Cuestión de prioridades

Luis Centeno. Caballero Secretario General Adjunto de EC

No podemos negar que el inicio de la presente Legislatura y la formación del actual Gobierno de la Nación, está siendo especialmente complejo e intenso por las circunstancias en las que se está desarrollando, conocidas por todos. En nuestro ámbito, es evidente que existe una incertidumbre sobre el papel que jugará la educación dentro del ajedrez político y cómo afectará a la enseñanza concertada católica.

Prioridades generales

En estos momentos, con los datos de los que disponemos, existe la sensación de que la educación no va a ser una prioridad para el Gobierno por los siguientes motivos. En primer lugar, el nombramiento de la titular del nuevo Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, como Ministra Portavoz del Gobierno, compaginando ambos importantes cargos, no es una situación deseable, ya experimentada con la ministra Isabel Celaá, que supuso una acumulación importante de tareas que dificultaron la plena disposición para las funciones del Ministerio de Educación. Asimismo, la dependencia del Grupo Parlamentario Socialista del apoyo de sus socios de legislatura, dificultan la necesaria serenidad y el mínimo consenso para abordar temas educativos pendientes de relevante profundidad como, por ejemplo, la estructura de la futura Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), prevista en la LOMLOE. Los partidos políticos que apoyan al actual Ejecutivo tienen prioridades que distan mucho de unas bases mínimas de coordinación, mimbres imprescindibles para asegurar estabilidad en nuestro sistema educativo y un acercamiento al ansiado Pacto Educativo de Estado.

La prevalencia del actual Gobierno por acentuar los desarrollos autonómicos y la cesión de competencias al máximo nivel en todos los ámbitos, algunos impensables hace pocos meses, contribuirá aún más a incrementar las diferencias entre comunidades autónomas, como estamos viendo que sucede en aspectos de desarrollo de la LOMLOE, en la gestión de las nuevas cotizaciones de los alumnos en prácticas o en la planificación de la EBAU para 2024.

Lamentablemente, detectamos que la prioridad no es la convergencia y fortalecimiento del sistema educativo común y estatal en sus aspectos básicos, sino la singularidad de cada territorio, con todo lo que ello conlleva.

La prevalencia del Gobierno por acentuar los desarrollos autonómicos y la cesión de competencias contribuirá aún más a incrementar las diferencias entre comunidades autónomas

Enseñanza pública vs. concertada

Y dentro de los distintos colectivos educativos, observamos cómo se mantiene la prioridad a favor de la enseñanza pública, muy evidente en la financiación de nuevas plazas públicas en Educación Infantil, primer ciclo (0-3 años), hasta completar la creación de 65.000 puestos de nueva creación. Esto tiene especial trascendencia en estos momentos de descenso abrupto de la natalidad. No nacen niños y se crean nuevas plazas públicas con el objetivo de atender a los pocos nacidos. El futuro de las escuelas infantiles privadas católicas está en dramático peligro. Y lo mismo sucede con los colegios integrados que inician su oferta en el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) que ven como los niños que comienzan el primer ciclo en una escuela pública, continuarán en el mismo centro en cursos y etapas posteriores.

Dicha planificación de la oferta de plazas realizada unilateralmente por la Administración, sin tener en cuenta la elección y las preferencias de las familias, casa perfectamente con el diseño intervencionista plasmado en la LOMLOE, en la sonada modificación del artículo 109 de la LOE, al hacer desaparecer la “demanda social” como criterio a tener en cuenta. Y, evidentemente, la conjunción de una planificación dirigida bajo el parámetro de reforzar la enseñanza pública, considerando a la red concertada como subsidiaria de aquella, con una reducción drástica de la natalidad, pone a nuestro sector en estado de alarma.

Temas a abordar

Consideramos que los siguientes temas deberían formar parte de la agenda ministerial para los próximos meses, por su importancia para el conjunto del sistema y, en particular, de la enseñanza concertada:

Desarrollos normativos básicos LOMLOE

En este punto se incluye el diseño de la futura PAU (actualmente EBAU), el nuevo Real Decreto de requisitos mínimos de los centros (con especial relevancia en el primer ciclo de Educación Infantil), la nueva configuración del sistema de titulaciones mínimas del profesorado de centros privados y concertados, etc.

Carrera docente

El famoso “MIR educativo” anunciado y nunca concretado, necesita un impulso desde el consenso, pues nos jugamos el futuro de todo nuestro sistema educativo y la formación de las nuevas generaciones. Asimismo, la actualización de los planes de estudio del Grado de Magisterio, del Máster para impartir Educación Secundaria, del acompañamiento y formación de los nuevos docentes, el sistema de evaluación del desempeño docente, el apoyo en la capacitación en competencias digitales, etc.

Financiación pública

El sistema educativo y, muy especialmente, el modelo de enseñanza concertada necesita una actualización de recursos materiales y personales, con un incremento importante del presupuesto consignado. La LOE de 2006 ya estableció la obligación de constituir una Comisión de estudio del coste del puesto escolar (Disposición adicional 29ª), obligación que se vio reforzada en la LOMLOE con la referencia a la necesaria actualización de los módulos de conciertos que arrastran un déficit insostenible, agravado por una inflación desproporcionada en los últimos años.

Formación Profesional

La apuesta inequívoca del Ministerio de Educación por la extensión de la Formación Profesional, compartida y apoyada desde Escuelas Católicas, no se puede realizar de espaldas a la enseñanza concertada, mediante una planificación administrativa unilateral, sino que debe contar con todos los centros (públicos, privados concertados y privados sin concierto), facilitándose las condiciones de obtención de las autorizaciones correspondientes y ofreciendo vías de financiación a través de conciertos y convenios para que todos los alumnos que deseen cursar estas enseñanzas, tengan oportunidad de acceder a una plaza gratuita. Asimismo, regulando de forma segura y clara el procedimiento de incorporación de los alumnos en prácticas al sistema de cotización de la Seguridad Social, sin penalizar a centros ni a empresas.

Como se ve, estos son algunos de los principales temas pendientes de desarrollo y aplicación, pero la lista podría continuar. Ahora solo cabe esperar a que el Ministerio de Educación y, el Gobierno en su conjunto, demuestren con hechos cuáles son sus prioridades. Nosotros no cejaremos en nuestro empeño de exigir el tratamiento y ejecución de los anteriores puntos, ofreciendo nuestra participación, como siempre hemos hecho. El tiempo y los hechos demostrarán las verdaderas preferencias del Ejecutivo, más allá de las palabras.

El sistema educativo y, muy especialmente, el modelo de enseñanza concertada necesita una actualización de recursos materiales y personales