V REPORTE TRIMESTRAL DEL
Observatorio de Conflictos Julio - Septiembre 2020 1. LA REALIDAD DEL PERSONAL DE SALUD.
2. CONFLICTO AMBIENTAL: CONTAMINACIÓN MINERA DE LA CUENCA DEL RÍO COATA PRINCIPAL AFLUENTE DEL LAGO TITICACA.
3. SITUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EL CONTEXTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA POR EL COVID-19. 4. PROYECTO VILAVILANI II: CONFLICTOS REGIONALES POR EL AGUA. 5. ESCAZÚ, UNA OPORTUNIDAD PÉRDIDA.
6. COMPORTAMIENTO DE LAS PROTESTAS SINDICALES Y SOCIALES EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020.
7. COMUNIDADES INDÍGENAS DEFIENDEN SUS DERECHOS A LA VIDA Y AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROVÍA AMAZÓNICA.
8. CONFLICTO SOCIO AMBIENTAL: CONTAMINACIÓN DE LA CUENCA LLALLIMAYO – MELGAR POR LA UNIDAD MINERA ARASI, DE LA EMPRESA ARUNTANI S.A.C.
9. CRISIS POLÍTICA E INSTITUCIONAL EN COVID-19.
Foto: Paolo Aguilar / EFE
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Junta Directiva Nacional del Colegio de Sociólogos del Perú – CSP ● Eduardo Arroyo Laguna. Decano ● Pablo Raúl Fernández Llerena. Vice – Decano ● Rocío Vásquez Melo. Directora de Economía y Administración ● Rocío Schult Cuno. Directora de Actividades Científicas y Culturales ● Arnolia Ramos Chanca. Directora de Defensa Profesional ● Majed Velásquez Veliz. Director de Bienestar Social y Seguridad ● Julio Chávez Achong. Director Secretario. Decanos Regionales del CSP ● Selena Torres Gonzales. Decana de la Región Arequipa ● Carlos de la Cruz Mejía. Decano de la Región Ancash ● Alex Martín Gonzales Anampa. Decano de la Región Cajamarca ● Carlos Soto Zavala. Decano de la Región Centro ● David Rojas Arana. Decano de la Región Huánuco ● Juan Diego Dávila Cisneros. Decano de la Región Lambayeque ● Elia Luna del Valle. Decana de la región Lima-Callao ● Francisco Maya Silva. Decano de la Región Lima provincias ● Jonathan Billy Pérez Rodríguez. Decano de la Región Piura ● Gustavo Medina Vilca. Decano de la Región Puno Responsable del Observatorio de Conflictos del CSP ● Majed Velásquez Veliz Equipo de Expertos del Observatorio de Conflictos del CSP ● Ernesto Steven Palacios Salazar ● Federico Alejandro Dejo Soto ● Gianella Vílchez Aponte ● Gustavo Medina Vilca ● Juan Diego Dávila Cisneros ● Majed Velásquez Veliz ● Mirjhan Yerania Ramirez Lino ● Rosa Luz Saavedra Beraún ● Scarlett Chávez Ochoa ● Wagner Mamani Vilcapaza Diseño Gráfico ● Ericka Trejo Miranda - www.erianamiranda.wordpress.com Primera Edición – Octubre 2020 Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2020-08710 Tiraje: 100 ejemplares Se terminó de imprimir en Octubre del 2020 en Xaba Nete S. R. L. Cercado de Lima, Lima. Colegio de Sociólogos del Perú – CSP Todos los derechos reservados ©2020 Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso.
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ÍNDICE INTRODUCCIÓN
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I. ¿Qué es OBSERVA?
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II. Conflictos del periodo Julio a Septiembre del 2020 A. La realidad del personal de salud. (Juan Diego Dávila Cisneros)
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B. Conflicto Ambiental: contaminación minera de la cuenca del río Coata principal afluente del lago Titicaca. (Gustavo Medina Vilca)
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C. Situación de los Estudiantes con Discapacidad en el Contexto de Educación a Distancia por el COVID-19. (Gianella Vílchez Aponte)
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D. Proyecto Volavilani II: Conflictos Regionales por el Agua. (Steven Palacios Salazar)
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E. Escazú, una oportunidad pérdidad. (Mirjhan Ramírez Lino)
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F. Comportamiento de las protestas sindicales y sociales en el tercer trimestre del 2020. (Rosa Luz Saavedra Beraún)
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G. Comunidades indígenas defienden sus derechos a la vida y al cuidado del medio ambiente ante la construcción de la Hidrovía Amazónica. (Scarlett Chavez Ochoa)
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H. Conflicto Socio Ambiental: Contaminación de la Cuenca Llallimayo – Melgar por la Unidad Minera Arasi, de la Empresa Aruntani S.A.C. (Wagner Mamani Vilcapaza)
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I. Crisis política e institucional en COVID-19 (Majed Velásquez Veliz)
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III. ¿Hacia dónde va el Perú?
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IV. Colegio de Sociólogos del Perú: Pronunciamiento Nacional sobre el Intento a la Vacancia Presidencial.
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FUENTE: Andina/Difusiรณn
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INTRODUCCIÓN El Colegio de Sociólogos del Perú, es una institución que agrupa a los profesionales de sociología de todo el país y tiene como uno de sus objetivos, propiciar el desarrollo científico de la profesión, en concordancia, con los avances de las ramas del conocimiento humano y colabora con las diferentes instituciones públicas y privadas, en los esfuerzos conducentes al desarrollo social, cultural y moral del país. En tal sentido, la actual Junta Directiva Nacional, publica el V Reporte Trimestral del Observatorio de Conflictos del Colegio de Sociólogos del Perú, también denominado – OBSERVA. El Reporte, da cuenta de la dinámica de los conflictos y tiene por propósito difundir el aporte del análisis sociológico al debate nacional, de forma que se contribuya a la búsqueda de la resolución de los conflictos, en nuestro país, además, de medir el cumplimiento de los ODS en el Perú. El V Reporte Trimestral de OBSERVA, ausculta sobre los conflictos asociados a 1) La realidad del personal de salud en Lambayeque, 2) La contaminación minera de la cuenca del río coata principal afluente del lago Titicaca, 3) La situación de los estudiantes con discapacidad en el contexto de educación a distancia por el COVID 19, 4) Los conflictos regionales por el agua , 4) El Acuerdo de Escazú, 5) Las protestas sindicales y sociales en el tercer trimestre del 2020, 5) La hidrovía amazónica y la 6) La Contaminación de la Cuenca LLallimayo y la 7) Crisis política e institucional en COVID 19 para identificar su estrecha relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su impacto a la Agenda 2030. Además, se incluye el seguimiento al Plan Perú al 2021 a partir del estudio “¿Hacia dónde va el Perú?” y el Pronunciamiento del Colegio de Sociólogos del Perú sobre la crisis institucional, producto de la tensión entre el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo Decano del Colegio de Sociólogos del Perú Dr. Eduardo Arroyo Laguna 5
I. ¿Qué es Observa? Es el Reporte que se elabora de manera trimestral por el Observatorio de Conflictos, organizado por el Colegio de Sociólogos del Perú. OBSERVA, es un medio de difusión del conocimiento sociológico, que describe y analiza los conflictos, a partir de herramientas de gestión del conocimiento. El Observatorio de Conflictos está conformado por un equipo de expertos, quienes, comparten y difunden su conocimiento sobre la dinámica de los conflictos de cada zona del país.
ble – ODS, al ser un “llamado universal” para la consecución de nuestros fines comunes como sociedad global, resulta ser un marco ideal para organizar los principales conflictos por cada objetivo contemplado y propiciará el conocimiento de los impactos y modelamiento de escenarios, para su cumplimiento. Asimismo, la integralidad, interdependencia e interrelación de los objetivos de la ODS, resulta ideal para la explicación de la complejidad de los conflictos.
El proceso de formulación de OBSERVA, es de carácter descentralizado y participativo, asimismo, utiliza herramientas de captura, sistematización y difusión del conocimiento que contribuyen a un acercamiento de la complejidad de los conflictos. ¿Cuál es la finalidad de OBSERVA? La finalidad es difundir el conocimiento sociológico sobre los conflictos a nuestra sociedad, de forma que se contribuya a la búsqueda de la resolución de los conflictos y a la consecución de metas globales y nacionales, enmarcadas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS. OBSERVA, aspira a convertirse en una herramienta de prospectiva para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de intervenciones que procuren una convivencia solidaria en el país. ¿Cómo se organiza los contenidos de OBSERVA? Los conflictos, no son independientes a los procesos de cambio y/o políticas de desarrollo, de modo contrario, juegan un rol determinante en su evolución. En tal sentido, los Objetivos de Desarrollo Sosteni6
FOTO: Álvaro Franco - Ojo Público
¿Qué es Observa?
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II. CONFLICTOS DEL PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2020
La realidad del personal de Salud Juan Diego Dávila Cisneros
ODS: 1) FIN DE LA POBREZA, 2) HAMBRE CERO, 3) SALUD Y BIENESTAR, 4) EDUCACIÓN CON CALIDAD, 5) IGUALDAD DE GÉNERO, 10) REDUCCIÓN A LAS DESIGUALDADES
Desde el inicio de la inmovilización social obligatoria el 16 de marzo, regiones del norte de nuestro país estuvieron en constante observación por los casos de Covid-19 y por la resistencia de la población a cumplir con la cuarentena. Una de esas regiones es Lambayeque, que tras el fin del confinamiento la preocupación de las autoridades se centra en evitar un aumento de casos positivos de Covid-19. Cumplir con ese objetivo implica enfrentar no solo el frágil sistema de salud de la región, sino también con la necesidad económica de la población que los obliga a salir a las calles. Según estimaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), aproximadamente 6 mil vendedores informales tomaron las calles de la zona céntrica de la ciudad y los alrededores del Mercado Modelo, sin respetar el distanciamiento social. Para la Defensoría del Pueblo, el número de informales aumentaría al finalizar la movilización social obligatoria debido a la crisis económica que originó el coronavirus y que es responsabilidad de las autoridades del ayuntamiento atender el comercio ambulatorio con un plan estratégico de reubicación.
En este sentido, uno de los mayores retos es enfrentar varios frentes al mismo tiempo y con limitaciones de los recursos de todo tipo, con el riesgo de que, al dejar ciertas ventanas parcialmente abiertas, se facilite la expansión del contagio y se vuelva a disparar la curva. Entre estos potenciales frentes, se destacan dos ámbitos clave por la importancia que cobran en las vidas de las personas y por el grado de interacción social que suponen. Estos son el transporte público, y el trabajo. Es por ello por lo que, al tiempo que se hacen esfuerzos por contener y manejar la pandemia, será esencial no cejar en la necesidad de lograr, por un lado, transportar a las personas de forma segura, resolviendo las formas de desplazamiento de estas hacia los trabajos; por otro, generar condiciones lo más seguras posibles para que se minimicen los riesgos de contagio en los ámbitos laborales.
Son muy grandes los desafíos asociados, por un lado, a aplanar la curva —lo que reduciría la tasa de crecimiento de los contagios y muertes— y, por el otro, a minimizar los riesgos que implica bajar la guardia con salidas selectivas que permitan el despliegue de la vida cotidiana y de la economía.
Juan Diego Dávila Cisnero juandiegodavila@gmail.com
Decano del Colegio Regional de Sociólogos de Lambayeque
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II. CONFLICTOS DEL PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2020
Conflicto Ambiental: Contaminación minera de la cuenca del río Coata principal afluente del lago Titicaca. Gustavo Medina Vilca
ODS: 1) FIN DE LA POBREZA, 2) HAMBRE CERO, 3) SALUD Y BIENESTAR, 6) AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO, 10) REDUCCIÓN A LAS DESIGUALDADES, 11) CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES, 13) ACCIÓN POR EL CLIMA, 15) VIDA Y ECOSISTEMAS TERRESTRES
FUENTE: Agencia EFE
La Cuenca Hidrográfica del Rio Coata, tiene una extensión de 4474.00 km2, formada por los ríos verde e Ichoccollo, presenta contaminación por el vertimiento de aguas servidas y residuos sólidos afectando el ambiente natural y social de la Cuenca, llegando a detectarse la presencia de arsénico y mercurio en su población producto del consumo de agua no apta para consumo humano, a pesar de que se decretó el estado de emergencia en distritos de Puno por contaminación de agua para consumo humano.
por los dirigentes del Frente de Defensa en Contra de la Contaminación de la Cuenca Coata y autoridades locales de distritos afectados se busca de la EPS SEDAJULIACA S. A y la Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca implementen plantas de tratamiento de las aguas residuales. Asimismo, exigió la intervención de la PCM, ANA, Ministerio de Salud y otras instituciones involucradas en la descontaminación de la cuenca Coata a través de la instalación de una Mesa Técnica de Salud en la cuenca Coata.
En ese sentido, a través de movilizaciones promovidas
Gustavo Medina Vilca gusmevil@hotmail.com
Sociólogo, con grado académico de Doctoris Scientiae en Ciencias Sociales y Magíster en Evaluación de Programas Sociales. Con experiencia en cargos directivos y gerenciales de la administración pública y organizaciones sin fines de lucro, también se desempeña como consultor y capacitador de entidades públicas y organizaciones privadas, y ejerce la docencia universitaria a nivel pre y posgrado. Actualmente desempeña el cargo de Decano del Colegio de Sociólogos de Puno y el cargo de Director Académico de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Altiplano.
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II. CONFLICTOS DEL PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2020
Situación de los estudiantes con discapacidad en el contexto de educación a distancia por el COVID-19 Gianella Vílchez Aponte
ODS: 3) SALUD Y BIENESTAR, 4) EDUCACIÓN DE CALIDAD, 10) REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, 11) CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES, 17) ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Nuestro país viene enfrentando diversos retos a raíz de la pandemia del COVID 19, los cuales han comprometido en gran medida el bienestar de la población vulnerable. Muchos de estos retos se encuentran en el ámbito educativo, dentro del cual se han desplegado una serie de medidas que aún no responden a las necesidades de la diversa comunidad estudiantil, tanto de la educación básica regular como de la educación superior. Parte de ella, son las personas con discapacidad. A inicios del presente año, la Defensoría del Pueblo alertaba que más de 756 mil menores con discapacidad no podían estudiar dada la débil política de inclusión de las instituciones educativas, además del bajo presupuesto del sector destinado a la política de educación inclusiva. Meses después, y en medio del estado de emergencia por la pandemia del COVID 19, la situación no ha variado favorablemente. La estrategia educativa a distancia; Aprendo en casa, la más desplegada desde el inicio del confinamiento, no ha mostrado herramientas inclusivas para llegar a esta población, hasta recién el último mes que se viene emitiendo una programación dirigida a estudiantes de Educación Básica Especial. La situación es igual de alarmante para el estudiantado con discapacidad en instituciones de educación superior. La defensoría indica que, en el caso de las instituciones públicas, el 88% del total de estudiantes con necesidades especiales no fue incluido para ser beneficiarios con alguna subvención relacionada a facilidades para la educación a distancia. Mientras que en las instituciones privadas, un 66% refirió que tampoco se les brindo ese tipo de apoyo. La organización SODIS – Sociedad y Discapacidad – ha venido advirtiendo, desde meses atrás, a través de testimonios sobre el abandono a estudiantes con discapacidad y sus familias en la continuidad del proceso de aprendizaje durante la pandemia. Ante ello, es necesario generar las condiciones para que la comunidad estudiantil de personas con discapacidad 10
pueda continuar con sus estudios y no acrecentar el grado de vulnerabilidad que la pandemia viene causando, articulando y reforzando las acciones enfocadas en ella. Sin embargo, es necesario mencionar también que actualmente las organizaciones de personas con discapacidad vienen alzando su voz contra una iniciativa que consideran lo opuesto a ello, dada la intención de derogar la Ley N° 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad, la cual aún se encuentra en proceso de implementación, por la Ley de la Persona en Situación de Discapacidad, denominación que va en contra de la reivindicación de sus derechos y reconocimiento. Según la Mesa de Discapacidad y Derechos, esta norma no ha sido elaborada de manera participativa con su comunidad, por lo que lo consideran una imposición. De igual forma, sostienen que el actual contexto de crisis económica, pandemia y próximas elecciones no generan un escenario favorable para un cambio en la legislación, por lo que proponen reforzar la fiscalización del cumplimiento de la ley vigente. Recordemos que, tal como lo advierte UNESCO, las personas con discapacidad han venido enfrentando dificultades para acceder a una atención sanitaria de calidad, son víctimas de discriminación, y en algunos casos de violencia doméstica; y, actualmente, siguen afrontando dificultades para continuar ejerciendo su derecho a la educación. Este panorama genera condiciones para la deserción escolar. Sumado a esto, la intención de hacer cambios en la legislación que los ampara, sin previa consulta, es una vía contraproducente para garantizar su desarrollo integral y la continuidad de ser agentes activos en su entorno, dificultando la lucha por dejar atrás los prejuicios que existen hacia su comunidad.
FUENTE: Andina/Difusión
Gianella Vílchez Aponte glanellavilchez@gmail.com
Bachiller en Ciencias Sociales, especialidad de sociología, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con experiencia en proyectos de investigación – acción y de incidencia social en temáticas de juventudes, género y educación. 11
II. CONFLICTOS DEL PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2020
Proyecto Vilavilani II: Conflictos Regionales por el agua Steven Palacios Salazar
ODS: 6) AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO, 15) VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES, 16) PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
En los límites territoriales de la Región Puno y Tacna se ha generado una disputa por los recursos hídricos del rio Ancoaque, a raíz de la ejecución del Proyecto Vilavilani II Fase I que impulsa el Proyecto Especial Tacna - PET y cuenta con la aprobación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). El departamento de Tacna, busca la captación de agua del rio Ancoaque para destinarlo a la agricultura, al consumo humano y también impulsar actividades productivas. Las comunidades altoandinas (Puno) se oponen porque señalan que el proyecto Vilavilani II secará los bofedales lugar donde crían los ganados, siendo la actividad ganadera su principal medio de subsistencia.
Dichas poblaciones, se han movilizado y protestado durante el mes de Julio y trajo consigo un dialogo con el Ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro Chavesta, quien arribó al distrito de Conduriri, (Puno), con el objetivo de escuchar y resolver los puntos más críticos de dicho conflicto. No obstante, el conflicto está escalando a niveles de violencia, ante el incumplimiento de la suspensión de la obra por 45 días, y durante el mes de agosto, los manifestantes se trasladaron a las instalaciones del campamento del proyecto Vilavilani y tuvieron enfrentamientos con el personal de seguridad quienes habrían amenazado con reprimirlos y los manifestantes respondieron con la quema del campamento.
El proyecto Vilavilani II Fase I, tiene por primer componente, la construcción de la bocatoma y del canal de conducción Vilachaullani, El cual consiste, en la instalación de la bocatoma que se conectará con una tubería subterránea y recorrerá 42 kilómetros hasta empalmar con el canal de Calachaca Tramo II en el sector de Titijahuani. Ahí el agua ingresará al sistema de canales que transportan agua hacia Tacna y beneficiará a 350 mil habitantes y según el PET, el canal Vilachaullani tendrá una capacidad de mil litros por segundo. A partir, de este esquema se aprovechará llevar el agua por la tubería subterránea, 361 l/s en promedio anual sumado a los excedentes, que provendrá del túnel Kovire.
Tras, esta tensa situación el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) tomó la iniciativa de sostener varias reuniones con alcaldes de Capaso, Mazocruz, Conduriri e Ilave y autoridades de la región Tacna, logrando la cancelación de los componentes, 2, 3 y 4 del Proyecto Vilavilani II Fase I, (Planta de bombeo ojos de Copapaujo, Explotación de aguas subterráneas El Ayro y Conducción Cerro Blanco – La Yarada mejoramiento y sistema de riego) con lo cual, los trabajos quedan suspendidos, sin afectar los recursos naturales de las zonas en conflicto. Durante las negociaciones se logró la modificación contractual de la bocatoma y del expediente para el punto de captación, con lo cual no se derivarán aguas del río Maure. La disputa por el agua entre la Región Puno y Tacna es el reflejo de los próximos conflictos que saldrán a flote en otras partes del territorio peruano, producto del cambio climático a nivel global, que viene generando sequías, disminución de lluvias y la reducción de los nevados (origen de los ríos y reserva de aguas dulces). Las consecuencias que tendría sobre las zonas urbanas y rurales serían alarmantes.
El segundo componente, del proyecto Vilavilani II Fase I es el afloramiento de agua ojos de Copapujo, y nace en la margen derecha del río Maure, es una fuente hídrica superficial que está considerada en el proyecto y según el PET captura un promedio de 243 l/s en meses de estiaje que serán bombeadas a la bocatoma de Vilachaullani, entre abril y diciembre. En el primer caso, las poblaciones altoandinas del Collao e Ilave (Puno) y las poblaciones locales de Tarata (Tacna) se oponen a la ejecución de dicho proyecto debido a que arriesgan su sostenibilidad hídrica y denuncian que el proyecto no cuenta con licencia social y que el estudio de impacto ambiental realizado se encuentra desfasado. 12
ESQUEMA HIDRÁULICO DEL PROYECTO VILAVILANI II - ETAPA I
Ernesto S. Palacios Salazar ernesto.palacios@unmsm.edu.pe
Bachiller en Sociología de la UNMSM con estudios en Administración y Gestión Pública, Relaciones Comunitarias y Responsabilidad Social. Miembro de Crear Perú y organizador del proyecto “Escuela Abierta de Sociales” año 2019-2020.
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II. CONFLICTOS DEL PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2020
Escazú, una oportunidad pérdida Mirjhan Ramírez Lino
OBJETIVOS: 3) SALUD Y BIENESTAR, 10) REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 12) PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES, 13) ACCIÓN POR EL CLIMA, 15) VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES, 16) PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS, 17) ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS El pasado 20 de octubre, el Congreso del Perú decidió rechazar la ratificación del Acuerdo de Escazú, esta era una oportunidad para mostrar su compromiso para garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales; esta negación no solo perjudica a la población actual sino también el bienestar de las futuras generaciones. El Acuerdo de Escazú enumera diversos principios, entre ellos el Principio de Equidad intergeneracional, que busca asegurar el desarrollo económico de manera sostenible sin hacer uso indiscriminado de nuestros recursos naturales, así las generaciones siguientes tengan las mismas oportunidades que nosotros; ello implica a la población cuidando el ambiente y exigir al Estado políticas públicas que respeten nuestra biodiversidad. La indiferencia de nuestras autoridades va teniendo consecuencias, la más resaltante son los asesinatos de 5 defensores ambientales en lo que va del año, abandonarlos da carta libre a que los sigan violentando y deja expuesto nuestro territorio a la tala, minería ilegal y a los traficantes de terreno. Por lo tanto, las presentes y futuras generaciones tendrán que afrontar las consecuencias de las decisiones de nuestras autoridades políticas actuales, nuestro equilibrio ambiental y social está en juego.
Mirjhan Yerania Ramirez Lino
mirjhanrl@gmail.com Bachiller en sociología de la UNMSM. Estudios en Gestión y Dirección de Proyectos, Gestión y Administración Pública y Responsabilidad Social Empresarial y Relaciones Comunitarias.
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FUENTE: Andina/Difusión
II. CONFLICTOS DEL PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2020
Comportamiento de las protestas sindicales y sociales en el tercer trimestre del 2020 Rosa Saavedra Beraún
ODS: 3) SALUD Y BIENESTAR, 4) EDUCACIÓN DE CALIDAD, 7) ENERGÍA ACCESIBLE Y NO CONTAMINANTE, y 8) TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Entre los meses de julio a septiembre del año en curso, las protestas sociales a nivel nacional han roto la tendencia creciente de los meses anteriores, especialmente del mes de junio en que se reportó el mayor número de protestas en el país, según nuestro análisis de los reportes de la Defensoría del Pueblo, 2020. Esta tendencia a la calma social se asemeja al comportamiento decreciente de los números de casos por Covid-19 desde fines de agosto a nivel nacional, pero dista del contexto político de alta confrontación entre el Ejecutivo y Legislativo, que devino en una primera moción de vacancia frustrada contra el Presidente Vizcarra en septiembre del 2020. Cabe señalar, que el pedido de vacancia no tuvo eco en las plataformas de lucha de los principales grupos de presión sindical y social a nivel nacional. Es más, desde algunas viviendas de Lima Metropolitana (Jesús María, San Isidro, otros) se hicieron protestas con cacerolazos en contra de una eventual destitución del Presidente de la República. Sólo un reducido número de colectivos virtuales se mostraron a favor de vacar a Vizcarra desde las redes sociales. En general, las medidas para expresar los reclamos tienen un nivel bajo de violencia y limitada movilidad, siendo los plantones y concentraciones las expresiones predominantes, acorde con la situación de Estado de Emergen-
Fuente: Defensoría del Pueblo - Elaboración Propia
cia Nacional que en el país existe.En general, las medidas para expresar los reclamos han tenido un nivel bajo de violencia y limitada movilidad, siendo los plantones y concentraciones las expresiones predominantes, acordes con la situación de emergencia sanitaria que vive el país Los principales promotores de las protestas siguen siendo los gremios y sindicatos, seguidos de organizaciones poblacionales. En menor medida, figuran los estudiantes, grupos familiares, organizaciones indígenas y agrarias En tiempos de pandemia por Covid-19, la presión sindical se ha concentrado en el sector salud por demandas de equipos de protección personal, estabilidad laboral, contratación de mayor personal, bonificaciones extras por la emergencia sanitaria, cambios de autoridades administrativas y pago de remuneraciones pendientes. Sin embargo, en la medida que los casos por Covid-19 fueron disminuyendo, las protestas de los trabajadores de la salud tuvieron un comportamiento oscilante. En el mes de agosto, se evidenció el pico de protestas en ese sector que fue dinamizado por las paralizaciones nacionales de sindicatos de enfermeras y trabajadores del Seguro Social del Perú y la Federación Médica Peruana, que merecieron las intervenciones de las autoridades competentes. En septiembre, los reclamos disminuyeron considerablemente, a pesar del paro nacional de dos días organizado por el sindicato médico del Seguro Social del Perú.
Fuente: Defensoría del Pueblo - Elaboración Propia
Por otro lado, en la medida que las actividades económi15
cas se han ido reactivando, trabajadores de los sectores comercio, educación, construcción y minería, principalmente, así como de las municipalidades han expresado mayores demandas en materia económica qué medidas de bioseguridad, con excepción de los sindicatos de trabajadores mineros que perciben mayores riesgos de contagio por Covid-19. Los reportes que ONG de Derechos Humanos publican sobre los números de contagios en trabajadores mineros habría influenciado en este tipo de reclamos. Los gremios de comerciantes, por su parte, han exigido a las autoridades municipales, fundamentalmente, que se les brinde facilidades para desarrollar su trabajo comercial e independiente; en tanto que en los trabajos dependientes predomina la exigencia del pronto abono de sus remuneraciones y mejores condiciones laborales. El impacto negativo de las medidas restrictivas por la pandemia en el empleo muestra su correlato en el incremento de reclamos sociales vinculados a acceso a ingresos económicos. En el sector social, se apreció un incremento de protestas durante el mes de septiembre por parte de las organizaciones poblacionales, como frentes de defensa, asociaciones de vivienda, comités de lucha y pobladores organizados. Las demandas fueron diversas y han respondido a los efectos económicos y sociales de la pandemia como al cuestionado desempeño de las autoridades y entidades 16
públicas en su rol proveedor, supervisor y sancionador. Se tiene así demandas como el otorgamiento de bonos a cargo de las empresas mineras ante la reducción o pérdida de ingresos económicos de los hogares; disminución de las tarifas de servicio de agua y energía eléctrica en las viviendas; rechazo a la explotación minera y petrolera por ser contaminantes o incumplir con los acuerdos fijados con las comunidades; y contra la débil gestión de autoridades locales, principalmente. De otra parte, un significativo número de protestas han sido efectuadas por grupos sociales diversos conformados a partir de relaciones de parentesco, procesos de enseñanza-aprendizaje y uso de recursos naturales compartidos. Se trata, por ejemplo, de grupos familiares que han enarbolado agendas colectivas que expresan su disconformidad con el sistema de administración de justicia y el débil control estatal en la prestación de servicios básicos, entre ellos salud y educación. Desde las organizaciones indígenas y agrarias, se exige un mayor acceso a la prestación de servicios de salud y educación debido a la emergencia sanitaria, así como un mayor apoyo estatal para superar la crisis en el sector agrario. Finalmente, estudiantes de universidades han insistido con la reducción de las pensiones educativas, mayor transparencia y mejoras en la calidad de la enseñanza.
FUENTE: FTCCPERU
Rosa Luz Saavedra Beraun rosaluz_sb@yahoo.com
Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Federico Villarreal y magister en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente, cursa el Doctorado en Políticas Públicas y Gestión del Estado en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). Cuenta con experiencia en el análisis de los conflictos sociales.
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II. CONFLICTOS DEL PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2020
Comunidades Indígenas defienden sus Derechos a la Vida y al cuidado del Medio Ambiente ante la construcción de la Hidrovía Amazónica Scarlett Chavez Ochoa
ODS: 1) FIN DE LA POBREZA, 2) HAMBRE CERO, 3) SALUD Y BIENESTAR, 10) REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, 13) ACCIÓN POR EL CLIMA, 15) VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES, 16) PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS La intervención de los recursos naturales genera un impacto ambiental, y cualquier modificación que sufra el medio ambiente como consecuencia de las actividades humanas genera el empeoramiento de su calidad y con ello consecuencias en el bienestar de los pobladores, la economía, el ecosistema y la salud. De esta manera cuando se intervienen estos ecosistemas sin realizar un previo estudio integral y transversal de la dinámica sociocultural del lugar, se generan conflictos constantes, y hoy por hoy nos encontramos ante la incertidumbre en cuanto a la continuidad de este proyecto que depende mucho de las estrategias y soluciones que puedan plantear los actores involucrados ante las consecuencias que ocasione este proyecto de desarrollo. Por esta razón el abordaje del conflicto social que se viene gestando hace un par de años en relación a la construcción de la Hidrovía amazónica que es un proyecto concesionado por el Estado peruano y aprobado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en el año 2017, viene presentando dificultades para su ejecución por la principal razón de no contar con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) favorable, es decir este estudio no brinda las medidas necesarias para salvaguardar a las comunidades indígenas que viven en los ríos y el cuidado del vital pulmón del mundo, que es la amazonia. Por su parte el gobierno peruano bajo intereses principalmente políticos y económicos de posicionar al país como una potencia productiva y competitiva en América latina y en el mundo, promulga en el 2019 el Decreto Supremo 238-2019- EF, donde aprueba el Plan Nacional de Infraestructura Competitiva ( PNIC) el cual promueve la construcción de la hidrovía amazónica como una hoja de ruta para lograr el desarrollo económico, proponiendo la mejora de la conectividad y de las condiciones de navegabilidad entre los ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas, sin tomar en cuenta lo que esto desencadenaría. La problemática planteada por las comunidades indígenas es que la construcción de la hidrovía afecta a más de 18
14 comunidades dañando las propiedades del río, acabando con el ecosistema y afectando la vida de los pobladores que usan las aguas del río para su consumo. También se vería afectada la seguridad alimentaria ya que con el dragado removerán el fondo del río y esto ahuyentará a los peces del lugar. Las principales provincias que se verán afectadas económicamente serían Loreto y Ucayali por las cuales pasan los ríos a intervenir, y en donde la empresa SYNOHIDRO plantea realizar 23 puntos de dragado. Las comunidades se oponen a que continúen con el proyecto y exigen justicia y respeto a sus derechos y a la consulta previa que si bien está enmarcada en la legislación nacional no fue considerada para este macroproyecto y por su parte la Concesionaria Hidrovía Amazónica S.A. (Cohidro), conformada por la empresa china Synohidro y la empresa peruana Construcción y Administración S.A (CASA), desistió en diciembre del 2019 de continuar con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), después de tener más de 400 observaciones elevadas por SENACE, argumentando que no podrán subsanar estas observaciones por falta de información, sin embargo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones señaló que el contrato de concesión continúa vigente. La negativa de las comunidades indígenas viene a raíz de las muertes que se han presentado ante otros proyectos de desarrollo como los constantes derrames de petróleo a lo largo del oleoducto Norperuano y la contaminación de decenas de ríos por minería aluvial que han provocado un impacto perjudicial para la salud de miles de personas intoxicadas con metales pesados; su miedo y preocupación se encuentra ante la respuesta indiferente del Estado ante las víctimas humanas que han cobrado estos proyectos. El Atlas de Conflictos Socioterritoriales Pan-Amazónico sustenta que a Perú se le conoce como un país andino, pero en realidad el territorio peruano está comprendido aproximadamente por un 60% de amazonia. Después de Brasil, Perú es el país con mayor territorio amazónico, con más de 73 millones de hectáreas de bosques tropicales y donde además viven 51 pueblos indíge-
FUENTE: Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
nas organizados en más de 2.500 comunidades nativas y más de 1.000 comunidades campesina. En relación a las comunidades indígenas proponen que se respete el acuerdo de Escazú, que plantean los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que les permitirá a las personas puedan tener información de cómo un proyecto en particular podría afectarlo y el impacto al medio ambiente, incorporando enfoques de interculturalidad y género. Sin embargo, el pasado martes 20 de octubre la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la
República rechazó el acuerdo de Escazú alegando que este atentaría con la soberanía nacional y la seguridad del país. La situación de construcción de la hidrovía amazónica en la actualidad atraviesa un período de silencio por parte de las instituciones del Estado, donde aún no se pronuncian todos los actores en busca de una solución eficiente y en espera de respuestas concretas es necesario la intervención del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Cultura que juegan un papel importante en la solución de este conflicto.
Scarlett Chavez Ochoa soc.scarlett@gmail.com
Socióloga colegiada, con experiencia en el sector público y privado como profesional en administración de programas sociales, bienestar social, asistencia técnica administrativa y operaciones. Orientada a la investigación social, desarrollo de proyectos y programas sociales, conocimientos en relaciones comunitaria, resolución de conflictos, planificación estratégica y gestión pública.
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II. CONFLICTOS DEL PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2020
Conflicto Socio Ambiental: Contaminación de la Cuenca Llallimayo – Melgar por la Unidad Minera Arasi, de la Empresa Aruntani S.A.C. Wagner Mamani Vilcapaza
ODS: 1) FIN DE LA POBREZA, 2) HAMBRE CERO, 3) SALUD Y BIENESTAR, 10) REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, 13) ACCIÓN POR EL CLIMA, 15) VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES, 16) PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS La intervención de los recursos naturales genera un imSegún la Defensoría del Pueblo en la región Puno se cuenta con 14 conflictos sociales, de los cuales 09 son de tipo socio ambiental. La unidad minera ARASI, de la empresa Aruntani S.A.C., se ubica en el distrito de Ocuviri (Lampa); sin embargo, hidrográficamente se encuentra en la cuenca del río Llallimayo. ARASI cuenta con 2 plantas de tratamiento de aguas ácidas que se generan en los componentes mineros. OEFA identificó la existencia de metales pesados en varios puntos de monitoreo de agua, sedimentos y suelos que exceden la normativa ambiental. Asimismo, determinó que las actividades mineras de ARASI contribuyen a incrementar la presencia de estos metales que existen en la zona de manera natural. En mayo de 2018, OEFA ordenó 40 medidas para controlar y evitar impactos negativos al ambiente y remediar las zonas afectadas; entre ellas: El cierre final del botadero y tajo Jessica, no realizar actividad de explotación y beneficio durante la ejecución del cierre del tajo, El Pad de lixiviación debe seguir operando para eliminar todo el cianuro existente en el material depositado en el pad antes de que se ordene el proceso de cierre final de mina. En caso estas actividades se paralicen, se produciría un rebalse de solución cianurada en las zonas de operación que incrementa la afectación a la quebrada Yuchusani. Con RM 162-2019-PCM se conformó la Mesa de Trabajo para abordar la problemática socio ambiental de la cuenca de Llallimayo, que comprende los distritos de Ayaviri, Cupi, Llalli y Umachiri, provincia de Melgar. Como resultado de la supervisión ambiental, OEFA dispuso la paralización y desmantelamiento de los componentes mineros, mediante medidas cautelares, en vista que la empresa seguía desarrollando actividades de procesamiento y recuperación de oro con cianuro, mercurio y zinc. Al mismo tiempo se ha realizado protestas por parte de la población que se acentúa en la cuenca a consecuencia de ello. El Estado peruano firmó la RD N° 01110-2019-OEFA/DFAI que amplía los alcances de la sanción anterior para asegurar el cierre de la mina dentro 20
de un plazo de 180 días. Los ministros de Energía y Minas, Ambiente y Vivienda, Construcción y Saneamiento se reunieron con el gobernador de Puno (Walter Aduviri Calizaya) y con las autoridades locales de la provincia de Melgar. Como resultado se levantó la medida de protesta. Las autoridades de Puno sostuvieron que se dio una tregua al Estado para que emita una nueva resolución que paralice inmediatamente la mina. Las acciones realizadas durante el presente año, en el mes de agosto hubo sesión virtual de la Mesa de Trabajo, encabezada por la ministra de MINAM en marco del Covid - 19. Durante la reunión, MINEM se comprometió a ejecutar la Carta Fianza (de aproximadamente US$ diez millones) de la empresa Aruntani para culminar el cierre. Sin embargo los compromisos no se han estado cumpliendo y ha seguido operando la minera y contaminando la cuenca a consecuencia de ello los alcaldes distritales de Cupi, Llalli, Umachiri y Ayaviri, los dirigentes sociales, el gobernador regional de Puno y los congresistas de la región Puno, aprobaron un plan de trabajo para garantizar la calidad ambiental y revertir la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca pero tampoco se cumplieron en práctica todo los acuerdos por autoridades. Según el proceso de intervención del conflicto de la Cuenca LLallimayo, en el proceso de intervención. El estado está apostando a una intervención a corto plazo; sin embargo, esta estrategia no está dando resultados y si ello no llega a algo concreto el conflicto puede desencadenar en una crisis del conflicto. La gestión del conflicto en la cuenca Llallimayo por parte del ejecutivo no está resultando positivamente esto debido a que, en las diferentes mesas de trabajo realizadas, envían a funcionarios que no tienen poder de decisión para solucionar las demandas que realizan los actores sociales.
FUENTE: Correo
Wagner Mamani Vilcapaza wagnermveias@gmail.com
Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Actualmente, cursa estudios de maestría en Relaciones Comunitarias y Resolución de Conflictos Sociales en la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Tiene diplomados en Gestión Social en Saneamiento Ambiental, Gerente General en Ingeniería y Gestión Socio Ambiental. Ha laborado en el sector público y privado en entidades como Ministerio de Vivienda, Construcción, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gobierno Regional, Municipalidades y empresas privadas. Realizó Consultorías para Estudios de Impacto Ambiental (DIA, Semi Detallado y Detallado) en los sectores como Vivienda, Agricultura, Transportes, Salud, Producción entre otros.
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II. CONFLICTOS DEL PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2020
Crisis política e institucional en COVID-19 Majed Velásquez Veliz
ODS: 3) SALUD Y BIENESTAR, 10) REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, 13) ACCIÓN POR EL CLIMA, 16) PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS, 17) ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
El Artículo N° 134, de la Constitución Política del Perú, indica que “No puede disolverse el Congreso en el último año” y a partir de dicho mandato las tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso de la Republica se han agudizado, al punto de iniciar procesos de vacancia al Presidente Martin Vizcarra, debido, a la dificultad del Presidente por organizar una coalición política que contribuya a terminar su gobierno, así como, la externalidad del inicio de un proceso electoral que definiría el poder del país a miras del 2021 – 2026 y donde los grupos de interés establecen estrategias de posicionamiento para aumentar sus posibilidades de ser gobierno durante el próximo lustro. Por lo tanto, en el mes de septiembre se difundieron audios sobre un posible delito de tráfico de influencias en el Ejecutivo, al respecto del controversial caso de Richard Cisneros (“Richard Swing”). Nuevamente, la figura de incapacidad “moral” sostenía los argumentos de parte del Congreso de la República y el Ejecutivo señalaba los “apetitos” electorales tras dichos cuestionamientos. En el transcurso de dicho proceso. el Presidente del Congreso Manuel Merino de Lama establece comunicación con altos mandos de las Fuerzas Armadas, lo que es interpretado por la opinión pública como un elemento de convicción del interés político de vacar al Presidente.
su “afán” de imponer la agenda política-electoral a la agenda nacional y prioridad del COVID 19. Al cierre de la edición de este Reporte, se evidencia que los grupos políticos disociadores del Congreso consiguieron vacar al Presidente de la República pero sin el respaldo y la legitimidad de la población peruana que se vio aún más disminuida por el desinterés del Congreso a la agenda de salud pública, a la no ratificación del Acuerdo Escazú y a la electorización de su agenda legislativa. Se ha logrado comprobar la “re-emergencia” del movimiento juvenil y de organizaciones sociales que han posibilitado recobrar un Estado Democratico y que a partir de diferentes manifestaciones y expresiones de tipo social y cultural se movilizaron por una viabilidad del país y una oposición al caos y desgobierno.
El 18 de septiembre del 2020, se realizó en el Congreso de la República la votación de la moción de la vacancia Presidencial y no se logra conseguir los 87 votos necesarios para la declaratoria de incapacidad moral y sin lugar a dudas, parte del Congreso de la República demuestra
Majed Velásquez Veliz emirmajed@gmail.com
Sociólogo y Magíster en Salud Intercultural en la Universidad de la Costa Caribe Nicaragüense - URACCAN, Nicaragua. Cuenta con 16 años de experiencia en temas amazónicos, pueblos indígenas, interculturalidad y desarrollo sostenible y con especialización en gestión pública, salud colectiva y gestión del conocimiento, Actualmente, es Responsable del Observatorio de Conflictos del Colegio de Sociólogos del Perú y Directivo Nacional de dicha institución.
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FUENTE: El Congreso de la RepĂşblica
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III. ¿Hacia dónde va el Perú? Federico Alejandro Dejo Soto
Los problemas en un país aparecen cuando hay deficiencias organizativas que a su vez se traducen en poca capacidad para resolver las demandas de los actores a los cuales se debe el aparato público, los que muchas veces son actores complejos, que se agrupan según sus propios intereses y por lo tanto, no siempre coincidirán con los de otros grupos con los cuales se relacionan. Por lo tanto, se requiere un conocimiento profundo y manejo diestro de los distintos actores, para encontrar los puntos de equilibrio y satisfacción a sus diferentes demandas. El gran administrador del país es el Estado, que es una organización enorme que para funcionar y atender las múltiples demandas de sus pobladores y recursos que lo sustentan, requiere una gestión ordenada y a la vez multidimensional que le de eficiencia y eficacia, no solo para resolver los problemas cuando se presentan, sino y sobre todo, tener la capacidad suficiente para adelantarse con sentido preventivo a la ocurrencia de los mismos y evitar los altos costos que significa resolverlos cuando ya se han presentado. En un Estado como el peruano, lograr el equilibrio y eficiencia de su estructura organizativa, para que a su vez sea eficaz para atender la gran diversidad de demandas de grupos con intereses propios, distribuidos en un enorme territorio, con regiones que tienen sus propias características fisiográficas y étnico culturales, es importante que primero conozca cuales son y cómo se distribuyen los recursos con los que se cuenta en cada espacio y evaluar el nivel de existencia y calidad de los mismos. En segundo lugar, requiere tener claridad en identificar en qué lugares del país están ubicados los distintos grupos poblacionales y cuáles son las demandas que requieren satisfacer a corto, mediano y largo plazo. Así, la organización, en este caso el Estado peruano, se preparará adecuadamente para atender cada demanda, ya sea a nivel nacional, regional o local. Por otro lado, para que la organización funcione requiere un alto nivel de gobernanza. ¿Qué significa esto? Significa que todos los actores que interactúan bajo la administración de la organización, la reconozcan como la institución donde se discuten y acuerdan las normas y reglas de comportamiento y actuación de todos los grupos de interés, de manera que la articulación e interacción entre ellos, no sea asimétrica en función al poder específico que pueda tener cada grupo social, sino que prime la equidad general basada en principios de respeto a las 24
diferencias étnicas y culturales como partes de una sola nación. Y sobre todo, que esos principios y normas sean reconocidos por todas la sociedad y se respeten. De no ser así, la gobernanza perdería fuerza y se impondría la informalidad y la anarquía, donde cada cual haría lo que le parezca en gana. Y eso se manifiesta como debilidad institucional del Estado y de los organismos de gobierno. El que nuestro país vaya de problema en problema, ad portas de celebrar el bicentenario de nuestra independencia, obedece en gran medida a esos dos aspectos: poca capacidad organizativa para responder a los bajos niveles de eficiencia de los diferentes recursos con los que contamos, sean recursos naturales, sociales, productivos e institucionales, que son los cuatro grandes pilares o dimensiones que tiene un país para avanzar hacia el desarrollo y satisfacer de manera satisfactoria las necesidades de la población; y la débil gobernanza entre el Estado y la sociedad en general, donde lo característico es tratar de burlar las normas y recurrir a la práctica de la corrupción para sacar ventaja en interés propio y desmedro de lo público y social. Si continuamos así, el año del bicentenario y los siguientes, no serán mejores que los doscientos años que ya llevamos como república independiente. ¿El gobierno que asuma el poder el próximo año, será capaz de resolver esas carencias? Si no lo hace, el próximo escenario que nos espera es la ingobernabilidad, más corrupción y más pobreza.
1. El Estado actual de nuestro Ă?ndice de Desarrollo Sostenible (IDS).
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2. Considerando como medida de nuestro territorio el Índice de Desarrollo Sostenible (IDS), y utilizando la tabla de e tramos ahora y que posiblemente, sea el que esté vigente para cuando en julio 2021, lleguemos al Bicentenario de la R consideramos el promedio ponderado es 3.15/10.
Escenarios de desarrollo, por categorías
Óptima
Intermedia
Baja
Puntaje en el IDS
PERÚ: Valor del IDS sin ponderar (oct. 2020)
8 a 10
6 a 7.99
4 a 5.99
Aquí estamos
Crítica
2 a 3.99
Aquí podríamos estar en pocos años si no hay mejoras Muy crítica, crisis genera-lizada
1 a 1.99
3.2
Características de los escenarios de las difer 2.80 Subsistema Recursos Naturales
3.71
Subsistema Recursos Sociales y Poblacion
Gran respeto de la población y el gobierno por la preservación del medio ambiente. Las políticas públicas lo favorecen. Hay inversiones permanentes para mejorar los espacios de áreas naturales. Se cuida mucho la biodiversidad.
Acceso universal, equitativo y de alta calidad a educación y la salud. Servicios públicos eficien seguros. Ingresos laborales muy altos. Viviend cómodas. Calidad en la recreación. Gran capa hacer turismo.
Hay conciencia ambiental en gran parte de la población y el gobierno. Las normas ambientales se cumplen y se recuperan los daños causados. Sin embargo, aún falta más control.
Acceso universal a la educación y la salud, aun de mediana calidad. Servicios públicos satisfa Ingresos laborales satisfactorios cubren las ne básicas y alcanza para recreación y viajes.
Mediano interés de la población y el gobierno por la preservación am-biental. Falta más control y sanción. Deterioro de los suelos, bosques y el agua. Depredación de especies de la fauna local. La legis-lación sobre manejo y conservación de los RRNN y fauna silves-tre y doméstica existe pero los orga-nismos público y privado la cumplen a medias. En las zonas urbanas la contami-nación por emsisio-nes de vehiculos es muy alta y el manejo de residuos líquidos y sólidos es escaso.
El acceso universal a la educación existe en co públicos, pero un porcentaje alto generalment precarios. El siste-ma de salud no cubre a tod población y faltan medicinas, equipos quirúrg e infra-estructura hospita-laria. Servicios púb no cubren a toda la población y muchos de el deficientes. Alta informalidad laboral. Salario Delincuencia e inseguridad.
El interés por la preservación ambiental es incipiente tanto en el sector público como privado. Es relevante solo en casos particulares, como las ONGs ambientalistas. El suelo, la fauna y los bosques, así como el agua están generalmente depredados y contaminados. La mayoría de las ciudades importantes del país tienen el aire muy saturado por emisiones tóxicas. La amazonía padece la presencia cada vez más intensa de explotación ilegal de oro, cultivos ilegales de coca, extracción ilegal de madera, construcción de caminos sin permiso que facilitan la extracción de todo tipo de productos sin permiso de las autoridades.
Baja oferta de educación pública de calidad. S básicos de salud, saneamiento y limpieza púb deficientes y en muchos casos ausente. Infraes ras y equipos con muy bajo man-tenimiento. precario. Alta In-formalidad laboral. Bajas po dades de recreación para la mayoría de la pob Tenden-cias emigratorias de la población. Alt niveles de inseguridad pública. Persisten laspr de discrimina-ciónsocial. La debi-lidad de est tema lo hace muy propenso a la amenaza y em enfermedades como la malaria, dengue, cánce tuberculosis y, últimamente, el coronavirus.
No existe ningún interés por la preservación ambiental. Todos los recursos naturales están a expensas de la contaminación y la depredación. El acceso y control a los mismos obedece a la ley del más fuerte.
Bajas posibilidades de acceder a la educación. vicios públicos casi inexistentes. Alta morbilid mortalidad. Alto número de refugiados. Saqu delincuencia. éxodo poblacional.
Fuente: Base de datos del sistema de gestión Planning & Project System. Elaboración: Dejo, F. 26
escenarios posibles por los que puede pasar un país en camino a un futuro mejor, veamos en cual nos enconRepública. El puntaje de nuestro IDS en base a un promedio simple de todos sus indicadores es 3.2/10. Pero si
rentes Zonas de Desarrollo Territorial, según el IDS obtenido 3.52
2.76
Subsistema Recursos Económicos, Científicos y Productivos
Subsistema Recur-sos Institucionales y Normativos
Alto desarrollo tecnológico. Diversificación productiva. Impulso a la producción ecoeficiente. Especial cuidado en el uso y disposición final de residuos. Altos niveles de competitividad empresarial. Estabilidad monetaria.
Gobiernos democráticos, transparentes y muy estables. Población muy activa en las decisiones de interés público. Respeto al cumplimiento de las leyes. Predomina la ética pública. Confianza en las relaciones contractuales.
nque Mediano desarro-llo de la tecnolo-gía productiva. actorios. Preocupación por la producción ecoeficiente pero ecesidades no se impulsan nuevas tecnolo-gías. Destacados niveles de com-petitividad em-presarial. Estabili-dad monetaria.
Gobiernos democráticos pero no muy transparentes. Hay respeto a los DDHH. Población activa frente a las decisiones de interés público. Hay una confianza debilitada con relación a los poderes públicos. Se mantiene una ética pública.
olegios nte son da la gicos blicos llos son os bajos.
Tecnologías productivas tradicionales y de baja competi-tividad. Hay un cierto desarrollo del mercado interior. La eco-nomía es muy dependiente de las inversiones extranjeras. Baja competitividad empresarial. Industria poco diversificada. Tendencia al control monopó-lico de la indus-tria y la banca. Los pequeños productores tienen bajo acceso a tecno-logías modernes en producción y gestión. Los créditos banca-rios tienen altas tasas de interés.
Gobiernos respe-tan las formas de la democracia y los DDHH. Pero también hay dictaduras disfra-zadas. Los pode-res políticos son poco competen-tes y fáciles de caer en la corrup-ción. La ética pública y las instituciones en general son débiles. Las auto-ridades y la po-blación son re-nuentes a cumplir las leyes. La paz social es difícil de lograr y son fre-cuentes los con-flictos socioam-bientales. Las minorías étnicas son generalmen-te excluidas de las decisiones importantes.
Servicios blica muy s-tructuEmpleo osibiliblación. ltos rácti-cas te sub-sismbate de er, zika,
Escasa capacidad tecnológica y productiva. In-dustrias conta-minantes. Baja competitividad empresarial. Infraestructura vial muy defi-ciente en las poblaciones del interior del país. Escasa capacidad de gasto y ejecu-ción de proyectos de calidad por parte de las diferentes ins-tancias de go-bierno. Economía muy centralizada en la capital nacional. Gene-ralmente expor-tadores de mate-rias primas. Precios monopó-licos de produc-tos de primera necesidad gol-pean a los sec-tores más po-bres. El sistema financiero oferta tasas crediticias que en la mayo-ría de casos son usureras y expo-lian la capacidad de pago de las pequeñas em-presas y pobla-ción de bajos ingresos.
Gobiernos con democracias muy débiles o dictato-riales. La corrup-ción es una prác-tica común a nivel de gobierno y la sociedad. Los partidos políticos son cascarones con escasas bases populares que tienden a apoyar líderes autocráticos. Hay poco respeto a las normas y los DDHH. La pobla-ción y los poderes públicos no res-petan las leyes. Estas además no son socializadas de manera am-plia para que la población las conozca y entien-da la razón de ellas y el posible beneficio que traen consigo si es que se acatan. Desprestigio muy fuerte de los principales pode-res públicos y alto nivel de descon-fianza de la po-blación hacia ellos.
. Serdad y ueos y
Muy pocas actividades productivas. Generalmente agropecuarias a nivel de sobrevivencia. Escasa competitividad empresarial. Descontrol económico. Mafias controlan sectores claves de la economía. Las carreteras están bajo control de poderes locales, muchos de ellos de tipo del delincuencial.
Gobiernos dictatoriales y corruptos. Los poderes públicos casi inexistentes. Guerras y conflictos territoriales. No hay respeto a los DDHH. La institucionalidad es casi inexistente. Mafias armadas intentarán tener el control de territorios e imponer su poder mediante el terror.
nales
a la ntes y das muy acidad de
PERÚ: Valor ponderado del IDS (oct. 2020)
3.15
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3. La tendencia histórica del IDS tiene una secuencia descendente acentuada a lo largo de los últimos años, y de acuerdo a los acontecimientos ocasionados por el coronavirus, esa secuencia continuará por lo menos durante el próximo año. Evolución del IDS del sistema territorial peruano en los últimos doce años
Fuente: Base de datos del sistema de gestión Planning & Project System 4. La tendencia general se ratifica si observamos la secuencia de evolución de los diferentes subsistemas durante los últimos 10 años. Para que dicha tendencia cambie, tienen que producirse reformas necesarias que permitan a las variables de los diferentes subsistemas, alcanzar metas que conduzcan a mejores escenarios. G#2 Evolución anual del IDS por Subsistemas
Elaboración: Dejo, F. Base de datos del Planning&Project System
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FUENTE: Andina/Difusión
Para revertir la tendencia decreciente del IDS, es fundamental que la sociedad peruana a través de sus diversos actores, concuerdan en proponer una Visión que ilumine la ruta hacia el desarrollo sostenible en un lapso entre 10 a 20 años y para lo cual, la eficiencia del Estado y la gobernanza del país, deben avanzar a un nivel de desenvolvimiento óptimo. Si no se superan esos dos aspectos, en pocos años las amenazas actuales y futuras pueden llevarnos al peor de los escenarios. Es interesante hacer notar que los subsistemas que
durante los últimos 10 años vienen teniendo el peor desempeño, son el Subsistema Recursos Naturales, y el Subsistema Recursos Institucionales y Normativos. El primero, en la situación actual está repercutiendo negativamente en el calentamiento global, la capacidad de producción de alimentos y la preservación de la biodiversidad. El segundo, al nivel de eficiencia en que se encuentra, esta repercutiendo negativamente en la capacidad de gestión de los asuntos públicos, el respeto a la gobernanza, la equidad y justicia social, la seguridad y tranquilidad pública.
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5. Cambiar hacia un mejor futuro: La tabla de objetivos para diferentes escenarios, sirve de orientaciรณn para proponerse metas de ascenso de corto, mediano y largo plazo, hasta alcanzar el nivel รณptimo de desarrollo que a su vez sea sostenible y evite una involuciรณn no deseada.
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6. Un aspecto muy importante en el proceso de planificación, es lograr el equilibrio sistémico en la eficiencia del sistema, lo cual implica que todos los componentes y variables deben llegar a un equilibrio que optimice por igual el rendimiento de cada una de las variables y por ende de los subsistemas. De lo contrario, el sistema territorial tendrá baches o debilidades que irán afectando la eficiencia del conjunto y obstaculizará la velocidad necesaria para ir subiendo de escenarios. O peor aún, que lo detenga y genere un proceso involutivo. 7. Veamos el diseño de equilibrio sistémico que debe tener un territorio en función a sus componentes. El diseño incluye una proyección de metas de crecimiento por períodos anuales, hasta el año 10, que se debe alcanzar la meta óptima de 10/10. 8. Metas Programadas para alcanzar el equilibrio sistémico en el año 10.
9. El equilibrio sistémico debe ser una preocupación al momento de gestionar el Plan, dado que en un sistema todas las variables son imprescindibles para el funcionamiento del mismo y por lo tanto, debe buscarse un alto nivel de eficiencia y eficacia en todas ellas, ya que trabajan en conjunto para generar resultados. Si una o más están en nivel deficiente, perjudica el funcionamiento y resultados del conjunto.
Federico Alejandro Dejo Soto fadejo@gmail.com
Federico Dejo, profesor de la Escuela de Post Grado de la Universidad ESAN y la PUCP. Investigador Social y Consultor. Licenciado en Sociología por la UNMSM, con estudios de Post Grado en las especialidades de Sociología y Ciencias Políticas, Ordenamiento Territorial, Gerencia Pública, Planificación Territorial y Desarrollo Regional, Sociología y Cambio Social. Ha sido también docente en la UNALM, UNMSM, UNI, CAEM, UNFV, UNSCH (Huamanga), UNAP (Iquitos), USIL.
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Gráfico que mide el nivel de equilibrio sistémico en un proceso de desarrollo
* El IDS es el promedio aritmético del estado de las variables más importantes y sistémicas de un territorio, las cuales al interrelacionarse, determinan las posibilidades de desarrollo de un país. En pocas palabras, mide la eficiencia del comportamiento de las variables más importantes que influyen en el desarrollo sostenible de una región, una localidad, un país. Las variables que se utilizan para calcular el IDS, tienen un parámetro de referencia que se considera necesario alcanzar para lograr el Desarrollo Sostenible. Si la medición realizada está por debajo del parámetro, se deben implementar acciones para reducir la brecha hasta alcanzar la meta objetivo. La metodología de identificación, proceso e interpretación de la data utilizada para obtener el IDS es holístico y territorial. La información se procesa con el programa Planning & Project System. ¿CÓMO SE OBTIENE EL IDS? Para obtener el IDS nacional, se selecciona un conjunto de variables e indicadores cuyos valores se actualizan permanentemente. La data seleccionada se sustenta en información oficial y de instituciones privadas debidamente acreditadas. Los valores de las variables e indicadores se calculan utilizando una escala de estandarización de puntos que va de 1 a 10, donde 1 es el peor estado de la variable y 10 el mayor. Son 29 variables, 84 subvariables y 88 indicadores que se monitorean permanentemente. Pertenecen a los siguientes subsistemas: económico ambiental, social, económico e institucional. 33
IV. Colegio de Sociólogos del Perú: Pronunciamiento Nacional sobre el intento a la Vacancia Presidencial. POR UN PAÍS VIGILANTE ANTE EL DETERIORO INSTITUCIONAL Y LA OFICIALIZACIÓN DE LA ILEGITIMIDAD La Junta Directiva Nacional y la Junta de Decanos Regionales denuncian el GOLPE DE ESTADO DEL CONGRESO contra la DEMOCRACIA organizado por los grupos políticos, de interés económico y los que conceptúan la educación como un negocio, que bajo una fórmula legislativa confusa y manipuladora han promovido la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Las y los peruanos hemos comprobado las componendas políticas y coaliciones fortuitas que tienen por principales motivaciones las de adueñarse del país en tiempos de COVID 19, y se vuelven explícitas en los primeros días de este Gobierno de Facto sustentado en la fuerza y no en el derecho a partir del retroceso o involución institucional de la calidad educativa, de la reducción de estándares de impacto ambiental y de la promoción de la minería ilegal en la Amazonía, además, de la politización de la estrategia sanitaria del COVID 19 y de la reconformación del Tribunal Constitucional a gusto del Congreso de la República, entre otros muchos aspectos que irán apareciendo. Proponemos un nuevo pacto social, en el que se discuta el modelo económico, colocando en debate el papel del Estado y del mercado en ámbitos como la educación y la salud, respeto a la institucionalidad de la SUNEDU, que se cumpla el cronograma de elecciones generales y que se promueva una jubilación responsable y digna. Saludamos a los movimientos sociales juveniles, de pueblos indígenas, mujeres y ciudadanas y ciudadanos que se han movilizado para atestiguar su disconformidad e indignación por los lamentables hechos que la comunidad internacional ha censurado por la precariedad de su legalidad y su obvia ilegitimidad. Además, convocamos a la expresión de la protesta de forma pacífica, en especial, cuando el Gobierno de Facto ha designado un Premier de épocas políticas pasadas, con pésimos antecedentes de manejo de conflictividad social, como sucedió con el “Baguazo” y nos recuerda los lamentables episodios que suceden cuando la discriminación, la intolerancia y la represión priman en el Poder Ejecutivo. En tal sentido, invocamos a los últimos rezagos de moralidad del Congreso de la República a NO otorgar el 34
voto de confianza al Gabinete Flores – Aráoz. Sin embargo, conscientes de la conducta de los congresistas y sus maniobras para darle un voto aprobatorio, nosotros, como Sociólogas y Sociólogos, estaremos vigilantes a las iniciativas de los grandes negocios corporativos a costa de derribar los derechos humanos de la población más vulnerable, a las medidas de “ajuste” para disminuir la calidad educativa y permitir que se consuma la estafa de generaciones de jóvenes con esperanzas y proyectos de vida, a la reconfiguración del Tribunal Constitucional para concentrar los poderes del Estado y desencadenar una dictadura al mejor estilo fujimontesinista, así como, la represión a los movimientos sociales, a partir del exceso de la violencia física y de la violencia política, con la práctica instalada de la acusación de terroristas a todo acto de insurgencia democrática, que no respeta el artículo 46 de la Constitución vigente. Avizoramos tiempos difíciles para nuestro país y un alto nivel de conflictividad y retroceso institucional. Nuestra historia reciente nos enseña ad-portas de conmemorarse el Bicentenario de nuestra Independencia, que han sido los movimientos sociales quienes han permitido restablecer la conducción democrática del país. Así nos sumamos a la voces opositoras y discordantes con este GOLPE DE ESTADO y nos declaramos en situación de PERMANENTE VIGILANCIA CIUDADANA. ¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DEL DERECHO CIUDADANO A LA PROTESTA! ¡EN DEFENSA DE LA DIVISIÓN DE PODERES! ¡VIVA EL PERÚ! Perú, 14 de noviembre de 2020
FUENTE: Aldair Mejía/EFE
Jonathan Billy Pérez Rodríguez Decano de la Región Piura
David Rojas Arana Decano de la Región Huánuco
Elton Lazo Juan Diego Dávila Cisneros Decano de la Región Cajamarca Decano de la Región Lambayeque Francisco Maya Silva Elia Luna del Valle Decano de la Región Lima Provincias Decana de la Región Lima-Callao Carlos Soto Zavala Selene Torres Gonzales Decano de la Región Centro Decana de la Región Arequipa Gustavo Medina Vilca Pablo Raúl Fernández Llerena Decano de la Región Puno Vice Decano Nacional Eduardo Arroyo Laguna Decano Nacional del Colegio de Sociólogos del Perú 35
V REPORTE TRISMESTRAL DEL OBSERVARORIO DE CONFLICTOS Julio - Septiembre 2020
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