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Cappro

El futuro de la agroindustria está en manos de cada paraguayo

La mayoría de las fábricas asociadas a la Cappro cerraron sus operaciones este año debido a la reducción de la materia prima.

Sandra Noguera gerente general de Cappro. El Paraguay debe aprovechar la creciente demanda mundial de alimentos y comenzar a moverse en ese sentido; por ende, las políticas públicas deben adecuarse y apuntar a fomentar el agregado de valor de las materias primas agrícolas que se producen en el país, en lugar de fomentar la exportación de estas en estado natural. Así lo señaló Sandra Noguera, gerente general del gremio.

La sequía ha generado una importantísima reducción en la cosecha de soja, la principal oleaginosa del país y la principal materia prima para la industria aceitera, provocando una pérdida de alrededor del 60% del volumen producido si se compara con las 10 millones de toneladas de producción potencial en condiciones normales. Con esta situación la mayoría de las fábricas asociadas a la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) ya han cerrado sus operaciones por lo que queda del año, con el impacto negativo que esto genera tanto para los colaboradores directos como los indirectos. Pero este problema solo se suma a una situación que ya venía siendo negativa para la industria aceitera, que en 2021 cerró su tercer año consecutivo con caída en el procesamiento de oleaginosas. La falta de seguridad jurídica (con constantes cambios en las reglas que afectan a la competitividad de la industria), de una política industrial clara que permita consolidar este sector, de un plan maestro para los principales ríos que asegure la navegabilidad durante todo el año y mayor eficiencia en el transporte, son cuestiones que restan competitividad a la agroindustria.

“Además somos las únicas industrias a las que no se les devuelve el IVA al exportar productos industrializados, recibiendo el mismo tratamiento tributario que las exportaciones de soja en estado natural”, señaló Sandra Noguera, gerente general de la Cappro.

Como muestra de lo expuesto, Noguera reveló que nueve de las diez industrias asociadas a la Cappro están sintiendo el impacto negativo de la situación actual, algunas ya han detenido sus operaciones por falta de materia prima y otras que han decidido continuar algunas semanas más, solo porque los problemas de calidad de los granos causados por la sequía demandan un ritmo menor en el procesamiento en comparación al que se tendría si se contara con una calidad superior que se obtiene en una buena cosecha.

“Nuestras industrias trabajan durante todo el año, 24 horas los siete días a la semana, y usualmente tienen paradas programadas a finales de la segunda quincena de diciembre a la espera de la nueva cosecha; dan empleo a 8.800 personas (2.200 en forma directa en las fábricas y 6.600 indirectamente involucrados con las actividades industriales) y con estas paradas anticipadas se ponen en riesgo los mismos”, reflexionó.

Contrabando e inacción golpean a la industria local

Es clave que el Gobierno actúe firmemente y de manera consistente contra el contrabando y la informalidad, expresó Sandra Noguera.

“La industria nacional ha crecido de manera importante en las últimas décadas y las estadísticas son muy claras en ese sentido”, señaló Noguera. Aun así, dijo que existe todavía mucho espacio para seguir creciendo, pero es clave que el Gobierno actúe firmemente y de manera consistente contra el contrabando y la informalidad, ya que ponen en riesgo a las industrias que generan empleo en el país y que no pueden competir en igualdad de condiciones contra los productos ilegales. Agregó que debería existir una política energética que tenga en cuenta la demanda constante de energía durante todo el día por parte de las industrias, para no aplicar los sobrecostos por utilización en horario de punta. “Desde la Cappro estamos convencidos de que el contrabando y las actividades informales relacionadas son generadores de pobreza, que perjudican al Paraguay no solamente porque el Gobierno deja de recaudar cuantiosas sumas en concepto de impuestos que podría utilizar para cubrir servicios públicos u ofrecerlos donde no existen, o para utilizarlos en inversiones, sino también porque evita que miles de personas salgan de los sectores informales, donde muchas veces reciben remuneraciones menores al sueldo mínimo, además de no contar con seguridad social ni jubilación”, enfatizó. Además de lo mencionado con relación al establecimiento de una política industrial clara es importante destacar que el contrabando viene en aumento y que lastimosamente las medidas correctivas adoptadas por el Gobierno Nacional han demostrado ser inefectivas e insuficientes.

“La situación no se va a solucionar simplemente con cambio de autoridades; hace falta un cambio en el enfoque, necesitamos estrategias y planes a largo plazo para desalentar la informalidad y poner fin a este flagelo”, sentenció.

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