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CMAN

DOXA

EDITORIAL

Sabines el enemigo a vencer

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El gobierno de Chiapas viene actuando con una total ineficacia, que el fantasma de Juan Sabines Guerrero está presente en el proceso electoral del 2018. Esto se debe a que Sabines fue el centro del cruce de señalamientos entre el exgobernador Pablo Salazar y el secretario del campo José Antonio Aguilar Bodegas.

La división y la ruptura del PRI en Chiapas es inevitable. En la asamblea de ayer se comprobó lo irreconciliable de los grupos. Y el desprecio del dirigente nacional del PRI a los priistas chiapanecos. Albores Gleason de firme candidato se convirtió en sepulturero de ese partido.

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Viernes 7 de Julio 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 4 | No. 1130

CONFLICTO

Divide Albores al PRI en Chiapas Con Roberto Albores Gleason, hoy el tricolor en la entidad está dividido, con fisuras cada vez más grandes que pareciera que la reconciliación al interior del partido es cada vez más imposible

PRONUNCIAMIENTO

Articulistas renuncian a El Universal por “cobertura adversa” al Sistema Anticorrupción

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DECESO

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Fallece el exzar antidrogas Mariano Herrán Salvatti

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Gobierno de Chiapas debe aclarar más de 1,500 mdp del ejercicio 2016: ASF

THE CONTRAPODER BREAKING NEWS Dr. Valdemar Rojas

ÍNDICE...

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Ruperto Portela Alvarado

ACUSACIÓN

Integrantes del GIEI también fueron presuntamente espiados por el gobierno federal, denuncian en la CIDH

HOY ESCRIBEN

CÓDIGO NUCÚ

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César Trujillo

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ANTE EL ESPIONAJE, DEBILIDAD INSTITUCIONAL Jesús Cantú

HOJA DE APUNTES

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Enrique Alfaro

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EL JUICIO A FOX: TRAIDOR Y PARÁSITO Álvaro Delgado PAG. 9

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Viernes 7 de Julio 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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EDITORIAL Sabines el enemigo a vencer

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l gobierno de Chiapas viene actuando con una total ineficacia, que el fantasma de Juan Sabines Guerrero está presente en el proceso electoral del 2018. Esto se debe a que Sabines fue el centro del cruce de señalamientos entre el exgobernador Pablo Salazar y el secretario del campo José Antonio Aguilar Bodegas. De la misma manera, Sabines es el responsable directo del nombramiento de Roberto Albores Gleason como dirigente estatal del PRI, de allí que resulte imposible hablar sobre la ilegal prolongación de la dirigencia de Albores en ese partido, sin la referencia obligada de Juan Sabines. Lo mismo sucede con el inteligente y crítico discurso de Zoé Robledo, difundido masivamente en las redes sociales, en el que sus contrincantes van a señalar su prolongado silencio ante el juicio popular en contra del gobierno de Sabines, en el que el senador Robledo fue presidente del Congreso, donde se aprobó gran parte de la deuda contraída por ese gobierno y además fue exonerado

de responsabilidad al aprobarle la cuenta pública, a sabiendas del desvío financiero, en virtud a que los recursos de los préstamos no fueron aplicados en proyectos productivos para el Estado. Visto de esa forma, es previsible que Sabines está preparando un nuevo asalto al poder en la entidad, lo que lo convierte en el verdadero enemigo a vencer en las elecciones del 2018. Situación que explica la división que existe en el PRI, materializada en la asamblea estatal del día de ayer, en donde Albores Gleason representa la carta fuerte del sabinismo, así como la avalancha de críticas que pueden venirse sobre el Senador Zoé Robledo, quien no se ha desligado de la alianza con el exgobernador, que lo llevó a la diputación local y al senado de la república. Sabines fue un pésimo gobernador en la entidad, pero que tiene la perversidad, las relaciones políticas y los recursos económicos para continuar haciendo daño a la población chiapaneca. Recursos que fueron extraídos del erario de Chiapas, sin que a la

fecha se le haya llamado a cuentas por el enriquecimiento que tiene tanto él como sus más cercanos colaboradores. Chiapas se convirtió en un apreciado botín para un grupo de exgobernadores que buscan perpetuar su extirpe, en un cacicazgo que evoca el antiguo régimen, que fue restituido por las torpezas de Pablo Salazar quien dejó como su legado a Juan Sabines, que representaba el pasado y quien nunca tuvo el proyecto y la visión de construir para el futuro. Las relaciones que le proporcionaron impunidad a Sabines le permite impulsar con fuerza la candidatura de Roberto Albores Gleason, quien a principios de año, era el seguro candidato de la elite política nacional. Allí estaban sumados Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, Luis Videgaray Caso, secretario de relaciones exteriores y José Murat, el exgobernador de Oaxaca, quien jugó un papel central en la protección e impunidad a Sabines. Albores Gleason se equivocó al querer emular y superar el desta-

pe de Manuel Velasco Coello como candidato a la gubernatura y se preparó el evento en el Estadio de Futbol Víctor Manuel Reyna. El acto resultó contraproducente, porque no se pudo evitar el malestar de las miles de mujeres beneficiarias de PROGRESA acarreadas a ese evento y las consecuencias fueron peores cuando se quiso silenciar a los reporteros que estaban transmitiendo en vivo el malestar de las asistentes y el pretendido acto d encumbramiento de Albores se convirtió en un escándalo nacional. Pero Albores no aprende las lecciones y ayer vuelve a repetir el número al negar la entrada a la asamblea del partido a distinguidos priistas de la entidad, lo que significa la ruptura en ese partido, al evidenciar la incapacidad y la negativa de incorporar la disidencia partidaria. Albores, por su torpeza reiterada, ya no es opción política para nadie, lo que permite prever una mutación del sabinismo a otros candidatos; en el que sus opciones se reducen a los senadores Zoé Robledo y Luis Armando Melgar.

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Divide Albores al PRI en Chiapas De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

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n el intento de llevar a cabo la Asamblea Estatal del PRI en Chiapas, quedó evidenciada la actitud caciquil del líder estatal del PRI, Roberto Albores Gleason al impedir el acceso al lugar del evento a priista de otras corrientes que no simpatizan con la actitud antidemocrática del presidente estatal, que se niega a lanzar la convocatoria para la elección del nuevo dirigentes por convenir así a sus intereses y por estar pugnando por su candidatura a la gubernatura del estado para el 2018. Con Roberto Albores Gleason, hoy el tricolor en la entidad está dividido, con fisuras cada vez más grandes que pareciera que la reconciliación al interior del partido es cada vez más imposible. Por ello, afirmó en conferencia de prensa el diputado local priista, Willy Ochoa, Roberto Albores ya no es interlocutor para una parte del priismo chiapaneco, muchos de los militantes lo desconocemos, sostuvo. Luego que cientos de priistas de todo el estado fueron excluidos de la asamblea estatal rumbo a la XXI asamblea nacional del PRI en Chiapas, el legislador local exigió al Comité Ejecutivo Nacional que nombre un delegado nacional en función de presidente para que lleve a cabo el proceso de renovación del Comité Directivo Estatal, toda vez que el periodo en la dirigencia de Albores Gleason ya feneció. Hasta el momento agrego Willy Ochoa, la dirigencia nacional que preside Enrique Ochoa Reza ha hecho caso omiso a la petición de los militantes del tricolor chiapaneco, y ha estado solapando a un presidente espurio. Si a la brevedad no nombran a un

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que el Gobierno del estado de Chiapas debe aclarar poco más de 1,500 millones de pesos. Así lo dio a conocer el Sistema Público de Consulta de Auditorías de este organismo, el cual señaló que se le aplicaron al Gobierno chiapaneco un total de 5 auditorías correspondientes a su entrega correspondiente a la cuenta pública de 2016. Las auditorías aplicadas por la Auditoría Superior de la Federación a la administración estatal fueron la 636, 639, 643, 644 y 645, mismas que dieron como consecuencia un total de 30 acciones. Es importante mencionar que éstas aún no han sido notificadas al Gobierno del estado de Chiapas, pero de las 30 acciones, 26 contemplan pliego de ob-

Con Roberto Albores Gleason, hoy el tricolor en la entidad está dividido, con fisuras cada vez más grandes que pareciera que la reconciliación al interior del partido es cada vez más imposible

delegado nacional, vamos a marchar los priistas chiapanecos a la ciudad México, para que nos escuchen, nos abran las puertas del partido y que se lleve a cabo la renovación de la dirigencia estatal del PRI. No se trata de personas, indico, se trata de los acuerdos con la militancia de las regionales y de los municipios, quienes queremos llegar fortalecido 2018. Los tiempos de ellos no son los tiempos nuestros, dijo el diputado local al referirse al actual senador y presidente del CDE del PRI, Roberto Albores, a quien señaló que estar seis años en la dirigencia, violando los estatutos y documentos básicos de este instituto político, por esa razón, él ya no es interlocutor del priismo chiapaneco reafirmó. En el lugar de la reunión, Willy Ochoa cuestionó a Bayardo Robles Riqué, secretario de Vinculación del PRI de Roberto Albores Gleason, al no permitírsele la participación y a un grupo de priistas que lo acom-

pañaban, entre ellas la exliderersa Arely Madrid Tovilla. Fue el senador Albores Gleason, quien negó el acceso a una facción que representaría una disidencia a sus aspiraciones a su candidatura a la gubernatura, apoyada estrechamente por el líder nacional Enrique Ochoa Reza. El diputado local condenó que priistas reconocidos” de todo el estado no pudieran participar en la Asamblea, a la que él mismo llamó a acudir desde su página web y la que consideró como una oportunidad que el priismo chiapaneco esperaba. En declaraciones a medios locales en la víspera de la Asamblea, Ochoa exhortó al priismo chiapaneco a participar en ella: “Vayamos preparados, este es el mejor momento para opinar, para dialogar, disentir y debatir”, señaló. Y advirtió que sería un mal augurio para el partido cualquier actitud que fuera en contra del espíritu de

dicha convocatoria. Ochoa ha sido un cuadro cercano al expresidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones. A esta fractura en el tricolor, se suma una parada en seco de su viejo aliado, el Partido Verde, que este mismo jueves le dejó ver, a través de un desplegado publicado en medios locales y nacionales, que no permitirá imposiciones en la definición de la candidatura a gobernador para los comicios del próximo año El desplegado firmado por los Comités Ejecutivos Municipales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, deja en claro al PRI estatal y a Albores Gleason, que de cara a las elecciones del 2018, irán representados por un candidato de su militancia, ya que cuentan con cuadros de liderazgo y en respuesta al trabajo partidista y generosidad de su integrantes Por otro lado, Sami David David, acerca de este incidente dijo ser un convencido que todo encuentro partidista debe ser propositivo, incluyente, donde todas las corrientes de expresión política tengan cabida. El también ex dirigente del PRI estatal y excandidato a la gubernatura del estado, opinó que se trata de sumar, de estimular el debate; no de confrontaciones estériles que sólo sirven a los enemigos del PRI y de la democracia. El PRI, como partido mayoritario, está obligado a construir consensos, no a dilapidar la unidad ni a estimular resentimientos y odios. Nuestra tarea es más grande y va más allá de intereses personales. La tarea es contribuir al engrandecimiento de nuestro partido y del estado, concluyó.

Gobierno de Chiapas debe aclarar más de 1,500 mdp del ejercicio 2016: ASF servaciones y las cuatro restantes son recomendaciones a la administración. Dichas auditorías fueron a PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente Salud, Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades y a Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa. Ahora bien, en lo correspondiente a las recuperaciones, respecto a la cuenta pública 2016, se determina-

ron 1,558 millones de pesos que debe transparentar el Gobierno del estado de Chiapas ante la Auditoría Superior de la Federación, de las cuales ya fueron operadas con un monto de 50.1 millones, por lo que aún faltan de aclarar o recuperar la cantidad total de 1,507.9

millones. Derivado de lo anterior, el Gobierno del estado de Chiapas deberá aclarar dicho monto ante la Auditoría o bien con procedimientos resarcitorios para darle cumplimiento cabal a los 26 pliegos de observaciones.


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Fallece el exzar antidrogas Mariano Herrán Salvatti Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

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ariano Herrán Salvatti, zar antidrogas durante el gobierno de Ernesto Zedillo, falleció esta tarde en la Ciudad de México. Sus amigos y familiares confirmaron que la muerte del exfiscal y exsecretario de economía en Chiapas se registró alrededor de las 17:40 de este jueves, luego de varios meses de dar la batalla a un cáncer de hígado. En los últimos meses Herrán Salvatti llevó la defensa de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo (1993-1999), quien hace unos meses fue repatriado de Estados Unidos para que culmine en México la sentencia que tiene pendiente por delitos relacionados con el narcotráfico. No obstante, fue el mismo Herrán quien como zar antidrogas consignó el expediente en 1998 contra Villanueva. Originario de Chiapas, cobró notoriedad cuando se le nombró al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Salud (FEADS), de la Procuraduría General de la República (PGR). Según documentó la revista Proceso en 1997, poco después de la destitución del panista Antonio Lozano Gracia como procurador general de la República y tras el escándalo que generó la aprehensión del general Jesús Gutiérrez Rebollo, Mariano Herrán Salvatti arribó al Ministerio Público Federal con las mejores credenciales.

Sus amigos y familiares confirmaron que la muerte del exfiscal y exsecretario de economía en Chiapas se registró alrededor de las 17:40 de este jueves, luego de varios meses de dar la batalla a un cáncer de hígado

Avalado por la oficina antidrogas de Estados Unidos (DEA) y con el respaldo del entonces presidente Ernesto Zedillo, Herrán dejó la Coordinación General de Averiguaciones Previas en la Procuraduría de Justicia capitalina y, luego de aprobar todos los exámenes, se hizo cargo del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD). Herrán Salvatti sustituyó al general Gutiérrez Rebollo, detenido por sus nexos con el narcotráfico. Se acreditó que estaba vinculado al cártel de Juárez desde hacía varios años, y la PGR descubrió que ese grupo criminal financiaba con dinero e información la lucha contra el cártel de Tijuana.

La caída de Gutiérrez Rebollo, pero sobre todo sus nexos con uno de los cárteles más poderosos, acrecentó la desconfianza de Estados Unidos hacia México, lo que metió en serios aprietos al gobierno zedillista para seleccionar al “zar antidrogas” en uno de los momentos más sensibles que atravesó el país por la penetración del narcotráfico en el poder. Finalmente, después de ser sometido a exámenes de polígrafo, Herrán Salvatti fue nombrado “zar antidrogas”. Con su arribo a la PGR se creó la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos contra la Salud (FEADS), que un lustro después des-

apareció porque los tentáculos del narcotráfico la maniataron. En un nuevo ensayo, la PGR creó la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), órgano que también resultó contaminado por la corrupción del narcotráfico, por lo que el área responsable del combate a la delincuencia organizada tuvo que ser elevada al rango de subprocuraduría, y así nació la Subprocuraduría de Investigación Especializada en delincuencia Organizada (SIEDO), ahora SEIDO. Cuando llegó al gobierno de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía (2000-2006), Herrán Salvatti asumió el cargo de procurador de Justicia. Posteriormente fue reformada la institución para ser renombrado titular de la Fiscalía General de Justicia del estado. En ese cargo siguió hasta el primer año de gobierno de Juan Sabines Guerrero (2006-2012), quien lo removió de esa dependencia y lo nombró secretario de Economía. Al poco tiempo fue destituido del cargo y encarcelado tres años, acusado de diversos delitos en el ejercicio de su función pública. Tras obtener su libertad regresó a litigar para defender a quien él mismo investigó para llevar a prisión.

Vandalizan la presidencia municipal priista de Ocotepec De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

Habitantes del municipio de Ocotepec, en la región norte de la entidad, indignados contra la administración priista de este municipio realizaron todo tipo de desmanes por la falta de entrega de apoyos para la construcción y mejoramiento de viviendas. Los enfurecidos pobladores ocasionaron daños en la alcaldía de ese lugar, según revelaron fuentes policiacas, quienes abundaron que durante los hechos sucedidos la tarde del miércoles, los inconformes rompieron cristales y saquearon papelería que dejaron esparcida en la entrada del palacio municipal y quemaron una ambulancia. Se dijo que los disturbios fue en protesta por la falta de recursos para vivienda, y acusaron al edil Sonia Morales Valencia de desviar dichos

recursos para supuestas campañas electorales. El saldo fue de una patrulla y una ambulancia incendiadas; además, el edificio fue dañado y, hasta el momento, se presume que fue el dirigente Municipal del PVEM, Elías de la Cruz Cruz. Señalaron que la presencia de un presunto grupo de choque, enviado por la alcaldesa priista Sonia Morales Vázquez, provocó una trifulca con los habitantes, sin que se hayan reportado lesionados. Sin embargo los campesinos, arribaron desde temprana hora a la cabecera Municipal y tras una concentración, un supuesto grupo de choque aparentemente seguidor de la alcaldesa y de Rigoberto Benedicto Morales estrada, quien es titular del programa de Vivienda, empezó a vandalizar el edificio para responsabilizar a los inconformes y el edificio de la alcaldía quemada

Las fuentes manifestaron que los aproximadamente cien pobladores ocasionaron daños al edificio, en protesta porque Morales Vázquez presuntamente los ha discriminado por pertenecer al Partido Verde Ecologista de México, y ha privilegiado a sus correligionarios del Re-

volucionario Institucional (PRI). Los inconformes consideran que se les ha negado el beneficio, además se les ha impedido acceder a construcción de obras municipales como agua potable, drenaje, pavimentación de calles, así como construcción de escuelas y clínicas.


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Cumplen maestros 96 horas de paro en Tuxtla; transportistas 17 días De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

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rofesores que reclaman el pago de 150 millones de pesos al gobierno del estado de el 2013 a la fecha, cumplieron 96 horas de plantón de labores en las principales calles de Tuxtla Gutiérrez y no se moverán hasta recibir una respuesta favorable. El pasado 3 de julio los docentes realizaron una manifestación que salió del lado oriente de la ciudad, a la altura de la estatua “Diana la cazadora” y culminó frente a palacio de gobierno, donde confirmaron la suspensión de actividades. En ese momento, Alejandro Ovando Rodríguez, secretario de Trabajo y Conflicto de este nivel educativo, precisó que son más de dos mil 500 maestros (de los cinco mil inscritos en el sector) a los que se les tiene algún tipo de adeudo con sueldos que van de los cinco a los 10 mil pesos; hasta este 6 de julio, no hay ningún avance significativo con el gobierno. De acuerdo con los docentes, estas actividades no afectan las clases en el sector educativo, porque el ciclo escolar ya fue culminado y solo están en la parte final de clausuras y calificaciones. En tanto, transportistas asalariados y que están adheridos a la Coordinación Estatal de Transportistas

El pasado 3 de julio los docentes realizaron una manifestación que salió del lado oriente de la ciudad, a la altura de la estatua “Diana la cazadora” y culminó frente a palacio de gobierno, donde confirmaron la suspensión de actividades

de Chiapas (Coestrach), cumplieron 17 días de mantener sus unidades en protesta, porque la Secretaría de Transporte no ha cumplido sus demandas que se relacionan con el otorgamiento de permisos. El líder del grupo, Jorge Omar Vázquez, confirmó que si las autoridades se niegan a atenderlos, a pesar que este grupo de transportistas apoyó en el plan emergente en enero de este año debido a un paro en la modalidad de colectivo, el 15 de julio

iniciarán una huelga de hambre. Agregó que están en proceso de analizar cómo y quienes iniciarán esta actividad, pero ya han acudido a instancias protectoras de los Derechos Humanos para que reciban el apoyo en este tema. El líder transportista reiteró que ellos no buscan engañar a la ciudadanía, simplemente, están luchando por un derecho que les corresponde a sus compañeros que, además, llevan más de 20 años trabajando en el sector.

Aclaró que esto lo hacen porque al titular de la Secretaría del Transporte le vale “un cacahuate” lo que pase con el gremio y, por lo tanto, debería renunciar a su cargo. Puntualizó que ellos no están pidiendo concesiones en estos momentos, pero sí exigen transparencia en el transporte y que el gobierno escuche las exigencias que tienen en relación al compromiso (verbal) que hiciera la Secretaria de Transportes. Esto ha afectado a más de 100 afiliados y para sobrevivir están en roles de trabajo. Finalmente, frente a la palacio de gobierno también se encuentran representantes de 22 familias que fueron desplazadas del municipio de Ixtapa en el 2012 y que, desde entonces, han tenido que sobrevivir en condiciones insalubres por la falta de una vivienda digna. Ellos le reclaman al Gobierno estatal el cumplimiento de la recomendación 83/2013 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que, entre otras cosas, detalla la reubicación de estas personas en mejores espacios, que cuenten con acceso a la educación y a la salud.

Reconstrucción de viviendas por sismo de 2014 una falacia: OPP Marvin Bautista Tapachula, Chis. (interMEDIOS)

A tres años del sismo del pasado 7 de julio de 2014, que dejó miles de damnificados en municipios de la Costa y Soconusco, familias aún esperan que las autoridades cumplan con el proceso de reconstrucción de sus hogares, ya que los recursos fueron asignados, sin embargo se presumen fueron desviados. La Presidenta del comité de reconstrucción del municipio de Huixtla, Olvita Palomeque Pineda dio a conocer que a través de las manifestaciones se logró que la mayoría de las viviendas fueran atendidas, pero hay varias familias que fueron censadas y hasta la fecha están en espera de los apoyos para rehabilitar sus patrimonios. Dijo que tan sólo en el municipio de Huixtla 83 viviendas no han sido atendidas, y a casi tres años del movimiento telúrico que devastó la zona, las familias han perdido las esperanzas, ya que a lo largo del tiempo se han firmado minutas de acuerdo con

las autoridades de Sedatu, autoridad que ha incumplido con el proceso de reconstrucción. Señaló que los recursos fueron asignados por la federación, pero la Sedatu, quien es la dependencia encargada del proceso de reconstrucción no cumplió en tiempo y forma, por lo que las familias durante este tiempo han tenido que vivir en casas de familiares o pagar rentas al no tener un lugar donde habitar. Detalló que a los damnificados se les prometió la reconstrucción de sus viviendas con un valor de 120 mil pesos, pero el pretexto de las autoridades es que ahora los costos ya no son los mismos y por lo tanto les ofrecieron un paquete de materiales de una cantidad menor, pero la propuesta no fue aceptada. Enfatizó que la última minuta de acuerdo fue firmada en el mes de mayo del año en curso, pero tampoco no han cumplido, por lo que han perdido la fe en cuanto a ser atendidos, por lo que calificó de reprobable la actitud asumida por las autoridades al burlarse de la necesidad de las fa-

milias afectadas. La representante de los damnificados subrayó que la misma situación viven personas de los 37 municipios que fueron afectadas tras el sismo, donde muchos tuvieron que derribar las estructuras que estaban de pie porque las autoridades les prometieron que solo así podrían ser atendidas pero tampoco cumplieron. Mencionó que ahora ya hubo una nueva declaratoria de emergencia tras el sismo del pasado 14 de junio, pero hay incertidumbre de los afectados, ya que si las autoridades no han

cumplido con la reconstrucción de hace tres años, mucho menos lo harán con las afectaciones recientes, ya que ni tan siquiera han pasado a verificar los daños y censar las viviendas. Para finalizar lamentó la falta de interés de los alcaldes para gestionar y exigir que los damnificados sean atendidos, quienes a pesar de ser la primera autoridad se mostraron apáticos, por lo que anunció que ante el incumplimiento del proceso de reconstrucción y el cierre del periodo, concluirá sus gestiones como presidenta del comité. (iM rrc)


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Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

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utoridades agrarias y municipales de los distritos de Ocotlán y Ejutla exigieron que se cancele el proyecto minero de la empresa Fortuna Silver Mines, así como se respeten las tierras de las comunidades zapotecas que han declarado sus territorios prohibidos para actividades extractivas. De igual forma, culparon a la Semarnat, Conagua y Profepa por incumplir con sus responsabilidades, al permitir daños ambientales generados por el proyecto minero “San José” de las empresas mineras Cuzcatlán y Fortuna Silver Mines. Además, advirtieron que la presa de jales es una amenaza muy grave de contaminación para las comunidades, ya que con las últimas lluvias ha estado en su máxima capacidad y, en caso de desbordarse, afectará sus tierras de cultivo. Los inconformes exigieron que la empresa Fortuna Silver Mines respete las tierras de las comunidades, mismas que han declarado sus territorios prohibidos para la minería, principalmente los límites ejidales de Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, Monte del Toro y San Martín de los Cansecos. También pidieron a estos empresarios dejen de hacer excavaciones irregulares para sus intenciones de expansión, además de que el gobierno respete su decisión. Insistieron en que la Secretaría de Economía cancele las concesiones mineras otorgadas en sus territorios, ya que aquéllas no cuentan con la aprobación de las asambleas comunitarias y por lo tanto vulneran su derecho a la libre determinación y al territorio.

Armando Guzman Villahermosa, Tab. (apro)

El gobernador Arturo Núñez lamentó que Tabasco se ubique en el primer lugar nacional en percepción empresarial de corrupción en trámites y servicios gubernamentales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y difundida el pasado lunes 3, Tabasco ocupa el primer lugar nacional en percepción sobre corrupción de servidores de públicos, ya que 92.7% de empresarios dijeron haberla padecido para agilizar trámites o evitar sanciones y multas. Le siguen Veracruz, con 92.1%, y la Ciudad de México, con 91.5%. “Primero, lamento mucho que aparezcamos en esos primeros lugares. Segundo, son percepciones, eso es muy subjetivo. No conozco los términos de la encuesta y no puedo emitir un juicio de valor sobre qué implique y qué considere porque no

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Autoridades agrarias de Ocotlán y Ejutla repudian proyecto minero en Oaxaca De igual forma, culparon a la Semarnat, Conagua y Profepa por incumplir con sus responsabilidades, al permitir daños ambientales generados por el proyecto minero “San José” de las empresas mineras Cuzcatlán y Fortuna Silver Mines.

“Solicitamos la inmediata intervención de las autoridades correspondientes para evitar que la empresa minera continúe invadiendo el territorio de San Martín de los Cansecos, y exigimos a la Profepa agilizar el procedimiento administrativo derivado de la denuncia popular, pues de no haber respuesta de las autoridades, se violentarán nuestros derechos reconocidos constitucionalmente”, puntualizaron. Igual reiteraron que seguirán organizándose para la defensa de sus bienes comunes en la región, ya que “nuestros territorios no están en venta y aquí decimos sí a la vida, no a la minería”.

Las autoridades agrarias y municipales, así como la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, se quejaron de que la minera Fortuna Silver Mines (FSM), instalada en San José del Progreso, de manera constante ha emanado grandes cantidades de humo negro y contaminantes que afectan a las comunidades de la región. Además, FSM realiza trabajos de excavación en los límites de San José del Progreso afectando las tierras del ejido de San Martín de los Cansecos. Apenas el 30 de junio realizaron un recorrido en los límites del ejido de San Martín de los Cansecos con San José del Progreso, donde

se percataron que particulares han arrojado escombros y restos de los trabajos de exploración realizados por Cuzcatlán-FSM en sus límites ejidales. Además, abrieron brechas y realizaron diversas excavaciones sin la autorización de la comunidad, violentando los acuerdos de asamblea, donde se aprobó prohibir cualquier trabajo de exploración o explotación minera, acciones que han sido documentadas ante el Registro Agrario Nacional. Lo que es peor, observaron, es que “la empresa ha instalado casetas de vigilancia en los límites agrarios, las cuales son vigiladas por personas de la comunidad de San José del Progreso contratadas por la minera Cuzcatlán-FSM, quienes se acercaron hacia nosotros con una actitud intimidatoria”. Estos hechos ya fueron denunciados ante las autoridades competentes y hasta el momento no han tenido una respuesta satisfactoria, por tal motivo continuarán exigiendo a las autoridades prohíban dichos estudios, que forman parte de la expansión del proyecto minero en la zona.

Núñez lamenta que Tabasco ocupe el primer lugar en percepción de corrupción están denunciando hechos de corrupción, sino percepción de corrupción”, opinó el mandatario tabasqueño. Según el Inegi, 64.5% de las unidades económicas consultados en el país considera que la corrupción se produce para agilizar trámites, y 39.4% asegura que para evitar multas o sanciones. En el caso de Tabasco, se puntualiza que por cada diez empresas que realizaron trámites en 2016, por lo menos una fue víctima de soborno en instancias del gobierno estatal, federal o municipal. La encuesta se realizó en noviembre y la primera quincena de diciembre del año pasado en comercios y empresas de construcción, minería, electricidad, suministro de agua y gas, manufacturas y servicios. Los resultados arrojaron que las micro y grandes empresas destina-

ron alrededor de mil 600 millones de pesos en actos de corrupción para agilizar trámites o evitar multas y sanciones. De las 34 mil 681 consultadas en todo el país, cada una gastó 12 mil 243 pesos para dar “mordidas”, con un promedio de 19.5 trámites en oficinas de los tres niveles de gobierno. Los más afectadas fueron los microempresarios que dan empleo al 40% de la población, con una tasa de 534 víctimas por cada 10 mil negocios. Estos pequeños negocios desembolsaron un promedio de nueve mil pesos en sobornos, y 48 mil pesos las grandes empresas. Los tres primeros lugares en percepción de actos “frecuentes” y “muy frecuentes” de corrupción se registraron en Tabasco, Veracruz y Ciudad de México.

Los empresarios de Colima y Nayarit, por el contrario, son los que menos la perciben con el 62%, muy por debajo de más del 80% de la media nacional. Chiapas, Estado de México, Zacatecas, Sonora, Nuevo León, Jalisco y Sinaloa se encuentran dentro de los diez estados con percepción empresarial de corrupción por encima del promedio nacional.


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Procesados en anterior sistema penal pueden obtener la libertad provisional: SCJN De la redacción Ciudad de México (apro)

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a Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que de conformidad con el artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, los procesados en el sistema penal mixto pueden solicitar la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva, es decir, pueden obtener la libertad provisional. En un comunicado, precisó que la medida propuesta por el ministro José Ramón Cossío Díaz implica un cambio que habilita a que el órgano jurisdiccional aplique las reglas del Código Nacional a la luz de los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad justificada para la afectación del derecho humano a la libertad personal, acorde a lo establecido en el artículo 19 constitucional. Ello es así en razón de que dicho artículo transitorio permite la prevalencia del derecho humano de presunción de inocencia, del principio de mínima intervención del derecho penal, así como de la excepcionalidad de la prisión preventiva frente a la regla del sistema mixto que deriva de la calificación normativa de la gra-

José Gil Olmos Ciudad de México (apro)

El exlíder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, presentó ante la Comisión de Asuntos Legislativos de su partido su propuesta de “Ley reglamentaria de gobiernos de coalición”, con el fin de que la bancada priista la presente en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, que inicia el 1 de septiembre. A unas semanas de que se lleve a cabo la 22 Asamblea Nacional del PRI, Beltrones hizo esta propuesta para que las fracciones legislativas del partido presenten la iniciativa, con el objetivo de que la ley reglamentaria esté lista antes de que comience el registro de las coaliciones para las elecciones del 2018. En la pasada reforma electoral del 2014 se aprobó la posibilidad de integrar el gobierno de coalición entre los partidos representados en el Congreso. Sin embargo, aún está pendiente su reglamentación para que pueda implementarse a partir del próximo sexenio. En la propuesta entregada a la Comisión de Asuntos Legislativos del

En un comunicado, precisó que la medida propuesta por el ministro José Ramón Cossío Díaz implica un cambio que habilita a que el órgano jurisdiccional aplique las reglas del Código Nacional a la luz de los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad justificada para la afectación del derecho humano a la libertad personal, acorde a lo establecido en el artículo 19 constitucional

vedad del delito, resolvió la Primera Sala en la sesión del 5 de julio. Además, agregó, privilegia el acceso a la jurisdicción del Estado para que se revise el estatus de detención en que permanecen las personas sujetas a un proceso penal. Lo anterior, subrayó, en el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no

tiene el alcance de que el juzgador declare fundada en automático la solicitud de sustitución, modificación o cese, sino que está sujeta a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como a la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado) y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la

audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. En caso de sustituir la medida cautelar, puntualizó, el juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional. La Primera Sala consideró que, bajo el estricto respeto al principio de contradicción, al juez del proceso sólo le corresponde decidir sobre el destino de la petición con base en lo que las partes aporten en la audiencia correspondiente. Y reiteró la importancia de que la mecánica establecida en el artículo transitorio no implica el cambio inmediato de situación del imputado, sino que lo que permite es la aplicación de las normas del nuevo sistema penal, resolviendo así una evidente situación de desigualdad provocada por la condición transitoria entre sistemas procesales.

Beltrones presenta al PRI su propuesta de “gobierno de coalición” PRI, que encabeza la senadora Cristina Díaz Salazar, Beltrones indicia que es necesario que la iniciativa sea aprobada antes de que inicie el registro de los convenios de coalición para los comicios presidenciales y legislativos del próximo año, “a fin de que los partidos políticos consideren en su horizonte la posibilidad de que la coalición electoral eventualmente podría derivar en un gobierno de coalición”. También argumentó que, frente a una mayor competitividad electoral en el país, en la cual los ganadores no han obtenido la mayoría absoluta de la votación, ni en el caso de las elecciones presidenciales ni en las legislativas, es necesario contar con la figura de los gobiernos de coalición para que haya una mayor gobernabilidad. En la propuesta de ley reglamentaria de los gobiernos de coalición se reconoce la facultad exclusiva del presidente para presentar al Senado

el convenio y programa del gobierno de coalición, que deberá estar firmado por los líderes de los partidos que participarán en dicho pacto, en el que además se deberán señalar las secretarías de despacho y los titulares propuestos para cada dependencia. Igual precisa que el programa del gobierno deberá establecer sus pro-

pósitos, indicando metas y plazos y las acciones legislativas que deberán realizar para apoyar su realización, con el compromiso de que queden inscritos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Asimismo, las causas para la conclusión anticipada del mismo y la correspondiente disolución del gobierno de coalición.


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Arturo Rodríguez y Jenaro Villamil Ciudad de México (apro)

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n grupo de articulistas renunció hoy a seguir colaborando en El Universal, diario que en las últimas semanas ha publicado noticias y reportajes sobre presuntos actos anómalos en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Los renunciantes son José Luis Caballero Ochoa, Enrique Cárdenas Sánchez, Edna Jaime Treviño, Sergio López Ayllón, Jacqueline Peschard Mariscal y Pedro Salazar Ugarte, quienes en una misiva reprocharon al propietario del rotativo, Juan Francisco Ealy Ortiz, la cobertura en semanas recientes en torno al tema, por lo que –afirman– decidieron defender su “buen nombre”. Aunque la carta inicia reconociendo apertura y libertad a sus colaboraciones en la página de opinión, argumentan: “Nos ha sorprendido la posición del periódico mediante notas imprecisas, sin sustento fáctico, refractarias a verificar la información pública disponible y que, en cambio, han insinuado conflictos de interés y la comisión de práctica indebidas en las que, de una u otra manera, todos nosotros estaríamos involucrados”. Desde el pasado 29 de junio, El Universal ha publicado notas sobre presuntas irregularidades en la selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana en el SNA, a partir de las declaraciones de Gerardo Lozano, uno de los aspirantes finalistas para integrar el comité y quien denunció su inconformidad, debido a que él habría obtenido mayor evaluación que Mariclaire Acosta. Ante estas denuncias, el Comité decidió presentar el miércoles 5 el llamado Libro blanco del proceso de selección de los consejeros ciudadanos que fueron electos por el Senado de la República. Los seis firmantes de la carta son Jacqueline Peschard, quien encabeza el Comité de Participación Ciudadana del sistema, al igual que Edna Jai-

Jenaro Villamil Ciudad de mexico (apro)

En los últimos dos años, cerca de 55% de las 20 mil 666 denuncias presentadas en la plataforma “Soy Usuario” del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Profeco fueron por fallas en el servicio, y 35% corresponde a los servicios de telefonía móvil, 34.77% a internet, 16.14% a telefonía fija, 14% a televisión de paga, y sólo 0.16% por servicio de radio o trunking. De acuerdo con el reporte publicado por el IFT y la Profeco, “Soy Usuario” fue una plataforma para interponer inconformidades en contra de los proveedores cuando a los usuarios de telecomunicaciones les vulneren sus derechos. Según este reporte, 92.3% de las

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Articulistas renuncian a El Universal por “cobertura adversa” al Sistema Anticorrupción

me Treviño, el académico José Luis Caballero Ochoa, el exintegrante de la Comisión de Selección, Sergio López Ayllón, el especialista Pedro Salazar Ugarte y Enrique Cárdenas Sánchez. En su carta, de cuartilla y media, los especialistas y ahora excolaboradores del diario afirman que “estamos involucrados de manera directa en la concepción, desarrollo y puesta en marcha de ese ambicioso sistema que busca erradicar uno de los males que más lastiman a México”. Todos son miembros de la élite académica e integrantes de numerosos consejos y comités ciudadanos: Caballero, por ejemplo, es director de Derecho en la Universidad Iberoamericana (Uia); López Ayllón es director del CIDE; Edna Jaime fue directora de CIDAC y, ahora, de la organización ciudadana México Evalúa. En tanto, Pedro Salazar es direc-

tor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Enrique Cárdenas Sánchez lo es del Centro Espinosa Yglesias. La “cobertura adversa” que reprochan los quejosos se refiere a una serie de noticias en las que se abordó la integración del Comité de Participación Ciudadana, entre otras, una nota en cuyo título se señalaba que hubo “trampa” al designar como integrante a Mariclaire Acosta, quien habría obtenido menor calificación que otros participantes. En realidad, la relación entre miembros del Comité de Selección y el posterior Comité Ciudadano plantea diversos aspectos relevantes, por ejemplo, que López Ayllón haya sido proveedor del otrora Instituto Federal de Acceso a la Información, cuando Jacqueline Peschard era comisionada en el ente de transparencia. Asimismo, que otro elegido del comité se desempeñara como aca-

démico del CIDE o que Mariclaire Acosta fuera su subordinada hace unos cuantos años. “El Universal ha adoptado una cobertura adversa ante uno de los proyectos de construcción institucional más relevante y urgente para nuestro país: el SNA. Quienes firmamos esta carta hemos estado involucrados de manera directa en la concepción, desarrollo y puesta en marcha de ese ambicioso sistema que busca erradicar uno de los males que más aquejan a México”, exponen. También sostienen que “la falta de sustento” en las notas de la cobertura del diario “ha sido evidenciada en distintas sedes y por distintas personas”, y luego deploran que, “de manera inexplicable, el periódico ha mantenido su misma línea editorial”. En un penúltimo párrafo de su carta, confirman su intención de dejar de colaborar con El Universal y, finalmente, concluyen: “Lamentamos sinceramente que las decisiones editoriales y las circunstancias en las que éstas han tenido lugar nos hayan llevado a tomar esa decisión, pero la congruencia con nuestras convicciones, el compromiso con la verdad y el derecho a defender nuestro buen nombre, obligan”. Antes de este episodio, el actual gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral Jurado, colaborador durante más de una década en El Universal, también acusó al periódico por emprender una campaña en su contra.

Cerca de 55% de denuncias ante IFT y Profeco son por “fallas en servicios” de telefonía e internet reclamaciones presentadas han sido atendidas, mientras que sólo 2.2% se encuentran “en proceso” y 5.5% han sido canceladas por duplicidad. El mayor número de inconformidades se presentaron en la Ciudad de México (27.57%), el Estado de México con 19.94%, Jalisco con 8.21%, Puebla con 4.56% y Veracruz con 4.39%. El IFT recordó que los derechos mínimos para los usuarios son “que se respeten las tarifas ofertadas, las cuales deberán ser registradas ante el IFT”, y no recibir llamadas de los proveedores para promover o vender servicios o paquetes sin la autorización

expresa del usuario. Además, reportar el cobro o extravío del equipo móvil al operador, a través de procedimientos expeditos, para

que se suspenda inmediatamente el servicio, y ser representado en una acción colectiva ante el incumplimiento del proveedor.


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Integrantes del GIEI también fueron presuntamente espiados por el gobierno federal, denuncian en la CIDH Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)

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os integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargados del Caso Ayotzinapa también pudieron ser espiados con el malware Pegasus mientras se encontraban en México: en marzo de 2016 recibieron mensajes similares a los utilizados para infectar teléfonos celulares de periodistas, activistas y políticos mexicanos, informaron integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La comisionada Esmeralda de Troitiño, quien presidió hoy la audiencia de la CIDH sobre el mecanismo especial de seguimiento del asunto Ayotzinapa, informó que el organismo recibió una carta del GIEI, la cual notificó la recepción de mensajes de texto con enlaces hacia páginas probablemente infectadas con el malware Pegasus. “Vamos a comunicarle formalmente esta carta al Estado”, subrayó el comisionado James Cavallaro -exintegrante del GIEI-, quien insistió en que el presunto espionaje gubernamental contra los defensores de derechos humanos es un tema de “extrema preocupación” para la CIDH, la cual realiza esta semana su 163 periodo de sesiones en Lima, Perú. Durante un año, los expertos del GIEI coadyuvaron en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas em Iguala, Guerrero. Su labor obligó la Procuraduría General de la República (PGR) a ampliar las líneas de investigación y desacreditó la

Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (apro)

El titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, advirtió que el próximo gobierno que pretenda desmantelar la reforma energética o busque dar marcha atrás a los contratos, se enfrentará con “la realidad económica del país”. Luego de participar en el Foro Oil & Gas, organizado por la firma alemana Siemens, el encargado de la política energética del país lanzó: “Son contratos de largo plazo sustentados por el estado de derecho. Son contratos que no pueden romperse de manera arbitraria, eso llevaría el tema a instancias internacionales. Los contratos están garantizados por las leyes mexicanas. El que quiera cambiar la reforma energética, va a tener que cambiar la Constitución y se va a enfrentar a la realidad económica del país, a un modelo que nadie practica

llamada “verdad histórica” elaborada por el gobierno federal para explicar lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.

“#GobiernoEspía” La empresa NSO Group, de origen israelí, desarrolla el malware Pegasus y lo vende de manera exclusiva a las agencias de gobierno. En los últimos dos años, este programa fue utilizado, presuntamente por instituciones gubernamentales mexicanas, para tomar el control de los celulares de activistas, periodistas y políticos mexicanos, pese a violar la ley. El tema del creciente escándalo del espionaje gubernamental operado en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se introdujo hoy en las audiencias de la CIDH dedicadas a los casos mexicanos -los integrantes de la sociedad civil instalaron frente a ellos una cartulina con la consigna #GobiernoEspía-, pero se agudizó en la sesión sobre Ayotzinapa. Frente a los representantes del gobierno mexicano se encontraban algunos padres de los normalistas, acompañados por su abogado Vidulfo Rosales, así como Mario Patrón Sánchez y Santiago Aguirre Espinosa, director y subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), respectivamente, quienes fueron víctimas de tentativas de espionaje en 2016. Desde los primeros momentos de la sesión, Patrón marcó el tono de la audiencia que se llevaría a cabo a lo largo de la siguiente hora: “Venimos a denunciar que el gobierno mexicano

espía en vez de investigar el paradero de los 43 normalistas”, sostuvo. Los representantes del gobierno mexicano, encabezados por Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se vieron acorralados por los cuestionamientos de los comisionados de la CIDH. Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, planteó que la PGR abrió una investigación para determinar responsabilidades penales contra las “personas” que interceptaron las comunicaciones privadas. “No hay imputaciones directas a personas, sino a instituciones”, reviró Patrón, al añadir que “la gran pregunta es si el Estado querrá y tendrá la capacidad de investigarse a sí mismo”. El defensor de derechos humanos recordó que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) -dependiente de la PGR-, el Centro de Inteligencia en Seguridad Nacional (Cisen) -parte de la Segob- y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberían ser investigados, pues existen evidencias de que compraron el programa Pegasus.

Incluso, denunció que las autoridades mexicanas reservaron los contratos que evidencian la compra de dicho programa. La de hoy no fue la primera vez que una audiencia de la CIDH sobre el caso Ayotzinapa se convierte en el teatro de intercambios ríspidos entre defensores de derechos humanos y funcionarios. El pasado 17 marzo, en los últimos minutos de la sesión, Roberto Campa Cifrián relanzó la “verdad histórica” del gobierno federal sobre la noche de Iguala y planteó que “no se ha consolidado otra hipótesis”. En esa ocasión, el funcionario intervino para “rescatar” a Alfredo Higuera Bernal, el fiscal que la PGR adscribió al caso de Ayotzinapa, quien eludía de manera burda la serie de preguntas que le hizo el comisionado James Cavallaro. -¿Por qué se ejercieron presiones sobre el exvisitador interno de la PGR, César Chávez, para que las conclusiones de su informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa? --¿Cómo van las investigaciones sobre los probables actos de tortura perpetrados contra siete de cada diez detenidos del caso? -¿Por qué, si ya transcurrieron 18 meses desde que el GIEI pidió una investigación más profunda sobre las redes de trasiego de heroína de Iguala a Chicago, sigue en trámite la petición de asistencia mutua del gobierno de México a su contraparte de Estados Unidos? -¿Qué avances existen sobre la posible participación de policías municipales de Huitzuco y de militares?

Si alguien quiere cambiar la reforma energética va a tener que cambiar la Constitución: Joaquín Coldwell en el mundo”. Frente a reporteros, el exlíder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) añadió: “Se van a enfrentar con un blindaje constitucional, con los contratos vigentes, pero sobre todo porque no pueden regresar a endeudar al estado para que éste sea el único accionista”. De acuerdo con el funcionario, en lo que resta del sexenio de Enrique Peña Nieto se lanzarán otras cuatro licitaciones petroleras. Sin embargo, acotó que para las siguientes licitaciones –que son de gas-las expectativas son un poco menores a las previstas, ya que el tema del precio del gas todavía “no es mucho incentivo, pero ojalá podamos lograr un promedio de adjudicación de 30%, que equi-

vale a mil 200 millones de dólares”. En su oportunidad, el presidente la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda, destacó que en las próximas semanas se aprobarán las bases para la primera licitación de campos no convencionales y la segunda de aguas profundas, que podrían adjudicarse antes de terminar el año. Precisó que en campos no convencionales la parte de petróleo está en la Cuenca de Tampico-Misantla, el norte Tamaulipas y Veracruz, pero también en la zona Eagle Ford para gas. Y sobre la segunda licitación de aguas profundas, puntualizó que los campos estarán en el Cinturón Plegado Perdido y Cuenca Salina, pero en el Plan Quinquenal también se conside-

ra Cordilleras Mexicanas, que se ubica frente a las costas de Veracruz “Esperamos que sea un número considerable para alcanzar la escala suficiente para detonar al sector, es una industria que requiere escala, un gran número de áreas para detonar la infraestructura”, concluyó.


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Marchan trabajadoras de Ciudad de las Mujeres de Tlapa; les adeudan 4 meses Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)

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rabajadoras de Ciudad de las Mujeres de Tlapa marcharon este jueves en el centro de la ciudad de Tlapa, para exigir que se paguen los salarios atrasados de cuatro meses y que se acuerde una reunión con personal de la Sedatu para solucionar estos problemas. Un grupo de 41 trabajadoras de Ciudad de las Mujeres de Tlapa, ubicado en la Montaña de Guerrero, denunciaron que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) redujo el presupuesto para la operación de este centro, recortó a la mitad el sueldo del personal y despidió de manera injustificada a quienes estuvieron en desacuerdo. En entrevista desde Tlapa con Cimacnoticias, Yuridia Sierra Mercenario, quien labora como traductora del mixteco al español, expuso que hay 59 trabajadoras que atienden de 100 a 120 mujeres diariamente, provenientes de 19 municipios de la región de la Montaña, pero destacó que desde marzo de 2015, cuando comenzaron actividades, no se respetaron sus derechos laborales, por ejemplo, no tienen contrato, prestaciones ni seguro médico.

Ciudad de las Mujeres de Tlapa es un proyecto impulsado por el Gobierno mexicano y el Banco Interamericano de Desarrollo para cumplir con dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que en 2010 condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la violación sexual cometida por miembros del Ejército contra las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, hechos ocurridos en 2002. El lugar es operado por Sedatu y es un conglomerado de edificios donde se ofrecen servicios de salud, talleres, cuidado de niñas y niños y asesoría legal para las mujeres. Sin embargo las trabajadoras aseguran que este centro que se creó como parte de las medidas de reparación del daño por los casos de Inés y Valentina no cumple con los derechos laborales

de las mujeres. “Es incongruente que defendemos derechos de mujeres que viven violencia cuando a nosotras como trabajadoras también se nos están violentando nuestros derechos”, dijo Sierra Mercenario. La trabajadora explicó que el 29 de junio la coordinadora de Módulos de ese proyecto, Patricia Rodríguez, informó al personal que se redujo el presupuesto y por tanto se recortaría el sueldo en 50 por ciento y la mitad de las trabajadoras serían despedidas. El anuncio se hizo cuando se cumplían cuatro meses sin que recibieran un pago pos sus actividades. “Desde que iniciamos a trabajar no se nos han respetado nuestros derechos laborales. Hemos callado por el miedo a perder nuestro trabajo”, recordó Sierra Mercenario pero dijo que decidieron alzar la voz porque la mayoría está so-

breviviendo con préstamos y apoyos económicos de sus familias pero además porque es incongruente que defiendan derechos y a ellas las violenten. Mientras la directora de Ciudad de las Mujeres, Nayeli Ávila Carrera estaba de vacaciones fuera del país, el 30 de junio las empleadas decidieron entrar en un paro indefinido hasta que se solucione el problema aunque siguen atendiendo a las usuarias cuando llegan a pedir orientación. De las 59 abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, traductoras, asesoras territoriales, ingenieras agrónomas y personal de intendencia y vigilancia que laboran, 41 están en paro lo que impide el correcto funcionamiento de los siete Módulos que capacitan y atiende temas en torno a tener una vida libre de violencia, educación, autonomía económica, mujeres jóvenes y cuidado infantil. Sierra Mercenario dijo que esperan una reunión con personal de Sedatu, dependencia encargada de la administración de Ciudad de las Mujeres, y piden que no hayan más despidos, reducción de salarios, que se etiquete un presupuesto federal para este centro, que haya un contrato laboral con prestaciones de ley y que una o dos veces al año un contralor visite el lugar para verificar el funcionamiento.

Concluye PGJDF “suicidio” de Lesvy; es feminicidio, insiste OCNF Montserrat Antúnez Estrada Ciudad de México. (Cimacnoticias)

Pese a que existen elementos suficientes de que se trató de un feminicidio, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) concluyó que Lesvy “se suicidó”; con lo que pretende cerrar la investigación, una práctica común en la instancia de justicia, así lo señaló la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada. En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Estrada refirió que pese a que los peritajes y averiguaciones previas por el caso de Lesvy, la estudiante de la UNAM hallada asesinada en Ciudad Universitaria el pasado 3 de mayo apuntan a un feminicidio, la Procuraduría capitalina determinó hoy que la joven se “suicidó”. La PGJDF informó este jueves en un comunicado, que Lesvy Berlín Rivera Osorio usó el cable de la cabina telefónica, donde se encontró su cuerpo, para “suicidarse” frente a su pareja, quien fue aprehendido por el delito de homicidio simple doloso e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente ya que este “tuvo la posibilidad de evitar el deceso”, pero no lo hizo. En entrevista con Cimacnoticias la

defensa legal del caso, Sayuri Herrera Román y María de la Luz Estrada, quien había reiterado su interés por coadyuvar junto con la PGJDF en la investigación, lamentaron la postura de la instancia de justicia porque el dictamen “está lleno de contradicciones”, afirmó Luz Estrada quien comentó que Lesvy tenía golpes y heridas que no corresponden con un suicidio y muy probablemente fueron causados por su pareja. “No estábamos de acuerdo en que hayan girado la orden de aprehensión en contra de su pareja cuando los peritajes y en general la investigación que hizo la PGJDF está mal, siguen sosteniendo el suicidio, cuando nada lo respalda”, denunció la defensora de Derechos Humanos María de la Luz Estrada. En tanto, Sayuri Herrera Román comentó que fue hasta ayer a las 22:30 horas cuando la PGJDF les entregó una memoria USB que, les informaron, contenía los videos que supuestamente corresponden a los que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entregó a la instancia de justicia del día del crimen. La abogada informó que hoy se realizó la audiencia para la aprehensión del inculpado, sin embargo, la familia de Lesvy no acudió porque no estaban en igualdad de condiciones. “La

PGJDF tuvo más de dos meses para llegar a ese dictamen a nosotros se nos acaba de entregar toda la carpeta”, dijo Herrera Román. Recalcó que la investigación sigue abierta por lo que acudirán el 10 de julio a la segunda parte de la audiencia para “desmontar la hipótesis de suicidio, misma que-sostuvo- han tratado (la Procuraduría) de construir desde el primer momento”. La defensa legal exigió al jefe de gobierno de la Ciudad, Miguel Ángel Mancera, que acepte la coadyuvancia del OCNF en la investigación porque indicó, es responsabilidad del funcionario que las instancias de justicia reconozcan la existencia de casos de feminicidio. “Los procuradores vienen y van, pero él es el responsable directo de la procuración de justicia para las mujeres en la capital, no puede permitir que los casos de feminicidio continúen en impunidad bajo el argumento de suicidios”, sentenció Herrera Román. Este día el fiscal de Homicidios, Enrique Reyes Peña avisó por medio de una llamada telefónica al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, quienes acompañan legalmente el caso, sobre la aprehensión de Jorge, la pareja de Lesvy, pero no les informó de la descripción que la PGJDF

hace en el comunicado de prensa sobre la forma en la que supuestamente Lesvy se quitó la vida. Desde que inició la investigación la PGJDF se negó a entregar completa la carpeta de investigación a la familia y defensa legal de Lesvy con el argumento de que la Procuraduría General de la República estaba revisando los primeros peritajes, incluyendo los videos. Fue hasta el pasado 29 de junio cuando la familia tuvo acceso a las primeras hojas de la carpeta, las cuales evidenciaron que la PGJDF no cumplió con lo establecido en el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, por lo que la defensa legal y el OCNF trabajaban para encauzar la investigación como feminicidio. Previamente la familia de Lesvy ya había rechazado un peritaje antropológico social, propuesto por la PGDJF con personal perito de la UNAM, que apuntaba a que el asesinato de Lesvy era un suicidio.


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uan Sabines fue el primer gobernador perredista en legitimar como Presidente de la República a Felipe Calderón y desde entonces la relación entre ambos fue buena. Cuidadoso, Sabines atendía cada sugerencia del panista, por mínima que fuera. A mediados del sexenio calderonista, explotó el escándalo de las “juanitas”. Los partidos habían postulado a mujeres para diputadas federales y éstas renunciaban luego que tomar posesión para que subiera el suplente que, invariablemente, era hombre. Era el caso de Olga Luz Espinosa Morales, de quién se decía había sido secretaria de mi amigo, el químico Carlos Esquina, su suplente. Estando Sabines y Calderón reunidos en Los Pinos, llegó Margarita Zavala quien saludó a su esposo y al gobernador de Chiapas, a quién cuestionó: —Gobernador ¿Es cierto que harán renunciar a una diputada para que suba una de tus gentes cercanas? ¿Vas a permitir otra “juanita” más?… Sabines negó enfáticamente

HOJA DE APUNTES Enrique Alfaro

Margarita Zavala y la “juanita chiapaneca”

que eso pudiera suceder y le aseguró a la “primera dama del país” que no pasaría jamás. A su regreso, Sabines llamó

urgentemente al hermano de la diputada, César Espinosa —actual dirigente del PRD estatal—, y le advirtió que por ninguna razón su

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hermana debía renunciar. Es más, al día siguiente la diputada acompañó al gobernador a una gira por la zona Selva e Icoso se encargó de publicar en medios nacionales la fotografía del mandatario acompañado alegremente de la legisladora Olga Espinosa. Las publicaciones eran un mensaje para Margarita Zavala, eran un modo de decirle: “Vea como no habrá “juanita”, pues la diputada tiene el apoyo del gobernador”. Y así fue: Olga nunca renunció gracias a la intervención de la esposa de Felipe Calderón, a la que ahora se le llena de calificativos por esa condición. Por su parte, los hermanos Espinosa aprovecharon bien el impulso sabinista para, en la siguiente coyuntura sexenal, vincularse con Manuel Velasco al que actualmente sirven.

La dirigente panista, Janeth Ovando Arrazola, mandó a publicar que la gira de Margarita Zavala fue un fracaso por que no hubo recibimiento oficial ni salutación del gobernador Velasco. Así de servil entiende la política.

EL JUICIO A FOX: TRAIDOR Y PARÁSITO

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n menos de un minuto un ciudadano resumió lo que millones de mexicanos piensan de Vicente Fox, el presidente de la alternancia que sirvió sólo para pasar de menesteroso a millonario: “Nos fallaste, pudiste matar al PRI, lo dejaste vivo y fuiste cómplice de ellos”. Este mexicano, un chiapaneco identificado como Jorge Domínguez, encaró a Fox en el mercado de San Cristóbal de las Casas, el martes 4, para reclamarle el incumplimiento de su responsabilidad histórica: “Mataste la transición con tu inutilidad”. –Lástima –le respondió Fox, enfurecido pero burlón y desdeñoso. –No, lástima no, te seguimos manteniendo. No hay modo de que Fox escape al juicio de la historia, que el chiapaneco resumió con contundente sencillez: La traición a la esperanza de cambio y de consolidación democrática, que se tornó en la impunidad y la corrupción que atormentan al país hasta ahora. Para quienes ya lo olvidaron, hoy hace exactamente dos décadas, el 6 de julio de 1997, Fox inició su campaña para ser candidato presidencial en 2000, lo que logró con eficiencia: Primero montándosele al PAN, que no tuvo otra que postularlo, y después persua-

Álvaro Delgado diendo a los mexicanos a votar por él, esperanzados en su proclama de cambio. Pronto se vio que Fox no tenía ganas: Aterrorizados primero por la alternancia, los gobernadores priistas enseguida le tomaron la medida para hacer lo que les viniera en gana y él mismo afianzó sus complicidades con el PRI mediante Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo para encubrir todo saqueo y abuso del priato. Muchos no quieren recordarlo, pero tres hechos clave por decisión de Fox explican el desastre en México: La impunidad en el Pemexgate, el caso más documentado de la alta corrupción política en la historia; la destrucción de los órganos electorales, que posibilitaron precisamente la alternancia, y el uso faccioso de las instituciones del Estado para el desafuero del jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Todo esto fue antes de la elección de 2006: El Pemexgate, cuyo desvío de mil 500 millones de pesos de Pemex al sindicato petrolero –500 millones de los cuales fueron a la campaña del candidato priista Francisco Labastida– fue probado administrativa, electoral y penalmente, pero los implicados jamás fueron castigados por un pacto, signado en octubre de 2003, en el que participaron Fox, Madra-

zo, Elba Esther, Diego Fernández de Cevallos, Santiago Creel, Felipe Calderón, Margarita Zavala, Miguel Ángel Osorio Chong, Rafael Moreno Valle y Miguel Ángel Yunes, entre otros, estos últimos siendo aún priistas. Fueron estos mismos personajes los que, también en 2003, comenzaron la destrucción del Instituto Federal Electoral (IFE), que nació autónomo con la reforma de 1996: PRI y PAN se repartieron los consejeros que actuaron bajo la consigna de sus padrinos, incluido su presidente, Luis Carlos Ugalde, que ahora pontifica como demócrata. Todos también participaron en la trama del desafuero de López Obrador, en 2005: La PGR de Fox pidió a la Cámara de Diputados quitarle el fuero por desacatar la sentencia de un juez, en la que intervinieron los ministros de la Suprema Corte, y el procedimiento

se materializó en abril. Está documentado que fue una jugarreta política para inhabilitarlo como candidato presidencial. A estos tres episodios los cruzan las complicidades de Fox con el PRI y de panistas prominentes como Fernández de Cevallos y Calderón, los tres promotores, en 2012, de Enrique Peña Nieto, el rostro de la corrupción. Ese es Fox: Un ranchero quebrado, al que Lino Korrodi le completaba el sueldo como gobernador de Guanajuato, que se volvió millonario al llegar a la Presidencia de la República, con una pensión vitalicia de más de 200 mil pesos mensuales que cuesta a todos los mexicanos. No sólo eso: El Centro Fox, construido con fondos de los grandes empresarios a los que benefició en su gobierno, ha recibido casi 400 millones de pesos de donaciones, y su mujer, Marta Sahagún, disfruta también del dinero que obtuvo como la otra mitad de la corrupta “pareja presidencial”. Los mexicanos también le pagan a Fox y a su parentela el transporte y la protección de elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP), como el que recrimina al ciudadano que, en San Cristóbal de las Casas, le hizo un enérgico reclamo a ese grandote sin grandeza…


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ANTE EL ESPIONAJE, DEBILIDAD INSTITUCIONAL Jesús Cantú

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l escándalo del espionaje a periodistas y activistas mexicanos denunciado hace un par de semanas por The New York Times deja al descubierto la debilidad del Estado mexicano para enfrentar este tipo de crisis, pues no hay instancia capaz de integrar una investigación imparcial y creíble que permita sancionar a los responsables y brindar las mínimas garantías a la ciudadanía. La Procuraduría General de la República (PGR) es una de las instancias que presuntamente poseen el sistema de espionaje Pegasus, utilizado en las labores denunciadas por el diario estadunidense, por lo que el anuncio de que la encargada de abordar el caso será la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión no garantiza una actuación imparcial, pues depende de una de las instituciones a las que deberá investigar. Pero si su falta de independencia no fuese motivo suficiente para desconfiar, sus primeras acciones todavía generan más escepticismo: anunció que contará con la colaboración del FBI, cuando ni siquiera han hecho una solicitud formal al respecto, como se encargó de evidenciar la embajada de Estados Unidos. Es decir, se busca resolver el asunto mediante acciones mediáticas en lugar de dedicarse a integrar una averiguación sólida y rigurosa que permita identificar y sancionar a los responsables. Mientras tanto, el expediente que empezó a integrar la Comisión Nacional de los Derechos

Humanos (CNDH), aun en el caso de que concluya que fueron las instancias del gobierno federal las que realizaron las tareas de espionaje, quedará en una recomendación pública, sin carácter vinculante, y en las quejas y denuncias ante las autoridades respectivas, que paradójicamente tendrían que ser la PGR y la Secretaría de la Función Pública, según los delitos que se detectaran, ambas dependientes del Poder Ejecutivo. Antes de 2011, cuando se realizó la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la facultad de investigar violaciones graves a esos derechos la tenía el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por eso intervino en varios casos, entre ellos la matanza de Aguas Blancas, la detención de la periodista Lydia Cacho, el incendio en la guardería ABC y la represión en Atenco, Estado de México. Sin embargo, los dictámenes que emitía la Corte con motivo de las investigaciones que realizaba tampoco tenían carácter vinculante y por lo mismo no tenían consecuencias jurídicas, sino meramente políticas. En el caso de la matanza de Aguas Blancas, como quien solicitó la indagación fue el presidente de la República, el dictamen provocó la renuncia del entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, y varios de sus más cercanos colaboradores. Sin embargo no hay ningún condenado por la muerte de los 17 campesinos. Ese caso tuvo consecuencias políticas (en los otros tres casos no hubo ninguna) pero no jurídicas, pues los crímenes permanecen impunes.

Sin duda la Corte no era la mejor instancia para asumir esa responsabilidad, particularmente por el desgaste político que implicaba; pero haberla derivado a la CNDH sin ampliar sus facultades parece todavía peor, ya que no importa la solidez y contundencia de sus recomendaciones: no tienen ninguna consecuencia legal y por lo tanto son irrelevantes. Ejemplos de las nulas consecuencias de sus recomendaciones hay muchos, pero basta recordar la 45/2010, emitida el 12 de agosto de 2010, en relación con la muerte de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, en la que la CNDH señala que el Ejército manipuló la escena del crimen –sembró armas– para hacer aparecer a los dos jóvenes como miembros del crimen organizado (Proceso 1764). El Ejército aceptó la recomendación el 27 de agosto, pero hasta la fecha nada ha sucedido, no hay ningún militar procesado por ninguno de los posibles delitos en los que incurrieron. Y éste es un caso en el que la autoridad responsable aceptó la recomendación. Es peor en los casos en los que no la aceptan. La reforma de 2011 no pudo ir más allá por la oposición a darle facultades a la CNDH para asumir funciones de Ministerio Público en los casos de violaciones graves a los derechos humanos y, por lo tanto, tener las atribuciones para integrar averiguaciones previas y consignar directamente ante el Poder Judicial, de tal forma que fuese un poder independiente el responsable de decidir la responsabilidad o no de las autoridades dependientes

del Ejecutivo involucradas en los hechos. Por supuesto que la torpeza del Ejecutivo federal (no únicamente del presidente, sino también de su equipo cercano) para encarar la denuncia del diario estadunidense lo entrampa más, pero la realidad es que en estos momentos no hay ninguna institución pública que pueda resolver justa, legal y creíblemente el asunto, porque todas las instancias involucradas dependen directamente del presidente, con lo cual, de partida, pierden credibilidad, particularmente por los antecedentes. La única posibilidad sería que se le diera todo el respaldo político a la CNDH para integrar el expediente y cuando tenga su recomendación, en caso de que hubiese responsabilidades para las instancias del Poder Ejecutivo federal, nombrar a los mismos investigadores como ministerios públicos para que ellos consignen el caso ante el Poder Judicial. Esa sería una salida totalmente pragmática y particular para resolver este complicado asunto; pero el problema estructural prevalece pues, como también ya evidenció el caso Ayotzinapa (donde también se involucraron instancias internacionales, en ese caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), el Estado mexicano no cuenta con las instituciones que puedan sancionar a los funcionarios públicos responsables de delitos o faltas administrativas, si tienen la protección presidencial. Nuevamente el mundo constata la débil institucionalidad mexicana.


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Viernes 7 de Julio 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN CHIAPAS

CÓDIGO NUCÚ César Trujillo

Siguen despidiendo a los burócratas

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n la antesala de la celebración del Día del Burócrata, la espada de Damocles cayó nuevamente sin piedad como regalo por parte del Gobierno del Estado. Decenas de trabajadores del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta) y del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión y Cinematografía se quedaron sin empleo antes del 15 de julio bajo el argumento de un supuesto ajuste fiscal y financiero, pese a que ya se ha señalado —en repetidas ocasiones— que Chiapas no se vio afectado en el ejercicio presupuestal 2017, como se había dicho. Por ello, resulta infundado el recorte pese a que el gobernador Manuel Velasco Coello escribió en su muro de Facebook, hace unos días, que se celebraría el Día del Burócrata y que las conquistas sindicales se iban a respetar. Curioso que el mismo Ejecutivo estatal, que se encargó de dejar en la orfandad a los sindicalizados, sea quien hable de conquistas sindicales, mientras da la orden de despedir a los trabajadores del gobierno de Chiapas. Con un presupuesto de 81 mil 891 millones 143 mil 366 pesos, es decir, 700 millones de pesos más que el año pasado que recibieran 81 mil 214 millones 670 mil 503 pesos, Velasco Coello ha iniciado una nueva etapa de recortes que llama la atención se estén dando en la antesala de las elecciones para el 2018, donde seguramente va a invertir miles de millones de pesos del erario para apuntalar a sus favoritos y armar la guerra sucia contra aquellos que no forman parte de

su clan. ¿En qué se está invirtiendo ese recurso si los nosocomios siguen sin medicamentos, equipo y sin el personal suficiente para dar la atención que requieren los chiapanecos? Mucho de esto que buscan “ahorrar” en el despido de los burócratas (aún falta una etapa más que dicen llegará entre el mes de octubre y noviembre) será inyectado a las campaña del 2018, sobre todo ahora que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha salido muy mal parado tras el robo de las elecciones en el 2015 donde, desesperados, los verdeecologistas se propusieron —pésima estrategia— pintar de verde a la entidad. El colmo de los males es que a los aviadores seguramente no los tocarán ni con el pétalo de una rosa, pues son hermanos, hijos, amigos, tíos, sobrinos o amantes de alguien importante que pidió un favor y se lo concedieron sembrando el oportunismo justo en las entrañas del erario. Bastaría con aplicar la rasuradora real a los aviadores en la nómina del Gobierno de Chiapas para obtener un ahorro sustancial de todos aquellos que aparecen cobrando sueldos muy elevados sin que devenguen dicho salario. Así, a escasos días que celebren el Día del Burócrata, el gobierno de Manuel Velasco ha regalado a varias familias un finiquito y un documento que obligan a los despedidos a firmar donde señalan que se van por su propia voluntad y que eximen de cualquier causa al Gobierno del Estado, para que así nadie pueda demandar. Sé que es fácil juzgar en piel ajena, pero no se ve la inconformidad

de los burócratas que, pese a que perdieron su trabajo y fueron despedidos de forma cínica y arbitraria, pues muchos son excelentes colaboradores, se mantienen callados, guardando el coraje y la frustración para sí mismos y sin hacerla manifiesta para que el pueblo de Chiapas entienda que este hartazgo es general. Ya veremos el Día del Burócrata al gobernador y a algunos políticos hablar de la importancia que tiene la burocracia (poder ejercido detrás del escritorio) y del respaldo del gobierno a las conquistas laborales, esas que están pisoteando de forma burda y descarada, sin importarles el qué dirán.

Manjar

Rincón Chamula será un municipio más en Chiapas. Se regirá por los usos y costumbres, según han dicho. Hemos visto los baños de sangre que han regalado Oxchuc y San Pedro Chenalhó, luego de que, por la intromisión del gobierno y el pésimo manejo de las relaciones entre los líderes de las zonas, no aceptaran que fueran electas dos mujeres. ¿Planearon bajo este conocimiento la decisión de dejar a Rincón Chamula ser independiente?, ¿sabrán lo que están haciendo o es otra de las improvisaciones de los legisladores que pagará con sangre el estado? #Noseolvidedeestetema // La recomendación de hoy es “Seis personajes en busca de autor” de Luigi Pirandello y el disco “The Road To Escondido” de JJ Cale & Eric Clapton. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

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Viernes 7 de Julio 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EL DESPOTA DIRECTOR DE DEFENSORÍA SOCIAL…

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n tema que ha cobrado importancia en las últimas semanas y difundido en los medios de comunicación es el referente al Tribunal Superior de Justicia y la corrupción denunciada –desde dentro y fuera—en contra del Magistrado Presidente, RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS y su pléyade de cómplices. Sobre el “Rutilante” RUTILIO ya se ha dicho demasiado, desde el uso y abuso de los recursos del Poder Judicial del Estado para proyectar su imagen con miras a su pretendida candidatura por el partido del PEJEMORENA a la gubernatura de Chiapas, hasta los negocios que hace con la “Mesa de Reconciliación” para liberar presos ilegalmente. Se ha denunciado la corrupción institucional en el Tribunal Superior de Justicia, donde su testaferro y secretario particular ISMAEL BRITO MAZARIEGOS es el que hace los negocios y trabajo sucio en coordinación con JOSÉ ALFREDO ARREDONDO SANTOME, del que se infiere es el vocero y enlace con la señora LETICIA COELLO GARRIDO, madre del Gobernador MANUEL VELASCO COELLO para seleccionar presos a liberar por considerable cantidad de dinero, entre los que hay violadores, narcotraficantes, asesinos, feminicidas. Esos mismos, incluidos otros como: el Oficial Mayor, JAVIER JIMÉNEZ que junto a RUTILIO ESCANDÓN son acusados de obstaculizar y alejar la justicia de los ciudadanos por el cierre de doce juzgados y el despido de personal y derroche del presupuesto del Tribunal. En esos andares de hostigamiento laboral y sexual, se denuncia también al director del Instituto de Defensoría Pública, ANÍBAL GORGONIO CORZO ZUARTH, quien coincidentemente es cuñado del Secretario del Campo y presunto candidato a la gubernatura de Chiapas, JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS. El hartazgo de los funcionarios del Instituto de Defensoría Pública del TSJE, ha llevado a las denuncias internas y externas de este sujeto llamado ANÍBAL GORGONIO CORZO ZUARTH, por su déspota actitud ante sus subordinados y el favoritismo a varias de sus amigas. La jactancia de este sujeto es por su relación de cuñado con JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS, que supuestamente fue quien lo recomendó, pero le está quedando mal por su arrogancia e ignorancia de la materia que le ocupa. Ya algunos compañeros como VÍCTOR LARA LÓPEZ, autor de la columna “Ronda Política” le pusieron el dedo en la llaga con la denuncia de que “en los primeros cinco días de cada mes, hace reuniones en las oficinas de la dirección para amenazarlos e intimidarlos de que, quien no siga sus instrucciones, será removido de su lugar de adscripción a sedes de castigo como Tapachula, Salto de Agua

ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado

• Aníbal Corzo, el cuñado incómodo… • Beltrones: “PRI, taxi de los delincuentes”… • Comentarios al Margen… o Pichucalco”. Pero eso sí, tiene sus “favoritas” a las que les cumple todos sus caprichos, “al saber” por qué motivos, como el caso de SARA PAOLA SANTIAGO SANTIAGO, quien inició con plaza de oficinista adscrita a la dirección general y posteriormente se le asignó una plaza de defensora pública, sin que realizara las funciones competentes de la misma, continuando en sus tareas de secretaria. Otro ejemplo es el de ESPERANZA DE JESÚS SÁNCHEZ TORRES, quien en un tráfico de influencia y abuso de autoridad, ANÍBAL GORGONIO CORZO ZUARTH la transfirió de sus funciones de auxiliar administrativo adscrita al Juzgado Tercero Penal en Cintalapa, en noviembre de 2014 se le comisionó con el mismo puesto al Juzgado Penal con residencia en Chiapa de Corzo (su lugar de origen) y en el 2015 fue designada defensora pública del Juzgado Penal en Pichucalco. En el 2016, primero le concedió su caprichito y, con el mismo puesto le promovió su cambio al Juzgado de Ejecución en Cintalapa para que luego en este mismo año le asignara al Centro de Justicia para Mujeres, CEJUM. En agosto de este año 2017 ANÍBAL GORGONIO cumplirá tres años de haber ascendido al cargo de director del Instituto de Defensoría Pública y desde entonces demostró su complejo de inferioridad que le hace un funcionario déspota y arbitrario; abusivo al amparo de su cargo y autoritario y represivo con quienes no comulgan con sus formas despectivas de tratar al personal que le debe respeto. Es menester que la autoridad interna del Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados Consejeros de la Judicatura tomen cartas en el asunto pues ANÍBAL GORGONIO CORZO ZUARTH es un caso de misoginia, acoso laboral y sexual; abuso de autoridad y desconocimiento de la materia en defensoría social. Lo menos que deben hacer es investigarlo y aplicarle un cese fulminante. No se merece menos por sus actitudes arrogantes…

La situación líquidad del PRI…

Hace unos días, MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA hacía referencia a una obra de SYGMUNT BAUMAN, llamada “Sociedades Líquidas”, en la que define el término“Flexibilización” que en política su significado es: “ el no estar comprometido con nada…para siempre; sino listo para cambiar de sintonía la mente, en cualquier momento que sea requerido”. Más bien, “esto crea una situación LÍQUIDA,

como un líquido en un vaso que con el más ligero empujón, cambia de forma el agua”. Nosotros le llamamos a esos que cambian de forma, de color, de ideología –si es que la tienen— y/o partido, “chapulines” de la política. Así sucedió en México cuando ganó el PAN y en Chiapas PABLO SALAZAR llegó a la gubernatura y FELIPE CASAHONDA, “La Tarlatana” gritó a los cuatro vientos: “ya chingamos”. Por eso MANLIO FABIO BELTRONES mata de un solo tiro muchos pájaros cuando en la entrevista que le hace el diario REFORMA recreas una sátira dirigida a PEÑA NIETO y el dirigente nacional del tricolor, ENRIQUE OCHOA REZA diciendo: “el PRI salió raspado al convertirse en un taxi que recogía delincuentes, ya que fue un error el haber visto en algunos gobernadores al nuevo PRI”. Y remata, “el partido no puede seguir siendo un taxi”. Creo que el “Elotazo”, como dijera mi “General Pluma Firme”, Don GERVASIO GRAJALES, fue directo a OCHOA REZA quien es propietario de una flotilla de 70 a 100, taxis en el Distrito Federal, Monterrey y Puebla. Es un monopolista y está marcado por un acto de corrupción al cobrar una indemnización de más de un millón 200 mil pesos a su separación de la Comisión Federal de Electricidad, cuando fue director general un año y medio. Lo cierto es que el PRI está dividido; es un verdadero “partido” en mil pedazos o más bien “el PRI de Beltrones y el PRI del Presidente PEÑA NIETO”. En esas medidas de “rompimiento institucional”, CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ, líder de la expresión “Alternativa” -ex presidente del partido (por unos minutos, pero lo fue) y mil veces, secretario de Acción Electoral-, desde hace tiempo que ha dejado oír su inconformidad con la actual dirigencia, comentó ayer mi maestro RODOLFO MATA REYES en su columna “Informanalítica”. De nueva cuenta CÉSAR AUGUSTO acusó al Presidente de su partido de ser “un improvisado” y de “rodearse de un grupo de incondicionales incapaces de discutir sus ocurrencias. No hay programas, no hay estrategias, no hay convocatorias; solo ocurrencias, desplantes, retos, un continuo y único afán de denostar al adversario”. ¡AH!, pero dijo que “para cambiar a México, primero hay que cambiar al PRI”. Por su parte, el ex dirigente nacional del PRI y ex candidato a la Presidencia de la República, ROBERTO MADRAZO PINTADO ya dejó en claro su distanciamiento con “Clavi-

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llazo” OCHOA REZA y PEÑA NIETO, pues criticó que: “desde que llegó a la Presidencia de la República llevó a la debacle al PRI con 4 millones 800 mil voto perdidos y siete gubernaturas de las 21 que tenía”.

PRI Chiapas, tambien confrontado…

En Chiapas las cosas no son diferentes porque la incisión que provoca la permanencia de ROBERTO ALBORES GLEASON en la presidencia estatal del PRI ha llevado al rompimiento de sectores, militantes y ex dirigentes como JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS, ARTURO MORALES URIOSTE, AQUILES ESPINOSA GARCÍA y en particular WILLY OCHOA que “ya pintó su raya”. Ayer jueves 6 de julio, se celebró la “Asamblea Estatal Deliberativa del PRI”, donde se discutirían los temas y la elección de los delegados a la “XXII Asamblea Nacional Ordinaria”, que –como aquí lo adelantamos—hubo enfrentamiento entre la gente del “Diablito” ALBORES con WILLY OCHOA al no dejarlo entrar a la sede, al igual que sucedió con la ex dirigente del tricolor, ARELY MADRID TOVILLA, MARLENE CATALINA HERRERA DÍAZ, entre otros distinguidos priístas. El diputado local y ex Secretario de Organización del CEN del PRI en tiempos de MANLIO FABIO BELTRONES, el conocido WILLY OCHOA convocó a conferencia de prensa para denuncia las tropelías del “Hijo de Satanás”, a la vez que se enlazó al programa de EDUARDO RUIZ-HEALY, con quien confirmó que no le permitieron el acceso a la Asamblea Estatal Deliberativa. Dijo el WILLY OCHOA ante RUIZ-HEALY en TV-Fórmula, que “no puede haber unidad si no hay inclusión”, amenazando que “si no mandan un delegado del PRI, vamos a caminar a la Ciudad de México para manifestarnos”. Le cuestionó el conductor televisivo el “por qué no se van a otro partido o la oposición si en el PRI no los pelan”. A esto el también diputado local respondió: “le apostamos a ser escuchados y además no voy a otro partido porque soy priísta por convicción y mis propios ideales”. Mientras tanto, recordó que hay 17 estados donde están vencidas las dirigencias del PRI y entre ellas Chiapas, donde ROBERTO ALBORES GLEASON va a cumplir el 9 de agosto seis años, impuesto en la dirigencia…

Comentarios al margen…

Siguen los despidos de trabajadores del Gobierno del Estado de Chiapas y ayer fue en la Secretaría de Seguridad Pública, obligándolos a firmar una carta de renuncia, sin previo aviso. Esta ha sido una tarea sistemática de “adelgazar la plantilla de trabajadores” en plena incongruencia con el programa de creación de empleos. Pero de esto y el posible rompimiento del PVE con el PRI en Chiapas, lo comentaré en nuestro próximo ÍNDICE… Se acabó el mecate… Y ES TODO…


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Viernes 7 de Julio 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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THE CONTRAPODER BREAKING NEWS o mejor aun Notas cortas sabrosas y sabrosonas en memoria de Gervasio Grajales (QEPD) Dr. Valdemar Rojas

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¿Triunfo o fracaso de la OEA? n la última reunión de la OEA en Cancún presidida por México, no se logró obtener los 23 votos necesarios para poder intervenir en Venezuela, en donde no existe ni paz social, ni menos democracia y en donde Maduro y sus esbirros hacen lo que se les antoja. Algunos lo consideran un fracaso, pero yo pienso que no fue así, porque los 20 países que firmaron esta petición son los más grandes e importantes de América Latina como Estados Unidos, Brasil, México, Colombia, Perú, Argentina y los que se opusieron Nicaragua, Ecuador y Bolivia, son países gobernados por izquierdistas y enemigos de la democracia, que se aferran al poder como Daniel Ortega en Nicaragua, que en el colmo del descaro nombra a su mujer como Vice Presidenta y ocupa ilegalmente una mansión que pertenece a un empresario del país, de Ecuador que ganó la presidencia a través de un fraude y de Bolivia, que trató de reelegirse, pero el pueblo boliviano se lo impidió; junto a estos 3 países, se unieron 2 pequeñas islas caribeñas y otros se abstuvieron por recibir algunos estímulos de Venezuela, como petróleo barato y con intereses bajos y largos plazos. Si tomamos en cuenta la población de todos los opositores y abstencionistas, no representan ni el 1% de la población de los países que si piden que haya democracia y respeto a los derechos humanos en Venezuela, y por eso mismo, considero que no fue un fracaso esta reunión en donde la canciller Venezolana, se dedicó a insultar a México y a los países que pugnan por una verdadera democracia en su país y que fue recibida por Maduro como una heroína. Esto no es nada raro en Maduro, que acaba de conceder un premio importante a un general, señalado por atentar en contra de los derechos humanos durante las manifestaciones de protesta del pueblo Venezolano.

Tal parece que el apellido Osorio esta salado, pues Osorio Chong, el chinito Secretario de Gobernación, encargado de la paz interna y seguridad en el país, no da pie con bola y la inseguridad que cada día que pasa es peor y los índices delictivos: homicidios y feminicidios dolosos, secuestros, robos de automóviles, extorsiones, etc. van en aumento todos los días; por su parte Osorio el director técnico del TRI, tampoco lo hace y regresa de Rusia derrotado. Otra vez el Primer lugar. Es una vergüenza que en estos tiempos todavía existan muertes maternas,

pero desafortunadamente, Chiapas ocupa el primer lugar a nivel nacional con 34 muertes maternas al año. Una organización Internacional, proporciona ayuda económica para combatir este flagelo, pero como Chiapas tiene tan alto porcentaje de muertes maternas, no pudo recibir esta ayuda, que consistía en 2 millones de dólares, lo que demuestra una vez más la pésima administración estatal, no solamente en salud, sino en todos los aspectos por lo cual, Chiapas tiene el peor gobernador del país y esconde como avestruz, la cabeza para no ver los problemas. Pobre Chiapas, sigue acumulando primeros lugares pero de los de abajo. Ahora resulta que es el estado con el más alto índice de eliminación de empleos y el que más municipios ostentan este poco honroso lugar; son 3 los municipios que tienen este problema, el mas alto del país; por lo pronto ya empezaron los despidos en las dependencias del gobierno estatal que continúa con recortes a todas las dependencias, incluyendo al Tribunal Electoral, de 5 magistrados a solo 3. Con cuánta razón ya el pueblo cansado de tanta anarquía, inseguridad y corrupción, ya no ve la hora que termine este sexenio que en opinión de muchos, es el peor de los sexenios.

Ahora ya pa’que. Recientemente Pemex anunció que habrá una disminución considerable en las participaciones que le da al sindicato. Hasta cuando vinieron a darse cuenta que era dinero tirado al vacio, pues todos recordamos las millonarias cantidades que Pemex le daba al sindicato y este, lo transfería a las campañas de los candidatos del PRI, como lo supimos durante la campaña de Labastida. Ahora como Pemex está quebrado, ya no dispone de dinero para el sindicato ni para el PRI.

Según una organización internacional, México es el segundo país más violento del mundo, solo después de Siria, pero recientemente esa misma organización se retractó y dice que utilizó parámetros incorrectos para tomar tal decisión; yo más bien creo que el gobierno de México le dio una mordida par que cambiara el dictamen.

La propuesta de formar un frente amplio de la oposición para los próximas elecciones presidenciales, me pa-

que ha mantenido en el poder al PRI por más de 80 años; en este partido en el que ni siquiera entre ellos hay democracia y sus candidatos son designados por el clásico dedazo, ya empiezan a sentir el deseo de poder ellos elegir a sus candidatos y piden que en su próxima convención sean ellos los que democráticamente seleccionen quién los va a representar, empezando por el candidato a la Presidencia de la República. Falta ver que los dejen. rece una buena idea, pues como están las cosas actualmente, ningún partido alcanzara un 40% de la votación y es necesario ganarle al PRI por nocaut, pues conociendo las mañas del sistema y la complicidad de las autoridades electorales, el PRI utilizará toda la fuerza del estado para alzarse con el triunfo. Otra opción sería establecer la segunda vuelta como ocurre en muchos países en donde hay democracia como Francia o Chile, pero hay 2 partidos que se oponen, el PRI y Morena, pues saben que en una segunda vuelta ninguno de ellos ganaría ni en contra del frente amplio.

El futuro económico de nuestro país no se ve muy halagüeño, pues José Antonio Meade, el Secretario de Hacienda, anuncia que el próximo año habrá más recortes al presupuesto. Yo propondría que mejor recortaran gastos superfluos como eliminar a los 200 diputados y 64 senadores plurinominales que se llevan una buena cantidad de dinero del presupuesto; también sería conveniente desaparecer la Secretaria de la Reforma Agraria, pues ya no hay tierras que repartir.

Peléense las comadres y díganse las verdades. El ambiente político en vista a las próximas elecciones para gobernador, se pone cada día que pasa más tenso y ya empieza la guerra sucia entre los diferentes aspirantes; por lo pronto ya Pablo Salazar Mendiguchia y José Antonio Aguilar Bodegas, han empezado los primeros rounds de esta pelea y se acusan mutuamente de ladrones de votos. Estoy seguro que esto es solo el principio y muy pronto empezarán los otros precandidatos a sacarse sus trapitos al sol, diciéndose cosas que ignorábamos los chiapanecos.

El pueblo mexicano ya aspira a tener una verdadera democracia no la

¿Qué hizo don Porfirio Díaz para pacificar al país que se encontraba en un estado de anarquía, en donde los caminos ya eran intransitables por las gavillas de bandoleros? pues no le quedó otra que matarlos y colgarlos en los caminos para que los pillos vieran que iba en serio; desafortunadamente, eso ya no puede hacerse, pues la Comisión de Derechos Humanos, pondría el grito en el cielo, pues esa institución sirve principalmente para defender a los bandidos. Los policías y soldados no tienen derechos humanos.

Emanuel Macron el recientemente nombrado electo presidente de Francia, sigue dando de qué hablar; su más reciente declaración es en el sentido de enviar una iniciativa al Congreso para disminuir el número de diputados y senadores. Ojalá nuestro presidente siguiera su ejemplo y enviara una iniciativa para desaparecer todos los diputados y senadores plurinominales, que fue entre otras cosas, una de sus promesas de campaña.

¿A quién no le debe el gobierno de Velasco Coello? A constructores y empresarios, a maestros, a estudiantes sus becas, a infinidad de proveedores y lo que es peor, los hospitales y centros de salud, siguen sin contar con los medicamentos y materiales de curación necesario para tratar a los pacientes.

Puro jarabe de pico la declaración de un diputado priista en el sentido de pedir la desaparición del fuero a todos los funcionarios públicos, que es una añeja petición de la ciudadanía, pues el fuero sirve para proteger a estos funcionarios de las tropelías que cometen; ¡inocentes los que creyeron en estas propuestas que solo sirven para promoverse ellos mismos!


CMAN

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Viernes 7 de Julio 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 4 | No. 1130

PROTESTA

DECLARACIÓN

Reconstrucción de viviendas por sismo de 2014 una falacia: OPP

Cumplen maestros 96 horas de paro en Tuxtla; transportistas 17 días

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REPORTE

Cerca de 55% de denuncias ante IFT y Profeco son por “fallas en servicios” de telefonía e internet PAG. 5

DISTURBIOS

Vandalizan la presidencia municipal priista de Ocotepec

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EXIGENCIAS

Autoridades agrarias de Ocotlán y Ejutla repudian proyecto minero en Oaxaca

Habitantes del municipio de Ocotepec, en la región norte de la entidad, indignados contra la administración priista de este municipio realizaron todo tipo de desmanes por la falta de entrega de apoyos para la construcción y mejoramiento de viviendas.

PAG. 4

Si alguien quiere cambiar la reforma energética va a tener que cambiar la Constitución: PAG. 6

PAG. 9

Joaquín Coldwell


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