Contra 1308

CMAN

DOXA

EDITORIAL

Condena CIDH al gobierno mexicano por desplazados de Chenalhó

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El mayor triunfo que podían tener los desplazados internos del Ejido Puebla del municipio de Chenalhó lo obtuvieron el día de ayer, en el momento en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer las medidas cautelares que emitió en contra del gobierno mexicano.

La elección en Chiapas se calienta con los cambios en las oficinas delegacionales.

Lo que significa un uso faccioso de los recursos públicos para ganar la elección.

Eso ya se realiza en las oficinas del INAES, donde se asignan recursos a grupos, seleccionados por Luis Miranda, delegado del PRI, con propósitos electorales.

Allí se asignan montos de 250 mil pesos a grupos de cinco personas. ¡Qué infamia!

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EN CHIAPAS

Miércoles 7 de Marzo de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 5 | No. 1308

LLAMADO

RECURSOS

ONU y CNDH alertan por extrema violencia contra mujeres en México En la inauguración del evento, Jarab hizo un llamado a las autoridades mexicanas “para erradicar este atroz fenómeno”, tras advertir que “no hay excusa para respuestas negligentes en el combate a la violencia feminicida”

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Opacidad enmarca reconstrucción de escuelas en nueve entidades: IMCO

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DECLARACIÓN

México responderá igual si EU nos incluye en aranceles: Guajardo

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Trabajo infantil es más visible en oficios de informalidad

THE CONTRAPODER BREAKING NEWS Dr. Valdemar Rojas

ÍNDICE...

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Ruperto Portela Alvarado PAG. 14

EL DESAFUERO DE AMLO Y EL #ANAYAGATE Jenaro Villamil

DESATENCIÓN

Niños y niñas desplazadas, en el abandono institucional

HOY ESCRIBEN

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GÓMEZ URRUTIA, MORENA Y EL SINDICALISMO SUMISO Jesús Cantú

EN LA MIRA

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Héctor Estrada

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MEADE, PEÑA, AYOTZINAPA Y EL ACECHO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Rafael Croda PAG. 5

PAG. 10

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Miércoles 7 de Marzo de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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EDITORIAL Condena CIDH al gobierno mexicano por desplazados de Chenalhó

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l mayor triunfo que podían tener los desplazados internos del Ejido Puebla del municipio de Chenalhó lo obtuvieron el día de ayer, en el momento en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer las medidas cautelares que emitió en contra del gobierno mexicano a través de la Resolución 13/2018, que está publicada en el portal de internet www.cidh.org.

En esta resolución, entre varias consideraciones, la CIDH solicita al gobierno mexicano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de las personas indígenas tsotsiles que se encontrarían desplazadas del Ejido Puebla, en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, resolución que debe de modificar la situación que viven estos desplazados.

El conflicto en el municipio de Chenalhó, específicamente en el Ejido Puebla, no ha sido plenamente dimensionado por el go-

bierno de Chiapas, que no logra entender cual es su papel ni por qué ahora está siendo sometido al escrutinio internacional de los derechos humanos.

Las causas son obvias, sólo que la ignorancia e irresponsabilidad del gobierno de Chiapas no alcanza a percibir, debido a que tienen una responsabilidad internacional que no están cumpliendo y por eso están siendo sometidos al escrutinio de la CIDH. En concreto, el gobierno de Chiapas incurre en responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones y deberes contempladas por el artículo 1º constitucional, que toda autoridad está obligada a cumplir en materia de derechos humanos. Al respecto la constitución señala como obligación del Estado la de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Pero al mismo tiempo el artículo 1º de la constitución establece como deberes del Estado el de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los de-

rechos humanos.

En el caso específico de Chenalhó, se presentaron conflictos poselectorales en el 2015 en el que el Estado estaba obligado a tomar medidas para que se protegieran, respetaran y garantizaran los derechos humanos de la población y no lo hizo. Pero además, los conflictos electorales en varios municipios indígenas eran previsibles y el Estado no tomó las decisiones necesarias para prevenir, que no se presentaran los desplazamientos internos y tampoco lo hizo.

Pero en el momento en que se presentaron estos desplazamientos, con fecha 26 de mayo del 2016, el Estado debió de haber ordenado una investigación de los sucesos y como producto de ello se debió de haber aplicado las sanciones correspondientes y eso tampoco se realizó, situación que pone en riesgo la vida de la población desplazada, además de que se encuentra sometida a condiciones indignas y a un trato inhumano.

La responsabilidad de esta falta grave es el secretario de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, pero que, en la condición en que se encuentra, de medidas cautelares por parte de la CIDH, esta responsabilidad se traslada al Estado mexicano, quien está obligado a reparar el daño de las violaciones de derechos humanos en los términos que establece la ley.

Los 246 desplazados de Chenalhó se encuentran actualmente en plantón afuera del palacio de gobierno, sin que la autoridad responsable los atienda y resuelva la situación indigna a la que se encuentran sometidos.

Sin embargo la condición de los desplazados debe de cambiar en el corto plazo, por las medidas cautelares de la CIDH, aunque no se descarta que la enorme ignorancia y la irresponsabilidad profunda con la que funciona la secretaría de gobierno, considere que estas medidas cautelares de la CIDH carecen de importancia y que no encuentran obligados a cumplirla.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Miércoles 7 de Marzo de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Secretaría de educación no da certeza a quiénes presentan concurso de oposición A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

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ese a que año con año la Secretaría de Educación Pública (SEP) emite convocatoria para ofertar espacios educativos para ser ocupados por quienes presenten y aprueben un examen de oposición, el titular de esa dependencia en Chiapas, Eduardo Campos Martínez señaló que la prioridad de la secretaría no es garantizar un empleo o espacio laboral, sino de un buen servicio educativo.

Como parte de las manifestaciones hacía el sector educativo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Chiapas, aseguró que la institución no puede garantizar empleos, sino un servicio educativo certero.

Con respecto a las inconformidades por parte de maestros idóneos, quienes no han podido ocupar una plaza laboral debido a las presuntas irregularidades dentro de la SEP, Campos Martínez, afirmó que no se puede dar certeza para que todos los docentes obtengan una plaza, ya que la prioridad de la dependencia

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

A pesar de que las autoridades federales y estatales continúan aseverando como un logro sustancial una mínima disminución del número de niños que trabajan en Chiapas, la informalidad muestra que en la entidad es una realidad que no puede ser oculta.

De acuerdo al documento “Chiapas Estadísticas de Trabajo Infantil”, publicado por la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno del estado en coordinación con el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG), en Chiapas al 2011 se contabilizaron 191 mil 520 niños y niñas trabajadores, mientras que en el 2013 la cifra descendió a 164 mil 678 menores, lo que representó una reducción del 2.6 por ciento.

Estos datos, resultado de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que levanta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Módulo de Trabajo Infantil, indicaron que casi el 11 por ciento de los niños chiapanecos trabajan, ya sea formal o

Como parte de las manifestaciones hacía el sector educativo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Chiapas, aseguró que la institución no puede garantizar empleos, sino un servicio educativo certero

es garantizar el servicio educativo, no el empleo.

“Somos una institución que termina siendo muy atractiva para quienes desean un espacio laboral, nuestra prioridad es tener todos los

servicios educativos cubiertos, en el inter tendremos que contratar personal capacitado y para eso es la evaluación”, declaró.

Ante esto, dijo que apenas quedaron regularizadas las vacantes de

maestros idóneos del año 2016, sin embargo, aún esperan encontrar un lugar para los del año 2017, ya que tendrían que buscar espacios de los maestros que iniciaron su proceso de jubilación.

Trabajo infantil es más visible en oficios de informalidad informalmente, siendo el sector de la construcción el que más ocupa a niños y el del comercio a niñas.

Sin embargo la ocupación de menores, incluso cuando los padres les otorgan el respectivo permiso para emprender una actividad productiva, o que en el mayor de los casos, como puede observarse en el primer cuadro de la capital chiapaneca, son los progenitores quienes los ponen a trabajar.

En el centro de Tuxtla Gutiérrez es visible, palpable y comprobable el trabajo infantil, hasta a las afueras de la propia Secretaría del Trabajo (ST) del estado se establecen comercios ambulantes con niños laborando, ya sea vendiendo fruta picada, playeras, cinturones, gorras y otros, esto sin considerar a los cientos de boleros que recorren por horas las calles buscando alguien que adquiera sus servicios.

Adentrarse más en el corazón del centro es también adentrarse en es-

ta problemática que parece no tener pronta solución, ya que los menores son los propios encargados de los comercios, aquellos que se ubican principalmente en el antiguo mercado de frutas, el que se encuentra en la 1ª poniente y 8ª sur.

Lamentablemente el trabajo infantil es un lastre que lastima a

Chiapas y a sus 122 municipios, no solo porque la informalidad laboral ubica a la entidad como la tercera con la tasa más alta en el rubro, sino porque los niños, quienes primero deben dedicarse a sus estudios, cambian los mismos para apoyar económicamente y/o sostener a sus familias desde temprana edad.

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SE emite recomendaciones por altas temperaturas en el soconusco Marvin Bautista Tapachula, Chis. (interMEDIOS)

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a Coordinación regional de la Secretaría de Educación emitió recomendaciones a los docentes de los diversos centros escolares ante las altas temperaturas que se han registrado en la zona, cuyas condiciones climáticas pueden generar afectaciones en la salud de los alumnos.

La responsable técnico de la coordinación regional de la SE, Rosa Herminia Wong Villareal, dio a conocer que la principal recomendación es evitar todo tipo de actividades durante las horas álgidas del calor para prevenir complicaciones en la integridad física de la comunidad estudiantil.

Dijo que se ha pedido a los directivos de los centros escolares que eviten las actividades físicas al aire libre, ya que ante los incandescentes rayos del sol podrían presentarse casos de deshidratación o golpes de calor en los estudiantes.

Señaló que la medida preventiva es porque un porcentaje alto de las escuelas del nivel básico y medio superior no cuentan con canchas techadas, por lo que los docentes de educación física deben reprogramar sus actividades en las primeras horas de clases.

Detalló que también se ha recomendado que las actividades se realicen dentro de los salones de clases o bajo las sombras de los árboles, de

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

Aunque los materiales alternativos para la construcción resultan una buena idea, por su capacidad de resistencia, sus bajos costos y su fácil acceso, en un estado como Chiapas es necesario proporcionar a la sociedad toda la información y dar una muestra de la eficiencia de estos materiales para que las personas los acepten, declaró David Zamora Rincón, expresidente del Colegio de Arquitectos Chiapanecos Asociación Civil (CACHAC).

Reconoció que, ante el incremento en los precios del cemento y el acero, que representan dos de los productos básicos más importantes para la construcción, la entrada de productos alternos es eficiente, pero no tendrán un impacto mientras las personas sigan pensando que entre más pesada sea una construcción es más segura.

“Una de las alternativas es el plástico pero, hay que tomar en cuenta que Chiapas y otros estados como Oaxaca y Guerrero son estados con

La responsable técnico de la coordinación regional de la SE, Rosa Herminia Wong Villareal, dio a conocer que la principal recomendación es evitar todo tipo de actividades durante las horas álgidas del calor para prevenir complicaciones en la integridad física de la comunidad estudiantil

tal manera que las condiciones climáticas en esta temporada de estiaje no impida a los docentes cumplir con su programa de estudios.

La funcionaria estatal puntualizó que también se ha pedido a los docentes programar tiempos para que los niños puedan hidratarse de

manera periódica y para ello se pide la cooperación de los padres de familia para que instalen un garrafón de agua para los alumnos puedan estar prevenidos de cualquier situación.

Finamente mencionó que se debe poner énfasis en los niños de

preescolar y primaria, quienes son el sector vulnerable, sin embargo reconoció que hasta el momento no se ha registrado ningún caso de golpe de calor o deshidratación en la comunidad estudiantil, sin embargo no se debe bajar la guardia. (iM rrc)

Chiapas aún no está preparado para materiales de construcción alternativo alta sismicidad y desafortunadamente las personas tenemos corta memoria y pensamos durante mucho tiempo que en Chiapas tiembla muy poquito, pero los últimos sismos nos refresca la memoria que también hay fuertes movimientos y por eso es indispensable que las personas y los profesionales conozcan más sobre los temas relacionados con la construcción”, dijo.

Expuso que Chiapas es un estado donde gran parte de la población deja sus construcciones en manos de albañiles o constructores empíricos, que, aunque no menospreció el trabajo de este sector, consideró necesaria la intervención de profesionales, pues son quienes tienen conocimientos técnicos sobre esta materia.

“Primero debe haber un proceso de sociabilización de esas nuevas tecnologías como es, por ejemplo, la

madera, el reuso de algunos plásticos para usarlos en la construcción con otros elementos estructurales, por tomar unos ejemplos”, agregó.

En este sentido, dijo que las universidades juegan un papel muy importante, porque es desde los profesionales en proceso como

se podrá ir cambiando el modelo o patrón del pensamiento de las personas, pues se requiere de un proceso de aceptación para que las personas vean que esto sí funciona y que en las construcciones no siempre es necesario el uso de varillas y cemento.

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Niños y niñas desplazadas, en el abandono institucional De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

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l desplazamiento forzado del que fueron víctimas las 54 familias del ejido Puebla, municipio de Chenalhó, ha llegado más allá de un tema relacionado con las preferencias políticas, la violencia institucional no solo ha golpeado la cotidianidad de hombres y mujeres indígenas, también está violando los derechos humanos de niños y niñas que hoy viven un ambiente hostil, inseguro e insalubre.

El defensor de los derechos humanos y colaborador del Centro de Derechos Humanos Ku´untik, Manuel Alejandro Cruz Islas, detalló que más de 100 niños de 0 a 15 años, pertenecientes a la comunidad plantada frente al palacio de gobierno carecen de una alimentación optima, además de que están expuestos a las altas temperaturas y otras adversidades.

Lamentó que en Chiapas no exista una atención adecuada para las personas en este tipo de situaciones, aún más cuando se trata de niños y niñas que por ninguna razón deberían encontrarse en estos escenarios.

“Lamentablemente en Chiapas no hay una atención adecuada y esto es violencia institucional; hay una gran invisibilidad para los niños… hay de-

El defensor de los derechos humanos y colaborador del Centro de Derechos Humanos Ku´untik, Manuel Alejandro Cruz Islas, detalló que más de 100 niños de 0 a 15 años, pertenecientes a la comunidad plantada frente al palacio de gobierno carecen de una alimentación optima, además de que están expuestos a las altas temperaturas y otras adversidades

pendencias que se deben encargar de esta situación, pero no lo hacen; los niños están olvidados pese a sus derechos humanos”, dijo.

Expuso que al ser menores de edad su cuidado debe ser aún mayor, porque se trata de un sector vulnerable.

Cabe recordar los habitantes del ejido Puebla dieron su apoyo al Partido Revolucionario Institucional

(PRI) en las elecciones intermedias del 2015, pero al resultar ganadora de la alcaldía Rosa Pérez Pérez del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fueron desalojados de sus viviendas a través de grupos paramilitares.

Ante ello, fueron reubicados en un campamento en la colonia Santa Cecilia en San Cristóbal de las Casas,

sin embargo, el lugar carece de servicios básicos.

Cruz Islas, hizo un llamado a la población chiapaneca para brindar el apoyo a los niños y niñas de los desplazados indígenas, pues carecen de alimentos, agua, ropa, cobijas y demás productos que podrían hacer que tengan una estancia un poco más cómoda.

Incremento en restaurantes, en este mes De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC), Arturo Mari Domínguez, confió que será a mediados de marzo o inicios abril cuando se presente el incremento en las cartas de las empresas de alimentos en la entidad.

Lo anterior, debido a que el alza en precios de gas, luz, gasolina e insumos, ha vuelto insostenible los precios, los cuales, en atención a la economía chiapaneca, se decidieron mantener durante el primer trimestre del año, sin embargo esto ya no puede ser posible, refirieron.

Mari Domínguez explicó que durante el primer trimestre del año fueron los dueños de restaurantes quienes absorbieron los costos y aumentos en los productos, donde por la paridad del dólar, fueron los de importación los que presentaron mayor alza, por lo que tras el primer trimestre, esta situación obligará el

aumento de precios.

Por otro lado, el representante de la industria restaurantera comentó que para este periodo de Semana Santa 2018, es la zona de San Cristóbal de Las Casas y la costa chiapaneca, la cual espera mayor afluencia de turismo.

En el caso de estas dos regiones, se podría alcanzar hasta un incremento del quince por ciento en los servicios de alimentos, siendo estos puntos los de mayor interés para el turista, por lo general nacional, que visita territorio chiapaneco.

Tuxtla Gutiérrez contaría con cinco puntos sobre la porcentual, lo que da muestra de la necesidad de continuar con la promoción de la localidad como un punto turístico. Es ahí, donde, con el apoyo del ayuntamiento capitalino, la CANIRAC se suma a proyectos como “La Capital de la Aventura”, el cual pretende el uso de los puntos cercanos a la ciudad, con atractivos turísticos.

Por ello, explicó Arturo Mari, que la capacitación ha formado uno de los ejes principales en su

administración, ejemplo de ello, es el convenio de Educación Dual, firmado por la cámara y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas y la Secretaría de Educación del gobierno estatal.

Dicho acuerdo, basado en modelos de éxito alemanes, permitirá al alumno de nivel preparatoria

lograr una preparación integral al desarrollarse dentro del campo laboral, con becas públicas y el acceso a los restaurantes de la CANIRAC. Esto se suma a otros proyectos como con la Universidad Autónoma de Chiapas, donde el objetivo es otorgar una capacitación continua a los agremiados, con miras al desarrollo económico de la entidad.

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Peña y Murat, más preocupados por elección que por damnificados de sismo: Coordinadora del Istmo Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

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a Coordinadora General de Damnificados del Istmo denunció que, a seis meses del terremoto del 7 de septiembre, los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Alejandro Murat Hinojosa han incumplido con su responsabilidad porque están más preocupados por el reparto de candidaturas y la elección que por resolver el problema de miles de familias que aún duermen en las calles.

En un comunicado, destacaron que “familias enteras que hoy se reconocen damnificadas de los terremotos de septiembre pasado, también son damnificadas del gobierno porque siguen sin atender de manera eficiente y oportuna a miles de mujeres, hombres y niños istmeños que perdieron o sufrieron daños en su vivienda, en sus escuelas y en su economía”.

Los damnificados de 20 municipios aglutinados en la coordinadora insistieron en hacer válida la declaración como persona non grata a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga.

Al gobernador Alejandro Murat y “sus personeros” les reiteraron que no se permitirán más eventos “a modo”. Incluso, advirtieron que harán manifestaciones en cada uno de sus eventos, hasta obtener respuestas y atención.

Los inconformes criticaron que, pese a que en la Comisión Especial de Reconstrucción del Istmo en el Con-

Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

Autoridades de Bienes Comunales de Unión Hidalgo calificaron de mentiroso al secretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, José Luis Calvo Ziga, quien sostuvo que el proceso de consulta indígena ya había terminado para instalar otro parque eólico cuando ni siquiera ha empezado ese requisito. Óscar Marín Gómez, representante de Bienes Comunales, aclaró: “no se ha emitido ninguna convocatoria porque no hay condiciones para una consulta, debido a que el pueblo fue devastado por el terremoto de 8.2 grados del pasado 7 de septiembre”.

Durante un acto de protesta en las oficinas del colaborador y compadre del gobernador priista Alejandro

En un comunicado, destacaron que “familias enteras que hoy se reconocen damnificadas de los terremotos de septiembre pasado, también son damnificadas del gobierno porque siguen sin atender de manera eficiente y oportuna a miles de mujeres, hombres y niños istmeños que perdieron o sufrieron daños en su vivienda, en sus escuelas y en su economía”

greso Local se lograron etiquetar -en el Presupuesto de Egresos del Estado- 200 millones de pesos para atender a miles de familias damnificadas que permanecían “invisibles” para el gobierno federal, la administración estatal “de manera irresponsable, se ha negado a aplicar estos recursos con el argumento de que existen ambigüedades en el decreto”.

Esta decisión, sostuvieron, solo exhibe el desinterés, la falta de profesionalismo, de capacidad y compromiso del gobernador del estado y de su equipo de trabajo, quienes se muestran más preocupados por el reparto de candidaturas y las elecciones del 2018.

La Coordinadora también anunció que, gracias al esfuerzo de cada uno de los damnificados, se logró que, en la declaratoria de desastre por el terremoto del pasado 16 de febrero con epicentro en Pinotepa Nacional, el gobierno estatal haya incorporado como zona de desastre a los siguientes municipios: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, San Juan Guichicovi, San Pedro Comitancillo, Santo Domingo Tehuantepec y Santo Domingo Zanatepec. Todos pertenecen a la región del Istmo y tienen participación en la Coordinadora.

Dichas localidades accederán a los

recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) 2018 para la realización de un segundo censo por parte del gobierno federal y para la entrega de los apoyos necesarios que permitan a las familias damnificadas que no hayan sido consideradas y que requieran reclasificación de daños, iniciar con la reconstrucción de sus viviendas.

Esa medida, dijeron, se aplicará con independencia de los 200 millones de pesos que autorizó el Congreso del estado y los mil 200 millones de pesos que la legislatura local aprobó al gobernador Murat para atender a los damnificados “sin que a la fecha se tenga conocimiento de su uso y destino”.

La Coordinadora lamentó que, a medio año del terremoto, cerca de 10 mil damnificados de al menos 10 municipios -entre ellos: Matías Romero, Unión Hidalgo, Barrio la Soledad, San Dionisio del Mar, San Juan Mazatlán, Santo Domingo Petapa- aún quedan fuera de esta declaratoria.

Por ello, dijo que mantendrá la exigencia y las acciones de presión necesarias para lograr que ningún damnificado del Istmo quede sin recibir los apoyos que por derecho le corresponden.

Pobladores desmienten convocatoria de consulta para instalar parque eólico en Oaxaca Murat Hinojosa, Marín Gómez dijo que en Unión Hidalgo “hay cinco mil casas en proceso de reconstrucción, la parroquia, las capillas, el palacio, entonces, nos preocupan más otros temas que la consulta”.

Sin embargo, decidieron desmentir a José Luis Calvo, quien afirmó después de participar en el México WindPower 2018 que el proceso de consulta indígena ya había terminado cuando ni siquiera ha empezado, debido a que no se ha emitido convocatoria alguna porque no hay condiciones para realizar esa práctica.

Luego insistió en que por los sismos de septiembre hay otras prioridades, esto sin contar que el proceso electoral es otro factor que impide

la consulta, “la cual no queremos poner en riesgo”.

Con la llegada de los parques eó-

licos “no hemos visto progreso ni vemos el desarrollo prometido, sólo invasión a nuestra tierra”, acusó.

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Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

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a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tras acreditar que con la construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM) se agravió a habitantes de 27 municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El argumento: “No se cumplieron los parámetros nacionales e internacionales del derecho a la consulta previa, libre, informada de buena fe y culturalmente adecuada a pueblos y comunidades indígenas”.

La Recomendación 3/2018 está dirigida a los titulares de Semarnat, CFE y CDI, Rafael Pacciano Alemán, Jaime Francisco Hernández Martínez y Roberto Serrano Altamirano, respectivamente, como resultado de la acumulación de 45 denuncias formuladas -desde octubre de 2012 y hasta junio de 2015- por 34 quejosos de las tres entidades federativas inconformes por la construcción del megaproyecto que incluye una Central Termoeléctrica, un acueducto y un gasoducto, en las inmediaciones del volcán Popocatépetl.

La investigación de la CNDH confirmó que no se atendieron los parámetros nacionales e internacionales de consulta previa, “toda vez que la Semarnat difundió el proyecto mediante internet y la CFE no realizó esa consulta, lo que resultó inaccesible e insuficiente para dar cuenta del Proyecto y sus implicaciones a la población en las localidades impactadas que representan niveles de marginación de altos a muy altos”.

En cuanto a la CDI, la recomendación la CNDH resaltó la expresión de que “ningún ente del Estado solicitó su intervención respecto del PIM”. Sin embargo, el organismo “acreditó que sí conoció del problema, a partir de una reunión con indígenas nahuas del municipio de Nealtican, Puebla, sin referir actuación adicional y no cumplir con su mandato y normatividad sobre consulta a los pueblos y comunidades indígenas”.

En su indagatoria, el organismo obtuvo información de que los riesgos

De la redacción Ciudad de México (apro)

En el proceso electoral 2017-21018, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “vamos a cumplir a cabalidad con nuestras responsabilidades, actuando como jueces de la democracia, con plena imparcialidad y prudencia”.

Así lo aseguró este martes la magistrada presidenta de la Sala Superior del TEPJF, Janine M. Otálora Malassis, al clausurar los trabajos del X Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados Electorales. La Justicia Electoral ante el 2018: Los grandes retos.

“Confío en que todos vamos a cumplir a cabalidad con nuestras respon-

Miércoles 7 de Marzo de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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La CNDH emite recomendación a CFE, Semarnat y CDI por Proyecto Integral Morelos que representa el megaproyecto, a la población y al medio ambiente, fueron ampliamente conocidos por la CFE, a través de documentación del Centro Universitario de Prevención de Desastres Regionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (CUPREDER-BUAP), que “resaltó diversas irregularidades en la información difundida; falta de conocimiento de los responsables técnicos; además del riesgo a las distintas poblaciones cercanas al proyecto”.

La opinión pública del CUPREDERBUAP incluye “el mapa de peligros del Volcán Popocatépetl elaborado en 1997 por del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (IG-UNAM) y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred)”; una nota técnica del Cenapred dirigida a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en el que alertó que “el peligro es significativo para el trazo del Gasoducto respecto a la amenaza de flujos piroclásticos, lava, caída de materiales volcánicos y en el flanco sur del volcán de derrumbes gigantes y, en cuanto a flujos de lodos este fenómeno puede ocurrir independientemente de la existencia de la actividad volcánica”.

Sobre estas advertencias, la CRE solicitó a la CFE fueran consideradas en “las licitaciones para la ejecución del proyecto”, en tanto que el IG-UNAM y el Centro de Geociencias de la UNAM, señalaron que “no es prudente minimizar los riesgos que del volcán pudiesen emanar. Por lo que se sugirió se reevalúen los parámetros de diseño de las obras ubicadas en zonas de alto riesgo”.

La Recomendación 3/2018 especifica que el PIM tiene un impacto sobre 930 mil 863 habitantes, de los cuales 51 mil 30 son indígenas, concentrados principalmente en Puebla, y que en la zona afectada se identifican 37 pueblos originarios y 38 comunidades de interés por contar con 150 habitantes indígenas.

En cuanto a los niveles de marginación, la CNDH documentó a partir de datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) que “el porcentaje de población en situación de pobreza era de 52.3. 64.5 y 58.9 en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, respectivamente”, en tanto que la proporción de la población con al menos una carencia social es de 78, 84.4 y 81.5, respectivamente en dichos estados, “siendo la carencia social más recurrente en los tres casos el acceso a la seguridad social”.

Responsabilidad institucional Al concluir su investigación, la CNDH consideró que “se actualiza una responsabilidad institucional para la Semarnat, CFE y CDI por no armonizar la normatividad vigente con el artículo 1º Constitucional; por la falta de coordinación interinstitucional; desconocimiento de normas nacionales e internacionales; insuficiente supervisión de acciones en el proceso administrativo y para garantizar el acceso a los mecanismos de participación de la sociedad y de los pueblos y comunidades indígenas”.

La CNDH explicó que tomó como base de análisis el concepto de desarrollo sostenible delineado por la ONU, que considera que “el impacto positivo del desarrollo sostenible consiste no sólo en beneficiarse económica o socialmente de una obra, sino en su trascendencia para la vida comunitaria al permitir a las personas, grupos y comunidades participar en la toma de decisiones”.

Por tanto, la Comisión “recomendó al titular de la Semarnat instruir a la Pro-

curaduría Federal de Protección al Medio Ambiente y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para que vigilen el cumplimiento de los términos de las resoluciones en materia de impacto ambiental y supervisen las condiciones de seguridad en la puesta en marcha y operación del PIM, respectivamente”.

A la Semarnat y a la CFE las emplazó a formar “un grupo de trabajo que evalúe si el PIM cumple con las especificaciones técnicas previstas para obras de esa naturaleza y en materia ambiental, verifique sus condiciones actuales en relación con la actividad del Popocatépetl y otros agentes exógenos que pudieran impactar la seguridad en su funcionamiento y operación, así como de las personas en las poblaciones involucradas”, para lo cual deberán solicitar el apoyo del Cenapred, CUPREDER de la BUAP, Instituto de Geofísica de la UNAM y unidades de protección civil estatales y municipales.

Al titular de la CFE se le pidió “atender las recomendaciones pendientes del Cenapred; dar mantenimiento riguroso a la infraestructura del PIM durante su vida útil; cumplir con el Plan Integral de Seguridad y Protección Civil y el Plan de Respuesta a Emergencia, con apoyo de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y, en su caso, considerando las recomendaciones del grupo de trabajo que se establezca, se cree un programa específico de protección civil”.

Por último, se recomendó al director general de la CDI “emitir una circular que se publique en el Diario Oficial de la Federación, dirigida al personal de dicha Comisión, para que cuando conozca de hechos como el presente los someta a consideración de la instancia que se designe, para que se asesore y garantice el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.

El TEPJF actuará “con plena imparcialidad y prudencia” en el proceso electoral: Otálora Malassis sabilidades (…) demostrando día a día que México tiene realmente instituciones electorales fuertes”, subrayó ante las magistradas y magistrados de la Sala Superior, salas regionales y tribunales electorales de los estados.

De acuerdo con Otálora Malassis, más allá de los análisis del sistema electoral y de los grandes retos que se tienen que asumir, ese encuentro concluye con una serie de compromisos adoptados por los tribunales electorales, a los que harán frente, como instituciones del Estado mexicano, con el pleno con-

vencimiento y compromiso de trabajar siempre unidos “para fortalecer nuestra democracia”.

En este sentido, reiteró el llamado a otras autoridades del Estado para que garanticen la autonomía efectiva de los tribunales electorales frente a los factores reales de poder y con condiciones para garantizar la independencia de sus integrantes.

Añadió: A los actores políticos “les pedimos que demuestren su compromiso con nuestra democracia, a través de su respeto de las reglas del juego y de

los valores constitucionales, en especial el respeto a la función jurisdiccional como la principal vía de resolución de conflictos”.

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Opacidad enmarca reconstrucción de escuelas en nueve entidades: IMCO Areli Villalobos Ciudad de México (apro)

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l lanzamiento de una plataforma ciudadana para dar seguimiento a la asignación de recursos públicos, privados y de organizaciones sociales para la reconstrucción de 17 mil 946 escuelas, planteles que resultaron dañados por los sismos de septiembre, evidenció la ausencia de transparencia de las secretarías de Educación Pública en nueve entidades del país.

De acuerdo con Pablo Clark, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y participante en la plataforma de “Reconstrucción escolar”, las dependencias educativas en Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz se negaron a dar información a través de solicitudes de información sobre el proceso de reconstrucción de los planteles afectados y el tipo de recursos que les fueron asignados para este propósito.

Clark explicó a Apro que, tras un primer paquete de solicitudes de información interpuestas a finales de enero pasado, y en el cual el investigador pidió a las dependencias de educación conocer el padrón de las escuelas dañadas y la asignación de los recursos, aquéllas respondieron que no contaban con los datos requeridos.

Las únicas entidades que entregaron información fueron Puebla y Morelos.

La información se haría pública

y se concentraría en la plataforma reconstruccion.mejoratuescuela. org, que actualmente se nutre con información del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“El proceso de generación de estos datos comienza desde las secretarías estatales, justamente donde hemos identificados que hay más rezago respecto a la validez de los datos.

Ellos generan toda la información y se la pasan a la SEP y al Inifed. En

la plataforma tenemos información de Puebla y Morelos, el resto no ha respondido, por lo que no hemos podido integrar información”, comentó en entrevista.

La plataforma fue presentada ayer por la mañana como una propuesta de organizaciones civiles y de la iniciativa privada con el objetivo de transparentar el proceso de reconstrucción en el sector educativo a raíz de los sismos de septiembre de 2017.

La primera etapa de la plataforma describe la asignación de recursos públicos, privados y de organizaciones sociales para este fin, y en una segunda el objetivo será observar las etapas de la reconstrucción.

Las organizaciones civiles y de la iniciativa privada que participan en el proyecto son Construyendo, Fideicomiso Fuerza México, Fondo para la Paz IAP, Fundación Adopta una Escuela, Fundación Alfonso Noriega, Fundación Gentera, Fundación Ienova AC, Fundación Televisa, Happye Hearts, Niños en Alegría, Proeducación IAP, Reconstruyendo México Kaluz e IMCO.

México responderá igual si EU nos incluye en aranceles: Guajardo De la redacción Ciudad de México (apro)

El gobierno mexicano ya tiene en la mira varios productos estadunidenses a los que le puede imponer aranceles, si Estados Unidos no lo excluye de su anuncio de gravar el acero y aluminio que importa.

En recientes declaraciones, el presidente Donald Trump dio a conocer que pretende cobrar 25% de aranceles a las importaciones de acero y 10% a la de aluminio, sin importar que ello cause una guerra comercial a nivel mundial; incluso, dijo que la medida podría incluir a las exportaciones canadienses y mexicanas si no se negocia un Tratado de Libre y Comercio (TLC) “justo”.

Al respecto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, consideró que Estados Unidos tendrá que moderar su propuesta, porque sería como “darse un balazo en el pie” si la concreta.

“Si no llegan a la inteligente solución de excluir a México y a Canadá, como socios de América del Norte, lo que tendríamos que hacer es enfilar una respuesta sobre aquellas cosas que ellos exportan donde hay más sensibilidad política y dar exactamente en esos bienes, tenemos capacidad para responder”, advirtió el funcionario en el programa televisivo Despierta, con Loret de Mola.

Confió en que el gobierno de Trump va a moderar su anuncio porque es imposible que tome una solución que golpee a todos sin considerar que el

problema está en el exceso de capacidad generado en Asia, “de otra manera, cuando le pegas a tus socios comerciales, te pegas tú solo en el pie. “(…) fuimos a Washington, les dijimos ‘cuidado, se van a hacer daño a sí mismos, saquen a México de esta determinación’, y, finalmente, si la decisión final no nos saca, vamos a actuar de inmediato en el momento en que sepamos qué es lo que van a hacer”, expuso sin revelar en qué productos de EU están pensando gravar.

México tiene un déficit de acero, “les compramos más acero de lo que les vendemos. No tiene ningún sentido (el arancel), se van a dar un balazo en el pie y además, nosotros estamos obligados que si lo hacen, nosotros les vamos a contestar”.

Respecto de las reacciones de la Unión Europea y de China, para imponer aranceles a los jeans y a las motocicletas estadunidenses, si Washington impone los aranceles al acero y al aluminio, el funcionario mexicano dijo que “el problema que tienes cuando te dicen de puro pico qué van a hacer (algo) y no lo hacen todavía y respondes al pico nada más (..) entonces es el cuento de nunca acabar”.

Riesgo de desempleo Al ser cuestionado sobre los efectos de una guerra comercial, Guajardo Villarreal explicó que si el gobierno estadunidense no modifica su posición “va a llevar eventualmente al desempleo. Y si a esto le agregas una actitud hostil de

Estados Unidos con la OMC (Organización Mundial del Comercio), donde no están permitiendo el nombramiento de paneles, a través del nombramiento de jueces, están bloqueándolo, pues realmente están dándole en el corazón al sistema de arbitraje que nos permite ponernos de acuerdo cuando no estamos de acuerdo.

“Eso sí nos llevaría a una serie de decisiones discrecionales como las que se están tomando y que van a empantanar y que van a tener un efecto, sin duda, en el crecimiento”.

Tras el cierre de la séptima ronda entre los representantes comerciales de México, Estados Unidos y Canadá para modernizar el TLC, el secretario de Economía reconoció que la propuesta de imponer aranceles al acero y al aluminio sí mete ruido en las negociaciones.

Explicó que apenas se cerraron tres capítulos en el diálogo con los funcionarios de los países socios, pero que existen otros siete cuya negociación podría concluir en un par de semanas; “serían 13 de 30 capítulos cerrados”.

También señaló que las conversaciones están avanzadas en materia de energía, telecomunicaciones y comercio. Sin embargo, “está pendiente el corazón más complejo de la negociación”, como la cláusula Sunset, las reglas de origen, el seasonality, por el cual quieren parar la exportación de productos frescos.

“Toda esa gama de cosas complicadas, tenemos que sentarnos los mi-

nistros frecuentemente entre ésta y la próxima ronda para tratar de buscar acomodos que nos sirvan a todos y que no sean dañinos a nuestros posicionamientos y poder sacar algo que sirva a la narrativa de los tres países”, dijo Guajardo.

Un TLC antes de las elecciones El secretario de Economía consideró que es posible que concluyan las negociaciones comerciales. No obstante, depende de la voluntad de los gobiernos socios comerciales.

“La única manera de poder cerrar un TLC es que las partes lo puedan defender en el debate público correctamente y que sea un buen acuerdo.

El fin de la negociación no depende de los aranceles (…) estamos tan cerca de cerrarlo como haya voluntad política de las tres partes”.

Guajardo agregó que mañana viajará a Chile para firmar el TPP 11, un tratado que busca mantener vigente un mecanismo diseñado en materia de comercio internacional y al que espera que el gobierno de EU pueda regresar.

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ONU y CNDH alertan por extrema violencia contra mujeres en México Gloria Leticia Díaz Ciudad de Mexico (apro)

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n víspera del Día Internacional de la Mujer, la CNDH y ONU-Mujeres alertaron en actos por separado sobre la extrema violencia contra las mexicanas.

Esta mañana, un parque localizado en la colonia Lomas de Virreyes se convirtió en el escenario para el lanzamiento de la campaña #AhoraEsElMomento, diseñado para prevenir y concientizar a la población sobre el acoso sexual, el feminicidio y la discriminación contra las mujeres.

Impulsada por siete agencias de la ONU en México, la Unión Europea; el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Cultura UNAM y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, con el respaldo de la agencia J. Walter Thompson, la campaña arrancó con la instalación de esculturas de símbolos de la mujer sobre el predio, “para recordar y honrar a las víctimas de violencia de género en México”, resaltó Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

En la inauguración del evento, Jarab hizo un llamado a las autoridades mexicanas “para erradicar este atroz fenómeno”, tras advertir que “no hay excusa para respuestas negligentes en el combate a la violencia feminicida”.

De acuerdo con datos aportados por la ONU, cada año 64 mil mujeres y ni-

Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)

Entre enero de 2012 y julio de 2017, la empresa constructora Operadora Cicsa, propiedad del magnate Carlos Slim, recibió 94 mil 152 millones de pesos a través de contratos de obra pública en las administraciones federales de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, de acuerdo con un estudio que presentó hoy el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Constructora Cicsa resultó la empresa más beneficiada durante ese periodo, arriba de tres empresas dedicadas a vender medicamentos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y otras como Sixsigma Networks, propiedad de María Asunción Aramburuzabala Larreguí; Coconal, de Héctor Ovalle; Operbes, una filial de Televisa; y La Peninsular, del mexiquense Carlos Hank Rhon.

El estudio, que señala los riesgos de corrupción en los procesos de contratación pública, menciona que tan sólo 2 mil 500 proveedores se llevaron el 80% de los 2.3 billones de pesos que las administraciones gastaron en contratos públicos en los últimos cinco años y medio.

Y no sólo esto: las mil empresas más

ñas son asesinadas en el mundo, siendo América Latina y el Caribe la región con más cifras de feminicidios, pues 14 de los 25 países más violentos para las mujeres están en esta zona. En el caso de México, las cifras oficiales reportan siete asesinatos diarios de mujeres.

Con el lema “Alto al feminicidio: el momento es ahora. Ni una menos”, Belén Sanz, de ONU Mujeres, puntualizó que la campaña lo que busca es alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos la igualdad de género.

Igual alertó que esa meta “no será posible si no prevenimos y ponemos fin a la violencia que enfrentan las mujeres y las niñas. Es una labor imperativa que nos convoca a la acción colectiva”.

Otras agencias de la ONU que participan en la campaña son el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana (CINU).

En el Senado de la República, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, alertó sobre el incremento de homicidios hacia mujeres a pesar de avances normativos para atender la violencia hacia ellas.

Durante su participación en el foro “El feminicidio en México: Retos y perspectivas de la sociedad civil”,

González Pérez destacó que datos contenidos en la “Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género”, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), apuntan a que en 2015 se registraron mil 755 homicidios dolosos de mujeres, y dos años después la cifra se incrementó 47.29%, al pasar a 2 mil 585.

El ombudsman agregó que, de la cifra de 2015, sólo 389 fueron clasificados como feminicidios, en tanto que en 2017 sumaron 671, un aumento de 72.49%.

El mismo SESNSP documentó 56 mil 422 mujeres víctimas de lesiones dolosas en 2015, y 61 mil 35 en 2017, lo que implica un incremento de 8.2%.

Para el ombudsman, los datos duros llaman a “fortalecer los sistemas de justicia, de capacitar a la policía y a los jueces para eliminar los estereotipos y prejuicios hacia las mujeres”.

También agregó que “es tiempo de mejorar los servicios de apoyo a las

sobrevivientes y a sus familias, de encontrar mecanismos de reparación del daño pero, sobre todo, es momento de dedicar planes y presupuestos para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas”.

González Pérez recordó que “la gravedad de la crisis” se evidencia en que se han iniciado procedimientos de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 29 entidades.

Pese a la existencia de ese mecanismo, el ombudsman reconoció que la AVGM “no tiene efectos inmediatos en la disminución de los feminicidios, pero sí sienta las bases para comenzar a combatir la impunidad y a posicionar el problema de violencia contra las mujeres en las agendas estatales y municipales”.

González Pérez hizo propuestas al Legislativo de reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y al Ejecutivo federal a “fortalecer las instancias federales que atienden la AVGM, para que no recaigan sólo en los institutos de las Mujeres; asegurar que cambios y transiciones de gobierno no obstaculicen o frenen las acciones o las AVGM; hacer públicos los informes de seguimiento en entidades que no decretaron alerta, y fortalecer la presencia de Instituto Nacional de las Mujeres para acompañar y orientar el procedimiento de AVGM y las acciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”.

Constructora de Slim, la empresa más beneficiada por contratos de obra pública de 2012 a 2017 beneficiadas con contratos públicos obtuvieron el 71% de ellos mediante el método discrecional de adjudicación directa, es decir, sin licitación pública de por medio.

El estudio también confirma que tanto el gobierno de Calderón como el de Peña Nieto tuvieron sus empresas “consentidas”, a las que otorgaron la mayor parte de los recursos públicos.

Según el IMCO, las 73 empresas que recibieron 127 mil millones de pesos durante el cuarto año de gobierno de Peña Nieto –uno de cada tres pesos licitados ese año-- ni siquiera figuraban entre las empresas más beneficiadas en 2012, año en el que ganaron apenas un 2% de los montos adjudicados.

El estudio muestra que estas 73 empresas fueron beneficiadas principalmente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el IMSS y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que les otorgaron el 60% de los recursos.

Este dato se da a conocer una semana después que la organización México Evalúa exhibió cómo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

reparte los recursos multimillonarios del Ramo 23 de manera discrecional y opaca para “premiar” o “castigar” a los gobernadores aliados o rivales, respectivamente, y que esta práctica se agudizó durante la administración de Peña Nieto.

Focos de riesgo En los últimos años, reportajes de prensa e informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) exhibieron de manera reiterada casos de corrupción en el otorgamiento de contratos públicos por la SCT, ya sea con la constructora OHL, el “Paso Exprés” de la autopista México-Cuernavaca o el tren México-Querétaro, entre otros.

Sin embargo, entre enero de 2012 y julio de 2017, la dependencia, a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, recibió solo 77 denuncias específicas para temas de contrataciones públicas, mientras “el dato brutal”, según Max Kaiser, integrante del IMCO, es que “solo hubo una inhabilitación y una destitución”.

De acuerdo con el estudio del IMCO, 30 dependencias federales gas-

tan 8 de cada 10 pesos destinados a las contrataciones, y tan sólo tres de éstas –la CFE, el IMSS y la SCT-- otorgaron contratos por un billón 152 mil millones de pesos entre enero de 2012 y julio de 2017.

Y esta cifra no contempla los contratos de Pemex, que a raíz de la reforma energética, lanzada por Peña Nieto y aprobada por el PRI, el PAN y el PRD que firmaron el “Pacto Por México”, dejó de transparentar sus contratos.

CFE, IMSS y SCT figuran entre las cinco instituciones con mayores riesgos de corrupción en los procesos de contratación, pues junto con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), concentran Unidades Compradoras que adjudican contratos de manera discrecional, presentan anomalías o carecen de transparencia.

En los últimos cinco años y medio, la división de Bienes Terapéuticos del IMSS otorgó contratos para la compra de medicamentos por más de 190 mil millones de pesos.

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Miércoles 7 de Marzo de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Marcela Lombardo, la luchadora social que compitió por la presidencia de México De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

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a política mexicana Marcela Lombardo Otero, falleció este lunes 5 de marzo a los 92 años de edad. Fue profesora y trabajó por las causas sociales, además de ser la segunda mujer en competir por la presidencia de la República Mexicana en 1994 por el Partido Popular Socialista.

Marcela Lombardo nació en la Ciudad de México el 20 de marzo de 1926, apenas quince años después del auge de la Revolución Mexicana, tema que, junto con el socialismo y la paz, serían centrales en su trayectoria política y profesional, de acuerdo con información del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales “Vicente Lombardo Toledano” del que fuera directora hasta el día de su muerte.

Con el ejemplo de su familia, Marcela se formó en su juventud como maestra normalista de nivel primaria en la Escuela Nacional de Maestros, y posteriormente como economista en la Escuela Nacional de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Desde joven, Marcela Lombardo se incorporó a la vida política del país. En 1948 – siete años antes de que en México se reconociera el derecho de las mujeres a votar- fundó el Movimiento de la Juventud Popular en México y el Partido Popular, que después se convertiría en el Partido Popular Socialista (PPS).

En l994, el PPS la nombró candidata a la Presidencia de la República.

Sus propuestas políticas estaban centradas en el fortalecimiento de la sobe-

Con el ejemplo de su familia, Marcela se formó en su juventud como maestra normalista de nivel primaria en la Escuela Nacional de Maestros, y posteriormente como economista en la Escuela Nacional de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

ranía, el proceso electoral, la defensa de los intereses populares y el conflicto social en Chiapas.

Si bien el partido obtuvo entonces una votación por debajo del 1 por ciento, lo que les llevó a perder el registro, Marcela se convirtió en la segunda mujer en postularse a este puesto de elección popular en el país, y con esto en convertirse en una pionera para el ejercicio de los derechos políticos de las mexicanas. La única mujer que en 1988 la presidió como candidata fue la activista Rosario Ibarra de Piedra.

Luego de Marcela, sólo cuatro mujeres más se han postulado como candidatas para ocupar la Presidencia de la República: Cecilia Soto (en 1994, por el Partido del Trabajo), Patricia Mercado (en el 2006, por el Partido Alternativa Socialdemócrata), Josefina Vázquez Mota (en el 2012, por el Partido Acción Nacional), y ahora

Margarita Zavala, como candidata independiente.

A pesar de la derrota, Lombardo continuó su participación política y se convirtió en 1976 diputada dentro de la L Legislatura en la Cámara de Diputados, puesto que volvió a ocupar en la LV Legislatura hasta 1991.

En sus inicios como política, Marcela acompañó a su padre Vicente Lombardo Toledano, profesor y dirigente del movimiento socialista en México, en actividades de índole político de gran relevancia en el mundo, como la Fundación de la Federación Sindical Mundial en París y el I Congreso Latinoamericano sobre el Pensamiento Antiimperialista.

Sin embargo, también participó de manera independiente en eventos internacionales vinculados a los derechos de las mujeres, como el “Decenio de la Mujer” de 1985, que organizó

Naciones Unidas en Kenia para hablar sobre “La mujer en la lucha por la paz”; y la Segunda Conferencia Nacional de la Mujer Saharaui en 1990.

En adelante, Marcela Lombardo participó en conferencias mundiales para hablar sobre la paz y la prevención de la guerra. Por ejemplo, el II Congreso de la Unión de Científicos sobre Problemas de la Paz y la Prevención de la Guerra Nuclear.

También fue galardonada por el Colegio Nacional de Economistas, A.C en 1991; obtuvo el grado Honoris Causa por la Universidad “Simón Bolívar”, Barranquilla de la República de Colombia en 1992; fue nombrada integrante Honoraria de la Sociedad Bolivariana del Atlántico, A.C y recibió la condecoración “Orden de la Amistad” del Gobierno de la República Socialista de Vietnam, entre otros reconocimientos y galardones.

Los últimos años de su vida, fue directora del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales “Vicente Lombardo Toledano” que se fundó en 1972 para aprovechar el legado escrito del líder político; sin embargo, tras la dirección de Lombardo Otero, el Centro se convirtió en una institución pública dependiente de la Secretaría de Educación, de investigación y estudios avanzados en Ciencias y Humanidades, además de fungir todavía como centro de documentación.

Ultimátum a Peña Nieto para ratificar Convenio 189 De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar y organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobierno federal ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre trabajo del hogar (remunerado) antes de que concluya el sexenio.

En un comunicado emitido por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), las organizaciones pidieron que el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto cumpla con una de las promesas que hizo en campaña, que es la ratificación del Convenio 189, que daría derechos laborales a las 2.4 millones de personas dedicadas al trabajo del hogar.

Denunciaron que desde hace 4 años el gobierno federal ha retrasado el envío del Convenio al Senado de la República para su ratificación

El instrumento internacional fue adoptado y firmado por México en 2011 para reconocer el trabajo doméstico como un trabajo con derechos laborales y remuneración para así enfrentar las desigualdades: contrato o salarios injustos, discriminación, abuso, explotación, en las cuales se desempeñan los y las trabajadoras del hogar. Sin embargo su ratificación no se ha llevado a cabo.

El Conapred aseguró que en la Ley del Seguro Social se excluye a las 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar del acceso a la seguridad social obligatoria y a prestaciones indispensables como las guarderías y que la Ley Federal de Trabajo considera al trabajo del hogar, en su capítulo XIII, como un “trabajo especial” con jornadas legales de 12 horas sin descanso y restringe derechos laborales y prestaciones.

En su investigación “Hacer visible lo invisible. Formalización del traba-

jo del hogar remunerado en México: una propuesta de política pública” la investigadora y coordinadora académica del departamento de Ciencia Política del ITAM, Marta Cebollada, reconoció que en México, más de 2.3 millones de personas -casi todas mujeres- enfrentan una discriminación por la naturaleza de su profesión: el trabajo del hogar remunerado. Dicha labor, dijo, se ve sobrevalorada por la “percepción errónea” de que no es un trabajo real.

En el país, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 2016, revelaron que existían casi 2.5 millones de personas trabajadoras del hogar, de las cuales la mayoría son mujeres y niñas, y reconoció que en la última década se ha registrado un incremento en esta actividad.

Desde 2011, año en el que fue firmado el Convenio189, organizaciones de la sociedad civil, instancias nacionales e internacionales así como senadoras

de diversas fracciones parlamentarias se han sumado a la petición de las trabajadoras del hogar para avanzar en la ratificación del Convenio 189 con el fin de tener acceso a sus derechos laborales.

Datos de la OIT, mencionan que México es el país de América Latina con menor porcentaje de trabajadoras formales. Conapred mencionó que países con menor desarrollo al de México “han ratificado este Convenio y están dando pasos para garantizar al sector los mismos derechos que el resto de las ocupaciones”.

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T

ras casi seis años de administración y a sólo unas horas de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, todo parece confirmar que la principal carta de “atención” a ese importante sector social durante el actual gobierno sólo se trató del uso indiscriminado a la dignidad de miles de madres solteras chiapanecas, utilizadas y condicionadas para llenar eventos y urnas electorales mediante programas asistencialistas.

El supuesto zafarrancho suscitado este martes en el municipio de Venustiano Carranza no puede generar otra cosa que vergüenza e indignación desde cualquier ángulo en el que se quiera observar. Se trató de otra entrega más del programa Bienestar Salario Rosa, encabezada por Velasco Coello, que terminó en senda confrontación entre beneficiarias y personal de seguridad debido al incumplimiento en la entrega de los recursos prometidos.

Les mintieron y las hicieron permanecer a la espera, bajo el sol, hasta que terminó el evento gubernamental… Y las opiniones sobre lo ocurrido o las razones por las que alguien puede so-

Miércoles 7 de Marzo de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN LA MIRA Héctor Estrada

Velasco y el uso electorero de la dignidad femenina lapar tremenda manipulación abren espacio a debates interminables. Sin embargo, lo que resulta imperdonable es el accionar de un gobierno sin perspectiva de género y muy lejano a las políticas de dignificación femenina que sólo pregona como simples líneas discursivas.

El programa Bienestar Salario Rosa fue creado y operado inicialmente por la controversial Sasil de León Villard durante su paso por la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM). Salario Rosa (antes Bienestar, de corazón a corazón) es el mayor ejemplo de lo que la SEDEM ha hecho con los recursos públicos que deberían destinarse al verdadero desarrollo y empoderamiento de las mujeres en Chiapas.

Se trata de un programa asistencialista al que se le destina anualmente un presupuesto aproximado de 240 millones de pesos, transformados en “apoyos” económicos (de 500 pesos) o despensas para manipular, condicionar o abusar de alrededor de 40 mil madres solteras de escasos recursos, empadronadas bajo una clara estructura electorera, usual de las viejas prácticas partidistas.

De manera indiscriminada, la SEDEM, bajo el control operativo de las hermanas De León Villard, se ha encargado de reclutar a líderes de sector en diversas colonias, barrios y ejidos de Chiapas para formar grupos de mujeres (madres solteras o no) a quienes se empadrona con copia de credencial de elector y demás datos

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confidencias para su fácil ubicación.

La única condición para seguir recibiendo el “apoyo gubernamental” es acudir a los eventos que se les diga y garantizar votos durante los comicios.

Para la Secretaría para el “Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres”, como dependencia ejecutora de las políticas públicas de género, las mujeres en Chiapas son hoy por hoy simples votos a disposición o bloques de relleno para eventos gubernamentales. Se ha convertido en un organismo estatal dispuesto a negociar con la dignidad y la necesidad de un sector social que, se supone, debería defender e impulsar para su desarrollo integral.

Salario Rosa es actualmente la antítesis más vergonzosa e indignante de la dignificación femenina en Chiapas.

Porque no sólo lucra con la necesidad de miles de madres solteras, sino también desperdicia presupuestos millonarios que bien podrían ser utilizados en programas que las integren a la actividad económica estatal, potencialicen sus capacidad y atiendan de manera inteligente la grave crisis financiera en la que muchas viven a diario… así las cosas.

MEADE, PEÑA, AYOTZINAPA Y EL ACECHO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

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principios de diciembre de 2014, apenas nueve semanas después de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el entonces canciller mexicano José Antonio Meade reconoció que la Corte Penal Internacional (CPI) podría actuar en contra del presidente Enrique Peña Nieto si se llegara a acreditar la falta de voluntad del Estado mexicano para investigar y resolver ese caso que horrorizó al país y al mundo.

Al mismo tiempo, el hoy candidato presidencial del PRI consideró que ese tribunal con sede en La Haya no iba a tener necesidad de ejercer acciones penales contra Peña Nieto y otros funcionarios de su administración por el caso Ayotzinapa, ya que el Estado mexicano había mostrado “convicción, voluntad y capacidad” para resolverlo.

Es claro que Meade se equivocó. La investigación del gobierno de Peña sobre la desaparición de los 43 normalistas en los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala no ha producido, hasta ahora, ninguna sentencia contra presuntos responsables que están detenidos y sometidos a procesos penales.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el crimen entre marzo de 2015 y abril de 2016 por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se enfrentó durante su estancia en México a una serie de ocultamientos de información y obstáculos a sus labores.

Los responsables de entorpecer esa

Rafael Croda investigación conducida por cinco profesionales de las ciencias penales, la criminología y los derechos humanos del más alto nivel fueron funcionarios del gobierno mexicano tanto del ámbito judicial como del político y del militar, según han denunciado exintegrantes del GIEI. Lo que ellos creen es que el gobierno de Peña Nieto se empeñó en defender una conclusión que es insostenible de acuerdo con las evidencias: la de la “verdad histórica” proclamada en enero de 2015 por el entonces procurador general Jesús Murillo Karam, según la cual los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula por el grupo criminal Guerreros Unidos.

El pasado viernes 2, durante una audiencia de la CIDH en Bogotá, en la que se abordó el caso Ayotzinapa, los abogados de los padres de las víctimas llamaron a esa versión oficial de los hechos la “mentira histórica”.

Si bien hay elementos para suponer que Guerreros Unidos participó en el hecho, también hay pruebas que descartan que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula y que ubican al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, en esa escena del crimen, en una diligencia ilegal que, según padres de los desaparecidos, habría tenido como propósito “sembrar” evidencias.

Relatores de la CIDH consideran que hay fundamentos para suponer que el Estado mexicano no ha tenido la suficiente voluntad para esclarecer la desaparición de los estudiantes, dar

con su paradero y sancionar judicialmente a los responsables. Mucho menos a los eventuales cómplices políticos de Guerreros Unidos, más allá de las autoridades municipales de Iguala ya encarceladas.

A estas alturas –41 meses después de la desaparición forzosa de los normalistas y a nueve meses de que termine el sexenio de Peña Nieto–, Meade debe saber que el gobierno en el que fue canciller, secretario de Desarrollo Social y secretario de Hacienda no ha mostrado ni voluntad ni capacidad para resolver ese caso.

Y, por lo tanto, eso configuraría una causal para que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue y sancione penalmente a los funcionarios mexicanos que, por negligentes o eventualmente por entorpecimiento, impidieron la posibilidad de llegar a la verdad y hacer justicia en el caso Ayotzinapa.

La CPI interviene en los casos de crímenes de lesa humanidad o de guerra que los sistemas de justicia de los países son incapaces de investigar y, por tanto, pueden queden impunes.

“Lo que busca la CPI es la no impunidad de delitos de este tipo. A diferencia del Sistema Interamericano de Justicia (la comisión y la corte de derechos humanos), no establece responsabilidades a los Estados, sino a los funcionarios de esos Estados que buscaron la impunidad, por acción u omisión, en un crimen de lesa humanidad”, explica un experto en derecho internacional humanitario.

De hecho, organizaciones mexicanas de derechos humanos ya enviaron a la

fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, un expediente sobre el caso Ayotzinapa en el que se incluyen los informes del GIEI sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y las evidencias de que se trató de un operativo coordinado en el que participaron delincuentes y diferentes autoridades.

Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y quien el pasado viernes 2 estuvo en Bogotá, en la sesión de la CIDH sobre el caso Ayotzinapa, dijo a Apro que lo que ahora procede es entregar a Bensouda información que demuestre que el crimen contra los 43 normalistas forma parte de una situación sistemática y generalizada en México: la desaparición forzada de personas.

“Lo que nosotros buscamos es que el caso Ayotzinapa se valore en el conjunto de las más de 30 mil personas desaparecidas en México desde el sexenio pasado. Y lo que planteamos es que Ayotzinapa es un claro ejemplo de este fenómeno de macrocriminalidad en la que hay un claro vínculo entre el crimen organizado y el poder público, que se convierten en lo mismo”, dijo Patrón.

De acuerdo con el abogado, será la CPI la que decida a quiénes se investiga, y eventualmente, si la denuncia prospera, contra qué funcionarios mexicanos se formulan acusaciones penales.

“Lo que sí decimos es que se tendría que investigar a todos los eslabones de la cadena de mando, desde la base hasta el más alto nivel, ya sea por sus acciones u omisiones”, señaló.

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Miércoles 7 de Marzo de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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GÓMEZ URRUTIA, MORENA Y EL SINDICALISMO SUMISO Jesús Cantú

U

na de las columnas indispensables del priiato fue el sindicalismo corporativo, que le sirvió al viejo régimen para atemperar los ánimos sociales y para rellenar urnas, lo cual le permitió extender su hegemonía durante siete décadas. Una de las transformaciones imprescindibles para avanzar en la construcción de la democracia es, precisamente, el desmantelamiento de esa anacrónica, nefasta y perversa institución.

La mayoría de los trabajadores sindicalizados en México pertenece al llamado sindicalismo charro, sometido a la voluntad del partido en el gobierno; o al sindicalismo blanco, rendido a los empresarios.

Muchos de estos trabajadores ni siquiera saben que forman parte de una organización sindical, pues los contratos colectivos de trabajo fueron firmados a sus espaldas con líderes sindicales que ni siquiera trabajan en esas empresas.

Una de las grandes ilusiones en el año 2000 era que con la alternancia de partido en la Presidencia de la República este modelo sindical se debilitaría y todo sería cuestión de tiempo para que estuviera en vías de extinción. Sin embargo, el PAN no sólo decidió cobijarlo, sino que se apropió de algunas de las más grandes centrales, como fue el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), además de contribuir a la sumisión de los llamados sindicatos blancos al poder empresarial.

Al líder del SNTSS, Valdemar Gutiérrez, lo postuló como candidato plurinominal a la Cámara de Diputados, y a la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, le entregó múltiples posiciones de primer nivel en el gobierno fede-

ral, entre las que se encontraban la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de la Lotería Nacional.

Como lo hizo durante 70 años el PRI, se otorgó dinero, poder y privilegios a los líderes a cambio de su apoyo para sacar adelante reformas legislativas y el sometimiento de los sindicalizados para renegociar en favor de los empresarios y el gobierno (su partido) los contratos colectivos de trabajo; en cuanto a los primeros, porque han mantenido los costos de la mano de obra entre los más bajos de América Latina, y en cuanto al segundo, porque les permitía alcanzar las metas de inflación, vender la imagen de una paz laboral (como el extremo de Nuevo León, que este año cumplirá 20 años sin el estallamiento de una huelga) y hasta ganar las elecciones, como sucedió en 2006 en el caso de Felipe Calderón. Únicamente Nicaragua tiene un salario mínimo nominal (en dólares) menor que el de México, pero si se mide en relación con el costo de la canasta básica el mexicano es menor, incluso en este 2018, después del aumento superior a la inflación que se otorgó a partir del 1 de enero.

Pero no únicamente el salario mínimo ha caído en México; también el ingreso medio por persona, que pasó de 2.41 salarios mínimos en 2012 a 2.22 en 2016; en el mismo periodo, el número de mexicanos que ganan menos de un salario mínimo creció en 1.261 millones; de 1 a 2 salarios mínimos, en 2.240 millones, mientras que los que ganan de tres a cinco, lo hicieron en 943 mil, y los de más de cinco, en 916 mil.

Esta pauperización del empleo en México es en gran parte producto del sometimiento de los líderes sindicales mexicanos a la voluntad

del gobierno y sus empleadores. En este contexto precisamente se da la persecución penal de Napoleón Gómez Urrutia, uno de los más conspicuos representantes de este modelo sindical, porque en esos momentos resultó incómodo para Grupo México, corporativo minero propiedad de Germán Larrea, uno de los mexicanos que aparece en las listas de los multimillonarios de la revista Forbes.

La persecución que empezó el gobierno de Vicente Fox y continuaron los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tuvo su origen en que Gómez Urrutia sobornaba a los empresarios, según dijeron éstos; y según el líder minero, en que las empresas se negaban a rescatar los cuerpos de los mineros en Pasta de Conchos, en Coahuila, y a acceder a las demandas de mejoras del contrato colectivo de trabajo.

Lo cierto es que el Grupo México ha obtenido pingües ganancias en estos años y el patrimonio de su accionista mayoritario, según Forbes, tan sólo en 2016 pasó de 9 mil millones de dólares a 13 mil 800 millones.

Es totalmente reprobable que el gobierno haya cedido a las demandas del empresario minero y transformado un conflicto laboral en un asunto penal por la vía de una denuncia en contra del líder incómodo que tras ocho años de litigio fue exonerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto de 2014.

En este contexto la inclusión de Gómez Urrutia en el sexto lugar de la lista plurinominal de candidatos al Senado le asegura su llegada a esa cámara legislativa, pero nada tiene que ver con la intención de brindarle inmunidad (como les preocupa a muchos empresarios), pues ya no la necesita; ni con la violación al estado de derecho, pues su caso ya fue resuelto por las vías

jurisdiccionales.

Sin embargo, sí es muy preocupante por la posibilidad de que, a pesar de una tercera alternancia de partido en el gobierno, se mantenga el apoyo y el manejo corporativo del sindicalismo mexicano, prolongando nuevamente la vida de un modelo anacrónico, nefasto y perverso, que agudiza la pobreza de muchas familias mexicanas, ensancha la desigualdad socioeconómica en México e impide avanzar en la construcción de la democracia mexicana.

La vigencia de este modelo sindical atenta contra tres de las dimensiones indispensable de la democracia: elección democrática de las autoridades, en la medida en que manipula el voto de los sindicalizados y sus familias; la vigencia del estado de derecho, porque violenta el principio fundamental de libertad de asociación, además de violar la legislación laboral y preservar los privilegios de unos cuantos poderosos, y la vigencia de los derechos sociales fundamentales, al mantener los salarios de los trabajadores mexicanos por debajo de la línea de pobreza.

Para iniciar la construcción de la democracia mexicana, inevitablemente hay que promover la transformación del sindicalismo mexicano, y aunque el cambio de líderes no es suficiente (como ya lo demostraron Carlos Salinas de Gortari con Joaquín Hernández Galicia y Carlos Jonguitud Barrios, y Enrique Peña Nieto con Elba Esther Gordillo), sí es indispensable, y Napoleón Gómez Urrutia (aunque sea inocente de los delitos que le imputan, como dice la Corte, y sea un perseguido político por buscar mejorar las condiciones laborales de los mineros, como él asegura) es un conspicuo representante de esos viejos liderazgos sindicales.

CONTRAPODER

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EL DESAFUERO DE AMLO Y EL #ANAYAGATE Jenaro Villamil

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l escritor Héctor Aguilar Camín lanzó la advertencia: la ruptura entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el candidato frentista Ricardo Anaya representa “el fin del PRIAN”, el modelo de cogobierno y sociedad entre el tricolor y el PAN que se inauguró en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, continuó con los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón y ahora llegan a su fin.

El desafuero de 2005 en contra del entonces jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, representó hace 13 años el momento “cumbre” de la sociedad política entre el PRI y el PAN. El gobierno de Vicente Fox, con el claro apoyo del PRI, del expresidente Carlos Salinas de Gortari, de los “servicios” legales de Diego Fernández de Cevallos y el cabildeo del presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, pretendió llevar a la cárcel a López Obrador por haber desacatado una orden judicial sobre una calle abierta en Santa Fe. La estabilidad política del país se jugó por menos de 100 metros de calle en un expediente que tuvo más que ver con su antecesora Rosario Robles que con el propio López Obrador.

Todos sabemos lo que sucedió después: el desafuero convirtió a López Obrador en una víctima de la clara alianza entre el PRIAN, surgió un movimiento social inédito en apoyo al jefe de Gobierno capitalino (la última marcha en contra del desafuero tuvo más de 1 millón de ciudadanos que salieron a las calles) y el tabasqueño se volvió el protagonista central de la contienda de 2006.

Trece años después, la persecución mediática y ministerial de la PGR en contra de Ricardo Anaya pretende ser una receta similar a

la del desafuero de López Obrador, pero existen diferencias sustanciales y algunas semejanzas que vale la pena analizar: 1. El Anayagate es durante la campaña, no antes: El desafuero de López Obrador se realizó “antes” y no durante la campaña de 2006. La verdadera guerra contra el entonces candidato presidencial del PRD fue lanzada a través de los famosos spots “López Obrador, un peligro para México”.

En el caso de Ricardo Anaya, la investigación sobre presunta triangulación ilegal de fondos privados no ha derivado en ninguna orden de aprehensión en contra del candidato presidencial de la coalición Por México al Frente. Se trata de generar un impacto negativo en la campaña del joven político para forzar a su relevo, obligarlo a negociar un nuevo “pacto” con el peñismo o simplemente eliminarlo de la segunda posición en las preferencias electorales.

La similitud más clara es a favor del perseguido por el gobierno federal. El desafuero catapultó a López Obrador como el aspirante puntero en 2005: pasó del 32% de las preferencias, en noviembre de 2004, a tener el 38% de la intención del voto en febrero de 2005, según las encuestas de Ipsos- Bimsa.

El Anayagate ha consolidado al queretano en la segunda posición (entre 22 y 25%) de las preferencias electorales, aún por debajo del candidato de Morena, pero distante del priista José Antonio Meade.

2. En el desafuero hubo complicidad PRI-PAN, en el Anayagate la alianza es Calderón-Peña: En 2004 y 2005 era muy clara la alianza entre el entonces dirigente nacional del PRI y aspirante presidencial, Roberto Madrazo, y el gobierno de Vicente Fox y su principal candidato a la presidencia en ese momento, el entonces secretario de Goberna-

ción, Santiago Creel.

Ahora, Creel como asesor de Anaya afirma que el desafuero de entonces fue “un error político”.

Lo que no admite Creel es que fue un intento autoritario que utilizó todas las herramientas del Estado, incluida la propia Secretaría de Gobernación, para perseguir a su exadversario en la elección para jefe de Gobierno capitalino en el 2000.

Creel fue el principal derrotado del desafuero. Bajó del 27 al 22% de preferencias electorales (según Ipsos-Bimsa), entre noviembre de 2004 y febrero de 2005, y el principal beneficiario fue su adversario interno Felipe Calderón, quien logró un mejor pacto para frenar a López Obrador con el apoyo de los medios masivos, los empresarios y las redes de poder de Carlos Salinas.

El Anayagate es el síntoma de descomposición de los partidos que participaron en el Pacto por México: el PAN quedó fracturado, a tal grado que ni siquiera los actuales gobernadores panistas han salido a defender a Anaya; el PRI se redujo a su mínima expresión con José Antonio Meade, un candidato externo que tiene más relación con Felipe Calderón que con Enrique Peña Nieto, y el PRD se desdibujó por completo, ante la emergencia de Morena.

No hay ningún indicio de que Morena o López Obrador se hayan aliado al gobierno de Peña Nieto para “eliminar” de la contienda a Anaya. Al contrario, el tabasqueño sigue siendo el principal beneficiario de esta guerra y no Meade.

3. El Factor Salinas: En los videoescándalos de 2004 y en el desafuero de 2005, el protagonismo del expresidente Carlos Salinas de Gortari fue claro y contundente.

Fue el gran bróker político que buscaba frenar a un adversario político

que amenazaba sus intereses, su herencia y a su grupo político.

En el Anayagate de 2018, Salinas de Gortari más bien mantiene una distancia cada vez más clara con el gobierno de Enrique Peña Nieto, y el mismo Ricardo Anaya no ha marcado una distancia clara del expresidente más repudiado en la historia reciente del país.

El “factor Diego Fernández” está presente en la historia del Anayagate como el principal defensor del joven candidato presidencial. Si alguien ha representado ese viejo modelo bipartidista y de “concertacesión” surgido de la era salinista es el propio Fernández de Cevallos.

Los simpatizantes de Anaya ahora acusan a López Obrador y a Morena de estar “cerca” de Salinas de Gortari, pero no hay ningún solo elemento sólido para afirmar esto.

Incluso, resultaría una contradicción en sus términos: si Salinas está cercano a López Obrador, Fernández de Cevallos también apoyaría al candidato presidencial de Morena.

4. Desmantelamiento de la PGR: En el desafuero de 2005 y en el Anayagate de 2018 lo único que queda claro es que el ministerio público federal viola abiertamente su mandato de autonomía e imparcialidad para convertirse en un instrumento de persecución jurídica en contra de sus adversarios.

El principal responsable, en ambos casos, es el titular del Ejecutivo en turno. La principal traición de Vicente Fox al mandato democrático de la “alternancia” fue justamente el intento de eliminar a un adversario político.

La principal torpeza de Enrique Peña Nieto para boicotear la candidatura de su propio sucesor José Antonio Meade ha sido ordenar esta persecución en contra de Anaya, como si tratara de operar la “muerte por eliminación demoscópica” del candidato priista.

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Miércoles 7 de Marzo de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

LAS LICENCIAS CON TUFO A RENUNCIAS… n el mundo del engaño, las simulaciones y los fraudulentos puestos de elección popular, no existe ni el más mínimo sustento de democracia y respeto al voto de los electores. Todo es una farsa porque los llamados “representantes populares” no responden a los intereses y necesidades de los ciudadanos. Sus compromisos van de la mano de quien gobierna y les paga por aprobar leyes contrarias a los beneficios sociales, en un acto de genuflexión.

Muchos años he recorrido desde que inicié mis “crónicas legislativas” en la LVI Legislatura del Estado, y era el único que cubría esa fuente en Chiapas. El PRI predominaba en el espectro legislativo local con unas “limosnas” de curul para el Partido Popular Socialista (PPS) que era su patiño y a veces otras para el PAN, de un total de 15 diputados uninominales y seis plurinominales.

El histórico antecedente que conozco es la LII Legislatura de once diputados (1973-76), siendo gobernador del Estado, el doctor Manuel Velasco Suárez, donde el PAN debutó con una curul que representaba la profesora Teresa De Jesús Araujo Aguilar, “Tete Araujo”; el presidente del Congreso fue don Mariano Cantoral Hernández (IV Distrito, Pichucalco) y el Secretario –y cerebro de esa legislatura—Mario Ramos Grajales (III Distrito, Pueblo Nuevo Solistahuacán).

Los demás integrantes fueron: Jorge Ochoa Cruz (II Distrito, San Cristóbal de las Casas); Javier Maza López (V Distrito, Palenque); el periodista Mariano Penagos Tovar (VI Distrito, Comitán); Santiago Sánchez Pérez (VII Distrito, Ocosingo); Octavio Godoy Godoy (VIII Distrito, Chiapa de Corzo); Jesús Penagos Rojas (IX Distrito, Tonalá); Vicente Gerardo Pensamiento Maldonado (X Distrito, Huixtla) y el locutor y dirigente regional de la CTM, Roberto De Los Santos Cruz (XI Distrito, Tapachula). Era cuando pocos o ninguno pasaban de un cargo a otro o se cambiaba de partido.

Ahora las circunstancias han cambiado –para mal—pues hay antecedentes como el de la LXIII Legislatura en la que 16 diputados del PRI, PRD, PAN y PANAL, solicitaron licencia.

Podríamos mencionar los del tricolor: Sami David David, Sergio Lobato García, Juan López Girón, Horacio Francisco Ruiz Ruiz. Del PRD, Juan Carlos López Fernandez, Martha Grajales Burguete, Obdulia Magdalena Torres Abarca, Corazón Gómez Consuegra Y José Luis Abarca Cabrera. De las filas del PAN, salió Ovidio Cortazar Ramos y del PVEM que luego se cambió al PRD para ser diputado federal, Ariel Gómez León, “El Chunko”.

Esas historias marcan la desfachatez de los diputados que aún sin cumplir sus promesas de campañas o sus responsabilidades legislativas, solicitan licencia (calificadas fraudulentamente como renuncia).

Sucedió en la LXIV Legislatura (siendo gobernador JUAN JOSÉ

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CONTRAPODER

ÍNDICE...

Ruperto Portela Alvarado

• El negocio “sucio” de ser diputado…

• Las renuncias por “inútiles”…

• Comentarios al Margen…

SABINES GUERRERO, en su segunda mitad de la administración, como en la primera) en que hubo una desbandada de diputados: Willian Oswaldo Ochoa Gallegos, Samuel Alexis Chacón Morales (a la postre diputados federal); Jorge Manuel Pulido López, Lorenzo Nicolás Álvarez Martínez; Manuel Sánchez Guzmán, Patricia Del Carmen Sánchez López, Ulises Alberto Grajales Niño, Rita Guadalupe Balboa Cuestas, Zoé Alejandro Robledo Aburto, Harvey Gutiérrez Álvarez, Juan Jesús Aquino Calvo, María Del Rosario De Fátima Pariente Gavito, Guadalupe Rovelo Cilias y Arely Madrid Tovilla.

Y ya de la LXV Legislatura podríamos anotar en la lista de “chapulines” a: Flor Ángel Jiménez Jiménez, María Soledad Sandoval Martínez (esposa de Sergio Lobato García); Sasil Dora Luz De León Villard, Luis Fernando Castellanos Cal Y Mayor, Saraín Cruz Trinidad, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, Gloria Trinidad Luna Ruiz, Roberto Aquiles Hernández Aguilar, Marco Antonio Cancino González, entre otros de los que me acuerdo.

Todo viene al comentario por la masiva licencia (renuncia) solicitada a la LXVI Legislatura de nueve diputad@s del PVEM: Cecilia López Sánchez, Sandra Luz Cruz Espinosa, Adacelia González Guzmán, Rubén Peñaloza González, Jesús Arnulfo Castilla Milla, Hugo Francisco Pérez Moreno, Aberly Ramos Hidalgo, Mauricio Cordero Rodríguez Y Viridiana Figueroa García. Del PRI, Patricia Del Carmen Conde Ruiz, José Rodulfo Muñoz Campero. Fabiola Ricci Distel del PAN y de MORENA, Magdalena González Esteban. Hay que anotar además a los anteriores “licenciados”: Simón Valanci Buzali, Miguel Prado De Los Santos Y Oscar Eduardo Ramírez Aguilar. ¿A qué viene todo este mitote?. A que de alguna manera se tiene que legislar para que quien sea electo a un cargo de representación popular, se obligue –bajo juramento de una ley—a que concluya su período, sopena de ser inhabilitado, temporal o definitivamente, a ocupar otros cargos de elección o de dirección en la administración pública estatal o federal.

Es una ofensa, una tomada de pelo al voto popular y a los ciudadanos, porque entonces, “es un negocio sucio, ser diputado federal, local, presidente municipal y senador de la república” porque defraudan a la ciudadanía al renunciar a sus cargos para saltar a otro puesto…

Renuncias por intereses electorales…

No es porque los que actualmente

han renunciado a sus cargos en diversas instancias federales, estatales o educativas, sean muy buenos o bastantes malos en el desempeño de sus funciones, sino que obedece a estrategias políticas electorales y de afinidad con el partido y candidato del poder en Chiapas y a nivel nacional.

Digo, la renuncia de Juan Carlos Gordillo Culebro a la rectoría de la Universidad Tecnológica de la Selva se había tardado y que “nunca de los jamases” debió haber recibido ese importante y delicado nombramiento, y menos por tráfico de influencias de su pareja sentimental, Obdulia Magdalena Torres Abarca, la “carta marcada” del exgobernador Juan José Sabines Guerrero que la hizo diputada local –dos veces—y diputada federal, sin ningún mérito ni conocimiento por el PVEM y el PRD. Es el caso también, del “Comandante Cobra”, Carlos Manuel Calvo Martínez, Jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, quien está sindicado por malos tratos a sus subalternos, uso y abuso de dineros destinados a la seguridad ciudadana y alto índice de corrupción. Su renuncia era obligada, así como lo es, un proceso judicial en su contra para que responda a serias denuncias que han hecho los uniformados, durante su actividad policial. Y así, con esos antecedentes, se atreve a aspirar a ser candidato a la alcaldía de Jiquipilas, en la que su principal promotora es la presidenta municipal, Ana Laura Romero Basurto.

Que haya renunciado a la dirección general del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía la “Amorchis” Dulce Consuelo Gallegos Mijangos, fue una suerte para los trabajadores de esa instancia gubernamental. Es más, nunca se debió cometer esa felonía contra el sistema y quienes habían dirigido y estaban en funciones en la dirección como Susana Solís Esquinca y Silvia Hernández Alvarado. El nombramiento de Dulce fue una grosería de parte del gobernador Manuel Velasco Coello y una burla para ella, de parte de su esposo, “El Farandulero”, Enoc Hernández Cruz.

Por cierto, el también llamado “Tribilín”, dirigente y gerente del partido parásito, “Podemos Mover a Chiapas”, se está prestando a todo juego sucio de sus patrones, el gobernador Manuel Velasco Coello y la madre de éste, Leticia Coello Garrido para convulsionar el proceso electoral por la sucesión gubernamental y provocar una “cortina de humo” que oculte todas las trapacerías hechas en la actual administración estatal. Enoc Hernández

EN CHIAPAS

Cruz se ha proclamado candidato de su partido y exige encabezar la coalición de “candidato común” donde iría con el PAN, PRD, PMC y Chiapas Unido. En el pecado llevará la penitencia de “El Amate”.

No son menos relajantes las renuncias de los delegados federales verdes impuestos por Manuel Velasco Coello: Sasil Dora Luz De León Villard De Prospera y Luis Ignacio Avendaño Bermudez a SEDESOL, mismas que asumieron después de solicitar licencias a sus respectivas diputaciones federales a mediados del 2017. Se espera que en cargo a su dignidad, no intenten regresar a sus curules. Francisco Eduardo Zenteno Núñez solicitó licencia a su curul del Congreso de la Unión que dejó para asumir la dirección general del Instituto de Infraestructura Educativa (INIFECH) a la que recientemente renunció supuestamente para hacerse cargo de la dirigencia del Verde en Chiapas.

La verdad es que, desde la Ciudad de México se están imponiendo a nuevos delegados federales afines al candidato de la alianza “Todos por Chiapas”, Roberto Albores Gleason para que, de manera descarada y cínica, puedan abusar de los millonarios recursos y programas sociales.

Es el caso también de Alfredo Araujo Esquinca que seguramente asumirá la delegación de SEDATU que dejó vacante Ruben Antonio Zuarth Esquinca –que apenas acababa de asumir—para sustituir en la senaduría a Roberto Albores Gleason. Y con esos bueyes tenemos que arar…

Comentarios al margen…

Recibido y anotado. Este martes, el Peje-Partido MORENA, registró sus candidatos de los 13 distritos federales por el principio de mayoría relativa: Distrito 1 Palenque, MANUELA DEL CARMEN OBRADOR NARVÁEZ (prima de MANUEL LÓPEZ OBRADOR). Distrito 2 Bochil, ANTONIO VALDEZ WENDO. Distrito 3 Ocosingo, MARÍA VIRGINIA MÉNDEZ GÓMEZ. Distrito 4 Pichucalco, ROQUE RUIZ RAVELO VELASCO. Faltó en la información el candidato del distrito 5, San Cristóbal de las Casas.

Distrito 6 Tuxtla Gutiérrez, Zoé Alejandro Robledo Aburto. Distrito 7 Tonalá, Ciro Sales Ruiz. Distrito 8 Comitán de Domínguez, María Roselia Jiménez Pérez. Distrito 9 Tuxtla Gutiérrez, Leticia Arlett Aguilar Molina. Distrito 10 Villaflores, Juan Enrique Farrera Esponda. Distrito 11 Las Margaritas, Yanet Martínez Domínguez. Distrito 12 Tapachula, José Luis Elorza Flores. Distrito 13 Huehuetán, Maricruz Roblero Gordillo. Como candidatos de representación proporcional emanados del proceso de insaculación (tómbola), nos refiere la información remitida: Patricia Del Carmen De La Cruz Lucio, Marco Antonio Andrade Zavala Y Griselda Quiroz Díaz.

Quedan los datos para su análisis.

Esperemos los “dedeados” por AMLO a candidatos al congreso del Estado y los ayuntamientos municipales…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

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THE CONTRAPODER BREAKING NEWS O mejor aun Notas cortas sabrosas y sabrosonas en memoria de Gervasio Grajales (QEPD)

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reo que aun los más fervientes adoradores de AMLO, estarán de acuerdo que este personaje es un populista y apasionado de la violencia que hoy trata de ocultar presentándose como una persona amante de la paz y la concordia, algo que es difícil de aceptar.

El conocido historiador Enrique Krauz en un artículo publicado en el diario El País de España aclara que AMLO, no es un liberal, pues no acepta críticas y el que no es liberal es populista y su historia está llena de actos populistas y violentos.

A muchos de sus seguidores no les gusta leer las declaraciones del Premio Nobel de la Literatura, Mario Vargas Llosa, que dijo textualmente que elegir a López Hablador como Presidente de la Republica, seria para los mexicanos un suicidio, pues representa una democracia populista y demagógica con recetas absolutamente fracasadas en el mundo entero y dijo además, yo espero que no gane, pues sería un retroceso enorme para la democracia en México.

Por supuesto que esto no gustó a muchos de sus aplaudidores, pero lo cierto es que Vargas Llosa, además de ser un escritor brillante, sus declaraciones llevan una gran verdad, como cuando calificó al sistema gobernante en México como la dictadura perfecta, que es una realidad; para tratar de desvirtuarlo hasta se meten en su vida privada se alegran de que haya perdido en una segunda vuelta, las elecciones presidenciales en Perú, pero estoy seguro que muchos peruanos, hoy se arrepienten de haber votado por Fujimori, pues creo que Vargas Llosa habría sido un mejor presidente.

En cuanto a mi afirmación de que es una persona violenta y agresiva, sus hechos lo confirman, como haber matado a su hermano en una riña familiar, haber bloqueado los pozos petroleros en Tabasco y el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México en protesta por supuesto fraude electoral, de haber respondido groseramente a uno de los padres de los normalistas de Ayotzinapa en Nueva York que le reclamaba por su afinidad con el Presidente Municipal de Iguala.y de haber desconocido a otro de sus hermanos por no pensar como él y de criticar al periodista Jesús Silva Herzog, por llamarlo oportunista.

La declaración de Vargas Llosa, por supuesto que no le agra-

Dr. Valdemar Rojas Simple y sencillamente porque son personas que han manifestado públicamente, que al llegar al poder castigaran a los corruptos presentes y pasados. ¿Sabes estimado lector quien en nuestro caso es el más interesado en que Josean y Paco no participen, pues de hacerlo casi seguramente ganarán? Pues acertó amigo lector, el más interesado en que no llegue al poder este dueto, es el bandido que saqueó a Chiapas con la tolerancia y complicidad del Huero Manuel Velasco, o sea Juan Sabines Guerrero.

dó y dijo que es un buen escritor, pero mal político, pero cuando menos, él vive de las regalías que le proporcionan las ediciones de sus magnificas novelas, mientras que el Peje no puede explicar de qué vive, como financía sus viajes por todo el país; tampoco puede negar que anda recogiendo basura de todos los partidos sin que le importe sus antecedentes, como el caso de colocar solo por sus pistolas a Gómez Urrutia, el nefasto líder de los mineros sin llenar los requisitos para asumir tal liderazgo y de haber dispuesto de 65 millones de dólares que pertenecían al sindicato y que hoy están obligando a devolver, pero la cantidad ya llega a 100 millones con los intereses acumulados.

El populismo no ha dado buenos resultados en ninguna parte del mundo, aun cuando en el corto plazo agrade a la gente, pues regalar dinero a todos nos gusta, sobre todo al mexicano que confundió el Himno Nacional y creyó que decía: Mexicanos al grito de gorra.

El ejemplo clásico de lo antes expuesto es la Argentina que era el país más rico de Latino América con enormes reservas de oro, pero desafortunadamente para ese país hermano, llegaron Perón y Evita y se dedicaron a repartir esa riquezas entre la población pobre y acabaron con la riqueza y al mismo tiempo con el futuro de Argentina, que a la fecha, aun no puede recuperarse y lo peor de todo es que todavía mucha gente en Argentina, lo recuerda con cariño.

Ya no cabe la mínima duda que tanto el gobierno federal como nuestro nefasto gobierno estatal, utilizan a la PGR y a la Procuraduría del estado, para perseguir a sus adversarios políticos;

eso se demuestra en el caso de la PGR por la persecución inexplicable que ha desatado en contra del candidato de la alianza por el Frente por México, Ricardo Anaya, a quien acusan de recibir dinero sucio por la venta que hizo de unas bodegas a un empresario de Querétaro, que supuestamente utiliza dinero lavado para comprar esas instalaciones cuando uno al vender cualquier objeto, no tiene uno que preguntar el origen de ese dinero; en el mejor de los casos no fue dinero público sino privado.

En cambio la PGR, no mueve ni un ápice para investigar a donde fueron a parar los 10.5 millones de dólares que la empresa brasileña Odebrecht, dio a Emilio Lozoya cuando era miembro de la campaña de Peña Nieto a la Presidencia de la Republica y si corrió a Salvador Nieto, titular de la FEPADE por estar investigando el destino final de esos millones de dólares.

En nuestro caso también es público y notorio, el acoso que sufre José Antonio Aguilar Bodegas, a quien acusan de delitos cometidos cuando no era funcionario público, para evitar que sea candidato a la gubernatura por Chiapas y es también evidente la persecución en contra de Paco Rojas para evitar que sea candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtla, acusándolo falsamente de lavado de dinero, de haber comprado una impresora que el Hospital Rojas adquirió previa entrega de la factura original, cuando él se encontraba en Costa Rica y cuando ni siquiera es socio del Hospital Rojas; también lo acusa de evasión fiscal quien sabe cuántos delitos más le están buscando. ¿Por qué tiene tanto miedo el gobierno federal y estatal al candidato del Frente y a la posible candidatura de Josean y de Paco Rojas?

José Murat, otro pícaro que fue gobernador de Oaxaca, dijo en una ocasión en que el PRI estaba buscando candidato a gobernador, que para que se preocupaban, pues si a los chiapanecos nos mandaban una vaca cono candidato, votaríamos por ella.

Algo tiene de razón, pues los chiapanecos no votan por los mejores candidatos, sino por el que regala mas despensas o da más dinero por el voto y el caso más patético y demostrativo, es el de nuestra ciudad capital, que nunca ha sido muy hermosa, pero así y todo la queremos, pero nunca había estado tan fea como ahora, con calles llenas de baches, calles oscuras de noche y luminarias prendidas en el día, con fugas de agua potable o de drenaje y hoy, con montones de basura porque el camión encargado de recogerla dejó de hacerlo, pues alega que el Ayuntamiento no les paga y tienen cierto grado de razón, pues el Ayuntamiento les debe como 300 millones de pesos, pues el dinero se gastó en promover la imagen del actual edil en otras ciudades del estado y en acarrear miles de gentes humildes a su destape como candidato a gobernador, que sería lo peor que podría pasarle a nuestro estado, pues si no pudo con la ciudad, menos podrá con el estado.

Durante 3 administraciones panistas con don Enoch Araujo, Paco Rojas y doña Vicky Rincón, la ciudad, cuando menos estaba más limpia e iluminada y había seguridad y SMAPA funcionaba con números negros, pero llegaron los nefastos presidentes del PRI y del Verde y hoy la situación es verdaderamente deplorable.

Ojalá que en esta próxima elección del 1º de Julio, la ciudadanía se fije por quién votar y no permitir que los votos comprados en las colonias populares, definan el futuro de nuestro estado y de nuestra ciudad.

CMAN

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Miércoles 7 de Marzo de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 5 | No. 1308 PREVENCIÓN

SE emite recomendaciones por altas temperaturas en el soconusco

DECLARACIÓN

Secretaría de educación no da certeza a quiénes presentan concurso de oposición

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ESTUDIO

Constructora de Slim, la empresa más beneficiada por contratos de obra pública de 2012 a 2017 PAG. 3

ESPECIALISTA

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ALZA EN PRECIOS

Incremento en restaurantes, en este mes

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Chiapas aún no está preparado para materiales de construcción alternativo Aunque los materiales alternativos para la construcción resultan una buena idea, por su capacidad de resistencia, sus bajos costos y su fácil acceso, en un estado como Chiapas es necesario proporcionar a la sociedad toda la información y dar una muestra de la eficiencia de estos materiales para que las personas los acepten, declaró David Zamora Rincón, expresidente del Colegio de Arquitectos Chiapanecos Asociación Civil (CACHAC).

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Peña y Murat, más preocupados por elección que por damnificados de sismo: Coordinadora del Istmo