CMAN
DOXA
EDITORIAL
La ausencia de representación política
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La sociedad en Chiapas se encuentra muy fragmentada, pero además existe una actitud de indiferencia para la búsqueda en la construcción de acuerdos, lo que hace difícil gobernar la entidad.
La nota es la extradición del exgobernador de Veracruz Javier Duarte. Él encarna la corrupción actual de los jóvenes políticos en México. Aunque en Chiapas se comenta que no hay diferencias entre Duarte y Velasco Coello. Y está el rumor de la protección que brindó el gobernador de Chiapas al hoy procesado.
DIARIO
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Miércoles 19 de Julio 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 4 | No. 1139
CUMPLIMIENTO
PRONUNCIAMIENTO
Termina plazo y Chiapas implementará un Sistema Anticorrupción ‘a medias’ De acuerdo con información difundida a través de un comunicado, la CNDH señaló que la Recomendación 27/2017 indica que a la brevedad se practiquen las actuaciones necesarias en la investigación de los hechos motivo de la queja
Familiares de víctimas del socavón rechazan “por injusta” indemnización de la SCT
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SOLICITUD
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Niños Chiapanecos de la zona fronteriza con Guatemala a punto de PAG. 4
quedar sin nacionalidad mexicana
HOY ESCRIBEN LA ENCRUCIJADA DE AMÉRICA LATINA
Guillermo J. R. Garduño Valero PAG. 15
PGJDF: BAJO SOSPECHA
ACCIONES
Javier Duarte y Roberto Borge se amparan contra nuevas órdenes de captura
CIDH llama a gobierno a hacer lo necesario para aplicar Ley General en materia de tortura
Lucía Lagunes Huerta
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LA ESTRUCTURA SECRETA DE LOS AMIGOS DE FOX Jesús Cantú
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SALINAS, LA VIOLENCIA Y EL PETRÓLEO Arturo Rodríguez García
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LA GUERRA PERDIDA DE LOS BOTS DE PEÑA NIETO Jenaro Villamil PAG. 9
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CONTRAPODER
Miércoles 19 de Julio 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EN CHIAPAS
EDITORIAL La ausencia de representación política
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a sociedad en Chiapas se encuentra muy fragmentada, pero además existe una actitud de indiferencia para la búsqueda en la construcción de acuerdos, lo que hace difícil gobernar la entidad. Sabiamente Jan de Vos escribió que Chiapas se escribe en plural, en virtud de que son muchos y diferentes Chiapas. Las condiciones sociales y los procesos históricos no son los mismos en los Altos que en la Sierra, o en el Soconusco que en la Frailesca, o en la Selva que en el Centro. Esta heterogeneidad, contiene varios significados políticos, que resulta conveniente intentar esclarecer, con el fin de generar diferentes interpretaciones que nos ayude a entender la cultura y los comportamientos de la población en relación a la política. La Región de los Altos siempre ha sido un territorio pobre, en donde las características geográficas de su suelo no lo hacen apto para la agricultura; situación que se agudiza porque históricamente ha sido un espacio con una alta tasa de población indígena. La sociedad de los Altos ha sido desde su creación profundamente excluyente y la principal fuente de la riqueza se extrajo de la explotación de la mano de obra indígena y esta ca-
racterística permaneció durante siglos, lo que constituyó fuertes sentimientos de polarización. No por algo esa región ha sido testigo de diferentes levantamientos armados y conflictos indígenas. Erróneamente se ha creado un discurso fantasioso de sumisión de los indios, a pesar de que la historia refleja varios movimientos de indios insumisos: el levantamiento tseltal de 1712; el movimiento tsotsil de 1868-1869; la participación decidida de Jacinto Pérez Chixtot “Pajarito”, en el conflicto por la disputa de la ciudad capital entre Tuxtla y San Cristóbal en 1911; y el más reciente, el levantamiento armado de 1994, que modificó las condiciones políticas nacionales, al producir una reforma electoral que le quitó al estado la organización y calificación de los procesos electorales, lo que posibilitó el gobierno de la alternancia en el año 2000. Esta polarización mantiene una vigencia plena, en virtud de que no se han resuelto un conjunto carencias estructurales, lo que genera una repetición de conflictos en la región. La frailesca fue una sociedad emergente en donde sus principales poblados se crearon en 1873 y 20 años después, durante el gobierno de Emilio Rabasa, adquirieron los nombres actuales de Villa Corzo y Villa Flores. En la frailesca se
mantiene una tradición histórica de cacicazgos políticos: así fue con Ángel Albino Corzo y continuó con Julián Grajales, posteriormente se consolida la dominación de Tiburcio Fernández Ruíz y la “Ruizada” y hacia los años 80 surge el liderazgo del profesor Germán Jiménez, con el movimiento de los maizeros. Hoy día existe en la región una disputa por la construcción de nuevos liderazgos, ligado a los cargos de elección popular, en la que existe la intención de crear entre los grupos nuevos cacicazgos. En el Soconusco, Tapachula es marcada por la huella de la inmigración de alemanes, ingleses, chinos y japoneses, quienes poseían una mentalidad de origen de países imperiales, en donde se encerraron en su círculo de connacionales, constituyendo élites económicas pero no políticas. Tapachula es una sociedad excluyente y elitista, que nunca pudo conformar una clase política. De allí una razón importante, sobre por qué no ha podido impulsar de manera exitosa a un tapachulteco a la gubernatura del Estado. La clase política tuxtleca se formó desde el poder, durante los 20 años de gobierno rabasista en Chiapas. En ese período Tuxtla se convirtió no sólo en la capital política de Chiapas, sino también en
el centro de los negocios y del comercio, que la convirtió en el nuevo centro del poder hegemónico en la entidad. En los primeros años, Rabasa gobernó con oaxaqueños, pero al final del período los cargos públicos fueron desempeñados principalmente por tuxtlecos, que constituidos en clase política, se enfrentaron en contra de San Cristóbal para impedir el retorno de la capital del Estado a esa ciudad, esto le permitió a personas de este grupo continuar en el poder a pesar de los cambios políticos. Hoy día Chiapas se encuentra fragmentada y en algunas partes del territorio esta polarización produce problemas de gobernabilidad. El gobierno actual, que ignora las características regionales, practica una política de exclusión y de ausencia de representación política. Partió, de una premisa equivocada al considerar que los acuerdos unánimes muestran la fortaleza del gobernante, cuando en realidad la unanimidad significa la falta de representación y el autoritarismo. Con ello se cierran los espacios para que otras voces se manifiesten y se limitan las posibilidades de prácticas democráticas. De allí se puede explicar gran parte de la crisis actual de Chiapas, en la que prevalece una ausencia real de representación política.
DIRECTOR GENERAL
José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL
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EN CHIAPAS
De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)
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ste miércoles concluye el plazo para que las entidades federativas del país homologaran y establecieran en su totalidad los preceptos legales de los Sistemas Locales Anticorrupción, sin embargo éste no podrá ser implementado en Chiapas, ya que aún está a medias. Incluso, hace poco más de un mes la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) federal, Arely Gómez González y el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, encabezaron en la entidad el Foro para la Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). “Chiapas, cabe destacar, es uno de los estados que se encuentra listo para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, porque ya hizo los cambios constitucionales y que ahora están en el proceso de la elección del Comité Ciudadano, que es una parte toral de este sistema de implementación”, remarcó el boletín informativo publicado en medios locales y nacionales. Y justamente el Congreso del estado de Chiapas realizó la homologación de las diversas legislaciones federal y estatal en materia de combate a la corrupción, además ya se encuentra publicada la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas. Pero desafortunadamente para el estado de Chiapas, no se puede implementar en su totalidad el Sistema Anticorrupción, ya que de acuerdo con el artículo segundo transitorio de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, “dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso
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Termina plazo y Chiapas implementará un Sistema Anticorrupción ‘a medias’ Incluso, hace poco más de un mes la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) federal, Arely Gómez González y el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, encabezaron en la entidad el Foro para la Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente decreto”, es decir este 19 de julio, considerando la entrada en vigor del mismo. Y aunque la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas tiene por objeto establecer las bases
de coordinación entre las autoridades de todos los Entes Públicos de la Entidad, para la integración, organización y funcionamiento del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, con el fin de prevenir, y sancionar las faltas administrativas, y los hechos de corrupción, así como investigar la fiscalización y control de recursos públicos, está a medias. Esto debido a que el Sistema Estatal estará integrado por el Comité
Coordinador, el Consejo de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización y los municipios. Particularmente en lo que se refiere al Consejo de Participación Ciudadana, apenas la semana pasada el Congreso del estado lanzó la convocatoria para su integración, que estará conformado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. Si no hay Consejo de Participación Ciudadana, el Sistema Anticorrupción del estado es inoperante e inviable, ya que no existiría una verdadera fiscalización que represente cabalmente a los chiapanecos. Adicionalmente, a pesar de que ya hay designación de Fiscal Anticorrupción, no ha tomado protesta debido a la no conformación del Consejo de Participación Ciudadana, Comité Coordinador y del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización.
Transportistas se van a casa; levantan plantón De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)
Este martes, a las 17:30 horas, los transportistas asalariados levantaron el plantón que mantuvieron durante 30 días frente al palacio del gobierno estatal. En tres horas aproximadamente, desalojaron el lugar en el que exigieron la devolución de tres de sus unidades detenidas en operativos organizados por la Secretaría de Transportes (ST). Durante este tiempo, manifestaron que la detención de los vehículos había sido injusta, pues contaban con la autorización verbal del titular de la dependencia, Mario Carlos Culebro Velasco. Al respecto, el dirigente de esta organización, Jorge Omar Vázquez Martínez, explicó que en el mes de enero los asalariados apoyaron el plan emergente que la Secretaría puso en marcha para combatir el paro del servicio público en la modalidad
de colectivo que encabezó Bersaín Miranda Borraz y que afectó a la ciudadanía en general. Desde esa fecha –comentó Vázquez Martínez- el secretario de Transportes en Chiapas les otorgó permisos provisionales para poder trabajar mientras sesionaba el Comité Consultivo del Transporte, para después concesionarlos de manera definitiva. Sin embargo, el líder transportista aclaró que ellos no se plantaron en el parque Central para exigir concesiones, sino la liberación de sus unidades y la autorización para que éstas sigan trabajando. Durante los días de manifestación, también declaró que estaban dispuestos a guardar sus vehículos, siempre y cuando la ST aplicará las mismas medidas para todas las organizaciones en el estado. El presidente de la Coestrach, indicó que este miércoles 19 de julio dará un informe de los acuerdos a los que llegaron con las autoridades
en la materia, porque dijo que lo que menos quieren es que exista desinformación en sector transporte. Cabe recordar que, a más de 20 días de iniciado este movimiento, Hernán Cancino Dillman se puso en
huelga de hambre con el fin de que las autoridades voltearan hacia ellos, a los dos días, se sumó José Martín Flores Pérez y de esa forma, se irían agregando más transportistas hasta ser escuchados.
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Comuneros Crearán Autodefensas ante Incremento de Inseguridad en el Soconusco Marvin Bautista Tapachula, Chis. (interMEDIOS)
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ebido a la nula presencia de corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno en la zona alta de los municipios del Soconusco, en los recientes días la delincuencia ha aumentado, situación que mantiene en la zozobra a las familias campesinas, y pese a que han solicitado la intervención de las autoridades, estas se mantienen apáticas. En rueda de prensa, el Presidente de la Coalición de Ejidos y Rancherías Productoras de Café de Chiapas, Noel Rodas Vázquez dio conocer que ante la nula intervención de las autoridades para atender el tema de la inseguridad, campesinos se unifican y han acordado crear grupos de “autodefensas” para velar por su integridad física y pertenencias. Dijo que en las comunidades de la zona alta de los municipios de Unión Juárez, Cacahoatán y Tapachula se han incrementado de manera preocupante los asaltos a transporte público ya que debido al abandono de los caminos no pueden transitar de manera rápida, situación que los delincuentes aprovechan para despojar a las personas de sus productos o cosechas. Señaló que también se han dis-
Noel Rodas Vázquez dio conocer que ante la nula intervención de las autoridades para atender el tema de la inseguridad, campesinos se unifican y han acordado crear grupos de “autodefensas” para velar por su integridad física y pertenencias
parado los casos de robos a casa habitación, violaciones y homicidios, como el ocurrido hace unos días en la comunidad de la Ceiba donde una señora, fue asesinada a machetazos por un sujeto, tan solo a unos metros de su domicilio y pese a los hechos nunca se tuvo el apoyo de ninguna corporación policíaca. Detalló que en días pasados sostuvieron una reunión con funcionarios de la subsecretaría de gobierno, donde se les expuso la problemática que se vive en las zonas cafetaleras de la región y se comprometieron
a que la Gendarmería, policías estatales y municipales reforzarían los recorridos de vigilancia, pero no cumplieron. El entrevistado puntualizó que cuando piden el apoyo de la policía municipal, les dicen que las patrullas no pueden llegar hasta las comunidades porque no hay recurso para el combustible de las patrullas, por lo que las familias quedan al acecho y merced de los delincuentes por esos decidieron organizarse. Subrayó que será en 19 ejidos de los municipios de Unión Juarez, Ca-
cahoatán y Tapachula donde los comuneros crearan las “autodefensas” quienes estarán al pendiente de la vigilancia de las comunidades y amenazaron que todo aquel delincuente que sea atrapado será linchado públicamente, ya que están cansados de la apatía e irresponsabilidad de las autoridades. Mencionó que están conscientes de que el tomar justicia por sus propias manos los lleva a la comisión de otros delitos, sin embargo no tienen otra alternativa, ya que los delincuentes no se tientan el alma de quitar la vida a las personas, tampoco los comuneros tendrán consideración de darles un escarmiento. Finalmente enfatizó que los comuneros que integraran las autodefensas no solo portaran machetes, palos y resorteras, sino también armas de fuego, ya que muchas de las bandas delincuencias que acechan en la zona alta están bien armados, por lo que ante la apatía y omisión de las autoridades tendrán que tomar justicia por sus propias manos. (iM rrc)
Niños Chiapanecos de la zona fronteriza con Guatemala a punto de quedar sin nacionalidad mexicana Beristáin Javier Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
Más de un millar de niños se encuentran en peligro de quedar sin la nacionalidad mexicana, debido a que el Registro Civil que se encuentra en Ixcan, del municipio de Ocosingo, desaparecerá de dicho ejido, expresó Néptar Palacios Hernández, presidente de la Coalición de Organizaciones Indígenas, Campesinas, Sindicatos y Obreros (COICASO). Palacios Hernández, puntualizó que a las autoridades ejidales y a la ciudadanía les preocupa la remoción del Registro Civil, debido a que no podrán sufragar los gastos para asentar a los recién nacidos. Explicó que para salir de las comunidades tienen que por situación geográfica tienen que transitar de 4 ,5 y 7 horas, atravesar los municipios
de las Maravillas Tenejapa, Trinitaria, Comitán, Margaritas, Chanal y Altamirano, además de pagar los dos testigos que exigen lo que genera un costo de entre 4 a 5 mil pesos. Las comunidades afectadas dijo son Ixcan, Peña Blanca, Loma Bonita, 13 de Septiembre, Vicente Guerrero, Agua Dulce, Chum Cerro, Tierra y Libertad, Nueva Tenejapa y Wiststik. Indica que Adionel Roblero Roblero, comisariado ejidal de Ixca; Fernando Estrada Estudillo, comisariado ejidal de Peña Blanca; Vicente Gómez Sánchez, comisariado ejidal de 13 de Septiembre; Jorge Antonio Álvarez, comisariado ejidal de Loma Bonita; Lauriano Vazquez López, comisariado ejidal de Agua Dulce, entre otros, en un documento entregado al líder de la COICASO, para su intervención precisan que no están
de acuerdo en que se quiten dichas oficinas. Además subrayan que no dejarán que se nueva ningún documento de dicha oficina por considerar que es un atropello a la población y una grave lesión a la economía familiar de-
bido a que Ixcan y demás municipios están cerca de la franja fronteriza con el hermano país de Guatemala. El dirigente precisó que apelan a la sensibilidad del gobernador para que se evite el cierre de dicho Registro Civil.
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De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
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n sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana se dio cuenta de la sentencia emitida el pasado 28 de junio del presente, por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas sobre el caso Oxchuc, misma que fue turnada por el Consejo General del IEPC para que dicha comisión dé seguimiento a los resolutivos, por lo que se acordaron actividades y una ruta crítica. En su intervención, la consejera presidenta de esta Comisión, Sofía Margarita Sánchez Domínguez, resaltó la importancia de comenzar a planificar actividades para dar respuesta a la sentencia del expediente TEECH/JDC/19/2015 y sus acumulados TEECH/JDC/20/2015, TEECH/ JDC/21/2017, TEECH/JDC/24/2017. Principalmente, “porque en el considerando octavo de dicha sentencia, se señala que con el objetivo de determinar la viabilidad de la implementación de los usos y costumbres de dicha comunidad para la elección de sus autoridades, así como constatar fehacientemente que la comunidad está inmersa en el marco normativo local que reconoce y regula los diversos aspectos de su cosmovisión, deberemos verificar mediante todos los medios atinentes información objetiva, que demuestre la existencia histórica de un sistema normativo interno acorde al marco constitucional de los derechos humanos, para lo cual entre otros, de manera enunciativa, podemos solicitar la realización de dictámenes, entrevistas con los habitantes, informes de diversas autoridades federales, estatales o municipales legales y tradicionales, así como estudios antropológicos a través de instituciones de investigación, como por ejemplo el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social”, añadió Sánchez Domínguez. En su participación el Consejero Electoral Alex Walter Díaz García, señaló que la sentencia también establece que “debemos allegarnos de información, a través de los procedi-
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Aprueban en IEPC primeras acciones para cumplir sentencia sobre consulta en Oxchuc
mientos idóneos que nos permitan obtener cualquier dato trascendental en torno a dicha comunidad, respecto a las condiciones sociales, políticas, económicas, de seguridad y demás, como pudiera ser cualquier situación que prevalezca en esa comunidad en torno a su estabilidad social”. Agregó que para ello deberán solicitar informes de diversas autoridades federales, estatales o municipales legales y tradicionales, así como cualquier otra información real proveniente de la propia comunidad para que una vez realizadas todas estas actividades “estemos en condiciones para dar una respuesta fundada y motivada a la petición realizada por los integrantes de la comisión permanente por la paz y justicia de Oxchuc, respuesta que inexcusablemente deberá analizar los principios y requisitos establecidos en el convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales”. El consejero Díaz García, hizo énfasis en la importancia de dar a conocer a la ciudadanía el contenido de la sentencia dado que, recalcó “no es cierto que en la sentencia se ordena que se realice una consulta de manera inmediata, como se ha difundido en redes sociales, sino que primero hay que realizar una serie de actividades para dar respuesta a la petición planteada originalmente”. En su intervención como nuevo
integrante de esta Comisión, el Consejero Presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, aclaró el alcance de esta sentencia, afirmando que la resolución del TEECH, obliga al Instituto a generar mayor información para que sean los integrantes de estas comunidades quienes tomen la decisión de realizar una consulta y cómo elegir a sus representantes. “Hay una serie de indicaciones a este Instituto para poder ampliar la información respecto a los antecedentes históricos de estos usos y costumbres dentro de este municipio para integrar a sus autoridades y requerir información a diversas instancias de los tres niveles de gobierno y a los propios integrantes de la comunidad a efecto de contar con mayores elementos sobre la posibilidad de realizar o no esta consulta, la sentencia de ninguna manera constituye una instrucción de llevarla a cabo, se nos requiere instrumentar una seria de acciones para contar con más elementos y dar respuesta a los solicitantes sobre la factibilidad a su solicitud de consulta”, aclaró. Asimismo Chacón Rojas precisó que las acciones que el IEPC tendrá que llevar a cabo para obtener mayor información sobre la viabilidad de una consulta no sustituyen la voluntad de las comunidades de Oxchuc, quienes finalmente serán quienes tomen la decisión sobre el modelo que utilizarán
para elegir a sus representantes. “Serán ellos los que al final tendrán que tomar una decisión respecto a cómo tendrán que elegir a sus representantes, no será el IEPC ni el Tribunal Electoral sino ellos, y este peritaje antropológico implica que será realizado por expertos que conocen la historia y tradiciones de los pueblos y comunidades, esto para que, una vez realizadas todas las actividades referidas a la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, se presente para aprobación del Consejo General un proyecto de dictamen para dar respuesta a los peticionarios, fundada y motivada en los resultados obtenidos. Nosotros vamos a definir en función de la información que nos hagan llegar los expertos”, puntualizó. En esta sesión también se dio cuenta del acuerdo IEPC/CG-A/020/2017 del Consejo General del IEPC por el que se aprobó la nueva integración de las Comisiones Permanentes de Asociaciones Políticas y de Participación Ciudadana de este organismo público local electoral. De igual forma se dio cuenta del informe de actividades correspondiente al periodo del 27 de mayo al 30 de junio del presente año que presentó la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana. Así también, de conformidad con el acuerdo aprobado el pasado 30 de junio por Consejo General de este organismo IEPC/CG/A20/2017 en el que se designan nuevos integrantes para la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, se dio la bienvenida al Consejero Presidente, Oswaldo Chacón Rojas como miembro de esta Comisión y se informó del nombramiento de la consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez como presidenta de la misma.
Para agosto o septiembre se abre Ambar Fashion Mall, de 2,000 mdp De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)
Para los meses de agosto o septiembre se prevé que abra completamente sus puertas el complejo comercial de Ambar Fashion Mall, ubicado en la entrada oriente de la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, informó el portal Fashion Network. “El nuevo centro comercial Ambar Fashion Mall, ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado mexicano de Chiapas, se prepara para abrir por completo sus puertas en agosto de este año y recibir marcas como H&M, Forever 21, Guess, Coach y Tommy Hilfiger”, señaló mediante la liga http:// mx.fashionnetwork.com/news/H-
M-Forever-21-y-Grupo-Axo-abrirannuevas-tiendas-en-Chiapas,850762. html#.WW4b2og1_IU. Indicó que con una inversión de 2.000 millones de pesos para su construcción, el complejo, ubicado sobre los bulevares Salomón González Blanco y Ángel Albino Corzo, cuenta con un área rentable de 62.678 metros cuadrados y 114 locales comerciales diversos. Explicó que la primera etapa de inauguración de Ambar Fashion Mall se realizó en el pasado mes de mayo con la apertura de Liverpool y la segunda etapa tuvo lugar en junio con un par de locales más. Para la tercera fase, que se prevé se lleve a cabo entre los meses de agosto y septiembre, el complejo empezará a
ofrecer marcas como H&M, cuyo establecimiento contará con dos pisos, Forever 21, Lob, Skechers, Sexy Jeans, entre otras. Asimismo, la distribuidora mexicana de moda Grupo Axo abrirá tiendas de Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Coach y Guess, mientras que aún quedan por confirmar los locales de Zara y Pull &
Bear del grupo español Inditex. Ambar Fashion Mall está desarrollado por el holding e-Group, que cuenta con más de 200 proyectos en el país y al cual pertenece el Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces, Fibra Uno, que también está desarrollando Mitikah, el centro comercial más grande de la Ciudad de México.
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Noé zavaleta Xalapa, Ver. (apro)
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a Red Veracruzana de Periodistas exigió a las autoridades frenar la impunidad en el estado e investigar al exgobernador Javier Duarte por la muerte de 18 reporteros y la desaparición de tres colegas durante su sexenio. Por su parte, familiares de las víctimas de violencia y desapariciones forzadas manifestaron que la extradición del exmandatario “no lo es todo”, y demandaron justicia por la muerte de sus seres queridos. En una misiva difundida este martes, la Red Veracruzana de Periodistas precisa que tras su extradición de Guatemala, el responsable de gobernar el estado de Veracruz entre diciembre de 2010 y noviembre de 2016 será juzgado por delitos vinculados a corrupción y el desvío de los recursos públicos de la entidad. Sin embargo, apunta, ni la Procuraduría General de la República ni la Fiscalía General del Estado de Veracruz le han presentado cargos relacionados con las muertes de periodistas ni con las numerosas agresiones contra la prensa registradas durante su mandato. Y destaca que de acuerdo con organizaciones internacionales defensoras de la libertad de expresión como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, “el estado de Veracruz se convirtió en una de las regiones del mundo más peligrosas para el ejercicio periodístico durante la administración de Javier Duarte”. Mientras él despachó como gobernador de Veracruz, añade, desaparecieron los colegas Sergio Landa Rosado de Cardel, Miguel Morales Estrada de Poza Rica y Gabriel Fonseca de Acayucan, y 18 compañeros que trabajaban en territorio veracruzano fueron asesinados.
De la redacción Ciudad de México (apro)
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que atiende el derrame de jal minero –agua contaminada con desechos de la extracción– en las instalaciones de la empresa Minera del Norte SA de CV, Unidad La Perla, dedicada a la explotación de fierro, que ocurrió el pasado 12 de julio en el municipio de Camargo, Chihuahua. En un comunicado, explicó que el incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas durante la realización de trabajos de reforzamiento del bordo de contención de la presa de jales número 6, debido a que presentaba filtraciones. Sin embargo, dijo que éstas no se pudieron contener, lo que provocó el derrame de aproximadamente 75 mil metros cúbicos de jales. Ante el hecho y como medida de control, detalló, la empresa suspendió la operación de la presa e inició
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La Red de Periodistas Veracruzanos exige investigar a Duarte por la muerte de 18 colegas Por su parte, familiares de las víctimas de violencia y desapariciones forzadas manifestaron que la extradición del exmandatario “no lo es todo”, y demandaron justicia por la muerte de sus seres queridos
Se trata de Yolanda Ordaz, Gabriel Huge, Misael Solana, Milo Vela, Guillermo Varela y Esteban Rodríguez, en el puerto de Veracruz; Regina Martínez y Víctor Báez, en Xalapa; Armando Saldaña y Pedro Tamayo, en Tierra Blanca; Gregorio Martínez, en Coatzacoalcos; Manuel Torres, en Poza Rica; Juan Mendoza y Moisés Sánchez, en Medellín; Anabel Flores
y Juan Santos Carrera, en Orizaba, y Noel López, en Jáltipan. En el caso de Rubén Espinosa, quien trabajaba en esta capital, fue asesinado en la Ciudad de México, a donde huyó tras recibir amenazas. “Ninguno de los crímenes contra periodistas veracruzanos ha sido esclarecido. Mientras Javier Duarte fue gobernador, la Fiscalía General
del Estado criminalizó a las víctimas y nunca hubo interés por detener y castigar a los autores intelectuales y materiales”, destaca el documento. Agrega: “Con base en los hechos ocurridos en los últimos seis años y bajo el contexto de su reciente extradición a México, la Red Veracruzana de Periodistas, respaldada por organizaciones y colectivos de diferentes regiones del país, exige que el exgobernador sea investigado por los asesinatos y desapariciones de los 21 periodistas”. Remata: “Estamos convencidos de que Javier Duarte de Ochoa, así como sus más cercanos colaboradores –quienes también deben ser investigados– tuvieron un alto grado de responsabilidad en los crímenes antes señalados, tanto por acción como por omisión, por lo que pedimos que las investigaciones atraídas en la FGE y en la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) sean reactivadas lo más pronto posible”.
Derrame minero en Chihuahua afecta flora, fauna e infraestructura de un rancho: Profepa acciones de estabilización del bordo de contención. Además, hizo un recorrido en la zona para evaluar los alcances del derrame y asegurarse la no afectación de la población y cuerpos de agua. Según la Profepa, el pasado 14 de julio, la minera informó mediante un Aviso Inmediato (AI) –al que tiene obligación–, que el derrame afectó flora y fauna y la infraestructura de un rancho vecino, pero sin dañar a la población. Agregó que los jales derramados presentan un pH de 7.5, sin contener metales pesados. Ante la notificación de la emergencia, personal de la Profepa acudió a las instalaciones de la mina. Ahí observó un derrame de jales que afectó vegetación natural, aunque sin observarse daños a la fauna local
ni a los habitantes, pero sí a la infraestructura del Rancho Tacubaya. Se estimó un área afectada de unas 42.4 hectáreas. De acuerdo con la empresa, el jal no es peligroso “ya que tienen una
composición de hierro, fosforo, sílice y potasio, no conteniendo metales pesados”. Ayer, la Procuraduría realizó una visita de inspección en materia de contaminación de suelos.
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Las “resistencias” que atropellaron el Sistema Nacional Anticorrupción Arturo Rodríguez Ciudad de México (apro)
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ste miércoles 19 entra en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) con su novedoso catálogo de sanciones, aunque su funcionamiento está en entredicho, pues no se nombraron magistrados ni fiscal especializado como se tenía previsto. Hoy, martes 18, el Senado de la República debió nombrar al fiscal y ratificar a los magistrados especializados, conforme al plazo constitucional establecido desde que se promulgó la reforma y el nuevo marco legal anticorrupción. Luego de echar las campanas al vuelo por la creación del SNA, la representación de la sociedad civil terminó combatiendo las decisiones, inmovilidad y “resistencias” de la clase política y gubernamental por las que el proceso anticorrupción se vio atropellado. El pasado 23 de mayo, organizaciones de la sociedad civil abandonaron el comité técnico tripartita de la Alianza para el Gobierno Abierto, tras denunciar que había espionaje sobre algunos de sus integrantes. Días después presentaron el informe “Gobierno espía”, que provocó otro escandaloso bochorno internacional al Estado mexicano. Las organizaciones que dejaron la Alianza, en su mayoría, participaron tenazmente en la creación del SNA desde el inicio del proceso legislativo que creó el nuevo marco legal al respecto. Sin embargo, cuando pidieron al SNA, a través de la comisionada ciudadana Jacqueline Peschard Mariscal, que solicitara información sobre el caso, el comité coordinador
Jenaro Villamil Ciudad de México (apro)
Los delitos cibernéticos, en especial los fraudes financieros, se han incrementado en 123% sólo en 2016, advirtió un punto de acuerdo de la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instancia que solicitó a los gobiernos estatales emprender campañas de información y documentación sobre la importancia de la seguridad en internet. El punto de acuerdo destacó la necesidad de atender a los menores de 18 años, ya que 35% usa internet habitualmente; su tiempo de conexión, en promedio, es de siete horas al día y 70% de ellos oculta sus actividades en el ciberespacio, y más de 60% ha presenciado casos de bullying en la escuela que tuvieron su origen en Facebook. De acuerdo con los datos recabados
Luego de echar las campanas al vuelo por la creación del SNA, la representación de la sociedad civil terminó combatiendo las decisiones, inmovilidad y “resistencias” de la clase política y gubernamental por las que el proceso anticorrupción se vio atropellado
rechazó la propuesta. De dicho comité coordinador del SNA forma parte la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Areli Gómez, tambié exprocuradora general de la República en cuya gestión se habría adquirido el polémico software espía. De manera que, en la primera prueba para el SNA, se registró un conflicto de intereses que nadie buscó dirimir. El naufragio del nuevo órgano constitucional, creado bajo presión de sociedad civil y partidos políticos tras los escándalos de corrupción que marcaron al gobierno de Enrique Peña Nieto en 2014 y 2015, se conflictuó aún más ante la inmovilidad de las fracciones parlamentarias en el Senado, que sin acuerdo ni voluntad para trabajar un periodo extra dejaron sin fiscal ni tribunal integrado al SNA. Los plazos se cumplieron hoy
también para que los estados de la República generaran sus marcos legislativos de conformidad con las normas federales. Una alianza de organizaciones ciudadanas y empresariales monitoreó los procesos legislativos en una decena entidades y el resultado fue poco satisfactorio. Ayer, la asociación civil Fundar dio a conocer los resultados de dicho monitoreo. A través de un comunicado, suscrito por todas las organizaciones participantes, se denunció que las condiciones en que se realizaron los procesos legislativos no tuvieron suficientes espacios de participación ciudadana ni rendición de cuentas. “Esto tiene que parar”, advirtieron las organizaciones ciudadanas que el pasado día 14 apuntaron a las resistencias, manifiestas en las actuaciones legislativas (del Senado y los Congresos locales), así como en lo que consideraron un ataque a la privacidad y la libertad de expresión,
es decir, el episodio de espionaje. Además, tampoco se hizo alusión explícita a lo ocurrido con la cobertura que El Universal dio a la integración de la representación ciudadana en el SNA –y que provocó la renuncia de seis colaboradores de la sección de Opinión, así como de organizaciones ciudadanas que participaban en ésta—, calificada por aquélla como un ataque sin fundamento. Fue así como ese día surgió la coalición ciudadana #VamosporMás, que se propone presionar lo necesario para resolver “las resistencias” que ha encontrado la conformación del SNA. Aún peor. Ayer la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Senado difundió un informe en el que se muestra que el SNA, como ha ocurrido con otras instancias del Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos como el electoral o el de transparencia, se había convertido en un “botín partidista”. El estudio del PT demostraba que, de los 18 perfiles propuestos para convertirse en magistrados anticorrupción, al menos una decena tenían antecedentes de relación partidista: seis con el PAN y cuatro con el PRI. Por lo pronto, en tanto se decide en el Senado, será la Procuraduría General de la República quien conozca denuncias; a la par, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrirá una sala auxiliar al efecto.
Se disparan 123% los delitos cibernéticos en México; suman un millón 716 mil las denuncias por la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), el mayor uso que dan los mexicanos al ciberespacio es como medio de comunicación, en 88.9%; para la búsqueda de información, 84.5%, y para el consumo de contenidos audiovisuales, cerca de 81.9%. Las transacciones por internet se han incrementado al pasar de 12.8 a 14.7% entre 2015 y 2016, y con ello ha aumentado el fraude cibernético. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef ) estimó que el fraude cibernético se incrementó en 123% en 2016, al sumar un total de un millón 716 mil reclamos y denuncias.
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Familiares de víctimas del socavón rechazan “por injusta” indemnización de la SCT Jaime Luis Brito Cuernavaca, Mor. (apro)
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a familia Mena, dos de cuyos integrantes fallecieron el pasado miércoles 12, cuando el auto en el que viajaban cayó al socavón que se formó en el Paso Exprés, rechazó por “injusta” la indemnización propuesta por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). En conferencia de prensa, el abogado de los deudos, Darío Oscos Coria, explicó que las familias Mena “nos han instruido a procurar y lograr una conciliación que de manera pacífica pueda resolverse y lograr la satisfacción económica que han sufrido”. Informó que por el momento no hay demanda legal interpuesta por la familia, pero se está preparando para realizar una acusación por los delitos de homicidio culposo, daño material y daño moral en agravio de Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero, así como contra sus familiares. “De la información que tenemos y de la que se pueda generar, al menos se estima preliminarmente que podemos estar en presencia de un homicidio culposo de acción por omisión, ¿de quién?, eso es lo que hay que deslindar; además, sin duda hay un daño material y daño moral”, sostuvo Oscos Coria.
De la redacción Ciudad de México (apro)
Año y medio después de deplorar el “uso generalizado de la tortura” en México y de observar que “los registros oficiales sobre tortura y malos tratos en todo el país reflejan un subregistro y son inexactos, contradictorios e incompletos”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó hoy a las autoridades estatales a “adoptar todas las medidas necesarias” para la aplicación de la nueva Ley General en materia de tortura. En un boletín, el organismo interamericano consideró que la entrada en vigor de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en México -promulgada el pasado 26 de junio- marca un “antes y un después” para la garantía de los derechos humanos de las personas detenidas. La CIDH urgió a las instancias gubernamentales federales y esta-
En conferencia de prensa, el abogado de los deudos, Darío Oscos Coria, explicó que las familias Mena “nos han instruido a procurar y lograr una conciliación que de manera pacífica pueda resolverse y lograr la satisfacción económica que han sufrido”
El abogado no descartó que durante las negociaciones la familia pueda citar a otras dependencias y particulares, a quienes podría imputárseles participación en el rescate de los Mena, quienes no fueron salvados de manera inmediata, además de que los propios cuerpos de emergencia tardaron mucho en ingresar al socavón para sacarlos. “Hay una serie de peritajes e investigación de lo que estamos haciendo acopio. Esperamos tener más avan-
ces en las próximas semanas para concretar las acciones de quien ha sido responsable”. Tras señalar que entre los deudos hay tres menores de edad “que necesitan certeza sobre su futuro ante la pérdida de sus padre y abuelo”, Oscos Coria aseguró que la familia Mena ha decidido “que sus derechos legítimos sean protegidos y defendidos de manera justa. Las víctimas de la familia Mena, sus beneficiarios, tienen derecho a una justa indemnización, y
lo que plantea es que por las mejores vías se logre satisfacer por el daño material y moral del que fueron víctimas tanto Juan Mena padre como su hijo”. En el caso de la muerte de los Mena, apuntó, existen varios posibles responsables, como el consorcio Aldesem-Apccor, que realizó la obra, y Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos (Capufe), entre otras autoridades e incluso los servicios de rescate.
CIDH llama a gobierno a hacer lo necesario para aplicar Ley General en materia de tortura tales invertir los “recursos financieros necesarios” para su aplicación e implementación “integral y en todo el país”. El tema de la tortura en el país ha motivado varios encuentros ríspidos entre el gobierno mexicano y los organismos internacionales. En marzo de 2015, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) descalificó a Juan Méndez, el exrelator de la ONU quien había señalado en un informe que la práctica de la tortura era “generalizada” en el país. Juan Manuel Gómez Robledo, entonces subsecretario de Relaciones Exteriores, calificó entonces a Méndez como “no profesional y poco ético”, y el funcionario de la ONU denunció que recibió presiones para eliminar de su informe la palabra “generalizada”.
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Javier Duarte y Roberto Borge se amparan contra nuevas órdenes de captura De la redacción Ciudad de México (apro)
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avier Duarte y Roberto Borge Angulo, dos de los cuatro exmandatarios priistas que actualmente enfrentan problemas con la justicia mexicana aquí y en Estados Unidos, comenzaron a mover sus piezas legales en busca de echar abajo o al menos atenuar los delitos que les imputa la Federación y las autoridades de los estados que gobernaron hasta hace poco. Por lo pronto, el mandatario veracruzano, que desde ayer se encuentra recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, gestionó y obtuvo la protección provisional de la justicia contra dos órdenes de aprehensión del fuero común promovidas por la Fiscalía General de Veracruz. La juez primera de distrito en materia de amparo con sede en esta capital, Sandra Robledo Magaña, concedió a Duarte de Ochoa una suspensión provisional contra cinco delitos: peculado, tráfico de influencias, incumplimiento del deber legal, coalición de servidores públicos y abuso de autoridad. El próximo 3 de agosto se celebrará la audiencia constitucional en la que se determinará si concede la suspensión definitiva o se niega el amparo al exmandatario veracruzano.
Rosalía Vergara Ciudad de México (apro)
Tras aprobar el dictamen de gastos de campaña en las elecciones del pasado 4 de junio, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que en Coahuila tanto Miguel Ángel Riquelme como Guillermo Anaya rebasaron los topes de campaña. En el caso del primero, que abanderó la coalición Por un Coahuila Seguro, el rebase del tope de gastos ascendió a 7.86%, mientras que en el caso de Anaya –candidato de la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila– fue de 4.56%. Durante la discusión sobre el dictamen, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) señaló que la cifra determinada como tope de gastos de campaña por parte del Organismo Público Local Electoral
Por lo pronto, el mandatario veracruzano, que desde ayer se encuentra recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, gestionó y obtuvo la protección provisional de la justicia contra dos órdenes de aprehensión del fuero común promovidas por la Fiscalía General de Veracruz
Desde Panamá, donde se encuentra detenido desde el 5 de junio, sujeto a un juicio de extradición con base en una orden de captura de un juez de control federal del Estado de México por el delito de lavado de dinero, Roberto Borge también comenzó a hacer su juego en el tablero de la justicia y presentó su primera demanda de amparo en contra de cualquier orden de aprehensión o comparecencia girada en su contra.
El viernes 14 el juez quinto de distrito de Quintana Roo, con sede en Cancún, Ciro Carrera Santiago, dio entrada al juicio de garantías promovido por el exgobernador priista, y por default le concedió la suspensión provisional contra los actos que reclama, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Borge tuvo que desembolsar como garantía la suma de 59 mil pesos, según consta en los acuerdos publi-
cados por el Juzgado en relación con el amparo 1096/2017. La acusación contra Borge Angulo surge de la venta a sus familiares de 25 terrenos de las reservas del gobierno estatal a precios inferiores a los del mercado. Sin embargo, hay seis denuncias en su contra, cuatro en la Procuraduría General de la República (PGR) y dos en la Fiscalía General del Estado (FGE).
El INE confirma rebase del tope de gastos de campaña de PAN y PRI en Coahuila del estado fue de 19 millones 242 mil 478.57 pesos. Asimismo, informó que este martes vence el plazo para que los involucrados presenten las pruebas con las que ya contaban pero no presentaron a esa unidad. “El resultado de este procedimiento tendrá un impacto al alza, en caso de que los partidos y candidatos no acrediten la inexistencia de un pago a los representantes de casilla, ya que ese gasto no está actualmente considerado en los dictámenes”, añadió el INE en un comunicado. Pero ni la UTF ni el Consejo General encontraron irregularidades en el proceso electoral realizado en
el país el pasado 4 de junio, pese a las denuncias de organizaciones sociales como Ahora por el uso de
recursos de procedencia ilícita y rebase de topes de campaña en el Estado de México.
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Reconocen violencia política de género en ley capitalina De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)
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partir de hoy en la Ciudad de México se reconoce la “violencia política en razón de género” como toda acción u omisión en contra de una mujer que afecte sus derechos político electorales o el ejercicio de sus actividades como funcionaria pública. Este 17 de julio se publicó en la Gaceta Oficial de la capital el decreto por el que se reforma el Artículo 7 de la Ley local de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se enuncian 19 supuestos para acreditar la violencia política contra las mujeres. La reforma, aprobada el 23 de mayo por el pleno de la Asamblea Legislativa, tiene el objetivo de proteger y promover los derechos políticos de las mujeres durante las pre-campañas, el desarrollo de los procesos electorales y hasta el desempeño de sus encargos públicos. La ley capitalina establece que esta violencia es toda acción u omisión que “tenga por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los derechos político electorales de una mujer, así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder público”.
Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada Ciudad de México. (Cimacnoticias)
Es de suma importancia que las víctimas de violación reciban en las primeras 72 horas los antirretrovirales y el anticonceptivo de emergencia, pues después de este tiempo aumenta el riesgo de contraer el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), otras infecciones de trasmisión sexual (ITS) y presentar un embarazo. En 2016 en la Ciudad de México, 871 mujeres víctimas de violación recibieron un tratamiento profiláctico (suministro de medicamentos antirretrovirales para evitar VIH o alguna ITS), de tal forma que desde 2009 hasta la fecha, únicamente tres mujeres adquirieron VIH como consecuencia de una violación, según el informe de la Clínica Especializada Condesa. Y no sólo es la importancia de que reciban a tiempo este tratamiento como lo obliga la Norma Oficial Mexicana 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres; el seguimiento médico de la víctima es fundamental, pues es hasta la cuarta semana después de que ocurrió la violación, en la que se
Este 17 de julio se publicó en la Gaceta Oficial de la capital el decreto por el que se reforma el Artículo 7 de la Ley local de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se enuncian 19 supuestos para acreditar la violencia política contra las mujeres
Entre los 19 supuestos para acreditar la violencia contra las mujeres políticas se enumeran acciones como obligar, instruir o coaccionar a realizar u omitir actos diferentes a las funciones y obligaciones de su cargo, establecidas en los ordenamientos jurídicos, incluyendo aquellos motivados por los roles o estereotipos de género. Asimismo, proporcionarle información falsa, errónea o imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones político públicas; o impedirle participar o en su caso excluirla de la toma de decisiones o del derecho a voz y voto. También se considera violencia po-
lítica publicar o revelar información personal, privada o falsa de una candidata o funcionaria; desprestigiar o menoscabar su credibilidad, capacidad y dignidad humana; acosar u hostigar a la persona para restringir sus derechos así como amenazarla o discriminarla, entre otras conductas. Sin embargo la definición y los supuestos de violencia política en razón de género que se describen en la Ley de Acceso, recién reformada, no son los mismos que aparecen en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. El Código, publicado el 7 de junio de 2017, describía en un primer momento
el término “violencia política en razón de género” pero un grupo de diputados de la Comisión de Asuntos Político Electorales de la Asamblea Legislativa pidieron que se suprimiera porque ese texto no fue aprobado por el pleno. Así, el 21 de junio de 2017 en la Gaceta Oficial se publicó una nota aclaratoria donde se precisa que en la ley electoral debe decir “violencia política” y enumerar sólo 12 supuestos para acreditarla, lo que para algunas legisladoras es un retroceso para los derechos político electorales de las capitalinas. Cabe mencionar que la norma electoral enfrenta 10 acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Procuraduría General de la República y partidos como Movimiento Regeneración Nacional, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México, Encuentro Social y del Trabajo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre estos recursos se impugnó la modificación al Código Electoral que, a través de una nota aclaratoria, suprimió el término de violencia política en razón de género. Se espera que en próximas semanas el alto tribunal se pronuncie al respecto.
Primordiales primeras 72 horas para atención a víctimas de violación puede detectar si contrajo VIH u otra ITS explicó la ginecóloga e integrante del “Programa de atención a víctimas de violencia sexual” de la Clínica Condesa, Teresita de Jesús Cabrera López.
Escencial seguir el tratamiento En entrevista con Cimacnoticias, la doctora enfatizó que “es de suma importancia” que las víctimas de violación logren concretar el tratamiento médico que dura nueve meses. Y explicó el procedimiento: Una vez que la víctima acude a la clínica en las primeras 72 horas, se le administra el paquete médico que contiene una pastilla anticonceptiva y tres antirretrovirales. Asimismo se le realiza la prueba de sangre ELISA para detectar el VIH, el resultado se tiene en media hora y sólo sirve para constatar que antes de la violación, la víctima “no tenía la infección, pero no habla de un contagio”, indicó. El VIH no es la única infección que puede contraer una víctima de viola-
ción, manifestó Cabrera López, existen otras más comunes como la sífilis e infecciones bacterianas, que también atiende la clínica. También, agregó, hay casos de hepatitis B y C, pero estos se canalizan a hospitales que tengan estas especialidades, únicamente si se presenta la combinación hepatitis C y VIH son remitidas a la segunda unidad de la clínica que se ubica en Iztapalapa. Por ello- continuó la especialistael chequeo se realiza cada tres meses. “Para saber si tiene VIH se tiene que dejar pasar de 4 semanas a 6 meses”, señaló. Las mismas pruebas se vuelven a repetir en cada consulta, si da positivo
a alguna infección se ingresa inmediatamente al programa de la clínica, y en caso de un embarazo se remite a las clínicas de interrupción legal de la Ciudad de México. En caso de que la víctima se presente después de las 72 horas, se les da un tratamiento de antibióticos y vigilancia para rectificar que no adquirieron alguna infección. “Atender a las víctimas de violencia sexual es una ventana de oportunidad para mejorarles la vida porque a futuro puede tener consecuencias” dijo la especialista, quien agregó, que debido a los efectos secundarios de los antirretrovirales, muchas mujeres desisten de continuar con el tratamiento.
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LA GUERRA PERDIDA DE LOS BOTS DE PEÑA NIETO Jenaro Villamil
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i no puedes cambiar la realidad, al menos transforma la percepción. Este es un viejo axioma de los publicistas y comunicadores políticos. La “realidad” finalmente se construye a partir de mensajes, selección de hechos y agenda informativa. Los telepresidentes, como Enrique Peña Nieto, creyeron que bastaba con el rating, el entretenimiento y enormes sumas de dinero para tener la ecuación perfecta: percepción favorable en un mundo de “jodidos que sólo quieren evasión”; agenda informativa dominada por los comunicadores de la pantalla; y “mensajes positivos” de persistente negación de los problemas. Mal le fue a nuestro telepresidente cuando descubrió que ni el rating ni la percepción le fueron favorables. La era del “destape” de las audiencias mexicanas se coló a través de las nuevas plataformas digitales, de las redes sociales y de la intensa interacción social que eligió al sujeto y objeto de su furia: Peña Nieto. Tan sólo entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2016, un monitoreo difundido por la agencia www. insurgentepress.com reveló que los usuarios de las redes sociales de Twitter y Facebook emitían diariamente 16, 820 mensajes negativos contra el presidente mexicano. En vísperas de su cuarto informe de gobierno, se habían compartido un total de 82 millones de críticas, memes, sátiras y mensajes en contra del primer mandatario. El 31 de agosto de ese año, el nivel de desaprobación por la visita del entonces candidato republicano Donald Trump a Los Pinos alcanzó 11 millones 940 mil mensajes negativos en Facebook, mientras en Twitter fueron 2 millones 068 mil 842. La suma de ambas dio un total de 14 millones 542 mil 500 críticas a la
decisión de Peña Nieto de someterse a Trump, contra menos de 2 millones de mensajes de apoyo a la gestión del mandatario mexicano, según la nota de Daniel Pensamiento y Abel Espinosa. Otro de los momentos “estelares” de la rebelión de las audiencias digitales contra el gobierno de Enrique Peña Nieto fue el 21 de agosto de 2015, cuando la Secretaría de la Función Pública “exoneró” al primer mandatario del escándalo de la Casa Blanca, destapado en noviembre de 2014 por el reportaje de Aristegui Noticias. Los monitoreos registraron un total de 28 millones de mensajes negativos tan sólo en Facebook, la plataforma más utilizada por los mexicanos. Frente a esta evidente derrota de la percepción pública, los “estrategas” digitales del gobierno federal decidieron aplicar la única fórmula que conocen: invertir millones de pesos en el “acarreo digital” a través de cuentas falsas, hostigar a los críticos en redes sociales identificados como si fueran un “eje del mal” que impiden la buena percepción del mandatario y atacar cibernéticamente cuando sea necesario. La estrategia es un fraude, es cara, es ineficaz y ya ha sido exhibida por una universidad como la de Oxford, que colocó al gobierno de Peña Nieto en el mismo nivel de autocracias como Rusia, Turquía, Venezuela, Filipinas y Argentina que pagan “soldados cibernéticos” o bots para influir en la opinión pública de las redes, difundir información errónea y, sobre todo, hostigar a los críticos, en especial a reporteros y medios. Los investigadores de Oxford encontraron que 29 países utilizan las redes sociales para moldear la opinión nacional o las audiencias extranjeras. En México y en Rusia los periodistas son hostigados por grupos guberna-
mentales, mientras en Arabia Saudí inundan mensajes negativos sobre el régimen en Twitter con contenidos y hashtags sin relación para dificultar el acceso al mensaje. El estudio no hace una valoración de la eficacia del uso de estos bots o “soldados cibernéticos”. Tampoco calcula el gasto de esta estrategia que, al menos en el caso mexicano, se ha convertido en un negocio de chantajistas, call centers y agencias de publicidad que engañan a los incautos o desesperados como los gobernantes mexicanos. La derrota es evidente y se confirma día con día para Peña Nieto. No entienden la dinámica de las redes sociales y menos lo esencial del mensaje: la credibilidad en el telepresidente se ha derrumbado para no volver a levantarse. Las oportunidades perdidas del gobierno peñista se acumulan día con día. El más reciente episodio del Paso Exprés de Cuernavaca es el ejemplo nítido de esta derrota. Los asesores en “manejo de crisis” decidieron que el vocero debía ser el titular de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, un eminente plutócrata sin capacidad de empatía y menos de comunicación. A cambio de no removerlo de la SCT, Peña Nieto le dio la voz a Ruiz Esparza. El resultado ha sido desastroso: el socavón que le costó la vida a dos personas escaló hasta transformarse en una metáfora del sexenio difundida en todas las redes sociales. Incapaz de asumir que para transformar la percepción, al menos tiene que modificar algo de la realidad, Peña Nieto y sus asesores se atrincheraron en su burbuja, en su ejército de bots, en sus acarreados digitales que ya no funcionan ni siquiera para desviar la atención. Del telepresidente derrotado pasamos al presidentebot sin capacidad de respuesta.
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SALINAS, LA VIOLENCIA Y EL PETRÓLEO Arturo Rodríguez García
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l incremento de la violencia en zonas de potencial energético, es tan evidente, como la reincidente cercanía de Carlos Salinas de Gortari a los negocios del gas y el petróleo, a través de empresarios de su círculo asociados con trasnacionales energéticas de las que sus antiguos colaboradores suelen ser brokers. Si hasta hace poco el planteamiento podía pasar por descabellado, conspiranoico y sólo hipotético, los datos y los hechos ya no dejan lugar a dudas. Los ejemplos iniciales ocurrían con Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde la violencia detonó hace una década y que, desde hace tres años desarrollan, aparentemente pacificados (excepción hecha de Tamaulipas), megaproyectos energéticos. Que la ruta de la violencia pasa por las zonas de megaproyectos ya no es novedad. El ejemplo más claro está en la ruta de los gasoductos, cuyo caso emblemático es el denominado “Los Ramones”, la obra más grande y más opaca del ramo energético de este sexenio, que viene de la tamaulipeca Frontera Chica, para atravesar Nuevo León, seguir por San Luis Potosí y llegar hasta Apaseo el Grade Guanajuato, entidad y región la de este último punto que padece un recrudecimiento de la violencia –atribuida siempre al hampa— luego de la presunta pacificación de las primeras entidades por donde el proyecto ya registra un avance significativo. Para el caso, Pemex se asoció con IEnova, filial de Sempra Energy, polémica trasnacional estadunidense cuyo representante en México es Carlos Ruiz Sacristán, subsecretario de Hacienda con Salinas, cuyo sexenio terminó como director de Pemex. El planteamiento de la correlación violencia-energía lo han hecho varios autores. Lo hizo Federico Mastrogiovanni en su libro periodístico sobre desaparecidos Ni vivos, ni muertos (Grijalbo. 2014); lo hizo Carlos Fazio, en Estado de Emergencia. De la Gue-
rra de Calderón a la Guerra de Peña Nieto(Grijalbo. 2016) y, aunque de manera menos profunda que los anteriores, lo hice en El regreso autoritario del PRI. Inventario de una nación en crisis (Grijalbo. 2015). En un día, dos asuntos indican de nueva cuenta esa simetría del negocio energético con una previa instauración del terror, Salinas de por medio: Primero, el pasado miércoles 12 de julio, la compañía Sierra Oil & Gas, primera empresa mexicana creada para aprovechar la Reforma Energética, anunció el “descubrimiento” de un yacimiento petrolero a 60 kilómetros del puerto de Dos Bocas, en Paraíso Tabasco, lugar de crímenes de alto impacto en una de las entidades más violentas e inseguras de México. En junio de 2015, en la Revista Proceso, se publicó un reportaje en el que se informó de la participación de Jerónimo Gerard, cuñado de Carlos Salinas de Gortari, en Sierra (consultar reportaje aquí). El mecanismo sencillo: tomar las Afores e invertirlas en negocios privados con el Estado Mexicano, especialmente redituable como se puede ver ahora que la disidencia petrolera
agrupada en la UNTYP, denuncia que el yacimiento llevaba descubierto desde 2003 por geólogos de Pemex. Luego, el mismo día 12, Otra empresa que dio noticia fue Jaguar Exploración, que pujó y consiguió 11 zonas de gas y petróleo, en tanto, su competidora Newpek, consiguió dos. La competencia es relativa. Jaguar es dirigida por Dionisio Garza Medina, expresidente de Grupo Alfa, la controladora de Newpek, donde lo sustituyó su primo Armando Garza Sada. Negocio de familia, el clan Garza Sada es de añeja prosapia pero ampliamente favorecido por Salinas. El tercer grupo ganador de las licitaciones recientes fue Carso Oil & Gas, es decir, la filial petrolera del magnate construido en el sexenio salinista, Carlos Slim, que se quedó con dos zonas licitadas. Y, por si alguna duda quedaba, el reparto ocurrió una vez más en las zonas de precursor violento: las Cuencas de Burgos (Tamaulipas y Nuevo León); Veracruz; Macuspana (Tabasco) y Salina del Istmo (Veracruz). No hay política ficción, la correlación entre la violencia y los negocios energéticos del salinismo, es contundentemente clara.
Mapa: Sener
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LA ESTRUCTURA SECRETA DE LOS AMIGOS DE FOX
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eses después de la creación formal, en febrero de 1998, de la asociación civil Amigos de Fox, Mauricio Candiani (entonces miembro de esa misma agrupación) me buscó para pedirme información respecto a la normativa vigente en materia de financiamiento para los partidos políticos. Tras una primera reunión en la que le referí las principales regulaciones, y tras señalarle que yo no era el consejero electoral más indicado para proporcionarle información al respecto, porque ni siquiera formaba parte de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), le propuse que viéramos a Alonso Lujambio, quien presidía esa comisión y le podría dar datos más precisos. Candiani aceptó y hubo una segunda reunión en la cual, si la memoria no me falla (pues no tengo ningún apunte de esa época), participamos Candiani, Lujambio, José Luis González (entonces todavía coordinador nacional de la agrupación) y yo. En la reunión, Lujambio recalcó la importancia de que todos los donativos que recibieran debían cumplir con los requerimientos legales, y que la asociación debía quedar al margen una vez que se formalizara la candidatura de Vicente Fox, pues a partir de ese momento absolutamente todos los ingresos y gastos tendrían que hacerse mediante los órganos y canales oficiales. González señaló después que, “por lo menos hasta que yo estuve” (Proceso 1332), la recolección de fondos se apegó a las normas legales y a los reglamentos del IFE, que prohibían recibir recursos públicos (particularmente del gobierno de Guanajuato, que Fox encabezó hasta que solicitó licencia para buscar la Presidencia) y del extranjero, además de que se haría “un reporte contable mensual de ingresos y egresos con sus comprobantes correspondientes y auditado por una firma de contadores públicos”. Sin embargo por algunas desavenencias, González dejó el equipo de Fox en mayo de 1999 (después se sabría que dichas diferencias fueron con Marta Sahagún, quien ya ejercía una gran influencia sobre el entonces precandidato) y es evidente que los lineamientos que se elaboraron cuando él era coordinador nacional y Lino Korrodi era coordinador nacional de financiamientos, no se respetaron. La organización sirvió como eje de una bien estructurada red de financiamiento paralelo que permitía triangular e intentar perder el origen de los millonarios recursos que se recibieron por vías ilícitas. Todos los obstáculos El 21 de junio de 2000 (a 11 días
Jesús Cantú de la jornada electoral y apenas una semana antes de que concluyeran las campañas) Enrique Jackson Ramírez, entonces diputado priista, detonó el escándalo en tribuna con datos precisos de las triangulaciones de fondos y de las personas (físicas y morales) implicadas, así como copias de los cheques y documentos que comprobaban las transferencias desde el extranjero. Esa información sirvió de sustento para que tanto el PRI como la Alianza por México, encabezada por el PRD, interpusieran en los días siguientes sendas quejas. En esos momentos la prioridad era la celebración de la jornada electoral y por lo tanto el IFE no empezó las primeras diligencias sino hasta después de esa fecha, pero todavía en julio. Los resultados de los requerimientos de información y las diversas gestiones que se realizaron fueron infructuosos, pues la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda se negaron a entregar la información pretextando el secreto bancario y fiscal. Ante la ausencia de información, la Comisión de Fiscalización decidió cerrar la instrucción y se elaboraron dictámenes y resoluciones desechando las quejas. El 9 de agosto de 2001 se votó el desistimiento en el pleno del Consejo General del IFE: hubo siete votos a favor, el voto en contra de Jaime Cárdenas y mi abstención. Ésta se fundó en que me negaba a dejar impunes las evidentes violaciones a la legislación electoral en materia de financiamiento de las campañas electorales, así se tratase de quien en esos momentos ocupaba la Presidencia; pero también reconocía la imposibilidad material de integrar un expediente, por la negativa de las autoridades, así que no veía en el horizonte una alternativa jurídicamente viable para sancionar. La resolución fue impugnada por el PRI y el PRD, y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la revocó casi un año después, el 7 de mayo de 2002; además, al reconocer que al revisar las finanzas de los partidos políticos el IFE actuaba como autoridad fiscalizadora y por lo tanto no se le podían oponer los secretos bancario y fiscal, se abrieron las puertas para integrar el expediente. Sin embargo, tanto la CNBV como los particulares implicados todavía utilizarían todas las argucias jurídicas a su disposición para intentar descarrilar la investigación o al menos obstaculizarla, demorarla. Interpusieron todo tipo de recursos legales para ello. Hubo un momento en el que parecía que lograrían evitar que ese primer Consejo General ciudadanizado pudiera votar el dictamen sancionatorio; pero afortunadamente ninguna de sus artimañas prosperó. Cuando se lograron derribar las ba-
rreras legales y el IFE empezó a recibir la información que necesitaba para poder sancionar las irregularidades, Lino Korrodi comenzó a sentirse acorralado y abandonado a su suerte por su antes amigo, Fox, y por la estructura panista que pretendía eximirse de cualquier responsabilidad y culparlo a él de todas las ilegalidades (Proceso 1370). Korrodi había involucrado en la red a sus hijas, a su asistente personal, a la hermana de su asistente y algunas de sus empresas. Las triangulaciones pasaban por cuentas abiertas en instituciones financieras nacionales e internacionales a nombre de las personas ya señaladas. Empezó a desesperarse. Un día me habló mi primo Javier Livas Cantú para decirme que a Lino le interesaba platicar conmigo, a lo cual accedí porque nosotros (los nueve miembros del Consejo General con derecho a voz y voto) concluiríamos nuestra gestión el 31 de octubre de 2003 y el tiempo se nos agotaba. Nos entrevistamos un par de veces en un hotel en Polanco, en la primera con mi primo como testigo; en la segunda, sólo nosotros dos. En ambas él me expresó su intención de entregar toda la información que tenía disponible, pero enfrentaba la negativa de la dirigencia panista; quería saber si yo estaba dispuesto a ser el conducto para que él hiciese dicha entrega si los blanquiazules continuaban negándose. Le manifesté no sólo mi conformidad, sino mi interés en que eso ocurriese a la brevedad. En la segunda entrevista incluso acordamos una fecha para la entrega, estuviese de acuerdo la dirigencia panista o no. La diferencia sería que si los blanquiazules accedían, la entrega se haría (sin mi participación) al secretario técnico de la comisión; en caso de que los panistas se negaran, yo sería el enlace para que él se la diera a la misma instancia, que era lo que correspondía de acuerdo con los procedimientos establecidos en los reglamentos institucionales. A más tardar el domingo (no recuerdo ni tengo registro de la fecha exacta, pero sí tengo en la memoria que sería un lunes) previo a la fecha acordada, él se comunicaría con mi primo y le informaría simplemente “vamos juntos”, lo cual indicaba que los panistas habían aceptado entregar la información; o “nos vemos donde quedamos”, lo cual implicaba que él iría sólo y yo debía hacer los arreglos correspondientes. Ese domingo la comunicación fue “vamos juntos” y todo lo demás ya es público: el expediente se pudo concluir en tiempo y el 10 de octubre de 2003 el Consejo General definió la resolución sancionatoria por seis votos a favor y tres abstenciones. Posteriormente, la Sala Superior del TEPJF ratificó la resolución, aunque modificó algunos de
los montos. Es importante destacar que cuando ya se habían logrado vencer las barreras legales y la información empezaba a fluir, el consejero electoral Jaime Cárdenas recibió un par de anónimos con denuncias puntuales sobre acciones vinculadas con esa red de financiamiento. Una de ellas la dio a conocer el 9 de julio de 2003 y describía un procedimiento de financiamiento paralelo en el que se señalaba que Carlos Robles, pariente de Gabriela Ruiz del Rincón, tesorera del PAN y de la Coalición Alianza por el Cambio, era el encargado del enlace entre el dinero de Korrodi y el PAN. En la denuncia anónima se especificaba –narra Cárdenas en su libro Lecciones de los asuntos Pemex y Amigos de Fox– que Robles recibía el dinero en dólares, los cambiaba a pesos, llenaba recibos de aportaciones en efectivo de simpatizantes y se los entregaba (pesos y recibos) a Ruiz para que entraran a las arcas del panismo y obviamente a la campaña de Fox. Muchos años después (tampoco puedo precisar la fecha) y tras varios de hospedarme regularmente en un hotel de Insurgentes Sur, al que también solía llegar Carlos Robles, uno de los trabajadores del mismo me confió que éste les pedía a ellos que cambiaran los dólares por pesos, para poder entregárselos a la tesorera del PAN. Como bien argumentó Cárdenas cuando anunció su abstención en la sesión del 10 de octubre, la investigación sobre dicho anónimo “fue defectuosa”, lo cual ahora respaldo plenamente, porque tengo información que no tenía en ese momento. Sin embargo hay que reconocer que ese no fue el único aspecto defectuoso de la investigación, pues hubo muchas otras pistas y líneas de investigación que no fue posible agotar por falta de tiempo. Estoy convencido de que en ese momento cumplimos con nuestra responsabilidad y muy probablemente (a la luz de lo ocurrido con el consejo que nos sucedió) si nosotros no hubiésemos sancionado a la Alianza por el Cambio, dichas irregularidades hubiesen quedado impunes; también tengo que reconocer que no pudimos desentrañar todos los entresijos de la estructura de ese financiamiento paralelo. Si hoy Korrodi pide no ser satanizado, y Andrés Manuel López Obrador, al justificar su incorporación a Morena y al Acuerdo Político de Unidad, dice que “se vale rectificar” y “que todos merecemos una segunda oportunidad”, lo primero que debe hacer aquél es desnudar –ahora sí, sin guardarse nada– la estructura (instancias, personas y formas de operación) de la red de financiamiento paralelo que él diseñó y operó en Amigos de Fox. Sería su mayor aporte a la construcción de la democracia en México.
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CONTRAPODER
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PGJDF: BAJO SOSPECHA Lucía Lagunes Huerta
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racely Osorio Martínez, mamá de Lesvy, ya lo veía venir, al igual que varias abogadas feministas quienes sabían desde hace un mes que la Procuraduría Capitalina estaba perfilando todo para hacer del feminicidio de Lesvy en Ciudad Universitaria un “suicidio”. Incluso antes de la renuncia del procurador Rodolfo Ríos Garza, se veía, de acuerdo a la mamá de Lesvy, y a las abogadas, que el actuar de la Procuraduría se dirigía para dejar del lado el feminicidio como eje central de la investigación y “acomodar” todo para concluir el supuesto suicidio. Edmundo Porfirio Garrido Osorio (nombrado esta mañana oficialmente Procurador) no se movió de la línea marcada por su antecesor. Hubo reuniones incluso con la Secretaria de Gobierno de esta ciudad, con organizaciones y abogadas, quienes ya manifestaban su exigencia de encaminar la investigación por feminicidio. Aracely Osorio también lo exigió, incluso en una conversación con Edmundo Garrido. El temor que tenía la madre de Lesvy, se corroboró la semana pasada, cuando la PGJ de la Ciudad de México, a través de un comunicado, informó que había sido suicidio y que la pareja de Lesvy “pasivamente” había dejado que esto ocurriera, por lo cual se fincaron responsabilidades. Qué es lo que hay atrás de este actuar de la Procuraduría capitalina que se ensaña contra las
mujeres. Para algunas no sólo es la misoginia del propio personal, se suma otro elemento: la corrupción. En octubre de 2015 el entonces procurador Rodolfo Ríos Garza fue llamado a cuentas por la Asamblea Legislativa, después del “Primer Informe sobre Negación de Justicia en el DF”, el cual retoma 11 casos emblemáticos, entre ellos el caso Narvarte; Yakiri Rubio Rubí; Clara Tapia y la red de trata del dirigente priista capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Un año 8 meses después, a estos casos se suma el de Belén, joven estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), reportada desaparecida y a la cual supuestamente ya había rescatado la Procuraduría pero que no presentó a sus familiares y el caso de Lesvy Berlín Osorio. Antes de que la familia de Lesvy lograra tener toda la carpeta de investigación en sus manos, antes de ver los videos que existen, la Procuraduría anunció su conclusión: “suicidio”. Los videos en manos de la familia muestran la agresión previa contra Lesvy a manos de su entonces pareja. Curiosamente la imagen cambia justo cuanto Lesvy pierde la vida, y la cámara regresa cuando el hecho ya había ocurrido. ¿Por qué omite esta información la procuraduría capitalina? No es sólo ineficiencia del personal, no es sólo misoginia lo que hay en todos estos casos, y en especial en el de Lesvy, algo más
hay atrás. ¿Qué es? Es la duda que pone bajo sospecha a la institución capitalina responsable de la justicia en esta Ciudad. En 2015 el “Primer Informe sobre la Negación de Justicia en el Distrito Federal” señaló que las inconsistencias en las averiguaciones previas, la estigmatización y criminalización de las víctimas, la construcción de verdades a medias o verdades paralelas, la actuación ministerial con prejuicio de género, imputaciones falsas y la validación de informes policiales falsos se han convertido en una práctica sistemática y generalizada al interior de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Nuevamente estos elementos se hacen presentes en el caso de Lesvy. Con Rodolfo Ríos Garza fuera de la institución, lo que se muestra es que no sólo es un personaje sino un sistema que corroe la justicia y nutre la impunidad. La sospecha de que la Procuraduría está “cuidando” algo o a alguien, permea la conclusión. La PGJDF está bajo sospecha de la familia de Lesvy, de las estudiantes de la UNAM, del personal académico, de las feministas universitarias, de las organizaciones civiles, de las ciudadanas de esta ciudad. Sospecha, que se quiera o no, alcanza al Jefe de Gobierno y sus aspiraciones políticas. Hasta por eso habría que limpiar a la Procuraduría y hacer de Lesvy, un caso emblemático del buen actuar y de la justicia.
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Miércoles 19 de Julio 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
LA ENCRUCIJADA DE AMÉRICA LATINA Guillermo J. R. Garduño Valero
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o cabe duda, América Latina se encuentra en la encrucijada cuyas salidas no abren espacio a un opción para fundamentar el optimismo. Los acontecimientos se precipitan en torno a Venezuela; continúan con la disputa entre Lenin Moreno y Rafael Correa en Ecuador, ante una oposición que terminará por desplazar a ambos; prosiguen en Cuba con un régimen cuya familia ha mantenido a la isla bajo un gobierno opresivo y sin desarrollo; están también en Bolivia donde el régimen de Evo Morales tendrá que ser desplazado por otra figura, pues su continuidad en el poder ya tocó limites y el no a su reelección fue contundente y sigue Brasil donde Lula da Silva ha sido condenado a 9 años de cárcel por corrupción comprobada. Las cosas marchan ahora sobre Perú donde el ex presidente Ullanta Umala acaba de ser aprehendido junto a su mujer por cargos de corrupción por los fondos que Chávez le dio para su campaña presidencial y que al final de su régimen ha concluido hundiendo a todo el bloque de la izquierda, al ser derrotado por las opciones de derecha. Lo mismo ocurre en Chile después del caso del hijo de la presidente Bachelet, que enlodó a esta figura y hoy comienza el declive de la unión entre demócratas cristianos con las fracciones de los socialistas. En Argentina continua el enfrentamiento Macri – Kirchner pues en las pasadas elecciones de hace unos días la fracción del peronismo que apoya a Cristina ha crecido junto con el descontento por las políticas neoliberales del régimen. Mientras Colombia permanece dividida ante la situación en la que quedó las FARC, pues para ellos no hay castigo después de medio siglo de matanzas y narcotráfico. América Central y el Caribe son también presas de situaciones preo-
cupantes: Haití continúa con un flujo migratorio sin que nadie pueda definir hacia donde puedan dirigirse los refugiados. Puerto Rico esta arruinado y su población hace mucho tiempo migró. Panamá muestra la crisis ante el enfrentamiento de las fuerzas políticas representadas por los ex presidentes. Nicaragua mira de nuevo a la familia de Daniel Ortega y sus compinches como la continuidad de los Somoza, con un discurso diferente por la venta de su territorio a China que el próximo año abrirá su nuevo Canal interoceánico. Guatemala no ha podido superar la crisis de gobernabilidad que lo llevó a destituir y mantener en prisión al presidente y a la vicepresidente. Toda la región en sí es también víctima de la inseguridad y continúa operando la migración ilegal que cruza por nuestro territorio donde las bandas organizadas los asaltan, violan y asesinan a los migrantes. Ante esto, en México las cosas no se miran mejor, el régimen actual muestra su agotamiento y a ello se le agrega una cauda de aspirantes por todos los partidos frente a un electorado desilusionado y enfrentando la crisis tanto interna como externa. A lo que se agrega la inseguridad que respira la ciudadanía en cotidiano y la corrupción que se abre paso en los tres niveles de gobierno, que afecta sin duda la imagen de todos los suspirantes, que se reparten la nada, pues en todos los casos lo único real es que son minorías. No cabe duda que los graves problema de nuestra región atraviesan por cuatro grandes procesos que concurren y coinciden en toda la región: El primero el de la ilegalidad que se expresa en la inconsistencia de la ley y las instituciones para cumplirla, tanto por la corrupción e impunidad de los poderosos, como por la ineficacia e ineficiencia de los aparatos de aplicación
de la justicia. El segundo corre a cargo de la ilegitimidad, pues no es casual que presidentes vayan a la cárcel al concluir su mandato y que la clase política carezca de autoridad moral para defenestrarlos, pues se ligan por todas partes a la corrupción. El tercero es la ingobernabilidad como incapacidad de gestión y en esta materia hay desabasto tanto en el marco de la atención de la salud, la alimentación y elementos necesarios para la vida cotidiana, lo cual se acentúa con la creciente inflación mundial. Finalmente, el problema llega al ámbito de la ingobernanza que supone la incapacidad de dirección del aparato del Estado de acuerdo a fines, donde no hay condiciones para la toma de decisiones y las fuentes tradicionales de poder han sido vulneradas, lo que lleva a las remociones de funcionarios del más alto nivel, sin que se logre el alivio y la resolución de problemas. Bajo esta idea el panorama es de desastre: ilegalidad, ilegitimidad, ingobernabilidad e ingobernanza son el escenario que hoy ofrece la región y en medio de este debilitamiento de las instituciones, la violencia surge por parte de actores no estatales, pues no hay ni marco normativo, ni institucional que canalice las demandas y contenga la delincuencia organizada. A todo esto se añade la intervención de las potencias que han entrado en una nueva guerra comercial y que derivan a la intervención directa en toda América Latina por la disputa de nuestros recursos. Por eso de todos estos casos la situación venezolana no debe verse como un problema local, sino que en este punto del planeta podría surgir una guerra de dantescas proporciones por sus recursos y de una guerra civil que es innegable que ya comenzó y que sin duda repercutirá en toda la región.
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CMAN
DIARIO
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Miércoles 19 de Julio 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 4 | No. 1139 MANIFESTACIÓN
La Red de Periodistas Veracruzanos exige investigar a Duarte por la muerte de 18 colegas
SENTENCIA
Aprueban en IEPC primeras acciones para cumplir sentencia sobre consulta en Oxchuc
PAG. 6
PRESUPUESTO
El INE confirma rebase del tope de gastos de campaña de PAN y PRI en Coahuila PAG. 5
ACUERDO
Transportistas se van a casa; levantan plantón PAG. 8
INAUGURACIÓN
Para agosto o septiembre se abre Ambar Fashion Mall, de 2,000 mdp
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Este martes, a las 17:30 horas, los transportistas asalariados levantaron el plantón que mantuvieron durante 30 días frente al palacio del gobierno estatal. En tres horas aproximadamente, desalojaron el lugar en el que exigieron la devolución de tres de sus unidades detenidas en operativos organizados por la Secretaría de Transportes (ST).
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Comuneros Crearán Autodefensas ante Incremento de Inseguridad en el Soconusco