los hijos de Marta Sahagún hasta pactos con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. 4. Los grandes escándalos de corrupción que se han desatado durante el gobierno federal de Enrique Peña Nieto provienen de la era de Montiel Rojas: los oscuros y fraudulentos negocios con la constructora OHL por el Circuito Exterior Mexiquense se pactaron desde la época montielista (él mismo presume en privado recibir “dividendos” de OHL); el ascenso de Juan Armando Hinojosa Cantú, el propietario de Grupo HIGA, se inició en el gobierno de Montiel; los medios de comunicación y contratistas que mantienen su poder estatal y federal surgieron con Montiel, en especial el Grupo Mac, de los hermanos Maccise. 5. La mano dura contra ejidatarios de Atenco y la represión contra grupos sociales que rechazaron entrar al estilo de cooptación de Montiel Rojas fue una práctica constante que heredó y superó su sucesor Enrique Peña Nieto. No nos explicaríamos los fenómenos y escándalos actuales de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, represión a profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o intimidación a sus críticos sin remitirnos al gobierno de Montiel Rojas. 6. El espionaje político a críticos, opositores y militantes de su partido fue iniciado por el propio Montiel Rojas. El 12 de julio de 2001, El Universal publicó una nota con el título: “Creó Montiel red de espionaje”. La nota señaló a los hermanos Alejandro y Carlos Díaz de León como operadores de esta red. La información de entonces reveló que el “jefe formal” de esa red era el entonces secretario de Gobierno, Manuel Cadena Morales, pero el verdadero depositario de esos secretos y brazo derecho del gobernador Montiel era el entonces joven y ambicioso secretario de Administración, Enrique Peña Nieto. A mediados de 2011, Montiel Rojas publicó su testimonio en un libro escrito por Norma Meraz, Arturo Montiel desde Atlacomulco. En la página 54, como anexo al final del capítulo, Montiel hace un recuento enredado sobre la genealogía de su familia, así como de los Peña del Mazo para demostrar que “no soy pariente del gobernador” Peña Nieto. Eso ya no importaba. Fue su maestro. Y lo superó.
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CÓDIGO NUCÚ César Trujillo
Duarte, México y la impunidad
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avier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz detenido el 15 de abril en Panajachel, un poblado del suroccidente de Guatemala, sonríe. Se mantiene sereno mientras escucha un discurso sobre artículos y su situación legal, y sonríe. Se juega la barba, se acomoda los lentes y sube los codos para recargar en sus puños —con los dedos de ambas manos entrelazados con antelación—parte del mentón que se encuentra cubierto por una barba abundante y cuidada (la prisión lo ha tratado bien). Sonríe porque será extraditado a México para enfrentar la justicia. Sí, la misma que tiene pesos y posturas diferentes, acorde al estrato sociopolítico del acusado: la historia no miente. Toda la antesala es sólo parte del oficialismo y de la formalidad que el caso amerita. Javier Duarte se sabe seguro y está confiado de regresar sin problemas a nuestro país. Acepta ser extraditado “para enfrentar a la justicia mexicana”, pero no acepta los cargos que le imputan. ¡Curioso! Al exgobernador —el mismo que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, pusiera como ejemplo de lo que es el nuevo PRI, hace unos años— lo acusan solamente de los supuestos delitos federales de delincuencia organizada (durante su gestión 2010-2016) y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue en una de las salas del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delito contra el ambiente, del hermano país de Guatemala, que Duarte sonrió nuevamente. Esta vez no fue invitado a mostrar el dejo de sonrisa que le provocara el periodista Gaspar Romero, cuando aún el exgobernador era un imberbe y portaba hasta un chaleco antibalas, como medida de seguridad.
De ese tiempo a la fecha las cosas parece le han favorecido. Por algo, con una sentencia lingüística breve y concisa señaló a la prensa: “estoy tranquilo”. Muy tranquilo, diría yo. Recordemos que el 19 de abril, en su primera audiencia, con un rostro temeroso y de desconcierto, había rechazado su extradición porque no había, quizá, garantías para su regreso (¿Las hay ahora?). Empero, las cosas parecen haber cambiado de algún modo y le sonríe la suerte, y él le corresponde. Digo, pues, que al exdiputado federal del distrito XVI de Veracruz en el 2009 le guiña el ojo la impunidad que impera en México. Esa que ha permitido a los políticos sumir al país en la pobreza y pobreza extrema: 55.3 millones de personas (46.2 por ciento) se mantienen en esos parámetros, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; esa que nos muestra nombres y nombres de políticos prófugos tras desfalcar a sus estados y no pasa nada. Así, Javier Duarte sonríe porque sabe que la ley en México se tuerce a modo (Humberto Moreria es un claro ejemplo de cómo el PRI se vuelca a defender ladrones; o bien, se les premia, como en el caso del exgobernador de Chiapas, Juan José Sabines Guerrero, ahora cónsul en Orlando, Florida). Javier Duarte regresará a México y es donde no podemos olvidar que su gobierno en Veracruz arrojó un total de 17 periodistas asesinados y tres desaparecidos. Recordemos que Reporteros Sin Fronteras señaló que ese estado fue el tercero más letal del mundo para los comunicadores en 2016 y solo superado por Afganistán y Siria, delitos que no se le imputan y que se mantienen en el olvido y sin justicia. Tampoco
se le achaca el hecho de que cinco atletas fallecidos seguían cobrando becas, del Instituto Veracruzano del Deporte, durante su gestión. Menos aún se le acusa de los más de 2 mil 500 homicidios dolosos durante su sexenio, ni las mil 647 denuncias por desaparición de mujeres, ni el despilfarro que heredó y que alcanzara la cifra de tres mil 500 millones de pesos de deuda, una impagable y que es muestra del nivel de corrupción en nuestro país. Quizá, en el fondo, Duarte también sonría por eso: porque sabe que esto es México y que es un paraíso para la corrupción y la impunidad, porque sabe que varios de sus colegas están prófugos de la justicia y que si caen es porque así les conviene, como cayó él; o porque sabe que podrá revelar algunos nombres y se destape una cloaca donde brotarán algunos asuntos de corrupción institucional, si así le conviene.
Manjar
En la antesala de las vacaciones de verano, mismas que son esperadas con ansias por el sector hotelero, restaurantero y el de transportes, los bloqueos parecen mantener ahí, estoicos e inamovibles. Al menos en Ocosingo éstos se mantienen latentes y no dan las garantías de seguridad que se requiere. Si a esto le sumamos la ola de violencia que se ha desatado en Yajalón y Chilón, donde se han presentado asaltos y ataques con armas de fuego, pues las cosas pintan un poco peor. #Yaveremos // La recomendación de hoy es “El gato y el ratón” de Günter Grass y el disco “My Baby Just Cares for Me” de Nina Simone. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.
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Hay algunos que dicen, que todo los caminos conducen a Roma”. Pero hay otros, los de los comentarios mediáticos que siempre llevan hacia el Gobierno de Chiapas y su Gobernador MANUEL VELASCO COELLO, al margen de las veredas de los medios de comunicación que encaminan a Los Pinos y el Presidente, ENRIQUE PEÑA NIETO, solo para recriminarles sus fechorías y el estado de desastre social en el que han sometido al pueblo mexicano y los chiapaneco. Que de los asuntos del Presidente se encarguen los periodistas, articulistas, columnistas y medios de comunicación del ámbito nacional, que del GÜERO VELASCO nos encargamos nosotros los que estamos sufriendo sus peripecias administrativas, sus errores de gobierno y la corrupción que se ha prohijado en este y los anteriores gobiernos del Estado de Chiapas. “Chiapas es un Estado Fallido”, comenté hace unos días, pero a eso ha llegado por el desastre social que implica la imberbe administración del GÜERO VELASCO con sus “bebesaurios” que no han sabido otra cosa que depredar las arcas públicas y servirse del servicio público. Todo eso ha llevado a manifestaciones, marchas, mítines, plantones y violencia “que no hay como detener”. Hoy la entidad chiapaneca está entre las más endeudadas del país con un déficit –dicen las voces oficialistas—por más de 42 mil millones de pesos (achacada a la voracidad y corrupción de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO) con una población de 5 millones, 217 mil 908 habitantes, de los que 3 millones, 985 mil chiapanecos, se mueven en las peligrosas arenas movedizas de la pobreza y pobreza extrema. Pero el Gobierno Verde de MAVECO, sigue su virreinal curso de lujos y gastos ociosos, pariendo funcionarios ricos y millonarios. Mientras tanto, las huestes sociales siguen tomando las calles e incendiando el Estado. En una lista somera de conflictos, están pendientes las resacas electorales en los ayuntamientos de Oxchuc y Chenalhó, que casualmente son municipios indígenas y mujeres destituidas, las ganadoras de las presidencias. En estos casos –que no son los únicos—los problemas fueron causados por la imposición de candidatos y la presión para que se pasaran de un partido determinado al Verde Ecologista… con tal de ganar. Nos queda la mala impresión del asesinato del Presidente Municipal de San Juan Chamula, DOMINGO LÓPEZ GONZÁLEZ; el Síndico, NARCISO LUNES HERNÁNDEZ, dos personas más y doce ciudadanos, por motivos electorales y disputa de la alcaldía. También la aplicación de justicia por propia mano, en la que han incinerado a más de cinco personas en Chamula y otras comunidades indígenas. Sigue latente el movimiento magisterial de la Coordinadora Nacional
ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado
• Chiapas, en el desastre social… • El “Jaguar Negro”, cambia su piel… • Comentarios al Margen… de Trabajadores de la Educación de la Sección VII y 40 que en este gobierno verde que encabeza MANUEL VELASCO COELLO, se ha recrudecido a partir de que le alzó la mano a quien creyó su aliado, ADELFO ALEJANDRO GÓMEZ. Los daños a la educación y colaterales económicos son parte de la ineficiencia gubernamental. Desde hace unas semanas están parapetados en el Parque Central, unas decenas de vehículos taxis que exigen cumplimiento a las promesas de regularización y entrega de concesiones, como también se encarceló al dirigente transportista, BERSAÍN MIRANDA BORRAZ por conflictos e intereses con el gobierno del Estado y dos constructores de Tapachula que exigían sus correspondientes pagos. Maestros de Bachillerato, exigen pago a su trabajo académico, como lo hicieron también el lunes pasado el grupo de mentores de Secundarias Técnicas. Burócratas y maestros de la Sección 40, exigen atención médica y rescate del Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado de Chiapas, ISSTECH, que se ha visto en la ruina financiera, médica y abasto de medicamentos por la corrupción institucionalizada. Trabajadores del Órgano de Fiscalización Superior (OFSE) dependiente (¿?) del Congreso del Estado, denuncian acoso laboral, negocios sucios en las cuentas públicas municipales con los alcaldes y corrupción desde tiempo atrás a la fecha, por titulares de ese organismo. Sigue el conflicto con la empresa recolectora y procesadora de basura PROACTIVA, donde hay negligencia en el servicio, danza de millones de pesos en que están involucrados ex funcionarios y actuales servidores públicos. Y, sin un orden específico de conflictos enumerados, los miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas denuncian las tretas utilizadas desde Palacio de Gobierno para desaparecer su organización con el afán de controlar a los empleados, el dinero de las cuotas, suspender las negociaciones de los contratos colectivos anuales; el pago de derechos de marcha (defunciones), préstamos y aumentos salariales. Aunado a todo eso, se deben sumar los conflictos en las universidades que provocan el bajo nivel de la educación, los despidos de trabajadores y los millones de pesos de adeudo de la administración anterior y de la presente a constructores y proveedores diversos. Esta es solo una parte de los conflictos que afronta el Gobierno de
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bernatura en el 2018, como lo está haciendo desde ahora en los recorridos y reuniones cotidianos que sostiene por todo el territorio chiapaneco y con diversos sectores de la sociedad del Estado. Viento en popa, el “Jaguar Negro” camina por la selva de cemento, por brechas y terracerías; por ciudades y pueblos que les son favorables para su objetivo que ya ve en el horizonte electoral del próximo año, 2018. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR “va por todas las canicas” y mientras tanto, hace valer su condición de Presidente de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado y dirigente del Partido Verde Ecologista en Chiapas. Quedan al menos once meses para fortalecer esta estructura antes del inicio o la culminación de la jornada electoral del domingo 1 de julio del próximo año…
Comentarios al margen… MANUEL VELASCO COELLO y las incidencias de corrupción que le caracterizan, casi “igualito” que la película de Veracruz, donde el principal actor fue JAVIER DUARTE DE OCHOA…
Eduardo Ramírez, de verde a negro pantera…
¿Se acuerdan que cuando comenzó este gobierno del GÜERO VELASCO, el político comiteco, OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR no se quitaba la camisa verde? ¿Qué cuando fue diputado federal impulsó la pintadera de verde todos los edificios oficiales y hasta las banquetas como lo ordenó el Gobernador MAVECO? ¿Qué cuando fue Secretario General de Gobierno creó la Asociación Civil, Chiapas Verde?, y ¿qué ya como dirigente del Partido Verde Ecologista en Chiapas y desde antes promovió el programa “Educación con Responsabilidad Ambiental que se oficializó –con sus siglas ERA—el 5 de febrero de 2013?. Bueno, pues todo ese cúmulo de acciones las tiene ya en su “envoltorio” que carga en camino a la gubernatura en el 2018. Pero ya no con la camisa verde que hace poco cambió por una blanca con diseños garigoleados, que solo usó en un corto período. Ahora es tiempo de cambio; cambio de estrategias, cambio de formas, de amigos, de actitud con la prensa y cambio de look. Ahora la vestimenta del Presidente del Congreso del Estado de Chiapas y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista es color negro, como su nuevo apelativo e identificación; negro como el Jaguar que sella el nombre de su nueva asociación civil y/o política, “Jaguar Negro”. Ya es usual ver a EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR vestido de negro; inclusive con una camisa o guayabera de ese color, con un jaguar negro bordado a la espalda o muy cerca de su corazón, que luce maravillosamente diseñado. Ese color y el “Jaguar Negro” son la marca de la casa que seguramente llevará durante su campaña a la gu-
Espías que espían e investigan…
Los agravios del Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO al pueblo mexicano no se lo vamos a perdonar, ni tampoco la ofensa a la inteligencia humana que nos hace cuando a los mismos testaferros los manda a investigar sus deslices de corrupción, como sucedió cuando se le descubrió el truculento affaire de la compra de la “casa blanca” de las Lomas. Entonces instruyó –palabra que usa para suavizar sus ordenamientos virreinales—al Secretario de la Función Pública, VIRGILIO ANDRADE para que realizara las pesquisas y, ¿qué creen?, no encontró ningún indicio de culpabilidad del Presidente y su esposa, doña “Paloma”, ANGÉLICA RIVERA HURTADO. Toda una burla que hasta un niño recién nacido lo entendería. Y “vuelve la burra al trigo”, porque cree PEÑA NIETO que nos estamos chupando el dedo ante sus simulaciones, engaños y cinismo al ordenar a los mismos “espías que espían” a que investiguen “quienes son los que espían” y además, muy digno amenaza con castigar a quienes filtraron la información al diario norteamericano “New York Time”, que denuncio este atentado contra la privacidad de reconocidos personajes mexicanos. El ordenamiento a investigar el caso de la filtración de la información y los espías fue directo a la Procuraduría General de Justicia que jefatura RAÚL CERVANTES ANDRADE quien a su vez comisionó a otros fiscales especiales para “hacer la talacha” que no es más que otra tomada de pelo cuando se sabe bien que quienes tienen acceso a la tecnología para espiar son los mismos de las PGR, el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) y la Secretaría de Gobernación. ¿Quiénes entonces espían en México?. Los mismos que mandó PEÑA NIETO a investigar el caso de espionaje que denunció el editorial del New York Times. El caso está cerrado desde su apertura… Se acabó el mecate… Y ES TODO…
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COMENTANDO LA NOTICIA Alfonso Carbonell Chávez
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l proceso electoral 2018, tiempo ha, que dio inicio en el ámbito federal y ni que decir en nuestra entidad y todo ello envuelto en las más impunes formas posibles que retan, literal, a las autoridades electorales aquí y la que se dice nacional. Es decir el OPLE en Chiapas llamado Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y el fracasado Instituto Nacional Electoral (INE), sin chistar. Pero no abordaré al menos no en esta entrega, las aristas de los partidos ni siquiera de los presuntos suspirantes que para el caso local, aunque no lo admitan abiertamente, algunos han dado señales inequívocas en ese sentido. La arista a la que hoy quiero referirme, es a la filosa que los medios de comunicación juegan en dichos procesos y obvio los periodistas que desde ya, están jugando con claros tintes militantes aunque los más experimentados, justo reconocer, se escudan en sesudos análisis para finalmente inclinar la balanza de sus preferencias netamente mercantiles. Válidas y entendibles, pero oscuramente sesgadas y que están provocando, menester apuntarlo, un abierto enfrentamiento que a la postre resultará devastador para las causas que enarbolan. A diferencia de otros tiempos, hoy el periodismo real que se ejerce desde las redes sociales válido sin dudar, también tiene un elemento que hoy aparece como el gran distractor que se ejerce desde cuentas anónimas y paginas informativas construidas ex profeso, desde las que se ponderan virtudes de personajes políticos en tanto otras, por contrario, se dedican a proferir ataques y descalificaciones en una virtual contienda, tratando de equilibrar la balanza. La ausencia de contrapesos reales en el debate de ideas entre la clase política, encuentra en las redes sociales el espacio ideal que les permite comprar, bueno establecer convenios de difusión, que van más allá de consignar sus actividades públicas sino verdaderas trincheras de resistencia desde donde salen dardos envenenados a sus, insisto, virtuales contendientes, que al no ser capaces de confrontarse directamente y poner al escrutinio ciudadano sus propuestas, recurren a sus “aliados” mediáticos. Así entonces, no es extraño leer en diferentes muros severos ataques, señalamientos y descalificaciones de tal o cual personaje público, que más tarda en compartirse o darles like, que ya desde otra cuenta facebukera, les salta otro ínclito comunicador para asestarle con más intensidad, una retahíla de descalificativos contra del personaje que según este último,
“2018 y el caos mediático”
supone, fue quien $ugirió dicen, la madriza al que éste, por su parte, también $ubió a defender. Y así entre broma y broma, la verdad asoma. La vendimia en alto. Me queda claro. Y para ponerlo con mayor claritud, ahí tiene el affaire más reciente protagonizado por un par de tipos de cuidado porque es la película que me recordaron, Pablo Malo y Joséan Bueno, en dónde nomás bonitos no se dijeron. Bueno y sí. Y así en duelo ranchero Joséan Bueno le reclama a Pablo Malo haberle robado la elección y en el revire Pablo Malo le dice que de ladrón a ladrón de elecciones, Joséan Bueno le lleva mano. No citaré los textos que ambos personajes nos obsequiaron porque, aunque dignos de retuitearlos me cae, en nada aportarán al entuerto que quiero ejemplificar. Y bueno lo refería ya, no acababan de soltar el plato cuando ¡rájales! Un titipuchal de los llamados “trolles” y otro tanto con nombres y apellidos de deveras, se habían subido al ring y desde sus respectivas esquinas, así sin moverse de sus mullidos bancos, se asestaban el uno-dos en defensa de sus manejadores y el público enardecido desde sus butaques gritaban ¡sangre, sangre! Y la cruenta pelea por el campeonato local de las verdades a medias y las mentiras piadosas protagonizadas por los reales contrincantes, como no son penitentes, prefirieron mandar a sus pupilos para que ellos fueran quienes, al final de cuentas, se partieran la madre. Así quienes perdieron realmente no fueron ni Pablo Malo ni Joséan Bueno, sino aquellos que ya por mutuo propio o pago por evento, terminaron ensangrentados en maledicencias del respetable y el respectivo descrédito ganado a pulso, literal. Para eso me gustaban. Aclaro, no generalizo, pero en estos benditos tiempos del desamparo – tampoco generalizo- gubernamental del CHAYO, muchos no tienen otra opción que tomar partido para que los tomen en cuenta, y cuenta mucho. No es que esté mal, pero el rigor periodístico incluso la respetabilidad del oficio en una crisis tal, no encuentran salidas más que el entregarse, parcial o totalmente según el caso, a clientelas que sin valer lo que pesan, saben que al final de la contienda solo habrá un ganador y pues deciden jugársela con el que
sea. El chiste es no estar fuera de la función. A modo de reflexión o solo como un dato que ilustre la situación actual producto de la orfandad institucional por la que atraviesa el gremio diría; hace seis años (2011) en momentos como los que hoy se viven respecto a la sucesión gubernamental del 2012, no se dio este fenómeno descrito por la simple razón y no peco de puritano, la mayoría de los medios periodísticos tradicionales y los todavía incipientes medios alternativos de redes, como también y más determinante, sino todos sí un altísimo porcentaje de periodistas, cobraban en la Torre Chiapas y así entonces, el milagro de que los cocodrilos vuelan…volaban pero bajito. Además hace seis años en estas fechas insisto, el tema de la sucesión ¡ya estaba cantado! ¿O no joven Velasco? “2018 y el caos mediático”, y lo que falta. Me queda claro.
Ya de salida (#3de3)
1.- A más de tres, por decirlo coloquial, tomó por sorpresa y no tan grata, que el licenciado y profesor Roberto Aquiles Aguilar Hernández, personaje torvo y turbio en su devenir político, lo hayan nombrado como Secretario de Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, nombramiento que a estas alturas del partido, genera más suspicacias que certezas. Pero me llama la atención al menos tres datos que a continuación comparto. El boletín y foto, consignan el hecho que quien le tomó protesta a un secretario de estado fuera un subsecretario, en este caso el de Gobierno y Derechos Humanos Jorge Utrilla Robles, que dicho al margen se comenta en los corrillos políticos, en breve asumirá la titularidad de la misma, pero esa, como dijo Nana Goya, es otra historia. Otro es, que el boletín refiere y cito al calce; “Para fortalecer la política social de atención a las necesidades de la población indígena, por ser el sector más vulnerable, con mayor pobreza y marginación, el gobierno de Manuel Velasco Coello, nombró a Roberto Aquiles Aguilar Hernández…” puede ser que sea cuestión de redacción, pero no dice el gobernador sino el gobierno nombró, y es la primera vez que veo un nombramiento que no le adjudica, literal, la designa-
ción al gobernador. Un dato más es, que si se asume que este sector de la población que suman según últimos datos oficiales un universo cercano de población de 700 mil indígenas y creciendo, sector y lo advierte puntual el boletín más fregado del estado, hayan nombrado a este personaje que tiene perfil de todo, menos para estar al frente de esta secretaria. Amén que no goza de reputación pública y política que lo avale para esta o cualquier otra encomienda. Avanzamos sí, pero para atrás…// 2.- Cambiando de tema y por supuesto más productivo, es el que vive hoy la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCh) que dirige Navor Francisco Ballinas Morales, quien dio la bienvenida en sus instalaciones a 41 estudiantes provenientes de 11 estados del país de un total de 15 universidades, que participan en el programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico, denominado “Programa DELFIN 2017”. El objetivo del Programa Delfín, es fortalecer la cultura de la colaboración entre las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación integrantes del programa. La Politécnica de Chiapas fue seleccionada por estos jóvenes investigadores por las líneas de investigación y desarrollo tecnológico que generan los profesores-investigadores, además de la experiencia con que cuentan para poder asesorarlos en proyectos que están realizando en áreas de energías renovables, mecatrónica y tecnología ambiental. De los estados provenientes son; Coahuila, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Baja California, Michoacán y de Chiapas. ¡Éxito! ...// 3.- Y en algo más amable y sin duda un respiro para los papás y mamás que no saben qué hacer con sus chamacos ahora que entran en periodo vacacional de verano, pues Coneculta-Chiapas que dirige y bien Juan Carlos Cal y Mayor Franco informa, que durante el periodo vacacional el Consejo para las Culturas y las Artes, operará talleres de verano en centros culturales, casas de cultura municipales, Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa y la Biblioteca Pública central del Centro Cultural Jaime Sabines, iniciando el 24 de julio hasta el 11 de agosto. Entre otros se implementarán el Fomento a la Lectura, Artes plásticas, Baile, entre muchas más. Es importante asomarse a cualquiera de las instalaciones anotadas. Para mayor información enwww.conecultachiapas.gob.mx y en Facebook y Twitter y sus 56 casas de Cultura municipales. ¡Apúrensen papás-mamás!…// ¡Me queda claro! Salu2
CMAN
DIARIO
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Miércoles 5 de Julio 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 4 | No. 1128 CAMPAÑA
Conafor Reforestará Mil 300 Hectáreas Consumidas por Incendios en el Soconusco
VIOLENCIA
Sujeto mata a líder priista en Chiapas… luego es linchado y ejecutado por los pobladores
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APREHENSIÓN
Capturan al operador de los “taxis aéreos” de Roberto Borge PAG. 3
ACUSACIÓN
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DECLARACIÓN
Olvera Mejía es quien dirige el “pirataje” en Chiapas, revira la Coestrach
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Vocera de frente socialista denuncia detenciones arbitrarias y golpes a manos de policía de Chiapas La vocera del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en Veracruz, Adriana Chávez Reyes, denunció haber sido víctima de detenciones arbitrarias y agresiones físicas, junto con otros dos compañeros de la organización, luego de realizar una serie de actividades políticas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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La tasa de homicidios en 2017 podría ser igual a la de 2011, cuando se tuvo el máximo histórico, advierten