Contra 1242

CMAN

DOXA

EDITORIAL

El gobierno sin rumbo ni resultados

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El gobierno del Estado padece una peligrosa parálisis en la toma de decisiones, en la que bien a bien se desconoce quién es el que manda, pero se rumora que es Roberto Rubio el que viene tomando decisiones cada vez más desacertadas.

Se cumplen cinco años de un gobierno sin resultados.

Por eso no hay nada que celebrar, más que un deseo.

Que termine pronto este desastre social y que nunca más, un gobernador en Chiapas que no controle sus esfínteres.

DIARIO

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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

EN CHIAPAS

Jueves 7 de Diciembre de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 5 | No. 1242

DECLARACIÓN

PROBLEMÁTICA

Desmienten a gobierno de Chiapas...

No hay retorno de desplazados

“La situacion es muy grave, hay una crisis humanitaria por el desplazamiento de miles de personas y hasta el momento no hemos encontrado elementos para confirmar lo que se ha publicado relativo al retorno de desplazados y nosotros sí podemos señalar que existe un riesgo de vulnerabilidad porque niños y niñas siguen viviendo a la intemperie

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INFORME

ONG alertan sobre más violencia por Ley de Seguridad Interior

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Nuño quedó corto en transformación educativa y emergencia por sismos: Mexicanos Primero

HOY ESCRIBEN THE CONTRAPODER BREAKING NEWS Dr. Valdemar Rojas

LA CONTRAVIDA

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Fabrizio Mejía Madrid

EN LA MIRA

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Héctor Estrada

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AMLO TAMBIÉN APOYA LA SOLUCIÓN MILITARIZADA

ADVERTENCIA

Habitantes de Chenalhó amagan con “medidas drásticas” contra residentes de Chalchihuitán

Retienen a funcionarios por conflicto agrario en Chiapas

Jorge Carrasco Araizaga

LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, VIEJOS ANHELOS DEL PRI

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Arturo Rodríguez

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¿LEY DE SEGURIDAD INTERIOR? José Gil Olmos

ESPAÑA EN LA INCERTIDUMBRE PAG. 4

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Olga Pellicer

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Jueves 7 de Diciembre de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER

EN CHIAPAS

EDITORIAL El gobierno sin rumbo ni resultados

E

l gobierno del Estado padece una peligrosa parálisis en la toma de decisiones, en la que bien a bien se desconoce quién es el que manda, pero se rumora que es Roberto Rubio el que viene tomando decisiones cada vez más desacertadas, que han convertido la gobernanza de la entidad en un polvorín, en donde se percibe una descomposición social de alto riesgo hacia el proceso electoral en el 2018.

La crisis que hay en este momento en Chiapas se debe fundamentalmente a la falta de oficio que hay en el palacio de gobierno. En el que se combina la indiferencia, la ignorancia y la irresponsabilidad, con la corrupción y la impunidad, situación que ha generado un gobierno sin rumbo y sin resultados, en el que la pérdida de legitimidad ha sido creciente y en donde el desempeño del gobernador ha sido evaluado con la calificación más baja de los gobernantes del país.

En Chiapas hay una ausencia de programas de gobierno; una ineficacia en la atención de las demandas de la población; un gabinete que se caracteriza por sus niveles de incompetencia y con una ausencia de compromiso social en la mejora de la vida pública, que la pobreza de

la población en la entidad creció en estos cinco años de gobierno.

Es un comentario frecuente, que el gobernado de la entidad pasa más días de la semana fuera de la entidad, lo que genera que no se atienda la actividad política las 24 horas del día. Hoy mismo, en plena crisis de su gobierno en el que destaca el conflicto de Chenalhó y Chalchihuitán, el gobernante está más interesado en su futuro político y se encuentra en la Ciudad de México, tratando de congraciarse con el candidato del PRI a la presidencia, en lugar de estar atendiendo los graves problemas de gobernabilidad que hay en el Estado.

Pero también se tienen evidencias, que el secretario de gobierno carece de influencia política alguna y que prácticamente es una estatua, porque le resulta imposible convocar y coordinar una reunión de gabinete para poner orden en la casa. De allí la incertidumbre de que no se tenga claro sobre quién es el que manda realmente en el gobierno.

Lo grave a esta situación, es que el gobernador se rodeó de gente joven e inexperta y con una ansias por enriquecerse rápidamente, en la que en muy poco tiempo de gobierno se mostró la inoperancia de todos ellos y el gobernante terminó quedándose sin amigos y sin cola-

boradores, pero en la que tampoco realizó cambios y ajustes necesarios porque entró en una crisis de confianza.

Pero lo mismo puede decirse de funcionarios con supuesta experiencia, como Juan Carlos Gómez Aranda, que mucho daño le está haciendo a Chiapas por su indolencia y pasividad en el manejo de la política interna y la seguridad del Estado, quien por vergüenza y decoro, debiera de presentar su renuncia por iniciativa propia y no continuar con el papel de maestro de ceremonias en la toma de protesta de los funcionarios, como si fuera el bufón de pueblo, percibiendo con claridad que todo a su alrededor se descompone sin que nadie tome decisión alguna para enderezar un barco perdido en la inacción.

Al finalizar el quinto año de gobierno, se dejan traslucir simbolismos políticos que pueden resultar de altos costos sociales, como el desánimo que hay para gobernar, en donde la actividad del gobierno se volvió irrelevante para el gobernador. La tradición de la política a la mexicana indica que lo que parece es; y en Chiapas parece que el gobernante ya no quiere continuar en el cargo y que le incomodan las noticias de los problemas que a diario

se multiplican por todo el territorio.

Eso genera que exista una situación de caos en varios puntos de la geografía chiapaneca, en la que nadie en el gobierno muestra un interés por evitar que el barco se hunda.

En Chiapas los políticos y funcionarios de los tres niveles de gobierno no lograron entender que el propósito de la actividad política es la de responder a la creación de una sociedad en las que se reproduzcan la libertad, la convivencia democrática, los derechos humanos, el respeto a la diferencia, los anhelos por la paz, el respeto al medio ambiente y una lucha permanente por la construcción de mejores estándares de vida para la población.

Y como no entienden este espíritu de la política, estos aprendices de políticos prefirieron manejarse en la ilegalidad, en el cinismo, en la opacidad, en la corrupción y en la impunidad y creen que esto es para siempre, por eso miran el 2018 como la continuidad de las fechorías y no perciben que la sucesión es un riesgo, en el que se les puede llegar a pedir cuentas y donde muchos de ellos pueden terminar siendo procesados porque los niveles de corrupción son inocultables, en el que en cinco años de gobierno muchos de los funcionarios amasaron una fortuna incalculable.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Jueves 7 de Diciembre de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Desmienten a gobierno de Chiapas...

No hay retorno de desplazados Eleazar Domínguez Torres Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

A

nte lo complejidad para resolver un problema social que se dejó crecer por parte del gobierno del estado de Chiapas en la zona norte del estado y que ha obligado al éxodo forzado de miles de familias, hoy más que nunca urge la intervención del Comisionado Nacional para el Diálogo de las comunidades indígenas dependiente de la Secretaría de Gobernación que preside; Jaime Martínez Veloz y la Comisión de Concordia y Pacificación, sentenció Diego Cadenas Gordillo, Director del Centro de Derechos Humanos ku’untik.

En entrevista para esta casa editorial, Diego Cadenas Gordillo desmintió al gobierno de Chiapas sobre el retorno de los desplazados.

“La situacion es muy grave, hay una crisis humanitaria por el desplazamiento de miles de personas y hasta el momento no hemos encontrado elementos para confirmar lo que se ha publicado relativo al retorno de desplazados y nosotros sí podemos señalar que existe un riesgo de vulnerabilidad porque niños y niñas siguen viviendo a la intemperie.

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

Al menos 50 personas damnificadas por el sismo del 7 de septiembre en diferentes municipios de la entidad se reunieron este miércoles en la capital chiapaneca para acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) con el fin de solicitar que se haga un llamado a las autoridades estatales y federales, toda vez que no han sido apoyadas con los recursos para la reconstrucción.

Carlota Aracely Moreno Solís, acudió con la esperanza de ser escuchada, ya que desde el día siguiente del fenómeno que impactó al sur del país ha tenido que vivir fuera de su hogar, el cual fue declarado con daños totales y foliado con el número 002836 por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sin embargo, no ha recibido ni un peso.

Dijo que en la comunidad Jesús María Garza, municipio de Villaflores, de donde es originaria, hay muchas familias en las mismas condiciones, por lo que es necesario –dijo- que las autoridades cumplan con el apoyo que se requiere para poder reconstruir las viviendas.

“En la Sedatu nos han dicho que

“La situacion es muy grave, hay una crisis humanitaria por el desplazamiento de miles de personas y hasta el momento no hemos encontrado elementos para confirmar lo que se ha publicado relativo al retorno de desplazados y nosotros sí podemos señalar que existe un riesgo de vulnerabilidad porque niños y niñas siguen viviendo a la intemperie

Es falso, desmiento esa información, nosotros hemos constatado que la situacion sigue igual, ciertamente han habido despensas, muchas de ellas son insuficientes porque no hay la cantidad

suficiente de despensas para toda la población, ni tampoco de alimentos.

Y lo que más nos preocupa que próximamente el tribunal agrario dictaminará la resolución de un

problema agrario y es ahí donde el gobierno le apuesta que se resolverá el conflicto cuando esto lo complicará más y puede ser una situacion que genere más crisis”, finalizó.

Damnificados por el sismo denuncian abandono del gobierno federal y estatal ya no hay recursos; somos muchas personas que nos quedamos sin casa y aunque hemos hecho los trámites correspondientes nos están haciendo a un lado, por eso venimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que de alguna forma nos apoyen y no nos dejen solos”, dijo.

Más adelante, mencionó que el presidente municipal y otras autoridades estatales se han acercado en varias ocasiones, sin embargo, no han mostrado algún tipo de ayuda que beneficie en la reconstrucción de las viviendas colapsadas o dañadas por el sismo de 8.2 grados.

Es importante recordar que el próximo 15 de diciembre concluye la entrega de tarjas Bansefi (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros), por lo que los afectados urgieron al gobierno federal y estatal para no dejarlos en el olvido.

Marco Antonio Vázquez Ruíz, otro de los afectados pero de la capital del estado, mencionó que su vivienda sufrió daños parciales, pe-

ro debido a que el impacto fue en el techo, es imposible que junto con su familia regresen a casa.

Destacó que en su colonia, fue el único que no recibió el apoyo de las autoridades correspondientes, pese a que su casa fue foliada dos veces por la Sedatu con los números

20709050077 y 101074002526.

Ante ello, pidió a la CEDH para que se haga un llamado al gobierno federal y estatal, ya que a tres meses del sismo, “no es posible que no podamos contar con nuestra vivienda a pesar de que es un derecho humano”.

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Jueves 7 de Diciembre de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Santiago Nieto, extitular de la FEPADE, se integra a comité asesor electoral de Chiapas Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

E

l extitular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, se integró en esta entidad al Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (Cotaprep) del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

El IEPC dio a conocer en un comunicado que el objetivo del Comité Técnico Asesor es analizar estudios y propuestas en el desarrollo y optimización del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), de cara al proceso electoral 2017-2018 en la entidad, cuando se elija a gobernador, 125 alcaldes y 40 diputados locales.

En la reunión, donde participaron expertos en sistemas informáticos, procesos electorales, estadísticas y ciencias políticas, Nieto Castillo mencionó que el Cotaprep tiene como finalidad ser una instancia de revisión de los trabajos de auditoría y seguimiento, respecto de la labor que se desarrolle entre la Secretaria Técnica y la empresa que, en su caso, sea convocada para desarrollar las actividades.

El objetivo, abundó, es diseñar un mecanismo de mayor garantía al proceso electoral de Chiapas para

Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

Autoridades y residentes de Chenalhó acordaron que, de no ser favorecidos por la resolución del Tribunal Unitario Agrario, tomarán “medidas drásticas” en contra de sus vecinos del municipio de Chalchihuitán, con el fin de recuperar las tierras que, aseguraron, les pertenecen.

Luego de una asamblea realizada el martes 5 bajo el domo de la plaza central, justo frente a la presidencia municipal, la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, los representantes de Bienes Comunales, Comisariados Ejidales y 118 agentes rurales municipales amenazaron a pobladores de Chalchihuitán si el Tribunal Unitario Agrario no emite un fallo a su favor.

El documento, con sello y firma de los líderes y representantes que participaron en esa asamblea, fue hecho público hoy, donde si bien se establece que levantaron el bloqueo en tres tramos carreteros que comunican hacia Chalchihuitán,

El IEPC dio a conocer en un comunicado que el objetivo del Comité Técnico Asesor es analizar estudios y propuestas en el desarrollo y optimización del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), de cara al proceso electoral 2017-2018 en la entidad, cuando se elija a gobernador, 125 alcaldes y 40 diputados locales

el año 2018, a través de un grupo colegiado integrado por especialistas en materia de informática, en actuaría matemática y personas conocedoras del derecho electoral.

El Cotaprep trabajará en función

de sesiones de trabajo previamente calendarizados, donde se abordarán los temas de plan de trabajo, avances y seguimiento en la implementación operativa y técnica del PREP.

A partir de las sesiones, se indicó en el comunicado, se generarán acuerdos con respecto de las actividades que realizan las instancias involucradas en dicha implementación.

Asimismo, informará periódicamente sobre el avance y resultados de sus actividades a la Comisión Provisional para la Atención del Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteo Rápido, y a la par la Comisión Provisional informará a los miembros del Consejo General a través de la Secretaría Ejecutiva.

Durante la sesión, los integrantes aprobaron el Proyecto de Acuerdo del Plan de Trabajo y el calendario de actividades del Cotaprep para el proceso electoral local ordinario 2017-2018.

En la sesión de instalación estuvieron presentes en calidad de invitados los consejeros electorales del IEPC, así como representantes de los partidos políticos con acreditación en la entidad.

Habitantes de Chenalhó amagan con “medidas drásticas” contra residentes de Chalchihuitán ello se dio sólo para el paso libre de personas caminando, mas no para que transiten vehículos.

Tras pactar la liberación de los caminos en los tramos de Tsomolton, Pom y Canalumtic, los indígenas de Chenalhó acordaron que, “en caso de que el Tribunal Unitario Agrario no emita la resolución definitiva y a favor del municipio de Chenalhó, se llevarán a cabo medidas drásticas en contra de los comuneros del municipio de Chalchihuitán, hasta recuperar las tierras que ancestralmente pertenecen al municipio de Chenalhó”.

Sin embargo, será el Tribunal Unitario Agrario el que resuelva, a más tardar el viernes 15, la sentencia definitiva para poner fin a la disputa de más de 350 hectáreas de tierras que se encuentran en los límites de Chenalhó y Chalchihuitán.

Este conflicto lleva ya 45 años y se

agudizó en los últimos 40 días, luego de que grupos armados de Chenalhó expulsaron a cerca de cinco mil per-

sonas de unas nueve comunidades, pobladores que ahora permanecen en calidad de desplazados.

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Retienen a funcionarios por conflicto agrario en Chiapas Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

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l menos cinco servidores públicos del Sistema Estatal de Protección Civil fueron retenidos esta noche por indígenas de Chenalhó, luego de que regresaban de participar en un operativo para desbloquear carreteras y llevar ayuda humanitaria a desplazados de Chalchihuitán.

Desde las 18 horas del martes, cuatro delegados regionales de la Secretaría de Protección Civil y el asistente de uno de ellos, regresaban hacia San Cristóbal de Las Casas por la vía de San Juan Chamula cuando una multitud se les atravesó Julio Cueto, Juan Jesús Hernández, Víctor Amezcua Vázquez, Mariano González y el asistente de éste último, fueron bajados de sus camionetas e interrogados sobre la labor en la que habían participado.

Les dijeron que no pasarían y que se quedarían ahí en el crucero a bordo de sus camionetas.

Los cinco servidores públicos permanecían hasta la madrugada de este miércoles a bordo de sus unidades. Decenas de hombres custodian esta noche que no se muevan de ese lugar junto a la escuela de Las Limas, un crucero que comunica a Chenalhó con Chalchihuitán y San Cristóbal de Las Casas.

Al igual que los cinco servidores públicos, el vocero de los indígenas de Chalchihuitán, Marcos Pérez Gómez, denunció que otros cuatro

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

En redes sociales una usuaria denunció que durante la madrugada, una o más personas pintaron la barda de su casa sin su consentimiento con publicidad del diputado local y actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Eduardo Ramírez Aguilar, mejor conocido como ERA. Y es que en Facebook, la denunciante señaló que cómo era posible que no se haya percatado de que estuvieron pintando la barda exterior de su domicilio, situación que se le hizo algo inverosímil, ya que a unos metros se encontraba ella durmiendo.

“Como habrán pintado esta barda sin que nos demos cuenta lo habían hecho en la madrugada escondido de todos o lo habrá echo un fantasma”, señaló con ironía la denunciante, quien extrañada dio a conocer mediante una publicación

Desde las 18 horas del martes, cuatro delegados regionales de la Secretaría de Protección Civil y el asistente de uno de ellos, regresaban hacia San Cristóbal de Las Casas por la vía de San Juan Chamula cuando una multitud se les atravesó

de sus compañeros siguen en manos de los indígenas de Chenalhó.

Expuso Pérez Gómez que sus cuatro compañeros intentaron salir de una comunidad de Chalchihuitán por una vereda, pero fueron sorprendidos por personas armadas de Chenalhó que los llevaron con rumbo desconocido.

Marcos Pérez Gómez dijo que

los de Chenalhó les han cortado el suministro eléctrico a varias comunidades de Chalchihuitán que colindan con ellos. Y que no permiten el retorno de miles de hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos desplazados.

Dijo que los niños no tienen clases, que las escuelas están abandonadas. Que hay muchas personas

enfermas y que no tienen médicos ni medicinas.

Chenalhó y Chalchihuitán se disputan más de 350 hectáreas de tierras, disputa que podría resolver al Tribunal Agrario en los próximos días.

Entre cuatro y cinco mil indígenas de Chalchihuitán han sido desplazados de unas nueve comunidades.

En Tuxtla Gutiérrez pintan bardas de casas sin permiso con publicidad de ERA este suceso.

De acuerdo a las dos fotografías publicadas por esta persona, en la primera se visualiza el nombre Eduardo Ramírez, mientras que en la segunda viene información más detallada, como la Casa de Enlace Legislativo del legislador Ramírez Aguilar.

En este sentido, no es ajeno mencionar que recientemente el diputado local también ha estado en el ojo del huracán por unas supuestas tazas en las que llama la atención el color de su piel, según lo expuesto en las redes sociales, en las que señalan su tez morena cambiada a güera, comparándolo incluso con Michael Jackson, aunque quizá todo fue un error de impresión.

Asimismo, las intenciones polí-

ticas del legislador chiapaneco se han dejado entrever con mucha publicidad que fue colocada en tanto estuvo como presidente de la Mesa

Directiva del Congreso local, pero más allá se sabe que busca la candidatura a la gubernatura para el 2018.

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Líderes mayas forman frente común en defensa de Península de Yucatán por proyectos amenazantes Rosa Santana Campeche, Cam. (apro)

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epresentantes de comunidades mayas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo dieron a conocer hoy aquí la integración de un frente común para defender su región de voraces proyectos que amenazan con devastarlos ambiental, social y económicamente.

“Los mayas estamos vivos, estamos presentes y vamos a defender nuestro territorio, que es la herencia de nuestros hijos y nietos, tal como lo hicieron nuestros ancestros”, advirtieron en conferencia de prensa los representantes de más de una treintena de comunidades mayas de la Península de Yucatán.

El grupo se reunió hoy en esta ciudad para trazar una agenda conjunta que les permita proponer un plan de desarrollo apegado a sus formas de vida tradicionales, que sea sustentable y que tome en cuenta a las generaciones futuras.

En la rueda de prensa, declararon su rechazo a la imposición en sus territorios de proyectos impulsados por los gobiernos federal y estatales, tales como la introducción de cultivos transgénicos y la instalación de parques de energía eólica y solar, así como una planta cementera, entre otros.

También expusieron que integraron un frente unido debido a las constantes violaciones a los derechos humanos y la sistemática discrimina-

Sergio Caballero Cancún, Q. Roo (apro)

Pese a que la estimación oficial de los desvíos atribuidos a Roberto Borge y sus cómplices supera los 10 mil millones de pesos, hasta ahora sólo se han presentado denuncias por dos mil 500 millones, aclaró el gobernador Carlos Joaquín, quien además reconoció que no podrá recuperarse el total de daño al patrimonio del estado, atribuido a la anterior administración priista.

En entrevista en el marco del XIX Congreso Internacional de Adicciones, el mandatario estatal señaló que trabaja en recuperar los más de 10 mil millones de pesos desviados en el gobierno de Borge Angulo quien, en días pasados, se allanó para ser extraditado de Panamá, donde fue detenido, a México, con el fin de ser enjuiciado por diversos delitos federales y del fuero común.

El gobernador Carlos Joaquín, surgido de la alianza PAN-PRD,

El grupo se reunió hoy en esta ciudad para trazar una agenda conjunta que les permita proponer un plan de desarrollo apegado a sus formas de vida tradicionales, que sea sustentable y que tome en cuenta a las generaciones futuras

ción que viven los mayas, sus mujeres y sus líderes que les impide participar en las decisiones sobre sus territorios y comunidades.

Los inconformes recordaron el conflicto de sus comunidades contra los transgénicos, que dio pauta a una batalla legal que iniciaron las apicultoras mayas de Hopelchén.

A ese respecto, señalaron que el pasado 17 de septiembre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), revocó el permiso a Monsanto para la liberación de semillas transgénicas en siete estados del país.

Esa misma instancia, destacaron, emitió el permiso para la siembra en

fase comercial de soya genéticamente modificada a favor de la empresa Monsanto Comercial S. de R. L. de C.V. (evento MON-04032-6) en siete estados, incluidos los tres de la Península de Yucatán.

La revocación del permiso, cinco años después de expedirlo, fue porque Monsanto ha hecho un “manejo no confiable” de la tecnología autorizada puesto que “no existe certeza de la efectividad de los controles de inventarios de la semilla”.

También, porque la liberación de organismos genéticamente modificados en sitios no autorizados en el permiso y la pérdida del control del material genéticamente modificado es “un daño grave o irreversible” atribuible a esa empresa transnacional.

Los denunciantes sostuvieron que

esa revocación es fruto de la lucha organizada y de las múltiples denuncias que comunidades afectadas y organizaciones civiles ambientalistas y de derechos humanos emprendieron contra la siembra ilegal de soya transgénica en diversas comunidades mayas de la región peninsular.

Y aunque reconocieron que la revocación del permiso es un avance en la batalla legal contra Monsanto, advirtieron que ésta no ha terminado pues la revocación de Senasica no es definitiva.

Insistieron en que el caso amerita más que una sanción administrativa y exigieron una investigación desde la cadena de distribución de las semillas de soya transgénica que se sembraron desde 2016, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la suspensión temporal del cultivo, hasta la omisión y el desacato de las autoridades involucradas.

Y exigieron acciones penales contra los responsables y la reparación de los daños pues la afectación que se ocasionó a la región “es grave”.

Asimismo, demandaron la continuación del proceso de consulta pública a las comunidades afectadas y declarar la península de Yucatán como zona libre de organismos genéticamente modificados.

“Muy probable que no se recupere el total de lo desviado por Borge”: gobernador de Quintana Roo también admitió: “Es muy probable que no podamos alcanzar esa cifra”.

Sin embargo, acotó que “al día de hoy hay denuncias” por casi dos mil 500 millones que, “seguramente, pueden trabajarse para recuperarse”.

“Lo que hoy más pretendo es que podamos recuperar parte de lo que se llevaron o se extravió”, ofreció.

Sobre la extradición de Roberto Borge, dijo “es un tema que va en lo mediático”, pero aún no hay información oficial por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) o de la Procuraduría General de la República (PGR).

A la fecha suman nueve los exfuncionarios de la administración anterior bajo proceso, incluido el exgobernador Roberto Borge, pero uno ya fue sentenciado y ha obtenido su libertad.

Se trata del extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Mauricio Rodríguez Marrufo, quien salió libre tras permanecer seis meses preso y pagar casi 40 millones en reparación del daño.

Los dos últimos exfuncionarios en ser detenidos son el exdirector de la Administración Portuaria Inte-

gral (Apiqroo), Ercé Barrón Barrera, acusado de daño patrimonial por 11 millones de pesos, y la exdirectora de Recursos Financieros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Ana Alicia Rivera Galera, señalada con otros exfuncionarios del desvío de unos mil 784 millones de pesos.

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José Gil Olmos Ciudad de México (apro)

E

l PRI prepara una coalición con los partidos Verde Ecologista y Nueva Alianza para registrarla a más tardar el próximo 14 de diciembre rumbo a la elección del 2018.

José Antonio Meade, precandidato del PRI, se reunió con el presidente de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, para analizar las condiciones de una coalición partidista.

El encuentro se llevó a cabo esta mañana y, tanto Meade como Castro, manifestaron que en 2018 más que una disputa de partido habrá un “enfrentamiento” entre dos proyectos de país.

“El primero que encabezan ambos partidos de corte liberal, democrático y moderno, que impulsa el desarrollo integral y que respeta las libertades. El otro que mira al pasado y cuyos contenidos demagógicos y prácticas autoritarias amenazan a la estabilidad económica, al régimen de libertades y a la democracia

De la redacción Ciudad de México (apro)

En un segundo video obtenido por la organización mexicana Quinto Elemento Lab, Luis Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México hasta mediados de este año, detalla el presunto pago de sobornos al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para obtener apoyo en la obtención de contratos.

En este video, que contiene la segunda parte del testimonio videograbado, Meneses narra con detalle los encuentros que presuntamente mantuvo con Lozoya, a fin de arreglar las transferencias.

En este segmento de su confesión, Meneses Weyll cuenta cómo acordó con Lozoya el pago de seis

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El PRI prepara coalición electoral con PVEM y Panal rumbo al 2018 “El primero que encabezan ambos partidos de corte liberal, democrático y moderno, que impulsa el desarrollo integral y que respeta las libertades. El otro que mira al pasado y cuyos contenidos demagógicos y prácticas autoritarias amenazan a la estabilidad económica, al régimen de libertades y a la democracia mexicana”, manifestó el PRI en un comunicado mexicana”, manifestó el PRI en un comunicado.

Los representantes del PRI y Panal coincidieron en que una posible coalición necesita de los militantes de ambos partidos. Por ello, acordaron mantener nuevos encuentros en

los próximos días.

Mientras que, con el PVEM, al registrarse como precandidato, José Antonio Meade tuvo un encuentro con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien llegó al gobierno de esa entidad precisamente en una

alianza con el priismo.

También se espera que formen un acuerdo de alianza PRI y PVEM para los próximos días y como coalición se registren la próxima semana ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para los comicios del 2018.

En segundo video, exdirector de Odebrecht detalla presuntos sobornos a Lozoya millones de dólares por la obtención del contrato de la ampliación de la refinería en Tula, Hidalgo, y proporciona detalles de cuando acudió a casa de Lozoya.

Luis Alberto Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México se presentó el 16 de diciembre de 2016 en la Procuraduría General de la República de Brasil.

Meneses confesó, ante cámara, la manera en que supuestamente corrompió a Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex y hombre cercano al presidente Enrique Peña Nieto.

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ONG alertan sobre más violencia por Ley de Seguridad Interior Luciano Campos Garza Monterrey, NL (apro)

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rganismos civiles advirtieron de un incremento en la violencia en el país si se permite que, a través de la Ley de Seguridad Interior, próxima a ser votada en el Senado, se normalice la permanencia de las fuerzas armadas en las calles de México.

La respuesta para abatir los índices de inseguridad estará en el fortalecimiento de las instituciones y de las corporaciones policiacas municipales y estatales, “pues su preparación fue diseñada para atender y cuidar las necesidades de la ciudadanía”, sostuvieron en un pronunciamiento difundido hoy las asociaciones civiles y colectivos convocado por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac).

Los firmantes se dijeron conscientes de la preocupación ciudadana por la inseguridad que hay en el país, por lo que pidieron que se tomen medidas apegadas a la Constitución, que preserven las garantías de los mexicanos ante el escenario de violaciones constantes a los derechos humanos ocasionadas por la misma inseguridad.

Sin embargo, advirtieron que el Ejército no es la institución adecuada para preservar la legalidad en el país, pues carece de preparación para hacer labores preventivas.

“Tenemos la convicción que la Ley de Seguridad Interior no es la respuesta para esta problemática (…)

Asegurar la permanencia del Ejército en las calles amenaza el progreso que se ha venido realizando en materia de seguridad ciudadana y en protección de derechos humanos, ya que con esta Ley de Seguridad Interior se entregaría el control de nuestra seguridad como ciudadanos/as a una institución cuya función y preparación está

Álvaro Delgado Ciudad de México (apro)

Además de la salida de Aurelio Nuño de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que quedó en manos de Otto Granados Roldán, vocero de Carlos Salinas, saldrán del gabinete de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Luis Miranda para ser senadores.

Se prevé que a Videgaray lo sustituirá en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el subsecretario Carlos de Icaza González, exembajador en Estados Unidos; mientras que a Miranda Nava lo relevará en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Vanesa Rubio, subsecretaria de Hacienda y amiga de José Antonio Meade, virtual candidato

Los firmantes se dijeron conscientes de la preocupación ciudadana por la inseguridad que hay en el país, por lo que pidieron que se tomen medidas apegadas a la Constitución, que preserven las garantías de los mexicanos ante el escenario de violaciones constantes a los derechos humanos ocasionadas por la misma inseguridad

enfocada a la defensa de amenazas externas al país”, señalaron.

También recordaron que la Constitución establece en su artículo 129 que las fuerzas armadas no deben ser desplegadas en el interior de la República en un periodo de paz.

En la década pasada, cuando el Ejército fue enviado a las calles para combatir al crimen organizado, se observaron las graves consecuencias que tuvo esa decisión presidencial en materia de derechos humanos, señalaron.

Luego recordaron las ejecuciones extrajudiciales de parte de soldados y marinos de personas como Gustavo Acosta; la pareja formada por Rocío y Juan Carlos; los estudiantes Jorge y Javier; Jorge Otilio Cantú; José Márquez Compeán, y René Jasso y Víctor Llano.

Aún hoy sus asesinos siguen sin ser castigados, acusaron.

Estas mismas inquietudes, sobre la presencia castrense en las calles, han sido compartidas por el Alto Co-

misionado de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Washington Office for Latin America, Artículo 19, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mencionaron.

“Urgimos al gobierno mexicano a cumplir con la Constitución mexicana y los tratados internacionales de los que forma parte. Aprobar la Ley de Seguridad Interior pone en grave riesgo el avance y progreso que se ha tenido en materia de derechos humanos”, alertaron.

Por lo anterior, demandaron que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y compromiso para atender la inseguridad y violencia desde una lógica de seguridad ciudadana, pero mediante el refuerzo de los cuerpos policiacos.

Entre las organizaciones que respaldan el pronunciamiento sobresalen Académicos de Monterrey 43 (Nuevo León); Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y

Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (AFADEM) (Guerrero); Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad (Baja California, Sinaloa, Sonora); Asociación Mexicana de Derecho a la Información AC (AMEDI) Capítulo Nuevo León.

Además, Casa Monarca, Ayuda Humanitaria al Migrante (Nuevo León); Casa del Migrante Casanicolás (Nuevo León); Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Chihuahua); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC) (Nuevo León); Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (Tamaulipas); Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM “Alzando Voces”) (Michoacán); Consejo Federal Ejecutivo del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (Cd. México).

Asimismo, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) (Latinoamérica); Grupo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas (Veracruz); Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción Laguna (Grupo VIDA) (Coahuila); Observatorio para la Colaboración, Investigación, Promoción y Asistencia en Derechos Humanos (CIPADH A.C); Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana (Chihuahua); Red de Feministas Peninsulares (Yucatán); Revista Levadura.mx (Nuevo León); Zacatecanos por la Paz (Zacatecas), y Zihuame Mochilla AC (Nuevo León).

Moverán más piezas en el gabinete de Peña: Videgaray y Miranda se van de senadores presidencial del PRI. Videgaray Caso dejará su cargo para encabezar la lista de candidatos plurinominales del PRI al Senado, en cuya siguiente legislatura se anticipa que será el coordinador, mientras que Miranda, compadre del presidente Enrique Peña Nieto, tiene también garantizado un escaño.

Hoy Nuño dejó de ser titular de la SEP para convertirse en el coordinador de la campaña de Meade y fue sustituido por el subsecretario Otto Granados Roldán, exgobernador de Aguascalientes y vocero en el gobierno de Carlos Salinas.

CONTRAPODER

EN CHIAPAS

De la redacción Ciudad de México (apro)

L

a organización Mexicanos Primero, que preside Claudio X. González, criticó que Aurelio Nuño Mayer deja la Secretaría de Educación Pública (SEP) con pendientes “que no se alcanzaron en este sexenio”.

En un documento enviado a la prensa, Mexicanos Primero reconoció los avances que durante este tiempo se lograron “particularmente en la depuración de la nómina docente y la puesta en marcha del Modelo Educativo”.

Sin embargo, recordaron que Nuño Mayer deja varios pendientes, específicamente en la implementación de la transformación educativa.

Según las críticas de la organización, son al menos cinco puntos los que no se concretaron en la gestión del ahora coordinador de la precampaña de José Antonio Meade rumbo a la presidencia del país: – La evaluación de desempeño perdió el impulso en el ciclo 20162017 al hacerla voluntaria, lo que deja una tarea significativa para la siguiente administración.

– No existe un registro público federal o estatal de la tutoría, además que sigue sujeto a disponibilidad presupuestal.

– No se respetaron los calendarios previstos en el documento técnico publicado por el INEE en 2015 para la evaluación de aprendizaje.

– El Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) todavía no cumple su mandato legal, pues no ha servido para la identificación de plazas vacantes o como mecanismo de comunicación directa con los directores escolares.

– La reconstrucción de comunidades educativas afectadas por los sismos, sigue sin contar con una base de datos con información clara y

Rodrigo Vera Ciudad de México (apro)

El presidente Enrique Peña Nieto informó hoy que le aceptó la renuncia al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, quien será sustituido en esa dependencia por Otto Granados Roldán.

En un mensaje dado en la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario destacó la labor desempeñada por Nuño desde que, al inicio del sexenio, se desempeñaba como jefe de la Oficina de la Presidencia, para da ahí pasar a ser el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Igualmente, Peña Nieto resaltó en su mensaje el trabajo de diálogo que realizó Nuño con las maestras y maestros del país. Ahora, Nuño se integrará a la campaña presidencial del precandidato priista José Antonio Meade.

El nuevo titular de la SEP, Granados Roldán, venía desempeñándose como subsecretario de Planeación

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Nuño quedó corto en transformación educativa y emergencia por sismos: Mexicanos Primero En un documento enviado a la prensa, Mexicanos Primero reconoció los avances que durante este tiempo se lograron “particularmente en la depuración de la nómina docente y la puesta en marcha del Modelo Educativo”

completa sobre las escuelas dañadas.

La organización subrayó que si bien la transformación educativa en México sigue su curso, “el éxito o fracaso de la misma no depende de una administración en particular, nos

compete a todos”.

También reconoció la designación de Otto Granados Roldán como nuevo titular de la SEP, de quien mencionó cuenta con una “vasta experiencia en el Servicio Público que esperamos ver

traducida en la defensa del derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes”.

Además reiteró su labor de monitoreo, evaluación y acompañamiento a la reforma educativa y a los ajustes que generen.

Peña acepta renuncia de Nuño a la SEP; se integrará a equipo de Meade y Evaluación Educativa en esa dependencia, y ahora tendrá que continuar con la controvertida reforma educativa que impulsó su antecesor en el cargo.

Granados Roldán tiene una larga trayectoria como funcionario público, diplomático y académico: fue gobernador de Aguascalientes; oficial mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto; embajador de México en Chile; director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, y secretario particular de Jesús Reyes Heroles, cuando éste fungía como secretario de Educación Pública.

Granados Roldán también fue director general del Instituto de Administración Pública del Tecnológico de Monterrey, y miembro de

los consejos del Fondo de Cultura Económica y Banobras. También fue consultor para CAF del Banco de De-

sarrollo de América Latina y la Red Interamericana de Competitividad de la OEA.

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Indígenas veracruzanas, excluidas de acciones de AVG Montserrat Antúnez Estrada Ciudad de México. (Cimacnoticias)

L

a defensora de Derechos Humanos y representante de la Agrupación de Derechos Humanos Xochitépetl (AX), una de las 10 organizaciones que solicitaron la AVG para Veracruz, Rosenda Maldonado Rodríguez, criticó que tanto la Secretaría de Gobernación (Segob) como el gobierno estatal tengan una enfoque de ciudad y dejen del lado las problemáticas de las indígenas, quienes se enfrentan a instancias sin personal y sin traductores para recibir sus denuncias.

En entrevista con Cimacnoticias al término de su participación en el Foro Construcción de capacidades para la incidencia a favor de los derechos de las mujeres en México, realizado la semana pasada en la capital, Maldonado Rodríguez lamentó que las medidas que Segob implementa a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) ignoren los contextos de las mujeres indígenas, quienes en su mayoría no hablan español.

La entidad tiene 47 municipios indígenas principalmente de los pueblos nahua, totonaco, huasteco y popoluca y se estima que 66 por ciento de las personas que no hablan español son mujeres, de acuerdo con datos de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Las acciones del gobierno estatal para que las mujeres accedan a la justicia, señaló la también abogada, están pensadas exclusivamente para las ciudades, no para las comunidades indíge-

De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Olga Catalán Padilla, propuso reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) para que se sancione a los funcionarios públicos que incumplan con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG).

La legisladora presentó el pasado 5 de diciembre una iniciativa en la Cámara de Diputados para incorporar en un último capítulo de la Ley de Acceso, las sanciones que tendrán los servidores públicos que incumplan con la AVG desde el proceso de la emisión, implementación y evaluación del mecanismo.

La propuesta es que se inhabilite por un periodo de tres meses a un año, a los funcionarios que estén relacionados de forma “directa o indirecta” en cumplir con la AVG. Esta sanción es equiparable a la penalidad que establece la Ley General de Responsabilidad Ad-

La entidad tiene 47 municipios indígenas principalmente de los pueblos nahua, totonaco, huasteco y popoluca y se estima que 66 por ciento de las personas que no hablan español son mujeres, de acuerdo con datos de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

nas ya que sólo incitan a las víctimas a denunciar sin contemplar factores como las más de cuatro horas de trayecto que las habitantes de municipios como Huayacocotla, Texcatepec o Ilamatlán deben recorrer para acudir a una de las sedes de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Niñas.

Además, denunció la defensora, las mujeres que logran sobreponerse a la falta de recursos económicos y de tiempo para acudir a las Fiscalías Especializadas, al llegar se encuentran con instancias de justicias desarticuladas. “Si bien les va encontrarán a una persona fiscal, pero la investigación no puede proceder porque no hay médicas o deben esperar a que la psicóloga perita se traslade más de tres horas desde la comunidad en la que se encuentra para hablar con la víctima”, mencionó.

A ello se suma la falta de personas traductoras: “Las fiscales deben espe-

rar a que en la calle pase alguien que hable la lengua indígena de las víctimas para tomar su declaración” y, cuando en las fiscalías sí hay intérpretes estos suelen ser hombres, lo que complica la denuncia de las mujeres que acaban de ser agredidas por alguien de ese sexo, mencionó Rosenda Maldonado, quien desde la organización AX ha recorrido distintas fiscalías del estado para identificar las condiciones en las que operan.

“Las fiscalías deben estar integradas y debería contemplarse que sean itinerantes y recorran las comunidades indígenas pues difícilmente saldrán a denunciar las mujeres que viven violencia intrafamiliar y están condicionadas económicamente por sus parejas porque ellas no tienen trabajo”, consideró.

Rosenda Maldonaldo, quien asistió a las reuniones que las organizaciones solicitantes de la AVG y la Conavim efectuaron antes de la emisión de la

Alerta, dijo que la Segob ignoró a las mujeres indígenas pues en su declaratoria de AVG sólo instó al gobierno veracruzano a “realizar acciones específicas en los municipios con población predominantemente indígena”, esto “sin realizar diagnósticos específicos sobre la incidencia delictiva contra estas mujeres”, recordó.

Mencionó que las acciones sesgadas que contempla la AVG en Veracruz son un ejemplo de lo que viven las indígenas en otros estados del país con AVG pues sentenció “si desde que comienza a planearse la implementación de este mecanismo no se busca la voz de estas mujeres nunca las contemplarán y las agresiones en su contra seguirán quedando impunes”.

Las cifras de 2000 a 2012 de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y Derechos Humanos, citados por el Grupo de Trabajo de la Conavim encargado de analizar la solicitud de AVG, muestran que 48 mujeres indígenas fueron víctimas de homicidios dolosos y hubo seis casos de feminicidio. Para ambos delitos las víctimas fueron principalmente de las etnias otomí, náhuatl y totonaca.

Cabe recordar que la Conavim señaló en 2016 que las mujeres indígenas y de escasos recursos son las principales víctimas de la violencia de género en Veracruz que sigue sin ser visibilizada por lo

Propone diputada sancionar a funcionarios que incumplan AVG ministrativas, describió la diputada en su iniciativa.

Hasta ahora en 12 entidades del país está activa la AVG (Estado de México, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Chiapas, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Guerrero, Veracruz y Quintana Roo), en ellos las asociaciones civiles locales han denunciado reiteradamente las omisiones y el desdén de los gobierno por acatar los compromisos que asumen tras el decreto de Alerta.

Catalán Padilla señaló que entre los impedimentos para hacer funcionar la Alerta también destacan los trámites burocráticos, las prórrogas que concede la Secretaría de Gobernación (Segob) a los gobiernos para cumplir las recomendaciones –un plazo que no está previsto en ley-.

Y añadió que el principal factor por

el cual la AVG no ha cumplido con su objetivo: “contener de forma emergente la situación de violencia por razones de género en las que viven las mexicanas”, es la falta de voluntad política de las autoridades.

Lo anterior, indicó la diputada, es resultado del vacío en la normativa de la AVG respecto a las sanciones contra los funcionarios que “entorpecen en la función y activación de la Alerta”, por ello propuso “regular su comportamiento”.

Muchas de estas Alertas con más de un año de vigencia, siguen sin tener resultados sobre el impacto que tienen en la cotidianidad y vida de las mujeres, la legisladora lo ejemplificó con el caso del Estado de México (Edomex).

A pesar de que el Edomex cuenta desde 2015 con el mecanismo en 11 municipios, tan solo en 2016 se registraron

263 asesinatos violentos de mujeres, precisó Olga Catalán.

La perredista es integrante de la Comisión especial de AVG que conforman 13 diputados y cabe mencionar que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) recientemente presentó a las organizaciones civiles un proyecto de reforma al reglamento del mecanismo con el objetivo de reducir a dos meses la declaratoria.

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ESPAÑA EN LA INCERTIDUMBRE Olga Pellicer

E

l tema del movimiento independentista en Cataluña está lejos de estar resuelto. Por lo pronto hay un compás de espera hasta las elecciones fijadas para el 21 de diciembre. Las preguntas respecto a la legalidad y legitimidad de las mismas siguen abiertas. La polarización de la sociedad catalana se ahonda, la información sobre los problemas que allí tienen lugar sigue siendo muy parcial y pierde credibilidad, las debilidades de la democracia española en su conjunto están a la vista. Lo que viene es más que la celebración de una elección. En realidad, está de por medio la posibilidad de seguir reconociendo a España como un país en el que opera un sistema democrático legítimo o el ingreso a un largo periodo de inestabilidad en el que las heridas abiertas harán difícil verlo como tal.

Es llamativo el grado de rechazo que encontramos en medios de comunicación y en la opinión de analistas y académicos de habla hispana hacia el movimiento independentista. Sorprende que este rechazo se exprese de manera puramente emotiva. “Son las fuerzas del mal”, dicen algunos, sin detenerse a reflexionar sobre la serie de acontecimientos que contribuyen a explicar la radicalización del independentismo catalán.

Hace apenas ocho años, la independencia de esa región era buscada por un porcentaje relativamente reducido de ciudadanos.

Existía, claro está, el sentimiento de pertenecer a una comunidad a la que se le ha reconocido, junto al país Vasco y Galicia, una “nacionalidad histórica”. Es decir, una región con rasgos culturales muy acentuados como el idioma y sus niveles de competencia para actividades productivas. De allí sus reclamos para decidir con mayor independencia sobre la enseñanza y el uso del catalán, así como para tener el derecho, del que sí goza el país vasco, de manejar su régimen tributario.

Semejantes demandas no son inusitadas en un país tan diverso y con una organización política tan compleja como España. Cabe recordar que, a diferencia de otras comunidades, en el caso de Cataluña las luchas por aumentar sus niveles de autonomía han sido intensas pero no violentas. Fue una de las comunidades que se

adhirió con mayor entusiasmo a la Constitución de 1978, cuya adopción llevó a su punto culminante la admirada transición hacia la democracia en España después de la dictadura franquista.

Mucho ha cambiado desde entonces. En primer lugar, el sistema político inaugurado con la constitución mencionada ha entrado en crisis. La época triunfal de la España democrática (sólo interrumpida por el intento de golpe de Estado de 1981) se prolongó hasta los primeros años del siglo XXI. Después, la capacidad para gobernar y dar respuesta a nuevas circunstancias y retos ha estado en entredicho.

La Gran Recesión iniciada el 2008 afectó duramente al país.

La caída de las tasas de crecimiento, el recorte del gasto público en educación y salud y, sobre todo, el desempleo que golpeó con gran dureza a los jóvenes provocaron malestar, descontento y nuevas expresiones políticas. Otros partidos entraron a las luchas electorales entre los que sobresale Podemos, desde la izquierda y Ciudadanos, desde la derecha.

El PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y el PP (Partido Popular) dejaron de ser los voceros más reconocidos y respetados

por la ciudadanía. Baste recordar las enormes dificultades enfrentadas para formar gobierno a lo largo del año 2016; los escándalos de corrupción que han rodeado a los dirigentes del PP; los caminos imprevisibles del PSOE para elegir a sus líderes y el distanciamiento de los partidos tradicionales por parte de los jóvenes.

Tal es el panorama en que se inscribe la cuestión catalana y la radicalización del movimiento independentista. Un punto decisivo fue la desmoralización producida por el destino del estatuto de autonomía para Cataluña que, después de haber sido aprobado en 2006, por mayoría en las legislaciones de Cataluña y Madrid, fue desconocido por el PP, en particular su líder Rajoy, que insistió en someterlo a la consideración del Tribunal Constitucional. Partidarios en su mayoría de la visión de Rajoy, abiertamente contraria a la idea de España como pluralidad de naciones, los miembros del Tribunal recortaron los logros que mayormente satisfacían a los catalanes sentenciando, en 2010, que buen número de los mismos eran anticonstitucionales.

Esa sentencia marcó el comienzo del radicalismo independentista en Cataluña. Los sentimientos

de discriminación y hostilidad por parte del gobierno de Madrid fueron creciendo. No sin razón.

Existe una larga lista de agravios producidos por demandas justas de los catalanes que recibieron un tratamiento discriminatorio en materia de educación, comunicaciones, salud etcétera.

La responsabilidad de Rajoy en propiciar la ola de descontento que subía en Cataluña es grande.

Ha sido uno de los grandes errores de su gobierno. Fue un desacierto propiciar el distanciamiento y la indiferencia hacia lo que estaba ocurriendo en una de las comunidades más prósperas e importantes de España desde el punto de vista económico, cultural y político. Por ello, llama la atención que ahora la “maldad” sólo se atribuya a los políticos catalanes que recogieron el ánimo independentista que cundió rápidamente, sobre todo entre los jóvenes. Una gran responsabilidad corresponde al gobierno central.

Lo importante ahora es reflexionar sobre cuáles son las condiciones en que se llevarán a cabo las elecciones del 21 de diciembre. ¿Podrán resolver el malestar que ha polarizado a 7 millones y medio de ciudadanos? Lo primero es notar que las elecciones ocurrirán en una situación anómala.

Los órganos de gobierno catalanes están ocupados por personalidades designadas desde Madrid. Su imparcialidad es dudosa.

Se puede imaginar un escenario cercano al empate o una pequeña ganancia de 2% del movimiento independentista. ¿Se calificará como fuerzas del mal a los 3 millones de electores que toman esa opción? ¿Dónde quedará la democracia?

Desde una posición optimista, el tema de Cataluña podría ser una oportunidad para hacer los cambios constitucionales que España requiere para recoger voces nuevas que permitirán entrar con mayor confianza al tercer decenio del siglo XXI. No será fácil pero es urgente. En el movimiento españolista que ha sacado a ondear en los balcones de Madrid banderas que de alguna manera se asocian a la época del franquismo se alberga el peligro de revivir la intolerancia y el conservadurismo que caracterizaron otras épocas de España.

Por ello, en el tema de Cataluña se juega el futuro de una democracia que tantas expectativas favorables despertó hace 40 años.

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LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, VIEJOS ANHELOS DEL PRI Arturo Rodríguez

A

finales de 2011, Enrique Peña Nieto, entonces aspirante a la candidatura presidencial, sostuvo una reunión con su equipo cercano con el propósito de definir la posición del PRI en el Congreso respecto a una ley que pretendía dotar de un marco jurídico a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

En abril de 2009, el entonces presidente Felipe Calderón, había enviado al Congreso una iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, para normalizar la militarización que desde el inicio de su mandato implicó, de hecho, una suspensión de garantías en amplias zonas del país. Faltaba pues que esa presencia fuera conforme a derecho.

Los priistas propusieron una adición a la iniciativa calderonista, para que las Fuerzas Armadas pudieran intervenir en protestas sociales que representaran “una amenaza”, antigua invocación para designar las oposiciones a los regímenes desde 1916. La discusión fue en 2011 y el momento no era propicio, pues había nacido el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que se oponía a esa ley, y la seguridad no era un tema empático de cara a las elecciones.

Peña retomó la propuesta de su partido ya en el poder, con la inicia-

tiva de reforma al 29 constitucional para normar la suspensión de garantías; la intervención de comunicaciones de ciudadanos incómodos se permitió hasta el exceso; creó con militares la Gendarmería, pero siguió usando soldados disfrazados de policías en protestas. Ahora, insiste en que se apruebe la Ley de Seguridad Interior, de similar cuño, consecuente con los anteriores.

Pocos parecen recordar el contexto previo y al menos una generación transitó de la infancia a la adultez en medio de la violencia, verde olivo y armas largas, asimilado a su entorno. Inició a finales de aquel 2006 de convulsiones sociales: Fue el año de la contención militar a los deudos de la mina Pasta de Conchos, donde murieron 65 mineros; de la violenta redada de Lázaro Cárdenas Michoacán y la ocupación militar de comunidades mineras; de las movilizaciones que reclamaban fraude electoral; de la

violación tumultuaria de 13 mujeres perpetrada por un pelotón de soldados que custodiaba boletas electorales en Coahuila; de la represión a la rebelión ciudadana de Oaxaca.

Fue el año que inició marcado con sangre y semen, en la redada brutal de San Salvador Atenco que recién sancionó la justicia internacional.

La protesta social siguió recibiendo las embestidas del ejército, muchas veces con disfraz de Policía Federal, como ocurrió con la extinción de Luz y Fuerza del Centro o en la huelga de Cananea.

A partir del 1 de diciembre de 2012 el uso de los militares para reprimir la protesta social se profundizó. Los conflictos sociales aumentaron, principalmente, por proyectos energéticos, mineros y de infraestructura hasta llegar a más de 300 este año. Los ataques a dirigentes sociales y defensores de derechos humanos crecieron.

El registro del Comité Cerezo

–que incluye nombres de las víctimas, lugares y fechas—muestra que, con Peña Nieto, las agresiones aumentaron, para acumular mil 372 casos hasta mayo pasado. En el mismo período, mil 97 personas han sido detenidas y encarceladas en el contexto de protestas sociales, mientras que en los primeros cuatro años de Calderón sumaban 737. Los asesinatos de dirigentes sociales – los redactores del informe le llaman ejecución extrajudicial por acción, omisión o aquiescencia—en el sexenio de Calderón fueron 63; con Peña iban 123 hasta mayo, mismo mes en el que ya sumaba 99 desapariciones --contra 53 que se registraron en todo el sexenio anterior—y que incluye la desaparición de los 43 de Iguala con indicios de participación militar. Los indicadores no exculpan al calderonismo, sólo muestran el paulatino endurecimiento.

A 11 años de distancia, la promesa de modernizar y limpiar las policías es sólo eso y, en un país pleno de inconformidad contra la clase política --excepto porque la presión internacional los ponga en aprietos--, se está concretando la legalización de lo que las Fuerzas Armadas han sido siempre para el sistema (como quedó acreditado en mi libro El regreso autoritario del PRI. Grijalbo. 2015): un instrumento hasta ahora ilegal de control político y social interno, un autoritarismo más perfecto.

¿LEY DE SEGURIDAD INTERIOR?

L

a aprobación de la Ley de Seguridad Interior por la Cámara de Diputados y, previsiblemente por el Senado, que significa la utilización del Ejército para fines de seguridad pública y mantenimiento de la paz social, no puede entenderse fuera del contexto de las próximas elecciones y de la inconformidad ciudadana que ha venido creciendo desde hace años.

Desde que en 2006 Felipe Calderón sacó a los militares de los cuarteles para combatir al narcotráfico, la violencia se incrementó y se ha traducido en el aumento de víctimas --200 mil muertos, 39 mil desparecidos y aproximadamente 350 mil desplazados—sin que se obtenga la paz prometida.

Un año antes, cuando se aprobó la Ley de Seguridad Nacional, se previó la necesidad de tener una Ley de Seguridad Interior que, de acuerdo a la propuesta ya aprobada, busca el restablecimiento del

José Gil Olmos orden interno ante cualquier amenaza como el terrorismo, crimen organizado, drogas, corrupción, lavado de activos, tráfico ilícito de armas, ataques cibernéticos, trata de personas, desastres naturales y de origen humano.

Pero, sobre todo, lo que se persigue con las fuerzas armadas, además del orden interno, es “velar por la observancia del orden y paz público, así como por la seguridad de los ciudadanos y sus bienes”.

La iniciativa de Peña Nieto, seis capítulos y 31 artículos, señala que la Ley de Seguridad Interior, como vertiente de la Ley de Seguridad nacional, implica la posibilidad de que el presidente la de República pueda hacer uso de la totalidad de la Fuerza Armada que esta integrada por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para hacer frente a fenómenos que impacten al orden interno.

Dicha ley define que la Seguridad Interior tiene como objetivo esencial “garantizar la condición

de paz que permita salvaguardar la continuidad de las instituciones y el desarrollo nacional, mediante el mantenimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en beneficio de la población”.

A partir de todo esto, más que una Ley de Seguridad Interior, lo que el gobierno de Enrique 0Peña Nieto y el PRI ha impuesto es la “Ley del Garrote” porque, como decíamos el principio, la aprobación de este ordenamiento es la legitimación de la fuerza militar y policiaca para sofocar cualquier movimiento de inconformidad social como

podría surgir ante unas elecciones fraudulentas en el 2018.

Dicha ley no se puede ver ni considerar de otra manera porque si el gobierno o el presidente Peña quisiera acabar con el crimen organizado, la corrupción o el narcotráfico, si quisiera terminar con la impunidad y establecer la paz social, lo que requiere es voluntad política para aplicar la ley contra propios y extraños, no contra la población que ha sido víctima de todos estos vicios convertidos en virtudes de poder.

Por cierto… En el Estado de México, Eruviel Ávila, predecesor de Enrique Peña Nieto, impulsó la llamada Ley Atenco o Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, que fue aprobada en 2016 por el Congreso del Estado de México y ratificada un año después por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se regula el uso de la fuerza pública y empleo de armas, incluyendo letales, para el control de la seguridad pública.

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EN CHIAPAS

L

as consecuencias de los excesos, las malas decisiones y la errada operación política han comenzado a cobrar caras facturas en torno a la figura y aspiraciones del actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, a quien las derrotas le han caído en cascada durante las últimas semanas.

Lo sucedido actualmente en los municipio de Chenalhó y Chalchihuitán lo tienen nuevamente en la mira de las acusaciones por su responsabilidad dentro la complicada crisis social y de seguridad que ahí se vive. Los señalamientos sobre el origen de la nueva ola de violencia apuntan innegablemente hacia su persona como presidente estatal del Partido Verde Ecologista y principal protector de la alcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez.

Las decisiones viscerales tomadas tras su secuestro exprés, hace ya casi dos años, no han salido nada bien. Lo que se supondría sería un empoderamiento verde en una región indígena añejamente priista se salió de control, generando los enfrentamientos violentos que hoy son noticia nacional y tienen a más de cinco mil personas lejos de sus hogares por el temor de morir entre las balas.

A las derrotas de Ramírez Agui-

Jueves 7 de Diciembre de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN LA MIRA Héctor Estrada

Las nuevas derrotas de Eduardo Ramírez

lar esta semana se sumó una nueva que resuena menos, pero significa un descalabro doloroso para la demostración de su poderío político, evidentemente mermado.

Y es que, el lunes pasado su candidato a la dirigencia estatal del Colegio de Notarios Chiapanecos, Raúl Ramírez Elizalde, terminó perdiendo la elección, en medio de fuertes críticas y una cargada oficial a su favor.

Eduardo Ramírez y su protector y aliado Oscar Francisco Muñoz Barrera, titular de la SubConsejería Jurídico Normativa del Gobierno de Chiapas, habían asumido la elección del colegio de

notarios públicos como un asunto personal. La resistencia del grueso de los notarios chiapanecos para aceptar la imposición de Ramírez Elizalde se había convertido en reto para demostrar su “músculo”.

Sobre el presunto contubernio entre Ramírez Aguilar y Muñoz Barrera pesan fuertes acusaciones como la existencia del mayor esquema de robo o adjudicación de predios e inmuebles de la actual administración, bajo sus manos.

Y es que, no es para menos. El actual subconsejero jurídico del Gobierno de Chiapas, que se jacta de ser “el verdadero consejero del gobernador” por su cercanía con

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el mandatario chiapaneco, no es cualquier personaje. Óscar Francisco Muñoz Barrera, proveniente del estado de Tamaulipas, es hijo de Manuel Muñoz Rocha, aquel diputado federal desaparecido en 1994 cuando estaba acusado de presuntamente haber “ordenado” el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Desde su aparición en el gobierno de Manuel Velasco ha sido acusado de diversas irregularidades, extralimitaciones de sus funciones y tráfico de influencia que ha pasado prácticamente inadvertido.

Ese es el aliado principal de Eduardo Ramírez Aguilar… Pero no, las presiones o amenazas emanadas desde la Consejería Jurídica contra los notarios públicos de Chiapas fueron suficientes. El gremio notarial termino asentando uno de los más duros golpes contra la vanidad política de Ramírez y sus aliados.

Se trató sin lugar a dudas no sólo de una derrota política, sino también de una ventana a la nueva realidad sobre su proyecto electoral. La recientes decisiones de cúpula que lo relegan del proyecto presidencial para la contienda de 2018 han mermado de fondo su poder e influencia sobre los sectores que antes lo adulaban con pretensiones futuras. Políticamente pesa menos y el futuro no luce alentador… así las cosas.

AMLO TAMBIÉN APOYA LA SOLUCIÓN MILITARIZADA

M

ás allá de la provocación de amnistiar a la delincuencia, Andrés Manuel López Obrador favorece también una solución militarizada a la inseguridad en México.

En lo que se ha conocido del documental biográfico Esto soy, el dirigente de Morena propone prácticamente seguir con la lógica de los gobiernos del panista Felipe Calderón y del priista Enrique Peña Nieto.

Hasta ahora con la mayor intención de voto para la elección presidencial, el líder izquierdista retoma la propuesta que ninguno de ellos dos logró: el Mando Único; es decir, desaparecer las policías municipales, lo que pasa por reformar la Constitución.

Busca también reconstruir la Secretaría de Seguridad Pública, creada en el sexenio de Vicente Fox, pero que a los priistas se les ocurrió desaparecer y concentrar de nuevo el mando policial y político en el secretario de Gobernación. Esa

Jorge Carrasco Araizaga nostalgia por lo que pasaba en el régimen autoritario priista resultó en un costoso fracaso para todos, no sólo para el gobierno peñista.

Al igual que lo ofrecido por el presidente, López Obrador pretende un gran cuerpo nacional policial. La propuesta de Peña de crear una Gendarmería Nacional entrenada por militares para reemplazar a la Policía Federal y regresar a los soldados y marinos a sus cuarteles devino en otro gran fracaso del actual gobierno.

La oferta acabó en una división más de la Policía Federal luego de que los jefes del Ejército y la Marina se rehusaron a ceder a los civiles –es decir, a Osorio Chong– el mando de los militares que formarían parte de la Gendarmería.

Ahora López Obrador propone una solución similar, pero cediendo el mando a los militares. Quiere crear una Guardia Nacional en la que las corporaciones policiales se integren al Ejército y a la Marina.

Si es así, entonces el Mando Único sería castrense.

Los militares tendrían el control

que tanto han querido. La propuesta se alinea con la Ley de Seguridad Interior (LSI) aprobada en un acto de populismo punitivo del Congreso e impugnada hasta por Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

Descontada la impugnación constitucional a la LSI una vez que la promulgue Peña Nieto, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que finalmente determine el alcance de la ley. Pero eso será hasta el próximo año. Los ministros medirán los tiempos.

Con este esquema, López Obrador gana simpatías y acercamiento con los militares, más allá del rechazo con que los mandos del Ejército y la Marina reaccionaron a la idea de amnistiar a la delincuencia.

Era lógica esa reacción. También la de la clase política. Aunque no deja de ser hipócrita. Olvidan que Calderón se acercó a los jefes del narcotráfico en México para buscar acuerdos y bajar la violencia. Y lo hizo a través de un general del Ejército, Mario Arturo Acosta Chaparro.

Olvidan también que, en más de 20 años de actividad delictiva, Joaquín El Chapo Guzmán nunca fue sentenciado en México como narcotraficante. Todas las acusaciones las libró. Así que, legalmente, en México no se puede decir que El Chapo fue un narcotraficante, aunque en Estados Unidos sea sentenciado por ello. La amnesia les impide recordar que el líder del cártel sinaloense gozó de protección durante los gobiernos del PAN, que en la práctica lo amnistiaron.

Nunca, ningún gobierno va a aceptar la búsqueda de acuerdos con la delincuencia. López Obrador ahora lo puede proponer porque no gobierna, pero detrás de esa provocación hay un proyecto para tener en México una policía militarizada como solución a lo que la corrupción política y la impunidad dejaron crecer.

Una solución que los militares de Estados Unidos que gobiernan con Trump también han incentivado al pedir una mayor participación de los militares mexicanos en tareas de seguridad.

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Jueves 7 de Diciembre de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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LA CONTRAVIDA Fabrizio Mejía Madrid

S

omos un país de súbditos y no de ciudadanos.

Durante tres siglos de Colonia y uno de Partido el valor predominante de la sociedad ha sido la obediencia, la servidumbre voluntaria. Para la cultura católica, el pecado de “soberbia” está unido al de la rebelión: Adán desobedece la prohibición y, con su altanería, desata un mal que ya no puede redimir por sí mismo. Se condena la libertad y la desobediencia y se premia la docilidad, la pasividad y la apatía. Para esta cultura, la política no es una acción de todos, sino del exclusivo dominio de los que salvan. Una política pastoral que lleva a las ovejas al bien. Como escribió Nietzsche: “Es más fácil mandar a un pueblo cristiano que a uno que no lo es”. Hay en esa cultura una renuncia a la propia voluntad, vista como malvada y, por lo tanto, los asuntos de la ciudad –la política– deben ser vistos con desconfianza, desdén, e indiferencia. Ahí se atan dos ideologías, la religiosa y la de la “vida tranquila”, en pos de la supremacía de lo privado, de la salvación vista como “a mí que no me hagan daño”.

Creo que lo que necesitamos es una revolución anti-pastoral. No sólo se trata de ver si el “pastor” es bueno o es malo o de si ya cedió a las tentaciones del mal y se rodeó de zánganos –por ahí van todas las críticas de esta semana al Proyecto de Nación presentado por Morena– que nos van a volver a engañar.

Seguimos siendo una sociedad de súbditos cuando el debate es sobre la bondad o maldad del pastor y si sus planes de gobierno van a poner o no un límite al mal. Cuando el dramaturgo Václav Havel, el novelista Milán Kundera y el filósofo Jan Patocka enfrentaron al poder del Partido en Checoslovaquia a través de su Carta ´77, no dudaron en escribir: “El poder en sí no es ni culpable ni inocente. Por eso la búsqueda de un poder bueno para edificarlo sobre el malo, es tan ingenuo como ineficaz”. El poder de los ciudadanos no es, por lo tanto, una nueva institución o partido o candidatura independiente, sino una voluntad de desarreglar el juego. No construye, sino que propone un juicio al presente – siempre rememorando a nuestros muertos, los de las luchas cívicas– para confrontarlo con la ética. Ni Kundera ni Havel estuvieron nunca de acuerdo en qué tendría que hacerse para restaurar las libertades aplastadas por el Partido pero coincidieron en una sola: el poder no se mantiene por sus creyentes, sino por los conformistas. En la primavera de 1984, los intelectuales checos invitaron al pensador

del micropoder, Michel Foucault, para que respaldara su movimiento contra el régimen. Foucault, ya muy enfermo con el VIH, no pudo asistir pero escribió sobre el poder que no está en un ámbito extraño a nuestras vidas domésticas, sino que es un entramado de relaciones que lo posibilitan. Acuñó para los escritores de Praga un término, “contra-conducta”, para sustituir a “disidencia”. La “contra-conducta”, según Foucault, era precisamente desarreglar el juego de las interminables relaciones de compromiso que se desarrollaron durante la dictadura, desde el maestro de escuela hasta el burócrata encumbrado. En efecto, para Foucault, el poder no está principalmente en el Estado. Hay una sociedad que se auto-colonializa, que se autosomete, que guarda las convenciones de la dominación porque de ello saca seguridad, reconocimientos, ventajas, y la famosa “vida tranquila”.

El ejemplo que usa Milán Kundera es el de un aparador de zapatos que ha visto en el centro de Praga. La dueña pone ahí, en medio de sus ofertas, una fotografía del líder del Partido. Nadie le pidió que lo hiciera pero ella ve como una posible ventaja publicitar su obediencia y lealtad con el régimen.

Kundera se pregunta no sólo qué se obtiene con esa servidumbre voluntaria, totalmente gratuita y casi inocua. Su respuesta es ambigua: extender lo más que se pueda su propia supervivencia. Si la dueña de la zapatería no pone la foto del líder, no pasa nada. Si pusiera una protesta como “No más sangre” o “Justicia”, probablemente perdería a los clientes que, como ella, usan la lealtad pública para ver si les toca algo, algún beneficio del Partido.

O, quizás, la detendría la policía.

El retrato en medio de los zapatos expresa un deseo de quedarse el mayor tiempo posible como se está: “la obstinación de querer vivir a cualquier precio en peque-

ñas dosis”. Cada vez que alguien vea el aparador de zapatos, sabrá eso sobre la dueña: que es alguien que no quiere problemas, que está conforme con su vida, que espera para sí un poco más de inercia. Ese deseo de la “vida tranquila” es lo que sostiene al poder dominante, es su lado afectivo, su psique más profunda.

Pero, ¿qué es esta “vida tranquila”? En realidad es la vida del miedo. A perder lo que se tiene por poco que sea. Hay una imagen que circuló en las redes hace un par de semanas. Es un campo de futbol en Fresnillo, Zacatecas. Según se sabe, el partido acababa de terminar. Vemos al equipo ganador celebrando, abrazados, brincando. De pronto, ingresan dos hombres armados y le disparan en la cabeza a uno de los hombres que, hasta ese instante, celebraban. Lo que sigue es triste: los jugadores se alejan caminando –nunca corren–, se dispersan, y jamás voltean atrás, a mirar el cuerpo que se desangra en la tierra, ni a los verdugos. Llevada al extremo esa es la “vida tranquila”, la que se protege de su propia muerte, del propio dolor, del sufrimiento. Con ello, condena al dolor ajeno a nunca tener sentido, a ser olvidado, a nunca entrar en una relación coherente con los vivos. En otra medida, tratar de obedecer un poder que nos da lo mínimo –un aumento de 8 pesos al salario– es lo mismo, en lo ético, a encogerse de hombros y seguir su camino con un cadáver a nuestras espaldas. Como en el caso de la dueña de la zapatería en Praga, me pregunto ¿qué pudieron hacer los jugadores que presenciaron el asesinato de su compañero?

Si hubieran reaccionado para detener a los hombres armados quizás hubieran sido conscientes de su poder numérico. Quizás hubieran resultado heridos. ¿Por qué ninguno auxilió a la víctima? ¿Por qué nadie logró salir de sí mismo y regresar a sí envuelto en una acción?

Hay una diferencia entre la vida

biológica, la de la supervivencia, la de la persistencia de la réplica, y la vida singular, la que tiene un sentido inconmensurable. Hannah Arendt escribe sobre esta disensión: “La polis se regía por una rígida separación entre el ámbito de la necesidad –todo lo relativo al cuerpo y sus necesidades, la vida familiar y económica– y el ámbito de la libertad, la interacción de los ciudadanos entre sí. La libertad es trascender la preocupación por la propia supervivencia”. Como cultura hemos confundido tanto la libertad, como ejercicio de pensar y actuar, con la libertad centrada en el bienestar material donde ya no existe la política, sino lo “necesario”, el sacrificio para que todo siga su inercia. Como en el paradigma del buen “pastor”, la política ya sólo existe para proteger y ampliar una cierta vida de las poblaciones y no la de los ciudadanos. Los griegos distinguían entre zoe –lo biológico– y bios, lo incomensurable de cada uno. Esa distinción es la que perdimos y, con ello, despolitizamos la política. Así, un gobierno como el de Felipe Calderón pudo ceder a su impulso de excluir de la vida protegible a cientos de miles y, a la vez, decir que su ideología es “por la vida”. Plantear el aniquilamiento como necesidad, afirmar que es necesario que unos mueran para que otros vivan con “tranquilidad”.

Del lado de nosotras, las ovejas, debiéramos repensar si lo que queremos es la “vida tranquila”, es decir, la que no nos haga morirnos por hambre o por bala y que, por el contrario, nos haga ir en la búsqueda, incierta pero voluntaria, de la vida significativa. Resulta paradójico cómo, en medio de las masacres de estos años, hemos logrado sacar a la vida de la muerte. Dándole la espalda a la muerte, hemos generalizado la conformidad con el aniquilamiento y creado la ilusión de que, mientras no nos toque, la muerte no existe. La construcción de una ciudadanía debe pasar por el abandono de la política pastoral y el regreso a la voluntad de actuar.

“La disidencia es el pensamiento”, concluía aquella Carta ´77 de los escritores checos. Y es justo la parte de las “contra-conductas” que no están ni en las plataformas de los partidos y candidatos ni en la mayoría de los medios de comunicación. Para los ciudadanos no existe la salvación –la inmortalidad del alma o el bienestar gradual de las poblaciones– sino la disposición a la trascendencia, en esta vida, la única que tenemos, y que no puede ser más que salirse de uno mismo para volver a uno mismo con un cuestionamiento a las “cosas como son”. Su inconveniente es que no es nada tranquila.

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THE CONTRAPODER BREAKING NEWS o mejor aun Notas cortas sabrosas sabrosonas en memoria de Gervasio Grajales (QEPD)

E

l Presidente Peña Nieto presume en todos los medios que este es el sexenio del empleo, pero no dice que es también el sexenio de los homicidios dolosos, de la corrupción e impunidad.

En Chiapas el Huero ya no presume ni siquiera de eso, pues se han perdido alrededor de 8 mil empleos y el gobierno es el primero en despedir personal; además aquí predomina la anarquía, la corrupción, la impunidad sobre todo la falta de gobernabilidad.

El sismo de Septiembre 7, fracturo el piso de la carretera que une a Tuxtla con Copoya y El Jobo, en un sitio que me informan esta sobre una caverna; para poder llegar a estos lugares teníamos que dar una gran vuelta hasta Suchiapa y en vista de ello, la pobladores de estos lugares y los transportistas, se unieron para trazar una línea alterna y para ello pidieron permiso a los dueños de estos terrenos que fue concedido y entonces trazaron una nueva desviación que está mucho mejor que la actual carretera.

Mientras tanto el gobierno estatal, empezó a reparar el tramo dañado gastando mucho dinero para lograrlo; no soy ingeniero pero tengo un poco de sentido común y en mi opinión el gobierno debió pavimentar el tramo hecho por los pobladores que es más corto y mejor trazado que el actual y sobre todo pasa por tierra firme y no sobre la carretera fracturada que pasa sobre una caverna y así se habrían ahorrado mucho dinero, el camino se habría acortado y sobre todo se habría hecho sobre terreno firme; la ineficacia es también una forma de corrupción.

Para nadie es un secreto que nuestro estado atraviesa por una etapa grave por la inexperiencia y corrupción que priva en la mayor parte de los funcionarios de gobierno; el amigo Portela, hace una relación muy completa de los funcionarios corruptos e ineptos que abundan en el gobierno del Huero Velasco empezando por el mismo gobernador.

No cabe duda que el Huero, no sabe gobernar pero eso si es un maestro en el arte de juntar funcionarios de alto nivel, como lo hizo con el bautizo de su hijo en la Ciudad de México, pues Chiapas es muy poca cosa para él; al acto asistieron el Presidente Peña Nieto, su compadre, Videgaray, Carlos Slim, Rafael Moreno Va-

Dr. Valdemar Rojas lle, Ricardo Monreal, Miguel Ángel Mancera, José Antonio Meade, Aurelio Nuño, Rosario Robles, Luis Miranda, Miguel Ángel Osorio Chong; como quien dice lo más granado de la política y la alta empresa.

Gran fiesta mientras en Chiapas la gente se muere de hambre y de miedo por la inseguridad que existe en la entidad, pero eso que le importa al Huero, que solo piensa en festejos y en aparecer en las revistas de alto impacto social.

El destape de José Antonio Meade Kuribreña como candidato del PRI a la Presidencia de la Republica, fue un asunto ya anunciado desde el momento en que se quitaron requisitos de militancia y de haber ocupado un cargo de elección popular en los estatutos del PRI. Su destape fue porque en el PRI, la caballada andaba muy flaca y en vista del desprestigio que arrastra este partido, se tuvo que recurrir a un candidato externo.

Osorio Chong fue descartado, pues ha fracasado como súper secretario de estado, por la inseguridad que priva en todo el territorio nacional que es obligación de él y ha fallado estrepitosamente; además se le ha señalado que ha utilizado su influencia para que muchas empresas del estado de Hidalgo que el gobernó, hayan recibido contratos millonarios y todas estas empresas fueron dirigidas por gentes muy cercanas a él cuando fue gobernador de ese estado.

Yo creo que Meade es un hombre honesto y capaz, pero de llegar a ocupar la Presidencia de México, estaría rodeado de roda la familia priista que ya sabemos lo corrupta que es y le impedirán gobernar y acabar con la corrupción.

Estoy seguro que todos, cuando menos la gran mayoría de los priistas lo aclamaran como el hombre más capaz y comprometido con México, pues ya sabemos que son una partida de borregos que acatan las decisiones del gobernante en turno.

Una lucha infructuosa.

Como todo mundo sospecha y con razón, que el gobierno del Huero gasta enormes cantidades de dinero en publicidad, en Febrero de este año, le pedí que de acuerdo con el artículo 8 de la Constitución, las autoridades tienen que informar en que gastan el dinero de nuestros impuestos, le pedí de manera respetuosa, que me informara a mí y a la opinión pública, el monto de esos dineros que les da a los periódicos, revistas, radio y televisión y en lugar de contestarme, me

datos del PRI.

Las demandas por acoso sexual, están a la orden del día en los Estados Unidos y en México; muchas de estas acusaciones son reales y merecen castigo, pero estoy seguro que también muchas mujeres se aprovechan y acusan para obtener beneficios económicos. enviaba a diferentes dependencias, pero ninguna me contestaba directamente; pues bien ahora ya sé porque no quiere que los chiapanecos sepamos como derrocha nuestro dinero, pues obran en mi poder copias de las facturas que le da el gobierno del estado y el municipio al periódico Diario de Chiapas y que consiste en 500 mil pesos mensuales el gobierno del estado y 250 mil el gobierno municipal. Estoy seguro que no son los único que reciben esas generosas cantidades de dinero producto de los impuestos que paga la ciudadanía y que deberían mejor emplearse en obras de beneficio social como por ejemplo comprar medicinas para los hospitales.

Ahora nos explicamos porque no hay dinero para medicinas en los hospitales y centros de salud, no hay para combatir la pobreza en nuestro estado, pues si eso le dan a un periódico, imagínense cuánto gasta en tener contentos a todos los periódicos de Chiapas.

Ahora parece que ya no le alcanza para seguir manteniéndolos y no les ha pagado en los últimos meses y por ello mismo, están protestando y llamándolo mentiroso, ladrón y mirrey; como quien dice, la luna de miel entre el gobierno y sus aliados los periodistas, llego a su fin.

Veremos en que termina este nuevo problema al que se enfrenta nuestro imberbe gobernador.

La reciente decisión del Tribunal Supremo Electoral, de validar la fraudulenta elección en el estado de Coahuila a favor del candidato priista, es una nueva afrenta al pueblo de Coahuila y de paso a todo el pueblo de México y prueba una vez más que las autoridades electorales están al servicio del PRI-gobierno y nos indica lo que serán las elecciones del próximo año en que el gobierno sacará a relucir todas las mañas y artimañas de siempre para alzarse con el triunfo.

Es un aviso para que todos los mexicanos salgamos a votar para derrotar al PRI por nocaut, pues si el resultado no es contundente, ya sabemos que las autoridades electorales les darán el triunfo a los candi-

Vemos grandes espectaculares del Jaguar Negro (creo que es el zanja negra) que pronto rugirá, cuando la realidad es que apenas llega a micifuz.

No se a quien se le ocurrió decir que Tuxtla Gutiérrez es una ciudad turística, cuando la realidad es que muy poco podemos ofrecer a los turistas que nos visitan, como no sean calles sucias y llenas de baches, obscuras y con derrames de aguas negras y sobre todo con un alto grado de violencia.

Tenemos que reconocer que nuestra ciudad capital es fea, otra cosa es que nos guste a los tuxtlecos y la amemos y digamos como lo hacíamos cuando éramos estudiantes y vivimos en otra ciudad y no veíamos la hora de volver a nuestro Tuxtleque como decíamos entonces.

Creo que nos pasa lo de aquel indígena que habitaba una pequeña aldea llamada San Felipe, que en una ocasión en que en uno de esos actos demagógicos que organiza el gobierno, lo invitaron a visitar varias ciudades del país como la Ciudad de México, Guadalajara Guanajuato y al terminar el periplo le preguntaron ¿Andrés te gustaron estas ciudades? El les contesto, todas están muy bonitas, pero¡ cuando como mi San Filipe!.

Como se tapan unos a otros los gobernantes priistas. El ex gobernador de Tlaxcala, dejo una millonada sin justificar y el actual gobernador dice que no tiene mayor importancia; creo que lo mismo sucede en Chiapas en donde el Huero se niega a castigar las pillerías de Sabines Guerrero que saqueó a Chiapas, dejando las arcas vacías y con una deuda que pagaremos todos los chiapanecos.

Los diputados y senadores no tienen ni tantita vergüenza y menos sentido de solidaridad con la inmensa mayoría del pueblo, pues se adjudicaron bonos millonarios al terminar su gestión, como que si hubieran hecho un trabajo digno; los diputados recibirán más de 800 mil pesos y los senadores más de 2 millones de pesos.

CMAN

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Jueves 7 de Diciembre de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 5 | No. 1242 DENUNCIA

En Tuxtla Gutiérrez pintan bardas de casas sin permiso con publicidad de ERA

MANIFESTACIÓN

Damnificados por el sismo denuncian abandono del gobierno federal y estatal

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INFORME

Peña acepta renuncia de Nuño a la SEP; se integrará a equipo de Meade

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COMUNICADO

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ACCIONES

Moverán más piezas en el gabinete de Peña: Videgaray y Miranda se van de senadores

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Santiago Nieto, extitular de la FEPADE, se integra a comité asesor electoral de Chiapas El extitular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, se integró en esta entidad al Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (Cotaprep) del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

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Líderes mayas forman frente común en defensa de Península de Yucatán por proyectos amenazantes