Contra 1136

CMAN

DOXA

EDITORIAL

Los años perdidos en Chiapas

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El gobernador tiene la atribución plena para designar a sus colaboradores.

Pero es una irresponsabilidad nombrar a chamacos a manejar la política social del régimen.

A 17 meses de que concluya este gobierno, el gobernador Manuel Velasco Coello dejó ir el capital político que había construido, por no realizar a tiempo la evaluación del desempeño de todos sus colaboradores.

La Delegación de SEDESOL tiene como su principal función reducir la pobreza.

Pero este papel fue mal entendido por los amigos del gobernante que pasaron por allí.

Eduardo Zenteno y Miguel Prado fueron destituidos por presuntos actos de corrupción.

El enriquecimiento que tienen es inexplicable pero entendible por la complicidad del gobernante.

DIARIO

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EN CHIAPAS

Viernes 14 de Julio 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 4 | No. 1136

ESTUDIO

ACCIONES

Familiares de 500 jueces y magistrados, en la nómina del Consejo de la Judicatura De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en el Poder Judicial: de mil 31 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%

Ruiz Esparza destituye a delegado de SCTMorelos; alista denuncia ante PGR

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COMUNICADO

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Nuño presenta nueva estrategia; la sociedad “conocerá al verdadero normalismo”, dice

HOY ESCRIBEN PUNTO Y COMA; Roger Laid

RENEGADOS DE LA IZQUIERDA Pablo Gómez

CÓDIGO NUCÚ

CONFLICTO

Desplazados levantan plantón; gobierno les promete diálogo

El Consejo de la Judicatura analizará reporte sobre nepotismoPAG. 9

César Trujillo

RAQUITISMO ELECTORERO

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PAG. 14 PAG. 13

Héctor tajonar

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CINCO MILLONES DE VOTOS MENOS PARA EL PRI José Gil Olmos

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RUIZ ESPARZA, OTRO INTOCABLE DE PEÑA Álvaro Delgado PAG. 5

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Viernes 14 de Julio 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN CHIAPAS

EDITORIAL Los años perdidos en Chiapas

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17 meses de que concluya este gobierno, el gobernador Manuel Velasco Coello dejó ir el capital político que había construido, por no realizar a tiempo la evaluación del desempeño de todos sus colaboradores y dejar pasar los días y los meses sin realizar los cambios y ajustes de su gabinete, que permitiera dar respuesta a las necesidades y problemáticas de Chiapas.

Desde el inicio del gobierno hubieron muestras claras que el perfil de la mayoría de sus colaboradores, no cumplía con las exigencias y responsabilidades que representa gobernar a Chiapas.

En muchos de ellos, no hubo correspondencia entre experiencia, conocimiento y trayectoria con las funciones y atribuciones de la dependencia. Otros demostraron con sobra, la incompetencia en el desempeño de las responsabilidades asignadas. La mayoría de los funcionarios demostraron soberbia e inmadurez política, lo que les impidió identificar la importancia de la responsabi-

lidad encargada y hay quienes se perdieron en los encantos del presupuesto y decidieron enriquecerse con el uso indebido de los recursos, que servir al bien común.

Esto sin duda, representó un lastre para el proyecto personal de Velasco Coello, quien finalmente tuvo temor de realizar los cambios y ahora poco importa que los realice, en virtud de que difícilmente podrá cambiar el rostro de Chiapas, debido sobre todo, a su falta de visión, energía y compromiso con la entidad; en la que la principal herencia del gobierno se reduce a corrupción e impunidad.

En este momento Chiapas se encuentra en peores condiciones sociales a las que había cuando se dio el levantamiento del EZLN, en el año de 1994. En los últimos 16 años, en la entidad se ejerció un presupuesto superior a los 800 mil millones de pesos sin resultados, porque se careció de proyectos de gobierno, que permitieran cambiar los rumbos de la historia de pobreza y abandono en la entidad y a ciencia cierta se

desconoce en dónde se invirtió esa enorme cantidad de recursos que Chiapas recibió desde el año de 1994, con la finalidad de reducir la brecha de desigualdad social.

En la actualidad, la crisis social en Chiapas es severa: 76.4% de la población vive en pobreza y pobreza extrema; tiene el primer lugar en el país en muerte materno infantil; el primer lugar en infección del SIDA; el 84% de sus niños y adolescentes viven en pobreza; la economía de la entidad no sólo no tuvo crecimiento sino que tiene una tendencia negativa; se cayó la producción del café por la contaminación de la roya, que representó durante décadas el principal artículo de exportación y de ingreso a las comunidades; hay una deuda pública de más de 40 mil millones de pesos, lo que hipotecó el futuro de Chiapas; el 20% de la población es analfabeta; ocupa el primer lugar en el país en rezago educativo y así, se pueden seguir enumerando una cantidad preocupante de cifras oficiales negativas, que muestran la verdadera cara de un Chiapas,

con gobiernos ineficaces, con una profunda desigualdad económica y que pone al gobernador del Estado con las peores calificaciones de todos los gobernadores en el país.

Las condiciones sociales de la entidad se han agudizado, lo que encendió los focos de alerta del sistema de seguridad nacional, en virtud de que Chiapas representa uno de los riesgos mayores para la seguridad del país. Y paradójicamente, el presupuesto que tiene asignado está entre los cinco más altos en las entidades del país, sin que esto haya sido útil para revertir la situación de pobreza y desigualdad en la entidad.

A pesar de las especulaciones, no se puede predecir cuál es el futuro inmediato del gobernador Velasco Coello –sobre si continúa en el gobierno o solicita licencia definitiva-, pero lo que sí se puede afirmar, de acuerdo con indicadores económicos, que Chiapas está a punto de cumplir 18 años de pésimos gobiernos, en donde la entidad ya no se puede continuar con experimentos de gobernantes improvisados.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

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migos y familiares de la enfermera Yuri Lisset Méndez Trejo, asesinada el 25 de noviembre de 2016, denunciaron que el juez Iván Martínez Villatoro dejó en libertad al responsable del feminicidio de la joven, pese a las evidencias presentadas para incriminarlo.

Con una marcha que partió rumbo a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF), activistas y feministas, junto con amigos y familiares de la joven, exigieron la intervención de esa instancia, al tiempo que interpusieron un recurso de amparo (634/2017) para impugnar el fallo de Martínez Villatoro.

Yamil Trejo Arrazate e Itzel Méndez Trejo, madre y hermana de la víctima, recordaron que Yuri Lisset, de 21 años, salió de su casa el 24 de noviembre pasado para cenar con dos amigos, Milton Carlos Caso Cobaxin e Iván Alonso Orantes, pero nunca regresó.

Al día siguiente se reportó que la joven había sido atropellada en la carretera que conduce al poblado Vicente Guerrero, en el municipio de Ocozocoautla, y en ese hecho perdió la vida.

Sin embargo, los familiares de la joven iniciaron sus propias investigaciones y determinaron que eso no sucedió así y que Yuri Lisset fue víctima de feminicidio.

Señalaron que un agente del Ministerio Público (MP) de la Fiscalía de Homicidios ignoró de manera intencional las pruebas que tipificaban el feminicidio, tal como lo establece el artículo 164 bis del Código Penal, y consignó el expediente ante el juez como homicidio.

En enero pasado, Milton Carlos Caso Cobaxin declaró sobre el caso ante el MP y señaló como responsable de la muerte de la enfermera a Iván Alonso Orantes, quien –subrayó– iba en la parte trasera del carro con Yuri Lisset y empezó a golpearla en la cara. Ella intentó huir del vehículo en movimiento, pero no lo consiguió.

Tras el forcejeo, relató, Iván Alonso la golpeó con un palo en la parte frontal del cráneo y luego la aventó

Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Las familias del Ejido Chigtón del municipio de Ixtapa, las cuales fueron desplazadas en el año 2010 de manera forzada, dieron a conocer que se ha reanudado las mesas de diálogo con el gobierno del estado para resolver el tema.

Esto luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos instruyera a la Secretaría General del Gobierno su intervención para la recomendación 84/2013.

Los afectados recordaron que el desplazamiento forzado ocurrió luego de que un grupo contrario junto a las autoridades municipales de ese entonces agredieran a las

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Familiares de enfermera asesinada en Chiapas denuncian al juez que dejó libre al responsable Los familiares de la joven iniciaron sus propias investigaciones y determinaron que eso no sucedió así y que Yuri Lisset fue víctima de feminicidio.

del vehículo a la orilla de la carretera.

Tras ello, añadió, el presunto asesino le pidió que lo dejara ponerse al volante y Milton Carlos se colocó en el lugar del copiloto, y aquél le advirtió que no dijera nada a nadie si no quería meterse en problemas.

Iván Alonso fue detenido, pero permaneció encerrado sólo 144 horas porque el juez determinó no vincularlo a proceso.

Juez encubridor de feminicidios: Red Colectiva Ciudadana La Red Colectiva Ciudadana para la Prevención de los Feminicidios reprobó el papel de Iván Martínez Villatoro, y señaló que en otro caso también determinó no vincular a proceso al imputado por ejercer violencia contra su expareja.

Liliana Bellato y María de los Ángeles Cruz Hernández, integrantes de la

Red, denunciaron que el juez resolvió que las palabras “pendeja, idiota, estúpida, buena para nada”, pronunciadas por el acusado, no fueron dichas con la intención de denigrar o denostar.

Y el dictamen psicológico que determinó afectación emocional de la víctima no fue prueba suficiente para que acreditara la vinculación a proceso del agresor.

En el caso de Yuri Lisset Méndez Trejo, “nuevamente el juez no considera que los datos de prueba sean suficientes para vincular a proceso al imputado, aun y cuando obran en la carpeta de investigación pruebas contundentes, como la de un testigo presencial, datos georreferenciados, ubicación del imputado en el lugar de los hechos y más datos que resultan determinantes para una resolución de vinculación”, destacaron.

Las activistas señalaron que en estos dos casos documentados por la Red

se evidencia que el juzgador no aplicó el protocolo para juzgar con perspectiva de género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tampoco aplicó los protocolos internos de la Fiscalía General del estado en materia de feminicidio y violencia de género, e hizo caso omiso a la Convención de Belem do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de aplicación obligatoria para los jueces y operadores de justicia en México, de acuerdo con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos.

La Red Colectiva Ciudadana para la Prevención de los Feminicidios exigió una audiencia con el consejero presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) para conocer y ampliar la información sobre los casos juzgados por Martínez Villatoro.

Demandaron que el CJ de Chiapas realice de manera oficiosa una investigación de las resoluciones emitidas por el juez en casos de violencia contra mujeres y niñas, y pidieron la aplicación de protocolos y marcos normativos vigentes para juzgar con perspectiva de género los delitos cometidos en contra de mujeres y niñas.

Y, de ser procedente, que el juzgador sea cesado o inhabilitado para el cargo.

Desplazados de Chigtón podrían acudir a instancias internacionales por omisión en el caso 22 familias.

Sin embargo a pesar de que presentaron sus denuncias correspondientes, el caso no ha sido resuelto, por lo que las autoridades estatales han omitido su responsabilidad.

Las familias reconocen que el estado reparó los daños en 2015 relacionados a bienes y jornales perdidos, pero hasta el momento tanto las viviendas como las tierras permanecen invadidas por el grupo agresor.

Además de ello han sido amenazados con desalojarlos de las

viviendas que actualmente ocupan en el municipio de Chiapa de Corzo.

En este escenario pidieron a las autoridades solucionar de manera integral el problema que afecta a más de 200 personas entre hombres, mujeres y niños.

Por último expresaron que de no haber una respuesta a esta lamentable situación, solicitarán en breve la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por tanta omisión en el caso.

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Grupos religiosos impedían el matrimonio igualitario en Chiapas: ERA De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

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ras la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los matrimonios igualitarios en Chiapas sin la necesidad de un amparo, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que la actual legislatura no avaló antes esta petición por la presión de varios grupos religiosos, tanto católicos como evangélicos.

Recordó que dicha instancia invalidó dos artículos del Código Civil local que establecen que el matrimonio sólo puede celebrarse entre un hombre y una mujer.

El legislador aseguró que la SCJN no obliga a los diputados locales a legislar sobre la materia pero será un criterio que tomarán en cuenta en la agenda legislativa para el próximo periodo de sesiones.

Continuó: “hoy para la tesis jurisprudencial y el criterio de la Corte es que el matrimonio se puede llevar en personas del mismo sexo, creo que es un gran momento en el que Chiapas

Marvin Bautista Tapachula, Chis. (interMEDIOS)

Las fuertes lluvias que se han registrado en los recientes días aunado a la falta de atención por parte de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (Sopyc) han provocado que la única vía de acceso que comunica a comunidades en la zona media alta de Tapachula esté intransitable.

Debido a esta problemática una veintena de habitantes de comunidades de Ejido la Concordia, Fracción La Ceiba, Fracción Las Palmas, Galeras, Plan Las Palmas exigieron a la dependencia la rehabilitación inmediata de la carretera, ya que corren el riesgo de quedarse incomunicados, toda vez que en partes del camino se han presentado hundimientos.

En representación de los comuneros, Roberto García afirmó que por años han gestionado la rehabilitación del camino, sin embargo ninguna autoridad ha atendido la demanda, situación que afecta el traslado de enfermos, de cosechas y demás productos que producen en sus comunidades.

El legislador aseguró que la SCJN no obliga a los diputados locales a legislar sobre la materia pero será un criterio que tomarán en cuenta en la agenda legislativa para el próximo periodo de sesiones

tenga esa oportunidad quienes tienen este tipo de contratos jurídicos que quieran celebrar”.

En tanto, a través de un comunicado que emitió la asociación civil

Unidos Diferentes, este 11 de julio, precisa que después de 13 meses de espera “el Pleno del Máximo Tribunal ha dado su fallo definitivo a favor del derecho a la familia, la igualdad

ante la ley y la no discriminación para parejas del mismo sexo en Chiapas”.

Al cuestionarle su opinión como presidente de la mesa directiva del Congreso Local, Ramírez Aguilar, opinó que se trata de una decisión justa y correcta y para eso están las instituciones, porque se dio una batalla jurídica-legal que hicieron activistas y que salieron abantes.

De acuerdo con la entrevista que ofreció el Coordinador de Unidos Diferentes para este medio, de diciembre de 2015 a la fecha, en el estado se han efectuado 35 matrimonios igualitarios; sin embargo, el tiempo de espera de los amparos para tal fin fue de tres meses a un año de duración.

Sobre las reacciones que se pudieran generar de otros sociales y religiosos, pidió respeto a la diversidad sexual para que en la entidad esté en un clima de paz social sobre este tema y se eviten los ataques homofóbicos.

Comuneros exigen rehabilitación de única vía de acceso; temen quedar incomunicados Dijo que el camino al ser de terracería presenta derrumbes y hundimientos, que provocan que el paso de los vehículos se dificulte, por lo que en ocasiones se quedan atorados y al no haber otra vía tienen que caminar para transbordar las unidades de pasaje.

Señaló que son aproximadamente 13 kilómetros que necesitan ser rehabilitados, y pese han que llevan más de 40 con las gestiones no han sido atendidos, situación que molesta a los habitantes, ya que hay comunidades de nueva creación que tienen mejores caminos.

Detalló que en gran parte del camino las piedras están resaltadas lo que dificulta que los vehículos puedan circular, además de que en tramos donde es de tierra muchas veces las unidades de pasaje quedan atoradas, por lo que las personas que se dirigen a sus trabajos o a los centros educativos simplemente no pueden hacerlo.

“Desde hace tiempo hemos pedido la rehabilitación de nuestro camino, hemos ido a Tuxtla Gutiérrez para solicitar ante instancias de Gobierno del Estado pero nadie nos hace caso y ante este abandono en que nos encontramos corremos el riesgo en esta temporada de lluvias de quedarnos incomunicados”

sostuvo.

Finalmente los comuneros solicitaron a las autoridades atender esta problemática añeja en esta zona, ya que aún faltan muchos días más de lluvias, las cuales podrían provocar grandes derrumbes y con ello el bloqueo de la única vía. (iM rrc)

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Desplazados levantan plantón; gobierno les promete diálogo De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

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l 30 de agosto de 2012, 20 familias fueron desplazadas de sus viviendas en la comunidad de Chigtón, municipio de Ixtapa, en el estado de Chiapas. Fueron atacados con armas de fuego y machetes por un grupo liderado por Florentino Gómez Girón, por lo que tuvieron que correr a las montañas para salvar su vida y después salir del municipio.

Así lo narró el coordinador estatal de la Alianza por la Paz y el Desarrollo Sustentable, David Ramos Hernández, quien ha acompañado a estas familias. A través de la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se determinó que sus derechos humanos estaban siendo violentados, por tal razón, se emitió la recomendación 84/2013 al gobierno del estado y al ayuntamiento de Ixtapa.

Con ésta, el presidente de la CNDH, instruyó a la dirección general de seguimiento de recomendaciones, para dar atención a la problemática y solicitar al Secretario General de Gobierno (SGG) su intervención para su cumplimiento.

Ramos Hernández, ahondó que la recomendación fue emitida por el órgano nacional luego que con el desplazamiento estas familias se convirtieran en víctimas de múltiples delitos por parte de autoridades ejidales de Chigtón y pobladores del municipio de Ixtapa, mismos que fueron denun-

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

Tras el linchamiento que sufriera una persona en el centro de Tuxtla Gutiérrez, al ser detenido por la población por el supuesto robo de una cartera, el presidente en Chiapas de Consejo Coordinador Empresarial (CCE), David Zamora Rincón, dijo que esto es un reflejo de la intranquilidad social a falta de políticas públicas que permitan un desarrollo económico.

En varios vídeos que circularon a través de las redes sociales, se observa como una persona es golpeada en repetidas ocasiones hasta quedar inconsciente en una de las calles del centro de la ciudad. En el cruce de palabras, se escucha como se pide ayuda de la policía, mientras el presunto ‘carterista’ se queda inmóvil y con el rostro cubierto de sangre.

Zamora Rincón reprobó estas acciones porque hacer “justicia por mano propia” no resuelve los problemas de inseguridad en la ciudad; al contrario, golpear a una persona, independiente de si comete o no un delito, no es un pretexto para lincharlo.

Con ésta, el presidente de la CNDH, instruyó a la dirección general de seguimiento de recomendaciones, para dar atención a la problemática y solicitar al Secretario General de Gobierno (SGG) su intervención para su cumplimiento

ciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) –Ahora Fiscalía General del Estado-; sin embargo, las autoridades no actuaron de acuerdo a sus responsabilidades.

La recomendación 84/2013 contiene 9 puntos que no se han cumplido en su totalidad. En 2015, el gobierno estatal reparó los daños relacionados a bienes y jornales perdidos, así como los gastos realizados por las víctimas en desplazamiento de 2012 a 2015. Pero sus tierras continúan invadidas por el

grupo agresor, mismo que ha destruido la vegetación y la fauna silvestre del lugar, según la denuncia.

Por otra parte, mencionó que el predio donde serán reasentados, en el municipio de Villa Corzo, carece de los más elementales servicios, como agua, energía, así como servicios de salud y educación, por ello, permanecen refugiados en Chiapa de Corzo. No obstante, en meses recientes el gobierno del estado dejó de pagar las rentas de las casas (fraccionamiento Casas Geo),

lo que los vuelve a poner en riesgo de desalojo.

Esto llevó a que las ahora 22 familias se plantaran frente al palacio del gobierno del estado, pues, a siete años de iniciado el conflicto, se han visto envueltos en problemas donde el gobierno del estado prefiere hacerse a un lado.

A 11 días del plantón y con la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el gobierno del estado aceptó reanudar el diálogo para tratar de alcanzar una solución integral a este conflicto; en tanto, los manifestantes accedieron levantar el plantón. Se llevará a cabo el próximo martes 18 de julio en las instalaciones del recinto estatal.

De no encontrar respuestas positivas, David Ramos Hernández, informó que acudieran a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y al alto comisionado de las Naciones Unidas para que se analice el caso.

Finalmente, comentó que existe confianza en el jefe del ejecutivo estatal, pero no en las personas que integran su administración y mucho menos en quienes se encargan de velar los temas relacionados con la protección de los derechos humanos en esta entidad.

“Justicia por mano propia”, reflejo de la intranquilidad social: CCE Precisó que, para vivir en tranquilidad, es necesario que la población se mantenga al margen de estas malas prácticas y también respete la envestidura policiaca, de no hacerlo, “al rato cualquier sujeto puede ser linchado con un sólo señalamiento en la vía pública.”

Reconoció que en Chiapas falta un mejor manejo en temas políticos y económicos y eso está presionando a la sociedad, porque no se tiene un desarrollo real para satisfacer necesidades laborales, alimentarias y educativas; por ello, algunas personas optan por delinquir.

Dijo que lo ocurrido en el centro de Tuxtla Gutiérrez, tiene que ser un llamado de atención no solamente para las autoridades policiacas, sino también para todas las instancias públicas, para que aceleren las acciones en mejora de la ciudadanía.

Según lo que han reportado en va-

rias ocasiones los representantes de la policía en la ciudad es que los delitos más comunes en Tuxtla son: robo a transeúntes, a comercios, casa-habitación y de vehículos; en respuesta, en algunas colonias se pueden observar lonas colocadas en la parte superior de los postes de luz con leyendas muy claras: “ratero que agarramos, ratero

que linchamos”.

Finalmente, los linchamientos, la aplicación de “justicia por mano propia” o la exhibición de personas que realizan actividades ilícitas o que rompen con las costumbres de una región, se han presentado en otras zonas de Chiapas, principalmente con la población indígena.

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Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

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l ombudsman estatal solicitó a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres la declaración de la alerta de género, debido a la inacción del gobierno estatal que ha permitido que este problema haya crecido en la entidad de manera preocupante.

Y es que a pesar de que Oaxaca ocupa el primer lugar a escala nacional en delitos cometidos contra la mujer, lo preocupante es que no existe un registro sistematizado respecto del comportamiento de la violencia contra ellas, además de que es evidente la falta de datos estadísticos que podrían revelar la verdadera magnitud del fenómeno.

Arturo Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, formalizó en días pasados la solicitud para la declaratoria de la alerta de violencia de género, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 y 33 fracciones I, II, III y IV del Reglamento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En respuesta, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ya inició una serie de acciones para la conformación de un grupo de trabajo que deberá estudiar y analizar la situación que guarda el territorio sobre el cual se señala que existe violación a los derechos humanos de las mujeres.

En el documento, con copia al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el ombudsman Peimbert Calvo señaló que un contexto histórico de

Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

La Policía Estatal desplegó un operativo y detuvo este jueves a 15 ejidatarios zapotecos inconformes con el parque eólico Bii Hioxo de la empresa extranjera Eléctrica de Francia (EDF), confirmó la Secretaría de Seguridad Pública.

A petición de la empresa privada, la Comandancia Regional de la Policía Estatal con base en el Istmo de Tehuantepec realizó el operativo este jueves alrededor de las 11:30 horas para desalojar a los zapotecos que tomaron la caseta de vigilancia de la empresa eólica francesa.

Los inconformes tomaron la caseta de la empresa privada- ubicada en el tramo carretero de Juchitán a Unión Hidalgo e impidieron el acceso y salida de los trabajadores, ya que colocaron candados en la puerta.

Según el comunicado de Seguridad Pública, “hasta el momento

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Ombudsman pide que se declare la alerta de violencia de género en Oaxaca Arturo Peimbert Calvo, formalizó en días pasados la solicitud para la declaratoria de la alerta de violencia de género, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 y 33 fracciones I, II, III y IV del Reglamento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

marginación, rezago, pobreza y exclusión imperante en el estado

generó un ambiente propicio para el incremento de los índices de la

violencia de género, sobre todo considerando que Oaxaca ocupa el primer lugar a escala nacional en delitos cometidos contra la mujer.

También considera que la falta de un registro sistematizado es un obstáculo que dificulta la mejor comprensión de la problemática de la violencia de género.

En su solicitud, Peimbert Calvo hace un llamado urgentemente a las instancias y autoridades con injerencia en el tema, al tiempo que también hace suyas las constantes exigencias de las mujeres, de activistas y feministas y de la sociedad civil organizada, con el fin de que se adopten las medidas pertinentes para prevenir, investigar y sancionar las conductas delictivas relacionadas con la violencia de género en la entidad.

Detienen a 15 zapotecos en el parque eólico Bii Hioxo a solicitud de empresa francesa la intervención se reporta sin incidentes graves, por lo que las personas aseguradas se encuentran en trámites para ser puestos ante la autoridad competente, quienes fincarán o deslindarán las consecuencias legales correspondientes por los hechos antes mencionados”.

Finalmente destacaron que “dichas acciones obedecen al mandato de las fuerzas policiales de la entidad, de respetar el derecho a la libre manifestación en tanto esta no genere afectaciones a terceros”, sin embargo, en el Istmo de Tehuantepec se registran diariamente de tres a cinco bloqueos carreteros y la policía estatal no interviene.

Tampoco lo hace en el caso de las 23 colonias de la Agencia municipal Vicente Guerrero en Zaachila, y no detienen a mototaxistas del

Frente Popular 14 de Junio que se dedican a extorsionar, violar, co-

brar derecho de piso y hasta asesinar.

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Gobierno cuestiona informes sobre violación de DH en vez de atender recomendaciones: AI México Areli Villalobos Ciudad de México (apro)

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l discurso gubernamental suele cuestionar las observaciones que hacen las organizaciones sociales sobre la violación a los derechos humanos en el país en vez de aplicar sus recomendaciones para garantizar justicia, aseguró Tania Reneaum Panzi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México.

Luego de la presentación del informe Falsas sospechas: Detenciones Arbitrarias por la Policía en México, la directiva dijo en entrevista con Apro que en la entrega de ese documento las autoridades federales cuestionaron la razón por la que las organizaciones defensoras de derechos humanos “siempre están del lado de las personas que cometen ilícitos penales y no de las personas de a pie”.

Su respuesta fue simple: AI está a favor de la aplicación del debido proceso y de apoyar causas que denuncian claras ilegalidades e injusticias cometidas por el Estado.

Reneaum Panzi comentó que, en otras ocasiones, cuando AI ha entregado informes sobre violación a derechos humanos a las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), así como a la Procuraduría General de Justicia capitalina, la respuesta oficial se queda en una “posición dual”.

Explicó: “Por una parte nos atienden y reciben los estudios de manera

Reneaum Panzi comentó que, en otras ocasiones, cuando AI ha entregado informes sobre violación a derechos humanos a las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), así como a la Procuraduría General de Justicia capitalina, la respuesta oficial se queda en una “posición dual”

muy cordial y amable; también reconocen que hay retos, que van a leer los informes y a considerarlos, pero la situación no cambia, no hay un avance real en la mejoría del sistema penal”.

De acuerdo con la directiva de AI, la sociedad mexicana demanda un mayor compromiso político y jurídico de sus autoridades para cambiar la situación de crisis de derechos humanos en el país.

Y concluyó: “Amnistía seguirá

cuestionando, seguirá poniendo evidencia empírica de que la situación tiene que cambiar”.

Práctica cotidiana Durante la presentación de dicho informe, Amnistía Internacional reveló que los jóvenes y grupos marginados son las principales víctimas de esta grave violación a los derechos humanos.

De acuerdo con Erika Guevara, di-

rectora para las Américas de AI, las detenciones arbitrarias se dan en el contexto de “fallidas estrategias de seguridad” y en manos de policías que “son presionados por cumplir números”.

Las detenciones arbitrarias, advirtió, son generadas por extorsiones, el pago de terceros y hasta por cuestiones políticas.

La directiva explicó que el informe fue elaborado a partir de 25 entrevistas a “operadores de justicia” y muestra que las detenciones arbitrarias son una “práctica cotidiana” en el ejercicio del sistema judicial que se fortalece con las deficientes condiciones laborales en que suelen trabajar jueces, fiscales, policías y otros funcionarios del sistema de justicia mexicano; por ejemplo: escasos materiales de trabajo y de capacitación, bajos salarios y exceso de tareas.

En el informe AI incluyó ocho recomendaciones a los cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno, así como a la PGR y al Congreso de la Unión.

Entre éstas destacan la creación de un registro confiable de detenciones y de una ley que regule la fuerza pública, así como la eliminación de la figura de la prisión preventiva oficiosa.

La CNDH indaga posibles omisiones en la respuesta y atención a las víctimas por socavón De la redacción Ciudad de México (apro)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja para determinar, entre otras cosas, si hubo violación por parte de autoridades en la respuesta y atención de los dos hombres muertos que cayeron en un automóvil en el socavón del Paso Exprés, en Cuernavaca.

La CNDH también investiga la existencia de violaciones a los derechos humanos en que podrían haber incurrido autoridades federales o estatales en la posible prevención de la tragedia ocurrida ayer.

Para obtener datos e indicios, la Comisión envió visitadores adjuntos al lugar de los hechos y ha iniciado el proceso de solicitud de información

a las autoridades de los distintos niveles de gobierno involucradas en el percance.

Al demandar a las autoridades correspondientes el pronto esclarecimiento del caso y que se realice una investigación rápida, objetiva e integral, la CNDH hizo otro llamado: “Se implementen las acciones necesarias para reestablecer el paso de vehículos en la vía afectada, garantizando la seguridad e integridad de quienes transiten por la misma, así como de las personas que habitan en la zona en que se presentaron los hechos”.

El organismo que preside Luis Raúl González Pérez externó sus condolencias por el fallecimiento de las personas que perecieron en el socavón del Paso Exprés, en el tramo

que cruza la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y expresó su solidaridad a los familiares de las mismas.

Puntualizó que permanecerá atenta a la evolución de los aconteci-

mientos, reiterando su llamado para que los hechos se aclaren, se prevenga su repetición y, de ser el caso, los ilícitos que se hubiesen presentado no queden impunes.

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Nuño presenta nueva estrategia; la sociedad “conocerá al verdadero normalismo”, dice De la redacción Ciudad de México (apro)

E

l titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, presentó este jueves la Estrategia de Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales, con énfasis en los cambios de planes y programas de estudio, para que estén acordes a los del Nuevo Modelo Educativo.

Con esta estrategia la sociedad mexicana “conocerá al verdadero normalismo del país, un normalismo con vocación por los niños y las niñas; con gran compromiso con el país y su historia; un normalismo con deseos de fortalecerse y de transformarse, que entiende que el mundo está cambiando y la necesidad de una transformación educativa”, subrayó en el Patio del Trabajo de la SEP. Nuño precisó que se invertirán 2 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura y materiales educativos, y se dará apoyo a la educación indígena e inclusiva, además de que se creará una comisión que elaborará un nuevo reglamento de ingreso y promoción a los maestros de las Normales, basado en el mérito y con respeto a los derechos laborales.

De acuerdo con un comunicado difundido por la dependencia, el funcionario federal reconoció que hay desfase entre los planes y programas

De la redacción Ciudad de México (apro)

A raíz del socavón que se formó en el kilómetro 93+600 de la autopista México-Cuernavaca, donde murieron dos personas, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, anunció la destitución del director general del Centro SCTMorelos, José Luis Alarcón Ezeta.

El funcionario federal también dio a conocer que instruyó al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia, Fernando Bueno Montalvo, para que presente ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia contra quien resulte responsable por los hechos ocurridos ayer.

De igual manera, ordenó que se brinde todo el apoyo a los familiares de las víctimas (Juan Mena López y Juan Mena Romero) en las gestiones administrativas y de seguros a que tienen derecho.

En un comunicado, Ruiz Esparza señaló que expertos del Colegio de

Nuño precisó que se invertirán 2 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura y materiales educativos, y se dará apoyo a la educación indígena e inclusiva, además de que se creará una comisión que elaborará un nuevo reglamento de ingreso y promoción a los maestros de las Normales, basado en el mérito y con respeto a los derechos laborales

de las Normales con los de las escuelas, por lo que el enfoque pedagógico -dijo- será coincidente entre ambos.

Tras subrayar que las Normales “son el corazón del cambio educativo y de México”, explicó que la estrategia de cambio en las Escuelas Normales es resultado de un trabajo conjunto, con diálogo directo con normalistas, con más de 200 reuniones y 18 ta-

lleres entre autoridades educativas, maestros, expertos y especialistas en la educación normal, “en un proceso incluyente”.

Informó que acabó la asignación de plazas automática a egresados de Normales, e indicó que la totalidad de los normalistas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán está en proceso de evaluación para el ingreso, y explicó

que las tasas de participación en las dos últimas generaciones superan el 90%, y han alcanzado hasta el 98%.

Detalló que en el grupo que elaborará el reglamento para ingreso y promoción de los maestros de Normales participarán directores de escuelas de ese tipo; representantes de educación de las entidades federativas, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); los subsecretarios de Educación Superior, Salvador Jara Guerrero, y de Educación Básica, Javier Treviño Cantú, así como el administrador de Servicios Educativos en la Ciudad de México, Luis Ignacio Sánchez Gómez. En unos tres meses tendrán la propuesta, apuntó.

De igual manera, precisó que se impulsará la movilidad tanto con universidades nacionales como extranjeras, y manifestó que en gran medida “el cambio de México depende de la educación; el cambio de la educación depende de los maestros, y el cambio de los maestros, de las escuelas normales”.

Ruiz Esparza destituye a delegado de SCT-Morelos; alista denuncia ante PGR Ingenieros Civiles iniciaron este jueves los trabajos del peritaje sobre las causas que ocasionaron el socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca –obra inaugurada por el presidente Enrique Peña Nieto en abril pasado–, a fin de establecer responsabilidades.

Asimismo, señaló que se hará la revisión completa de la construcción y no solamente del tramo afectado, aunque se atenderá de forma prioritaria la zona del incidente, a fin de rehabilitarla en el menor tiempo posible.

Tras reiterar que el Órgano Interno de Control ya inició la auditoría al Centro SCT-Morelos, dijo que el delegado se tardó demasiado en atender la denuncia de los vecinos por la falla en la obra y no reportó los daños a sus superiores.

“No hubo atención inmediata de la dependencia en Morelos ante las denuncias sobre las deficiencias de

la obra y el entonces titular no los reportó, a pesar de que fue notificado mediante un escrito de los habitantes”, puntualizó en entrevista con Joaquín López Dóriga.

Este medio día decenas de personas se manifestaron frente a las instalaciones de la SCT, en esta capital,

para exigir la renuncia de su titular.

“Es urgente la renuncia de Ruiz Esparza y en ese sentido no daremos ni un paso atrás”, gritaron integrantes de la asociación civil Somos Más, quienes portaban cartulinas con las leyendas: “Ya basta. No tienes vergüenza” y “Si tienes dignidad, renuncia”.

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De la redacción Ciudad de México (apro)

H

ijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados del Poder Judicial ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros, revela un estudio realizado en 31 estados y que fue entregado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN).

Dicho estudio, elaborado por el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada, llegó a manos también de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y revela además que las “redes clientelares” de los jueces y magistrados se extienden a siete mil 148 servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina.

De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en el Poder Judicial: de mil 31 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%.

Según el reporte, 112 jueces y magistrados habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás, y aunque identifica a cada juzgador y empleado por su número de expediente, el estudio no proporciona sus nombres.

El artículo 97 de la constitución faculta a jueces y magistrados para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

Dicha disposición legal fue concebida para garantizar la autonomía de los jueces, pero sólo ha servido para el nombramiento discrecional de parientes.

Y peor aún, no sólo los magistrados de circuito y jueces de distrito logran generar redes clientelares haciendo mal uso de esta atribución.

El estudio muestra que secretarios, actuarios, oficiales y administrativos tienen familiares en el mismo circuito

De la redacción Ciudad de México (apro)

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sostuvo que analizará el reporte que evidencia el nepotismo en la designación de personal de los tribunales y juzgados, situación que dio a conocer el diario Reforma este jueves.

En un comunicado, el CJF rechazó que el reporte sea un informe institucional, ya que lo elaboró Felipe Borrego Estrada, uno de los siete integrantes de ese órgano.

“Con respecto a una nota publicada este día en un medio de comunicación, que hace referencia a un estudio sobre contrataciones de personal en el Poder Judicial de la Federación y en la que se menciona que es de autoría de este CJF, es necesario puntualizar que este cuerpo colegiado no es autor del mismo, sino que fue

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Familiares de 500 jueces y magistrados, en la nómina del Consejo de la Judicatura De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en el Poder Judicial: de mil 31 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%

y en otros, e influyen en la designación sin que sea posible incoarles (iniciarles proceso o expediente) ningún tipo de responsabilidad.

Incluso, los juzgadores intercambian empleos para sus familiares con colegas de otros circuitos, quienes corresponden de igual manera.

Uno de los casos más notables es el de un magistrado del circuito de Durango que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos en puestos administrativos, con cargos de actuarios, secretarios de tribunal y juzgado, asesor jurídico y analista especializado.

Otros dos magistrados de San Luis Potosí y de Baja California tienen 11 parientes cada uno, señala el estudio, cuyos datos fueron recopilados por el consejero Felipe Borrego Estrada en visitas realizadas del 28 de enero

de 2016 al 31 de enero de 2017 en 31 circuitos del país, y la información recabada fue corroborada con información del CJF. Hay estados donde el nepotismo es más grave. Es el caso del circuito décimo sexto, correspondiente a Guanajuato, donde 38 de 46 titulares tienen familiares, es decir, el 82.61%.

El único circuito no incluido en el estudio es el primero, correspondiente a la Ciudad de México, debido a que “los responsables del estudio no pudieron obtener información”. Tampoco consiguieron datos en los órganos jurisdiccionales de Nezahualcóyotl y Naucalpan.

En el circuito correspondiente a Aguascalientes, el 81% de los jueces y magistrados tienen parientes trabajando con ellos. De 16 titulares de tribunales y juzgados, 13 cuentan con familiares.

El circuito correspondiente a Jalisco ocupa el tercer lugar con más juzgadores que tienen parientes en el Poder Judicial, con 76%.

Pese a ser el estado más pequeño, Tlaxcala registra uno de los más altos porcentajes de nepotismo judicial, del 70% en el caso de juzgadores y de 45% entre los funcionarios del vigésimo octavo circuito.

Mientras que el tercer circuito, que corresponde a Jalisco, ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados: 33 juzgadores tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos.

Los jueces también suelen integrar a sus parejas en la nómina: entre los 31 circuitos analizados, se identificó a 112 juzgadores que tienen a su cónyuge, pareja o exesposa trabajando en el Poder Judicial. Destacan el circuito sexto de Puebla, en donde se ha dado trabajo a 11 parejas de jueces y magistrados, el décimo sexto de Guanajuato con 10 casos y el décimo octavo de Morelos con nueve.

Por último, el estudio revela que 136 juzgadores tienen hermanos que trabajan en los juzgados y tribunales.

En este caso Michoacán está en primer lugar, con 20 de estos casos, seguido de Jalisco con 17, y en el caso de emplear a los padres, esta práctica se dio en once circuitos, donde trabajan los padres de 27 magistrados. Destaca el caso de Puebla, donde se empleó a papás o mamás de 13 juzgadores.

El Consejo de la Judicatura analizará reporte sobre nepotismo elaborado por uno de sus integrantes”, se advierte en el comunicado.

“El documento en el cual se expresa el propósito de propiciar reflexiones, fue entregado la tarde de ayer al término de la sesión del pleno del CJF, previo al receso constitucional de labores. Este órgano colegiado se apega a los principios de legalidad que le marca la Constitución y la normatividad del PJF y con base en ellos, lo analizará”.

El informe de Felipe Borrego detalla, con nombres y apellidos, que casi el 50% de los jueces y magistrados adscritos a 31 de los 32 circuitos

judiciales, salvo la Ciudad de México, tienen a por lo menos un pariente laborando en el Poder Judicial de la

Federación (PJF), y que la práctica se extiende a cientos de funcionarios de menor rango.

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Síndrome de Alienación Parental, en legislación de 17 estados Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)

A

unque el Síndrome de Alienación Parental (SAP) es un término controvertido por estigmatizar a las mujeres como manipuladoras y a las niñas y niños como mentirosos, actualmente es reconocido en las leyes civiles de 17 estados de la República mexicana.

De acuerdo con datos de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado, hasta febrero de este 2017 Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México, legislaron la Alienación Parental.

Recientemente a esta lista se sumó Baja California. El pasado 6 de junio el Congreso del estado aprobó modificar el Artículo 21 de Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes local y los Artículos 279, 281, 296 Y 441 del Código de Procedimientos Civiles para incorporar esta figura jurídica.

Concepto sin sustento El 16 de febrero de este año el Senado exhortó a las entidades federativas a legislar en materia de Alienación Parental con el objetivo de velar por el interés superior de niñas, niños y adolescentes al considerar que el SAP es un fenómeno que va en incremento

Montserrat Antúnez Estrada y Hazel Zamora Mendieta Ciudad de México. (Cimacnoticias)

El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad el punto de acuerdo propuesto por la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Ana Juana Ángeles Valencia, para exhortar a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, a que informe sobre el funcionamiento de las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales, por lo que ahora se encuentra en análisis en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El punto de acuerdo fue presentado el pasado 14 de junio y en él demandó al entonces procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, que informara los lineamientos vigentes para capacitar al personal de la Fiscalía y que explicara cuál es el modelo de atención o esquema vigente en las Agencias Especializadas desde la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal. Ángeles Valencia recalcó que aún con la salida del Procurador la PGJDF tiene la obligación de res-

en casos de separaciones y divorcios.

Según el dictamen elaborado por la Comisión de la Familia –organismo parlamentario creado en 2014 para evitar el avance de normas a favor de los matrimonios igualitarios y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo– la Alienación debe ser considerada un tipo de violencia familiar.

Sin embargo, agrupaciones como Adivac, Save the Children, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social han alertado de la falta de sustento científico de este concepto, de su carácter discriminatorio y estereotipado y del riesgo de que se use para defender a padres acusados de abuso y violación sexual de menores de edad.

El término fue creado en 1985 por el médico estadounidense Richard A. Gardner. Esta teoría califica de falsas o injustificadas todas las denuncias o quejas de maltrato o abuso sexual que hacen las hijas o hijos en contra uno de sus progenitores, aludiendo a que las presuntas víctimas mienten porque son manipuladas por sus madres.

Diversidad normativa Los 17 estados que reconocen el SAP en su legislación imponen castigos a las madres o a los padres que incurran en esta conducta, las penas que van desde la pérdida de la patria potestad de sus hijas e hijos, terapia psicológica o hasta cárcel.

Por ejemplo, el Código Civil de Baja California dice que cuando se presenta el SAP el Juez de lo Familiar,

de oficio, debe ordenar “las medidas terapéuticas” necesarias para los menores de edad y sus progenitores a fin de reestablecer la sana convivencia; o bien, podrá determinar la pérdida de la patria potestad.

El Código Penal de Michoacán (reformado en noviembre de 2016) considera la Alienación Parental como violencia familiar y por tanto lo sanciona con una pena que va de uno a cinco años de prisión, suspensión de los derechos de madres y padres respecto de la custodia de sus hijas e hijos y prohibición de residir con ellos.

El Código Civil de la Ciudad de México (reformado en mayo de 2014) dice que en caso de que el SAP sea “moderado” se suspenderá la patria potestad de quien cometa esta conducta pero si es “severo” se suspenderá todo contacto con el progenitor y su respectiva familia y además las niñas y niños serán sometidos a un “tratamiento”.

Propuestas de reforma El 22 de septiembre de 2016 el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Fernando Enrique Mayans, presentó una propuesta para

incorporar una definición de SAP en la legislación federal con el argumento de que los divorcios y las uniones libres son una problemática social y un obstáculo para el interés superior de la infancia.

El legislador propuso reformar los Artículos 283, 411, 417 y 444 bis del Código Civil Federal y 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prevenir, atender y erradicar las conductas que constituyen Alienación Parental, crear la figura de asistente del menor y la de mediación asociativa familiar.

Con este proyecto el Artículo 411 del Código Civil diría que “se entiende por alienación parental toda conducta que tienda a manipular y a transformar la conciencia de los hijos menores de edad, para impedir o destruir la convivencia, las relaciones personales y trato directo con el progenitor no custodiado”.

La iniciativa se turnó a las Comisiones unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de la Familia y Desarrollo humano; y de Estudios Legislativos pero a la fecha no ha sido discutida.

Mientras en los estados avanza la incorporación del SAP en la legislación, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se resolverán dos Acciones de Inconstitucionalidad: una por el caso de la Ciudad de México, presentada por la Comisión local de Derechos Humanos; y otra por la reforma en Michoacán, presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Aprueba ALDF punto de acuerdo sobre agencias de delitos sexuales ponder. Por ello y para que la propuesta no quede “sólo en el exhorto” porque, dijo, “los delitos sexuales tienen graves consecuencias en las víctimas”, destacó la importancia de evaluar cómo ha operado la Fiscalía Especializada en los últimos años y particularmente en este último, cuando entró en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal.

La evaluación, dijo, deberá incluir que la PGJDF compruebe que cuenta con personal capacitado para atender a las víctimas de violencia sexual.

También consideró que es necesario instalar nuevas Agencias Especializadas para que más mujeres tengan acceso a estos servicios.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por esta agencia la ubicación de las Agencias Especializadas y la falta de personal en cada una de ellas propicia que la denuncia les tome un día entero a las víctimas.

Al respecto Ángeles Valencia mencionó: “Estamos contemplando que se instalen otras agencias en los alrededores de la Ciudad de México porque ahí es donde se presentan varios casos, por eso cuando ellas van a donde les corresponde ya pasaron horas y es frustrante para ellas que no esté el personal que las debe atender”.

Ejemplo de ello es la zona oriente de la Ciudad de México donde de 2014 a septiembre de 2016 se re-

gistraron 533 casos de violaciones sexuales, pero en el lugar solo hay una agencia especializada en delitos sexuales.

Actualmente operan seis agencias especializadas en las delegaciones Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y dos en Cuauhtémoc “Sí es necesario que se pongan otras agencias porque son muy pocas las que están atendiendo todos estos casos”, recalcó la diputada.

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CINCO MILLONES DE VOTOS MENOS PARA EL PRI

D

esde que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia del país, el PRI ha perdido cerca de cinco millones de votos en las elecciones que se han realizado de 2012 a la fecha. Un millón de estos votos se habrían ido a Morena en la pasada elección del Estado de México.

Los escándalos de corrupción que han surgido en la gestión de Peña Nieto, más los de los exgobernadores César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge, así como las denuncias de violaciones de los derechos humanos, los gasolinazos y la crisis financiera, son algunos de los factores que han ocasionado que el PRI pierda tantos votos de cara a la elección de 2018.

Bajo estas circunstancias los priistas están más cercanos a sufrir una derrota que repetir la victoria en la próxima elección presidencial de 2018. Hace seis años, cuando Peña Nieto era gobernador mexiquense, en el PRI ya se tenía segura la decisión de quién sería el candidato presidencial y, aprovechando el mal gobierno de Felipe Calderón, capitalizaron el enojo social en contra del panista, cuya decisión de declarar la guerra contra el narcotráfico

José Gil Olmos

costo miles de muertos, desaparecidos y desplazados.

Hoy este enojo social se ha acrecentado en contra Peña y muchos de los integrantes del PRI que en 2012 regresaron al poder con un ansia inconmensurable de rapiña, abuso de poder, corrupción, tráfico de influencia e impunidad.

La pérdida de votos se refleja también en la pérdida de gubernaturas, pues de 20 que se tenían en el 2012, ahora el PRI sólo cuenta con 14. Entre las derrotas más costosas electoralmente hablando se encuentra Veracruz, que perdió apenas el año pasado.

La conducta del gobierno de Peña Nieto y la de algunos gobernadores profundizó la erosión del PRI, cuya credibilidad y confianza es cada vez menor entre el electorado. Peña es el presidente con la peor calificación ciudadana desde 1995, cuando Ernesto Zedillo cargó con la culpa de la crisis financiera llamada “Efecto tequila”, flagelo que impactó a 17 millones de familias que perdieron propiedades y ahorros ante la descomunal usura de los bancos.

Hasta ahora el PRI no ha mostrado una estrategia efectiva para recuperar la confianza del electorado, su líder Enrique Ochoa Re-

za se ha dedicado a encabezar una campaña estridentista en contra de Andrés Manuel López Obrador y en asegurar que en el PRI no caben los corruptos.

Pero cada vez que habla de corrupción, Ochoa Reza escupe hacia el cielo, pues una vez que asegura que en el PRI ya no habrá ese problema, salen a flote nuevos casos, o los que ya se creían cerrados vuelven a abrirse, y de sus entrañas brota la pus de la corrupción, como fue la denuncia de que tanto el gobernador de Chihuahua, César Duarte, como el de Veracruz, Javier Duarte entregaron cientos de millones de pesos para financiar campañas del partido.

Los problemas en el PRI se van acumulando conforme se acerca la elección presidencial. Voces internas hablan de posibles fracturas si no se democratiza la vida interna del partido y se rechaza la amenaza de que Peña Nieto intenta imponer a su candidato.

De esta manera, mientras los priistas intentan resolver los retos hacia el 2018, la inconformidad social aumenta. La pregunta es si la oposición y, sobre todo Morena, será capaz de transformar ese enojo social en votos a su favor.

RUIZ ESPARZA, OTRO INTOCABLE DE PEÑA

E

nrique Peña Nietro envió sus condolencias a la panista Margarita Zavala por el fallecimiento de su padre y luego, también vía Twitter, felicitó a la selección mexicana de futbol por ganarle a El Salvador, pero la muerte de dos mexicanos causada por el socavón en medio de la autopista a Cuernavaca, una obra de relumbrón de su gobierno, sólo mereció su desdén.

Y si el presidente de México no tiene sensibilidad ante una tragedia así, tampoco tendrá la decisión de sancionar a los responsables del socavón y la muerte de dos personas, menos aún si el principal de ellos, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, es el operador de los multimillonarios negocios del sexenio en obra pública.

Tras casi cinco años de gobierno, es sabido que por más grave que sea la responsabilidad de los funcionarios, no hay sanciones para nadie y ya ni las apariencias se guardan:

Álvaro Delgado

La impunidad es el emblema del sexenio.

Impunes están los implicados en los sobornos por 10.5 millones de dólares de Odebrecht para la adjudicación de contratos de obra pública.

Impunes están los vinculados a la tortura, ocultamiento y manipulación en el caso de la desaparición de

los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Impunes siguen los militares implicados en los fusilamientos en Tlatlaya, estado de México.

Impunes se mantienen los autores en las masacres en Apatzingán y Tanhuato (Ecuandureo), Michoacán.

Impunes siguen los responsables

de los asesinatos en Nochixtlán, Oaxaca.

Impune sigue Alfredo Castillo, el responsable de vestir de autodefensas a los narcotraficantes en Michoacán.

Impunes siguen los responsables del espionaje a mexicanos y extranjeros con instrumentos que deberían usarse contra los criminales.

Impunes siguen además los implicados en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Y todo esto sigue impune, porque impune quedó la corrupción de Peña en la Casa Blanca y la de Luis Videgaray y su mansión en Malinalco.

Por eso, Ruiz Esparza no renunciará: Porque la impunidad es el sello de la casa y porque, si algo falta, es el operador de las complicidades de la trasnacional española OHL con el financiamiento de las campañas del PRI. ¿Condolencias a la familia de Juan Mena López y Juan Mena Romero, padre e hijo fallecidos por una obra mal hecha por Ruiz Esparza?

A Peña le vale…

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RAQUITISMO ELECTORERO Héctor tajonar

A

dos meses de que se inicie oficialmente el proceso electoral federal de 2108, la atención está centrada en el juego de adivinanzas sobre quién ganará la Presidencia, quiénes serán los candidatos de los principales partidos y los independientes, cuáles serán las alianzas que permitirían derrotar al candidato puntero o al partido en el gobierno. El punto central es si el PRD decidirá aliarse con el PAN o si el patriarca de Morena absolverá al menguante Sol Azteca para lograr una alianza de la pulverizada izquierda mexicana.

Paralelamente, la ambición desbocada de los presuntos presidenciables ha desatado una ola de rencillas intestinas en los partidos que amenaza con fracturar la debilitada estructura de esas entidades que han dilapidado el interés público derivado del artículo 41 de la Constitución.

Al mismo tiempo, la confianza ciudadana en las instituciones responsables de dotar de legitimidad a las elecciones está igualmente diluida.

El signo positivo de ese brumoso panorama es que existe una amplia variedad de opciones posibles de candidatos y alianzas, así como incertidumbre acerca de los resultados de la contienda.

El aspecto menos halagüeño es que, recordando a los clásicos, la caballada está famélica.

La terminación de un sexenio y el inicio de un nuevo gobierno siempre despierta en los ciudadanos una esperanza que, a pesar de haberse traducido cíclicamente en decepción, renace cada seis años. Un triunfo de la

expectativa sobre la experiencia.

No obstante, el tenaz optimismo de un pueblo que estoicamente ha soportado el lastre progresivo de malos gobiernos, disminuye ante los perfiles de los aspirantes. Por lo visto, cualquier ciudadano se cree capaz de ejercer el derecho que le confieren los artículos 35 y 82 constitucionales.

El ansia de poder obnubila el entendimiento y elimina la autocrítica. Además, un vistazo al pasado reciente enaltece nuestra imagen ante el espejo: si Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto han ocupado la silla presidencial, ¿por qué yo no?

Subidos en el globo aerostático de la autocomplacencia, los precandidatos centran su interés en la estrategia de campaña: ¿Qué eslogan será el más atractivo? ¿Quién diseñará la publicidad de mi campaña? ¿Cómo mejorar mi imagen pública? ¿Quién manejará mi relación con los medios de comunicación? ¿Cómo utilizar las redes sociales? ¿Quién escribirá mis discursos? ¿Cómo descalificar con mayor eficacia a mis adversarios? ¿Cómo conseguir apoyos económicos y sobre todo, cómo ocultarlos para evitar ser sancionado por rebase de gastos de campaña?

Todo el vigor de su osadía se aplica a las tácticas para ganar la candidatura partidaria o independiente, sin que medie la mínima reflexión sobre la responsabilidad de gobernar. Audaces y desubicados, ninguno de los suspirantes tiene la capacidad ni el interés de elaborar un plan de gobierno serio, bien sustentado y viable, con metas claras y métodos bien definidos para alcanzarlas. Para ellos, lo único

importante es obtener los recursos asignados a los candidatos y partidos, si no para ganar, al menos para aparecer en la boleta electoral y, si fuera el caso, evitar que el partido al que se represente pierda su registro. La diversificación de las opciones deriva en que ninguno de los contendientes obtendría más de 30% del voto, lo cual pondría en riesgo la gobernabilidad. Por ello se hace necesaria la segunda vuelta.

La lista de la vorágine electorera es interminable y, hasta ahora, no ofrece opciones convincentes para rescatar al país del foso profundo al que lo ha conducido la caterva de ineptos que nos ha desgobernado. Menciono sólo algunos. Aparte de sus escasas luces, Miguel Ángel Osorio Chong, quien encabeza las opciones del PRI, representa el fracaso de la política interior del peñismo, así como sus aspectos más oscuros relacionados con el aumento de la violencia y la inseguridad, la violación a los derechos humanos y el espionaje. Luis Videgaray, el cerebro del presidente, ha dado malos resultados en las dos secretarías que ha ocupado, además de estar manchado por la podredumbre de ese partido, al igual que el resto de sus correligionarios (salvo el doctor José Narro).

En el PAN despunta Margarita Zavala de Calderón, cuyo mayor mérito es haber sido una primera dama discreta. Al mismo tiempo, la obsesión de su marido por imponerla representa su mayor debilidad. Ricardo Anaya es inteligente y ha dado buenos resultados como presidente de su partido. Sin embargo, la posibilidad de ganar la candidatura

es remota, y la de vencer en las elecciones, casi nula. A pesar de su deficiente desempeño como jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera es el candidato más viable del PRD, pero ello pondría en riesgo el registro del partido. Por tanto, la mejor opción es aliarse con el PAN o con Morena, que los desprecia.

Dentro de ese páramo, Andrés Manuel López Obrador encabeza las encuestas. Tiene el mérito de haber recorrido todos los municipios del país y haber formado un partido de masas, así como un discurso adecuado para ellas.

En esa fortaleza electoral radica la fragilidad de su proyecto. El amo de Morena mira al pasado, su retórica respira obsolescencia; su tozudez y aversión a la crítica lo alejan de los valores democráticos.

Hasta ahora la presencia de los independientes es mínima; ninguno de ellos alcanzaría 5% del voto. Hace falta un candidato con honradez y experiencia probadas, capaz de proponer un proyecto de gobierno serio y viable, sustentado en valores democráticos y con visión de futuro que pudiera encabezar una posible alianza entre el PAN y el PRD para fomentar el desarrollo económico, social y político de la nación. Mexicanos con ese perfil no abundan, pero sí existen. La alternativa sería que la izquierda lograra unificarse. Cualquiera de las dos opciones es deseable porque elevaría el nivel de la contienda y obligaría a fortalecer los proyectos de gobierno de las alianzas partidarias. Si ninguna se cristaliza, será difícil superar el raquitismo electorero que se vislumbra para 2018.

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CÓDIGO NUCÚ César Trujillo

Carlos Morales o la desmemoria de un sonámbulo

S

i existe un político sin fundamentos para buscar la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez —más que su desesperada voracidad y el arribismo que abandera— ese es el actual secretario del Medio Ambiente e Historia Natural, Carlos Morales Vázquez, quien afirma que será el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) quien lo cobije.

Parece que el famoso “contralor del pueblo” (frase matona de un perdedor buscahueso) cree que padecemos de amnesia y no recordamos que no ha hecho absolutamente nada en el puesto que aún ocupa, más que brindar sobreprotección a las empresas que se han dañado severamente a Chiapas: Veolia y Cales y Morteros del Grijalva son claro ejemplo de ello.

Porque esto va más allá de andar tirándose la bolita y sacudirse el problema, sindicando a otros, como acostumbra el funcionario. A Veolia se la ha lanzado al Ayuntamiento de Fernando Castellanos y el asunto de la Calera culpó, en su tiempo, a la mísera y huérfana Procuraduría Ambiental que, a la fecha, sigue sin tener pies ni cabeza. A Carlos Morales se le olvida que el cargo que ostenta es muy claro: secretario del medio ambiente de Chiapas, aunque el nombramiento sólo sea de membrete y le sirva para seguir enquistado en el poder, fraguando alianzas que lo lleven al siguiente escenario (en este caso los comicios del 2018) y apostarle a una estrategia que les ha dado buenos dividendos a varios políticos, entre ellos a la diputada federal de Movimiento Ciudadano, María Elena Orantes López.

Y aquí me refiero a la participación que han tenido en el pasado en busca de algún puesto de elección popular

a sabiendas que no tienen oportunidad alguna, pero tienen muy en claro que en política también perdiendo se gana. Esa estrategia ruin de “perder-ganando” trae vivos a muchos políticos que ya se frotan las manos y que, ahora, a sabiendas de que el electorado siempre ha siendo permisivo regalándoles el tan criticado abstencionismo, buscarán de nueva cuenta aplicar la misma fórmula en territorios diferentes y ataviados de colores distintos: sí, el chapulinazo o camaleonismo.

No sé si el rumor soltado por los esbirros del secretario sobre su búsqueda de la presidencia municipal sea cierto o no o si se consume, pero sabemos que su hermano, el exjefe de asesores del Gobierno del Estado, Plácido Morales Vázquez, está buscando apoderarse de la candidatura rumbo a la sucesión gubernamental de Chiapas por el partido de Andrés Manuel López Obrador y la cercanía que con él profesa. De ser así, estaríamos ante un escenario adverso que pondría a los tuxtlecos en un riesgo inminente. No imagino al secretario, un hombre que es miedoso y evasivo con algunos temas, y convenenciero y cómplice con otros, sentado en la alcaldía, con todo el poder para seguir alimentando a esa bestia destructiva del medio ambiente en que se ha convertido la empresa franco-española Veolia.

Quizá a muchos les dé igual, y otros hasta lo vean como un candidato bueno, tomando como referencia que Carlos Penagos quiere ser el abanderado al mismo puesto del Partido Verde Ecologista de México en Chiapas (PVEM). Al igual que muchos compañeros con los que he platicado concuerdo en que ninguno representa un cambio para la capital coneja que

se muere en la ignominia; ninguno hará algo porque Tuxtla salga de ese terrible bache de corrupción e impunidad en el que se encuentra sumido desde el arribo de Juan Sabines y sus sucesores a la alcaldía.

Carlos Penagos representa la sucesión del sabinismo y el empoderamiento, desde las sombras, de Chachita Pariente, la misma que lo metió a la política y que sigue siendo su sombra. Carlos Morales, por su parte, es el símbolo fiel del arribismo y es capaz de hacer uso del malestar ciudadano para obtener lo que quiere. Lo vimos cuando perdió contra Samuel Toledo Córdova Toledo y salió a tomar las calles y prometió ser un incansable vigía de que el Ayuntamiento, en ese trienio, marchara bien. Falso.

Nunca cumplió en nada porque pocos días después de su bulla le pidieron que se calmara porque iba a tener un espacio “digno” en el gabinete de Manuel Velasco y así fue: lo convirtieron en el todopoderoso de la Semanh que parece andar dormido todo el tiempo. Ahora, nuevamente buscará lo mismo. Se va a Morena porque sabe que en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no tendría cabida y porque entiende que el viento sopla a favor de los morenos y el efecto AMLO que sigue pesando en todo México.

Con estos dos aspirantes que empiezan a elevar la mano, pobre Tuxtla: sepultado nuevamente en la orfandad de políticos voraces e insaciables.

Manjar

La recomendación de hoy es Juntacadáveres de Juan Carlos Onetti y el disco A love supreme de Jonhn Coltrane. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

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Viernes 14 de Julio 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER

EN CHIAPAS

RENEGADOS DE LA IZQUIERDA Pablo Gómez

E

ntre los directivos del Partido de la Revolución Democrática que se encuentran más comprometidos con el proyecto de hacer una alianza con el Partido Acción Nacional, destacan aquellos que sostienen la tesis de que los propósitos de tal coalición electoral serían, dicen, impedir que el PRI repita en el gobierno y evitar que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de la República.

El planteamiento, así de sencillo y directo, es algo inusitado en México. Un partido de izquierda postula que es preciso detener a la izquierda y sostiene la idea de que para ello sería preciso llevar a la derecha panista al gobierno nacional. Esta es la línea que se ejecutó recientemente en el Estado de México, aunque entonces fue para beneficiar al PRI. Por ello hemos dicho que el PRD actúa ahora como parte del mercado político.

La fundamentación analítica de tal línea política no existe en realidad. Lo que se dice al respecto es que Morena es “populista conservador”, pretendida categoría que no se explica, pero que de cualquier forma no podría ser suficiente para preferir a los reaccionarios de Acción Nacional.

Es evidente que en una alianza entre el PRD y el PAN se le entregaría la candidatura a quien los panistas decidieran postular a través de sus mecanismos internos. De otra forma, sencillamente no habría coalición y, entonces, ¿para qué tanta estridencia?

Durante casi 25 años, varios actuales voceros perredistas que hoy proclaman la lucha contra López Obrador apoyaron a éste muchas veces, le acompañaron en el desempeño de la presidencia del PRD, en la gestión de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en las campañas electorales nacionales. ¿Qué ha ocurrido en el

mundo, en México, en la ciudad, para que aquella fuerte coincidencia política y programática se haya traducido en su contrario?

Para cualquiera es claro que entre más desunidas vayan las izquierdas en las elecciones, menor será la probabilidad de que éstas obtengan la mayoría. Lo vemos por casi todo el mundo.

También está claro que los partidos más competitivos, en general, no pueden ir solos debido a la atomización política existente en el electorado del país. Es dentro de este esquema que el grupo dirigente perredista hace militancia con la pretensión de llevar a la Presidencia de la República a un nuevo Fox, a un nuevo Calderón, porque repudia la idea de llevar a López Obrador, a pesar de haberlo intentado en dos ocasiones.

La excusa de algunos es que el problema radica en que Andrés Manuel ha rehusado un acuerdo electoral con el PRD, pero no recuerdan el denominado ultimátum en el Estado de México, el cual fue contestado con un rotundo no por parte del entonces candidato perredista, con el entusiasta aplauso de su propia dirigencia nacional. Se replica, al respecto, que con ultimátum no se puede construir nada, como si en la lucha política no lo encontráramos con frecuencia como método de advertencia y presión que, en aquel caso, era una forma de seguir insistiendo en el apoyo del PRD a Morena para llegar al gobierno mexiquense, lo cual estaba verdaderamente al alcance de la mano: Morena obtuvo más votos que el PRI según los cómputos oficiales, es el partido más votado en el Estado de México; los partidos bonsái hicieron la diferencia.

Todo esto, sin descontar la descomunal compra de votos y el exceso de gastos, es decir, el fraude electoral que pudo haberse neutralizado.

Si en verdad se tratara de derrotar

al PRI, mejor sería buscar la convergencia del conjunto de la izquierda, la cual haría más probable la victoria que si se marchara al lado de la derecha panista que no ofrece cambio alguno para el país. Por ello, no cuesta trabajo advertir que la tesis de apoyar al PAN para contener a la otra izquierda, Morena, es en realidad una retractación ideológica y un entreguismo político. El grupo que impulsa en el PRD la coalición con Acción Nacional se integra por renegados de la izquierda que buscan con desesperación un gobierno panista para “resolver los problemas del país”, según han apostillado en sus infundados discursos.

Lo peor, sin embargo, es que, al admitir de facto que la disputa electoral principal pudiera estar entre Morena y el PRI, el grupo que usufructúa la franquicia electoral del PRD intenta dividir a la izquierda, vista ésta como parte del pueblo mexicano, lo cual terminaría favoreciendo al actual partido oficial.

En cualquier escenario, el mejor servicio que se puede hacer a las fuerzas conservadoras y reaccionarias es luchar desde la izquierda contra la izquierda. Bajo la línea de claudicación y entreguismo, el problema entonces no es el PRD, el cual de todas maneras perdería, ya fuera yendo en coalición con Acción Nacional o lanzando un candidato propio sin alianzas. La lamentable cuestión de fondo es el sitio en el que la ilegítima dirección perredista pretende colocar a la corriente histórica de la que surgió ese mismo partido y de la que hoy evidentemente reniega.

La respuesta que hay que propinar a esa traición al partido y a su programa escrito es unir nuevamente a la gente de izquierda dentro de una sola opción electoral nacional, tal como se comportó esa gran corriente mexicana a partir de 1988.

CONTRAPODER

EN CHIAPAS

Viernes 14 de Julio 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

PUNTO Y COMA; Roger Laid

LOS POLÍTICOS ENCANTADOS

H

ay muchas firmas es ese desplegado que se dejó ver en un periódico de circulación nacional al inicio de esta semana y es que obliga a realizar conjeturas hasta al más chimuelo, y no es para menos porque de ser un simple capricho del PVEM puede pasar a ser una realidad y (al menos en Chiapas) logre mantener sus puntos como diciendo: En esta geografía chiapaneca los verdes somos el bastión.

Sin embargo, los verdes firmantes diputados y presidentes municipales quieren ir por la grande y han dejado claro que son muchos y son machos, que no se rajan y ven el panorama 2018 como una excelente oportunidad para presentar un candidato que surja de las filas verdes sin tener que necesitar a los priistas u otro partido. (Y creo nadie buscaría aliarse al verde por razones lógicas). Sin embargo, de ese más de medio centenar de alcaldes firmantes aún no sabemos quiénes serán perseguidos por las autoridades correspondientes y quienes serán encarcelados.

Es Chiapas, un territorio difícil para los partidos políticos, no es como se lo dibujo y planteo Julián Nazar a los oaxaqueños: “En Chiapas hasta por una vaca votan” y le quedo claro al hoy diputado con fuero, que ni al evento de su partido el PRI le permitieron la entrada, Arely Madrid también y en especial a Willy Ochoa Gallegos, se imaginan un detestado por la militancia como lo es el senador Roberto Albores Gleason les madruga y les cierra las puertas de sus partido para poder tener a modo su asamblea. Finísimas personas. Los de afuera y…. los de adentro.

Ah se me olvidaba el diputado Presidente de la Mesa Directivita del Congreso de Estado Eduardo Ramírez Aguilar no firma ese documento “levanta polvo” quizá por cuestiones de estrategia y el Senador Luis Armando Melgar Bravo está vez se puso en modo PRI, desde luego anteponiendo sus intereses y buscando siempre tener algunas ventajas.

Como se observa, la lucha por tener

un espacio asegurado en las boletas electorales en Chiapas es bastante seria, aunque algunos lo hagan ver fácil, como por ejemplo el partido de creación del sexenio con crecimiento bastantes considerables y desde luego los apoyos económicos son de dudosa procedencia permitiendo con ello tener un mayor grado de operatividad y posicionamiento, me refiero al Partido Mover a Chiapas que lidera Enoc Hernández Cruz, expresidente municipal de San Cristóbal por el Partido de Alianza Social (PAS) y ex diputado local plurinominal por el Partido del Trabajo (PT).

Desde luego, el partido Movimiento Ciudadano que en Chiapas no tiene gran aceptación tomando en cuenta que vino de menos a menos y luego los políticos que han llegado a ese partido se han ido a servir, pues no se les observa trabajo político para ser merecedores como es el caso de la Diputada Federal María Elena Orantes López con un historial poco recomendable entre la clase política.

Lo cierto es que, los actores políticos se ven obligados a hablar con la verdad porque en estas elecciones con seguridad se van a apuntar quienes saben que no ganaran pero bajo negociación harán que el rival más fuerte ante su afín sea un verdadero corderito, porque a eso están estos partidos “chicos” que buscan llevar candidato al frente.

Los chiapanecos esperamos verdaderos políticos de experiencias y que se les pueda confiar y no como a María Elena Orantes que en una encuesta si la pregunta fuera: ¿A quién le tienen más credibilidad? Con seguridad no la pasaría y eso que los demás andan mal en ese punto.

La pobreza no puede ser motivo de inspiración de discursos de campaña, y menos las a atractivas líneas que hablan de un desarrollo que nunca llega, pero que es planteado como un hecho si les ofrecemos el voto, después de ellos, muchos que ni ganan la elección, los vemos que de la nada después son grandes empresarios o nos aparecen como diputados locales o federales, el caso del Senador Zoè Ro-

bledo Aburto quien sin hacer campaña logra un triunfo arrollador. Aún sigue desmintiendo el apoyo del exgobernador Juan Sabines Guerrero, aunque en Chiapas eso quedo cocinado, el Senador sabe que los chiapanecos saben. Esta historia continuara… ¿usted lo prefiere?

Seguridad al adquirir un vehivulo en Chiapas: SSyPC

“No podemos trabajar por caminos diferentes si cuando lo que estamos siguiendo es el mismo objetivo, vivir en paz y tener seguridad” señalo el Secretario de Seguridad en Chiapas José Luis Llaven Abarca quien detalló que el acuerdo de colaboración con empresarios automotrices consistirá en intercambiar información a través de una base de datos mediante el sistema de Registro de Automotores de Procedencia Ilícita (RAPI), en el que se puede consultar vehículos relacionados con delitos de secuestro, extorción, fraude, robo en todas sus modalidades y abuso de confianza.

Estas acciones eliminaran los riesgos de sufrir algún ilícito, por lo contrario, se traducirá en un mercado seguro, actualizado y de calidad para los consumidores en Chiapas.

Puntos Suspensivos…

¿Puedo cumplir mi sueño hurtándolos recursos públicos de un de un pueblo para satisfacer mi ego? Para todos los pensadores sociales, el objetivo de la vida política era la virtud. Una buena sociedad era concebida como aquella en la que las personas son buenas. No había una “doble moral” entre la bondad individual y la social. Con Maquiavelo, la política dejó de ser el arte de lo bueno para pasar a ser el arte de lo posible. Su influencia en este punto fue enorme. Todos los filósofos sociales y políticos más importantes que vinieron luego (Hobbes, Locke, Rousseau, Mill, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Dewey) rechazaron la meta de la virtud. Maquiavelo relajó la norma moral haciéndola menos rigurosa y casi todos rindieron homenaje a esta bandera por él enarbolada. ¿En dónde la izamos?

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CMAN

DIARIO

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Viernes 14 de Julio 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 4 | No. 1136

MANIFESTACIÓN

PROBLEMÁTICA

Comuneros exigen rehabilitación de única vía de acceso; temen quedar incomunicados

Familiares de enfermera asesinada en Chiapas denuncian al juez que dejó libre al responsable

PAG. 4

SOLICITUD

Ombudsman pide que se declare la alerta de violencia de género en Oaxaca PAG. 3

VIOLENCIA

“Justicia por mano propia”, reflejo de la intranquilidad social: CCE PAG. 6

DECLARACIÓN

Grupos religiosos impedían el matrimonio igualitario en Chiapas: ERA

PAG. 4

Tras el linchamiento que sufriera una persona en el centro de Tuxtla Gutiérrez, al ser detenido por la población por el supuesto robo de una cartera, el presidente en Chiapas de Consejo Coordinador Empresarial (CCE), David Zamora Rincón, dijo que esto es un reflejo de la intranquilidad social a falta de políticas públicas que permitan un desarrollo económico.

PAG. 3

PAG. 5

Desplazados de Chigtón podrían acudir a instancias internacionales por omisión en el caso