RivasDia N164_ok 01/03/17 16:50 Página 47
MARZO 2017 RD
OPINIÓN
Curro G. Corrales Portavoz del Grupo Municipal Somos Rivas
Contratación pública con paredes de cristal a contratación pública es uno de los ámbitos de la administración que debe responder a mayores criterios de transparencia. La simple lógica y una ética de mínimos en relación a lo público y lo común nos obliga a subrayar la importancia de preservar los principios de libre acceso a la licitación, de publicidad y transparencia del procedimiento y de igualdad de trato. Esto implica no sólo el cumplimiento escrupuloso de la ley, sino ser incluso más exigentes. Y por supuesto, la rendición de cuentas.
L
La Cámara de Cuentas, organismo fiscalizador de las administraciones públicas en el ámbito de la Comunidad de Madrid, ha emitido un informe en el que evalúa varios contratos públicos del año 2014 de, entre
otros organismos, 130 ayuntamientos de la región. Es comprensible que, con los escándalos de corrupción que campan en otros sitios, resulten llamativas algunas de sus conclusiones. En el caso que afecta a los contratos ripenses examinados, la Cámara de Cuentas señala que quizás no se promovió suficientemente la concurrencia a las licitaciones, pero nos parece que se extralimita. Bajo el pretexto de esa preocupación, viene a recomendar que algunos contratos que tienen fuertes requisitos técnicos o sociales, deberían ser menos exigentes para no suponer un obstáculo a que algunas empresas puedan licitar. Y ahí no podemos estar de acuerdo. En los últimos años, hemos hecho importantes esfuerzos para evitar duplicidades, asumir con recursos propios elemen-
José María Álvarez Portavoz del Grupo Municipal Rivas Puede
Quien se abstiene, otorga.
l pasado 14 de febrero se votó en el Congreso de los Diputados la propuesta presentada por Podemos sobre la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como “Ley Montoro”
E
servicios públicos que prestan las entidades locales, fuerte incremento de las privatizaciones o externalizaciones con el consiguiente aumento de costes para las mismas y una reducción en las competencias que tenían otorgadas los ayuntamientos.
Ha sido una proposición de Ley elaborada con la colaboración de los llamados ayuntamientos del Cambio.
Es justo reconocer que algunos municipios han estado y están altamente endeudados por una nefasta gestión y los consabidos casos de corrupción, pero parece que se pierde de vista que la deuda de los ayuntamientos apenas asciende al 5% del total de la deuda que tienen las Administraciones Públicas, eso sin hablar de los que llevan cerrando los ejercicios en positivo durante los años 2014 y 2015 y a la espera de los datos presupuestarios del 2016, que seguramente seguirán en la misma línea.
Esta Ley fue aprobada junto a otras, como consecuencia de la modificación del artículo 135 de la Constitución anteponiendo la estabilidad presupuestaria y el pago de las deudas a cualquier otro criterio. Teóricamente, el objeto de esta Ley era ajustar el funcionamiento de las Administraciones Locales a la nueva coyuntura económica con el pretexto del incumplimiento financiero, el despilfarro y el solapamiento competencial. Sin embargo, la realidad ha sido otra, merma en los
Estando todavía caliente la abstención del Partido Socialista en el Congreso, que facilitaba la
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tos de gestión que antes se apoyaban en asistencias externas (lo que se llama “municipalizar”), y mejorar la coordinación de servicios. Esto se ha traducido en centralizar en contratos globales servicios para los que antes había varios, y evidentemente, para garantizar la solvencia y la calidad en la prestación de los mismos, establecemos requisitos exigentes a las empresas licitadoras. Nos ocurre en contratos que aglutinan servicios sensibles como los de atención a la infancia y actividades extraescolares, o los de intervención en institutos públicos, dinamización de los foros infantil y juvenil y el servicio de apoyo a la comunidad educativa (SACE). Si establecer que un 87% de las cuantías de un contrato debe ir a pagar salarios del personal que trabaja en esos servicios, por ejemplo, hace que algunos posibles licitadores que quizás tienen otros intereses entiendan que aquí pueden hacer el negocio que hacen en otros ayuntamientos, yo sólo puedo decirle que estamos orgullosas de que así sea. No vamos a ser menos exigentes en lo que nos parece importante preservar. Este mes de febrero se ha constituido la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación, presidida por la oposición, para el seguimiento y control de todos los expedientes. Igualmente, estamos elaborando una Instrucción para sistematizar la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en los diferentes pliegos. La contratación con paredes de cristal debe ir acompañada de corazón social y conciencia. En ello vamos a seguir esforzándonos.
entrada en el Gobierno de la Nación del Partido Popular, nos vuelven a sorprender ahora con una nueva abstención que permite que la Ley siga en vigor, y que no pase siquiera a la fase de enmiendas, y todo eso a pesar de haberse mostrado contrarios a ella durante su periodo de aprobación en 2013, y en marzo de 2016 haber votado a favor de una Proposición no de Ley (PNL) en la que se pedía su derogación en la Comisión de Hacienda, además de que en sus programas electorales del 20D y el 26J dejaba claro su voluntad de “acabar con la fatídica Ley Montoro”. Estamos ante una Ley que asfixia y prácticamente vacía de competencias a los ayuntamientos, y nos ha llevado a una situación de emergencia en el municipalismo que hace que sea imprescindible que terminemos con el lastre que supone en lo referente a competencias y financiación, para poder prestar los servicios esenciales necesarios para el funcionamiento de los municipios o ciudades, poniendo en peligro algunos derechos y servicios esenciales como pueden ser, entre otros, la atención a mayores y dependientes, las escuelas infantiles municipales, el mantenimiento de los colegios, el empleo público etc. Sería deseable que los y las socialistas en sus respectivos municipios, como me costa en algunos de ellos, no estén a favor de una Ley que permite privatizaciones indiscriminadas dejando indefensas a las Administraciones y a la ciudadanía. Recordaros que podéis hacernos llegar vuestros comentarios o dudas al correo: gruporivaspuede@rivasciudad.es o al tel. 913222381 ext.3501
