ANÁLISIS DE LOS CENSOS ELECTORALES DE 1890 Y 1930 DE PURROY.
OBSERVACIONES ACERCA DE LA SOCIEDAD RURAL DE LA RESTAURACIÓN
David DIÉZ IBÁÑEZ
Miguel ESTEBAN FUERTES
Observaciones acerca de la sociedad rural de la Restauración a partir de los censos electorales de 1890 y 1930 de la localidad de Purroy. David DÍEZ IBÁÑEZ
Desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX se extiende el periodo conocido en la historia española como Restauración. Este término hace referencia a la vuelta al trono de España de la casa Borbón tras el Sexenio democrático. Alfonso XII comienza su reinado en 1875, tras él su esposa María Cristina ocupa la Regencia entre 1885 y 1902, año en el que Alfonso XIII alcanza su mayoría de edad, y éste reina hasta 1931, cuando se proclama la II República. Para el análisis de los censos electorales de Purroy, que es lo que nos concierne, conviene hablar por separado de los elementos que condicionaron cada una de las dos elecciones. En 1890 España se encuentra bajo la Regencia de María Cristina de Habsburgo y está vigente la Constitución de 1876, la de más larga duración de toda la historia constitucional española. Bajo su marco legal se implanta un sistema democrático impulsado en sus inicios por Antonio Cánovas del Castillo, principal dirigente del Partido Conservador. Este sistema político pronto derivó en un sistema bipartidista, ocupando alternativamente el poder el Partido Conservador de Cánovas y el Partido Liberal de Sagasta. Precisamente en el momento de la elaboración de este censo Práxedes Mateo Sagasta ocupa la presidencia del país, puesto que pasaría a ocupar Cánovas tras las elecciones. Con este sistema otras fuerzas políticas se vieron excluidas del contexto político, como por ejemplo los movimientos obreros o los partidos republicanos que en algunos casos llegaron incluso a emplear prácticas violentas en contra del sistema. Este régimen se mantuvo con constantes sabotajes y manipulaciones en las elecciones bajo el consentimiento de los dos partidos que se alternaban en el poder. Esto restó credibilidad y eficacia a un sistema que en teoría debía ser democrático pero que en realidad estaba controlado por poderes económicos y por los intereses de unos pocos.
La ley electoral en vigor es la promulgada el 28 de junio de 1890. Esta norma legal reconoce el
sufragio universal masculino para todos los varones mayores de veinticinco años que gocen de todos los derechos civiles. También reconoce como elegibles a todos los varones seglares mayores de veinticinco años. Así mismo recoge la forma de constituir las juntas electorales y cómo se ha de proceder para llevar a cabo las elecciones, siendo muy precisa en cuanto a la ubicación de los colegios electorales, a los horarios y a la metodología en general que se ha de seguir. Queda patente la importancia de los censos electorales, que recogen el nombre, los apellidos y otros datos de todos aquellos ciudadanos con derecho a voto de un municipio. Para aparecer en un censo electoral se ha de acreditar la residencia en ese municipio durante al menos dos años. Pero en 1930 el contexto político y legal ha cambiado. En 1923 el general Miguel Primo de Rivera da un golpe de Estado y se hace con el poder. La Constitución de 1876 queda suspendida y a pesar de que la ley electoral del 8 de agosto de 1907 sigue en vigor no se celebran elecciones hasta 1931. El 7 de octubre de 1930, fecha de la elaboración del censo, Primo de Rivera ha dejado la presidencia del Gobierno y su lugar lo ocupa el general Dámaso Berenguer. La situación política es inestable y el descontento social hacia el Gobierno militar es notable. Esto se ve acrecentado por la crisis económica global producida por el Gran Crack de 1929 y por la bulliciosa actividad sindical. El rey también ha perdido apoyos y esto se reflejará en las elecciones de 1931 que ganarán los republicanos.
El censo electoral de 1890 cuenta con una lista de los electores del municipio de Purroy ordenados alfabéticamente por el primer apellido. Además se indica la edad, el domicilio, la profesión, su conocimiento de la lectura y la escritura y el número de inscripción en la sección electoral de cada ciudadano. Esto se ajusta a la perfección a lo previsto por la ley electoral de 1890. Además este censo debía ser de dominio público y había de colocar el un lugar accesible para todos los votantes. El censo de 1930 es muy similar al anterior. Cuenta con los mismos datos de cada votante a excepción de que se han unificado las columnas de “sabe escribir” y “sabe leer”. Además este censo está firmado por el Presidente de la Junta provincial, por el Secretario de la misma y por el Jefe provincial de Estadística. También se ajusta al marco legal vigente. En general, a pesar de que las leyes electorales que rigen la elaboración de los dos censos son distintas, las diferencias entre ellos son mínimas. Se puede apreciar que la información referente al domicilio es más precisa en el censo de 1930, ya que se hace indicar el número de la casa además de la calle y que se ha simplificado la columna del número de orden que en el censo de 1890 constaba de dos columnas. También se ha unificado la columna del alfabetismo, que en el primer censo estaba diferenciada en dos columnas, y se ha suprimido la columna que indicaba si el ciudadano era elegible o no. En resumidas cuentas, ambos censos son muy similares en cuanto a su organización general. Esto con casi toda seguridad es debido a que las dos leyes electorales vigentes en la elaboración de ambos censos son muy similares, al menos en la cuestión de elaboración de censos, como queda patente. Si se examinan con detalle los censos pueden observarse peculiaridades propias de la estructura social de la época y a través de ellos podemos intuir cómo se organizaba la sociedad de finales del siglo XIX y principios del XX. Los censos también nos dan idea del tamaño del municipio a pesar de que solo ofrezcan información de los varones mayores de 25 años. Y gracias al listado de las edades podemos prever la estructura demográfica de la población. Estas tablas nos ayudan a visualizar este contenido y nos permiten analizarlo con mayor comodidad.
Profesión Labrador/Del campo Jornalero
1890 Cantidad 29
Analfabetos 28
1930 Cantidad 52
Analfabetos 31
22
19
16
8
(uno sólo sabe leer)
Herrador/Herrero Comerciante Administrador Guarda Cura Obrero Secretario Molinero Tendero Pastor Alguacil Tejedor Guarda vía Industrial Cartero
1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 -
0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 -
2 1 1 2 1 1 1
0 1 0 2 1 0 0
Total
65
54
77
43
Porcentaje de analfabetos 1890
1930
83%
56%
Promedio de edad 1890
1930
43,9
43,9
Individuos mayores de 70 años 1890
1930
3
3
Condición de los dedicados al campo
Labradores Jornaleros
1890
1930
29 (57%) 22 (43%)
52 (76,5%) 16 (23,5%)
Total 51 68 A primera vista se observa que la mayor parte de la población masculina trabaja en el campo. Esto nos da idea de la importancia del sector agrícola en España. Esto se observa en ambos censos, incluso es más acentuado el porcentaje de varones que trabajan en el campo en el año 1930. Así mismo muy pocos trabajan en el sector secundario. Dos herreros en 1930 y dos molineros y dos tenderos en 1890 tan solo. Esto refleja el escaso impacto económico que
tenían las manufacturas en poblaciones rurales. Aún así hay un comerciante en 1890 y un industrial en 1930 en la localidad. Este desequilibrio entre actividades económicas es la tónica en España durante todo el siglo XIX y perdura durante gran parte del siglo XX, más acentuado todavía en municipios rurales como Purroy. En lo que a estructura social se refiere también hay que destacar la presencia en 1890 de un administrador. Como se observa en el censo vive en el “palacio”. Es con toda seguridad el administrador de la finca de un terrateniente. Esta figura desaparece en el censo de 1930. Este hecho podría relacionarse con el aumento de trabajadores del campo. No sería descabellado pensar que entre ambas fechas el terrateniente hubiese vendido las tierras de modo que más paisanos pudiesen acceder a la propiedad de pequeños terrenos. Desde luego esta suposición no se puede contrastar con la información que nos proporcionan los censos. Entre los que se dedican a actividades agrícolas se diferencian dos grupos, los jornaleros y los labradores. La diferencia entre ambos es notable ya que el labrador cultiva sus propias tierras, en cambio el jornalero trabaja los cultivos de otros a cambio de un jornal. Este último empleo es sumamente precario ya que no se tiene ninguna garantía de empleo y se está muy desprotegido. Entre 1890 y 1930 se observa un aumento en el número de labradores y un descenso en el número de jornaleros. Esto muestra que durante los comienzos del siglo XX los jornaleros u otras gentes humildes han podido acceder a la propiedad de tierras. Esto es un indicio evidente de la bonanza económica que vivió España durante los años 20.
También es muy significativo la aparición de nuevas profesiones en el censo de 1930. Aparece un guarda vía y un cartero, además del industrial ya citado antes. Estas dos profesiones son un síntoma claro de la evolución que ha seguido el país. En 1930 el ferrocarril llega ya hasta áreas rurales. Esto supone un tremendo cambio en la estructura social del país. Con el ferrocarril los productos agrícolas pueden transportarse con facilidad hasta las ciudades. Esto estimula la producción agrícola, lo que explica el incremento de la población en Purroy, y otros muchos
pueblos, en especial la dedicada a labores agrícolas. El correo también es un elemento significativo del progreso. Con la expansión del tren y del correo la comunicación se agiliza lo que repercute en la aceleración de los cambios sociales que se venían produciendo desde el siglo XIX. La sociedad se va liberando de los últimos restos de las formas de relación social establecidas en el Antiguo régimen, se propagan ideas revolucionarias, aparece el movimiento obrero, etc. Muestra de este intercambio entre las zonas urbanas y las rurales es el aumento de la alfabetización. En 1890 el 83% de la población de Purroy era analfabeta. En 1930 el número había descendido hasta el 56%. Este descenso se debe fundamentalmente a la ilustración de muchos trabajadores agrícolas. En 1890 tan solo saben leer y escribir cuatro labradores y jornaleros. El resto de los instruidos son aquellos con posición más elevada dentro de la estructura social del pueblo, el cura, el secretario, el administrador... Además también el herrador y el obrero sabían leer y escribir. Esto ha cambiado en 1930. 29 de 68 trabajadores del campo saben leer y escribir, además de los herreros, el industrial, el secretario, y por supuesto el cartero. Este cambio de mentalidad con respecto a la enseñanza y a la importancia de la alfabetización es fundamental para mejorar el nivel cultural del país y esto, a su vez, es imprescindible para prosperar en una situación de grave crisis económica como la que sufrió España en los años treinta. Sin embargo estos cambios sociales, a pesar de propiciar el aumento de la población, no mejoraron demasiado en primera instancia la condición de vida de la población. Esto se muestra en los censos en la edad media de los varones. A pesar de aumentar la población entre un censo y otro, y aumentar también la alfabetización, la edad media se mantiene invariable, así como el número de varones mayores de 70 años. Estos dos censos ofrecen mucha información sobre la época en que fueron elaborados, pero no hay que perder de vista que la información aportada es exclusivamente sobre los varones de más de 25 años. No tenemos información sobre los varones menores de 25 años ni sobre las mujeres. Ellas quedaban excluidas por completo del sistema político. No tenían derecho a voto ni tampoco podían ser elegidas como representantes políticas. La mujer estaba discriminada con respecto a los varones. Habría que esperar hasta la proclamación de la II República para ver como la mujer lucha por sus derechos hasta llegar a conseguir el derecho a votar. Culturalmente la mujer también estaba un paso por detrás del hombre. Con los datos que los censos nos ofrecen no podemos asegurar nada respecto a la situación de la mujer, pero con casi toda seguridad el porcentaje de alfabetización de la mujer es muy inferior al de los varones en ambos años. Esto es debido a la posición a la que tradicionalmente se ha visto relegada la mujer en la historia, siempre en un segundo plano, discriminada. En estos dos
casos esto es así. La mujer trabaja en casa y por lo general no desarrolla ninguna actividad laboral. La sociedad de finales del siglo XIX y la sociedad de principios del siglo XX son en lo referente a la mujer idénticas, son sociedades predominantemente machistas que no reconocen la valía de la mujer. En definitiva, las fuentes primarias son fundamentales para el estudio histórico. En concreto los censos electorales permiten estudiar los marcos jurídicos bajo los que se elaboraron y reflejan una forma de entender la organización política y social que es muy útil para comprender los procesos evolutivos de la organización gubernamental española.
Análisis de los censos electorales de 1890 y 1930 de la localidad de Purroy (Zaragoza) Miguel ESTEBAN FUERTES
Para realizar un análisis sobre los censos electorales de la localidad de Purroy en 1890 y 1930 debemos explicar y entender las características históricas en torno a estas fechas. En el caso del primer censo, año 1890, nos encontramos en el período del reinado de Alfonso XIII, siendo la regente en ese momento su madre María Cristina de Habsburgo. En este periodo hay que destacar un hecho clave, el pacto de El Pardo de 1885 firmado por Cánovas y Sagasta. Este pacto fue clave, ya que tras la muerte de Alfonso XII pudo haber una gran crisis, pero este acuerdo lo evitó. En este pacto los dos dirigentes políticos acordaron el turnismo de forma pacífica, Cánovas que era el jefe de gobierno cuando murió Alfonso XII cedió el poder a Sagasta para poder seguir el sistema, y además los dos acordaron respetar a la Regente. Los liberales tenían la misión de acercar el sistema a los republicanos para lo cual restablecieron en 1890 el sufragio universal, derecho que los conservadores habían hecho suprimir en 1878. Antonio Cánovas del Castillo encabezaba uno de los dos partidos dominantes: el Partido Liberal Conservador o Partido Conservador, que se presentaba como heredero del moderantismo y del unionismo, apoyándose en la aristocracia madrileña y rural, terratenientes y personas de clases medias amantes del orden. Los límites ideológicos del régimen se hallaban en el carlismo y el republicanismo, quedando ambos excluidos del sistema, porque en realidad el socialismo apenas tenía posibilidad de participación en la vida política. En 1890 se aceptó el sufragio universal masculino por el cual “los varones mayores de 25 años, que se hallen en el pleno goce de sus derechos civiles y sean vecinos de un Municipio en el que cuenten dos años al menos de residencia” tenían el derecho a ser electores en las elecciones, según dice el artículo 1º de la ley electoral de 28 de junio de 1890. En el artículo 3º de esta misma ley nos aclara en este caso quienes pueden ser elegidos: “todos los españoles varones, de estado seglar, mayores de veinticinco años, que gocen de todos los derechos civiles.” Posteriormente en el artículo 9º habla de otros requisitos indispensables para participar, que es estar inscrito en el censo electoral, que posteriormente analizaremos. En el caso de 1930, Alfonso XIII seguía gobernando, ya sin la Regencia. En diciembre de 1925 se constituyó el Directorio Civil en la fase de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. En el nuevo gobierno colaboraban ahora viejos amigos, como el militar Martínez Anido, y nuevos políticos, como Calvo Sotelo. La caída de la Dictadura precedió a la caída de la monarquía, abriéndose entonces una década excepcional: la de los años treinta.
Alfonso XIII
Alfonso XIII y Miguel Primo de Rivera
Durante quince meses la monarquía fue agonizando con los Gobiernos del general Dámaso Berenguer (la llamada Dictablanda, de enero de 1930 a febrero de 1931) y del almirante Juan Bautista Aznar (febrero a abril de 1931). A la oposición creciente de casi todos los sectores anteriormente citados a los gobernantes militares y al propio rey Alfonso XIII, se añadió el descontento empresarial ante los primeros efectos negativos de la crisis económica internacional (recesión, cierre de empresas y aumento del paro) que, lógicamente, inquietaba a partidos y sindicatos de trabajadores, cada vez más activos en la promoción de huelgas y manifestaciones. En el artículo 1º de la ley electoral del 8 de agosto 1907 aclara quiénes pueden participar en el censo electoral, siendo en este caso los mismos que según la ley de 1890. En ambos documentos, tanto el de 1890 como el de 1930, se nos presenta una amplia lista de aquellos que tenían el derecho a voto en las elecciones en la localidad aragonesa de Purroy. La lista recoge una serie de datos, que son nombre y dos apellidos, domicilio dentro de la localidad, edad, oficio u ocupación y capacidades intelectuales como leer o escribir. Si tenemos en cuenta la edad y que todos son varones, podemos decir que ambos documentos siguen la ley electoral vigente en ese momento, puesto que no sabemos los años de residencia que llevan en el municipio ni si se hallan en el pleno goce de sus derechos civiles. Sin embargo podríamos destacar un pequeño error en la lista del censo de 1890, que no sigue la ley vigente en aquel momento. Es el caso del individuo 54, Tomás Olloqui, que es el que ejerce como Cura, y si tenemos en cuenta la ley que dice que tendrán derecho a participar en el censo “todos los españoles varones, de estado seglar” esta persona no podría estar en la lista, pues la persona de estado seglar se vincula de algún modo con la religión pero no la dirige ni la organiza, no forman parte de la institución eclesiástica que la dirige. Como el Cura pertenece a la institución religiosa de la Iglesia, no debería aparecer en esta lista.
Analizando la edad de los habitantes podemos observar que a diferencia de la actualidad muy pocos pasan de los 70 años, concretamente 3 habitantes en cada censo, tanto en 1980 como en 1930. En el primer censo son 65 los varones con la capacidad de participar en las elecciones, y en el segundo son 77. La media de edad de los participantes en la elección electoral era de 44 años en 1890 y de 44 también en 1930, por lo que no varía de un censo a otro. Entre estos 40 años tampoco se produce un considerable crecimiento de la población,
simplemente aumenta en 12 el número de varones mayores de 25 respecto a 1890, por lo que la forma y condiciones de vida mejoran tímidamente. Si analizamos el censo en función de la profesión de sus integrantes, en el de 1890 encontramos una gran mayoría de población que se dedica a tareas agrícolas, constituyendo un 76% del total. De este sector podemos distinguir aquellos que son propietarios de las tierras trabajadas o labradores, que constituyen un 44% de la población total, y aquellos llamados jornaleros que trabajan las tierras que son propiedad de otros y solo sacan una parte de su beneficio, que constituyen el 32% del total. Con estos datos podemos explicar las consecuencias que tuvieron las desamortizaciones a mediados de siglo de Mendizábal y Madoz, aumentando así considerablemente el número de propietarios y trabajadores al mismo tiempo, pero sin dejar atrás un importante número de jornaleros. El resto de habitantes tienen trabajos dedicados a abastecer las necesidades principales del pueblo. Son trabajos como tendero, herrero, obrero, alguacil, secretario, guarda, comerciante, otros dedicados también a la producción como molinero y pastor y finalmente el cura.
En el censo de 1930 encontramos diferencias con respecto a las profesiones. Sigue siendo una población mayoritariamente dedicada a las labores del campo, en torno al 86% de la población, incluso mayor que en 1890. Pero la diferencia más significativa es el hecho de que aumente considerablemente el número de propietarios que trabajan sus tierras, pasando a ser un 68% del total, y el número de jornaleros se reduce a un 20% de la población. Así pues podemos ver una evolución de la agricultura en la que la propiedad de las tierras y su trabajo se van reuniendo en la misma persona lo que ayuda a invertir en ellas y mejorar sus rendimientos. Podemos ver que el 75% de los trabajadores del terreno en 1930 ya son propietarios, frente a una minoría jornalera del 25%. El hecho de que aumente el porcentaje de población agrícola se debe principalmente a la necesidad de un solo trabajador por oficio de sectores no relacionados con la agricultura, simplemente para el buen funcionamiento de la vida en el pueblo. Como estos servicios ya estaban cubiertos en 1890 y hasta 1930 se produce un pequeño aumento de la población, se producirá un aumento en el porcentaje de la
población agricultora. El resto de población sigue ejerciendo trabajos como herreros, secretarios, guardas, carteros, etc. En cuanto al porcentaje de alfabetización es bastante bajo, pero con un notable aumento entre ambos censos. En 1890 de los 65 que componen el censo sólo 11 de ellos saben leer y escribir y 1 simplemente leer, por lo que el 81% de la población era analfabeta. En 1930 en cambio de los 77 ya 34 saben leer y escribir, por lo que el porcentaje de analfabetismo desciende hasta el 55%, siendo todavía una cifra muy alta si se compara con el resto de las potencias europeas. El analfabetismo se da más en las profesiones agrícolas, puesto que para algunas profesiones como el tendero, comerciante, secretario, administrativo, etc., leer y escribir era algo necesario. Pero también algunos labradores y jornaleros saben leer y escribir, aumentando este número entre la población en el censo de 1930. Para la mejor comparación y claridad de los datos aquí se presenta una tabla con las diferencias que se producen entre el censo de 1890 y el de 1930. Censo de 1890
Censo de 1930
Nº de participantes en el censo
65
77
Nº de mayores de 70 años
3
3
Media de edad de los votantes
41 años
43 años
Profesión:
76%
87%
Jornaleros
32%
20%
Labradores
44%
67%
24%
13%
Nº de personas alfabetizadas
11
34
Porcentaje de alfabetización
19%
45%
Agricultores
Otras profesiones
Otros datos de menor importancia pero también dignos de análisis son los apellidos y nombres habituales en el municipio así como el domicilio particular de cada individuo. En Purroy destacan unos apellidos sobre otros y principalmente son Garza con un 12% de los habitantes y el otro es Ibáñez con un 10%. En cuanto a los domicilios, el nombre de las calles en los pueblos indica el lugar del pueblo en tono a la que se sitúan, como Plaza, Iglesia, Escalerones, Extramuros, etc. Otros domicilios llevan nombre de lugares de trabajo cercanos a ellos, como Horno o Cura, y otros llevan típicos nombres de los pueblos, como la calle Barranco, o en mención al Santo del pueblo, como San Roque. En 1890 había 72 domicilios y 84 en 1930 y los lugares más habitados son Plaza, con un 19%, Horno con un 16% y Alta con un 16% también. Si analizamos los censos que corresponden a toda la población podemos observar que en 1890 había en torno a unas 261 personas residentes en Purroy, y solamente 65 de ellas tenían el derecho a voto, lo que equivale al 25% de la población. El 75% restante equivaldría a
todas las mujeres residentes en Purroy y a los varones menores de 25 años. En los datos hace distinción entre la población de hecho y la de derecho, equivaliendo aquella al número de habitantes residentes en ese momento en la localidad y la de derecho se referiría a aquellos que están empadronados en el municipio, vivan en ese momento en el pueblo o no. Analizando estos mismos años en 1930 obtenemos una población de 310 habitantes, y 77 de ellas tenían el derecho a voto, lo que equivale a un 25% de varones mayores de 25 años y un 75% restante de mujeres y niños, mismos porcentajes que 40 años atrás. Es evidente que los varones mayores de 25 tenían una situación política privilegiada con respecto al resto, pues eran los únicos a los que se les permitía participar en las elecciones. Es lógico que sólo los mayores de edad (entonces mayores de 25 años) pudieran votar, pero la sociedad del momento choca con la actual, puesto que las mujeres desempeñaban un papel secundario y no podían participar en la vida política. A parte de esto otras muchas desigualdades entre hombres y mujeres se cumplían en la época, sólo hay que ver los porcentajes de alfabetización en España, en los cuales entre los años 1887 y 1930 la media masculina de alfabetización se halla en torno al 53% y la femenina en ningún caso sobrepasa el 40%, situándose normalmente en el 35%. Si hablamos del trabajo la mujer no realiza tareas específicas como el hombre, pero colabora en el cuidado de los hijos y las tareas de la casa, además de ayudar en muchos casos al hombre en sus labores cotidianas. La mujer, con su trabajo en el campo, desempeña un papel importantísimo al ser quien esté pendiente del bienestar de todos los miembros que conforman las comunidades rurales dedicadas a la agricultura y ganadería. También se destaca por sus obras manuales y artesanales que no solo contribuyen al desarrollo rural sino también al desarrollo sociocultural de dichas comunidades. Se puede hablar de que la mujer no realizaba ningún trabajo específico, que no cumplía un oficio, pero lo cierto es que en muchos casos su trabajo era más cansado, duro y laborioso que el de los hombres. En cuanto a la situación social, las diferencias entre clases estaban presentes aunque en mucho menor grado que en las ciudades. Teniendo en cuenta los trabajos del censo, la mayoría eran de la misma condición, pero como en todos sitios, siempre encontramos algunas diferencias. La mayoría se dedicaba al trabajo del campo, pero existían enormes diferencias si tenemos en cuenta el número de tierras que trabajaban o tenían en su poder. Por ejemplo, en 1890, el 32% de la población era jornalera, por lo que todas esas tierras trabajadas debían corresponder a varios individuos que concentraban toda la riqueza y no podían trabajar todas sus tierras debido a su inmensidad. Por lo tanto, principalmente hablamos de diferencias económicas entre los que poseían un buen número de tierras y los que no. En cuanto a la escolarización, la persistencia del analfabetismo, el mantenimiento de ese duro núcleo, irreductible a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, de cerca de 12 millones de analfabetos, representa, en efecto, la prueba más visible de la insuficiente escolarización, y atenúa en buena parte los indudables progresos de la alfabetización en España. El desarrollo de la escolarización y de la alfabetización es testimonio general de la existencia de una demanda social de educación, a pesar de que durante todo el siglo XIX y buena parte del XX persista la idea de que los procesos de instrucción popular quedan sin resolver. Las encuestas y las estadísticas nos señalan la separación constante que se da entre población escolar y
población realmente escolarizada, y periódicamente se calcula el número de escuelas que faltaban para respetar la ley marco de 1857. Pero sólo una enseñanza realmente obligatoria y gratuita, lejos del alcance de los medios financieros y humanos de la sociedad española, podía pretender acabar con la escasa escolarización de los grupos populares.
El argumento principal a favor de la baja escolarización de los hogares populares, mayoritariamente en los rurales, reside en la necesidad del salario de los niños, y el principal obstáculo a la escolarización viene del trabajo precoz de éstos. El número de escuelas y de alumnos tuvo, ciertamente, un crecimiento constante y sensible a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, desde 1850 (17.170 escuelas, 781.727 alumnos) a 1900 (29.776 escuelas, 1.856.434 alumnos y, en 1908, la tasa general de escolarización sobrepasaba el 70%. Luego disminuyó hasta el 51% pero gracias a ciertas reformas del Gobierno, finalmente en los años 30, tras la Dictadura de Primo de Rivera, se situó en torno al 73%. Otros datos interesantes son el tipo de escuelas, la escolarización era pública en un 23,4% frente a un 49,2% privada, estando el 27,4% sin escolarizar. Para concluir, aunque la sociedad ha experimentado un enorme cambio en los últimos años, no siempre es así, pues comparando estos dos censos, nos encontramos ante dos situaciones parecidas, con algunas pequeñas diferencias por las mejoras técnicas y el progreso, pero al fin y al cabo dos sociedades que se rigen por el trabajo en el campo y los privilegios políticos de unos sobre otros.