CMAN
DOXA
EDITORIAL
En el 2018 va a ganar el que destine más dinero
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La calidad de la democracia en Chiapas es de una pobreza extrema. Los mayores fracasos de cualquier intento de un proyecto democrático, es la estructura tradicional que prevalece en todos los ámbitos de la vida en la entidad y el profundo rezago social.
En Chiapas la violación a derechos humanos es una práctica cotidiana. Es tan recurrente y condicionada que hay personas que lo consideran normal. Y hasta se ofenden cuando alguien realiza una denuncia fuerte y argumentada. La Comisión Estatal de Derechos Humanos así como funciona es ineficaz. El presidente de la CEDH es el funcionario mejor pagado del gabinete y no trabaja. Se dedica a repartir besos, abrazos y sonrisas en los eventos del PRI, Tal y como lo hizo el día de ayer en la reunión de priistas en el Hotel Marriot.
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EN CHIAPAS
Lunes 7 de Agosto 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 4 | No. 1154
ASAMBLEA NACIONAL
PRONUNCIAMIENTO
La inconfesable división de los priistas Hasta una semana antes de la realización del cónclave priista, en el que se espera la participación de 10 mil delegados, la dirigencia del partido a cargo de Enrique Ochoa Reza no tenía el control de la asamblea y estaba bajo la acusación de que se quiere imponer en la designación del candidato presidencial
La CNDH propone dar identificación oficial a personas que cumplen sentencias en libertad
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INFORME
Chiapas continúa como primero con más muertes maternas a nivel nacional PAG. 9
REPUDIO
Pobladores de la Colonial Chiapa de Corzo declaran a Peña Nieto persona “non grata”
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HOY ESCRIBEN SIGNOS
Salvador Ruiz
HOJAS LIBRES
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Roberto Domínguez Cortés
EPISTOLARIO
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Armando Rojas Arévalo
CÓDIGO NUCÚ
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César Trujillo
EN LA MIRA
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Héctor Estrada
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AMLO, A LA CABEZA EN LAS ENCUESTAS Jesús Cantú PAG. 3
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CONTRAPODER
Lunes 7 de Agosto 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EN CHIAPAS
EDITORIAL En el 2018 va a ganar el que destine más dinero
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a calidad de la democracia en Chiapas es de una pobreza extrema. Los mayores fracasos de cualquier intento de un proyecto democrático, es la estructura tradicional que prevalece en todos los ámbitos de la vida en la entidad y el profundo rezago social que afecta a más de dos terceras partes de la población. Junto a ello se presenta una ausencia de reflexión teórica sobre la construcción de nuevas ciudadanías y más aún, una ausencia de prácticas de ciudadanías. Lo que posibilita que el Estado restrinja de modo abierto o sutil, el ejercicio efectivo de los derechos políticos, sociales y culturales. Los procesos electorales en Chiapas no son ejercicios ciudadanos y menos son la expresión de la democracia, como el pensamiento liberal pretende hacer creer. Los procesos de elecciones locales o federales muestran un deterioro pleno del ejercicio del voto, en virtud de que la población con mayor pobreza y marginalidad en las zonas rurales y los cinturones de miseria en las ciudades es sacada a votar, inducida sobre todo por los apoyos gubernamentales de combate a la pobreza y
por la compra del voto. Este fenómeno, para males de la sociedad se ha institucionalizado, lo que se prevé que se reproduzca nuevamente en las elecciones del 2018, en la que, de manera concurrente, se elegirán diputados locales, los ayuntamientos municipales, diputados federales, Senadores, gobernador y presidente de la república, lo que la hará una elección muy cara y el triunfo de los candidatos estará determinado no por las ideas o proyectos sino por el monto de recursos que destinen los candidatos. El deterioro de las prácticas políticas provoca entre los candidatos y los partidos una movilidad política exagerada, en la que ya no existen principios ni ideologías, sólo intereses personales. Lo que genera que aspirantes del PRI aparezcan como candidatos del Verde, candidatos con una militancia en la izquierda aparecen como candidatos de partidos satélites del gobierno, como sucede con Mover a Chiapas. Militantes tradicionales de la derecha del PAN, deciden participar como candidatos de una alianza entre el PRI y el Partido Verde. Esto evidencia la ausencia plena de una cultura democrática no sólo entre la población sino fundamentalmente de los
activistas en los partidos. La democracia no se limita al solo ejercicio del voto ni al proceso de selección sobre cómo y quién es el que va a tomar las decisiones por todos. El proyecto de la democracia es más una forma de vida que un conjunto de normas y procedimientos. De allí que una regla básica, que en ocasiones se toma como perogrullada, señala que no puede haber democracia si no hay personas que practiquen la democracia. Chiapas vive tres problemas históricos que solo se podrán resolver con el establecimiento de un proyecto democrático. El primero, una ausencia total de un sistema eficiente de impartición de justicia ; el segundo, una violación recurrente de los derechos humanos, y, la tercera, una ausencia de desarrollo económico que reproduce la pobreza y que dificulta la proporción de los derechos básicos a la población. Estos problemas no se van a resolver en el corto plazo, y menos si se llega al proceso electoral de 2018, sin un proyecto claro de gobierno participativo, que despierte el sentir de los chiapanecos y que asuma un compromiso social de mejorara de la vida pública y de los niveles de bienestar de la población.
DIRECTOR GENERAL
José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL
Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24
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De la Redacción San Cristóbal de Las Casas, Chis. (Tribuna)
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on la elección de los presidentes de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia de la Selva Lacandona, los únicos beneficios fueron el gobernador Manuel Velasco Coello y su empleada Julia Carabias Lillo, quien a través de artificios a la usanza priista seguirán su labor depredadora y privatizadora, explotando los recursos minerales y naturales de la región selvática, arrebatando de manera ilegal las tierras de los indígenas choles, tzeltales y lacandones, a través de la división y el encono entre las comunidades y comuneros. En entrevista indígenas lacandones que exigen la salida de la región de la “ambientalista” Julia Carabias, y que por razones obvias omitimos sus identidades, pues temen por sus vidas, señalan que tras la llegada de esta depredadora de los recursos naturales de la Selva, ha sembrado la división entre las etnias, la perdida de sus tierras con el robo de las mismas y haciendo más grave la pobreza de los comuneros. Sin embargo, con la elección amañada por las autoridades del gobierno federal, estatal y municipal, el triunfo de la planilla única integrada por el presidente del Comisariado ejidal Enrique Chankin Nabor, Secretario Pablo Santiz López, Tesorero Nicolás Arcos Peñate los miembros del Consejo de Vigilancia, presidente, Moisés Chankin Nabor, Primer Secretario Antonio Gutiérrez Gómez, Segundo Secretario Miguel Montejo Méndez, a Julia Carabias le garantizan dar continuidad al contrato de arredramiento de las estaciones Chajul y Zendales en dónde supuestamente lleva a cabo labores para el cuidado y protección de la reserva ecológica Montes Azules, sin embargo, todo eso es ficticio. Con tristeza denuncian los lacandones que a diario ven salir por la carre-
De la Redacción Chiapa de Corzo, Chis. (Tribuna)
Ante la hipotética visita del presidente Enrique Peña Nieto a esta colonial ciudad y declarada en el 2012 “Pueblo Mágico”, habitantes de esta localidad declararon al ejecutivo nacional persona “non grata”. Luego de realizar una marcha al Centro Cultural Excovento de Santo Domingo, cientos de pobladores realziaron un mitin de protesta en este lugar para repudiar la posible llegada de Peña Nieto a quien le dijeron “un presidente traidor no es bien recibido en Chiapas de Corzo. En conferencia de prensa los organizadores de la marcha manifestaron su repudio al presidente Peña Nieto por ser un traidor para los mexicanos quien durante su gestión no ha hecho nada en favor de los mexicanos, todo lo contrario se ha servido del poder, como lo intenta hacer uso con el pueblo chiapacorceño al intentar privatizar los monumentos históricos y estos sean administrados ya no por el pueblo sino por Banamex. “No queremos a este traídos en Chia-
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El gobierno de Manuel Velasco tiende a despojar a Lacandones de sus tierras, denuncian tera de Ocosingo a Palenque y de ahí hacia la autopista a Tabasco tráileres cargados de grandes rollos de manera, “Y nos preguntamos quien autoriza que se esté de prensando la zona boscosa de la Selva, la Semarnat o Profepa”, porque nadie les dice nada, incluso llevan vigilancia militar. Pero también vemos lo injusto de las autoridades estatales, cuando actúan de manera arbitraria contra aquellos campesinos que en una camioneta llevan algunas tablas de madera, se los llevan a la cárcel, acusándolos de ecocidas. El domingo el gobernador Manuel Velasco Coello y Julia Carabias prepararon todo para el show a través de la mesa Interinstitucional donde la Procuraduría Agraria cito a las tres instancias de gobierno, así como la Delegación Federal de gobierno, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Registro Agrario Nacional, Secretaría de la tierra del gobierno del estado, presidencia municipal de Ocosingo, evento al que calificaron como un hecho histórico el que Julia Carabias Lillo fue la más beneficiada al alcanzar una unidad “ficticia”, de más de mil 100 lacandones para elegir los Órganos de Representación y Vigilancia de Bienes Comunales de la Selva Lacandona, cuando en realidad en la zona Lacandona solo existen 23 lacandones con representatividad, los demás fueron como siempre “acarreados”, o incondicionales a quien les paga la “julia”, como le dicen sus detractores. La Julia estaba más nerviosa que los
mismos lacandones, pues para garantizar el triunfo de la elección, el gobierno envió a unos dos mil elementos de seguridad pública, unos con uniformes, otros vestidos de civil. La Julia tiene a 32 lacandones incondicionales, que hacen labora de “orejas”, pues le comunican todo, sea verdad o chisme que ellos mismos inventan para congraciarse con ella, y los únicos en toda la región quienes ganan un poco más de dos mil pesos mensuales. El resto no ganan arriba de los 900 pesos al año, por labores de cuidado y protección de la región selvática, sin embargo no se explican en que invierte la Julia los recursos millonarios que año con año le entregan fundaciones extranjeras y que le hacen llegar a través del gobierno estatal, porque hoy los indígenas viven en la más profunda pobreza. Los lacandones entrevistados demostraron que el estado les está robando sus tierras porque un decreto presidencial de 1971 dotó a 66 hombres 614 mil hectáreas, hoy que se han puesto a buscarlas todo tienen 430 mil hectáreas y poco a poco el gobierno del estado en contubernio con “la Julia”, se las están quitando.
Los lacandones, aseguran que la Julia nada tiene que hacer en la zona, solo los indígenas pues realizar la labor de cuidado, protección y vigilancia de los bosques, que el mismo gobierno hoy lo está acabando, no solo con la zona arbolada, sino los recursos naturales, minerales, petróleo, la explotación de la flora y fauna silvestre, trabaja para unos laboratorios químicos, tienen proyectos turísticos, ella misma ya construyó un hotel en tierra de lacandones. La idea es que poco a poco el gobierno deshacerse de los indígenas para que puedan privatizar la zona, venderla a empresarios mexicanos y extranjeros, de ahí que lancen un SOS a la comunidad internacional, pues los indígenas duelos de la zona, en cualquier momento pueden ser despojados de sus predios, incluso existe el peligro que vuelva a ver una matazón como la ocurrida hace unos años en el poblado Viejo Velasco. Finalmente reiteran el llamado para que el gobierno saque las manos de la zona, deje vivir a los indígenas en paz y sobre todo que Julia Carabias sea expulsada porque no está defendiendo los intereses de los indígenas ni de la zona ecológica, sino protegiendo los intereses de político corruptos como del gobernador Manuel Velasco Coello, del presidente Enrique Peña, y de empresarios vividores mexicanos, como el mismo senador Luis Armando Melgar Bravo que le está sirviendo a los intereses de Ricardo Salinas Pliego para apropiarse de tierras que solo pertenecen a los indígenas de Chiapas. Continuará…
Pobladores de la Colonial Chiapa de Corzo declaran a Peña Nieto persona “non grata” pa de Corzo”, por lo que si llega a poner un pie en este lugar todo el pueblo saldrá a las calles a manifestarse para decirle que aquí los traidores no son bien recibido”, advirtieron los inconformes. Los chiapacorceños como pueblo nos uniremos para defender nuestros monumentos históricos que también son patrimonio de la humanidad, declarados por la UNESCO. Que le quede claro a Peña Nieto y a su comparsa que traerán junto con el gobernador Manuel Velasco Coello, la H. Chiapa de Corzo, no recibe a traidores. Peña Nieto es un cobarde pues no ha sabido defender los defender nuestros recursos naturales como el petróleo, las minas, las minas, las islas, la Selva Lacandona, todo quiere privatizar para su beneficios, de los empresarios y de empresas internacionales. Los chiapanecos si vamos a defender nuestros recursos naturales, minera-
les y nuestros monumentos históricos, pues Peña Nieto, este “traidor a la patria”, no es nadie. “El valiente vive mientras el cobarde quiere”, y los mexicanos somos valientes y no nos vamos a dejar intimidar por un cobarde que no ha sabido defender los derechos de los mexicanos mucho menos de los chiapanecos, dijo en el mitin una mujer del patronato chiapancorceño. Ya basta que los extranjeros vengan a tomar posesión de nuestros recursos, si el presidente no los sabe defender, los chiapanecos si y desde este momento nos vamos a organizar y pedirle a todo el pueblo de Chiapas que se sume para defender nuestros, que el mismo Manuel Velasco también esta contribuyendo para quitarnos lo que nos pertenece, señalan. El primer paso ya está dado, no nos intimidan ni con sus armas, los políti-
cos nos han pisoteados y ahora vamos a luchar contra ellos y por nuestra dignidad que los chiapanecos no estamos dispuestos a seguir que nos estén pisoteando, concluyeron en la conferencia de prensa. Finalmente dijeron que no les han confirmado la llegada del presidente, pero ya les avisaron que serán apoyados por diversas organizaciones sociales, campesinas, estudiantes y del magisterio chiapaneco.
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Lunes 7 de Agosto 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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Chiapas: “Mactumactzá ha resurgido de sus cenizas y seguirá con paso firme”, normalistas de Mactumactzá
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Esta marcha no es de festejo, es para demostrarle al gobierno que aún aquí estamos. Que el foco rojo nunca va a desaparecer, que la piedra en el zapato de este gobierno atroz aún seguirá y permanecerá por siempre”,
Realizaron un mitin recordando la represión del gobierno y la resistencia estudiantil con mensajes de solidaridad de diversas escuelas normales del país como Cañada Honda
Vocero estudiantil
De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Pozol Colectivo)
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Hace 14 años que el gobierno y la Policía Federal entraron a nuestra gloriosa normal rural destruyendo todo aquello que la escuela tenía. Desde aquel entonces como Mactumactzá hemos estado luchando, demostrando que Mactumactzá nunca se calla. No vamos a descansar hasta que cada una de las cosas que fueron arrebatadas, cada una de las cosas que nos quitaron sean devueltas a esta normal”, expresaron representantes estudiantiles en una conferencia de prensa celebrada en la Escuela Normal Rural “Mactumactzá”, al poniente de la capital chiapaneca, al conmemorar un aniversario más de la brutal represión policíaca ordenada por el entonces gobernador Pablo Salazar Mendiguchía. Aquel 6 de agosto de 2003, la Policía Federal, con ayuda de helicópteros, ingresó a la normal con armas de fuego y bombas de gas lacrimógeno golpeando e hiriendo a niños, madres y padres de familia, alumnos y vecinos que se sumaron a
Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
Andrés Jiménez Pablo dirigente estatal del Movimiento Campesino Regional Independiente Emiliano Zapata (MOCRI EZ) pidió al gobierno del estado una mesa de diálogo para concluir las hostilidades entre el MOCRI y la CIOAC. El vocero de la organización expuso que los responsables de los ataques en el municipio de Tapilula y que desencadenaron en toda una serie de confrontaciones entre las dos organizaciones son David Villareal y Enrique Cheverría Juárez. A quienes pidió se aplique el estado de derecho, por estos actos de provocación. Asi mismo exigió “que se instale
la defensa de la escuela. 23 alumnos y padres de familias fueron detenidos sufriendo privación arbitraria de su libertad y Joel David Martínez, chofer de la escuela normal de Tenería que se solidarizó con los alumnos de Mactumactzá, fue asesinado por las balas de la Policía Federal. Un año después, el gobierno derribaría los dormitorios que albergaban el internado pero gracias a la lucha estudiantil y magisterial, la “Mactu” reabriría sus puertas aunque ahora con la modalidad mixta, ya que antes la población estudiantil era exclusivamente de varones, y sin los servicios de internado ni de comedor. “Al volverse a abrir en una modalidad mixta, el gobierno del estado pensó que Mactumactzá decaería, se acabaría. Pues no, compañeros”, señalaron los estudiantes durante la conferencia que antecedió a la marcha por la avenida principal de la ciudad capital. “Se les deja en claro al gobierno que seguiremos luchando por nuestros derechos. Que Mactumactzá ha resurgido de sus cenizas
desde 2003 y seguirá avanzando con pasos firmes hasta lograr estar como estábamos antes de 2003 con las 527 matrículas”, afirmaron. “Desde 2003 Mactumactzá ha ido avanzando, los dormitorios de nueva cuenta se han ido construyendo. Todos los beneficios con los cuales contaba Mactumactzá antes de 2003, el gobierno del estado los ha ido devolviendo poco a poco”. Asimismo, informaron que para el nuevo ingreso, la academia de primer, se conformó de 120 matrículas y que continuarán luchando por alcanzar las más de 527 matrículas que, enfatizaron, por derecho les corresponde, hasta lograr la rehabilitación del internado. Por otro lado, los representantes de la base estudiantil señalaron que desde hace 10 meses algunos profesores de la normal se retiraron voluntariamente, abandonando sus responsabilidades en la escuela. Al respecto denunciaron: “A los que están fuera, que les quede claro que ellos no son indispensables, no forman parte fundamental de Mactumactzá. Las
labores aún siguen. Mactumactzá con ellos o sin ellos va a seguir”. Del mismo modo, los estudiantes denunciaron el hostigamiento y la represión de gobierno hacia el normalismo rural en el país. “De igual manera denunciamos y seguimos buscando a nuestros 43 compañeros desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa”. Cuestionaron la falta de justicia en el caso de los normalistas desaparecidos señalando que ésta no existe porque no se trata de la desaparición de hijos de empresarios, de políticos o de artistas. Una vez concluida la conferencia de prensa, los normalistas de Mactumactzá, acompañados por docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y estudiantes de otras normales de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), encabezaron la marcha hacia la plaza central de Tuxtla Gutiérrez donde realizaron un mitin recordando la represión del gobierno y la resistencia estudiantil con mensajes de solidaridad de diversas escuelas normales del país como Cañada Honda, Aguascalientes; Tenería, Estado de México; Tiripetío, Michoacán; Panotla, Tlaxcala; Teteles, Puebla, Atequiza, Jalisco; Amilcingo, Morelos; entre otras. La tarde del sábado 5 de agosto, estudiantes de Mactumactzá realizaron un acto político cultural en la plancha de la plaza central de la capital chiapaneca como una muestra de memoria y resistencia.
MOCRI EZ pide mesa de diálogo para solucionar conflicto entre organizaciones una mesa de diálogo donde funcionarios estatales sean los mediadores entre el MOCRI y la CIOAC”. Señalaron que en lo hechos de Tapilula los arriba mencionados presionaron para que a dos de los integrantes de la CIOAC, les fueran quemadas sus viviendas, así como a 85 familias más que en breve realizarán un plantón en la capital chiapaneca. Así mismo pidieron que en breve se tomen acciones concretas para evitar más confrontaciones que puedan derivar en hechos de sangre.
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Fiscalizarán pago a maestros del Subsistema de Educación Estatal De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)
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propuesta del titular de la Secretaría de Educación del estado, Roberto Domínguez Castellanos, fiscalizarán el pago a los maestros del Subsistema de Educación de Chiapas. Así lo dio a conocer la Secretaría General de Gobierno a través del Periódico Oficial del estado, mediante el número 308 de fecha 26 de julio de 2017, en el Tomo III, Pub. No. 2016-A-2017, del Acuerdo por el que se establecen los “Lineamientos para el seguimiento y control en el pago de la nómina de sueldos al personal docente y administrativo del Subsistema de Educación Estatal”. Es importante mencionar que en el pago de sueldos del personal docente y administrativo del Subsistema de Educación Estatal, participan diferentes entes de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Educación; esta última realizando la captura de los movimientos nominales e incidencias del personal, a través de los sistemas de nómina establecidos por la Secretaría de Hacienda. En tanto, la Secretaría de Hacienda, a través de la Coordinación General de Recursos Humanos, lleva a cabo el proceso de cálculo de las nóminas, y a su vez, la Tesorería Única, elabora la impresión de nóminas, cheques y comprobantes de pago, en la modalidad de nómina electrónica, de conformidad con los calendarios establecidos para
De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)
La Secretaría de Salud federal reveló que Chiapas continúa como el estado con mayor número de muertes maternas a nivel nacional. Así lo informó mediante la publicación del documento “Informes Semanales para la Vigilancia Epidemiológica de Muertes Maternas 2017 - Semana Epidemiológica 30”, el cual reveló que en lo que va del año, la Razón de Mortalidad Materna (RMM) calculada es de 31.9 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, representa una reducción de 12.7 puntos porcentuales respecto de lo registrado a la misma fecha del año pasado. Cabe destacar que entre las principales causas de defunción son: Hemorragia obstétrica (24.3%), Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (19.8%) y Complicacio-
Así lo dio a conocer la Secretaría General de Gobierno a través del Periódico Oficial del estado, mediante el número 308 de fecha 26 de julio de 2017, en el Tomo III, Pub. No. 2016-A-2017, del Acuerdo por el que se establecen los “Lineamientos para el seguimiento y control en el pago de la nómina de sueldos al personal docente y administrativo del Subsistema de Educación Estatal”
el efecto. En apego a lo recomendado por la Auditoría Superior de la Federación, mediante auditoría número 637-DS-GF, misma que consideró: “La entidad fiscalizada, ha realizado acciones para la implementación de un control interno más fortalecido; sin embargo, aún y cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuado sobre
el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normatividad y la transparencia que permita establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario revisar y, en su caso, actualizar la normatividad que los refuerce”. Esta Dependencia consideró
necesario emitir el oficio número SE/CGAF/238/16, mediante el cual se instruye que “con el fin de mejorar en el marco integrado de control interno los componentes en los que se detectó un nivel medio o bajo, se instrumenten las medidas que permitan mejorar (mitigar los riesgos que se tienen) los controles o normatividad correspondientes”. En este sentido, la publicación de la Secretaría de Educación justificó que por ello resulta necesario fortalecer las políticas y procedimientos de supervisión y de control interno, con la finalidad de consolidar el proceso de atención de las deficiencias identificadas, otorgando atención oportuna y seguimiento a los hechos y procesos incorrectos detectados en auditorías y revisiones, y aquellas derivadas de reportes de los sistemas de información, para que estos sean resueltos oportunamente, y así evitar riesgos que pudieran afectar su funcionamiento. Por ello, fue publicado el Acuerdo por el que se establecen los “Lineamientos para el seguimiento y control en el pago de la nómina de sueldos al personal docente y administrativo del Subsistema de Educación Estatal”.
Chiapas continúa como primero con más muertes maternas a nivel nacional nes del embarazo, parto y puerperio (8.4%). En la primera semana de junio del 2017 se registraron 415 defunciones, en tanto que para el mismo corte de 2016 se registraron 404 defunciones. Lo descrito representa una disminución de 53 defunciones (13.1 por ciento) en el 2017 con respecto al 2016. Ahora bien, en lo que respecta al número de casos por entidad federativa, hasta la semana epidemiológica 30 el estado de Chiapas obtuvo la primera posición, ya que se reportaron 42 muertes maternas, seguido del Estado de México con 37, Ciudad de México con 26, Guanajuato y Jalisco con 25 cada uno, Oaxaca con
23 y Guerrero con 22. Según el reporte, en el estado de Chiapas los nosocomios de la Secretaría de Salud registran el mayor número de casos de muerte mater-
na, con 25, seguidos de 14 que no tuvieron atención y en particulares, mientras que el IMSS, IMSS Prospera e ISSSTE reportaron un caso cada uno.
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Delfina Gómez llama a impedir “imposición” de Alfredo del Mazo el martes 8 De la redacción Ciudad de México (proceso.com.mx)
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l In s t i t u t o E l e c t o r a l del Estado de México (IEEM) planea dar el triunfo al priista Alfredo del Mazo Maza como gobernador de la entidad. Para tal efecto, el organismo convocó a una sesión ininterrumpida el próximo martes 8 de agosto a las 10 horas para validar la victoria de Del Mazo. Por tal motivo, la candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Delfina Gómez, llamó en sus redes sociales a manifestarse afuera de las oficinas del IEEM en Toluca a las 9 de la mañana del martes. Gómez Álvarez pidió a sus seguidores a alzar la voz y manifestar de forma pacífica “nuestra inconformidad ante el intento de imponer a
Gómez Álvarez pidió a sus seguidores a alzar la voz y manifestar de forma pacífica “nuestra inconformidad ante el intento de imponer a Alfredo del Mazo como gobernador de nuestra entidad”
Alfredo del Mazo como gobernador de nuestra entidad”. “Estamos defendiendo nuestro
voto conforme a la ley, no dejaremos que las autoridades olviden nuestras peticiones. #Morena ganó
en el #Edomex y las elecciones deben ser aclaradas”, escribió Gómez en sus redes sociales. El IEEM pretende entregar ese día la constancia de mayoría al priista y declararlo gobernador electo. Se prevé que a las 10:00 horas inicie la sesión ininterrumpida de cómputo final de la elección del pasado 4 de junio. Con ello, el IEEM no esperará a que se agoten los tiempos jurídicos para resolver las impugnaciones contra la elección de gobernador y prevé la entrega de la constancia de mayoría a Del Mazo. La legislación vigente establece como fecha límite para agotar la etapa contencioso-electoral el martes 15.
Cómplice en asesinato del periodista Luciano Rivera es vinculado a proceso Antonio Heras Mexicali, BC (proceso.com.mx)
El Juzgado de Garantías del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Playas de Rosarito determinó la vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de coautoría a Alfredo P.C., el taxista que participó y condujo la unidad para la fuga de quienes atentaron contra la vida del periodista Luciano Rivera Salgado. El juzgado consideró que el taxista, a quien se le encontró el arma con el que asesinaron al periodista, participó en el homicidio doloso del
conductor de noticieros de la cadena CNR de esta frontera. Rivera fue asesinado la madrugada del lunes 31 de julio en el baño del bar La Antigua, ubicado en la zona turística de Rosarito. Un sicario le disparó en el rostro un proyectil de arma de fuego calibre 9 milímetros. Alfredo es el único detenido en este homicidio doloso, por lo que se encuentran prófugos cuatro personas, entre ellos el autor material. El arma que se usó en el asesinato de Rivera fue utilizada en tres acciones delictivas vinculadas con el trasiego de droga en Tijuana, municipio limítrofe con Playas de Rosarito.
Se manifiestan en Monterrey contra El Bronco por cambios en radio cultural Luciano Campos Garza Monterrey, NL (proceso.com.mx)
Unas mil personas se manifestaron esta noche en la Macroplaza para protestar por el cambio de la estación de música clásica Opus que fue pasada de FM a AM. Los convocados, entre ellos intelectuales, académicos y radioescuchas, pidieron al gobernador Jaime Rodríguez que revierta su determinación, que llevó a sustituir Opus con Radio Libertad, en la que el gobierno estatal difundirá sus propios contenidos. Con una manta que señalaba Opus es 102.1 de FM, los manifestantes se colocaron frente al Palacio de Gobierno en la protesta que duró más de una
hora. En sus mensajes, los presentes pedían a El Bronco que reconsiderara su decisión, pues el paso a la AM restaba calidad a la que era un espacio en el que los melómanos escuchaban música clásica. La inconformidad de los radioescuchas inició la semana pasada, desde que el mandatario sin partido anunció los cambios en las estaciones de radio administrados por el gobierno estatal. Hubo protestas porque fue incorporada a la programación una locutora de contenidos motivacionales, Olga Nelly García, una decisión que provocó protestas de seguidores de Opus, que alegaban que con su inclusión se pervertía la vocación de la radio.
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Juzgados de CDMX obligados a desechar Alienación Parental Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)
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partir de la derogación de la figura de Alienación Parental del Código Civil de la Ciudad de México, que hoy entró en vigor, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia local deberán transformar la estructura que crearon en 2014 para detectar este supuesto síndrome que en el fondo deja en la impunidad la violencia y el abuso sexual infantil. Así lo consideró en entrevista Laura Martínez Rodríguez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac) y quien afirmó que se debe hacer una reingeniería de las instituciones judiciales para que juezas y jueces dejen de utilizar el Síndrome de Alienación Parental (SAP) como prueba en los casos de divorcio o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes. Este 4 de agosto se publicó en la Gaceta Oficial de la capital el decreto para derogar el Artículo 323 séptimus del Código Civil, una norma vigente a partir de 2014 que decía: “comete violencia familiar el integrante de la familia que transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores”, conducta denominada Alienación Parental.
SAP impide la justicia Hace tres años, cuando en 2014 se introdujo el SAP en la legislación de la capital, la Asamblea Legislativa estableció que el Departamento de Psicología del Tribunal podría dar tratamiento
Silvia Núñez Esquer Hermosillo, Son. (Cimacnoticias)
Por considerar que los datos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público no son suficientes para establecer su responsabilidad por los delitos de fraude continuado y asociación delictuosa, la tarde de este jueves fue liberada por orden del juez Octavio Castrejón, la locutora de Radio Palacios, Alejandra Alegría Alvarado. Alegría Alvarado llevaba siete días recluída en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 de Hermosillo, Sonora donde era investigada por los delitos mencionados. Entre los motivos de la resolución, dijo en entrevista con Cimacnoticias el abogado de Alegría Alvarado, Humberto Ramírez, destaca que la persona a la que buscaban se encuentra detenida en el estado de Durango, y las características físicas no corresponden con las de la locutora. No obstante, el juez consideró que eso no era suficiente para afirmar que Alejandra Alegría era la misma persona
y, en su caso, determinar qué persona se quedaría encargada del cuidado de los menores de edad “alienados”, es decir que no quisieran convivir con uno de sus progenitores. En ese entonces el supuesto de la ley era que todas las niñas y niños mentían si acusaban a su padre o a su madre de violencia o violación sexual, invención provocada, en general, por las madres que los manipulaban para hacer acusaciones falsas. Según esta teoría, creada en 1985 por el estadounidense Richard A. Gardner, el “síndrome” se cura obligando a los menores de edad a convivir con el progenitor acusado. La fundadora de Adivac destacó que las organizaciones expertas en derechos de las mujeres y la infancia han expuesto que este concepto no es científico, no es un síndrome, no está en ningún diccionario de enfermedades mentales y por tanto no tiene un tratamiento pero además han comprobado que desestima cualquier testimonio de abuso y violación sexual infantil. “A los operadores de justicia les conviene reducir a Alienación una violación sexual o una violencia muy fuerte entre las parejas, esto ya se había visto desde que se volvió a legislar en 2014”, dijo la también psicóloga y especialista en Estudios de la Mujer. En su opinión tanto legisladores como juzgadores reconocieron y avalaron el uso del SAP porque les solucionaba la investigación de un posible delito en las demandas de conflictos familiares, “no querían seguir trabajando, querían tener un concepto o un término que les redujera el trabajo, tanto a los abogados que defienden a ambas partes como a los mismos jueces”.
Tres años de falsos diagnósticos Durante los tres años que estuvo vigente la Alienación Parental en la capital (2014-2017), dice Laura Martínez Rodríguez, se dieron casos de falsos diagnósticos de un síndrome inexistente pero a la fecha no se sabe cuántas veces los juzgadores confundieron las denuncias de violación sexual infantil con SAP, cuántas mujeres y sus hijos fueron afectados ni cuántas personas decidieron huir o quitarse la vida antes de continuar un proceso injusto. En junio pasado una historia alertó sobre el tema. En 2010 Mireya Agraz Cortés notó cambias drásticos en su hijo de tres años de edad, quien lloraba, tenía pesadillas, no se alejaba de ella y dejó de controlar sus esfínteres. Después de llevarlo al médico y con una especialista en psicología se le diagnosticó abuso sexual por parte de su padre. Mireya interpuso una denuncia penal que nunca prosperó y una demanda para quedarse con la guarda y custodia del niño. Durante el proceso, que duró siete años, una de sus hijas gemelas fue violada sexualmente por su padre y pese a las declaraciones de los dos menores de edad que fueron víctimas del mismo agresor, en noviembre de 2016 la Jueza Undécimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia local, Silvia Araceli
García Lara, determinó que la madre “alienó” a los niños para que mintieran y como sentencia ordenó dar la custodia de los hijos al padre, Leopoldo Olvera. Hasta ahora se cree que la decisión de la jueza pudo orillar a Mireya a quitarse la vida junto con sus tres hijos, su padre y su madre (quien sobrevivió), el pasado 7 de junio en la delegación Magdalena Contreras. Por ello la directora de Adivac aseguró que es necesario que los jueces en la capital dejen de usar peritajes de Alienación que desestiman los dichos de niñas y niños. Una vez que entre en vigor la derogación del Artículo 323 séptimus, dice la especialista, se requiere que el Consejo de la Judicatura y el Tribunal se reestructuren para que se hagan peritajes científicos, es decir que no sean entrevistas de media hora ni de dos horas, sino estudios bien hechos como peritajes psicológicos de 12 a 15 horas. En 2014 el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal autorizó la creación de seis plazas para la Dirección del Instituto de Ciencias Forenses y el Departamento de Alienación Parental del Tribunal Superior; ahora que ya no existe el concepto en la ley estos espacios deberán transformarse. Al respecto Martínez Rodríguez dijo que estos cargos se pueden utilizar para manejar adecuadamente los procesos en el ámbito familiar y para “dar un enfoque de recuperación, protección, para que niños y niñas puedan convivir con su papá y su mamá, dependiendo del caso”, pero que además para que se dé una atención adecuada a las niñas o niños que son violentados por su madre o su padre.
Sale libre locutora detenida en Caborca de nombre Fátima Floricely González Alcocer, o “Licenciada Flor”, o “Alejandra López”, o “Perla Quiñonez”, nombres probables de la persona que según las víctimas de fraude les había recibido el dinero del anticipo para otorgarles un crédito. Pese a que una de las presuntas víctimas del fraude “identificó” a la locutora de Radio Palacios, el juez precisó que dio características vagas que pueden corresponder a muchas mujeres, como el cabello negro, la estatura, el color de piel, y que usa lentes, por lo que no fueron elementos contundentes para afirmar que se trataba de la misma persona. Otra de las inconsistencias fue que las víctimas del fraude refirieron fechas específicas de los pagos que hicieron por diversas cantidades que van de los 8 mil, a los 29 mil pesos, pero la defensa de Alegría Alvarado demostró a través de los registros del reloj checador digital de su trabajo radiofónico, que ella se
encontraba en esas fechas en Caborca, Sonora, su lugar de residencia y realizando sus labores cotidianas de trabajo como locutora. Por todo ello, la resolución fue en el sentido de no vincularla a proceso. “No hay indicios razonables. No tengo material para vincularla a proceso” afirmó el juez, y ordenó su libertad inmediata. Alejandra Alegría Alvarado había sido detenida en forma irregular el pasado viernes 28 de julio en Caborca, Sonora, al salir de su trabajo en Radio Palacios. Fue abordada por algunas personas que dijeron que eran policías investigadores, sin portar identificación, y quienes se la llevaron a las oficinas del Ministerio Público, donde se le informó que era investigada por un fraude contra al menos 29 personas que habían dado un anticipo para que les gestionaran un crédito a través de la empresa Crédito Popular Mexicano. Cuarenta y cinco minutos después,
era trasladada a Hermosillo, Sonora, detenida e internada en la sección de indiciados del Cereso número 1. Tras siete días en ese lugar, la tarde de ayer salió libre y sus primeras palabras fueron “Tengo que hacer escuchar mi voz, si no lo hago yo, puedo pasar el resto de mi vida encerrada”. Si fue confundida o detenida a propósito para causarle un daño, todavía no lo sabe. Sin embargo, agradece a toda la gente que le apoyó haciendo una marcha en Caborca, o a través de las redes sociales. Al retirarse, extendió un agradecimiento a las redes de periodistas estatal y nacional, y a todas las personas que se pronunciaron por justicia para su caso.
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De la redacción Ciudad de México (proceso.com.mx)
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a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) propuso que las personas procesadas o sentenciadas penalmente, que estén en libertad, cuenten con una identificación con validez oficial, que les permita ejercer su derecho a identificarse. Lo anterior con el fin de propiciar igualdad de circunstancias con cualquier otra persona, para que puedan llevar una vida de inclusión social y sin factores de discriminación. En un comunicado, la CNDH consideró que al no contar con un documento oficial de identificación que garantice el derecho humano a la identidad personal consagrado en el artículo 4º, párrafo octavo, constitucional y en el derecho internacional de los derechos humanos, por ser procesado o sentenciado por la comisión de un delito, resulta incompatible con los principios de dignidad humana y de reinserción social, reconocidos en la propia Constitución Federal. Por ello, el organismo nacional emitió el pronunciamiento sobre el derecho de las personas procesadas y sentenciadas penalmente que se encuentran en libertad a contar con una identificación con validez oficial, ya que el derecho a la identidad garantiza el ejercicio de todas las demás prerrogativas y es acorde con el principio de interdependencia de los derechos humanos, pues sin éste la persona no es reconocida jurídicamente y su reinserción en la vida
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La CNDH propone dar identificación oficial a personas que cumplen sentencias en libertad Lo anterior con el fin de propiciar igualdad de circunstancias con cualquier otra persona, para que puedan llevar una vida de inclusión social y sin factores de discriminación
laboral, educativa, política y social es altamente limitada. En dicho pronunciamiento, la CNDH llama la atención sobre la necesidad de implementar un documento gratuito de identificación oficial, desvinculado de procesos
político-electorales o de cualquier otra índole, que garantice el acceso a las mismas oportunidades para cualquier persona y evite su exclusión social. En tanto eso se concreta, se propone que las personas procesadas o
sentenciadas, que estén en libertad, puedan contar con la credencial para votar, para efectos exclusivos de identificación y sin que ello implique, en su caso, restitución de los derechos políticos que les hubiesen sido suspendidos. La CNDH destacó que las acciones que realizan las autoridades en materia de justicia penal y penitenciaria, no pueden ser contradictorias con el principio de progresividad de los derechos humanos consagrado en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el derecho internacional de los derechos humanos, pues afectan el ejercicio de derechos que no deben ser suspendidos ni limitados a ninguna persona, incluidas aquellas que se encuentran vinculadas a proceso o en la ejecución de una sentencia penal en libertad.
Cuernavaca es “la ciudad de la eterna balacera”: Arquidiócesis De la redacción Ciudad de México (apro)
El estado de Morelos perdió las esperanzas con la alternancia, pues poco a poco, por las oquedades del régimen perredista, se minó la franca corrupción que pone en tela de juicio los supuestos logros ante la realidad de una sociedad apabullada por la propaganda oficial sobre la reducción de la delincuencia; sin embargo, la realidad es otra, afirmó la Arquidiócesis primada de México. En el editorial del semanario Desde la Fe, la Iglesia destacó que la reciente Marcha por Morelos, alentada por diversos líderes sociales, no es la primera en la historia reciente del Estado en demandar lo que es urgente: justicia y seguridad. El artículo recuerda que desde el año pasado, los reclamos habían llegado a la mesa de la Secretaría de Gobernación para dar cauce al clamor de la población que ha visto cómo las graves vulneraciones a los derechos individuales van de la mano de la impunidad y la corrupción de un sistema que está diezmando a la entidad, ahora en riesgo por dejar sin paz a sus miles
de habitantes. El editorial titulado “Morelos, corrupción y decadencia”, refiere que, según el Semáforo Delictivo, el estado de Morelos sigue repuntando en homicidios; en junio pasado superó en 31% la media nacional en la comisión de este delito. Pese a las cortinas de humo de las autoridades por aparentar que en Morelos está el paraíso, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2016 (ENVIPE) señaló que de cada diez delitos, sólo uno se denuncia. En la “Ciudad de la Eterna Balacera”, Cuernavaca, continúa el artículo, los encargados de la seguridad denuncian por lo menos 49 colonias de alta peligrosidad, donde se cometen robos violentos, agresiones sexuales y homicidios, y la ciudadanía no denuncia por desconfianza y frustración, agrega “Desde la Fe”. A esto se suma el incumplimiento en las promesas de campaña del “candidato de la gente”. La Iglesia critica que, al asumir el cargo, el gobernador (Graco Ramírez) sostuvo la firme promesa de impulsar la revisión del gobierno y la revocación
del mandato; sin embargo, a pesar de las manifestaciones y protestas, el mandatario se pega a la silla cual lucrativo trampolín para sus más altas pretensiones políticas. “Y qué decir del empleo y la pobreza. La administración 2012-2018 juró y perjuró crear miles de plazas de trabajo y, por el contrario, de acuerdo con las cifras de la Secretaría del Trabajo, en 2016, cuatro de cada diez habitantes no tienen empleo. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reveló que, en 2016, 52.3 por ciento de la población de la entidad vivía en la pobreza. No puede dejarse de lado el uso de chicanadas y tropelías de las cuales se echó mano
para aprobar iniciativas contrarias a la dignidad de la familia, obviamente, con aprobación del gobierno estatal”.
El artículo dominical remata: Cuando el actual gobierno morelense inició su ejercicio en 2012 jamás imaginaría la comisión de un acto que serviría de perfecta alegoría y vaticinio del actual desastre: en diciembre de ese año, la colosal estatua de bronce del Generalísimo que servía para señalar los límites entre dos Estados fue vandalizada y robada. Hoy ese espacio está olvidado y decadente. El insurgente jamás regresó como había prometido el gobernador. En eso se ha convertido el Estado libre y soberano de Morelos.
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José Gil Olmos Ciudad de México (proceso)
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e cara a la 22 asamblea nacional del PRI, que será encabezada por Enrique Peña Nieto, los militantes de ese partido se enfrentan a muchas dificultades al enfilarse a la designación de su candidato presidencial para 2018. Aunque ya atajaron dificultades al decidir que no se quitará el candado de 10 años de militancia para ser candidato a legislador, edil o presidente de la República, la amenaza del “dedazo presidencial” y el suspenso que ocasiona el destape del elegido, para mediados de septiembre, tiene confrontados a los dirigentes del partido. Hasta una semana antes de la realización del cónclave priista, en el que se espera la participación de 10 mil delegados, la dirigencia del partido a cargo de Enrique Ochoa Reza no tenía el control de la asamblea y estaba bajo la acusación de que se quiere imponer en la designación del candidato presidencial. En el interior del partido corren versiones de que el expresidente Carlos Salinas de Gortari apoya las aspiraciones del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, a través de Otto Granados Roldán, subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación en la SEP, quien fue el primer jefe de prensa del salinismo. Mientras que al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se le atribuye el respaldo del equipo de Enrique Peña Nieto, aunque también se nombra al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al exrector de la UNAM y actual titular de la Secretaría de Salud, José Narro, como parte de una terna de aspirantes. José Murat, presidente de la Fundación Colosio, sostiene que la asamblea nacional “no debe realizarse para definir un traje a la medida del futuro candidato priista”, sino que debe tener carácter deliberativo y dejar claro que hay “piso parejo” para todos los aspirantes a la candidatura presidencial. El exgobernador oaxaqueño advierte que hay intentos de personas y grupos que buscan arrebatar la candidatura presidencial al PRI, pero asegura que “ya pasaron los tiempos de los ungidos y de la nomenclatura que todo lo decidía”. Mientras que para el representante de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Arturo Zamora –cercano al presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa–, ya pasó el tiempo del dedazo presidencial. Ivonne Ortega, quien fue gobernadora de Yucatán y secretaria general del PRI, señala que, más que el dedazo presidencial, lo que la militancia está cuestionando son las decisiones cupulares que han llevado a que de los candidatos seleccionados en los últimos 24 procesos internos, ocho hayan perdido. La yucateca admitió públicamente que aspira a la candidatura presidencial del PRI para 2018. En tanto, Francisco Labastida
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La inconfesable división de los priistas
Ochoa, quien fue candidato presidencial del PRI en 2000, señala que sería una mentira negar que el presidente de la República tendrá una influencia en las decisiones del partido, pero que, si se sigue la tradición de sus antecesores, Peña habrá de consultar con gente con experiencia sobre los perfiles de los precandidatos.
Los estatutos Durante semanas la discusión sobre la asamblea se ha centrado en posibles cambios al artículo 166 de los estatutos, que establece los requisitos para la postulación de candidatos. En la dirigencia nacional hubo un anteproyecto en el que se eliminaban los candados de 10 años de militancia, para abrir la postulación presidencial a un simpatizante. Ante la presión de diversos grupos y personajes, la Comisión Nacional de Dictamen a cargo de la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, elaboró un documento que propone mantener los candados y los requisitos para la postulación, con la idea de prevenir los problemas que plantearía lanzar a un candidato no priista para la Presidencia. No obstante, aún existe la posibilidad técnica de aceptar a un candidato simpatizante siempre y cuando el PRI se adhiera a una alianza con otro partido, el cual elija a un personaje que no sea priista. Pero eso sería inédito en el PRI. Arturo Zamora señala que el partido no puede quedarse sólo en la discusión de los estatutos porque se quedaría como un partido de visión corta y lo que se busca es tener un programa para los próximos 30 años. Entre las propuestas que se discutirán en la asamblea están establecer mecanismos para evitar candidatos con historias de corrupción o ligas con el narcotráfico; que los legisladores plurinominales que quieran repetir lo hagan por la vía uninominal y realicen su campaña; la desaparición del fuero desde el presidente municipal hasta el presidente de la República, y establecer la revocación de mandato para procesar a quien haya traicionado la confianza de los militantes y ciudadanos. Asimismo, se prevé disminuir a
cuatro años el periodo presidencial y el de las gubernaturas; una revisión de la política económica y la instauración de los gobiernos de coalición que impulsa Manlio Fabio Beltrones. Antes de la asamblea nacional que el PRI realizará a partir del 12 de agosto en su sede central, se efectuarán entre el 9 y 10 del mismo mes cinco mesas de trabajo: en Campeche se discutirá el tema de los estatutos; en Coahuila, la declaración de principios; en Mazatlán, la ética partidista; en Toluca, el programa de acción, y en Guadalajara, el proyecto de visión de futuro. Sin embargo, el panorama para el PRI en 2018 no es promisorio: en los últimos cinco años han perdido casi 5 millones de votos en las elecciones de distintos estados. En el mismo lapso, de los 8 millones de militantes registrados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) ha perdido 800 mil, 10%, los cuales se han ido principalmente a Morena; la imagen de Enrique Peña Nieto es la peor de un presidente desde 1996; gobierna seis estados menos que cuando empezó esta administración y arrastra la pesada carga de 21 exgobernadores involucrados en escándalos de corrupción y con el crimen organizado. Labastida Ochoa tiene claro este panorama y, ante la amenaza de posibles rupturas, reconoce: “Sí, por supuesto, e irnos al tercer lugar, como en 2006 con Roberto Madrazo, a quien le pronostiqué que le pasaría eso”.
La asamblea a modo El senador jalisciense Arturo Zamora, líder de la CNOP, señala que no hay necesidad de cambiar los estatutos porque ya existen diferentes modelos para elegir a los candidatos aprobados desde la asamblea 14, que incluyen la consulta a la base y por decisión de los consejeros políticos, que ha funcionado positivamente. –¿Al PRI le conviene un candidato simpatizante o militante? –Un candidato que sea garantía de unidad al interior del partido y garantía de confianza para la sociedad en general. Esa es la clave. Creo que tenemos que pensar en un perfil de quién puede ser un buen presidente de México para los retos y desafíos que tenemos aquí en la puerta.
Sin embargo, Ivonne Ortega insiste en que se cambien los estatutos y se abra la participación a simpatizantes y ciudadanos en el proceso de selección de candidatos. Ortega es la primera priista que difundió su aspiración a la candidatura presidencial. Junto con otras corrientes y personajes, como José Ramón Martel, de Alianza Generacional; Ulises Ruiz, de Democracia Interna; y César Augusto Santiago, presidente de la asociación política Alternativa, entregó a Ochoa Reza un documento avalado por priistas de 18 estados para que se abran los candados a fin de que simpatizantes, militantes y ciudadanos puedan aspirar a una candidatura y se sometan a una consulta directa con las bases del partido. Ortega también se ha reunido con el presidente Peña Nieto y le ha hablado de la necesidad de escuchar a la militancia para decidir el rumbo del PRI y elegir al mejor candidato para 2018. Advierte del peligro que la asamblea nacional sea de “maquillaje” si no se toman en cuenta las posiciones de la base, recogidas en las mesas previas. Además, sostiene que en realidad la participación de los 10 mil delegados se reducirá en una cúpula de 600, que verdaderamente toman las decisiones. Señala que la convocatoria está hecha a modo, porque de los 10 mil delegados que se dice van a estar en la asamblea sólo 3 mil tienen condición de participar en las mesas, y de éstos nada más 600 van a tener las condiciones para votar. Al respecto, Zamora confía en que el PRI saldrá bien de este encuentro porque Ochoa Reza se ha reunido con representantes de sectores, organizaciones y delegados a la asamblea para llegar a acuerdos. Asegura que se han ahuyentado los fantasmas de las divisiones y las fracturas que amenazaban hace un par de meses, cuando iniciaron formalmente las reuniones de trabajo previas a la asamblea, gracias a la inclusión de todas las opiniones de los grupos y corrientes de opinión. –Da la impresión de que se puede repetir el escenario de 1988: confrontaciones muy fuertes, un choque de trenes entre tecnócratas y políticos tradicionales. –Como partido más nos vale que no ocurra. Creo que en los dos casos hay gente muy profesional. Aquí debe prevalecer la madurez, la estabilidad que tenemos, y debemos ser muy cuidadosos y respetuosos respecto a la postura de cada quien. Concluye: “Es como las fiestas de los 15 años o las bodas: las grandes preocupaciones de cuidar todos los detalles son antes de la fiesta. Ese trabajo lo estamos haciendo el presidente Ochoa y todos los sectores, es un trabajo de inclusión y de escuchar”.
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AMLO, A LA CABEZA EN LAS ENCUESTAS Jesús Cantú
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un año de la elección presidencial de 2018, las encuestas de preferencia electoral muestran una muy cerrada carrera; y aunque en todas Andrés Manuel López Obrador encabeza, también es cierto que lo hace por pocos puntos, los que están dentro del margen de error, y podría perder ante Margarita Zavala, suponiendo que ella sea la candidata del PAN. En las últimas dos semanas se han difundido al menos tres encuestas de preferencia electoral, las de El Financiero, Reforma y El Economista, ésta elaborada por Consulta Mitofsky. En las tres el orden de los posibles ganadores es el mismo: López Obrador, Zavala y Miguel Ángel Osorio Chong, aunque en las de Reforma y El Economista el secretario de Gobernación está en un lejano tercer lugar, mientras en la de El Financiero le disputa el segundo lugar a la panista. Un promedio de las tres encuestas coloca a AMLO con 31.2% de las preferencias electorales; a Zavala con 27.5% –es decir, 3.7 puntos porcentuales abajo–, y a Osorio Chong con 19.7%, fuera de cualquier posibilidad de competir. Otro dato interesante es que en las tres el priista Osorio Chong disminuye su porcentaje de participación electoral respecto a lo que le otorgaban en julio de 2016; la pérdida promedio en 12 meses es de 1.5 puntos porcentuales. En contrapartida, el tabasqueño aumenta sus preferencias en dos de ellas y disminuye en la de El Financiero, pero en promedio aumenta 1.9 puntos porcentuales; mientras la blanquiazul muestra un comportamiento distinto en cada una: en la de El Economista disminuye 3 puntos, en la de Reforma se mantiene sin cambio y en la de El Financiero crece 2 puntos; su promedio muestra una disminución de 0.3 puntos porcentuales. El único que aumenta su preferencia es López Obrador. Al preguntar por qué partido votarían, El Economista y El Financiero colocan con mayor preferencia electoral al PAN, pero difieren en el segundo lugar, pues el segundo ubica al PRI y el primero a Mo-
rena. Mientras tanto Reforma le otorga más preferencias a Morena, seguido del PAN y muy abajo el tricolor. En este caso en lo que sí hay coincidencia es que en los tres, PRI y PAN disminuyen sus preferencias electorales en el último año, mientras Morena las incrementa y de manera muy significativa, pues en promedio obtenía en junio del año pasado 17.7% y ahora llega a 25.7%. Mientras tanto, el PRD y su más probable candidato, Miguel Ángel Mancera, se mantienen en todos los casos con una preferencia electoral de alrededor de 9%; del resto de los partidos el único que logra conservar el registro, de acuerdo con las encuestas, es el Verde y con un promedio de apenas 3.5%; los otros, según lo que hoy declaran los ciudadanos, lo perderían. Pese a toda la publicidad que le han hecho al Frente Amplio Opositor (PAN y PRD), conforme a la encuesta de El Economista, 39.4% del electorado lo rechaza y apenas 24% se pronuncia a su favor. El escenario es todavía peor cuando se recurre a los simpatizantes de dichos partidos, pues 40% de los panistas y 54.9% de los perredistas se oponen. A un año de la elección el panorama es muy distinto al que se tenía en el mismo momento en las dos anteriores sucesiones presidenciales: en 2005, en mayo, la encuesta de Consulta Mitofsky le asignaba 49% de las preferencias a López Obrador por 30% de Roberto Madrazo y 24.3% de Felipe Calderón; en agosto hubo ligeras variaciones y los porcentajes eran 45.6, 30 y 24.3, respectivamente, pero todavía con un amplio margen para AMLO. En octubre de ese año Reforma le otorgaba 36.5% de las preferencias electorales a AMLO; 30.6% al priista y 27% al panista. Clara ventaja para López Obrador y Calderón relegado al tercer lugar. Mientras tanto, en abril de 2011 una encuesta de Reforma ubicaba a Enrique Peña Nieto con 45% de las preferencias, a López Obrador con 23% y a Josefina Vázquez Mota con 16%. En junio del mismo año la encuesta de Consulta Mitofsky le otorgaba al priista 47% de las preferencias; al tabasqueño, 18%; y a la
blanquiazul, 15%. En este caso la ventaja clara era para el tricolor y nuevamente la panista quedaba en tercer lugar, lo que en esta ocasión se mantuvo hasta el final, salvo algunas encuestas que la quisieron ubicar en varios momentos del proceso en el segundo lugar. Sin embargo, en materia de la opinión que los encuestados tienen de los respectivos candidatos también hay diferencias interesantes, pues ahora todos los candidatos llegan con un saldo de opinión pública negativa; es decir que en todos los casos son más los que tienen una opinión desfavorable que los que la tienen favorable, lo que no sucedía en las dos pasadas contiendas, donde al menos los líderes tenían un saldo positivo. En octubre de 2005 AMLO (según una encuesta de Reforma) tenía un saldo favorable de 33 puntos porcentuales y con 49 que tenía buena opinión; Felipe Calderón, de 12; y Madrazo era el único que tenía un saldo negativo de 5 puntos. En junio de 2011 una encuesta de Consulta Mitofsky le otorgaba a Peña Nieto un saldo favorable de 33 puntos; a Josefina, 2.2; y a López Obrador un saldo desfavorable de 13 puntos porcentuales. Mientras Reforma, en ese mismo mes, le otorgaba saldos favorables a los tres: Peña, 46 puntos; AMLO, 14; y la panista, 11. En esta ocasión, Consulta Mitofsky le otorga a AMLO un saldo desfavorable de 3.7 puntos; a Zavala, de 4; a Osorio Chong, de 20; a Mancera, de 17; y al independiente Jaime Rodríguez, de 7. Y Reforma mantiene las mismas tendencias: AMLO, 5; Zavala, 5; Osorio Chong, 15; Mancera, 9; y Rodríguez, 16. Aun con saldo negativo, López Obrador es el “menos malo”. El panorama todavía es muy incierto pues el único candidato definido es López Obrador. Y a pesar de la presencia mediática, será muy difícil que se concrete la alianza PAN-PRD. Y aunque López Obrador aparece al frente en todas las encuestas, la ventaja todavía se encuentra dentro de los márgenes de error y tiene frente a sí el reto de revertir ese saldo negativo de opinión que hoy tiene.
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uan Óscar Trinidad Palacios, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), debería ser relevado como ombudsman en la entidad. Cada que un asunto relevante llega a sus oficinas, él se encuentra o fuera de viaje u ocupado atendiendo algún asunto de sus padrinos políticos. Desde su imposición en enero del 2014, su papel principal ha sido estar envuelto en críticas por su nulo desempeño y su inoperancia al frente de tan importante cargo que le ha quedado grande. Hoy en Chiapas podemos decir que la CEDH, de la mano de Trinidad Palacios, ha tomado el rol de un aparato omiso ante las violaciones sistémicas a los derechos humanos de los ciudadanos. Ser resultado de una negociación cupular desde el PRI, bajo el cobijo del gobernador Manuel Velasco Coello y el apadrinamiento de Juan José Sabines Guerreo, ha arrojado a un ombudsman que es sólo una figura decorativa. Su pésimo desempeño es tal que, incluso, ha recibido recomendaciones y hasta un procedimiento de responsabilidad previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, ante la Contraloría Interna de la Comisión Estatal, según documentó el columnista Héctor Estrada, de la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la inacción en casos que requieren la intervención de la CEDH. En tres años y medio al frente de la CEDH, Trinidad Palacios ha violentado las leyes a su antojo sin que nada pase y ha convertido a la Comisión en un aparato de membrete inservible a las necesidades de quienes han bus-
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os acuerdos están tomados y los procesos definidos para que la renovación del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas finalmente se lleve a cabo con las fichas cargadas a favor de los intereses del grupo político que hoy impulsa la candidatura de Roberto Albores Gleason, en un procedimiento que francamente apunta a convertirse en una simulación de “cumplimiento y complacencias superficiales”. Con la designación del exgobernador oaxaqueño José Murat Casab, como delegado de Comité Ejecutivo Nacional priista en el proceso interno del PRI Chiapas, y los acercamientos públicos entre Roberto Albores Guillén y Enrique Ochoa Reza, los rumores que aseguran un relevo a modo parecen cobrar credibilidad. Y no es para menos. Las vinculaciones entre los Murat, los Albores y Sabines Guerrero son ya del pleno dominio público. Roberto Albores Guillén fue el principal promotor de la candidatura de Juan Sabines al gobierno de Chiapas por las siglas del PRI, cuando ambos pertenecían a ese partido. Sin embargo, en 2006 la corriente opositora les ganó la partida, designando como candidato a José
CÓDIGO NUCÚ César Trujillo
Trinidad Palacios, ombudsman de papel cado el respaldo y cuyas quejan han sido guardadas en el cajón del olvido. Bien señalan los propios trabajadores de la CEDH que a Trinidad Palacios sólo le importan los 159 mil 513 pesos libres de impuestos y retenciones que se mete a la bosa mes tras mes, sin que cumpla con su trabajo. Aún recuerdo que en enero del 2014, durante la sesión ordinaria del Congreso local que fue presidida por el entonces diputado priista Neftalí Armando del Toro Guzmán, el nuevo funcionario afirmó que con su llegada garantizaba una revisión de las condiciones administrativas y financieras de la CEDH, pese a que él llegó sin cumplir con dos capítulos del artículo 25 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos. Si usted busca, por ejemplo, la experiencia que tiene el ombudsman en materia de derechos humanos, encontrará que ésta simplemente no existe por ningún lado. Su trayectoria se marca como diputado local y federal por el Partido Revolucionario Institucional, dirigente estatal del PRI y presidente del Tribunal del Servicio Burocrático, y la imposición ahora en la CEDH. ¿Por qué, entonces, tener a un político de ese nivel en un organismo
en trabajar por las partes agraviadas ponderando la sensibilidad de las personas que han buscado el apoyo. Bajo esa premisa es urgente que el Poder Legislativo escuche el sentir ciudadano y cambie a este personaje que ha convertido a la CEDH en una institución con sueldos onerosos sin devengar, donde no se emiten recomendaciones y se pondera la protección a sus amigos del PRI y a los políticos que le ordenen cuidar. Urge, en verdad, un defensor que llegue a desburocratizar y mejorar las relaciones de la administración con la población. Pero más urge que se quite a un hombre que se dice institucional y que pondera los intereses del poder por sobre la gente.
Manjar tan importante? Es simple: Trinidad Palacios representa el más alto nivel del servilismo que le ha valido tener cargos en los que ha sido el mismo personaje gris e inoperante que es ahora. Ya basta que se siga usando a la CEDH como caja chica y refugio de políticos. Que alguien les explique a los diputados que la palabra sueca ombudsman significa defensor del pueblo y que imponer a cualquier político en estas áreas no sólo representa una afrenta a los chiapanecos, sino que condena a los ciudadanos a la indefensión abanderada desde las altas esferas del poder. A un estado como Chiapas, en donde se violentan los derechos de los ciudadanos a cada rato, le urge tener a un ombudsman real que investigue los reclamos y que funja como mediador en conciliaciones, que se enfoque
EN LA MIRA Héctor Estrada
Relevo priista en Chiapas, con olor a simulación Antonio Aguilar Bodegas. La derrota en el proceso interno terminó obligando a Juan Sabines Guerrero a renunciar al PRI y postularse por la coalición PRD-PT-Convergencia, además de desencadenar la expulsión del ex gobernador Albores Guillén de las filas priistas por apoyar abiertamente la candidatura de Sabines al gobierno estatal que finalmente ganó. Desde ese entonces las lealtades se fortalecieron entre ambos grupos políticos. En consecuencia, Roberto Albores Gleason (hijo de Albores Guillén) fue integrado al gabinete estatal de Sabines Guerrero en la Secretaría de Fomento Económico, luego a la Secretaría de Turismo de donde saltó para contender por la diputación federal. En 2011 obtuvo a dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional y en 2012 un escaño en
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el Senado de la República. Paradójicamente, todo durante el tiempo en que Sabines Guerrero se mantuvo al frente del gobierno chiapaneco. Y a todo esto ¿qué tiene que ver José Murat con Chiapas, los Albores y Juan Sabines? La respuesta es muy sencilla. El ex gobernador oaxaqueño fue uno de los principales patrocinadores y socios de Juan Sabines durante su ascenso y estancia en el poder. A él se le atribuye parte del financiamiento a la campaña de Sabines Guerrero y otros tantos intercambios de favores. Con empresas como Muraza y Alzurio, presuntamente ligadas a Murat, junto a otras empresas fantasmas del ex gobernador veracruzano Fidel Herrera, se adjudicaron en Chiapas obras públicas por más de mil 800 millones de pesos, tan sólo durante periodo 2009-2011. Sin procesos
El viernes pasado el director del Diario Contrapoder, José Adriano Anaya, presentó una queja en contra del gobernador Manuel Velasco Coello; Humberto Pedrero Moreno, secretario de Hacienda; Jorge Luis Llaven Abarca, secretario de Seguridad Pública; y Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. Ésta se da por las violaciones al derecho humano, a la legalidad y la seguridad jurídica, así como a la violación al derecho a la libertad de tránsito y circulación y violación al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Ojalá se tomen cartas en el asunto. Bien por el doctor Adriano. #Endefensadelosciudadanos // La recomendación de hoy es El cuaderno de José Saramago y el disco What hits!? de Red Hot Chili Peppers. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.
públicos de licitación, ni tardados trámites burocráticos, los millonarios recursos eran entregados en tiempo y forma a estas empresas con domicilios fiscales en el vecino estado de Oaxaca. Todo como pago a proyectos que ni siquiera fueron concluidos conforme se estipuló en los contratos. Los nexos entre José Murat y Juan José Sabines resultaron muy fructíferos para ambos intereses personales. Son hasta la fecha importantes aliados políticos. A eso súmele usted la injerencia del actual dirigente priista, Enrique Ochoa Reza, al “proyecto alborista”. Ochoa Reza, junto a Aurelio Nuño, se han convertido en los más férreos promotores de la candidatura de Albores Gleason al gobierno de Chiapas para el 2018. Por eso no debe extrañar que si los intereses de Sabines Guerrero están sobre Albores Gleason sea justo el ex gobernador oaxaqueño la persona designada por el Comité Ejecutivo Nacional para legitimar el relevo en la dirigencia chiapaneca. Por eso no deberá sorprender que el resultado del proceso termine beneficiando al mismo grupo político que hoy abandera Roberto Albores junior frente a la designación de una candidatura que parece francamente ya inevitable… así las cosas.
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EPISTOLARIO Armando Rojas Arévalo
Está claro por qué se ríen
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LGA: Decía ALVARO OBREGÓN que la cárcel se hizo para los jodidos y la justicia para los ricos. En estos tiempos es tan fácil robar y tan fácil salir, que por eso los malandrines se sonríen con sarcasmo cuando los exhiben ante los medios. ¿De qué se ríe La Barbie? Nos preguntamos con azoro al ver las fotos que se hicieron virales, cuando lo presentaron esposado. ¿De qué se reía JAVIDÚ en la cárcel de Guatemala? ¿De qué se ríe su presunta novia? Sencillo, aunque nos duela: Se ríen de lo ingenuos que somos. DOMINGA XÓCHITL TRESS RODRÍGUEZ, la supuesta amante de JAVIER DUARTE, ya está libre desde el sábado. Un juez le ordenó reponer el “daño”, o sea, devolver lo que se embolsó (de lo que en ningún momento se informó), y pagar una fianza de 40 mil pesos para regresar a su casa. Pecata minuta. Por eso también se ríe BORGE. Igual YARRINGTON, y todos los demás. No pagarán su condena total, porque a la vuelta del tiempo saben que saldrán libres. OBREGÓN parafraseaba seguramente aquella sentencia de don PORFIRIO DÍAZ al explicar cómo se debía aplicar la ley: “Justicia para los enemigos…gracia y justicia para los amigos”. La mano de la justicia es tan laxa, que los morelenses están decepcionados de haber hecho una caminata desde Cuernavaca hasta la ciudad de México, demandando el retiro de GRACO RAMÍREZ como gobernador de esa entidad, para que nadie en la cúpula del poder les hiciera el menor caso. Sí, OSORIO CHONG los recibió, pero sólo para recomendarles –como se ha hecho frente a otros grupos sociales- que hicieran mesas de trabajo para “estudiar” cada problema. Todos sabemos que eso es dar tiempo al tiempo. Los habitantes de Morelos vieron cómo las esperanzas de la alternancia se vinieron abajo
y se convirtieron en víctimas de la impunidad y corrupción de un gobierno que está dejando sin paz a sus miles de habitantes, asegura la Arquidiócesis de México. El semanario católico “Desde la Fe” dice en su editorial de hoy: “Morelos vio cómo las esperanzas de la alternancia se vinieron abajo como castillo de naipes o fortaleza construida en el aire; poco a poco, por las oquedades del régimen perredista, se minó la franca corrupción, que pone en tela de juicio los supuestos logros ante la realidad de una sociedad apabullada por la propaganda oficial sobre la reducción de la delincuencia; sin embargo, la realidad es otra”.
GRACO también ríe.
OTRO QUE SONRÍE frente a lo que se le dice desde hace varios años, es MIGUEL ÁNGEL MANCERA, jefe del gobierno de la Ciudad de México. Uno se pregunta si es o se hace, porque ante su afirmación –desde que era Procurador del D.F.- de que en la capital no hay no operan carteles delincuenciales, los hechos demuestran lo contrario. Hasta los reportes del Congreso de EU indican que en el D.F. operan no uno, sino siete grupos del crimen organizado El Congreso de Estados Unidos presentó el 7 de enero de 2011, el informe “Las organizaciones del tráfico de drogas en México: origen y ámbito del crecimiento de la violencia”, elaborado por su propio Servicio de Investigación (CRS, por sus siglas en inglés). De acuerdo con el gobierno estadounidense, durante dos de los años de mayor violencia en México y en los que MANCERA fue procurador, el amasijo de grandes bandas
se desplazó hacia el suroriente cubriendo la capital. Algunos días antes de la presentación del informe de 2011 y cuando el entonces procurador capitalino MANCERA ya se perfilaba a la candidatura de la Jefatura de Gobierno, las autoridades federales incautaron, en un solo operativo, 83 kilos de marihuana del Reclusorio Sur, responsabilidad de la administración capitalina. También se tenía entre los hechos relevantes la detención de un líder religioso abocado al culto de la Santa Muerte y miembro de una extensa banda de secuestradores que simulaban membrecía con Los Zetas. El mismo 7 de enero de ese año, ante el hallazgo de cadáveres de personas maniatadas, torturadas y asesinadas, el procurador MANCERA también evadía el tema: “El dato que tenemos es que cuando menos las gentes que han ejecutado y quienes han ejecutado materialmente provienen de otros estados”. Las rivalidades de las organizaciones criminales derramaron más sangre en el Distrito Federal que en Zacatecas con 65 casos; San Luis Potosí, 62; Sonora, 35, y Veracruz, 12. En septiembre de 2011, el diario Excélsior publicó una revelación de JOEL ORTEGA, ex secretario de Seguridad Pública del D.F., en el sentido de que el cártel de los Beltrán Leyva, la Familia Michoacana, los Zetas y La Mano con Ojos son grupos criminales que operan en la ciudad de México. Estos grupos, dijo, cobran extorsiones y surten los puntos de narcomenudeo en la ciudad. Por ejemplo, el cártel de los Beltrán Leyva opera en Iztapalapa, Chalco y Ciudad Nezahual-
cóyotl; en el poniente de la ciudad, Tlalnepantla y Naucalpan, la Familia Michoacana; en el noreste, Ecatepec y Texcoco, los Beltrán Leyva y los Zetas. En Xochimilco, La Mano con Ojos tiene presencia, mientras que el centro del DF es una zona neutral para los cárteles, según ORTEGA CUÉVAS. Por otra parte, un reporte de 2011 de la Policía Federal señala que son siete las organizaciones vinculadas con el narcotráfico las que están operando en el DF: la Familia Michoacana, el Cártel de Sinaloa, los Zetas, el Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo y el Cártel del Pacífico Sur. MANCERA, quien ante los hechos de Tláhuac continuaba negando la existencia de carteles, aprovechó el viaje para sumarse al linchamiento contra LÓPEZ OBRADOR, para el beneplácito del Presidente, y al propio tiempo para limpiar el terreno con miras al 2018 en que quiere ser candidato presidencial “ciudadano” con el aval del PRD. MANCERA va a echar a RIGOBERTO SALGADO, el delegado que LÓPEZ OBRADOR ha defendido, para una jugada de dos bandas: aparentar ser el justiciero que no permitirá bandas delictivas, y segundo, írsele a la yugular a AMLO. EN TANTO, OSORIO CHONG estuvo en la comida de ex gobernadores en la sede nacional del PRI, el viernes pasado. Mucho colmillo torcido se dio cita. “Hay mucha gente que quisiera que los muertos no pudieran venir, pero no estamos muertos”, dijo el tlaxcalteca TULIO HERNÁNDEZ, quien cuenta ya 79 años; entrándole a las bromas FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, dijo: “Aquí hasta el más tullido es alambrista”. Los tiranosaurios advirtieron a la dirigencia nacional del PRI de riesgos para su partido: perder la Presidencia de la República y/o provocar una fractura al postular como candidato a un personaje externo o no militante. Así las cosas, por el momento me despido.
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HOJAS LIBRES Impacto/Diario Contrapoder Roberto Domínguez Cortés
• Espionaje telefónico, delito grave: Porfirio Muñoz Ledo • Dos grandes equivocaciones del hoy comisionado para la Reforma Política de la Ciudad de México
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omo personaje de la política y la academia, la semana pasada Porfirio Muñoz Ledo estuvo como invitado en el programa que dirige la periodista Carmen Aristegui. El tema, el espionaje telefónico en México y la procedencia de juicio político al Presidente de la República. En su disertación, el ex secretario del Trabajo y ex secretario de Educación Pública, aseguró que el único con capacidad para espiar a disidentes, críticos y defensores de derechos humanos es el gobierno federal. El argumento es de todos conocido: el programa Pegassus solamente se vende a gobiernos como parte de la política de la empresa israelí NSO Group. En lo que se equivocó el también ex presidente del PRI nacional es en la sanción prevista y la forma de aplicarla a quienes espían. Según el además ex presidente del PRD nacional, el artículo 177 del Código Penal Federal dispone una sanción de seis a doce años de prisión a cualquiera que intervenga una comunicación privada sin mandato de la autoridad judicial federal. Muñoz Ledo aseguró a la señora Aristegui que esa sanción, entre el mínimo y el máximo, da un promedio de nueve años, lo que hace, automáticamente, al delito de espionaje, una falta grave a la ley penal. Su aserto lo sustentó en que cualquier delito cuyo promedio pasa de cinco años de prisión es considerado como grave. Pero fue todavía más allá cuando en una deformada interpretación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Muñoz Ledo afirmó que con base en los artículos 108, 110 y 111 es posible instaurar juicio político en contra del Presidente de la República por el delito de espionaje telefónico. Las dos afirmaciones del ex embajador panista de México ante la Unión Europea carecen de todo sustento político y jurídico. La fórmula matemática del promedio de los cinco años de prisión es una figura arcaica y en desuso, superada a partir de 1993 con la reforma hecha al Artículo 20 de la Carta Magna.
Desde el texto original de la Constitución de 1917, ese dispositivo Constitucional disponía: “Inmediatamente que lo solicite (el acusado) será puesto en libertad provisional bajo caución (…) siempre que dicho delito (…) merezca ser sancionado con pena cuyo término medio aritmético no sea mayor de cinco años de prisión (…)”. De manera ambigua y difusa se incluyó por primera vez la denominación de delitos graves, pero sin precisarlos. Simplemente se mencionaba que el juzgador podía conceder a una persona el beneficio de la libertad provisional siempre que se tratara de delitos no graves. En el año de 1998 hubo una reforma constitucional y penal en la que por primera vez se enumeraban los delitos graves. En el Artículo 19 de la Constitución mexicana, de manera limitativa se incluyeron como delitos graves los de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como los que sean contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Con mayor precisión el Código Federal de Procedimientos Penales, en su artículo 194, detalló más de 60 delitos considerados como graves, con lo que quedaba superada la imprecisión original de determinar la gravedad de la infracción, con base en una media aritmética de cinco años, a la cual Porfirio Muñoz Ledo indebidamente toma como sustento para poder iniciar juicio político al Presidente de la República. Finalmente, la media aritmética quedó en definitiva sepultada, cuando el 4 de marzo de 2014, se expidió el Código Nacional de
Procedimientos Penales y en cuyo artículo 167 quedaron definidos 11 delitos considerados como graves en el Código Penal Federal. Según Muñoz Ledo esa media aritmética de cinco años es suficiente para iniciarle juicio político al Presidente de la República, por el delito de espionaje telefónico. Tampoco tiene sustento semejante afirmación. La Carta Magna no tiene previsto el juicio político para el Primer Mandatario de la Nación. El precepto establecido en el Artículo 108 Constitucional es absolutamente claro: “El Presidente de la República durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”. Esa disposición significa que mientras esté en el cargo, el Presidente goza de fuero-inmunidad respecto de cualquier delito oficial. En el momento de la redacción de esta responsabilidad atribuida al Presidente de la República, no había precisión en cuanto a qué se entendía por delitos graves del orden común. Esta omisión en la ley hacía que quedara a criterio del Congreso de la Unión qué se entendía por delitos graves. Y como nunca ha sucedido que en México se inicie declaración de procedencia para acusar penalmente a un Presidente de la República, jamás hubo criterio definido para saber qué se entendía y cómo se determinaban los delitos graves. Sin embargo, ahora que con toda precisión el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Nacional de Procedimientos Penales hacen explícita la clasificación de los delitos graves, ya no hay lugar a dejar a criterio de las Cámaras federales de qué se entiende por
los mismos. Lo malo es que Muñoz Ledo otorga la calidad de grave a la intercepción telefónica cuando que no lo es, y además, motivo para iniciar juicio político al Presidente de la República, en términos del Artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior tampoco tiene sustento. El Artículo 111 Constitucional previene la declaración de procedencia en contra de todos los funcionarios federales y estatales, y no por lo que toca al Presidente de la República, quien sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos previstos del Artículo 110. Si bien el Artículo 110 regula el juicio político para todos los funcionarios de la Federación y de los estados, de esta figura constitucional se excluye al Presidente de la República y no como erróneamente se pretende hacerlo sujeto de juicio político. Para entender lo anterior hay que hacer la diferenciación entre el procedimiento penal instaurado en contra de los secretarios de Estado, diputados federales y senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Presidente de la República. A todos los altos servidores públicos de la Federación, basta con que la Cámara de Diputados, por mayoría absoluta, determine su responsabilidad penal para que queden separados del cargo y a disposición de la autoridad competente. Por su alta investidura el caso del Presidente de la República es diferente y obliga a la intervención del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados por la mitad más uno de sus miembros presentes, al declarar que el Presidente es responsable penalmente procede acusarlo ante la Cámara de Senadores. Esta asume funciones judiciales, y por resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, aplica la sanción correspondiente. Así, el redactor de la Constitución de la Ciudad de México se equivocó. Ya no priva la media aritmética, la intercepción telefónica no es delito grave y la Constitución no considera el juicio político para el Presidente de la República. Ampliaremos…
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SIGNOS Salvador Ruiz
Incoherencias
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hiapas vive momentos muy difíciles, tal vez graves por las incongruencias en que incurren su clase gobernante y política, en la cumbre de la omnipotencia desde hace casi cinco años.
Y todavía les falta 16 meses.
Todos están en la rebatinga de haber quién se lleva más a la bolsa, de los dineros de todo un pueblo escandalizado y atado por las leyes que protegen todo tipo de pillerías oficiales, sin poder hacer nada para frenar la voracidad de quienes fueron elegidos para transformar a Chiapas, según sus compromisos firmados ante notarios públicos, y convertirlo en toda una potencia, en la que ya no habría hambre y mucho menos pobreza.
Ni lo uno ni lo otro. Las cosas están peor que nunca.
Y viera usted, que los que manejan presupuestos federales y estatales para la obra pública, continúan el ritual de la exigencia de los “moches”, que descaradamente llegan hasta el 20 por ciento de la obra asignada, con el argumento de que este recurso irá “íntegro para el patrón”. No hay dependencia que se salve del señalamiento. Sea la de Infraestructura e Inifech, por citar las más importantes, cuyos titulares continúan compitiendo con la tradición de exigir un porcentaje del monto total, sea de una escuela, un puente, una carretera, en fin, todo lo que sea obra pública. En verdad que es cínica la conducta delictiva de los poderosos funcionarios que tienen en su puño a los constructores del estado, los menos favorecidos por la administración estatal, pues han traído a sus amigos de otros estados para comerle el mandado a los locales, que han optado por conformarse con las migajas que se les ofrecen de manera por demás desventajosa. Y eso sin contar a las empresas propias con las que se autoasignan lo mejor del pastel.
Y qué de un “doctor” muy, pero muy cercano al que manda, que desde que empezó el sexenio cobra sin trabajar, para dedicarse de lleno a los negocios que realiza con sus tres constructoras que están a nombre de sus hijos, en la edificación, entre otras, de la presa Chicoasén II, por recomendación del “patrón”, con el titular de la Comisión Federal de Electricidad. Para dar una idea del volumen de capital que maneja en este negocio, me cuentan que compro con dinero en efectivo 100 camiones nuevos de volteo. Fuentes de Palacio nos aseguran que este funcionario que no tiene un pelo de tonto, antes de dedicarse de lleno en los últimos meses a la actividad de la mega construcción en terreno federal, tenía ingresos mensuales por 10 millones de pesos, gracias a la presión y exigencia a sus colegas del gabinete, para que le asignaran obras del gobierno estatal, que se combinaban con los cuantiosos cobros a la hacienda estatal, por el pago de la renta de “espectaculares” en todo el estado, la mayoría de los cuales se ubican en terrenos federales a orilla de carreteras. Para evitar suspicacias, canceló en Tapachula la edición de su periódico, el cual imprimía solo para facturar al gobierno estatal y a buen número de municipios, donde amenazaba a sus alcaldes de que si no le entraban con su cuerno, corrían el riesgo de ser objeto de investigación por la cámara de diputados, por sus malos manejos financieros. Ese fue el negocio que le abrió las puertas con el que manda, cuando éste era senador y le
publicaba planas enteras en su pasquín que nadie leía y que por lo mismo regalaba su edición de 200 ejemplares diarios, cuando mucho. Las incoherencias de una administración, en donde su titular, vuelto a la idea de creer que puede ser candidato a la Presidencia de la República, canaliza cuantiosos recursos presupuestales para intensificar en la ciudad de México, una campaña mediática que le permita decir aquí estoy, a quien decidirá la sucesión. Qué manera de calentura sin límites y lo peor, convencido de que la va a hacer, apoyado en el dinero fácil de las arcas que pertenecen a un pueblo desnutrido que no tiene siquiera para comer. Carretadas de recursos económicos para llevar a cabo convenios publicitarios de gran cuantía con los dueños de las televisoras y periódicos más importantes de la capital del país, mientras aquí se convierte en candil de la calle al no pagar los compromisos publicitarios con los medios locales, como en las últimas semanas, la subdirectora de la agencia de noticias Quadratin y corresponsal del periódico El Universal, María de Jesús Peters, se plantó en huelga de hambre indefinida, con todo y mantas alusivas, para bloquear el acceso a Palacio de gobierno en su exigencia de pago de 170 mil pesos por servicios de difusión contratados y prestados con antelación. No sería la primera vez que los representantes de esta empresa informativa se inconformaran públicamente contra la autoridad estatal, por omisa e indiferente al menospreciar el justo requeri-
miento de pago, que también ha llevado al director estatal Juan de Dios García Davish, a llevar a cabo meses antes una protesta similar, hasta que por cansancio, ante el deterioro de la imagen del que manda, se ordenó el cumplimiento del convenio. Las deudas son cada vez más millonarias con los medios locales y del estado, que acostumbrados a vivir a la sombra del presupuesto y de los favores recíprocos con el omnímodo que despacha desde El Mirador, aguantan, sin que hasta ahora sean objeto de la mínima atención. Humberto Pedrero Moreno, el secretario de Hacienda estatal, no da la cara a nadie para responder por los justos reclamos de los proveedores de servicios al gobierno de Manuel Velasco Coello. Como si se tratara de un disco rayado, dicen que no hay dinero para pagar. Lo grave, insisto, es que están viendo la tempestad y no se hincan, porque la soberbia del poder es mucho mayor, para entender que en medio de esa paranoia esgrimen los recortes de presupuesto federal para haber despedido a miles de trabajadores burócratas con demasiados años de antigüedad, en un estado donde no existen industrias o corporaciones como en otros, que den empleo a los cesados. A la calle sin misericordia en nombre de una austeridad que nunca ha existido y menos ahora, en los tiempos en que la obsesión por seguir en la mamadera oficial persiste, mientras se anuncia que en octubre habrá un nuevo despido masivo de otros miles, para “adelgazar” la burocracia. Dispendios escandalosos entre quienes son dueños temporales de la riqueza del pueblo, mientras a este se le castiga en nombre de todo lo que ya no se cree. La situación es desesperante para quienes hoy no tienen para llevar el sustento al hogar, en tanto un minoría dispone a manos llenas lo que a millones les hace falta, no olvidando que el poder no es eterno y por eso hay que llevarse hasta los molcajetes de la cocina. Si no que se demuestre lo contrario
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LA LEGALIDAD NO SE RESPETA EN EL PRI Dr. José Adriano Anaya
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esulta obvio que Roberto Albores Gleason tiene el apoyo del PRI nacional y del grupo del ITAM que rodea a Videgaray, que buscan imponer candidaturas en la presidencia de la república y en las gubernaturas en las entidades en que habrá elecciones en el 2018. Pero este decisivo apoyo está siendo desperdiciado por Albores, a punto tal que sus malas decisiones lo vienen autodestruyendo y lo que tenía asegurado empieza a esfumarse. Primero no ha entendido –que aunque sea un discurso disimulado-, el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, viene siendo enfático con un mensaje que convoca a la legalidad y a la transparencia. En congruencia a este discurso, Albores Gleason debió de haber sido el portavoz en Chiapas y debió de haber regularizado su situación en el la dirigencia del PRI estatal con su renuncia, en virtud de que su gestión terminó en el 2015 y por el proceso electoral se prolongó unos meses, pero que se convirtió en una dirigencia espuria a partir de febrero de este año… Con su salida de la dirigencia estatal del PRI, el Comité Nacional hubiera nombrado un presidente sustituto, de acuerdo a los intereses de Albores, e inclusive, a sugerencia suya se pudo nombrar a su tío, a su primo o a su papá, en una acción simulada de respeto a la legalidad, pero se decidió por mantener el control férreo personal del partido y sus recursos, y con ello evidenciar prácticas favorables a la ilegalidad, lo que lo hizo vulnerable. En concordancia con los apoyos nacionales que tiene el senador Albores, el gobernador del Estado fue presionado desde la secretaría de gobernación para que le brindara el apoyo en la organización de un evento multitudinario, con el propósito de rendir su informe de gestión, que iba a ser claramente su destape para la gubernatura. Este evento resultó contraproducente no sólo por el acarreo vergonzante de los beneficiarios del programa prospera sino por el exceso de brutalidad en que se incurrió en la agresión de dos periodistas que desde el Estadio Víctor Manuel Reyna, narraban
en vivo los comentarios de las mujeres acarreadas, video que se hizo viral alcanzando más de un millón de reproducciones. El desprestigio de este evento afectó al PRI y al senador Albores, pero aún así se mantuvo en el ánimo del grupo de poder que lo siguió apoyando. Junto al descalabro de este evento, se publicó una carta de priistas inconformes que denunciaban la ilegalidad del senador Albores en la dirigencia del PRI, carta que mellaba la credibilidad del discurso del presidente de ese partido y que hace indefendible la continuidad de Albores Gleason como presidente del PRI en Chiapas. No obstante esa situación, Ochoa Reza lo mantuvo seis meses como dirigente en la ilegalidad, aún a riesgos de quedar como incongruente por las claras violaciones a los estatutos de ese partido, lo que originó un comunicado del Partido Verde en la que condicionaba una alianza con el PRI, a una candidatura del Verde, pues el crecimiento de este partido en la entidad le asegura ganar la gubernatura yendo solo. Ese desplegado anunciaba con claridad, la dificultad de una alianza PRI-Verde en Chiapas si el candidato resultaba el senador Roberto Albores. La postura del Partido Verde es un veto a Albores, lo que obligaba a cambiar de estrategia, pues realmente estaba siendo bombardeado al interior del PRI y al interior de sus potenciales aliados, que no actúan solos sino con el aval del gobernador, lo que implica un velado distanciamiento con el gobierno. Esta situación condujo al acuerdo de un cambio de la diri-
gencia estatal del PRI y para ello se emitió una convocatoria para una sesión de la Comisión Permanente del Consejo Político, que contiene cuatro puntos centrales: 1) decidir el método para elegir presidente y secretario del PRI en Chiapas; 2) Definir los gastos de campaña para la elección interna del presidente y secretario; 3) Acuerdo para la renovación del consejo político; y, 4) Creación de nuevas secretarías para dar cumplimiento a un mandato estatutario. Solo que esta convocatoria en esencia es ilegal, porque la firma Roberto Albores Gleason, quien estatutariamente dejó de ser presidente de ese partido y que su estancia en la dirigencia estatal es ilegal, lo que origina que todas las decisiones que tome como presidente son nulas en derecho y que pueden ser recurridas por cualquier persona en los tribunales electorales. El Comité Nacional del PRI dejó en las manos de Albores la renovación de la dirigencia estatal, pero sorpresivamente el camino que se eligió fue el de la ilegalidad, en virtud de que el período para el que fue electo ya feneció y su salida de la dirigencia es obligada estatutariamente. El camino correcto era la designación de un presidente provisional por parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien en un lapso de 60 días debía de convocar a la elección del presidente y secretario del Comité Estatal. En este momento se percibe un PRI estatal entrampado jurídicamente, en virtud de que la reunión que se realizará el día de hoy en un hotel de la ciudad es ilegal y en sentido estricto todas las decisiones que se tomen serán
ilegales y nulas. Lo grave de la situación jurídica del PRI en el Estado, es que todos los órganos directivos del partido –consejos municipales y consejo político estatal-, son de facto ilegales, pues el período para el que fueron electos los consejeros ya concluyó, al igual que el de la presidencia, situación que pone en riesgo a que todas las candidaturas que se elijan bajo ese mecanismo para la gubernatura, presidencias municipales y diputaciones locales sean desconocidas por los tribunales electorales. Lo extremo es que el INE ya declaró la inexistencia de los órganos electorales del PRI en el Estado, situación que hace ilegal la convocatoria a la Comisión permanente y cualquier decisión que ésta resuelva. Bajo estas circunstancias se perciben tres graves problemas que dificultan toda posibilidad de un triunfo electoral del PRI en las elecciones del año del 2018. Estos se resumen en la ausencia de legalidad que se vive al interior del partido, en donde toda la estructura partidaria se encuentra constituida con base a la ilegalidad, misma que es fácilmente impugnable en las los tribunales electorales; en la dificultad real que existe de construir un proyecto político electoral de unidad, al encontrarse la dirección estatal secuestrada por la ilegalidad y que fomenta la exclusión partidaria; y, a los problemas derivados por la representación, en el que a distintas expresiones políticas de ese partido se les ha dejado sin voz y sin votos para definir el rumbo de ese instituto político. Así como están las cosas, la derrota del PRI en el 2018 están anunciadas con anticipación, sin importar quien sea el candidato a la gubernatura, debido a que cualquiera puede recurrir a los tribunales para que sean declaradas ilegales todas las candidaturas de ese partido a los puestos de elección popular. Pero también porque difícilmente se podrá construir en los próximos meses una candidatura de unidad, en el que resulta más fácil una ruptura, que puede llevar al abandono de ese partido a muchos de sus militantes, lo que podría llevar a construir una candidatura en otros partidos.
CMAN
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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Lunes 7 de Agosto 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 4 | No. 1154 PROPUESTA
Fiscalizarán pago a maestros del Subsistema de Educación Estatal
ACUSACIÓN
El gobierno de Manuel Velasco tiende a despojar a Lacandones de sus tierras, denuncian
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CRÍTICA
Cuernavaca es “la ciudad de la eterna balacera”: Arquidiócesis
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SOLICITUD
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PETICIÓN
Delfina Gómez llama a impedir “imposición” de Alfredo del Mazo el martes 8
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MOCRI EZ pide mesa de diálogo para solucionar conflicto entre organizaciones
Andrés Jiménez Pablo dirigente estatal del Movimiento Campesino Regional Independiente Emiliano Zapata (MOCRI EZ) pidió al gobierno del estado una mesa de diálogo para concluir las hostilidades entre el MOCRI y la CIOAC.
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Chiapas: “Mactumactzá ha resurgido de sus cenizas y seguirá con paso firme”, normalistas de Mactumactzá