IV REPORTE TRISMESTRAL DEL
Observatorio de Conflictos Abril - Junio 2020
ANÁLISIS PANORÁMICO DEL COVID - 19 EN PERÚ CONFLICTOS TRIMESTRALES (ABRIL - JUNIO) ¿HACIA DÓNDE VA EL PERÚ? COMUNICADO DEL COLEGIO DE SOCIÓLOGOS POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
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Junta Directiva Nacional del Colegio de Sociólogos del Perú – CSP ● Eduardo Arroyo Laguna. Decano ● Pablo Raúl Fernández Llerena. Vice – Decano ● Rocío Vásquez Melo. Directora de Economía y Administración ● Rocío Schult Cuno. Directora de Actividades Científicas y Culturales ● Arnolia Ramos Chanca. Directora de Defensa Profesional ● Majed Velásquez Veliz. Director de Bienestar Social y Seguridad ● Julio Chávez Achong. Director Secretario. Decanos Regionales del CSP ● Selena Torres Gonzales. Decana de la Región Arequipa ● Carlos de la Cruz Mejía. Decano de la Región Ancash ● Alex Martín Gonzales Anampa. Decano de la Región Cajamarca ● Carlos Soto Zavala. Decano de la Región Centro ● David Rojas Arana. Decano de la Región Huánuco ● Juan Diego Dávila Cisneros. Decano de la Región Lambayeque ● Elia Luna del Valle. Decana de la región Lima-Callao ● Francisco Maya Silva. Decano de la Región Lima provincias ● Jonathan Billy Pérez Rodríguez. Decano de la Región Piura ● Gustavo Medina Vilca. Decano de la Región Puno Responsable del Observatorio de Conflictos del CSP Majed Velásquez Veliz Equipo de Expertos del Observatorio de Conflictos del CSP ● Ernesto Steven Palacios Salazar ● Federico Alejandro Dejo Soto ● Gustavo Medina Vilca ● Juan Diego Dávila Cisneros ● Majed Velásquez Veliz ● Mirjhan Yerania Ramirez Lino ● Rosa Luz Saavedra Beraún ● Scarlett Chávez Ochoa ● Mirjhan Yerania Ramírez Lino Diseño Gráfico ● Ericka Trejo Miranda Primera Edición – Agosto 2020 Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2019-13663 Tiraje: 100 ejemplares Se terminó de imprimir en Agosto del 2020 en Xaba Nete S. R. L. Cercado de Lima, Lima. Colegio de Sociólogos del Perú – CSP Todos los derechos reservados ©2020 Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso.
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ÍNDICE INTRODUCCIÓN I. ¿QUÉ ES OBSERVA?
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II. CONFLICTOS DEL PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 2020 A. Nueva convivencia social en Lambayeque B. Avances de la Hidrovia Amazónica
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C. Colegios Privados: ¿asociación sin fines de lucro?
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D. Conflicto hídrico por la ejecución del proyecto “Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para el desarrollo agrícola del valle de TACNA - VILAVILANI II FASE I”
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E. Incremento de protestas sociales a nivel nacional
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F. Comando Matico y autonomía como respuesta al COVID 19
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III. ¿HACIA DÓNDE VA EL PERÚ?
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IV. COMUNICADO DEL COLEGIO DE SOCIÓLOGOS POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
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INTRODUCCIÓN El Colegio de Sociólogos del Perú es una institución que agrupa a los profesionales de sociología de todo el país y tiene como uno de sus objetivos propiciar el desarrollo científico de la profesión, en concordancia con los avances de las ramas del conocimiento humano y colabora con las diferentes instituciones públicas y privadas en los esfuerzos conducentes al desarrollo social, cultural y moral del país. En tal sentido, la actual Junta Directiva Nacional publica el IV Reporte Trimestral del Observatorio de Conflictos del Colegio de Sociólogos del Perú, también denominado – OBSERVA. El presente Reporte continúa con el análisis de los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). Asimismo, examina los conflictos que van emergiendo producto de dicha situación. OBSERVA es un reporte analítico trimestral que da cuenta de la dinámica de los conflictos y tiene por propósito difundir el aporte del análisis sociológico al debate nacional, de forma tal que se contribuya a la búsqueda de la resolución de los conflictos sociales en nuestro país. El IV Reporte Trimestral de OBSERVA ausculta sobre los principales conflictos que se desenvuelven en diversos departamentos del Perú, los cuales se describen de manera sucinta. Se incluyen gráficos para una mayor ilustración del conocimiento generado.
Decano del Colegio de Sociólogos del Perú Dr. Eduardo Arroyo Laguna Foto: Welmer Elvio Cairuna Sanchez
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I. ¿Qué es Observa? Es el Reporte que se elabora de manera trimestral por el Observatorio de Conflictos, organizado por el Colegio de Sociólogos del Perú. OBSERVA, es un medio de difusión del conocimiento sociológico, que describe y analiza los conflictos, a partir de herramientas de gestión del conocimiento. El Observatorio de Conflictos está conformado por un equipo de expertos, quienes, comparten y difunden su conocimiento sobre la dinámica de los conflictos de cada zona del país.
secución de nuestros fines comunes como sociedad global, resulta ser un marco ideal para organizar los principales conflictos por cada objetivo contemplado y propiciará el conocimiento de los impactos y modelamiento de escenarios, para su cumplimiento. Asimismo, la integralidad, interdependencia e interrelación de los objetivos de la ODS, resulta ideal para la explicación de la complejidad de los conflictos.
El proceso de formulación de OBSERVA, es de carácter descentralizado y participativo, asimismo, utiliza herramientas de captura, sistematización y difusión del conocimiento que contribuyen a un acercamiento de la complejidad de los conflictos. ¿Cuál es la finalidad de OBSERVA? La finalidad es difundir el conocimiento sociológico sobre los conflictos a nuestra sociedad, de forma que se contribuya a la búsqueda de la resolución de los conflictos y a la consecución de metas globales y nacionales, enmarcadas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS. OBSERVA, aspira a convertirse en una herramienta de prospectiva para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de intervenciones que procuren una convivencia solidaria en el país. ¿Cómo se organiza los contenidos de OBSERVA? Los conflictos, no son independientes a los procesos de cambio y/o políticas de desarrollo, de modo contrario, juegan un rol determinante en su evolución. En tal sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, al ser un “llamado universal” para la con6
Foto: Welmer Elvio Cairuna Sanchez
¿Qué es Observa?
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II. CONFLICTOS DEL PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 2020
Nueva convivencia social en Lambayeque Juan Diego Dávila Cisneros
Objetivos: 2 Hambre cero, 3 Salud y Bienestar, 8 Trabajo y crecimiento económico, 10 Reducción de las desigualdades
Desde el inicio de la inmovilización social obligatoria el 16 de marzo, regiones del norte de nuestro país estuvieron en constante observación por los casos de Covid-19 y por la resistencia de la población a cumplir con la cuarentena. Una de esas regiones es Lambayeque, que tras el fin del confinamiento la preocupación de las autoridades se centra en evitar un aumento de casos positivos de Covid-19. Cumplir con ese objetivo implica enfrentar no solo el frágil sistema de salud de la región, sino también con la necesidad económica de la población que los obliga a salir a las calles.
importancia que cobran en las vidas de las personas y por el grado de interacción social que suponen. Estos son el transporte público, y el trabajo. Es por ello por lo que, al tiempo que se hacen esfuerzos por contener y manejar la pandemia, será esencial no cejar en la necesidad de lograr, por un lado, transportar a las personas de forma segura, resolviendo las formas de desplazamiento de estas hacia los trabajos; por otro, generar condiciones lo más seguras posibles para que se minimicen los riesgos de contagio en los ámbitos laborales.
Según estimaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), aproximadamente 6 mil vendedores informales tomaron las calles de la zona céntrica de la ciudad y los alrededores del Mercado Modelo, sin respetar el distanciamiento social. Para la Defensoría del Pueblo, el número de informales aumentaría al finalizar la movilización social obligatoria debido a la crisis económica que originó el coronavirus y que es responsabilidad de las autoridades del ayuntamiento atender el comercio ambulatorio con un plan estratégico de reubicación. Son muy grandes los desafíos asociados, por un lado, a aplanar la curva —lo que reduciría la tasa de crecimiento de los contagios y muertes— y, por el otro, a minimizar los riesgos que implica bajar la guardia con salidas selectivas que permitan el despliegue de la vida cotidiana y de la economía. En este sentido, uno de los mayores retos es enfrentar varios frentes al mismo tiempo y con limitaciones de los recursos de todo tipo, con el riesgo de que, al dejar ciertas ventanas parcialmente abiertas, se facilite la expansión del contagio y se vuelva a disparar la curva. Entre estos potenciales frentes, se destacan dos ámbitos clave por la
Juan Diego Dávila Cisnero juandiegodavila@gmail.com
Decano del Colegio Regional de Sociólogos de Lambayeque
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II. CONFLICTOS DEL PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 2020
Avances de la Hidrovia Amazónica Scarlett Chávez Ochoa
Objetivos: 1 Fin de la pobreza, 2 Hambre cero, 3 Salud y Bienestar, 10 Reducción de las desigualdades, 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles, 12 Producción y Consumos Responsables, 13 Acción por el Clima, 15 Vida y Ecosistemas Terrestres
En anteriores reportes, ya se alertaba del conflicto de la Hidrovia amazónica, cuyo costo ascendía a los 95 millones de dólares y que comprendía el dragado de 23 puntos en los ríos de Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas. Vale recordar, que a 20 días antes de que se cumpliera el plazo para levantar las observaciones del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Hidrovía Amazónica, el consorcio encargado de este proyecto pidió que se detenga el proceso, debido a que no llegarían a los plazos establecidos por la falta de la información solicitada al MTC en cuanto a los estudios ecotoxicológicos, esta carta fue aprobada el pasado 21 de enero por Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), recayendo la responsabilidad de la paralización del proyecto entre ambas partes. La Organización Regional de Pueblos Indígenas (ORPIO) respalda la inviabilidad del proyecto por motivos sociales, culturales, ancestrales y el impacto en la salud y en la seguridad alimentaria de estas comunidades que son las directamente afectadas. La Hidrovia amazónica como ya sabemos es un proyecto de gran escala que apunta al desarrollo del país como potencia comercial; sin embargo, el mal manejo de las obras podría causar altos riesgos en los ecosistemas sensibles de los ríos amazónicos y las comunidades nativas.
el mes de agosto y septiembre y ya se cuenta con ocho postores interesados, los cuales son empresas extranjeras de Argentina, Holanda, Brasil y China, ya que actualmente Perú no cuenta con empresas con experiencia en dragado de ríos de la amazonia.
Scarlett Chavez Ochoa soc.scarlett@gmail.com
Actualmente, el conflicto se encuentra en estado latente, agravado por el anuncio del Estado Peruano a traves de ProInversion, sobre la disponibilidad de inversión de 69 millones de dólares para la ejecución de dicho proyecto, además, se ha programado tener la adjudicación durante
Socióloga colegiada, con experiencia en el sector público y privado como profesional en administración de programas sociales, bienestar social, asistencia técnica administrativa y operaciones. Orientada a la investigación social, desarrollo de proyectos y programas sociales, conocimientos en relaciones comunitaria, resolución de conflictos, planificación estratégica y gestión pública.
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II. CONFLICTOS DEL PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 2020
Colegios Privados: ¿asociación sin fines de lucro? Ernesto Steven Palacios Salazar
Objetivos: 1 Fin de la pobreza, 2 Hambre cero, 4 Educación de calidad, 10 Reducción de las desigualdades
La educación en el Perú se encuentra en crisis no tiene un horizonte claro, por décadas, los distintos gobiernos de turno y la clase política en general no le brindaron la prioridad para solucionar las limitaciones y carencias en que está sumergido el sector educativo. El Estado y el modelo económico neoliberal que nos rige por más de 30 años lo relegaron a un segundo plano sin tomar en consideración que es un pilar importante no sólo en la formación de los futuros ciudadanos sino también en el desarrollo económico social del país. En referencia al rol del Estado en la Educación Básica Regular (inicial, primaria y secundaria) se manifiesta su incapacidad y falta de gestión para solucionar problemas como la baja calidad de la enseñanza, la existencia de pocos maestros contratados a nivel nacional y en lo referido a la infraestructura la inexistencia de colegios para satisfacer la demanda educativa. La solución frente a los problemas mencionados ha sido la conformación de colegios privados que cumplen el rol de subsanar las falencias y carencias de la educación pública. Muchos padres de familia optan por matricular a sus hijos en estas instituciones, pagando una pensión mensual. En el país aproximadamente son dos millones de estudiantes quienes reciben una educación en colegios privados, en Lima se encuentra el 50% del total según la fuente del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La crisis sanitaria en el Perú producido por el COVID-19 se convirtió en una crisis educativa que golpeo a los colegios privados, el Estado de Emergencia Nacional que decretó el gobierno suspendió todas las actividades académicas presenciales, esto conllevó a la adaptación de una nueva modalidad de enseñanza, ahora impartida a través de las clases virtuales. Salieron a flote los primeros cuestionamientos de los padres de familia por el cobro de pensiones, ya que consideraban que no se hacía uso de la infraestructura del colegio, se había recortado otros servicios como son centro de cómputo, biblioteca, actividades de educación física, natación, danza, y lo más importante no se cumple con la cantidad de horas lectivas diarias a través de la enseñanza virtual. 10
La intransigencia y poca voluntad de dialogo de los administradores o dueños de los colegios privados con los padres de familia para buscar solución al tema de las pensiones conllevó a la realización de plantones fueran de las instituciones escolares donde estudian sus hijos, pidiendo la reducción de la mensualidad al 50%, hecho que se replicó en todos los rincones del país, a través de las redes sociales salieron diversas denuncias sobe cobros injustificados por parte de los colegios privados así como la suspensión de clases de estudiantes porque sus padres no habían pagado la pensión. Frente a esta ola de indignación el gobierno emitió el Decreto Legislativo N°1476 que señala en líneas generales que: “Las instituciones educativas privadas no pueden cobrar por las prestaciones que se han dejado de brindar producto de la emergencia sanitaria por el covid-19, así como tampoco por nuevos conceptos que no se encuentren vinculados con la prestación del servicio educativo no presencial”. Además, que los colegios privados se encuentran en la obligación de informar sobre el costo de cada una de las prestaciones incluidas en el pago de la cuota de matrícula y de las pensiones, desagregando aquellos conceptos que pueden ser brindados de manera no presencial y aquellos que no. Las críticas realizadas al presente decreto legislativo es que en ningún momento señala con precisión el descuento que debería ejecutar los colegios privados en este contexto de emergencia sanitaria en el cual muchos padres de familia han perdido su empleo o han sufrido una reducción de su sueldo. La Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados (ANAPEF) cuya presidenta es Agnieszka Céspedes, señala que van mas de 3 meses sin ser escuchados por el Ministerio de Educación (MINEDU) para que los atienda, ellos plantean como exigencia la creación de un ente regulador frente a los abusos que comenten los colegios privados, y que se brinde cumplimiento al Decreto Legislativo N°1476 porque los padres de familia se han visto, intimidados, coaccionados, ya que han recibido cartas forzados a firmar nuevos contratos. Además, muestran su preocupación por la nula respuesta del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Foto: Freepik
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) al no actuar de oficio frente a las diversas denuncias interpuestas. Todas estas consideraciones han conllevado a que muchos padres de familia opten por cambiar a sus hijos de los colegios privados a los colegios públicos, a través del MINEDU se presentaron 110mil solicitudes pidiendo su traslado para no perder el año académico. Las conclusiones que podemos señalar frente a esta problemática son: En primer lugar, los colegios privados en la práctica tienen un afán lucrativo sea en tiempo de bonanza o de crisis económica no están dispuesto a perder sus ganancias, inclusive cada año se aumentan las pensiones siendo los más afectados los padres de familia y sus hijos. En segundo lugar, en la incapacidad del Estado a través de sus instituciones para regular los criterios que utilizan los colegios privados en el cobro de matrícula y de las pensiones. Esto se encuentra también condiciona-
do por los intereses de grupos de poder que tienen grandes corporaciones educativas. En tercer lugar, el reducido presupuesto que destina el Estado al sector educativo que representa el 3.8% del PBI, no permite ampliar el servicio educativo, como contratar nuevos maestros, construir colegios que faciliten que miles de estudiantes sean los beneficiados garantizando con ello la demanda escolar.
Ernesto S. Palacios Salazar stevenpalacios1404@gmail.com
Egresado de Sociología de la UNMSM con estudios en Gestión Pública, Relaciones Comunitarias y Responsabilidad Social. Miembro y organizador del proyecto “Escuela Abierta de Sociales” año 2019- 2020.
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II. CONFLICTOS DEL PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 2020
Conflicto hídrico por la ejecución del proyecto “Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para el desarrollo agrícola del valle de TACNA - VILAVILANI II FASE I” Gustavo Medina Vilca
Objetivos: 1 Fin de la pobreza, 2 Hambre cero, 3 Salud y Bienestar, 10 Reducción de las desigualdades, 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles, 12 Producción y Consumos Responsables, 13 Acción por el Clima, 15 Vida y Ecosistemas Terrestres En el año 2017 el Gobierno Regional de Tacna asigna 130 millones de soles para la ejecución del Proyecto Vilavilani II Fase I, presentando como una obra que beneficiara con el recurso hídrico a la población de provincia de Tacna y Tarata; sin embargo, desde sus inicios el proyecto fue observado por la población que vive en el área de influencia del proyecto perteneciente a la provincia de El Collao, provincia de Chucuito en Puno y población comunidades de la provincia de Tarata en Tacna. En el año 2019, el gobierno central, mediante Decreto de Urgencia 018-2019 declara de interés nacional proyecto Vilavilani II Fase I y consecuentemente autoriza su financiamiento por ser un proyecto que promueve el desarrollo social y económico de la región Tacna. En todo este proceso, el proceso de información y sensibilización implementado por el Proyecto Especial Tacna (PET), ha tenido un impacto positivo para que la población altoandina del ámbito de ejecución del Proyecto otorgue su licencia social, más aún no se aclaró fehacientemente que el recurso hídrico no destinado a beneficios de grandes empresas mineras. Los actores involucrados son: Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Agricultura, Gobierno Regional de Tacna, Gobierno Regional de Puno, Pobladores Provincia de El Collao y la Provincia de Chucuito, Pobladores de la provincia de Tarata, Frente de Defensa de los Recursos Naturales de las provincias afectadas. La ejecución del Proyecto Vilavilani II Fase I, implica el trasvase de las aguas altoandinas del río Ancoaque hacia la ciudad de Tacna con fines agrícolas y para consumo humano, hecho que afectaría cuenca del río Maure, afectando a la actividad ganadera y al ecosistema de la zona
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de influencia del Proyecto; y en un largo plazo, se produciría que los bodefales existentes en ese territorio desaparezcan afectando directamente a los distritos puneños de Capaso, Santa rosa Mazocrus, Conduriri, Pisacoma, y la provincia de Tarata en Tacna. El 15 de junio del 2020, en pleno Estado de Emergencia Nacional, el gobierno Regional de Tacna continuamente con la empresa ejecutora de la obra, inició la ejecución del Proyecto Vilavilani II Fase I, pese a no contar con la licencia social y la actualización del Estudio de Impacto Ambiental; por tal razón la población de las comunidades afectadas iniciaron reuniones con representantes del Gobierno Regional de Puno, e incluso solicitaron a la Cancillería y Ministerio de Agricultura de la República de Bolivia, de la ejecución del Proyecto, Vilavilani II, para que pueda pronunciarse sobre la ejecución de este proyecto ay que es una cuenca transfronteriza y que sus aguas en el caso boliviano llegan hasta el departamento de Oruro Actualmente persiste las diferencias sobre los pasivos ambientales e impactos que pueden generar el trasvase de aguas altoandinas de Puno hacia Tacna por parte de los involucrados en el conflicto hídrico, se han implementado diversas acciones legales por parte del gobierno regional de Puno como medida Cautelar para suspender la ejecución del Proyecto Vilavilani II. Una acción paliativa fue suspensión por 45 días la ejecución del proyecto realizada por el Ministerio de Agricultura el 13 de julio, para calmar la convocatoria a movilizaciones que tienen como finalidad la cancelación definitiva del Proyecto.
Foto: Referencial / peruconstruye.net
Gustavo Medina Vilca gusmevil@hotmail.com
Sociólogo, con grado académico de Doctoris Scientiae en Ciencias Sociales y Magíster en Evaluación de Programas Sociales. Con experiencia en cargos directivos y gerenciales de la administración pública y organizaciones sin fines de lucro, también se desempeña como consultor y capacitador de entidades públicas y organizaciones privadas, y ejerce la docencia universitaria a nivel pre y posgrado. Actualmente desempeña el cargo de Decano del Colegio de Sociólogos de Puno y el cargo de Director Académico de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Altiplano. 13
II. CONFLICTOS DEL PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 2020
Incremento de protestas sociales a nivel nacional Rosa Luz Saavedra Beraún
Objetivos: 3 Salud y Bienestar, 4 Educación de calidad, 8 Trabajo y crecimiento económico
En los últimos meses, el Perú ha experimentado un incremento progresivo de manifestaciones colectivas de protesta, a medida que se han incrementado los casos de infectados por Covid-19 a nivel nacional. Todo ello en el marco del Estado de Emergencia Nacional, decretado por el Gobierno Nacional desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio del 2020, que disponía el aislamiento social obligatorio y la suspensión de algunos derechos constitucionales como los relativos a la libertad de reunión.
De las 904 protestas reportadas en el primer semestre del 2020, según informes de la Defensoría del Pueblo, el 51,3% ha tenido como protagonista a los gremios y sindicatos, 30,9% a la población, 5,1% a padres de familia, 4,4% a estudiantes universitarios, 3,5% a comunidades campesinas, 1,8% a comunidades indígenas y 3% a otros sectores. Los gremios y sindicatos que más han recurrido a las calles para expresar sus demandas pertenecen al sector salud. En junio, las protestas de enfermeras, médicos y trabajadores administrativos de salud representaron el 59% del total de las protestas sindicales, superando el 20% que alcanzaron en enero. Las demandas de provisión de equipos de protección personal, pruebas rápidas de descarte de Covid-19, pago de bonos, nombramiento
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del personal de salud y reposición de trabajadores despedidos durante la pandemia fueron las más recurrentes y reflejan las deficiencias del Estado peruano en garantizar los derechos a la salud y al trabajo de quienes cumplen un rol importante en la lucha contra el Covid-19. Otros gremios y sindicatos que se movilizaron en el mes de junio fueron los trabajadores municipales (12%) por mejoras de las condiciones laborales como equipos de protección y pruebas rápidas; los gremios de comerciantes (7%) por el reinicio de sus actividades comerciales y la reposición de los productos decomisados; personal docente y administrativo del sector educación (5%) por pago de beneficios laborales principalmente; así como trabajadores de construcción civil (4%), sector minero (4%), laboral (4%) y transporte (2%). En tanto que los reclamos poblacionales así como de otros sectores sociales han sido diversos, entre los que destacan los relacionados con la prestación de los servicios públicos y privados (tarifas eléctricas elevadas, pensiones educativas injustas, suspensión del servicio de energía o agua potable, entre otros); los cuestionamien-
Foto Referencial / washingtonpost.com
tos a la gestión de autoridades locales (incumplimiento de obras, mayor apoyo social, presunción de corrupción, otros); y las demandas de prórrogas en el pago de deudas financieras así como de servicios públicos y privados. Los principales ámbitos de las protestas en el primer semestre del año han sido Lima Metropolitana (19%), por ser el centro del poder político; le siguieron Puno (9%), Piura (7%), La Libertad (7%), Arequipa (6,5%), Loreto (6%), Áncash (6%) y Cusco (6%). Este incremento de protestas en los últimos meses expresa un clima creciente de malestar social, desde sectores tradicionalmente organizados de la sociedad, como son los gremios y sindicatos, hasta formas asociativas menos estructuradas, como son los padres de familia, estudiantes y pobladores. En el primer caso, se enarbolan nuevas demandas centradas en la provisión de equipos de protección personal, acordes al nuevo contexto internacional de emergencia sanitaria, que se conjugan con reclamos recurrentes de mejoras de las condiciones remunerativas y laborales. En el segundo caso, se demanda mayor intervención y atención del Estado por los efectos negativos en las economías familiares de las medidas de confinamiento y paralización de gran parte de las acti-
vidades economías en el país, que se suman a las ya recurrentes demandas por servicios públicos de calidad y gestión pública efectiva. Esta situación hace prever un mayor incremento de la conflictividad social con la participación de más y nuevos actores sociales
Soc. Mg. Rosa Luz Saavedra Beraún
Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Federico Villarreal y Magister en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente, cursa el Doctorado en Políticas Públicas y Gestión del Estado en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). Cuenta con experiencia en análisis de los conflictos sociales.
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II. CONFLICTOS DEL PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 2020
Comando Matico y autonomía indígena como respuesta al COVID 19 Majed Velásquez Veliz
Objetivos: 1 Fin de la pobreza, 2 Hambre cero, 3 Salud y Bienestar, 10 Reducción de las desigualdades, 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles Como se había alertado, la situación de los pueblos indígenas se agravó frente a la alta vulnerabilidad y la alta complejidad e imprevisibilidad del impacto COVID 19, hasta el cierre de la edición del Reporte, las organizaciones indígenas contabilizan 130 muertes del pueblo Shipibo Konibo a causa del COVID 19 y 154 muertes del pueblo Awajun. Asimismo, a nivel continental, se calcula 9.889 muertes de los pueblos amazónicos y 245.991 contagios, que trae consigo un estado de “luto colectivo” en la amazonia y la desprotección de niñas, niños y adolescentes debido a que el 98% son adultos mayores de 18 de años con hijas o hijas y el riesgo de la perdida de la “memoria colectiva” debido a que muchos de los fallecimiento corresponden a ancianos, poseedores de los conocimientos ancestrales, quienes en vida no han logrado encontrar los mecanismos de difusión para internalizar la sabiduría en las futuras generaciones, así, como otros muchos aspectos que podríamos mencionar como el debilitamiento institucional comunal, etc. De tal manera, los pueblos indígenas han tenido que encontrar alternativas de respuesta frente al COVID 19 debido a que existe una alta brecha en el acceso al servicio de salud, así como, una débil respuesta frente creciente demanda de atención hospitalaria, desabastecimiento de pruebas rápidas o moleculares para la identificación de los infectados con COVID 19 y de estrategias de promoción con pertinencia intercultural. Ello, generó que las organizaciones indígenas tomen la iniciativa con la formulación de planes de atención, contención y respuesta ante el COVID 19, como es el caso de Ucayali, liderado por COSHIKOX, AIDESEP, CONAP, CORPIAA y ORAU y la elaboración de protocolos de seguridad para evitar propagación de COVID-19 en comunidades de Loreto liderado por ORPIO y la conformación del primer Comando COVID Indígena en Madre de Dios, a
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iniciativa de FENAMAD, además, Central Ashaninka del Rio Ene - CARE, establecen medidas de prevención y autodefensa ante la reactivación económica entre otros varios ejemplos. Asimismo, los sabios y sabias indígenas han ido difundiendo a nivel colectivo, la ingesta del matico, genjibre, ajosacha, entre otros, así como, los baños de evapotranspiración de dichos recursos de la flora silvestre, como practicas preventivas y recuperativas y de alivio ante los síntomas del COVID 19. Tales prácticas sociales, han sido legitimadas por los pacientes y ya son institucionalizadas por los líderes y sus organizaciones indígenas, en el ejercicio autónomo del derecho a “administrar sus servicios de salud con pertinencia intercultural”, de tal forma, se ha creado un servicio indígena diferenciado y autónomo de atención al COVID 19, cuyo paradigma científico se basa en la articulación de la ciencia convencional de salud occidental y los conocimientos ancestrales del pueblo shipibo-konibo, el centro se denomina “Comando Matico”, y es dirigido por un grupo de voluntarios y sabias y sabios indígenas quienes provistos de solidaridad e identidad, atienden a los indígenas y no indígenas de la ciudad de Yarinacocha y lugares aledaños, que no acceden a los servicios de salud del Estado, ya sea porque los hospitales rebasaron su capacidad operativa o porque los medicamentos, oxigeno medicinal y otros, resultan ser insumos altamente caros para su capacidad adquisitiva. El “Comando Matico”, se ha convertido en un espacio emblemático de la “autonomía” y de “respuesta” de los shipibos ante la terrible situación que vienen sufriendo (impacto del COVID 19) y bajo el lema “el pueblo, ayuda al pueblo” han conseguido fortalecer su identidad y contribuir a dar esperanza de “vida” a ciudadanos peruanos quienes sintieron la exclusión del acceso al servicio de salud.
Foto: Welmer Elvio Cairuna Sanchez
Majed Velasquez Veliz emirmajed@gmail.com Sociólogo y Magíster en Salud Intercultural en la Universidad de la Costa Caribe Nicaragüense - URACCAN, Nicaragua. Cuenta con 16 años de experiencia en temas amazónicos, pueblos indígenas, interculturalidad y desarrollo sostenible y con especialización en gestión pública, salud colectiva y gestión del conocimiento, Actualmente, es Responsable del Observatorio de Conflictos del Colegio de Sociólogos del Perú y Directivo Nacional de dicha institución. 17
III. ¿HACIA DÓNDE VA EL PERÚ? Federico Dejo Soto
● Los males que nos encadenan al subdesarrollo
Está sucediendo en nuestro país lo que anticipábamos en el reporte de marzo. Entonces señalábamos que el escenario dibujaba el encuentro de dos virus, el Covid19 y la corrupción, y cuyas consecuencias iban a desnudar las carencias más terribles y profundas de nuestra sociedad, generando nuevas y graves situaciones que deben hacernos reflexionar sobre si nos hundimos más como nación, o damos un giro de 180 grados y comenzamos a ascender la cuesta hacia el desarrollo. Veamos algunos ejemplos de la situación actual, generada por el encuentro entre el coronavirus y la corrupción: 1. Los corruptos se victimizan en las cárceles y hay jueces que autorizan que vayan a descansar a sus casas. 2. El gobierno distribuye en plena emergencia decenas de millones de soles para que las instituciones públicas compren víveres para donar a la población, así como mascarillas y productos desinfectantes para las fuerzas policiales, MINSA, Contraloría, gobiernos regionales, etc. Y se descubre que en muchos casos se adquieren productos con sobreprecios muy por encima del mercado, sin la calidad requerida y con oficiales comprometidos. 3. Las medicinas, sobre todo las de necesidad primaria para salvar vidas, suben sus precios más de 10 veces su valor promedio, que de por sí ya incluye una ganancia satisfactoria para productores y comerciantes. Además, el mercado de medicinas está fuertemente monopolizado por una empresa cuyas farmacias venden online, no siempre entregan el producto y no devuelven el dinero. 4. Las clínicas privadas sacan provecho de la angustia de las personas enfermas con Covid19, y condicionan los internamientos a que se deposite una garantía de 40,000 soles por persona. Después del tratamiento la factura puede llegar a superar los 200,000 soles. Ocurre algo parecido a la extorsión: el extorsionador tiene el bien que necesita urgente el extorsionado, y como éste está angustiado, el extorsionador saca provecho de la situación y le pide un precio de usura sin importarle lo que el enfermo o sus parientes tengan que sacrificar, con tal de obtener el dinero para salvar una vida. Hay clínicas que cobran 100 soles por una pastilla que en cualquier farmacia cuesta 1 sol. Lo sorprendente es que tratándose de atentados con18
tra la vida y la salud pública, no hay autoridad que de oficio abra procesos de investigación y sanción. 5. Salvo muy pocas y destacadas excepciones, los productores de oxigeno se comportan de manera parecida a las clínicas privadas. No les importa producir para ayudar a salvar una vida vendiendo el producto al precio promedio que siempre lo hacen, siendo ya de por sí una gran oportunidad el que la demanda se ha incrementado varias veces más de lo usual. Ahora aprovechan la extrema gravedad de la situación para esquilmar a las personas que están enfermas del Covid19, aumentado los precios entre cinco a diez veces su valor promedio de mercado. 6. Los congresistas de la república se olvidaron de las promesas de la campaña electoral y de lo que la población desea como reformas urgentes, pero si se dedican a autoprotegerse, cobrarse bonos de dinero que no les corresponden, dar normas que permiten elegir nuevamente como congresistas a personas con sentencia judicial por delitos comunes, o allanar el camino para volver a candidatear el 2021 y también para sacar de en medio a posibles competidores. 7. El gobierno “descubre” que tenía decenas de miles de millones de soles en la caja pública. En lugar de haber invertido desde hace años atrás en mejorar la salud y la educación para prevenir y bajar el impacto negativo de la amenaza cuando se presentara una emergencia como la actual, se escuchan argumentos que tratan de justificar el escaso interés en invertir en salud y educación porque “hay que tener caja para cuando se presente la emergencia” (sic). Curiosa lógica de guardar el dinero y tener empobrecida a la población durante años, para luego lanzarle salvavidas cuando ya está dando manotazos de ahogado. 8. Los colegios privados implementan por la emergencia sistemas de educación a distancia que requieren menos gastos de operación, pero quieren seguir cobrando como si la educación fuera presencial. 9. Una pequeña de dos años y una adolescente pierden la vida en el ámbito urbano de la ciudad de Lima, al caer una a un pozo de alcantarilla y otra a un pozo de agua subterránea, pero ninguna autoridad pública o de empresas de servicios de agua y desagüe quiere asumir la responsabilidad por la negligencia.
Foto: Welmer Elvio Cairuna Sanchez
10. El gobierno destina millones de soles para que los gobiernos regionales y locales inviertan de urgencia en bienes y servicios para paliar el impacto del Covid19, y la mayoría es incapaz de saber gastar adecuadamente dichos fondos, o lo gasta en la medida que obtenga de manera indebida beneficios económicos del mismo, facilitando con ello el incremento de casos de personas que se contagian, así como de fallecidos. 11. La mayoría de bancos ofrecen a sus clientes de zonas urbanas tarjetas de crédito para consumo, que en la mayoría de casos se utilizan para compras de alimentos en supermercados o medicinas en farmacias, pero sin embargo, los intereses que cobran a los usuarios, que en su mayoría pertenecen a los estratos de ingresos económicos C y D, son tasas entre 40 y 90 % anual. Y si se atrasan, cobran moras y recargos de crédito “revolventes” que incrementan las deudas a lo largo del año. Es decir, una práctica expoliadora que hace más pobres a quienes están tratando de salir de esa situación. 12. La informalidad laboral ya muy grave antes de la aparición de la pandemia, se considera que podría estar bordeando hoy en día el 83% de la PEA laboral. Cada vez veremos más personas vendiendo por las calles lo que sea, tratando de sobrevivir, a las que se sumaran los ex-
pulsados de las dependencias del sector público ante los recortes presupuestales que se vienen. Además, el Estado se caracteriza por ser uno de los principales empleadores que practican diferentes formas de trabajo informal, para evitar el pago de beneficios laborales y la estabilidad laboral, lo cual luego utiliza como mecanismo de pago de favores y de clientelismo político. Podríamos extender la lista de casos parecidos y que seguramente ahondarían nuestra preocupación ante la pregunta “hacia adónde va nuestro país”. Es evidente que tenemos una anomia sociocultural que atraviesa todos los estratos de la sociedad, se observa que el respeto por el interés público a perdido peso ante el interés privado, que prefiere la anarquía del mercado y la pesca en río revuelto. Veamos la tendencia de los subsistemas económico, social, político y ambiental, que componen la estructura de funcionamiento de nuestra sociedad, y fijémonos en que ha variado entre marzo y junio de este año.
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Fuente: Base de datos del sistema de gestión Planning & Project System
Gráfico # 1 Perú: Evolución del Índice Anual de Desarrollo Sostenible por Subsistemas
Foto: Welmer Elvio Cairuna Sanchez
El subsistema sociopoblacional que en los últimos años lograba mantenerse en el nivel de la zona baja, ahora se acerca en caída acentuada hacia la zona crítica, escenario donde desde hace varios años se mantienen los subsistemas económico productivo, ambiental e institucional, sin poder salir. Si se junta también en esa zona el sistema poblacional, es posible que se genere un escenario tipo “tormenta perfecta” cuyo desenlace puede ser explosivo y hacer descender a todos ellos como una sola masa hacia el escenario muy crítico. Para hacernos una idea del escenario que ya se viene gestando en la zona crítica, y lo que puede significar descender a la zona muy crítica, veamos la siguiente descripción: ● Nuestro Perfil actual según la Matriz de Diagnóstico Territorial En marzo, a inicios de la pandemia, el promedio simple de las 81 variables ambientales, sociales, económicas e institucionales que utilizamos para obtener nuestro IDS, arrojaba un valor de 3.6 .A fines de junio el promedio era
de 3.3 Eso implica una caída de 0.30 puntos en tres meses. Mientras que el índice ponderado, que se calcula en base al peso de cada variable en el conjunto del sistema territorial, en marzo arrojaba un valor de 3.58 . A fines de junio el promedio descendió a 3.3. (0.28 puntos). Es decir, el promedio ponderado y el promedio simple arrojan casi el mismo valor de IDS. (ver Gráfico #2). Coinciden en señalar la ubicación crítica en la que se encuentra el país. Cabe aclarar que el promedio simple le da el mismo valor de influencia directas e indirectas a todas las variables del sistema territorial. Es decir, se sustenta en la teoría sistémica de las estructuras funcionales, cuyo enfoque especifica que todas las variables partícipes del funcionamiento de un sistema, cumplen un rol de importancia imprescindible, y por lo tanto si uno elimina una de esas variables, o no le da la atención adecuada, el sistema se resiente y poco a poco dejará de funcionar, entrará en crisis, perderá competitividad y no cumplirá a satisfacción sus objetivos.
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Matriz #1
Foto: Welmer Elvio Cairuna Sanchez
En cambio, el promedio ponderado se sustenta en el concepto de que en una estructura no todas las variables son igual de importantes, sino que hay una pocas que son las claves, y por lo tanto hay que identificarlas y concentrarnos en ella porque supuestamente el buen funcionamiento de esas pocas, arrastran y hace viable el funcionamiento de las otras. La consecuencia de ello es que no se actúa con el mismo interés sobre el conjunto de variables de la estructura, que por definición tiene componentes grandes y pequeños pero que son igual de importantes para lograr el todo, y por lo tanto, debe ser atendidos con el mismo esmero para que la estructura funcione adecuadamente y sea competitiva para obtener los resultados esperados. Por ejemplo, un auto muy caro y lujoso puede tener una carrocería imponente y un motor potente, pero si el filtro de gasolina que cuesta 50 soles está sucio, el auto va a funcionar mal y perderá competitividad. Y si el dueño del auto no le presta atención al mantenimiento del borne de la batería que cuesta 10 soles, esta se sulfata y el auto poderoso nunca va a arrancar. Es decir, las partes pequeñas y baratas del auto son igual de importantes que las piezas más grandes y costosas para que el auto pueda funcionar. Para evitar ese tipo de situaciones, la política y la gestión deben ir de la mano y tener un enfoque integral. En el caso de nuestro territorio, el IDS ponderado es ligeramente menor que el IDS simple debido a que las variables a las que se les ha dado el peso más importante, según sus indicadores de medición, tienen bajo nivel de eficiencia, como ocurre con las variables sobre la capacidad de gestión de los poderes públicos, el respeto de la población al cumplimiento de las normas y leyes,
la competitividad económica productiva, la contaminación de los recursos naturales. Al tener éstas mayor peso estadístico que otras variables, al sacar el promedio ponderado eso se reflejará en el valor del índice final (IDS). Dentro de esa lógica, a la variable salud se le dio dentro de la estructura del modelo territorial menos peso (128 puntos), que a las variables respeto de la población a las normas y leyes (168 puntos), economía y producción (154 puntos), competitividad económica (152 puntos). Sin embargo, la actual crisis mundial se ha desatado por el lado de la variable salud, demostrando que es tan importante como las otras para crear graves crisis. La lección a recordar es que, si bien por razones analíticas podemos diferenciar los roles de las diferentes variables dentro de la estructura, al final todas terminan siendo igual de importantes para que el sistema funcione bien y se logren los objetivos deseados del conjunto. Y se cometería nuevamente un error si por la gravedad de los factores económicos, los priorizamos en detrimento de la gestión de la salud y otras variables que también merecen atención, como por ejemplo seguridad, educación, derechos humanos, gestión de los recursos naturales. El pozo de la caída con una estructura que hace agua por varios huecos podría volverse más profundo.
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Fuente: Base de datos del sistema de gestiรณn Planning & Project System Elaboraciรณn: Dejo, Federico
Grรกfico # 2
Foto: Andina - Agencia Peruana de Noticias
● Qué debemos hacer para superar el perfil en el que nos encontramos según la Matriz de Diagnóstico El uso de esta Matriz, facilita el señalamiento de los Objetivos de Desarrollo Territorial a partir de los hallazgos identificados durante la elaboración del Diagnóstico. Hay que tener en cuenta que la Matriz de Diagnóstico ha incorporado las principales variables de cada uno de
los subsistemas del territorio. Por lo tanto, si algunas de las variables están por debajo del nivel de eficiencia esperado para avanzar hacia el Desarrollo Sostenible, con la Matriz de Objetivos se puede identificar el “Que Hacer” para alcanzar en un futuro mediato el escenario de la zona óptima. En términos generales, presentamos los objetivos estratégicos a alcanzar según el nivel donde nos encontremos, de acuerdo a la escala de los escenarios territoriales.
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Matriz #2 Matriz de Objetivos que se deben alcanzar para mejorar el nivel de Desarrollo Territorial
EN CONCLUSIÓN: La situación actual de nuestro país se ha agravado con relación a marzo. Sobre todo porque en el componente recursos sociales y poblacionales, donde están los indicadores de salud, educación, empleo, ingreso, confianza de la población y confianza empresarial, hay bajas evidentes en el valor de los indicadores. El debilitamiento de nuestras capacidades de desarrollo se harán más sensibles ante las amenazas internas y externas, y si la corrupción y la pandemia del Coronavirus, continúan golpeando fuertemente, se pueden presentar problemas que afectarían la estabilidad gubernamental. Y eso traería consecuencias más graves, sobre todo porque estamos ya en un año electoral. Hay que evitar que el componente político e institucional se debilite más. Se hace necesario discutir en todos los niveles la realidad en
la que nos encontramos, y apuntar hacia los objetivos del escenario que está en el nivel superior: subir de la categoría territorial de valor crítico a la categoría de valor bajo. Definidos los objetivos estratégicos del desarrollo territorial, la programación y el seguimiento de metas es básicamente un proceso operativo e instrumental. Lo más importante en realidad es lograr el compromiso y la voluntad férrea de todos los actores sociales y políticos para ejecutar y llevar adelante el Plan concertado y el cumplimiento de sus metas. Si eso se logra, los objetivos de desarrollo sostenible se alcanzarían en tiempos relativamente cortos, que podríamos calcular entre 10 a 20 años. Con el esfuerzo conjunto las brechas del subdesarrollo se podrían cerrar en 10 años. Los peores enemigos de eso serían la ambición política y la corrupción.
Federico Alejandro Dejo Soto fadejo@gmail.com
Federico Dejo, profesor de la Escuela de Post Grado de la Universidad ESAN y la PUCP. Investigador Social y Consultor. Licenciado en Sociología por la UNMSM, con estudios de Post Grado en las especialidades de Sociología y Ciencias Políticas, Ordenamiento Territorial, Gerencia Pública, Planificación Territorial y Desarrollo Regional, Sociología y Cambio Social. Ha sido también docente en la UNALM, UNMSM, UNI, CAEM, UNFV, UNSCH (Huamanga), UNAP (Iquitos), USIL.
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ANEXOS
Matriz de Diagnostico e Ă?ndice de Desarrollo Sostenible
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Alcanzar el Desarrollo Sostenible implica lograr el equilibrio sistĂŠmico entre los cuatro Subsistemas del territorio
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* El IDS es el promedio aritmético del estado de las variables sistémicas de un territorio, las cuales al interrelacionarse, determinan las posibilidades de desarrollo de un país, una región, una localidad. En otras palabras, mide la eficiencia del comportamiento de las variables estructurales que al articularse como un todo generan resultados esperados en beneficio de la población. Las variables que se utilizan para calcular el IDS, tienen un parámetro de referencia que se considera necesario alcanzar para lograr el Desarrollo Sostenible. Si la medición realizada está por debajo del parámetro, se deben implementar acciones para reducir la brecha hasta alcanzar la meta objetivo. La metodología de identificación, proceso e interpretación de la data utilizada para obtener el IDS es holístico y territorial. La información se procesa con el programa Planning & Project System.
¿CÓMO SE OBTIENE EL IDS? Para obtener el IDS nacional, se selecciona un conjunto de variables e indicadores que se consideran componentes de una estructura territorial, y que al articularse de manera funcional, generan ciertos tipos de resultados esperados, en beneficio de la población. Los valores de los indicadores de esas variables se actualizan permanentemente. La data seleccionada se sustenta en información oficial y de instituciones privadas debidamente acreditadas. Los valores se calculan utilizando una escala de estandarización de puntos que va de 1 a 10, donde 1 es el peor estado de la variable y 10 el mayor. De esa manera, todas las variables, al margen de su naturaleza, pueden ser medidas y evaluadas de la misma manera. Son 29 variables, 84 subvariables y 88 indicadores que se monitorean permanentemente. Pertenecen a los siguientes subsistemas: económico ambiental, social, económico e institucional.
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IV. COMUNICADO DEL COLEGIO DE SOCIÓLOGOS POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 9 de agosto del 2020: Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 528 años de discriminación cultural. El Perú, en su conjunto, mantiene una deuda histórica con los pueblos indígenas que se agudiza, en la situación de la actual pandemia del COVID – 19. El día de hoy, que las Naciones Unidas reconoce el aporte a la humanidad de los valores, practicas, conocimientos, medicinas y ciencias de los Pueblos Indígenas, aún en nuestro país se visibiliza la discriminación a sus lenguas y costumbres y un menosprecio a la Diversidad Cultural. En el actual contexto, los pueblos indígenas están sufriendo en carne propia la letalidad del SARS COV 2 y se aproxima una catástrofe sanitaria con la dispersión del virus a los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial – PIACI, producto de una reactivación económica impuesta y ni siquiera consultada. A nivel internacional, existe un marco legal de protección de los derechos de los pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT, reconocido por el Estado Peruano, pero no se comprueba un correlato de su implementación por el Estado. Las organizaciones indígenas, se movilizan (incluso en tiempos de pandemia) con el propósito de acercar el Estado a sus necesidades, su manera de ver el mundo y las formas “pertinentes” de trabajar con los Ciudadanos Indígenas. No obstante, los pueblos nos transmiten, que solo reciben grandilocuentes discursos, promesas incumplidas, planes sin presupuestos y acciones verticales y miopes, sin respeto a su Identidad Cultural. Vale, recordar que frente a este escenario los pueblos indígenas organizados han denunciado al Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los motivos de desatención del derecho a la SALUD Intercultural, discriminación sistemática y sobre el riesgo latente de un etnocidio en la Amazonía peruana, aspectos que no están alejados a la realidad. Sin embargo, las fortalezas de los pueblos que radican en su identidad y están posibilitando enfrentar la situación de exclusión creciente, por ejemplo, se han provisto de respuestas frente al COVID - 19 a partir de la fuente inagotable de conocimientos agrupados en su medicina tradicional, además, la comunicación indígena y los sabios y sabios desarrollan mecanismos de difusión (tele-
visión digital y radiales) para garantizar la educación intercultural bilingüe de sus niñas y niños y prevenir la Salud. Asimismo, se han organizado colectivamente para la protección de su territorio con medidas de autodefensa y vienen desarrollando emprendimientos comunitarios basados en el manejo sostenible del bosque y la innovación de productos orgánicos y “verdes”, que tienen como principios sus Conocimientos Ancestrales. Además, de aportes tangibles al mundo científico como son: el manejo forestal comunitario y la piscicultura, el conocimiento y uso del ecosistema, en general, y de las plantas medicinales, en específico, las prácticas comunales de resiliencia y un sinfín de razones que contribuyen decididamente a la conservación de nuestro planeta, la provisión de recursos y la seguridad alimentaria que contribuyen a la sostenibilidad de la humanidad frente a diversas amenazas. Por lo tanto, el Colegio de Sociólogos del Perú, se pronuncia sobre la impostergabilidad de la Ciudadanía Intercultural de los pueblos indígenas que permitirá olvidarnos de la infeliz frase de “ciudadanos de segunda clase” y de las ideologías del “perro del hortelano”. Asimismo, insta al Estado y a la sociedad peruana a transitar del reconocimiento discursivo a la implementación, de la simbolización folclórica del indígena a visibilizar sus conocimientos ancestrales, de la percepción del “salvaje” a la condición de “ciudadano” y de las “promesas” a las “acciones concretas”, reflejadas en los presupuestos e instancias de servicios dirigidos a las comunidades nativas y campesinas. Porque, sin lugar a dudas, todos sin excepción tenemos los mismos derechos y un derecho innegociable es la Identidad Cultural. Lima. 9 de agosto del 2020. La Junta Directiva Nacional
Foto: Welmer Elvio Cairuna Sanchez
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IV REPORTE TRISMESTRAL DEL OBSERVARORIO DE CONFLICTOS Abril - Junio 2020
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