Oportunidades y exigencias del fin del conflicto

Op��tunidades y exigencias del fin del conflicto

08 2006 - 2016

[entrevista] Las oportunidades de la paz y la paz territorial Sergio Jaramillo

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[debate]

Paula Gaviria Marcela Eslava Francisco de Roux

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[fotorreportaje] Volver a la tierra

Aporta conocimientos técnicos, de análisis y de gestión a los profesionales interesados en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.

SNIES: 90798 mpp.uniandes.edu.co

SNIES: 102920 pregobierno.uniandes.edu.co

Forma líderes desde diferentes disciplinas capaces de solucionar problemas públicos y generar cambios sociales.

SNIES: 91281 msp.uniandes.edu.co

Más información:

Fortalece capacidades para analizar, diseñar, comunicar, implementar y evaluar intervenciones en salud pública, que contribuyan a mejorar el estado de la salud en el país.

egob.uniandes.edu.co Carrera 1 No. 19 - 27 - Bloque AU, tercer piso Bogotá, Colombia Teléfono: 3394949 ext. 2073

[editorial]

Carlos Caballero Argáez Director

Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo

E

n el curso de los últimos tres años y medio se han llevado a cabo las conversaciones entre los delegados del Gobierno nacional y los de las Farc-EP con el fin de alcanzar un acuerdo de paz con ese grupo subversivo. Al momento de cerrar la edición de este número de Tribuna, los avances en las negociaciones indicaban que muy probablemente el acuerdo se firmará, si no el 23 de marzo (que fue la fecha pactada inicialmente entre las dos partes), sí unos pocos días después.

La Universidad de los Andes, y en particular su Escuela de Gobierno, no pueden ser ajenas al hito histórico que significará para los colombianos la firma de un acuerdo para poner fin al conflicto entre el Estado, representado por el Gobierno nacional, y las Farc-EP. Este acontecimiento, después de una negociación larga y cuidadosa, marcará el inicio de una nueva y promisoria etapa en la vida del país, la cual dará lugar, quiérase o no, a cambios políticos, económicos, sociales y territoriales; cambios que han debido tener lugar hace muchos años porque son indispensables para integrar la población y la geografía colombianas para constituir una sola nación.

La firma del acuerdo para finalizar el conflicto armado abrirá nuevas oportunidades a la población colombiana e impondrá grandes exigencias sobre los gobiernos en todos los niveles de la administración pública, sobre la empresa privada y sobre todos los colombianos. Habrá modificaciones en la formulación de las políticas públicas –en especial, pero no exclusivamente, en la seguridad, la educación, la agricultura y la infraestructura–. El Estado, además, tendrá que mejorar la capacidad y la calidad de la gestión pública (en particular a nivel municipal), lo mismo que la articulación e interlocución entre el Gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales. Esto último podría implicar la necesidad de repensar y rediseñar los mecanismos de la descentralización en

el país, una tarea política y administrativa de la mayor envergadura, para la cual van a requerirse tanto un debate de altura como la búsqueda de consensos y acuerdos entre los distintos grupos políticos en el país.

Estas exigencias tendrán que enfocarse, principalmente, en la atención de la vida social en los municipios de la periferia colombiana, en las zonas apartadas del centro del país, en donde tradicionalmente se han concentrado tanto la actividad económica como la acción del Estado en materia social.

Para lograr esto, toda la sociedad debe estar involucrada. Por ejemplo, será indispensable que más colombianos paguen impuestos, y se deberán reducir tanto la evasión tributaria como la corrupción.

Así las cosas, el fin del conflicto nos impone desafíos a todos porque lograr la paz, que es el paso siguiente en el proceso y va a tomar un buen número de años, es una tarea de todos, como bien lo han subrayado los empresarios y sus representantes. En particular, a los académicos les impone un desafío muy especial en las más variadas áreas del conocimiento, pues será necesario diseñar un nuevo modelo de desarrollo regional que incluya la provisión efectiva de servicios, entre los cuales, como ya se ha afirmado, se destacan la seguridad, la educación, la infraestructura, la atención a los agricultores, la construcción de Estado y la promoción de la participación ciudadana y de la convivencia para que la paz sea sostenible y, por lo tanto, duradera.

Adicionalmente, en los colegios, los institutos técnicos y las universidades estará centrada la responsabilidad de formar en las artes públicas a aquellos individuos que van a trabajar en un país nuevo y con mayores exigencias. Responsabilidad que nos concierne, con mucha intensidad, a quienes desde la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo aspiramos a formar más individuos con la capacidad de gobernar y liderar los cambios para alcanzar el ideal de un país equitativo, integrado y próspero.

Este número de Tribuna está dedicado a las exigencias y oportunidades que traerá para los colombianos el fin del conflicto armado. Incluye una entrevista con Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz del Gobierno Santos, así como unos apartes del discurso que pronunció Ana María Ibáñez, la decana de Economía, en la ceremonia de grados de la Universidad en octubre de 2015. Adicional a esto hay un conjunto de artículos, columnas, debates y reportajes relacionados con el fin del conflicto: el tratamiento de las víctimas y los desplazados, el papel de las empresas en la reconciliación, el apoyo internacional, y los acuerdos de paz y el gasto público. *** Con el duodécimo número de Tribuna, la revista de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, inician las actividades para celebrar, en este año, el décimo aniversario de la fundación de la Escuela. Ojalá lo disfruten.

Tribuna

Revista de Asuntos Públicos

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[columna]

[columna]

Colombia y las misiones de paz de Naciones Unidas Sebastián Bitar

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Tribuna

Revista de Asuntos Públicos

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Los acuerdos de paz y el gasto público

Ana María Ibáñez

La generación de la esperanza

[reflexión]

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Alquería Sodexo WOK

Empresas por la reconciliación

María Emma Wills

[entrevista]

El conflicto en Colombia: ¿cómo llegamos hasta aquí?

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[infografía]

Paula Gaviria Marcela Eslava Francisco de Roux

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¿Cuáles son las grandes necesidades de gasto del posconflicto?

Entrevista a Sergio Jaramillo

[debate]

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Las oportunidades de la paz y la paz territorial

Roberto Junguito

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[entrevista]

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Víctimas, no víctimas y sus opiniones sobre la justicia transicional: hallazgos del caso colombiano Enzo Nussio Juan Esteban Ugarriza Angelika Rettberg

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2006 - 2016

[en la Escuela de Gobierno]

Conozca sobre las visitas de distintos personajes de la vida pública a la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo.

Publicación de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes.

Bogotá, Colombia.

Número 12 – febrero 2016 publicación semestral ISSN 2422 – 3557 Director Carlos Caballero Argáez

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Jefe de Mercadeo y Comunicaciones Camilo Andrés Torres G. Edición y gestión editorial Marcela María Villa Escobar

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Diseño, diagramación, videos expertos e infografías Juan Pablo Vanoy Ángel

[reseñas]

El gran escape

Mujeres que avanzan por la paz en Colombia

Editor invitado Carlos Caballero Argáez

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Textos: Margarita Arteaga Cuartas, Oficina de Comunicaciones y Marca, Universidad de los Andes

[voz joven]

La importancia de poder volver

Juliana Vargas Gómez

Trabajo documental: ELCA, Universidad de los Andes

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Volver a la tierra

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Acorralados en el río: el derecho a la ciudad de los habitantes de calle en Medellín Amy Ritterbusch Sebastián León Giraldo

Corrección de estilo David Arturo González Impresión Editorial Kimpres S.A.S.

[fotorreportaje]

[fotoartículo]

Fotorreportaje Fotografías: Alejandro Gómez Niño, Oficina de Comunicaciones y Marca, Universidad de los Andes

Agradecimientos especiales Carlos Alberto Mejía Walker, Centro Nacional de Memoria Histórica [Contacto] revistaegob@uniandes.edu.co 3394949 ext. 3974 Cra 1 No. 19 – 27, Bloque Aulas, tercer piso fb.com/EGOBuniandes @EGOBUniandes egob.uniandes.edu.co

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Revista de Asuntos Públicos

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[entrevista]

En una entrega de la revista Tribuna dedicada al análisis del fin del conflicto armado en Colombia no podía faltar una entrevista con Sergio Jaramillo, el alto comisionado para la Paz en los Gobiernos del presidente Juan Manuel Santos y miembro de la delegación del Gobierno que ha venido negociando durante tres años y medio en La Habana con las Farc para poner fin al conflicto armado con ese grupo subversivo.

Sergio Jaramillo es un gran conocedor de las experiencias de negociación de conflictos en diferentes partes del mundo, incluyendo, desde luego, a América Latina. Además, su trayectoria profesional y su experiencia lo califican especialmente para desempeñar la función que cumple como asesor presidencial y negociador. Es, por tanto, una voz autorizada para hablar de lo que la opinión pública conoce en Colombia como “el proceso de paz”.

Aprovechando la presencia del doctor Jaramillo y del director de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo en Cartagena durante la décima edición del Hay Festival, en la última semana de enero, se realizó la entrevista que se presenta a continuación.

Sergio Jaramillo Alto comisionado para la Paz

*Entrevista realizada por Carlos Caballero Argáez, director de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, a Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz, el 30 de enero de 2016.

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[entrevista]

Carlos Caballero Argáez: Agradezco mucho esta ocasión para hablar sobre las oportunidades de la paz. Ese término me gusta mucho…

Sergio Jaramillo: Dije en el conversatorio de esta mañana que me parece que hay una discusión, como en cualquier país que espera llegar a un acuerdo de paz, sobre los dividendos de la paz. Pero a mí me parece que ese enfoque es equivocado o al menos se queda muy corto, pues se termina en una discusión de macroeconomistas. Unos dicen que [el PIB] sube dos puntos o tres; otros, que si sube medio punto nos va bien. Yo creo que no hay que verlo de manera pasiva sino activa: cuáles son las oportunidades que están ahí y cómo las debemos aprovechar. Le doy dos o tres ejemplos.

El primero es el tema rural. La paz lo que hace es obligar a reorientar ciertas políticas públicas y reequilibrar e integrar el país. Los extraordinarios estudios de Ana María Ibáñez muestran que en el campo nadie se atreve a invertir con visión de mediano plazo por razones de seguridad. Ese es un problema.

Otro problema, todavía más grave, es el desastre de los derechos de propiedad en el campo. Por eso acordamos que hay que hacer un nuevo catastro en todo el país y establecer más claramente qué es de quién. Un catastro en comunicación con el registro. Si uno hace eso, soluciona una cantidad de problemas: 1) pone a funcionar el mercado de tierras, que en Colombia no existe y se basa en relaciones de confianza; 2) genera recursos a los municipios para hacer política social. Hoy en día eso no es posible, pero si se combina con un predial más inteligente, que no ahogue al agricultor ni al ganadero, pero que evite que el 90% de los municipios dependan simplemente de transferencias, se avanzaría extraordinariamente; 3) se empieza a extraer la ilegalidad, que está depositada en ese hueco negro que es el campo colombiano. Si el 40% es no formalizado o mal formalizado, lo que se está haciendo es invitar a los dineros ilegales a que se metan allá; a que compren tierras, ganado, etc. La formalización del campo tiene que ver directamente con la paz. Además, si la gente tiene su título más claro y más seguro, junto con unos tribunales que funcionen mejor, el desplazamiento va a ser menor. Y por último, se pueden hacer políticas públicas, pues se sabe qué hay en el campo.

Otro ejemplo: Hoy me encontré con Martin von Hildebrand, a quien no veía hacía muchos años, y le dije: “oiga, Martín, ayúdenos a pensar en grande el tema de medio ambiente y paz”. El diario The New York Times publicó un artículo diciendo que la NASA, en conjunto con la otra autoridad que maneja el tema de los océanos, sacaron un estudio oficial del Gobierno americano sobre el calentamiento global. El año

2015 fue el más caliente desde que existen registros. El año 2014 fue el segundo más caliente. La posibilidad de que estos dos años se sucedieran en el segundo y en el primer puesto es de uno en mil quinientos. Este tema del calentamiento global es real. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una reserva gigante de oxígeno y hay maneras de traer recursos importantes para atacar el problema del medio ambiente, crear oportunidades de empleo en esas zonas y proteger nuestras reservas. Pero todo eso hay que estructurarlo. Por eso digo que más que pensar en un beneficio que cae como maná del cielo, hay que pensar en las oportunidades que hay que estructurar.

A mí me gusta mucho (antes de seguir hablando de oportunidades) un concepto que esbozaron usted y Humberto de la Calle y que yo también abordé en una columna, y es que en Colombia hay que hacer lo que ha debido hacerse hace mucho tiempo. Desde hace 60 años hay que hacer estas cosas que están planteándose en el posconflicto. Eso se llama desarrollo…

Es una palanca. Yo dije una vez en una conferencia en Harvard que cualquier Gobierno democrático inteligente utiliza las crisis para hacer cambios.

El ejemplo obvio es el de Roosevelt en la gran depresión, donde se dio un fortalecimiento brutal del Estado norteamericano. ¿Qué hay acá? Además de alcanzar la paz se necesita hacer unas cosas que nuestro sistema político no ha permitido y por eso no se han resuelto. Desarrollo, pero desarrollo inteligente: creación de condiciones, y no simplemente transferencias para asistencialismo.

Paz con seguridad…

Más que pensar en un beneficio que cae como maná del cielo, hay que pensar en las oportunidades que hay que estructurar.

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[entrevista]

Parte de la idea de paz territorial es un sándwich. Las iniciativas tienen que nacer de la gente, pero con un Gobierno central en esa alianza.

Yo creo que la seguridad es la primera condición de la paz. Es el tema que los colombianos tienen en la cabeza. Todo el mundo está a favor de la paz, pero si se le garantiza que eso significa mayor seguridad. Eso quiere decir que hay que hacer varias cosas. Hay que tener una nueva estrategia de seguridad, un modelo para las zonas rurales sobre el cual estamos trabajando en el Ministerio de Defensa.

Con un Ejército haciendo operaciones militares y una Policía dedicada fundamentalmente al mundo urbano, la capacidad de ejercer una función policial en zona rural sigue siendo muy limitada. Es un tema que debemos resolver, pues un soldado no resuelve el problema de justicia, de robos ni de extorsiones en el campo.

Por otra parte, hay que reordenar lo que se hace para aprovechar recursos y enfrentar exitosamente el problema del crimen organizado y de la pequeña delincuencia en las ciudades, que es lo que más preocupa a las personas. Además, me parece que hay que hacer una especie de acuerdo político en las regiones, para que la desmovilización de las Farc no despierte unas tensiones que lleven a esos escenarios terribles que tuvimos a finales de los ochenta y comienzos de los noventa. La gente está de acuerdo en que hay que dejarse de matar, que es el componente político del tema de seguridad. Y obviamente hay que darles garantías especiales a las Farc, esquemas de seguridad; es la parte más fácil, pero no deja de ser trascendental para la negociación. ¿Eso implica cambiar un poco la composición del gasto militar? Yo no creo que el gasto público en defensa vaya a bajar…

Creo que no debemos pensar en reducir la fuerza pública en momentos en los cuales el problema que tenemos es de capacidad de control y de provisión de seguridad en los territorios. Lo que sí se puede hacer es cambiar el énfasis, los roles, las misiones; afinarlos, crear unos modelos más integrados y de mayor colaboración entre el Ejército, la Policía, la Fiscalía. Ese es el modelo que hay que inventarse.

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En general, cuando pensamos en paz, pensamos en paz con seguridad, paz con educación, paz con infraestructura, paz con cambios políticos, paz sin corrupción. Pero todo esto implica un nuevo acuerdo político y también la obtención de recursos…

El tema de los recursos es un tema serio, sobre todo por la caída del precio del petróleo, eso es cierto.

Pero el problema nunca ha sido fundamentalmente de plata. Obviamente hay un problema de recursos, pero es más un problema de cómo hacer mejor uso de esos dineros, de asegurar que lleguen a donde toca, de que la gente vea y perciba que el Estado les responde. Lo que hemos estado desarrollando es un nuevo modelo general de cómo llevar institucionalidad al territorio dentro de un concepto que he llamado paz territorial. No quiere decir nada diferente de hacer los programas sobre la base de una planeación participativa con las comunidades, de manera que la gente sienta que no solo es tenida en cuenta, sino que está aportando a las decisiones fundamentales sobre lo que se necesita en su territorio.

Si bien eso suena muy abstracto, no es tan difícil de hacer; tampoco es tan costoso, porque cuando se usa la mano de obra local, se crea empleo local. Estamos hablando de vías terciarias, pequeños distritos de riego, centros de acopio, y todas esas cosas que se necesitan para reactivar el campo y que se pueden hacer con la gente, de manera que los recursos lleguen y no terminen enredados en consultores, en la política local.

Ahora bien, hay que encontrar un buen matrimonio productivo con nuestros amigos de la política, en lugar de cruzarnos los cables.

Pero toca llevar las instituciones. Que haya un juez en cada pueblo...

Parte de la idea de paz territorial es un sándwich.

Las iniciativas tienen que nacer de la gente, organizándose abajo en procesos estructurados por los programas del Gobierno; pero un Gobierno central, desde arriba, en esa alianza. ¿Por qué así? Porque llevamos mucho tiempo pensando que el tema de las instituciones se resuelve como si el Estado central viniera desde Bogotá, y ese modelo no funciona. Hay que ver cómo ese fortalecimiento institucional se hace con la gente, porque en la medida en que la gente vea, a través de un proceso de planeación participativa, que lo que se planeó se cumple, comienza a creer en el Estado y a pedir más, y ahí se entra en un círculo virtuoso.

[entrevista]

Esto implica dos cosas: la primera es un departamento de planeación especial para esas zonas…

Es una pregunta muy interesante sobre la que estamos trabajando para ver cómo debe ser el modelo en esas regiones. Hay muchas posibilidades.

No es un problema solamente de posconflicto. A mí no me gusta mucho el término posconflicto; he encontrado personalmente más ideas en la literatura sobre el desarrollo puro y duro y los problemas que han enfrentado países grandes como Brasil o la India en la provisión de bienes públicos en territorios periféricos cuando hay unas clases locales que impiden que esto ocurra. Entonces para resolverlo hay que inventarse ese sándwich entre Estado central y comunidades. Eso no es un problema únicamente de la paz, porque lo que no me gusta a veces del enfoque del posconflicto es la idea de que aparezcan acá todas las agencias internacionales y trabajen a pedazos con una comunidad o con la otra de una manera que yo llamo táctica, sin efecto estratégico. Lo que necesitamos es que todo esto lleve a que haya mejores y más eficientes instituciones y a que la gente crea que el Estado existe y le resuelve sus problemas. Por eso la lógica de fondo de este proceso de paz es una lógica de integración territorial y fortalecimiento institucional.

Claro. Y el otro punto es que uno ve que con el paso del tiempo, y después de la Constitución del 91, las regiones adquirieron un poder político muy grande frente al centro.

Aquí se debe plantear la pregunta de qué tan grande es ese poder y cómo se tramita políticamente. Es cierto que los alcaldes se volvieron muy poderosos, pero no los gobernadores. ¿Qué capacidad de acción tiene un gobernador? Es supremamente limitada; es ejercer un cierto liderazgo sobre unos alcaldes, no más. De manera que yo creo que todo esto nos debe llevar a repensar el modelo de la descentralización. Allí la Escuela de Gobierno, y las universidades en general, tienen una tarea grande que va mucho más allá de los acuerdos de La Habana: si el sistema centralista no funciona, pero una descentralización anárquica tampoco, ¿cuál es el mejor matrimonio? Es un problema que hay que resolver.

Hay que repensar un poco la descentralización… y tenemos un problema muy complicado: en Bogotá no sabemos cómo funcionan los municipios, las alcaldías.

La unidad de base aquí es el municipio, y lo primero que se debe hacer es fortalecer su capacidad de diferentes maneras. En relación con la discusión de catastro, si bien la responsabilidad de recoger el predial es del municipio, este está conectado con la Dian a nivel nacional, quien le da un apoyo técnico, le hace seguimiento. Así, el municipio está apadrinado, pero los recursos son para él. Eso es creación de Estado.

Mi idea básica es mejorar las capacidades de los municipios. Pero luego, hay que ser más imaginativo en qué pasa con ese nivel meso, como lo llaman los técnicos, que es el que permitiría una descentralización más inteligente, pero que en Colombia no funciona porque en el país lo que pueden hacer los gobernadores es muy limitado. Habría que ver cómo se fortalecen las gobernaciones, qué otras cosas se pueden hacer con las regiones, en fin.

Las proyecciones demográficas están mostrando que en el campo va a haber mucha menos gente; que tan solo el 10% de la población colombiana va a estar en el campo. La productividad tiene que aumentar significativamente…

Ahí hay varios problemas: uno, las tendencias demográficas, lo cual está atado también a las posibilidades del campo. Si yo soy un joven y llego a quinto de bachillerato y estoy en San Juan de Arama, Meta, y realmente veo que no tengo para dónde coger, me voy a Villavicencio o a Bogotá a buscar trabajo. Eso es lo que pasa hoy; además, es lo que pasa en buena parte del mundo: el abando-

[guía de lectura] LAS EXIGENCIAS DE LA PAZ

Además de sus muchos beneficios, la paz también exigirá esfuerzos de los ciudadanos y las instituciones. El primero de todos es la capacidad de perdón, no solo de las víctimas, sino de la sociedad en general. Pero más allá de este acto simbólico, los colombianos deberán estar preparados para enfrentar exigencias más inmediatas, como asumir cargos tributarios adicionales para financiar el posconflicto, admitir la reintegración de exactores del conflicto en sus espacios cotidianos, como lugares de trabajo, aulas educativas y barrios, y aceptar la apertura de espacios políticos para quienes se consideraron hasta entonces “enemigos”.

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[entrevista]

no del campo. La respuesta es también desde la educación, para que se fortalezca la educación técnica en los colegios, en quinto y sexto de bachillerato; para que se fortalezca la presencia de los institutos técnicos, como el Sena, en zona rural, para que la gente esté preparada. Esto ayudaría a resolver un problema muy grande que tenemos: acordamos toda esta visión ambiciosa de una reforma rural integral, catastro y todo esto, pero resulta que si fuéramos a realizar estos procesos mañana, no habría los técnicos para hacerlo.

Sería interesantísimo llegar con colegios técnicos a distintas partes. Pero tampoco es tanta gente…

Es cierto, tampoco es tanta gente. Pero lo que sí hay que crear es incentivos políticos. Los incentivos políticos hasta ahora han llevado a concentrarse en una sola mitad del país, en el mundo urbano, porque los votos están ahí. La paz nos sirve para reequilibrar la actividad productiva. Si se dejan esos territorios abandonados, se llenan de cultivos ilícitos, minería ilegal, mafias. Allí tienen que llegar las oportunidades, tiene que llegar el mercado. El país hace unos esfuerzos enormes con diferentes Gobiernos por firmar tratados de libre comercio, pues hay que aprovechar el momento de la paz y conectar las posibilidades del campo colombiano con esos mercados. Está probado que el 80% de la reducción de la pobreza rural se debe a la reactivación del campo, no a la migración de las personas a las ciudades.

También es cierto que no se puede reducir el tema a las tierras y a la esfera agrícola. Se debe considerar un enfoque mucho más amplio de desarrollo rural, donde está el tema medioambiental, el del turismo, el de las economías asociadas al renacer del tema agrario.

A mí me sorprende que este tema grande no se haya pensado. Desde los años sesenta, cuando yo estudié, el tema de la reforma agraria y el desarrollo rural, la infraestructura, distritos de riego, eran el tema, pero no se hizo.

Pero sí se hicieron cosas. Si se mira el tema del Fondo DRI para Inversión Rural, fue una iniciativa buena. Lo que pasa es que no tuvo continuidad.

Pero creo en todo caso que el enfoque ahora tiene que ser más integral y debe contemplar temas como la provisión de bienes públicos, la salud, la asistencia técnica.

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¿Cómo se ve, por ejemplo, el desarrollo de la altillanura con la industria, con empresarios modernos que inviertan, y esto que decía hoy David Bojanini sobre que los grandes le compren a los chiquitos?

Yo creo que lo primero que hay que hacer es una nueva y muy ambiciosa política de tierras, que debe consistir en salirse de las concepciones de pequeño campesino y agroindustrial. Miremos cuál es la vocación de los suelos y cómo debe ser la estructura de propiedad según esa vocación. Si tenemos suelos muy ácidos que requieren inversiones muy grandes para ser productivos, como sucede con la altillanura lejana, se debería permitir que allí haya proyectos grandes, como se hizo en Brasil. Estos proyectos le traen grandes beneficios a la economía en general, pero no resuelven el tema de la pobreza. Por eso, al mismo tiempo, si tenemos tierras muy buenas en zonas más cercanas a centros urbanos, donde los pequeños productores suelen ser más eficaces en el uso de la tierra, se debería asegurar que estos tengan acceso a aquellas. Todo puede convivir. El ejemplo de Brasil, que estudiamos de cerca, lo demuestra. Hace cuatro o cinco años hablamos con los brasileros, cuando trabajábamos el tema de tierras, y nos dijeron que el sector de la economía que más había crecido era la agricultura familiar, porque se había creado toda una institucionalidad que acompañaba esos procesos.

Ahora con la presentación del tema de la reforma tributaria, a mí me parece que hay que hacerlo ya.

Sé que es un tema político que tiene el presidente encima, de si lo hace antes o después del plebiscito. Pero me parece que al país le conviene muchísimo que cuando entre en vigencia el acuerdo ya tengamos un sistema tributario que permita más recaudos y promueva la equidad…

En ese terreno no me puedo meter mucho, pero lo que yo creo que sí tenemos que hacer es meterle un factor muy grande de transparencia a todo lo que pase en el llamado posconflicto. Yo estoy especulando porque no soy experto en estos temas, pero me gustaría ver un sistema de trazabilidad. Si a uno le dicen “aquí se va a hacer un programa con enfoque territorial en tales municipios de Caquetá, y va a costar tanto y se va a construir tal cosa”, y hay una manera en que la gente vea que cualquier sacrificio adicional que haga en el recaudo realmente llega a donde tiene que llegar, yo creo que se conseguiría el apoyo que se necesita.

[entrevista]

Aprovecho para hablar de un tema que me parece fundamental. Parte del problema político del país es que los incentivos políticos son perversos. El diseño del Congreso lleva a que toda la concentración esté en las zonas de alta densidad de población; el resto de zonas del país se dejan en manos de Dios. Pero también creo que hay un problema político más general y es el franco desconocimiento que tenemos sobre el país. Hay que construir puentes para conocer esa realidad. Por ejemplo, deberíamos inventar un voluntariado para que estudiantes de las universidades puedan tomarse un año e ir al Putumayo, a Nariño, a Caquetá, a Catatumbo, para contribuir en los procesos de planeación participativa, pero sobre todo para conocer al país. Políticamente esto ayudaría mucho; hay que meterle más a la juventud.

de horror con diferentes instrumentos de justicia, de verdad, de reparación. Pero también, así como se debe mirar hacia atrás, se debe mirar hacia adelante: cómo estos procesos también contribuyen a la convivencia, a la creación de confianza.

Por ejemplo, con una comisión de la verdad que va a los territorios donde las víctimas se sientan reconocidas, que son tratadas como iguales. El posconflicto no es solo un asunto técnico de cómo llevar desarrollo o cómo implementar unos programas. Es cómo cambiar la percepción que hay en regiones donde el Gobierno lleva diciendo durante treinta años que va a hacer programas, pero finalmente la gente siente que no ha cambiado gran cosa. El tema fundamental es de confianza de las comunidades hacia el Estado.

Entonces toca fortalecer el Estado…

Uno de los temas más complejos ha sido el de víctimas. Yo siento que en eso el llamado posconflicto ya empezó. Me parece que ahí hay algo andando ya en buena dirección…

Nos hemos adelantado con una serie de programas.

La Ley de Víctimas, por ejemplo, crea un fondo de víctimas donde Colombia ha hecho un gasto en reparación que no ha hecho ningún país del mundo. El siguiente programa más grande de reparación es diez veces menor. Y eso ya está andando. Pero la pregunta es si eso lo podemos hacer mejor, y yo creo que sí. Si llegamos a un acuerdo con las Farc, que es el fin del conflicto, la reparación puede tener muchos otros elementos, no solo la indemnización de la persona, sino, por ejemplo, el reconocimiento de la responsabilidad de quien hizo el daño, que no lo podría hacer hoy porque todavía está en armas. También podríamos abordar dimensiones más colectivas de la reparación, para que quienes no fueron víctimas directas sientan que también obtienen los beneficios de la paz.

Todo el tema de la llamada justicia transicional hay que verlo de dos maneras complementarias. Una es como una serie de medidas alrededor de cómo podemos enfrentar este legado

Sí, ¿pero eso cómo se hace? Yo peleo con mi amigo James Robinson, quien suscribió la teoría de que todo es un problema político e institucional. Pero no es con una varita mágica que se soluciona. Hay que construirlo, hay que inventarse un sistema. Lo que estamos proponiendo con la idea de paz territorial es combinar el Estado central, llegando a los territorios pero con una participación masiva de la gente en los municipios.

Lo que estamos proponiendo con la idea de paz territorial es combinar el Estado central con una participación masiva de la gente en los municipios.

[nuestros proyectos] Yoga para la convivencia: el programa de la paz, el respeto por las diferencias y el tejido social

Lograr la convivencia en entornos complejos depende, en gran medida, de la capacidad de las personas para respetar las diferencias y resolver pacíficamente los conflictos. A través del yoga como método de intervención psicosocial, este proyecto busca fortalecer el manejo de emociones, el conocimiento propio y la capacidad de establecer un proyecto de vida entre jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) El Redentor y entre habitantes de vivienda social en Santa Marta.

Investigador principal: Amy Ritterbusch, Escuela de Gobierno.

Entidad financiadora: Corporación Dunna, Alternativas Creativas para la Paz.

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María Emma Wills 1920s

Siglo XIX

• Efervescencia social (campesinos y trabajadores) que se sale de la mano de los partidos tradicionales.

• Partidos fuertes.

• Nación dividida.

• Estado débil.

• Formación de partidos de izquierda que suscita una respuesta autoritaria de algunos sectores gobernantes, de la Iglesia Católica y del Ejército.

Inicios del siglo XX Proyecto centralizador y conservador del Estado.

Debate

de expertos:

¿Fue el Frente Nacional exclusivamente un régimen de exclusión de la izquierda o un momento histórico más complejo donde, además de la paridad política pactada entre liberales y conservadores, se impulsaron políticas sociales incluyentes y se organizaron poderosos movimientos sociales?

1940s y 1950s

1958 a 1974

Durante La Violencia se mezclan odios heredados, una insubordinación social difusa y la codicia por la tierra y por los cargos y sus prebendas a nivel local y regional.

Pacto del Frente Nacional.

1961

Bogotazo.

Alberto Lleras Camargo plantea una reforma agraria que no se implementa a cabalidad por la oposición que suscita.

1964

1968

1972

• Operación militar en Marquetalia durante el Gobierno de Guillermo León Valencia: se conforman las Farc.

Carlos Lleras Restrepo impulsa la creación de la Asociación de Usuarios Campesinos de Colombia (Anuc).

No se resuelve el problema agrario, pero se consolida una identidad nacional campesina.

Misael Pastrana detiene el movimiento a favor de la reforma agraria y la organización campesina a través del Pacto de Chicoral, una alianza entre sectores liberales, conservadores y latifundistas.

1948

• Ante el desafío guerrillero, el Estado otorga permiso a los privados para defenderse por su cuenta.

1978

1990s

El Gobierno de Julio César Turbay responde a la movilización social y a la guerrilla con el Estatuto de Seguridad.

Se genera una respuesta autoritaria y antigarantista del Estado.

La Constitución Política de 1991 propicia un receso en el conflicto, pero las Farc y el ELN no hacen parte del pacto.

1994 Refrendación de las Convivir durante el Gobierno de César Gaviria; el paramilitarismo se fortalece.

Debate de expertos: ¿La llegada del narcotráfico eliminó la lucha política e ideológica entre los grupos armados?

1997 Se conforman las AUC, organización paramilitar con un proyecto articulado nacional para construir orden y “refundar la patria”.

Los nudos de la historia de Colombia.

Dinámicas transversales que han marcado la historia del país, diferenciándola de la de otros países de América Latina.

El problema de tierras.

Problema cultural, económico y político. No es solo cuestión de repartición, sino de reconocimiento de la organización social campesina.

Estado débil.

Las instituciones colombianas siguen luchando por alcanzar independencia, autonomía y profesionalismo frente a los conflictos sociales y los sectarismos políticos.

1988 Descentralización del Estado y elección popular de alcaldes: se agitan los poderes locales y se desencadenan las masacres como herramienta del conflicto.

1980s

2000s

• En distintas regiones del país, una alianza entre terratenientes, mafias y sectores militares impulsa la formación de grupos paramilitares como respuesta contrainsurgente, anticomunista y anti movilización social.

• Ofensiva militar del Estado y opinión pública más afín a la solución militar.

• El narcotráfico se convierte en la mayor fuente de financiación de los actores armados.

• Crecimiento de la guerrilla.

• Debilitamiento de las guerrillas.

• Negociación con grupos paramilitares.

• Acomodamiento de redes criminales que vinculan a funcionarios del Estado y a autoridades electas.

Antecedentes del conflicto.

Reconfiguración de la escenografía del conflicto e inicio de la guerra contemporánea.

Esta infografía parte de la perspectiva e información facilitada por María Emma Wills, asesora de la Dirección General del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Sus visiones no comprometen al CNMH.

El problema de la relación entre el centro y las regiones.

Las rupturas entre el Estado central y las élites y poderes locales han impedido la integración del Estado y de la nación.

Más allá de firmar una paz se debe buscar deshacer estos nudos, que han sido causas recurrentes del conflicto

[reflexión]

Ana María Ibáñez

Decana de la Facultad de Economía, Universidad de los Andes.

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Sobre los desplazados Sobre el país

EL DRAMA DEL DESPLAZAMIENTO

Firmar la paz con las Farc le permitirá al país pasar una página muy dolorosa de nuestra historia.

Los legados de un conflicto son diversos. Y aunque los legados sicológicos y sociales son profundos, soy economista y me he concentrado en entender qué impactos económicos impone un conflicto sobre la sociedad.

Contar a la sociedad las atrocidades que se cometieron y sus consecuencias sobre una población muchas veces inerme contribuye a crear una narrativa del conflicto basada en los hechos y no en mitos creados por intereses particulares. Tal vez, una vez conozcamos nuestra realidad y nos miremos al espejo, decidamos como sociedad no permitir que nunca más sucedan las * Este artículo parte del discurso pronunciado por Ana María Ibáñez en la ceremonia de grados de la Universidad de los Andes en octubre de 2015.

2/3 población desplazada de la

no tenía títulos de sus tierras y esto facilitó su desplazamiento forzado.

El país ha dejado de producir

4,3%

PIB agropecuario del

por el desplazamiento.

Tribuna

Revista de Asuntos Públicos

Un

65% de la

población desplazada es pobre.

[reflexión]

mismas atrocidades; tal vez decidamos reconstruir un país diferente sobre las cenizas de la destrucción que hemos sembrado, para iniciar un proceso de perdón, mas no de olvido, y el tránsito hacia una paz duradera.

Desde 1985 hasta hoy, la guerra en Colombia ha dejado un poco más de 7,3 millones de víctimas directas (es decir, 15% de la población del país) y 220.000 personas muertas, de las cuales casi 81,5% eran civiles. Además de las víctimas directas, millones de colombianos residentes en regiones de conflicto se han visto afectados por la guerra y diría que todos los colombianos hemos sufrido de alguna manera los impactos negativos de vivir en medio del conflicto.

Quiero primero concentrarme en la población desplazada, que hoy bordea los 6,9 millones. Colombia es hoy el segundo país con más población desplazada después de Siria.

El desplazamiento es consecuencia de la alta victimización de la población civil en la guerra. Ocho de cada diez personas se desplazan tras ser víctimas directas de la violencia: un 35% sufrieron un asesinato en sus familias y más de la mitad, amenazas directas.

Alrededor de

2 millones hectáreas han sido usurpadas en Colombia.

de

El desplazamiento es un camino sin retorno hacia la pobreza, un camino que además pueden también trasegar las segundas generaciones de las familias desplazadas.

La población desplazada proviene de las áreas rurales y sus actividades económicas eran primordialmente en agricultura.

Por tanto, un 55% tenía acceso a la tierra. La pérdida de tierras, por el despojo ilegal o el abandono, es elevada. La informalidad en los derechos de propiedad ha facilitado el proceso de usurpación de tierras de las personas desplazadas, ya que dos terceras partes no tenían un título formal de propiedad.

Los desplazados, a diferencia de lo que dice el imaginario colectivo, no eran pobres antes de salir. Sus predios, de 13 hectáreas en promedio, eran más grandes que los predios de 9 hectáreas de un poblador rural promedio. El despojo de tierras de población desplazada está alrededor de 2 millones de hectáreas, lo cual equivale a 3,4 veces la cantidad de tierras asignadas por programas de reforma agraria entre 1993 y 2002, y un poco menos de la mitad de la tierra destinada a cultivos agrícolas. Y las consecuencias negativas de este despojo trascienden el efecto sobre la población desplazada. Año tras año

La experiencia agrícola de los

desplazados no es valorada en las ciudades.

1% propietarios

El de los

rurales con predios más grandes concentran

42,7%

de las hectáreas del país.

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Revista de Asuntos Públicos

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[reflexión]

EN NUESTROS 197 AÑOS DESDE LA INDEPENDENCIA SOLO HEMOS VIVIDO EN PAZ 103 AÑOS. AHORA ES EL MOMENTO DE ROMPER LOS CICLOS DE GUERRAS el país ha dejado de producir un 4,3% del PIB agropecuario debido al desplazamiento forzoso. Todo esto ha sucedido en un país con una de las más altas concentraciones de la tierra en el mundo. Nuestros estudios muestran que el 1% de los propietarios rurales con predios más grandes concentran un 42,7% de las hectáreas del país.

Tras perder su principal activo productivo (la tierra), la población desplazada enfrenta dificultades ingentes para recuperar su nivel de ingresos anterior. Su experiencia agrícola no es valorada en las ciudades y tienen en promedio 5 años de educación. No es difícil imaginarse que su proceso de inserción en los mercados laborales es lento y que enfrentan tasas de desempleo más altas que incluso la población en pobreza extrema; además, quienes están empleados tienen trabajos de baja calidad y mal pagos, y no cuentan con protección social. Como consecuencia de todo esto, su consumo cae en más de 30%. La evidencia muestra, además, que con el paso del tiempo las condiciones no mejoran. La población desplazada llega sin activos a las ciudades, y después de muchos años su situación es bastante similar a la de los primeros meses en términos de activos, ingresos y consumo. Un 65% de la población desplazada es pobre, mientras esta cifra para la población colombiana es del 28,2%.

Sus hijos entre 12 y 17 años abandonan el colegio para ayudar a sus familias a generar ingresos. Pueden imaginarse la desesperanza de estos jóvenes, que antes de salir de sus hogares fueron testigos o víctimas de crímenes atroces como el asesinato de sus padres o la violación de sus madres o hermanas, y ahora no encuentran oportunidades para salir adelante. Esto, además de no ser un buen camino para la reconciliación, crea condiciones favorables para el reclutamiento de estos jóvenes en bandas criminales.

El desplazamiento es entonces una perpetuación de la pobreza para las generaciones presentes y, tal vez, futuras.

Pero los impactos económicos del conflicto transcienden aquellos sobre las víctimas directas. Muchas familias deciden quedarse en las regiones de conflicto y malvivir en medio de la guerra. En algunas regiones, estas familias se hacen llamar “los resistentes”, pues resistieron a los grupos armados y contribuyeron así a que las regiones rurales con altas tasas de desplazamiento aún permanezcan en pie.

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Revista de Asuntos Públicos

Este apelativo heroico no los protegió, sin embargo, de enfrentar las muy negativas consecuencias de la guerra. Estas familias viven en medio de la incertidumbre y el miedo de ser potenciales víctimas de la violencia. Sus decisiones están signadas por la necesidad de minimizar los riesgos de victimización y esto conlleva costos económicos. Doy tres ejemplos elocuentes de lo que significa vivir en medio de la guerra.

El conflicto reduce las oportunidades de educación de nuestros jóvenes. La destrucción de escuelas, la renuencia de los profesores a enseñar en áreas de conflicto, la decisión de los padres de sacar a los niños del colegio para evitar que sean víctimas de los grupos armados y el reclutamiento forzoso de niños han reducido los años de educación en Colombia en medio año, cifra que luce pequeña pero no lo es. En 30 años, después de muchas inversiones y esfuerzos por parte del Estado, Colombia ha logrado aumentar los años de educación promedio en 2,5 años, alcanzando en 2014 un poco más de 7 años de educación. La violencia ha disminuido entonces en una quinta parte ese esfuerzo, lo cual equivale a perder 6 de los últimos 30 años de políticas públicas educativas.

El miedo y el estrés de las madres embarazadas de vivir en regiones afectadas por la violencia causan que los niños nazcan con un menor peso. La explosión de una mina antipersonal cuando un niño está en el útero de su madre reduce el peso al nacer en 7,5 gramos. Un menor peso al nacer, según varios estudios económicos, redunda en unas menores habilidades cognitivas y en un menor salario en el futuro. De nuevo, 7,5 gramos parece un bajo impacto, pero está lejos de serlo. Si eliminamos las minas antipersonales, labor que ya se inició en el municipio El Orejón, caería la tasa de mortalidad infantil en 1 punto porcentual, es decir, una quinta parte de la reducción que hemos logrado desde 1970.

Los agricultores toman decisiones para minimizar los riesgos del conflicto y no para maximizar sus ganancias económicas. Prefieren entonces la producción ganadera y cultivos con baja rentabilidad pero ganancias inmediatas. Y la razón es simple. La incertidumbre de ser víctimas de los grupos armados y perder sus tierras los lleva a preferir actividades productivas que generan ingresos diarios, estables y seguros, a cultivar para el autoconsumo y así proteger su alimentación, y a hacer inversiones mínimas en sus tierras. Esta sustracción de los mercados, baja inversión y concentración en producción ganadera implica que los pequeños productores tienen ingresos estables pero por debajo de la línea de pobreza, y los condena a trampas de pobreza. Además, a los medianos y grandes productores les impide aprovechar su máximo potencial. Si cesáramos el conflicto, el PIB agropecuario crecería 3 puntos porcentuales adicionales. Dicho PIB ha crecido durante las últimas décadas entre 1 y 1,5 puntos porcentuales.

El conflicto no solo deja un legado de dolor; también deja un legado de pobreza sobre sus víctimas y sobre las poblaciones residentes en regiones de conflicto.

[reflexión]

Después de tantos años de guerra y dolor, hoy podemos imaginarnos su fin. He estado 16 años recorriendo las regiones de conflicto y trabajando con víctimas y no puedo pensar en un mayor motivo de esperanza que el fin de la guerra. Imaginemos entonces un país en paz. No solo cesarían las muertes, el secuestro, el desplazamiento, la destrucción y el dolor.

Muchas de las consecuencias negativas que he mencionado a lo largo de este discurso desaparecerían en el corto plazo o paulatinamente mientras el Estado llega a las regiones del conflicto. La población desplazada podría recuperar sus tierras y decidir, sin el suplicio de la violencia, si retorna a su pueblo o permanece en su nueva ciudad. La población rural podría libremente educarse, tener hijos más sanos y vivir la cotidianidad sin estar pensando cada día en cómo evitar ser víctimas de los grupos armados. Los agricultores tomarían decisiones para maximizar sus ganancias económicas y no para reducir los riesgos de la guerra.

Pero quiero ser clara. Los costos de la guerra no son los beneficios de la paz. Para aprovechar los dividendos de la paz, el país debe invertir en las regiones olvidadas donde surgió y permaneció la guerra. Debemos llevar el Estado a estas regiones, darles seguridad, ofrecerles educación y salud de calidad, construir carreteras, proveer bienes públicos productivos e insertarlas en los mercados y el sistema productivo. Esto no será tarea fácil. Nunca lo hemos hecho en nuestros casi 200 años de vida republicana. Esto ha significado que en nuestros 197 años desde la Independencia solo hemos vivido en paz 103 años. Ahora es el momento de romper los ciclos de guerras recurrentes que han marcado la historia de Colombia.

Serán las nuevas generaciones quienes deberán participar y liderar esta tarea, que tomará décadas y no solo unos cuantos años. Estas, desde sus distintas orillas profesionales, ayudarán a reconstruir un país que no solo quedó con costos económicos, sino con unas heridas profundas difíciles de cicatrizar.

Pero ante esta inmensa tarea, estas nuevas generaciones tienen ventajas sobre las generaciones anteriores. No vivieron los peores momentos de la guerra colombiana y por esto muchos de ellos no cargan con la estela de dolor, desesperanza y odio de las generaciones anteriores. Cuando yo tenía su edad, el país estaba acorralado por la locura de Pablo Escobar. Sus asesinatos, bombas y destrucción nos llenaban de miedo y desesperanza. Pero el país reaccionó, paró a Pablo Escobar y siguió adelante. En 2000, cuando la guerrilla había logrado una fortaleza nunca pensada y Colombia lucía como un país inviable, nació mi primer hijo. De nuevo Colombia se paró erguida, luchó y logró arrinconar a la guerrilla en las regiones aisladas donde surgió en sus orígenes. Muchas personas valientes murieron en este proceso.

Pero la mayor parte de la vida de mi hijo, y de quienes hacen parte de su generación, ha transcurrido en medio de un país diferente. Los grupos paramilitares se han desmovilizado, en un proceso de paz bastante más accidentado que el actual

INVITO A LAS NUEVAS GENERACIONES, HOY, A ASUMIR ESTE RETO MARAVILLOSO QUE LA HISTORIA LES ESTÁ BRINDANDO pero necesario; la violencia cayó significativamente y la economía está ahora más vigorosa. Ellos no están moldeados por el miedo, la rabia y la impotencia de las generaciones anteriores.

Son capaces de imaginar un país en paz, un país con un futuro mejor. Pueden entonces despojarse de los odios heredados para iniciar la reconstrucción de este país, que tomará décadas, y disfrutar los frutos.

Invito a las nuevas generaciones, hoy, a asumir este reto maravilloso que la historia les está brindando. Sueñen en grande. Contribuyan desde su cotidianidad a dar razones para el perdón y la reconciliación. Inventen maneras de llevar el Estado a las regiones olvidadas y de romper los ciclos de violencia.

Inviertan desde el sector privado en iniciativas que generen ingresos para toda la población y permitan a Colombia salir del sino de la violencia. Con el poder del arte y la literatura transmitan al país la fuerza de la paz y la reconciliación. Demuestren a las víctimas del conflicto que somos una sociedad solidaria y empática con su dolor. Sean, queridos jóvenes, la generación de la esperanza.

[guía de lectura] EL DIVIDENDO DE LA PAZ

Alcanzar una paz estable y verdadera generaría, antes que nada, una gran disminución de pérdidas de vidas y una reducción sustancial en el desplazamiento forzado. Además, solo con un cese definitivo al fuego se mermaría la destrucción de infraestructura y la pérdida de activos de los hogares, como tierras, inmuebles y ganado. Este nuevo panorama conduciría a mejorar la productividad agrícola, a fomentar la industria manufacturera, el turismo y el empleo, a atraer la inversión extranjera y a incentivar mejores decisiones educativas en los hogares; es decir, se potenciaría el crecimiento económico y se mejoraría la calidad de vida y el tejido social en el país. Pero, además del cese al fuego, hará falta invertir integralmente en las regiones y hacer que llegue el Estado allí.

Fuente: Adriana Camacho, María Alejandra Arias, Ana María Ibáñez, Daniel Mejía, Catherine Rodríguez (2014). Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia: ¿cómo construir un posconflicto sostenible? (Nota de Política No. 17). Bogotá D. C.: Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, Facultad de Economía (Cede), Universidad de los Andes.

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Revista de Asuntos Públicos

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[columna]

Los acuerdos de paz y el gasto público Roberto Junguito

Ministro de Agricultura (1982-1983). Ministro de Hacienda (1984-1985 y 2002-2003).

Miembro de la Junta Directiva del Banco de la República (1991-1999).

Presidente de Fasecolda (2005-2013).

E

n el debate económico nacional se ha hecho mucho énfasis en el dividendo económico de la paz y muy poco en lo relativo a las necesidades adicionales de gasto público que los acuerdos de paz traerán consigo.

Respecto a los dividendos del proceso de paz, el ministro de Hacienda viene argumentando que la paz consolidará un ámbito más propicio para la inversión en Colombia y que, según sus cálculos, esta redundará en una aceleración en la tasa de crecimiento de la economía de, al menos, 1% anual de manera permanente. Un trabajo de la Universidad de los Andes publicado hace cerca de un año resalta, por su parte, que según diversos estudios, el conflicto interno causó pérdidas anuales estimadas entre 2% y 4% del Producto Interno Bruto (Arias et al., 2014).

Sobre los dividendos potenciales de la paz reflejados en un mayor crecimiento de la economía no parece haber mayores divergencias de opinión. No obstante, el tema que hasta ahora no ha recibido igual atención es el de los costos fiscales y presupuestales que traería consigo el proceso de paz. En efecto, el único aspecto de la agenda de paz cuyos costos han comenzado a precisarse corresponde al primer punto de la agenda, relativo a la denominada reforma rural integral, sobre lo cual viene trabajando la Misión Rural. Según Fedesarrollo (2015), el costo total para un horizonte

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de 15 años (2016-2030) para el total de las estrategias de la Misión Rural asciende a 182 billones de pesos (a precios de 2015). Se destacan las estrategias de inclusión social y de competitividad – vías terciarias, cuyo costo representa aproximadamente el 54% del valor total de la inversión estimada para los 15 años. El costo promedio es de 12,1 billones de pesos por año, lo que equivale al 1,1% del PIB. Se estima que la mitad se puede cubrir con la reasignación de los recursos que se redistribuyen actualmente.

Dichos estimativos corresponden exclusivamente a los gastos de inversión y habría que adicionarlos con los de funcionamiento, o sea, los gastos administrativos de los nuevos programas.

Los costos fiscales de los otros puntos de la agenda de la paz, sin embargo, no han sido cuantificados. Cabe, al respecto, recordar que el segundo punto de la agenda se refiere a la participación política (apertura democrática para construir la paz), y el cuarto, a la solución de las drogas ilícitas. Además de estos, hace pocas semanas se dieron a conocer los puntos relativos a la agenda de la justicia transicional. Para cada uno de estos puntos debe adelantarse un análisis de los gastos presupuestales requeridos para ponerlos en funcionamiento.

Algunos analistas argumentarán que si, efectivamente, la paz trae consigo un dividendo en términos de un mayor crecimiento económico, el tema de

los gastos presupuestales que se derivan de los diversos puntos de la agenda del acuerdo de paz no tienen importancia alguna, pues el mayor crecimiento de la economía que surja con la paz generará los recursos fiscales adicionales para cubrir los gastos públicos vinculados con la paz. Aun si ello resultara cierto en términos del valor presente neto de los ingresos fiscales menos los gastos de la paz, existirá un problema de financiamiento, pues el dividendo de la paz se dará de manera gradual en el futuro, en tanto que los gastos son inmediatos y se concentrarán en los primeros años luego de firmado el acuerdo de paz de La Habana. ¿Se financiarán los gastos adicionales derivados del acuerdo de paz con mayor endeudamiento rompiendo así la regla fiscal? ¿O, más bien, la Comisión de Asuntos Fiscales tendrá que sugerir nuevas fuentes transitorias de impuestos para cumplir con dichos gastos, cumpliendo estrictamente con la regla fiscal en los próximos años? Esto último, quizás, parece lo más sensato dado el entorno económico internacional y la credibilidad que requiere la política económica colombiana.

Bibliografía Fedesarrollo. (2015, noviembre). Impacto fiscal de las estrategias de la Misión para La Transformación del Campo. Bogotá D. C.: Fedesarrollo.

Arias, M. A., Camacho, A., Ibáñez, A. M., Mejía D. y Rodríguez, C. (Comps.) (2014). Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia ¿Cómo construir un posconflicto sostenible? Bogotá D. C: Ediciones Uniandes.

[debate]

Paula Gaviria Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

La Revista Tribuna les entregó 100 pesos a tres expertos en construcción de paz, economía y políticas públicas para que los repartieran entre algunas de las necesidades de inversión más inminentes del posconflicto, enumeradas a continuación.

Con recursos escasos y grandes necesidades de gasto en el posconflicto, el Estado colombiano tendrá que tomar decisiones similares a las simuladas en este juego.

Francisco de Roux

Exdirector del Cinep, exprovincial de Colombia de la Compañía de Jesús, fundador del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

Servicios públicos rurales

Crédito para productividad agrícola y asistencia técnica

Infraestructura de transporte regional

Fortalecimiento del sistema de justicia

Marcela Eslava

Profesora asociada, Facultad de Economía, Universidad de los Andes.

Mecanismos de participación política

Acceso a la salud

Reparación a víctimas

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[debate]

PAULA GAVIRIA Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Servicios públicos rurales

Estructurar las coordenadas del gasto para el posconflicto pasa por reconocer que el país tiene múltiples contextos en los que varía la presencia del Gobierno y su disposición institucional, y la situación de las poblaciones en los territorios. El mayor peso otorgado a la reparación a las víctimas se sustenta en el deber del Estado de satisfacer, de manera primordial, los derechos de estas de cara a la construcción de la paz. Además, la reparación colectiva permite reivindicar derechos constitucionales y adoptar medidas sociales que irradian y benefician a otros territorios y poblaciones. Es necesario simultáneamente fortalecer el sistema judicial, como garantía del derecho de las víctimas a la justicia y no repetición, necesario para reconstruir la confianza en el Estado. La inversión en el acceso a la salud, servicios públicos rurales e infraestructura de transporte regional resulta de la enorme necesidad de contar con justicia social, lo que implica promover el desarrollo integral de las regiones. La inversión se debe dirigir a garantizar, sobre todo a los territorios históricamente marginados, los mínimos vitales para el bienestar de las comunidades. Adicionalmente, es importante pensar en vigorizar la democracia, permitir la entrada y la participación efectiva de nuevos actores políticos y, por esa vía, permitirnos la transformación hacia una sociedad incluyente que reconoce su diversidad y multiculturalidad.

Para que esto sea posible el Gobierno, el sector privado, la sociedad civil y la academia pueden coadyuvar e insistir en el trabajo conjunto para maximizar los esfuerzos hechos por cada uno.

Crédito para productividad agrícola y asistencia técnica Infraestructura de transporte regional

$15 $10 $15 $15 $10 $15 $20

$100

Fortalecimiento del sistema de justicia Mecanismos de participación política

Acceso a la salud

Reparación a víctimas

Fotografía: cortesía de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

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FRANCISCO DE ROUX Exdirector del Cinep, exprovincial de Colombia de la Compañía de Jesús, fundador del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

Servicios públicos rurales Crédito para productividad agrícola y asistencia técnica

No pude asignar los 100 pesos. En 15 años del Programa de Desarrollo y Paz regional aprendí que estas construcciones regionales, de posconflicto en este caso, son procesos interdisciplinarios que son más legítimos, sostenibles y gobernables en la medida en que sean más participativos. Es un error definir ex ante la cantidad de dinero que se va a asignar a un territorio, pues, entre otras cosas, crea una rapiña política y social que rompe el proceso; tampoco se puede definir ex ante cómo se va a repartir esa eventual cantidad de recursos. Es durante el proceso mismo que van surgiendo las necesidades que deben cubrirse para lograr una totalidad suficiente, y de esta manera se van demandando los recursos requeridos y se van ordenando las prioridades, pues unas iniciativas van jalonando a otras. Así, cuando un proyecto de este tipo es sostenible, tiene capacidades endógenas de generar excedentes, hacer inversiones pertinentes y conseguir aliados. En la experiencia del Magdalena Medio, se definió que para crear asociación la primera inversión sería en capacitación. Desde allí se pasó a invertir en la identidad regional a través de dinámicas culturales para entender el territorio como una unidad regional.

A partir de esto se invirtió, simultáneamente, en proyectos educativos y en proyectos productivos de finca campesina. Estos últimos proyectos demandaron, a su vez, rutas terciarias, programas de crédito rural y organizaciones cooperativas, así como una expansión de la seguridad ciudadana. Este es solo un ejemplo que demuestra que un proceso social es posible si se tiene una base de recursos y un acompañamiento integral e interdisciplinar, por un tiempo suficientemente largo.

Infraestructura de transporte regional Fortalecimiento del sistema de justicia

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$100

Mecanismos de participación política

“Ojalá a cada

persona de la región se le ofreciera lo necesario para ser constructor de paz: oportunidades para estudiar, para profesionalizarse”

Alba Gelpud Narváez Docente de la institución educativa José Asunción Silva y miembro del Comité de Impulso de la Inspección de El Placer, Putumayo. ver charla

Acceso a la salud

Reparación a víctimas

Fotografía: cortesía de Diego Hernández, Oficina de Comunicaciones de la Compañía de Jesús

[debate]

MARCELA ESLAVA Profesora asociada, Facultad de Economía, Universidad de los Andes.

Servicios públicos rurales

Suponiendo que estos son los 100 pesos con destinación específica a temas de posconflicto, las dos grandes prioridades serían: 1) generar condiciones para que en las regiones y sectores más golpeados por el conflicto haya oportunidades de vida satisfactorias alternativas a la guerra, y 2) sanar las heridas del conflicto previo. La primera de esas prioridades exige que esas regiones y sectores, tradicionalmente aisladas y con frecuencia de vocación rural, puedan acceder a los beneficios del desarrollo. La infraestructura de transporte regional y el apoyo productivo, así como el acceso a servicios públicos, son fundamentales. Y entre ellos, la infraestructura de transporte regional es la que demanda más recursos, y potencialmente la que mayores beneficios trae, pues se convierte en una posibilitadora del emprendimiento privado. Por su parte, la segunda de estas prioridades descansa sobre la justicia y la reparación.

Aunque el acceso a salud es importante para todos los ciudadanos, está cubierto por otras esferas de la política pública; yo no le dedicaría recursos específicos del llamado posconflicto.

Crédito para productividad agrícola y asistencia técnica Infraestructura de transporte regional

$10 $15 $45 $10 $10 $0 $10

$100

Fortalecimiento del sistema de justicia Mecanismos de participación política

Acceso a la salud

Reparación a víctimas Fotografía: cortesía de Marcela Eslava.

[nuestros proyectos] Índice de Progreso Social en diez ciudades de Colombia

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Más allá de las medidas de progreso económico, las ciudades y países han entendido la necesidad de medir el bienestar humano. Aspectos como nutrición y asistencia médica, acceso a información, sostenibilidad del ecosistema, libertades personales y acceso a educación superior son los que determinan qué tan alto es el Índice de Progreso Social (IPS) en una sociedad. Este proyecto pone en práctica la metodología internacional del IPS en diez ciudades de Colombia para medir su desempeño entre 2009 y 2014, identificar fortalezas y debilidades en ellas y guiar las futuras agendas hacia un desarrollo inclusivo y sostenible.

Investigador principal: Darío Maldonado, Escuela de Gobierno.

Entidad financiadora: Fundación Corona.

[entrevista]

Frente a las problemáticas que han dejado los años de conflicto en el país, las empresas privadas en Colombia también han decidido tomar acción. Algunas han buscado brindar alternativas económicas y sociales a comunidades afectadas mientras otras han apostado a la reintegración de exactores del conflicto.

La Revista Tribuna habló con Wok, Sodexo y Alquería para conocer sobre sus proyectos de reconciliación.

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[entrevista]

20% de su producción. También les hemos ayudado a conseguir y consolidar más clientes y los hemos acompañado en otros procesos como empresa ancla, así como en el desarrollo de su imagen y de los empaques.

Fotografías: cortesía de WOK.

Alianza con Condimentos Putumayo María Teresa Reyes

Directora de Logística, Wok.

A través de la sustitución de pimienta importada por pimienta producida localmente, la cadena de restaurantes Wok se propuso hace cinco años trabajar por el desarrollo regional del Putumayo.

Alrededor de sesenta familias que antes se dedicaban al cultivo de la coca viven hoy del cultivo y comercialización de la pimienta a través del emprendimiento local Condimentos Putumayo.

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¿Cómo llegó a ustedes la propuesta de Condimentos Putumayo y cómo la evaluaron?

La propuesta de Condimentos Putumayo llegó a través de una agencia de Naciones Unidas, hace ya casi nueve años.

Ellos les estaban ayudando a comercializar la pimienta negra en pepa. Desafortunadamente, nuestro consumo de esa presentación era muy bajo, por lo cual la propuesta no era significativa para nosotros. Sin embargo, nuestra chef Tansy Evans consideró la posibilidad de conseguir la misma pimienta fresca, y en una feria realizada por Usaid logramos contactar directamente a los proveedores para que nos enviaran una muestra.

Para ellos, nosotros estábamos locos: ¿quién la querría comprar fresca? Pero así empezamos. Les ofrecimos la posibilidad de reemplazar nuestra pimienta fresca importada con el compromiso de que nos llegara así todas las semanas. En estos años hemos diversificado los productos, y ahora consumimos pimienta negra en pepa, negra molida, blanca en pepa, blanca molida y gourmet: una granulometría más gruesa.

Hoy en día somos su cliente individual más grande y representamos el 80% de sus ingresos, con la compra del

¿Qué papel desempeñan este tipo de proyectos de reconciliación en la misión de Wok? Para Wok estos proyectos son esenciales para su funcionamiento. Creemos que el apoyo a las comunidades y las alternativas de mercado específico son las que pueden sacar adelante este tipo de proyectos, que muchas veces por no tener un contacto comercial concreto se mueren, aunque ofrezcan muy buenas alternativas y productos de alta calidad. Por esto, buscamos continuamente trabajar con productos locales para suplir el suministro y desarrollar y acompañar a las comunidades que los producen. Desde nuestros inicios hemos procurado tener esta filosofía con nuestros proveedores y hemos logrado proyectos de pescado, pimienta, cúrcuma y panela, entre otros.

Somos conscientes de que los proveedores son nuestros aliados y parte integral de nuestra organización.

[entrevista]

Proyecto MACA Hernán Vásquez Barrero Coordinador nacional de Productividad, Alquería.

En el municipio de La Macarena (Meta), una zona históricamente golpeada por el conflicto armado, Alquería se propuso apoyar la recuperación del territorio liderada por el Gobierno nacional a través de la producción de leche con las comunidades. Las familias que hacen parte del programa reciben capacitación, apoyo técnico, acompañamiento y formación en planificación para disminuir costos de producción y aumentar utilidades. Alquería también funciona como aliado comercial y les compra a estas su producción, que suma más de sesenta mil litros diarios. ¿En qué otros territorios trabaja Alquería con comunidades por la consolidación territorial?

Alquería vincula cerca de 7000 productores de leche en 18 departamentos de Colombia, desde el norte en La Guajira y Magdalena hasta el sur en Nariño y Putumayo; y desde el occidente en Antioquia y Valle hasta los Llanos Orientales. Para lograr la sostenibilidad de estos proyectos, no solamente se requiere de la voluntad comercial, sino de la suma de los esfuerzos de quienes intervienen en el territorio. En primer lugar, es necesario comprender que no podemos ver las zonas de conflicto de la misma forma.

En cada territorio las dinámicas son únicas, coexisten distintas formas de criminalidad, diversas formas de aferro a los

Fotografía: cortesía de Alquería.

controles territoriales, diversos sistemas de producción, y por tanto cada territorio debe ser analizado e intervenido de acuerdo a su complejidad. El proyecto Macarena ha sido un gran aprendizaje, pero no podemos escalarlo de la misma forma. En segundo lugar, la apropiación de los programas por parte de las comunidades es un motor fundamental para que estos se puedan materializar: si los programas atienden sus necesidades e intereses, seguramente se darán resultados más favorables y sostenibles para todos. En tercer lugar, se requiere una articulación entre las entidades públicas y privadas presentes en el territorio, y, como se dice, “zapatero a sus zapatos”, buscando que cada una garantice las condiciones óptimas en términos de infraestructura, acompañamiento técnico, seguridad, garantías comerciales, financiación, etcétera. ¿Qué beneficios le reporta este proyecto a Alquería?

MACA ha sido un proceso de constantes aprendizajes y retos para la compañía, desde el llegar a explorar nuevas zonas hasta el abordar comunidades en las que dominaba la falta de credibilidad en las instituciones, el desconocimiento de

la empresa y, en general, la desconfianza hacia los programas. Esto nos ha retado de forma permanente y nos ha enseñado que los procesos deben partir de la construcción de relaciones; que es necesario generar espacios de doble vía, de participación, de opinión, de construcción colectiva de procesos y conocimientos, y que con garantías en lo comercial los resultados se dan de una mejor manera.

Podemos decir entonces que el proyecto MACA ha aportado un gran valor a la organización por generar fidelización con su cadena de proveedores, gracias a la flexibilidad de los programas, a la construcción de redes de trabajo y al poder llegar con portafolios diferenciales. También ha incrementado nuestra competitividad, por ser procesos que se orientan a mejorar la calidad del producto y que permiten el incremento en su producción y, por ende, en los ingresos. Finalmente, este proyecto nos ha dejado una importante cuota de sostenibilidad por la apropiación social de los programas, la disponibilidad de producto y, apoyados en el modelo de reconversión ganadera, un manejo ambiental en la producción de leche.

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¿Qué ha sido lo más difícil en el desarrollo de este programa?

• Superar los paradigmas de lo que significa para la sociedad un desmovilizado.

Muchas veces, cuando entre compañeros se conocen sin ese rótulo y luego se enteran de sus respectivas procedencias, les cuesta creer que se trata de desmovilizados.

• Comprometer a algunos de nuestros clientes para que hagan parte del programa y autoricen tener en su casa a este grupo de personas. Aún tenemos clientes que nos dicen no estar preparados para este tema.

• Alinear las formas de trabajo y procedimientos entre la empresa privada y las entidades públicas.

Fotografías: cortesía de Sodexo.

Programa Soluciones:

un camino de paz y reconciliación para un país que necesita creer en su gente Dalida María Villa

Jefe de Desarrollo Sostenible, Sodexo.

Este programa busca incorporar laboralmente en la empresa a exactores y víctimas del conflicto, y brindarles formación para el trabajo y acompañamiento social. Cuenta con el apoyo de la Fundación Suramericana, la Alcaldía de Medellín y la Alta Consejería para la Reintegración. Ha beneficiado a más de 800 personas.

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¿Cómo se proyecta el programa Soluciones para los próximos diez años de posconflicto?

Soluciones se proyecta con mayor capacidad y posibilidad de contratar a más personas de las que hasta hoy hemos tenido, y en diferentes cargos y responsabilidades. Esto es posible hoy por los avances académicos que han logrado estas personas, y ha tenido un importante impacto a nivel nacional, en ciudades principales e intermedias. La idea en los próximos años es poder contar con aún más aliados en este proceso, para que las personas reintegradas y víctimas del conflicto sean las protagonistas de un programa que busca brindarles una estabilidad a partir de su buen desempeño y adaptación.

Estamos convencidos de que la empleabilidad es el camino para un proyecto de vida desde la legalidad. También estamos seguros de que este tipo de iniciativas impactan altamente las expectativas de vida, así como a las familias y barrios de quienes al reintegrarse a la vida civil dan el primer paso de un camino que muchos otros deberán recorrer.

• Aunque hoy ya no es un reto, lo fue al inicio de este proceso que lleva ya casi diez años: ayudar a adaptar a este grupo de personas a la vida laboral, a acatar normas del jefe inmediato, a cumplir horarios, a respetar el conducto regular, y asuntos que parecen tan sencillos como hacer uso de la EPS cuando se está enfermo.

2006 - 2016

Crea conocimiento y desarrolla capacidades para el liderazgo público.

Fortalece capacidades de liderazgo a profesionales interesados en generar soluciones creativas a los problemas de Bogotá.

Inscripciones abiertas 2016

Convoca a los más altos dirigentes públicos y privados para reflexionar sobre procesos de toma de decisiones y desarrollar el liderazgo en la conducción de las organizaciones.

egob.uniandes.edu.co Teléfono: 3394949 ext. 2073

[nuestros proyectos] Índice de Progreso Social intraurbano de Bogotá

Luego de haber presentado el Índice de Progreso Social (IPS) para diez ciudades de Colombia, este proyecto busca medir el nivel de bienestar humano dentro de Bogotá. Aunque la capital ha avanzado en la producción de información a nivel de localidades, hasta ahora no contaba con una medida integral que permitiera evaluar el bienestar de sus ciudadanos en cada una de sus localidades. A partir de la metodología IPS, este proyecto evalúa aspectos como vivienda, seguridad personal, salud y bienestar y acceso a educación superior en las 19 localidades de la capital para entregar información puntual y útil a los formuladores de política local.

Investigador principal: Javier Pérez, Escuela de Gobierno.

Entidad financiadora: Fundación Corona.

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[investigación]

Enzo Nussio

Investigador senior, ETH Zurich.

Juan Esteban Ugarriza

Profesor asociado, Universidad del Rosario.

La opinión es uno de los factores trascendentales en los procesos de paz. Sin embargo, es poco lo que se conoce, a través de estudios académicos, sobre lo que piensan diferentes sectores de la población sobre los arreglos de justicia transicional en Colombia. Este estudio explora las diferencias entre lo que opinan víctimas y no víctimas, y las implicaciones de esto en la construcción de paz en el país.

La violencia política afecta las vidas, las opiniones y las actitudes de las personas de diversas maneras. Pero ¿de qué forma incide en las opiniones, las actitudes y las expectativas de las víctimas frente a la justicia transicional?2 ¿Existen diferencias importantes entre las perspectivas de las víctimas y de las no víctimas frente a la justicia transicional?

En la literatura académica y en los marcos normativos las víctimas del conflicto armado suelen ser vistas como personas marcadas por emociones fuertes —a raíz de sus traumas—, lo cual las diferencia de quienes no han sido víctimas. Partiendo de esta premisa, se supone que deberían tener perspectivas distintas a las de quienes no han sido afectados directamente por la guerra acerca del castigo que debe imponerse a los victimarios, las formas de recordar las violaciones de derechos humanos, la búsqueda de la verdad y la entrega de reparaciones, entre otros asuntos.

Angelika Rettberg

Directora de la Maestría en Construcción de Paz, Universidad de los Andes.

Analizamos este tema con base en la experiencia de Colombia, por medio de la Encuesta de Justicia y Paz, realizada en 2012 (n = 1843). La encuesta fue encomendada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el fin de estudiar las opiniones y actitudes de una muestra representativa de la población colombiana sobre las medidas de justicia transicional adoptadas en Colombia en los últimos años.3 Evaluamos las diferencias entre víctimas y no víctimas en relación con distintos aspectos de la justicia transicional por medio de análisis estadísticos.

Buscamos responder así a los recientes llamados de atención respecto a la necesidad de contrastar y evaluar con investigaciones empíricas los principios y las expectativas de tipo normativo planteadas por quienes diseñan y promueven los mecanismos de justicia transicional (Van der Merwe, Baxter y Chapman, 2009).

Colombia ha desarrollado un importante marco institucional de justicia transicional. La implementación es un reto enorme, ya que el registro oficial de víctimas incluye a más de siete millones de víctimas de crímenes atroces como secuestros, reclutamiento de menores, torturas, desapariciones, desplazamiento forzado (con más de cuatro millones de afectados) y

* Este escrito presenta una versión abreviada y traducida del artículo “Victims, non-victims, and their opinions on transitional justice: evidence from the colombian case” (Nussio, Rettberg y Ugarriza, 2015).

2 Entendemos a la justicia transicional como “el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos” (International Center for Transitional Justice, 2013).

3 Al respecto véase el Acuerdo DDR-360-1, “El saldo pedagógico de la Ley de Justicia y Paz”, como parte del Acuerdo de Cooperación 245 (DDR-360). Se obtuvieron también fondos de otras organizaciones: Acción Social (ahora el Departamento de Prosperidad Social), la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación (CNRR) (la cual dejó de existir en 2011, transfiriendo sus funciones a la Unidad de Víctimas) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por su sigla en inglés). Las encuestas siguieron las directrices éticas de Esomar. Los hallazgos descriptivos de la encuesta se publicaron en el libro Encuesta Nacional. ¿Qué piensan los colombianos después de siete años de Justicia y Paz? (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2012).

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[investigación]

homicidios (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNHM], 2013). Para afrontar la magnitud de este reto, el Estado colombiano ha establecido un presupuesto de 27.500 millones de dólares para reparaciones entre 2012 y 2021, equivalentes al 1% del PIB en 2012 y 0,4% en 2021 (datos estimados), lo cual ha generado grandes expectativas. Además, la ley colombiana exige que se permita la participación de las víctimas en el diseño de políticas de justicia transicional. Aproximadamente 3000 organizaciones buscan representar las necesidades de las víctimas en este debate (Rettberg, 2015). Todo esto se da en un contexto marcado por altos niveles de aprobación por parte de diversos sectores de la sociedad colombiana frente a la reparación de las víctimas, definidas en la ley como “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos”, al igual que sus cónyuges (incluyendo a las parejas del mismo sexo), hermanos e hijos (CNMH, 2012).

En nuestro estudio encontramos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre víctimas y no víctimas en términos de sus opiniones sobre justicia transicional.

No parecen querer más o menos justicia ni verdad ni reparación que el ciudadano co-

lombiano promedio. No parecen ser más o menos vengativos, ni más o menos exigentes en términos de reparación.

Factores estudiados tradicionalmente en los estudios de opinión pública (ingresos, género, edad y educación) o actitudes hacia la vida en general (optimismo, confianza, felicidad) parecen pesar más (o tanto) en las opiniones que las experiencias de victimización.

Atribuimos este hallazgo contraintuitivo a varias posibles explicaciones. Por un lado, la resiliencia psicológica de las víctimas, o la capacidad de sobreponerse a la adversidad, que ha sido estudiada también en otros contextos.

En otras palabras, de acuerdo con nuestros hallazgos la experiencia de la victimización pesaría menos de lo que comúnmente se asume en las opiniones de las personas. Por supuesto, esta explicación corre el riesgo de legitimar una política pública de no intervención enfocada en esperar que la gente salga adelante por su cuenta, lo cual implicaría una clara negligencia hacia una población vulnerable. Aún así, puede ser importante i n ve s t i g a r mejor las estrategias de individuos y comunidades para enfrentar situaciones difíciles en contextos de conflicto armado.

Por otro lado, la no diferencia podría reflejar el impacto de la larga duraTribuna

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[investigación]

MAESTRÍA EN

CONSTRUCCIÓN

DE PAZ SNIES 104697

Inscripciones abiertas hasta el 19 de abril

Universidad de los Andes Edificio Franco, sexto piso / Carrera 1 No. 18A-12 Tel. (57 1) 339-4949 Ext. 4083, 5598 paz@uniandes.edu.co https://paz.uniandes.edu.co Bogotá, Colombia

[guía de lectura] JUSTICIA TRANSICIONAL, VÍCTIMAS Y REPARACIÓN

La justicia transicional es un paquete de decisiones judiciales y no judiciales para alcanzar justicia en tiempos de transición entre un conflicto (en el cual hay violaciones recurrentes a los derechos humanos) y la paz. El objetivo es lograr una rendición de cuentas efectiva, esclarecer la verdad de lo sucedido, reparar a las víctimas y reformar las instituciones que hayan contribuido al conflicto o no hayan funcionado en su prevención o en el castigo que este ameritaba. Actualmente, el Centro Internacional para la Justicia Transicional trabaja en 33 países en el mundo, incluido Colombia desde 2003, con el proceso de desmovilización de las AUC. Fuente: International Center for Transitional Justice.

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ción del conflicto, que puede generar incentivos para que las víctimas (como también quienes no lo son) procuren dejar atrás el pasado y desistan de las exigencias de verdad y justicia y de los sentimientos de odio sencillamente debido al cansancio o la resignación.

Finalmente, el hallazgo puede relacionarse, en algunas regiones del país, con la elevada proximidad social entre víctimas y victimarios. A diferencia de lugares donde las víctimas y los victimarios son distantes en términos geográficos, sociales y étnicos, los países en donde hay mayor proximidad social entre víctimas y victimarios —así como identidades grupales menos profundas— , como Colombia, pueden gozar de niveles más bajos de desconfianza mutua, una mayor disposición a entender las perspectivas del otro y a emprender acciones conciliatorias, y mejores posibilidades para desarrollar marcos de entendimiento comunes respecto al conflicto armado. El hecho de que las actitudes de las víctimas parecen ser las mismas que las de la población en general refleja la importancia de las medidas de justicia transicional para la sociedad en su conjunto y no solo para un sector específico.

Nuestros resultados son pertinentes tanto para académicos como para el diseño de políticas públicas, ya que cuestionan los saberes establecidos (aunque no comprobados) sobre el impacto político y social de la violencia en las actitudes de los individuos y sobre las posibilidades para lograr la coexistencia pacífica. Al mismo tiempo, aunque el interrogante de si la victimización afecta las actitudes sobre la justicia transicional es de gran importancia teórica y empírica, no pretendemos extraer lecciones éticas ni políticas de nuestros hallazgos, pues consideramos que el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación no debe depender de las opiniones y actitudes de la población.

Bibliografía Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH]. (2012). Encuesta Nacional. ¿Qué piensan los colombianos después de siete años de Justicia y Paz? Bogotá D. C.: CNMH. Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH]. (2013). ¡Basta Ya! Colombia: Memoria de guerra y dignidad. Bogotá: CNMH. Nussio, E., Rettberg, A. y Ugarriza, J. E. (2015). Victims, non-victims, and their opinions on transitional justice: evidence from the colombian case. International Journal of Transitional Justice, 9(2), 336-354. Disponible en http:// ijtj.oxfordjournals.org/cgi/reprint/ijv006?ijkey=dgeTq6WV53r3xzi&keytype=ref (consultado el 12 de enero de 2016).

International Center for Transitional Justice. (2013). What is transitional justice? [en línea]. Disponible en http://ictj.org/about/transitional-justice (consultado el 12 de enero de 2016).

Rettberg, A. (2015). “Victims of the Colombian armed conflict: the birth of a political actor”. En B. Bagley y J. Rosen (eds.), Colombia’s political economy at the outset of the 21st century: from Uribe to Santos and beyond. Nueva York: Lexington Books.

Van der Merwe, H., Baxter, V. y Chapman, A. (2009). Assessing the impact of transitional justice: challenges for empirical research. Washington D.C.: US Institute of Peace Press.

[columna]

E

n septiembre de 2015 Colombia se unió a un grupo de países que, bajo el liderazgo de Estados Unidos, reforzarán las misiones de paz de Naciones Unidas en los próximos años. De acuerdo con el presidente Santos, Colombia enviará hasta 5000 miembros de las Fuerzas Armadas para apoyar a la organización internacional, quienes tendrán dos misiones principales: compartir el conocimiento adquirido en la lucha contra el narcotráfico y los grupos irregulares, y reforzar el pie de fuerza en las futuras misiones.

Curiosamente, al mismo tiempo que Colombia se prepara para participar en misiones en el extranjero, la ONU aceptó en 2016 apoyar la verificación del desarme de las Farc, por lo que una misión de ese organismo, apoyado por la Celac, estará probablemente presente en el proceso de terminación del conflicto con ese grupo armado. Sin duda, el apoyo de Naciones Unidas al proceso le da un respaldo muy importante, en tiempos en los que algunas fuerzas políticas en Colombia buscan su fracaso.

La participación de Colombia en misiones de la ONU también está ligada estrechamente a la terminación del conflicto. Hasta ahora las fuerzas militares y de policía de Colombia se han concentrado en combatir los problemas de seguridad pública, principalmente en el contexto de la lucha contra las Farc y el narcotráfico. Esto ha producido unas fuerzas armadas altamente calificadas para las guerras asimétricas e irregulares, con un conocimiento muy avanzado en tácticas como la guerra en alta montaña, los operativos nocturnos, operaciones de rescate de secuestrados, etc.

Para el escenario del posconflicto, las fuerzas armadas establecieron un plan de diversificación de sus áreas mi-

Sebastián Bitar

Profesor asistente, Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, Universidad de los Andes.

sionales más allá de la guerra irregular y la seguridad pública. Entre estas áreas nuevas se encuentran la defensa nacional contra amenazas externas convencionales, la seguridad ciudadana, el cuidado del medio ambiente, la atención a la población en caso de desastres naturales, la promoción del desarrollo local y la participación en misiones internacionales, incluyendo las misiones de paz de Naciones Unidas.

El tipo de misiones de paz a las que se unirá Colombia es diferente a las tradicionales operaciones de mantenimiento de paz. Las primeras operaciones de las Naciones Unidas tenían el objetivo de garantizar el cese al fuego entre combatientes; en contraste, las misiones actuales tienen elementos de estabilización, recuperación de la seguridad y garantía de protección a la población civil. En muchos escenarios de conflicto, el establecimiento de la paz no depende solamente de la voluntad de los combatientes, sino que es necesaria una construcción institucional que garantice el acceso a derechos a los ciudadanos y la prevención de los conflictos. En el caso de Haití, por ejemplo, la colaboración internacional para el mantenimiento de la paz requiere el fortalecimiento de las fuerzas militares y de policía, la institucionalización de la justicia y la consolidación de las instituciones democráticas. La misión en Sahara Occidental tiene el objetivo de supervisar la realización de un referendo independentista de esta región con respecto a Marruecos.

En Mali, la misión de paz de Naciones Unidas busca estabilizar la zona en conflicto, proteger a los civiles, apoyar en la reconciliación nacional, restablecer la autoridad de las instituciones estatales y garantizar la protección de los derechos humanos.

Colombia ya está aportando conoci-

miento en diferentes países de América Latina como Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, México, Ecuador y Perú, y en algunas misiones de la ONU, como la Minustah en Haití. En estos países se encuentran ya soldados y policías colombianos ayudando a entrenar las fuerzas armadas locales a partir de la experticia colombiana en misiones contra el narcotráfico y grupos irregulares y criminales. Además, la cooperación colombiana en materia de seguridad a estos países se extiende a acciones contra el lavado de activos, interdicción, patrullajes marítimos y fluviales, fuerzas especiales, inteligencia y consolidación institucional. En la mayoría de los casos no se cuenta con el respaldo de Naciones Unidas, sino con el apoyo de Estados Unidos o de los países receptores.

Con esta experiencia, Colombia busca aportar a países de otros continentes en temas similares, de acuerdo con los mandatos de la ONU. Muchos de los conflictos actuales tienen componentes de guerra irregular y asimétrica, y los combatientes tienen acceso a recursos provenientes de actividades ilegales.

La apuesta del Gobierno colombiano es trasmitir la experiencia colombiana para que ayude a generar condiciones de paz en esos conflictos y permita una respuesta efectiva contra el tráfico ilegal y otros fenómenos delictivos trasnacionales.

Con las próximas misiones de paz de Naciones Unidas y las misiones actuales en más de diez países, Colombia se está convirtiendo en una fuente de cooperación internacional en materia de seguridad. El reto es mayor si se piensa que el objetivo de nuestros soldados no será solo verificar acuerdos entre combatientes, sino ayudar a construir instituciones, proteger a los civiles, estabilizar zonas en conflicto y establecer las condiciones para la construcción de paz.

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[fotoartículo]

Amy Ritterbusch Profesora asociada Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo.

Sebastián León Giraldo

Fotografía: Sebastián León Giraldo.

Asistente de investigación Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo.

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[fotoartículo]

¿Qué sucede cuando se eliminan o remodelan lugares históricos en una ciudad?

Si para muchos ciudadanos modernos el espacio público es el lugar donde se genera una memoria colectiva, y este mismo espacio de las ciudades está habitado por diferentes poblaciones y dinámicas, eliminarlas es una solución más sencilla que afrontar los problemas sociales actuales y los retos que estos implican para el Estado. Como una manera de mantener orden en el espacio público, los habitantes de la calle son generalmente desalojados en nombre del progreso urbano (Wright, 2004). En Medellín, a través de los planes de renovación urbana de los últimos años, se ha desplazado a la población de habitantes de calle que permanecía en diferentes lugares del centro de esa ciudad, al punto de acorralar a gran parte de ellos en las orillas del río Medellín. Actualmente se desarrolla un nuevo proyecto de renovación urbana llamado Parques del Río, con lo que esperan “recuperar la zona del río”, donde muchos de ellos han debido llegar. ¿Qué sucederá con esta población?

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[fotorreportaje]

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[fotorreportaje]

En enero de 1968, Gladys Campo y Luis Eduardo Palacios, recién casados, huyeron de la pobreza en el Cauca y se instalaron en tierras que invadieron en el Carare-Opón, Santander.

Casi 25 años después fueron desplazados por la violencia; esta vez Barrancabermeja los recibió.

Hoy en su casa viven 35 personas entre hijos, nietos y bisnietos. Con menos de dos salarios mínimos pagan servicios públicos, alimentación, medicamentos y gastos escolares.

Juntos trabajaron como vendedores informales de frutas y verduras en las calles de Barranca, pero por problemas de salud, Gladys, de 68 años, no pudo volver a trabajar; además, en un accidente perdieron el camión en que vendían el mercado. Hoy, Luis Eduardo, a sus 69 años, sin prestaciones ni seguridad social, trabaja en lo que resulte: como albañil, conductor o celador.

Con una alegría que no se desvanece, Gladys sueña con retornar a su tierra. Su anhelo es una vida tranquila mientras, en el Opón, les enseña a pescar a sus nietos y bisnietos.

Los Palacios Campo hacen parte de la muestra de la Encuesta Longitudinal Colombiana (Elca), estudio de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, que desde 2010 y durante 12 años sigue a 10.168 familias en 65 municipios de 21 departamentos de Colombia, para ver la dinámica de los hogares.

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[fotorreportaje]

En una pequeña casa del barrio Primero de Mayo de Barrancabermeja viven 35 miembros de la familia. En la vivienda faltan tejas, ventanas y puertas, y no hay instalaciones eléctricas. Cada noche, en tres habitaciones y una sala se acomodan las 35 personas que ocupan el lugar.

Además, la familia no para de crecer. Entre 2010 y 2014 los Palacios Campo recibieron nuevos miembros: nacieron cinco bebés; con ellos los bisnietos ya son 18.

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[fotorreportaje]

Gladys y Luis Eduardo se conocieron en Padilla (Cauca), cuando ella lavaba ropa en el río. Vivieron juntos una semana hasta que el papá de Gladys los encontró y los obligó a casarse en medio de la pobreza. Meses después, en enero de 1968, desplazados por la falta de oportunidades, se instalaron en el Opón (Santander), donde criaron ocho hijos. A mediados de los ochenta, la violencia que azotó al Magdalena Medio los desplazó.

Dejaron su rancho, sus animales y una vida hecha a pulso. Huyeron a Barrancabermeja.

Offir (centro) es la mayor de las hijas. Ella se encarga a diario de preparar 30 (y a veces hasta 35) almuerzos para la familia. También ayuda a cuidar los niños. De manera ocasional es contratada para asear casas.

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Con poco más de dos salarios mínimos los Palacios Campo subsisten, a veces en trabajos formales, a veces informales. Las mujeres de la casa, jefes de hogar en su mayoría, se ocupan en contratos temporales con el municipio en oficios como la limpieza de los caños de aguas residuales. El dinero que ellas y Luis Eduardo reúnen se destina para pagar servicios públicos y comprar el mercado y los medicamentos que Gladys y Luis Eduardo requieren.

Con 69 años Luis Eduardo es un trabajador incansable.

En 2010 vendió verduras en las calles y un pequeño camión era su herramienta de trabajo. Un accidente acabó con el vehículo y en 2013 compró una moto de segunda que le ayudó en su trabajo como celador hasta 2014.

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Hijos, nietos y bisnietos le dicen ‘Vieja’. Gladys es hija de campesinos caucanos que le enseñaron a cortar leña, sembrar yuca y pescar. Ella, a su vez, le enseñó a su esposo a vivir en el campo sin gastar un peso y en sus ratos libres también se ocupó de que hijos y nietos aprendieran a pescar. “Mi felicidad es pescar, yo soy feliz cuando muerden el anzuelo, después solo es pelar la yuca y el plátano y hacer el sancocho”. Ella sueña con retornar al campo.

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[fotorreportaje]

Danys Dayana es la pescadora preferida de Gladys. Ella es la más diestra de todos los nietos al momento de pescar con anzuelo.

Aprendió de su abuela a armar la carnada, a jalar con fuerza sin caer al agua y a viajar en canoa por el Opón.

Es una experta pescadora; la paciencia es su mejor herramienta y prefiere faenas con anzuelos porque no se enredan. Cada que puede, Gladys viaja con uno de sus hijos mayores a pescar. “No es un paseo, es rebusque”, dice.

Fotografías: Alejandro Gómez Niño.

Textos: Margarita Arteaga Cuartas.

Trabajo documental Elca: Oficina de Comunicaciones y Marca, Universidad de los Andes.

Agradecimientos: Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.

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[voz joven]

Juliana Vargas Gómez

Abogada y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes.

Correo: julianavargasg@gmail.com.

El Salado ha sido un ícono del posconflicto en Colombia. Después de más de 14 años de reconstrucción y retorno de su población tras el desplazamiento masivo, es importante evaluar qué factores han contribuido a los diversos niveles de éxito alcanzados por los proyectos productivos que buscan devolverle la vida y el dinamismo económico a la región.

Fotografías en este artículo: cortesía de Juliana Vargas Gómez.

* Este artículo parte de la tesis “Factores de éxito de los proyectos agropecuarios de las poblaciones desplazadas retornadas en Colombia. Estudio de caso sobre el retorno y la reconstrucción de El Salado”, presentada por Juliana Vargas en 2014 para optar por el grado de magíster en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, y dirigida por Maite Careaga.

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El viernes 18 de febrero del 2000, más de 300 paramilitares llegaron al parque central de El Salado y cometieron durante dos días un cruento acto de tortura contra sus habitantes,1 que entre otros horrores resultó en el asesinato de 60 personas.2 Como consecuencia de ello, todos sus residentes (más de 4000 personas) optaron por abandonarlo todo y salir desplazados para proteger sus vidas. Valientemente, en noviembre de 2001, antes de que se cumplieran dos años de la masacre, alrededor de 100 saladeros decidieron retornar. Iniciaron así un gran esfuerzo conjunto, que continúa hoy en día, por arrebatarle su pueblo al monte y revivirlo social, económica y culturalmente. Si bien no todos los que hicieron parte del primer retorno se quedaron viviendo allí y muchos tuvieron que afrontar señalamientos y problemas de seguridad durante los primeros años, otros han continuado llegando a lo largo de estos más de 14 años de reconstrucción.

Desafortunadamente, los hechos de violencia ocurridos en El Salado no fueron un caso excepcional en la región de los Montes de María ni en el país. El conflicto armado que ha azotado a Colombia durante décadas ha traído consigo que más de 6,7 millones de personas 3 hayan sido víctimas del delito de desplazamiento forzado, sin distinción de edad, género, etnia ni región. Tal como le ocurrió a los saladeros, los casi siete millones de colombianos víctimas de este delito también se han visto forzados a abandonarlo todo y a huir de su lugar de residencia para salvar sus vidas.

Como ciudadana de este país, considero fundamental poder contribuir de alguna manera para que millones de colombianos puedan volver, en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, a los lugares de donde se vieron forzados a huir. Tuve el gusto de estudiar la Maestría en Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno en la Universidad de los Andes, y nunca dudé que mi tesis de grado debía girar alrededor del retorno, del derecho a poder volver.

Mi investigación se centró en los factores que inciden en el éxito de los proyectos agropecuarios desarrollados por poblaciones desplazadas retornadas en Colombia (Vargas, 2015). A través de la metodología de estudio de caso y herramientas cualitativas (entrevistas y análisis documental), estudié el caso de El Salado, por tratarse de un retorno rural con más de una década, que ha contado con la participación activa de la comunidad, que se ha beneficiado de procesos regionales de reactivación económica y reintegración social y que desde hace más de cinco años cuenta con un ambicioso proyecto de reconstrucción integral (la alianza El Salado Revive). En este participa la comunidad saladera y un número significativo de actores privados (más de 70) y de instituciones públicas (20), bajo el liderazgo de la Fundación Semana, en una acción coordinada y planeada inicialmente para cinco años.

Estudié seis proyectos agropecuarios que cuentan con características y modelos de intervención diferentes: i) la producción de miel de la Asociación de Jóvenes Apicultores de El Salado (Asjas), quienes tuvieron el apoyo inicial de la Fundación Red Desarrollo y

El recuento de los hechos ocurridos entre el 16 y el 21 de febrero de 2000 en El Salado y sus veredas se puede consultar en GMH (2009a y 2009b), Salcedo (2009) y OEA (2009), entre otras fuentes.

52 hombres y 8 mujeres (57 adultos y 3 menores de edad) fueron torturados, y algunos también ultrajados sexualmente, antes de ser asesinados (GMH, 2009a, pp. 64-78; Rutas del Conflicto, s. f.).

3 Tomado de http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes (consultado el 10 de octubre de 2015).

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“Solo a

través de una memoria, tanto individual como colectiva, podremos escuchar las historias de vida de las que terminaremos aprendiendo”

Pastora Mira García Líder de víctimas de San Carlos, Antioquia (coordinadora del Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación) ver charla

[voz joven]

Paz de los Montes de María; ii) el cultivo de tabaco rubio de trabajadores no asociados, con compra directa de Coltabaco; iii) la producción, bajo el esquema de negocios inclusivos y alianzas productivas, de plátano, yuca, ñame, mango, ajonjolí y teca de la Asociación de Jóvenes Productores de El Salado (Asojopros), quienes hacen parte de la Asociación de Productores Agroforestales del Centro de Bolívar para los Negocios Inclusivos (Asproaceb NI) y han contado con la asesoría de Argos, la Corporación Antioquia Presente y Cecodes; iv) el cultivo de maíz y ajonjolí a cargo de 21 adultos mayores, quienes han tenido el respaldo técnico de las Fundaciones Carvajal, Semana y Saldarriaga Concha; v) la cría de ganado de la asociación Mujeres Unidas de El Salado (MUS), quienes tuvieron el acompañamiento de Acnur, la Fundación Mujer y Futuro, la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid) y Fundagán, entre otras, y gracias a su esfuerzo lograron comprar el predio donde tienen las reses; y vi) la producción agrícola de la Asociación de Campesinos de El Salado (Asocampes), compuesta por 63 familias, que con la asesoría de la Fundación Semana y la OIM se presentaron a una convocatoria de subsidio de compra de tierra del Incoder y resultaron seleccionados a finales de 2009.4 Para que los proyectos desarrollados por las poblaciones retornadas sean exitosos,5 es decir, para que generen una cantidad de ingresos sostenibles y suficientes para una subsistencia digna y contribuyan a la reconstrucción del tejido social y a la reparación transformadora de los daños, son necesarios varios factores. En primer lugar, los proyectos se deben basar en el aprendizaje previo de la comunidad, para construir a partir de este; en otras palabras, no se debe partir de cero, por el contra-

rio, se debe reconocer el amplio bagaje con el que ya cuentan las comunidades. En este sentido, las actividades productivas ligadas al campo, las organizaciones sociales y los movimientos campesinos, e incluso los aprendizajes durante el desplazamiento, son claves y se convierten en el capital primario. Por esta razón, el primer paso debe ser conocer a profundidad a la comunidad y partir de su experiencia.

Por otra parte, las dinámicas económicas y sociales regionales también desempeñan un rol fundamental en el éxito de este tipo de proyectos. El trabajo coordinado entre veredas, corregimientos, municipios y departamentos, en áreas sociales, económicas, culturales, de seguridad y de infraestructura, genera sinergias que potencializan las inversiones y los resultados de estas. Aspectos como la disponibilidad de insumos y activos para la producción, protección frente a los riesgos climáticos y vías, y canales para la comercialización y el almacenamiento no pueden entenderse por fuera de la dimensión regional. Pero, a su vez, es importante resaltar que este tipo de proyectos contribuye a fortalecer las dinámicas económicas y sociales regionales, por lo que este se convierte en un proceso de doble vía.

Por último, la asistencia técnica permanente es vital para asegurar el éxito de los proyectos. Esta asistencia, prestada tanto por entidades públicas (como el Incoder, el Sena, Colombia Responde y DPS, entre otras, en el caso de El Salado) como por entidades privadas, debe abordar asuntos técnicos agropecuarios y aspectos organizativos. Con ello, el objetivo no solo es verificar procesos, sino buscar un mejoramiento continuo de la productividad y del capital social generado por los proyectos.

Frente a la realidad de un posconflicto que se avecina en

Actualmente estas familias tienen un título colectivo de propiedad de dos predios y diseñaron un ambicioso proyecto agrícola, que contempla la producción de cacao, melón, maíz, tabaco, yuca y ñame. Desafortunadamente, para que la producción comience es necesario construir un reservorio de agua que aún está pendiente. Por ahora, tienen cultivos de pancoger y reciben la asesoría técnica de PBA. 5 Este concepto de éxito fue construido por la autora para la evaluación de proyectos agropecuarios de las poblaciones desplazadas retornadas.

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una vasta área del país, y que estará marcado por una serie de proyectos regionales que, como este, buscarán reactivar las economías y el tejido social, es relevante anotar las recomendaciones de política que se derivan de esta investigación. De entrada, es importante continuar y potenciar las subvenciones e incentivos vigentes en el sector agropecuario (como los fondos de fomento, las contribuciones parafiscales y el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios) para financiar sistemas de extracción, almacenamiento de agua, riego y drenaje, transporte, medios de almacenamiento y seguros agropecuarios (estos últimos indispensables ante los riesgos del cambio climático). Para el desarrollo de estas iniciativas deben tenerse en cuenta también los mecanismos legales existentes para la integración y el financiamiento de proyectos regionales (esquemas asociativos territoriales, convenios plan, sistema general de regalías y asociaciones público-privadas). Finalmente, es importante que existan vasos comunicantes entre las políticas públicas de desarrollo agropecuario, de integración regional y de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado.

Estas recomendaciones son aplicables a El Salado y a otros procesos de retorno. Los mecanismos de gestión y de financiación propuestos requieren ser impulsados a partir de una política agraria como la que está formulando la Misión para la Transformación del Campo y la que fue incluida en las negociaciones de La Habana. Sin lugar a dudas, es oportuno que sean abordados los retos y dificultades que afronta la población desplazada retornada a zonas rurales. Su caso está atravesado por la violencia; el abandono prolongado de sus tierras y de las actividades agropecuarias; la pérdida y despojo de activos; el deterioro de sus redes de apoyo y de su capital social, y los cambios en su entorno (compras masivas de tierras, desarrollo de monocultivos, nuevas actividades mineras, entre otros). Pero también está irrigado por un deseo infinito por volver, frente al cual estoy convencida que todos tenemos mucho por hacer.

Bibliografía Conte, G. (2010). Destrucción, reconstrucción y efecto Shiva. Una apuesta femenina en El Salado, Montes de María. Bogotá D. C.: Ediciones Uniandes.

Contraloría General de la República. (2014). Parafiscalidad en el sector agropecuario. Disponible en: http://www.contraloriagen.gov.co/documents/155638087/186772417/Parafiscalidad+en+el+Sector+Agropecuario+2014.pdf/beda8ee8-a765-451d-b88b-8d153a5b17c7 (consultado el 10 de octubre de 2015).

Fundación Semana. (2010a). Así se reconstruye El Salado. Boletín No. 1.

Bogotá D. C.: Fundación Semana.

Fundación Semana. (2013). El camino de El Salado. Boletín No. 4. Bogotá D. C.: Fundación Semana.

Grupo de Memoria Histórica [GMH] (2009a). La masacre de El Salado.

Esa guerra no era nuestra. Bogotá D. C.: Editorial Taurus y Ediciones Semana.

Grupo de Memoria Histórica [GMH] (Investigadores), Grupo Enmente (Productor) y Rubio, T. (Director) (2009b). El Salado: el rostro de una masacre [documental], Colombia.

Organización de los Estados Americanos [OEA], Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2000). Petición 1-06, Masacre y desplazamiento forzado de los Montes de María, Informe No. 15/09, Colombia. Disponible en: http:// www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/Colombia1-06.sp.htm (consultado el 27 de febrero de 2014).

Rutas del Conflicto. (s. f.). Masacre de El Salado 2000 [en línea]. Disponible en http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=78 (consultado el 10 de octubre de 2015).

Salcedo, A. (2009, 22 de julio). El pueblo que sobrevivió a una masacre amenizada con gaitas. Revista Soho. Disponible en http://www.soho.com. co/zona-cronica/articulo/el-pueblo-que-sobrevivio-a-una-masacre-amenizada-con-gaitas/10614 (consultado el 10 de octubre de 2015).

Vargas, J. (2015). Factores de éxito de los proyectos agropecuarios de las poblaciones desplazadas retornadas en Colombia. Estudio de caso sobre el retorno y la reconstrucción de El Salado (Documento de trabajo No. 21). Bogotá D. C.: Universidad de los Andes, Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo.

Disponible en: https://egob.uniandes.edu.co/index.php/es/component/abook/author/163-juliana-vargas-gomez.

Villarreal, J. (2011). Re-inventing El Salado. Community, private sector and the State in post-conflict reconstruction in Colombia (tesis de maestría). International Institute of Social Studies, La Haya, Holanda.

[nuestros proyectos] Por la defensa de los derechos humanos de mujeres trans en Colombia

En medio del conflicto armado colombiano, muchas mujeres trans han sido desplazadas forzosamente por grupos armados debido a su identidad de género. Al llegar a Bogotá, al barrio Santa Fe, han sufrido nuevamente agresiones y no han sido reconocidas aún como víctimas, de cara al posconflicto. A través de la metodología de Investigación Acción Participativa, el proyecto busca que se reconozca a estas mujeres en el registro de víctimas, así como crear material educativo para mejorar su acceso a la salud y construir de su mano conocimiento sobre derechos humanos para enriquecer la educación en esta materia.

Investigador principal: Amy Ritterbusch, Escuela de Gobierno.

Entidad financiadora: Open Society.

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Carlos Caballero Argáez

Director de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo.

El profesor Angus Deaton, de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, ganó el Premio Nobel de Economía el año pasado. Nació en Escocia, en el Reino Unido, pero su vida profesional ha transcurrido en Estados Unidos. Su historia personal es interesantísima; su trabajo, de enorme importancia para América Latina y en particular para un país como Colombia.

Su historia personal es interesantísima; su trabajo, de enorme importancia para América Latina y en particular para un país como Colombia.

Imagen de la portada del libro. Cortesía del Fondo de Cultura Económica.

Deaton, A. (2015). El gran escape. Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad. México: Fondo de Cultura Económica.

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Sus temas de investigación son la pobreza y la movilidad social. Una de sus grandes preocupaciones es la medición de la pobreza y de la desigualdad. Su libro más reciente, El gran escape. Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad (Fondo de Cultura Económica, México: 2015), busca responder al interrogante de cómo lograr que los individuos ‘escapen’ de la pobreza y se forjen un futuro. Desde el primer párrafo del libro, que se lee muy fácilmente, Deaton advierte que el ‘escape’ al que se refiere es al de las gentes que salieron “de la pobreza y la muerte temprana y lograron mejorar su nivel de vida y motivar a otros para que siguieran su ejemplo”.

La misma historia de Deaton es fascinante. Su abuelo emigró del campo inglés hacia la minería de carbón con la esperanza de que en esta última actividad pudiera progresar.

Su padre tuvo dificultades para educarse, por lo cual trabajó desde la adolescencia como minero, antes de ser reclutado en la Segunda Guerra Mundial. Al culminar la guerra, se propuso no solamente terminar el bachillerato, sino estudiar ingeniería civil. Así, después de diez años de estudios nocturnos, entró a la universidad, se graduó de ingeniero y ejerció su profesión en Escocia, en donde conoció a la madre de Deaton y se casó.

En palabras del Premio Nobel, “se ‘escapó’”.

La gran preocupación del padre fue la educación de sus hijos para que les fuera mejor desde pequeños de lo que le había ido a él. Consiguió entonces una beca para que su hijo Angus estudiara en un buen colegio en Edimburgo, lo que le permitió después ingresar a la Universidad de Cambridge a estudiar matemáticas. Una vez graduado, comenzó a desempeñarse como profesor de economía, primero en Inglaterra y posteriormente en Estados Unidos, en Princeton, una de las

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mejores universidades de ese país. Su hermana también fue a la universidad. Sus hijos estudiaron en Princeton y son, en la actualidad, profesionales exitosos. En cambio, ninguno de sus primos escoceses llegó a la Universidad.

Para Deaton el mayor escape de la humanidad ha sido el de aquellos que han salido de la pobreza y de la muerte. Por eso el libro dedica sus tres primeros capítulos a la salud y se refiere a la manera desigual en la cual los que escaparon de la muerte mucho antes que los pobres que hoy en día siguen muriendo por falta de acceso a la higiene, a las medicinas y a los servicios de salud. El desarrollo, entonces, no es únicamente mejorar el ingreso de las familias, sino la salud. En este sentido, el ideal del desarrollo es llegar a un estado en el que todas las gentes “vivan bien”, al wellbeing, que tiene muchos componentes, siendo uno de los más importantes el acceso a la salud y la equidad. Y sobre esto hay en el libro conceptos maravillosos. Por ejemplo, el profesor Deaton argumenta que no se debe usar la longevidad como una medida de progreso social porque no valdría la pena vivir muchos años en una “dictadura totalitaria” sin disfrutar de la libertad, y también sostiene que “el wellbeing no se puede juzgar por su promedio sin tener en cuenta la desigualdad y a su vez, el wellbeing no se puede juzgar por una o más de sus partes sin mirarlo en su totalidad”.

Según este autor, los escapes abren oportunidades para unas personas; sin embargo, aunque la suerte es importante, “no todas las personas tienen las mismas capacidades ni la determinación para aprovechar esas oportunidades. Por eso, la fábula del progreso es al mismo tiempo la de la desigualdad. […] Es el patrón que observamos hoy en día en el mundo –algunos escapan y otros se quedan atrás, en situación de pobreza, privación, enfermedad y muerte–”. En suma, el libro de Deaton analiza ese movimiento infinito entre progreso y desigualdad, en que el escape de unos sirve de incentivo para que otros sigan el mismo camino, sin cerrarles nunca la puerta a los rezagados.

La pertinencia de las ideas de Deaton para Colombia es enorme. Un estudio reciente realizado en la Universidad de los Andes encontró que, a pesar de los avances de los últimos años, la movilidad social en educación en Colombia es baja, especialmente en la población más vulnerable. Todos sabemos además de las dificultades y la inequidad en el acceso a la salud de buena calidad, así como de las grandes diferencias de los indicadores sociales entre las regiones colombianas. Por eso, el libro de Deaton debe ser lectura obligada para los formuladores de las políticas públicas, y no solamente para aquellos que están en el tema social, sino para todos los interesados en la estrategia de desarrollo del país.

Título: Taking the lead: sexual violence survivors forging hope in Colombia Presentado por: Campaña Internacional contra la Violación y la Violencia de Género Año: 2015 Género: documental En medio de millones de víctimas que ha dejado el conflicto en Colombia se esconden las mujeres. Muchas de ellas han guardado silencio sobre lo que les ha ocurrido, y por eso, aunque se trata de un crimen sistemático, la conciencia sobre el problema de la violencia sexual no ha tomado la dimensión apropiada en el país.

Aunque en Colombia se registran 18.000 casos anuales de denuncias por violación, Amnistía Internacional ha señalado que el temor que rodea la denuncia de estos crímenes hace muy difícil evaluar el alcance real del problema y la búsqueda integral de justicia. Pero además del temor de las víctimas, tampoco ha habido una clara voluntad política para acabar con la impunidad en estos casos, no solo de agresión sexual, sino también de esclavitud sexual y prostitución forzada, comunes en el marco del conflicto y poco conocidos por la opinión pública en el país.

Taking the lead: sexual violence survivors forging hope in Colombia es un minidocumental de nueve minutos presentado por la Campaña Internacional contra la Violación y la Violencia de Género que busca concientizar sobre este problema. Sus protagonistas son voceras que han decidido dar un paso adelante y hablar sobre un tema difícil para apoyar y motivar a otras mujeres a hacer lo mismo. Las mujeres que aparecen allí son líderes de organizaciones que luchan por los derechos humanos, pero también son víctimas que prestan su voz y su rostro para humanizar una situación que no puede reducirse a números.

Ver el documental

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[en la Escuela de Gobierno] Conozca sobre las visitas de distintos personajes de la vida pública a la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo en el segundo semestre de 2015.

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De la recomendación a la acción: ¿Cómo poner en marcha un Modelo de Gestión Estratégica de Talento Humano para el sector público colombiano?

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“La gran tarea está en cómo cambiar el comportamiento de las personas a través de las políticas de talento humano.”

3 DIC

Las transformaciones en lo público están siempre mediadas por el talento humano que se encuentra detrás de todos los procesos en el sector público. Por esta razón, una buena gestión de las personas es la base de una buena gestión pública. Francisco Longo, experto internacional en gestión pública de Esade, España, quien ha sido asesor del BID y de múltiples Gobiernos en América Latina, llegó a Bogotá para participar como invitado especial en el evento de cierre del proyecto Gestión del Talento Humano en el Sector Público, desarrollado por la Escuela de Gobierno con el apoyo de Esap, Función Pública y Colciencias.

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Conversatorio con Arthur Lupia

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“La mejor estrategia de comunicación es 90% escuchar y 10% hablar.”

19 NOV

El profesor Arthur Lupia, de la Universidad de Michigan, ha estudiado por años la distancia entre la información y la competencia ciudadana, mediada por la comunicación estratégica y la persuasión. Con motivo del lanzamiento de su libro Uninformed (Oxford University Press, 2015), el profesor estuvo en la Escuela de Gobierno para hablar sobre comunicación en entornos politizados y explicó la estrategia del ‘sweet spot’: la mejor manera de conseguir toda la atención del interlocutor para que reciba información y la transforme en competencia.

6 NOV

Siendo aún estudiante de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, Andrés Vergara ya estaba comprometido con el tema de la movilidad sostenible en la ciudad. Desde allí hizo parte de interesantes iniciativas, como el proyecto ‘Ciclopaseo nocturno’ y ‘A los Andes en bici’, y hoy sigue trabajando para articular la bicicleta a la política pública como funcionario de la Secretaría Distrital de Movilidad. Andrés compartió sus reflexiones sobre ciudad y movilidad con los participantes del programa Liderazgo x Bogotá, a quienes les habló sobre la importancia del ejemplo ciudadano como forma de liderazgo.

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Liderazgo x Bogotá

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“Si tenemos funcionarios que vivan la ciudad y la conozcan, tomaremos decisiones más acertadas.”

[en la Escuela de Gobierno]

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“Me encanta ver cómo los participantes empiezan a dialogar y negociar entre sí para conseguir mejores resultados.”

29 SEP

Simulation Day

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Muchas veces los Gobiernos y órganos legislativos toman decisiones sin tener certeza de cuáles serán sus resultados. Conocer a los actores implicados en cada decisión y tener noción de sus intereses y patrones de comportamiento es una herramienta fundamental para regular más efectivamente. Desde la Universidad de Virginia llegó el profesor Gerard Learmonth para realizar un juego de simulación con estudiantes, donde cada participante asumió un rol diferente frente a un asunto público y observó los efectos medioambientales y económicos de sus decisiones.

“La democracia no puede reducirse al voto.

Hay que renovar la clase política.”

24-26 AGO

Foro Democracia de Nueva Generación para las Américas

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A medida que el nuevo milenio introduce sus dinámicas en la sociedad, los sistemas democráticos deben buscar adaptarse a los nuevos desafíos de la pobreza, el crecimiento, la sostenibilidad y la comunicación.

Durante tres días, expresidentes de América Latina, académicos, miembros de la diplomacia internacional y representantes del Club de Madrid se dieron cita en la Escuela de Gobierno para debatir los desafíos de la democracia de nueva generación en el siglo XXI. En el evento, organizado en conjunto con el Club de Madrid y la Fundación Buen Gobierno, el secretario general de Flacso, Adrián Bonilla, habló sobre estabilidad institucional, participación y tendencias reeleccionistas en la región.

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“De la gente que trabaja en Bogotá, el 85% vive en la ciudad y el 15% en municipios aledaños.

Mientras la ciudad siga así, no estamos hablando de región.”

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Tribuna de Expertos: Bogotá-región

Las grandes metrópolis del mundo se integran cada vez más con las regiones que las contienen. Temas como transporte, ordenamiento territorial, integración de mercados, agua o seguridad alimentaria se salen de los perímetros urbanos y requieren procesos y compromisos conjuntos con los territorios vecinos. Mario Noriega, reconocido urbanista, estuvo en la Tribuna de Expertos de la Escuela de Gobierno para discutir qué tan avanzada está Bogotá en la conformación de una ciudad-región.

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