II. CONFLICTOS DEL PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 2020
Incremento de protestas sociales a nivel nacional Rosa Luz Saavedra Beraún
Objetivos: 3 Salud y Bienestar, 4 Educación de calidad, 8 Trabajo y crecimiento económico
En los últimos meses, el Perú ha experimentado un incremento progresivo de manifestaciones colectivas de protesta, a medida que se han incrementado los casos de infectados por Covid-19 a nivel nacional. Todo ello en el marco del Estado de Emergencia Nacional, decretado por el Gobierno Nacional desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio del 2020, que disponía el aislamiento social obligatorio y la suspensión de algunos derechos constitucionales como los relativos a la libertad de reunión.
De las 904 protestas reportadas en el primer semestre del 2020, según informes de la Defensoría del Pueblo, el 51,3% ha tenido como protagonista a los gremios y sindicatos, 30,9% a la población, 5,1% a padres de familia, 4,4% a estudiantes universitarios, 3,5% a comunidades campesinas, 1,8% a comunidades indígenas y 3% a otros sectores. Los gremios y sindicatos que más han recurrido a las calles para expresar sus demandas pertenecen al sector salud. En junio, las protestas de enfermeras, médicos y trabajadores administrativos de salud representaron el 59% del total de las protestas sindicales, superando el 20% que alcanzaron en enero. Las demandas de provisión de equipos de protección personal, pruebas rápidas de descarte de Covid-19, pago de bonos, nombramiento
14
del personal de salud y reposición de trabajadores despedidos durante la pandemia fueron las más recurrentes y reflejan las deficiencias del Estado peruano en garantizar los derechos a la salud y al trabajo de quienes cumplen un rol importante en la lucha contra el Covid-19. Otros gremios y sindicatos que se movilizaron en el mes de junio fueron los trabajadores municipales (12%) por mejoras de las condiciones laborales como equipos de protección y pruebas rápidas; los gremios de comerciantes (7%) por el reinicio de sus actividades comerciales y la reposición de los productos decomisados; personal docente y administrativo del sector educación (5%) por pago de beneficios laborales principalmente; así como trabajadores de construcción civil (4%), sector minero (4%), laboral (4%) y transporte (2%). En tanto que los reclamos poblacionales así como de otros sectores sociales han sido diversos, entre los que destacan los relacionados con la prestación de los servicios públicos y privados (tarifas eléctricas elevadas, pensiones educativas injustas, suspensión del servicio de energía o agua potable, entre otros); los cuestionamien-
