POLÍTICA MUNICIPAL
Asociativismo y Desarrollo Local: Respuestas a las carencias del sistema municipal argentino El concepto innovador sobre desarrollo de consorcios intermunicipales o asociaciones de municipios propone alternativas válidas de solución a los conflictos que afrontan los gobiernos locales y condicionan negativamente a sus autoridades políticas en la asunción de nuevas competencias. ¿Puede adoptarse el modelo asociativista como desafío para el desarrollo municipal ante el orden del nuevo localismo? En la diversidad del territorio argentino observamos la existencia de 2.390 municipios, encontrando una mayoría de localidades pequeñas, de baja densidad poblacional, serios problemas financieros e insuficiencia de recursos técnicos y de personal, que condicionan la ejecución de políticas de desarrollo y producción local. Estas características muestran algunos de los rasgos que presentan los municipios ante la necesidad de construir una nueva estructura de oportunidades políticas. Históricamente, la coyuntura de la autonomía municipal se introducía con el objetivo de que los gobiernos y sociedades municipales aumentarán su protagonismo político en el peso de las decisiones que pretendían tomarse desde el gobierno central. Hoy, más allá de la reforma constitucional de 1994 y de la descentralización producida en la década del ‘90, el federalismo todavía presenta una fuerte vocación centralista reflejada en un aumento considerable del gasto municipal devenido de la descentralización, sin
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estar acompañado de recursos financieros suficientes para afrontar lo que se denomina el nuevo localismo. Es decir, un municipio más protagónico y cargado de nuevas funciones, capaz de afrontar mayores demandas, sumergido en condiciones autónomas que le permitan generar nuevos vínculos, donde las escalas de reducido tamaño apuestan a la participación activa de los actores que se encuentran en ellas para la puesta en marcha de procesos de desarrollo social, económico y político. En este sentido, la dependencia financiera, la baja tasa de la recaudación local, la ausencia de articulación intermunicipal, el éxodo de talentos y la mayor demanda ciudadana -en un momento en que crecen las tendencias hacia la regionalización-, parecen arrojar condiciones que permiten replantear la distribución del trabajo político entre los diversos gobiernos locales. A pesar de la notoriedad y el lugar que estas potestades ocupan en el entramado político-administrativo del Estado nacional, nuestro sistema jurídico actúa como filtro o elemento limitador y constituye un condicionante que -frente a la caída al inframunicipalismo y como contraparte la posibilidad de cooperación- abre una ventana para garantizar la prestación de servicios públicos y propone un mejor y eficaz esquema en la estructura municipal relacionada a las nuevas competencias que deben desarrollar y a las demandas de la ciudadanía. Estas adopcio-
nes asociativistas o de cooperación intermunicipal se plantean como arreglos institucionales que permiten fortalecer y dar viabilidad a las estructuras vigentes, ayudando a superar las limitaciones de escala o el desafío del desarrollo regional, colaborando en la resolución de los problemas de
Los municipios debieran evaluar al asociativismo como alternativa de desarrollo coordinación, interacción o dispersión de los recursos. Sin duda, la implementación de estos modelos podría reflejar el impacto de las políticas a mediano y largo plazo, mientras que los municipios puedan ir complementando los acuerdos con medidas que estén al alcance de sus posibilidades, adaptando su estructura para aumentar la capacidad de respuesta local a futuro. Es por ello que ante estas debilidades, los municipios debieran evaluar al asociativismo como al-
ternativa de desarrollo frente a las carencias del sistema municipal, elaborando nuevas estrategias que permitan garantizar, prestar más y mejores servicios públicos, advertir sobre la necesidad de revisar los diseños institucionales y adoptar nuevos marcos jurídicos que brinden soluciones innovadoras para mejorar con equidad las condiciones de vida de toda la ciudadanía y el desarrollo de la región. El primer grado de responsabilidad en el impulso de las reformas recae sobre cada gobierno provincial, cuya preocupación tenga como motivo primario dotar de mayor diversidad de fortalezas a gobiernos locales y sus asociaciones, regulando por las vías del derecho la interacción de todos los actores del sector público o privado, comprometiendo una mayor participación, con reglas claras y una mayor certidumbre en la proyección a mediano plazo. Asimismo, el Estado Nacional debería orientar y acompañar este proceso constructivo creando conciencia sobre la necesidad del rediseño institucional, obviamente sin infringir sus potestades jurídicas y no entrando en contiendas, pero sí en la negociación y el establecimiento de diversos incentivos para que las provincias modifiquen su régimen municipal y emprendan acciones cada vez más descentralizadoras, significando un verdadero impulso a nivel local.
LIC. MARTÍN RYBA
