TRABAJOS FINALES
TALLER DE REDACCIÓN DE COLUMNAS DE OPINIÓN Profesor: Manuel Délano
SEGUNDA VERSIÓN Primer Semestre 2008
INDICE Cartografías del Chile actual, Jorge Acevedo
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Crece la influencia de las pequeñas empresas en el desarrollo de los países, Eduardo Atao
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Europa construye el muro de la vergüenza, María Angélica Benavides
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Las dos caras del crecimiento de la economía peruana, Severo Ignacio Cárdenas
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Mortalidad materna: ¿producto de desigualdades sociales o de género?, Rosa Catacora
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Siembra para cosechar una sociedad sin racismo, Aura Cumes
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El racismo, un problema histórico sin resolver, Ofelia Chirix
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La desaparición que comenzó en el maletero de un coche policial, Bladimiro Chuquimbalque
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En la oscuridad, la niñez Aymara ve un horizonte de esperanza, Bartolomé Mamani
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Más acción ciudadana para prevenir la discapacidad, Juan Mamani
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¿El fin de la ventriloquía? Voces de las mujeres indígenas en América Latina, Georgina Méndez
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Las cuidadoras de la vieja Europa, Judith Muñoz
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La discriminación vista desde un ancestro común, Liceli Peñarrieta
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La escuela rural en la región Inka, Hipólito Peralta
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Educación en Chile: seguimos esperando, Marisol Prado
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Los padres del teléfono, María Félix Quezada
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La auditoría social en la gestión pública, Bolívar Sánchez
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Avances de la política nacional de infancia en Chile, Marisa Sandoval
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Ser indígena no significa siempre ser pobre, Moisés Suxo
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¿Un nuevo dilema pedagógico en el Perú?, Silvia Valdivia
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En defensa de la vida, Wilwer Vilca
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Estas opiniones corresponden al trabajo final del Taller de Redacción de Columnas de Opinión versión #2, y no representan necesariamente la visión de Fundación Equitas o del profesor del taller
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CARTOGRAFÍAS DEL CHILE ACTUAL Jorge Acevedo Un fantasma recorrió el cono sur de América Latina en las décadas del sesenta y setenta: el fantasma de los golpes militares. Brasil y Perú en 1964, Argentina en 1966, Bolivia en 1972, Uruguay y Chile en 1973, y de nuevo Argentina en 1976. Estos golpes iniciaron un recorrido de violencia que luego buscaría legitimarse bajo la careta de los llamados “gobiernos militares”.
La violencia política que desencadenaron las dictaduras militares se ejerció desde organismos de poder hacia la sociedad civil y se expresó mediante mecanismos de represión e implantación forzada de una nueva economía y organización política, legal y social. El territorio latinoamericano fue testigo de la violación sistemática de los derechos humanos de los signados como enemigos políticos a los nuevos regímenes militares. Toda la región se convirtió en un campo propicio para el empleo de una diversidad de tácticas y estrategias que buscaban someter y atemorizar a la población en forma constante.
Esta cartografía de terror y dolor iniciada por los golpes de Estado –que devendrían en dictaduras militares– constituyó la base material sobre la que se apoyaron los objetivos políticos e ideológicos que se buscaba impulsar en la región. El objetivo común perseguido por esta violencia era implantar procesos de modernización económica de tipo autoritario.
Pero, ¿bajo qué mecanismos se despliega esta violencia organizada?, ¿cómo y quién la organiza? Si se buscaba implantar otro proceso de modernización, ¿cuál era el objetivo?, ¿para quiénes? Quizás la respuesta más plausible es que era necesario desplegar una estrategia radical para contrarrestar el exceso de participación social de ciertos sectores medios y principalmente de los sectores populares en la vida política del país, que estaban marginados de los beneficios del desarrollo.
La amplia participación social en los países latinoamericanos fue vista por los sectores hegemónicos de estas sociedades como una amenaza a sus intereses económicos, sociales, culturales y políticos. Se convertía en un caldo de cultivo para situaciones de ingobernabilidad democrática que impedían el normal funcionamiento del sistema económico.
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En estos escenarios, las Fuerzas Armadas se posicionaron como los actores “legítimos” para conducir los destinos de la nación y el llamado proceso de reconstrucción nacional. Esta “legitimidad” de las Fuerzas Armadas exigió el máximo de sacrificios por parte de la población en la dura tarea de restablecer la paz social dañada. La desorganización social quedaba en el pasado, era tiempo de imponer el orden en la sociedad, costara lo que costara, en busca del éxito de la modernización capitalista. Esta operación consistió en la fórmula: Orden social + desarrollo económico.
En el caso de Chile, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 bajo el mando del General Augusto Pinochet, puso fin al experimento socialista. Así, comenzaba el “gobierno militar” que implantó transformaciones profundas en el plano económico, social y político del país. Además, se modificaron las orientaciones de la población, las lealtades políticas, los valores colectivos por los que se regía la sociedad, su memoria y las formas de imaginar el futuro.
La dictadura militar se pensó a sí misma como un acto de refundación nacional que permitiría la salvación de la propia identidad. Además, el caso era “ejemplarizador”, sería el primer país en derrotar al mal: el marxismo metamorfoseado como proyecto político en el gobierno de la Unidad Popular.
Profundas modificaciones en las relaciones sociales hizo la dictadura. Generó además un nuevo comportamiento social, enfocado a lograr la existencia y perdurabilidad del proyecto social y económico que aplicaron. El nuevo comportamiento ordenó de facto la realidad social existente y la manera de pensar la nueva realidad.
El poder militar simultáneamente secretó razón. Junto con transformar la realidad social, produjo los discursos sobre esos hechos. Las mismas relaciones de poder establecidas por los militares produjeron e indujeron el consentimiento hacia este proyecto. En efecto, el escenario de represión política organizada aseguró las condiciones políticas e institucionales que posibilitaron la implantación del modelo económico neoliberal en el país. Se recurrió a mecanismos que despolitizaron la sociedad y des-socializaron la política, con el objetivo de alcanzar un disciplinamiento y acatamiento al nuevo modelo.
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Mientras no se asuma en Chile que la violencia política, involucró detenciones ilegales, secuestros, torturas y desapariciones forzadas como una práctica estatal y no como el ensañamiento de unos pocos agentes contra los enemigos políticos, el país no restañará estas fracturas de su historia. Mientras prime un pensamiento que asume “los costos humanos” de la dictadura como una necesidad de nuestro progreso, dejaremos siempre abierta la posibilidad para que las violaciones a los derechos humanos puedan volver a cometerse.
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CRECE LA INFLUENCIA DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS EN EL DESARROLLO DE LOS PAÍSES Eduardo Atao Un fenómeno social recorre los países del sur y cuestiona el actual modelo de globalización: son las pequeñas empresas, muchas muy pequeñas (micros) y de tipo familiar. Como estas crean puestos de trabajo y proveen ingresos para millones de familias pobres, deben formar parte de la agenda de los gobiernos de estos países para que los grandes problemas macroeconómicos como el empleo y los ingresos se resuelvan en los mismos lugares de donde surgen. Así lo están haciendo los países emergentes, así lo han hecho y lo siguen haciendo los países desarrollados. ¿Y por qué no los latinoamericanos?
Durante las últimas décadas las pequeñas empresas han sido objeto de una gran atención tanto por investigadores académicos, empresarios y políticos. Por ejemplo, un estudio de Birch en 1979 mostró que en los Estados Unidos las pequeñas empresas crean más empleos que las grandes. En un estudio más extenso, Peter Drucker y el mismo Birch concluyen que en EE.UU. más del 80% de los nuevos empleos entre 1960 – 1985 fueron creados por las empresas pequeñas. Esta conclusión empírica puso de manifiesto lo que en realidad ya venía ocurriendo: las pequeñas empresas empezaban a empujar las economías de los principales países del mundo.
Las pequeñas empresas, en casi todos los países, constituyen una proporción mayoritaria del tejido empresarial. En Brasil, el 92% son microempresas (1-9 trabajadores) y emplean al 48% de la población activa. En México, el 98% son pequeñas empresas y acogen a casi el 60% de los trabajadores. En Chile, según datos para el 2001, el 89% son microempresas y el 10% pequeñas y medianas y emplean al 63% de los trabajadores. En Colombia, son cerca del 99% de las empresas y acogen al 81% de los trabajadores. Perú tiene una estructura similar: el 94,4% son microempresas (1-10 trabajadores) y el 3,9% son pequeñas empresas (11-50 trabajadores), y generan el 60% del empleo total y 7,2 millones de puestos de trabajo. Una situación parecida se observa en los países desarrollados, donde el peso de la pequeña empresa sobrepasa el 80%.
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Algunas experiencias refuerzan nuestra opinión. Los países europeos, después de la secuela desastrosa de la Segunda Guerra Mundial, promovieron iniciativas locales para apoyar a las pequeñas empresas como una estrategia de creación de empleos y riqueza. Los EE.UU. siguieron un curso parecido, en la que estados y municipios locales desarrollaron una estrategia de fomento empresarial, con las famosas incubadoras empresariales. Los países asiáticos (Japón, Corea, Taiwán y ahora China) también están implementando políticas de apoyo desde el espacio local. En todos estos países las pequeñas empresas han sido el factor determinante de su desarrollo.
Sobra, entonces, saber la influencia de las pequeñas empresas como motor del mundo. Lo que toca es actuar. Los gobiernos nacionales deben rediseñar su intervención para poner en práctica un modelo de triple alianza en la que las administraciones públicas, con decidida intervención del gobierno local, las universidades y el sector empresarial acometan una estrategia de fomento a la creación y gestión de este tipo de empresas. Ningún país ha dejado a merced del mercado esta estrategia, sino que ha sido la intervención del Estado el factor que garantiza su efectividad. Con libertad de mercado no se ha desarrollado casi ningún país, sino con una eficaz intervención del Estado. Y ahora es la oportunidad para América Latina.
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EUROPA CONSTRUYE EL MURO DE LA VERGÜENZA Los 27 estados miembros pesaron más que la de 44 mandatarios latinoamericanos y africanos María Angélica Benavides Vergüenza y estupor son las voces que se escuchan en el mundo entero, Europa se olvidó, dejó en el muro del olvido sus vivencias de postguerra y exilio, cuando se vieron obligados a salir en búsqueda de una vida más digna segura, huyendo de la hambruna y buscando mejores condiciones de vida en muchos países latinoamericanos. Hay voces de europeos que dicen sentir “vergüenza de pertenecer a esta Europa ingrata y egoísta que usa inmigrantes cuando les conviene y los olvida, encarcela y criminaliza cuando ya no interesan”. Con el argumento de una crisis económica –el 18 de junio pasado– la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, en el pleno del Parlamento Europeo, aprobó en Estrasburgo, contando con el apoyo del Partido Popular y la derecha ultranacionalista, por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones, la polémica norma que acuerda procedimientos extremos para la repatriación de inmigrantes. Sólo la Izquierda Unitaria y los Verdes de Europa votaron en contra. Esta norma permite a los Estados miembros retener, en centros especiales, hasta un máximo de 18 meses a los inmigrantes ilegales. Se trata de ocho millones de inmigrantes que actualmente viven en países europeos, la mayoría provenientes de antiguas colonias de estos mismos estados miembros del Parlamento Europeo, los que están conminados a retornar a sus países de origen, entre ellos Marruecos, que tiene 649.637 inmigrantes con permiso de residencia en España. Lo contradictorio de esta norma, es que España hace menos de un año ofrecía contratar a cientos de miles de trabajadores extranjeros en sus países de origen y hoy está ofreciendo incentivos para que los y las trabajadores, más de un millón, se vayan en forma voluntaria cobrando el desahucio en dos entregas. El Ministro del Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, otrora defensor de la inmigración, pretende aplicar la medida a partir de julio del presente año. La cifra de desempleados extranjeros –la mayoría latinoamericanos– no comunitarios, se calculaba en abril en 165.000, cifra que seguirá en aumento.
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La repatriación voluntaria establece renunciar a sus permisos de residencia. Para ello se deberá firmar una carta compromiso, en la que se establece que no podrá regresar, hasta después de tres años como mínimo. Después puede solicitar su regreso, pero la Administración se reserva el derecho a otorgar o no dicho beneficio. A nivel internacional, distintos organizaciones, tanto de derechos humanos como sociales, así como Naciones Unidas, El Vaticano y 44 países de América Latina y África alertaron y reclamaron por el “intento normativo de violar los derechos humanos” del texto de la Directiva del Retorno, de la Unión Europea, el que espera ser ratificado por el Consejo Europeo en julio próximo. Incluso antes de esta medida, la política de inmigración ya era humillante para los extranjeros, pero ahora lo será también para los propios europeos. Queda claro que con ésta y otras medidas, como el recorte de derechos laborales, la derecha europea y conservadora está ganando la batalla ideológica.
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LAS DOS CARAS DEL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA PERUANA Severo Ignacio Cárdenas La economía peruana experimenta un crecimiento macroeconómico desde hace varios años consecutivos. Hasta el presente, los efectos de este crecimiento benefician sólo a un sector muy minoritario de la sociedad, los grandes empresarios (exportadores e importadores, inversionistas en el mercado industrial, entre otros). Sin embargo, la mayoría de la población, como los campesinos, los empleados de las empresas privadas, los trabajadores del sector público y los subempleados, aún no perciben ni reciben los beneficios de este crecimiento. Esto se debe a la estructura excluyente del modelo económico, porque las reglas de juego inclinan la balanza a favor de los capitales que mueven la economía mientras se vulneran los derechos de las sociedades pobres y marginados. Por ejemplo, estos últimos no perciben las utilidades que les corresponden por el aprovechamiento de los recursos naturales y sus necesidades no son incorporadas en la agenda del gobierno.
Quienes toman decisiones en políticas socioeconómicas son incapaces al negociar con los capitalistas la necesidad de que generen empleo para las sociedades pobres y marginadas. Por tanto, el dinamismo económico ocupa un espacio importante sólo en el entorno del gobierno, que trabaja en función a las exigencias de las grandes empresas insertas en la economía globalizada, lejos de las demandas, necesidades y derechos de las mayorías.
Los esfuerzos para lograr el mismo dinamismo económico, pero a nivel local, a través de la descentralización y sus modalidades, como el presupuesto participativo y los espacios de concertación, son todavía insuficientes. Los gobiernos locales, como entes representativos del gobierno central, a pesar de contar con mayores presupuestos, mantienen una visión asistencialista y de corto plazo, promoviendo sólo la construcción de infraestructura básica y otras obras físicas.
En este contexto, para el Estado considera la promoción de la pequeña agricultura y la microempresa rural como un gasto y no como lo que es, una inversión. Se carece de una concepción real del desarrollo y no hay esfuerzos para involucrar en la estructura económica del país a los pobres, pequeños agricultores y microempresarios rurales.
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Sin embargo, en el Perú, la dinámica de la economía de los gobiernos locales de la Sierra y Selva descansa en la actividad agropecuaria, donde el 85% de los productores agropecuarios (a nivel nacional) son pequeñas empresas y con los índices más altos de pobreza (67%) y extrema pobreza (60%). Lamentablemente, estos gobiernos aún no tienen iniciativas para integrar en sus agendas políticas y en la estructura económica local a los actores locales y sus actividades, debido a su falta de capacidad institucional para facilitar el vínculo de las necesidades de los pequeños productores y los microempresarios rurales con las políticas locales.
A pesar que los medios y las herramientas están disponibles para actuar localmente y hacer llegar los beneficios del crecimiento macroeconómico a los más pobres, estos no llegan. Ello ha generado descontento en la población, lo que muchas veces se traduce en reclamos justos dirigidos hacia las autoridades locales, regionales o nacionales, y a veces en la paralización de una región o el país.
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MORTALIDAD MATERNA: ¿PRODUCTO DE DESIGUALDADES SOCIALES O DE GÉNERO? Rosa Catacora En América Latina, después de Bolivia, el Perú ocupa el segundo lugar en número de muertes maternas, con una tasa de más 185 por cada 100.000 nacidos vivos (2000). Estos fallecimientos podrían ser evitados si se entregara una atención a la mujer con calidad y calidez y la intervención en los embarazos y en el parto institucional estuvieran basadas en el respeto de sus costumbres y tradiciones, especialmente de quienes proceden de las zonas rurales.
Según las investigaciones realizadas, un 75% de estas muertes ocurren en torno al parto. La pregunta es: ¿por qué morir en el proceso “natural” de la maternidad? La respuesta es bastante compleja. Entre las causas está la violación de los derechos humanos de las mujeres. Existe una falta de atención sanitaria cualificada que brinde garantías para las vidas de las madres y sus hijos. Tampoco los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son respetados ni tomados en cuenta en una sociedad machista como la peruana.
Otra causa es que el embarazo en la mayoría de los casos no ha sido planificado y por lo tanto suele no ser deseado. En la cultura peruana es aceptada la relación de pareja basada en la autoridad del varón sobre la mujer como algo natural, con la consecuencia que en el inicio sexual sea habitual que el varón tome la iniciativa y presione a la mujer con tal fin, llegando incluso a ejercer la violencia sobre ella. Frente a esto, no se toman medidas preventivas del embarazo y cuando éste se concibe será rechazado y más de una fémina intentará interrumpirlo. Algunas lograrán su cometido pero otras quedarán sólo en el intento. Cada año ocurren 300 mil abortos en el Perú.
En el año 2000, cada día dos mujeres murieron en el Perú por complicaciones del embarazo, parto y puerperio. Es más que una fría estadística: cada fallecimiento representa el rostro sufrido de los hijos, esposo, familiares y amigos. Esto sucede con mayor frecuencia en las comunidades más excluidas. Las mujeres también tienen derecho a disfrutar de una vida digna, plena, justa, a desarrollarse y vivir sin riesgos.
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Asimismo, en gran parte de la sociedad peruana prevalecen imágenes de género tradicionales que ennoblecen que la mujer se dedique a la labor doméstica y al cuidado de los demás, creando dependencia económica, social y emocional frente al varón. De esta manera, los proyectos de vida de las mujeres se verán limitados, quedando reducidos a la maternidad y el matrimonio.
Ellas
no
deciden sobre su propio cuerpo y permiten que otros lo hagan por ella.
Urge tomar medidas inmediatas y el compromiso del sistema sanitario y el personal de salud para generar más confianza por parte de las mujeres. Deben dejarse de lado el conservadurismo y las jerarquías. Se requiere un cambio cultural y un trato adecuado a la mitad de la población peruana. Es fundamental considerar la posición de la mujer y sus creencias y el empoderamiento que hayan adquirido, junto con incursionar de manera más sistemática en las demandas de las mujeres sobre su salud sexual y el proceso de reproducción, considerando condiciones más equitativas y con menos riesgos para este grupo.
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SIEMBRA PARA COSECHAR UNA SOCIEDAD SIN RACISMO Aura Cumes En la mayoría de los países de América Latina, particularmente donde coexisten varios pueblos, el fenómeno del racismo es evidente y los pueblos indígenas son las más vulnerables ante las conductas de este tipo, que sufren a diario sufren en los espacios donde se mueven. El racismo se concibe como el conjunto de prácticas discriminatorias raciales dirigidas a un determinado pueblo de una sociedad. Es una forma de pensar y practicar acciones, de superioridad hacia los pueblos indígenas, con la idea de diferenciarlos por su condición biológica o cultural. Anteriormente, el color de la piel era una forma de rechazo que generaba desigualdad, pero en la actualidad los aspectos y elementos culturales son además utilizados para otorgar una categoría de inferioridad a los que son diferentes culturalmente al grupo racista.
El racismo se manifiesta mediante actitudes y acciones de desprecio hacia las personas de otros orígenes culturales y color de piel. Estas actitudes se expresan en las conductas, prácticas o ideas que se transmiten a todo el campo social, y con el paso del tiempo comienzan a formar parte del comportamiento de la sociedad. Se expresan a través de los estereotipos y prejuicios. Los primeros son ideas, conceptos, imágenes y conductas arraigadas, representaciones fijas de los rasgos o características particulares de una persona, pueblo o cultura. Los segundos son ideas o juicios previos o elaboraciones intencionales, no comprobadas, que se forman sobre individuos pueblos o culturas, que llegan a tener determinados comportamientos sin antes conocerlos o tratarlos.
Los prejuicios raciales son falsas ideas, aprendidas y contagiadas con el paso del tiempo, que se convierten en un modo cultural de relación a nivel de la sociedad y son considerados como factores desiguales, que limitan construir relaciones interculturales en los países. Se perciben en la forma de comportarse, pensar y comunicar con las culturas o pueblos diferentes al propio. Esto conduce al fracaso en las relaciones sociales, porque no se produce el fortalecimiento de la cohesión social entre pueblos culturalmente diferentes que coexisten un terminado territorio.
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El comportamiento racista penetra a nivel social de forma personal e institucional. Ha permitido atribuirles rasgos comunes a los miembros de una cultura o pueblos, las cuales se van fortaleciendo en diferentes ámbitos entre las que se ubican: la escuela, la casa, la iglesia, los medios de comunicación y otros. Este comportamiento conduce a cerrar la posibilidad de ahondar y conocer la situación o cosmovisión de otros pueblos o culturas, junto con reducir el espacio para crear relaciones armónicas entre los pueblos y culturas.
Bajo los patrones del racismo se han construido mecanismos que han producido exclusión, desigualdad y marginación y en la mayoría de países de América Latina, los Estados los han institucionalizando. Su resultado es que los pueblos indígenas se ubican en un nivel de inferior de situación socioeconómica, participación política y con escaso acceso a los servicios básicos de salud y educación, entre otros.
Ante la situación surge la necesidad de sembrar la semilla en la juventud y la niñez, para cambiar la forma de pensar y actuar en las relaciones con las personas diferentes, física o culturalmente. Esto permitirá desarrollar en ellos sus propias capacidades mediante el proceso educativo a fin que aprendan a convivir desde una realidad cultural con diversas expresiones. Se puede hacer cotidianamente desde la familia, escuela y comunidad. Para contribuir a contrarrestar las relaciones desiguales en la sociedad, se requiere potenciar en ellos la capacidad de sentir, comprender, expresar, comunicar, relacionar y comunicarse con los demás.
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EL RACISMO, UN PROBLEMA HISTÓRICO SIN RESOLVER Ofelia Chirix Como teoría y práctica social, política y cultural, el racismo constituye uno de los grandes problemas para alcanzar el desarrollo y la democracia en la sociedad guatemalteca, porque está enraizado en la estructura de la sociedad. En Guatemala el racismo adquiere legitimidad en la práctica social y se expresa en las conductas y actitudes de los blancos, criollos, mestizos y ladinos, que reproducen valores para dominar y establecer un sistema de dominación. Se implanta y desarrolla en América Latina con la colonización, al diferenciar y clasificar a los pueblos indígenas en relación a los invasores, y se sustenta sobre una discusión teológica, con el fin de justificar la dominación colonial. No fue el único sustento: también lo fueron las víctimas y luego el color de piel. El racismo fundado en el color se impuso a otras sociedades enclavadas en el colonialismo europeo a partir del encuentro con el otro y ha sido utilizado como un instrumento de poder y dominio social, definiendo las barreras entre bárbaros y civilizados. En Guatemala, el color no ha funcionado como un hecho visible, sino como la internalización de las representaciones hegemónicas de la supremacía de los blancos.
En algunos sectores de la sociedad persiste la idea de que como el racismo es algo que no se puede ver y medir, se argumenta que ya no existe. A esta aseveración, se agrega lo que algunos antropólogos norteamericanos sostenían, que en la década de los sesenta planteaban que el racismo ya no existía en Guatemala, porque no seguía las reglas comunes de la sociedad norteamericana para ubicar a una persona en una raza determinada.
De esta cuenta el racismo se ha ocultado o evadido en Guatemala. Como diría Marta Elena Casaús, es “una miopía, un silencio cómplice, una invisibilidad teórica o una estigmatización de aquellos investigadores que han abordado esta problemática”. Esta visión ha llegado a la cotidianidad de los sujetos y es por ello que algunos ladinos, por ejemplo de San Juan Comalapa, creen que el racismo hoy en día ya no existe, primero porque ellos son una minoría y, segundo, porque interactúan en actividades religiosas, políticas sociales y culturales. Cabe preguntarse entonces si los ladinos que no participan en esas actividades siguen siendo racistas. En algunos espacios sociales es posible que existan cambios en 16
las relaciones interétnicas y las actitudes racistas estén desapareciendo, lo que se podría comprobar en el trato humano que asumen los y las ladinas hacia los indígenas.
Si en la vida cotidiana el racismo se manifiesta en distintos espacios sociales, es porque existe una sociedad racista. Cualquiera sea su signo, el racismo ha sido una práctica común, utilizada y reproducida desde los grupos sociales dominantes.
Habría que profundizar en cómo el racismo ha penetrado en amplios sectores de la sociedad y del Estado, al ser una ideología utilizada para mantener distintas formas de dominación hacia los indígenas, calificarlos como inferiores por sus rasgos culturales y físicos, que no son el centro de la opresión étnica y la explotación de los indígenas. El racismo es un problema estructural que atraviesa el engranaje económico y social de este país y no se trata solamente entre indígenas y ladinos, hombres o mujeres, sino también incluye a otros grupos como: xincas, garifunas, alemanes, estadounidenses, europeos, asiáticos.
El núcleo del racismo es biológico y colonial para el caso de Guatemala y América Latina. Sin embargo, su génesis no se puede petrificar, porque el racismo es socialmente contingente y no desaparece fácilmente porque está enraizado en la estructura de la sociedad guatemalteca.
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LA DESAPARICIÓN QUE COMENZÓ EN EL MALETERO DE UN COCHE POLICIAL Bladimiro Chuquimbalque Ernesto Rafael Castillo Páez, estudiante universitario, fue detenido el 21 de octubre de 1990 en el distrito de Villa El Salvador de la ciudad de Lima, por agentes de la policía peruana, el mismo día en que el denominado grupo subversivo Sendero Luminoso hizo explosionar el Monumento de la Mujer. Esta detención ilegal y arbitraria del estudiante y su posterior desaparición, violaron, entre otros, el derecho a la integridad personal protegido por el derecho internacional.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, sentenció al Estado peruano el 3 de noviembre de 1997 por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de Ernesto Rafael Castillo Páez y de sus familiares, porque el Estado incumplió su obligación de respetar y garantizar la vigencia de los derechos humanos.
El estudiante detenido fue introducido en el maletero del coche policial, lo que según la sentencia, “constituyó una forma de trato cruel, inhumano y degradante” que violó su derecho la integridad personal; la persona fue equiparada a una cosa material, que resultó contraria al debido respeto de la dignidad inherente al ser humano, porque el principio básico de este precepto, es que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. No se encontraron los restos mortales del estudiante y fue considerado por la Corte como desaparecido por obra de los agentes policiales.
La sentencia de la Corte Interamericana significa un precedente muy importante en defensa de los derechos de las personas detenidas, porque las fuerzas de seguridad de un Estado de derecho tienen la responsabilidad de encausar sus actuaciones conforme a las leyes que amparan los derechos humanos. El ser humano no puede ser equiparado con una cosa material y sufrir los vejámenes y arbitrariedades de las personas, menos de los agentes oficiales.
En el Perú, los casos de desaparición forzada de personas se incrementaron en 1989, cuando Sendero Luminoso dirigió sus acciones de violencia hacia la ciudad de Lima contra bienes públicos y privados y
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la vida de las personas, lo que conllevó represión policial contra la población civil. Pero la comisión de este delito no era una novedad. Ya se habían producido en la sierra del país, conforme demostraron las denuncias interpuestas ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que registraron un total de 1.916 casos de desapariciones forzadas entre 1984 y 1990, cometidas en mayor proporción por las fuerzas armadas.
La detención y desaparición forzada de Ernesto Castillo Páez se realizó con el consentimiento del Estado, porque incumplió su obligación de garantizar el respeto y vigencia de los derechos dentro de su jurisdicción, al no investigar, juzgar, sancionar y reparar a los familiares de la víctima por los daños físicos, morales y psicológicos causados por la violación del derecho a la integridad personal. Las fuerzas de seguridad del Estado a partir de esta sentencia, quedan advertidas de tratar con dignidad a toda persona detenida conforme prescriben las leyes nacionales e internacionales.
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EN LA OSCURIDAD, LA NIÑEZ AYMARA VE UN HORIZONTE DE ESPERANZA Bartolomé Mamani
Los pueblos Aymara y Quechua tenemos cuantiosas herencias espirituales y materiales. La admirable Machu Picchu es sólo una de ellas. Por ejemplo, tenemos innumerables especies de plantas alimenticias como la papa. Solamente de este tubérculo, según el Instituto Nacional de Innovación Agraria, existen 2.670 variedades. Las condiciones están dadas para que el país sea una potencia mundial en la producción de alimentos. Sin embargo, los sectores sociales más acomodados de la sociedad han sido incapaces de reconocer el valioso legado y solamente reaccionan cuando Chile intenta patentar el origen de algún producto, mientras la escasez de alimentos es un problema grave para un gran sector de la población.
Aunque los datos estadísticos en el Perú han cambiado en torno a la pobreza, el hambre acecha a las grandes mayorías, en especial a los niños, como lo refleja la miseria histórica de la niñez de la comunidad aymara Qellahuyo, ubicada en la zona alta del distrito de Moho, en la región Puno, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Me encontré con historias novelescas. Gregorio nació en 1935 en una hacienda y se acuerda el nombre del terrateniente, Rosendo Mostajo. “Yo nací en un pesebre junto a los animales –dice Gregorio-. Mi madre estaba sola y nadie la ayudaba”. El tenía seis hermanos y todos trabajaban para el terrateniente. “A veces no teníamos comida. Solamente se comía la raíz de la ortiga, la papa silvestre, la quinua silvestre y otras hierbas que existen en nuestro lugar”.
Una década y medio después de la historia anterior, la infancia de Reinalda, nacida en 1951, no ha sido mejor. A pesar del trabajo constante y sacrificado de sus padres, el fantasma del hambre está presente. “Cuando era niña, no había producción de las chacras -recuerda-… nuestro fiambre era las hierbas”. En la década de los sesenta, la vida de los niños no había mejorado. Claudio, nacido el 7 de septiembre de 1960, cuenta: “La comida no nos alcanzaba porque nosotros éramos hartos hermanos. A veces el ratón se llevaba el maíz. Nosotros buscábamos el hueco y recogíamos lo que se llevaba el ratón”.
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Diego, con una personalidad muy jovial y respetuosa, al relatar su vida infantil, en 1977, cuenta que la desgracia se le presentó con la muerte de su madre por falta de atención médica cuando el nació. A pesar de ser adoptado, no fue ajeno a la penuria histórica. “En el mes de abril no hubo pastos para animales ni alimento para personas… en el camino las vacas murieron… faltaban lágrimas para llorar”, recuerda Diego.
‘¿Por qué narrar tantas historias tristes, acaso la modernidad no hace que la riqueza chorree?’, dirán algunos. En la casa de una familia con dos niñas busqué comprobar esa hipótesis. Junto a la madre y la abuela, estaba una infanta gruesita y descuidada, y a su lado, otra pequeña, de textura más delgada, que se preparaba para ir a la escuela. Me invitaron una taza de leche caliente con su canchita (tostado de maíz). Pero el desayuno de la escolar era sólo un plato de sopa con pasta, papas, quizá alguna hortaliza. Esa sola mirada me quitó el apetito. Porque la leche, la carne, o sea, los mejores productos, son para la venta.
La ausencia del Estado es notoria en esta zona. Relatos como este son comunes entre los pobladores: “A mis tres años falleció mi madre”, “cuando tenía cerca de dos años mi madre había dejado de existir”, “desde chiquita he crecido huerfanita sin padre ni madre”.
A pesar de todo, la esperanza es el mayor patrimonio de esta comunidad. Un sector de la población se agrupó en dos organizaciones productivas con asistencia técnica de una entidad privada. Claudio, resume en alguna medida los sentimientos de los pobladores: “Antes que llegara la institución JATHAMUHU, nunca teníamos esta clase de organización, siempre necesitábamos el apoyo de los técnicos. Ahora, yo no estoy conforme solamente con la crianza de cuyes, sino que también me gustaría saber de artesanía, engorde de ganado vacuno y ovino”.
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MÁS ACCIÓN CIUDADANA PARA PREVENIR LA DISCAPACIDAD Juan Mamani La falta de políticas públicas coherentes y pertinentes y una débil acción ciudadana son las principales causas para que, debido a la contaminación, la discapacidad sea un riesgo importante en nuestras vidas. Algunas pinturas de los juguetes, con las que juegan nuestros niños, contienen plomo. Y cuando los niños exponen continuamente a este elemento, incluso en niveles relativamente bajos, “pueden obtener puntajes inferiores en pruebas de cociente intelectual y tener discapacidad para el aprendizaje, mal desempeño escolar y comportamientos agresivos, todo lo cual puede contribuir a reducir sus ingresos a lo largo de la vida”, según señala la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los niños pequeños son los más susceptibles a sufrir esa contaminación, ya que suelen poner objetos a la boca. Pero el plomo no es el único elemento que mal manejado puede ocasionar discapacidad.
El viernes 2 de junio del año 2000 ocurrió un derrame de mercurio en el centro poblado menor de San Sebastián de Choropampa (Cajamarca). El derrame se produjo en un tráiler camión de la empresa RANSA Comercial S.A., que transportaba nueve balones metálicos que contenían dicha sustancia y diez cilindros metálicos de cloro gaseoso vacíos, de propiedad de Minera Yanacocha SRL. Accidente como este en otros países han causando discapacidades cognitivas en gran número de personas, especialmente en los niños.
Para la OMS, la discapacidad es “toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en forma y dentro del margen que se considera normal para un ser humano en su contexto social”. Por tanto, la discapacidad no sólo la padecen quienes no pueden caminar, ver, u oír, sino quienes no pueden realizar actividades consideradas normales en sus contextos.
El uso de elementos químicos nocivos a la salud en la fabricación de objetos que tenga que ver con el quehacer diario está penado en muchos países. Sin embargo, en el Perú y en otros países de América Latina, lamentablemente, los gobiernos han demostrado un alto grado de permisibilidad y debilidad para hacer cumplir las normas que reducen los riesgos en la manipulación de estos elementos.
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Como ciudadanos es nuestra responsabilidad exigir y fijarnos que los productos que compramos estén dentro de los paramentos correspondientes y observen las medidas necesarias. Las epidemias como el cólera, la viruela, la peste bubónica y la tifoidea, fueron derrotadas con la toma de conciencia de la población respecto de la higiene y con una acción colectiva. Nuestra tarea del presente es derrotar todo tipo de discapacidad que pueda condenar de por vida a nuestros niños.
Se requieren políticas coherentes, una acción conjunta y la toma de conciencia sobre el peligro que representan algunos productos son necesarios. Así contribuiremos a mantener a raya a una de las causas de la discapacidad.
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¿EL FIN DE LA VENTRILOQUIA? VOCES DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN AMÉRICA LATINA Georgina Méndez Las mujeres indígenas comienzan a ser, ahora, actrices fundamentales en sus organizaciones y en las movilizaciones colectivas, tales como las sucedidas en Ecuador en 1990, en Chiapas, México, en 1994 o en las luchas recientes en Bolivia, donde su presencia ha sido numerosa no sólo como acompañantes sino como parte de las organizadoras de los levantamientos.
Durante el Primer Foro Internacional de mujeres indígenas realizado en Perú en abril pasado, ellas afirmaron en una declaración que "por siglos, ha recaído sobre nuestros hombros por voluntad propia u obligadas por las circunstancias históricas de nuestros pueblos el sostén no solo de nuestras familias, sino también de salvaguardar nuestras culturas, hemos sido las responsables de que los valores y principios se mantengan vivos en nuestras culturas. Por esto hemos tomado la decisión de ser sujetas activas y protagonistas de la historia y dejar de ser objetos folklóricos”. Esta es una de las expresiones concretas de la participación y demandas de las mujeres indígenas en la que reconocen el peso de la asignación histórica
Poco a poco las mujeres indígenas están ganando espacios para el debate, análisis y reflexión de sus derechos como mujeres, en numerosos congresos nacionales e internacionales. En esas instancias, las mujeres indígenas se han reunido para poner en común sus preocupaciones y sus demandas de género y como pertenecientes a pueblos indígenas. Ellas incluyen temas como la violencia intrafamiliar, exclusión y falta de oportunidades educativas, la discriminación y el machismo que viven en las comunidades. Se ha corrido un velo y comienza a hablarse y cuestionarse de forma más abierta.
La visibilización de las mujeres indígenas ha enfrentado conflictos. Su participación ha sido aceptada en tanto defiendan los derechos de la colectividad, como pueblos y no demandando derechos individuales como mujeres. Es aceptable, hasta cierto punto, demandar derechos como mujeres siempre y cuando se encuentren enmarcadas dentro de la lucha y la agenda del movimiento indígena. Desde esa perspectiva, ha sido difícil para ellas la formulación específica de demandas de género de manera más abierta, ya que una de las tensiones que se manifiesta cuando las mujeres indígenas exigen derechos dentro de sus propias organizaciones es la vinculación con los movimientos feministas y las supuestas 24
pretensiones individualistas de estas. Este discurso se basa en una concepción errónea del feminismo, ya que éste ha sido diverso como diferentes han sido las mujeres que militan en él y más bien se ha utilizado para descalificar y evitar tender puentes entre los movimientos sociales.
Los retos que las mujeres indígenas incluyen la lucha por las demandas de los pueblos indígenas y también la utopía de construcción de una cultura de respeto, inclusión y solidaridad entre hombres y mujeres, que parta del equilibrio y cosmovisión de estos pueblos sin violentar la dignidad de las mujeres. El fin de la ventriloquia implica, por lo tanto, la defensa de los derechos de las mujeres indígenas, lo que de ninguna forma contradice ni vulnera la agenda del movimiento indígena sino que la enriquece al reconocer que ellas son sujetos con saberes ancestrales (de la medicina, la lengua, cuidado del medio ambiente, por ejemplo), líderes que quieren ser conocidas y transformarse en protagonistas de la historia del movimiento indígena.
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LAS CUIDADORAS DE LA VIEJA EUROPA Judith Muñoz Los 27 estados miembros de la Unión Europea (UE) aprobaron el 18 de junio una directiva de retorno, en la que establecen criterios comunes para la expulsión y retención de inmigrantes. Se estima que la entrada en vigor de esta normativa afectará a más de ocho millones de personas, de las que un 47% son mujeres. La resolución, que ha sido criticada por organizaciones como Amnistía Internacional y rechazada por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, contempla, entre otras medidas, la privación de la libertad para los denominados “sin papeles” hasta por un período de 18 meses.
Al equiparar la inmigración irregular con un delito que se debe castigar con la reclusión, la UE retrocede claramente en el respeto de los derechos humanos, lo que además resulta sospechoso en un escenario de fuerte desaceleración económica. La vieja Europa quiere proteger sus privilegios, pero olvida que su desarrollo económico se debe, en gran parte, a la explotación de los recursos naturales provenientes de sus ex colonias en África o América, y a que las personas inmigrantes han contribuido a la bonanza económica de las últimas décadas, dando mucho más de lo que han recibido.
Datos publicados por el gobierno español señalan, por ejemplo, que en 2007 los inmigrantes aportaron a las arcas fiscales cerca de 24.400 millones de euros y sólo recibieron como contraprestación 18.600 millones. Su presencia supuso un beneficio neto para este país de 5.000 millones de euros al año y su contribución a la seguridad social permitió pagar 900.000 pensiones a jubilados. Además, Europa ha utilizado mano de obra barata de millones de inmigrantes para cubrir los oficios despreciados por los autóctonos, entre ellos, el trabajo doméstico y el cuidado de personas enfermas y ancianas, todas actividades realizadas mayoritariamente por mujeres.
Los crecientes déficit de los estados de bienestar europeos y los cambios culturales han impulsado a numerosas familias a buscar mano de obra femenina inmigrante para ocuparse de las desvalorizadas tareas reproductivas y suplir la falta de guarderías o residencias para personas ancianas. Los beneficios que otorga su reclutamiento son numerosos: bajo costo, desconocimiento de las leyes laborales y rasgos culturales comúnmente asociados a la sumisión, lo que facilita la explotación y el mantenimiento
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relaciones de dominación étnica y de clase. Sin embargo, a pesar de su escaso valor en el mercado, las mujeres inmigrantes desarrollan un trabajo imprescindible para el sostenimiento de la vida: “el cuidado” que tiene un valor ético y es indispensable para la cohesión social de los países.
Europa necesita proveedoras de servicios domésticos y de cuidados de bajo coste para mantenerse cohesionada y para que sus economías puedan funcionar. La asignación de estas tareas a las mujeres y la posición subordinada de estas actividades en el mercado, se apoya en relaciones de poder social e históricamente construidas. La utilización de mujeres inmigrantes como mano de obra barata, facilita la reproducción de un modelo social y económico que no avanza hacia la corresponsabilidad o el reparto de tareas entre hombre y mujeres. Al contrario, refuerza la división sexual del trabajo y se sirve de la pobreza de los países del sur para tener a su disposición un contingente de trabajadoras inmigrantes en situación irregular.
La directiva de retorno resulta funcional a las desigualdades de género y entre países, puesto que ayuda a una mayor reducción de las garantías legales y los derechos de los inmigrantes. Aún así, Europa se levanta cada día gracias al trabajo de millones de mujeres sudamericanas, asiáticas y africanas que lavan su cara, limpian sus miserias y acarician sus heridas. Las mujeres inmigrantes cuidan cada día con esmero a la vieja Europa pero ella, en lugar de agradecerles, decidió perfeccionar sus mecanismos de explotación y no cuidar a sus cuidadoras.
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LA DISCRIMINACIÓN VISTA DESDE UN ANCESTRO COMÚN Liceli Peñarrieta El horizonte en el camino recorrido por la humanidad no parece ser tan atractivo como el pasado. El hombre constantemente se encuentra revisando la historia y en ella encontramos una pregunta persistente y universal: ¿cuál es nuestro origen? Como respuesta encontramos diferentes versiones, pero en esta diversidad existen grupos que parecen ser felices al responder: somos los mejores, nuestra raza es superior. Estas respuestas han representado en la historia de la humanidad explotación del hombre por el hombre, esclavitud, discriminación y exclusión. ¿Pero hasta qué punto somos diferentes, si en los últimos años se han realizado diversas investigaciones que demuestran que todos procedemos de una Eva africana, es decir, de un ancestro común?
En países como el Perú, nos encontramos frente a una diversidad de grupos humanos. La convivencia de estos grupos con los denominados hombres blancos ha representado discriminación y exclusión, en el pasado y en la actualidad. En esta situación, la idea de enfrentarnos a la pregunta si tenemos un antecesor común, parece obviarse.
Para muchos peruanos, tener rasgos mestizos y andinos significa ser diferenciados del ideal limeño. El tener mayores posibilidades económicas, un elevado nivel de educación u ocupar un determinado cargo público no garantizan necesariamente un trato respetuoso y el pleno ejercicio de sus derechos, si es que el color de la piel y los rasgos no son los ideales o más valorados en la sociedad peruana.
Las personas parecen sucumbir frente a los prejuicios, como creer que por el color de la piel se deben tener mayores privilegios y, no reaccionar frente a la realidad de hibridación e intercambio genético que hasta el momento se ha dado. Más aún, si admitimos que tenemos un ancestro africano común, o como afirma el sociobiólogo Richard Dawkins, "somos los descendientes de una pequeña elite de antepasados”, es decir somos archivos andantes de una época africana, en la que el hombre inicio su recorrido por el mundo.
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Salir de África significó para el hombre comenzar una serie de cambios en sus características físicas. Ocurrió un proceso de adaptación, necesario para garantizar la sobrevivencia de la especie en determinadas zonas donde se ubicaron, cuyas características variaban del lugar de origen.
Realizar una revisión del recorrido del hombre y su adaptación a diversas condiciones a través de la historia, significa tener una visión de las personas actuales, que pertenecen a países diferentes, con rasgos físicos diferentes, pero que tienen en su esencia, en sus genes el común, de lo que es denominado por los expertos, de una Eva africana.
Frente a esta realidad, ¿dónde quedan los grupos de personas que se creen superiores sólo por el color de la piel o rasgos físicos idealizados, si todos tenemos el denominador común de los genes africanos?. Es el momento de cambiar, de dejar los prejuicios y a partir de los estudios de nuestro pasado, hacer frente al horizonte que se nos presenta, donde esperemos, la discriminación y exclusión de grupos sólo sean motivo de estudios pasados y una realidad vigente.
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LA ESCUELA RURAL EN LA REGIÓN INKA Hipólito Peralta “Yachay wasiqa llaqtaykuq ñawinmi karan, ichaqa kunanqa wawakunatan qillakayta yachachinpunku” (“Nuestra escuela era los ojos de nuestra comunidad, pero ahora enseñan a nuestros hijos a ser ociosos”) Asistir a una escuela era muy difícil para los indígenas, este espacio estaba reservado para los hijos de los hacendados. Es más: eran pocas las comunidades de nuestra región que tenían una escuela. Los hacendados no lo permitían porque percibían a la escuela como una amenaza por la posibilidad de rebelión que los indígenas instruidos podrían optar. Por esta razón muchas comunidades indígenas empezaron a tener escuelas ocultas. Uno de los casos más representativos fue la escuela creada por Dolores Cacuhuango, en Ecuador. Otro ejemplo exitoso fueron “Las escuelas indígenas de Warisata – Bolivia”.
Un caso similar hubo en nuestra región de Cusco, después de la reforma agraria implantada por el general Velasco Alvarado a fines de la década de los sesenta, que permitió a comunidades indígenas como las de Umutu, por citar una, contar con su propia escuela, para lo que pagaban un maestro y así sus hijos pudieran aprender a leer y escribir. Este espacio escolar, como dicen ellos, les permitió “tener ojos”. Estas escuelas respondían a las necesidades de la comunidad.
La década de los setenta trajo consigo la masificación de las escuelas en las comunidades indígenas. Como había muchas escuelas y pocos maestros, la solución fue contratar de manera interina a personas con quinto de secundaria o con estudios superiores no concluidos en cualquier rama. En el decenio de los ochenta muchos egresados de otras carreras que no encontraban trabajo percibieron este espacio como una posibilidad laboral, aunque por supuesto no todos con la vocación necesaria ni mucho menos con la preparación adecuada.
Hoy existen escuelas hasta en los lugares más alejados. Ha crecido la oferta educativa pero no así la formación de los docentes, ya que muchos de ellos sin formación pedagógica se dedicaron a esta actividad, que debiera de ser de gran responsabilidad. Para contrarrestar esta situación el Estado creó el 30
INIDE, una instancia del Ministerio de Educación que se dedicaba a cualificar docentes en servicio para profesionalizarlos. Después los institutos pedagógicos del Estado se hicieron cargo, y los institutos pedagógicos privados ofrecieron sin mayor exigencia a sus participantes titularlos a distancia. Las consecuencias se pueden observar claramente en el rendimiento de los estudiantes. Las escuelas rurales no respetan el contexto cultural, estas constituyen espacios de asimilación, preparando a los estudiantes para emigrar a las ciudades o aniquilando sus conocimientos culturales, como el culto al trabajo, el respeto a sus mayores y el trabajo colectivo. No en vano los padres dicen que: “Nuestra escuela era los ojos de nuestra comunidad, pero ahora enseñan a nuestros hijos a ser ociosos”.
Se requiere una reingeniería de nuestra educación, concertar acuerdos con instituciones que participen de manera responsable. Este sector no es sólo de responsabilidad de quienes trabajan en educación. Se trata de un tema multisectorial e interdisciplinario. De este modo y con otras formas creativas quizá podamos mejorar la educación rural no solo en nuestra región, sino en todo el país, para desterrar esa sentencia de que “la educación rural es una estafa en el Perú”.
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EDUCACIÓN EN CHILE: SEGUIMOS ESPERANDO Marisol Prado Desde hace años los chilenos esperamos una Reforma Educacional que permita equilibrar el sistema e igualar las oportunidades de acceso y permanencia de los estudiantes, pero al parecer seguiremos esperando.
La nueva Ley General de Educación (LGE) mantiene el mismo marco de la “antigua” Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) con otro nombre. Se sigue pensando en la educación como en un bien que se transa en el mercado, lo que implica mantener su baja calidad, alta segregación y elevado costo para las familias. El sistema desde hace mucho tiempo esta en crisis y ya no puede continuar así: es imperativo reconstruir un sistema público que garantice una educación gratuita y de calidad en todos los niveles.
En 1973 Chile contaba con un sistema de educación gratuito y de calidad reconocida, el 30% de los chilenos de todas las edades estaba escolarizado y su presupuesto alcanzaba al 7% del Producto Interno Bruto (PIB). La educación era el principal instrumento de transformación social.
Durante la dictadura de Pinochet se destruyó totalmente. Se produjo una brutal persecución a profesores y alumnos, el desmantelamiento de establecimientos, se redujo el presupuesto a la mitad y el sueldo de los profesores a la tercera parte. Se instauró un mercado educacional, subsidiando a privados al tiempo que se extinguían los públicos. Se creó la LOCE.
La llegada de la democracia no cambió las cosas. Los diferentes gobiernos han mantenido el esquema antes impuesto, aunque se han hecho esfuerzos por recuperar el gasto público y las remuneraciones de los profesores. Sin embargo, no se ha logrado impedir el continuo desmantelamiento y degradación del sistema público.
Hoy el presupuesto para educación no alcanza al 3,5% del PIB y el magisterio tiene un nivel salarial menor al de 1973. Los establecimientos privados se multiplican mientras los públicos quedan en el
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abandono, la mitad del gasto en educación es absorbido por las familias y la calidad sigue siendo deficiente. La enseñanza es vergonzosamente segmentada por niveles de ingreso y posición social.
Un sistema público gratuito, de excelencia, que asegure el acceso en todos los niveles a los chilenos, con una base sólida y estable, que sea capaz de desarrollar investigación científica, innovación tecnológica y creación intelectual y artística, es lo que han construido los países desarrollados.
Esa es la solución más rápida y eficaz para alcanzar rápidamente los niveles de calidad que la educación en Chile necesita y merece.
Estudiantes y profesores son actores claves en este proceso de cambio, no sólo por ser el motor de movilizaciones que pretenden denunciar el fracaso de imaginar a colegios y universidades públicas como empresas privadas y a docentes como empleados, sino porque son la base del sistema.
Quizás el principal problema que enfrenta la educación es el temor a las transformaciones sociales, que sin duda es lo que trae consigo un sistema educativo al alcance de todos. Este país sigue prisionero de una sociedad llena de prejuicios, deslumbrada por la fantasía de un mercado devastador y bajo la mirada y el silencio de unos pocos que ostentan el poder y aquellos a quienes les conviene, aunque no lo reconozcan, mantener las diferencias sociales.
Mientras el mundo avanza, Chile sigue esperando.
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LOS PADRES DEL TELÉFONO María Félix Quezada
Yaqui tenía un año y cuatro meses cuando la dejaron sus padres, que emigraban a Estados Unidos en busca del sueño americano. A su corta edad supo que la habían abandonado, pues la noche en que ellos se marcharon “la pusieron junto a mi, pero se bajó de mi cama y fue hacia su cuarto a oscuras buscando entre las cobijas a sus papás. Como no los encontró se puso a llorar y yo también”, afirma la abuela. “Su papá manejaba una camioneta azul que le habían prestado y cuando la veía pasar corría hacia ella, estaba esperanzada de que el chofer fuera el. Fue muy difícil para ella asimilarlo, cuando dormía conmigo metía su mano en mi pecho y se agarraba de mi seno, sólo así se sentía segura”.
La migración mexicana indocumentada hacia Estados Unidos tiene décadas de existir, en una corriente que ha impactado a las comunidades de expulsión. En el proceso se observa desintegración familiar, comunidades con mujeres, pero sin sus esposos, comunidades con viejos, porque no hay jóvenes, comunidades con niños que han sido encargados con sus abuelos algún otro familiar o vecino porque se fueron sus padres, como refleja el testimonio. Y ¿a qué van al “otro lado” o al norte?, como se dice en estos pueblos. Las estadísticas son contundentes: la mayoría emigra por carecer de un empleo o para mejorar su ingreso.
En el año 2000, según el Consejo Nacional de Población, Estados Unidos ocupaba el primer lugar como país receptor de migrantes en el mundo. China, República Democrática del Congo y México constituían en esa misma fecha los principales países expulsores de población. Los inmigrantes latinoamericanos y caribeños son el grupo mayoritario entre la población extranjera residente en Estados Unidos, y México tiene la primacía.
El tema de los niños es uno de los más complejos. Un reciente taller de una ONG (IMIFAP) realiza un proyecto piloto con los infantes preescolares que uno o sus dos padres se encuentran laborando en Estados Unidos. Su intención es dotar de herramientas a los maestros y tutores que interactúan cotidianamente con estos pequeños.
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El destino de estos niños depende de quien los cuide, abuelos, tíos o vecinos, y el contexto en que se desenvuelven. Mi hijo asiste a una escuela de educación inicial y tiene una compañerita que le agrede a el y a sus compañeros. Investigué y la maestra me comentó que la cuida su abuela porque sus papás la dejaron a los ocho meses de nacida. Pero ya se cansó e insiste a sus padres que se la lleven porque “ya no la aguanta y se lo hace saber también a la niña, quizá por eso es así aquí en la escuela”, me comenta la maestra.
Los niños son uno de los actores sociales que viven y sienten la emigración. También están los padres de los jóvenes donde algunos se sumergen en el alcoholismo -“porque ya no tengo a quien atender”, asevera una madre cuyo último hijo se fue hace tres años. Existen las mujeres que viven la ausencia de sus esposos por largas temporadas, pero padecen la discriminación de su contexto indígena porque viven una vigilancia constante por parte de sus suegras y de la comunidad en general.
Yaqui tiene actualmente nueve años. Está en cuarto de primaria y tiene ocho años y cuatro meses sin reencontrase con sus padres. Ellos ya tuvieron otros dos hijos y no saben cuando volverán. Los ha visto por fotos, y en ocasiones recibe tarjetas. Yaqui sabe que tiene varios padres: los abuelos y como ella dice, “los del teléfono”. Sólo por este medio ha escuchado sus voces, imagina cómo son físicamente pero ignora cuando volverán.
Los pueblos viven de las remesas y algunos han encontrado estrategias para incorporar a sus emigrantes. No obstante, esta inserción tiene dos tendencias: por un lado ayuda al migrante a mantener sus lazos con su comunidad de origen, pero por otro representa cargas a los familiares y coerción para estos mismos migrantes. En una ocasión visitaba a Juana, que estaba muy preocupada porque se acercaba la fiesta patronal y tenía que asistir a tres faenas (ayuda comunitaria) de sus tres hijos ausentes, si no lo hacía iba a pagar trescientos pesos, se trataba de limpiar la calle. Sólo que hace 9 años ninguno de ellos transita por ahí.
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LA AUDITORÍA SOCIAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA Bolívar Sánchez En los últimos años los gobiernos democráticos de muchos países de América Latina se han involucrado en problemas de corrupción, como el manejo inadecuado de los recursos públicos, adjudicación anómala de obras, incumplimiento de leyes, clientelismo político, etc., lo que ha dañado su credibilidad ante la sociedad. Por otra parte, la sociedad misma se encuentra en una etapa de sumisión, crisis de ciudadanía y desarticulación de organizaciones sociales que no han jugado el rol que les corresponde, y existen pocos movimientos sociales consolidados que pueden incidir en los espacios de tomas de decisiones de los gobiernos que son luces para la sociedad.
Uno de los instrumentos para la consolidación de las democracias es la generación de ordenamiento legal que garantice la participación real de la sociedad civil, y su empoderamiento del mismo. En muchos países se está institucionalizando la auditoría social como un mecanismo de ejercicio de participación democrática para contribuir a la erradicación de la corrupción, y de promoción de la transparencia en la gestión pública.
Como herramienta de control, vigilancia, monitoreo y evaluación de la ciudadanía para las acciones de los funcionarios públicos, la auditoría social debe ser complementada por normas de libre acceso a la información, participación social, instituciones sólidas, sistema de justicia imparcial. Requiere además de la voluntad política de los funcionarios públicos, así como de la formación y concientización de la ciudadanía para exigir el cumplimiento de sus derechos y asumir los compromisos que se derivan de sus obligaciones.
La auditoría social es un proceso sistemático en el que la ciudadanía propicia su participación conformando comisiones de auditoría social, cuyos integrantes deben ser personalidades honorables, sin antecedentes cuestionables, que no formen parte del Estado para lograr su verdadero cometido.
Este mecanismo de participación social permite a la ciudadanía fortalecer la democracia, promover la transparencia en la administración de los recursos públicos, rendición de cuentas y la consolidación de
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la institucionalidad de los países. Es determinante indicar que este proceso de seguimiento y evaluación se orienta hacia la formación de una ciudadanía crítica, constructiva, propositiva y proactiva, involucrando a hombres y mujeres para contribuir al desarrollo integral.
Se trata de un elemento democrático que puede generar una nueva cultura política y reorientación de la visión de los partidos políticos para mejorar su actuación al hacer gobierno, o recuperar su credibilidad como medio de acceder al poder para la generación de políticas públicas. Que este instrumento de participación social se encuentre cobrando auge en muchos países, es un indicio de que la ciudadanía podría tener mayor incidencia en los espacios de toma de decisiones y contribuir a la erradicación de la corrupción en la gestión pública, y no sólo pilar de la democracia representativa, sino que reorientarla hacia una democracia participativa.
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AVANCES DE LA POLÍTICA NACIONAL DE INFANCIA EN CHILE Marisa Sandoval A 18 años de la adopción de la Convención de los Derechos del Niño, la implementación de la política de infancia en Chile no ha logrado aún una aplicación plena del enfoque de derechos humanos propuesto por este instrumento internacional, como se puede observar al contrastar la realidad nacional con los conceptos generales y estándares internacionales a favor de la infancia y adolescencia.. Generalmente la mirada que la opinión pública tiene respecto de la infancia y la adolescencia se centra en sus rasgos positivos y potencialidades. Con frecuencia, los niños son considerados como “el futuro de la sociedad”, y existe consenso a nivel internacional de que la inversión en la infancia es la más rentable y necesaria para alcanzar mayores niveles de desarrollo. Sin embargo, esta visión positiva de la infancia y la adolescencia contrasta fuertemente con la situación real que actualmente está viviendo una gran cantidad de niños y adolescentes. En los países iberoamericanos “al iniciarse el siglo XXI más de la mitad de los niños y adolescentes de la región son pobres y más de la mitad del total de pobres de la región son niños y adolescentes”, según señala un reciente estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
En el caso de Chile, si bien desde la década de los noventa se registra una reducción sostenida de la pobreza, una disminución de la mortalidad infantil y un avance en el acceso a la educación, el último informe de Desarrollo Mundial 2006 -elaborado por el Banco Mundial- reveló que el país se mantiene dentro del grupo de naciones con la peor distribución de ingreso del mundo. Esta situación afecta con más fuerza a la población infantil, pues de acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2006,
el 21,9%o de los niños menores de 4 años vive en situación de pobreza en relación al
13,7% de la población general.
Actualmente existe abundante bibliografía respecto a como el Estado chileno ha asumido su preocupación por la infancia, en un material bibliográfico producido en mayor parte por fuentes oficiales a nivel nacional e internacional. Especial atención merecen estudios específicos sobre la situación de la infancia en Chile, patrocinados por el UNICEF y los informes presentados por Chile al 38
Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y sus respectivas recomendaciones. Esta diversidad de miradas convergen en la idea de que en el país aún quedan tareas pendientes para garantizar una efectiva protección de los derechos de la infancia de acuerdo al nuevo paradigma propuesto por la convención.
Una de las recomendaciones formuladas al Estado chileno por el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es la falta de difusión de la perspectiva de desarrollo humano propuesta por la Convención y de la Política Nacional y el Plan de Acción Integrado a favor de la infancia y adolescencia para el 2001-2010.
En consecuencia, es necesario proseguir los estudios previos que no han agotado suficientemente el tema, para ahondar en la incidencia de las políticas públicas en la incorporación de los nuevos paradigmas de desarrollo humano, y en este caso a favor de la infancia. Por cierto, se precisa un análisis científico que permita arribar a una aproximación sistematizada y global de la gestión pública chilena en esta materia, poniendo en evidencia los factores que explican las disfuncionalidades de la Política Nacional de Infancia.
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SER INDÍGENA NO SIGNIFICA SIEMPRE SER POBRE Moisés Suxo Ser indígena aumenta la probabilidad de una persona de ser pobre, según el Banco Mundial. ¿Basta el no acceso a los servicios básicos y la baja capacidad adquisitiva para definir la pobreza indígena? Las variables internacionales de medición de la pobreza están equivocadas o son insuficientes puesto que utilizan métodos basados sólo en las insatisfacciones y privaciones de los individuos. En consecuencia, miden parcialmente los índices de pobreza indígena.
El concepto de pobreza está en función de los distintos enfoques y de sus diversos actores. El enfoque tradicional de los organismos oficiales prioriza las carencias de la persona, mientras que la perspectiva de las capacidades privilegia lo que puede hacer y ser potencialmente el individuo en relación a su grupo. Y la pobreza desde el enfoque de derechos concentra su interés en el despojo y negación de derechos colectivos de los cuales son objetos los pueblos indígenas.
Se conocen dos métodos de medición de la pobreza, que son utilizados por los organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) y el Banco Mundial (BM). Por un lado, el método de la línea de pobreza (LP), que se basa, principalmente, en los ingresos y gasto de consumo. Debido a la volatilidad de sus criterios este mide únicamente la pobreza coyuntural. Por otro, el método de necesidades básicas insatisfechas (NBI) se refiere al no acceso a servicios públicos básicos como la educación, salud, vivienda y saneamiento. Si bien este último mide la pobreza estructural, también ofrece una visión unilateral de ella.
Los criterios de medición de pobreza indígena presentan limitaciones sustantivas. Véanse, por ejemplo, los indicadores aplicados al conjunto de la sociedad, sin distinción de la diversidad ecológica, estandarizando los patrones, cosmovisiones y aspiraciones de los pueblos de América Latina. Asimismo, busca puntos de comparación con el resto de la sociedad nacional. Por ello, las causas y efectos de la pobreza indígena no se pueden equiparar a la sociedad no indígena, dada la invisibilización y subordinación de aquella en la toma de decisiones estatales.
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En este contexto heterogéneo de la realidad latinoamericana es necesario avanzar hacia la construcción de criterios e indicadores de pobreza propios desde y para las poblaciones indígenas a partir de dos perspectivas: la de los derechos colectivos y de las capacidades. Para el primero, se proponen como indicadores el acceso a una educación, salud y medicinas propias, considerar la productividad de las economías indígenas, la tenencia de las tierras y territorios así como los recursos naturales que se encuentran en ellas, revitalización cultural, entre otros.
Para la segunda perspectiva se sugieren los siguientes indicadores: las estrategias propias de sobrevivencia grupal, la protección del medio ambiente, las habilidades para las construcciones de artes, tecnologías y conocimientos adecuadas a la ecología y otros. Un caso paradigmático es el manejo exitoso de la actividad comercial por parte de los aymaras, lo que les convierten en un pueblo pujante.
Los métodos de medición de la pobreza se basan en un patrón de vida universal, por lo que es un desafío replantearlos y reformularlos desde otras ópticas culturales con el objeto de dar cuenta de las especificidades e interpretar, desde luego, cabalmente la pobreza indígena. Además, la búsqueda de indicadores propios de pobreza para los pueblos indígenas permitirá disociar la interdependencia de las categorías pobre e indígena. En suma, hay que relativizar este estigma de que ser indígena es ser pobre.
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¿UN NUEVO DILEMA PEDAGÓGICO EN EL PERÚ? Silvia Valdivia Dos opciones sobre la consideración de la diversidad cultural de los estudiantes están dadas para que los maestros afronten un nuevo dilema en la escuela republicana del Perú. Una de ellas es la negación de la diversidad cultural de los maestros que, frente a la población de estudiantes Quechua, Aimara, Aguaruna, Occidental y otros, han adoptado una pedagogía que sólo ofrece los conocimientos de la cultura occidental. La hegemonía del español y de los conocimientos técnicos y científicos tiende a marginar los conocimientos indígenas sobre la agricultura ecológica, que algunas empresas agroalimentarias estudian para una explotación comercial ulterior. La otra opción es la aceptación de la diversidad cultural de los maestros que, para aplicar una pedagogía en el aula de dos o más culturas, integran los conocimientos de las diferentes culturas. El uso de las lenguas indígenas y del español puede facilitar el acceso a los conocimientos indígenas sobre las plantas y a los conocimientos científicos sobre la medicina para la eficaz protección sanitaria.
Quienes niegan la diversidad cultural plantean este tema en términos de asimilación, causando un universalismo abstracto de la escuela que no tiene sentido ni consistencia en la realidad histórica y social del Perú. Estos profesores piensan que una pedagogía que considera las diferencias culturales carece de sentido porque estas se borran ante los efectos del factor y origen social. Para ellos, es más bien la dimensión social la que se debe tomar en cuenta para comprender bien y conseguir su acción educativa. En zonas donde hay una concentración fuerte y geográfica de ciertas capas sociales, como Lima, los orígenes culturales parecen pesar menos que la equivalencia social.
Estos profesores no asocian sistemáticamente identidad y cultura. Para ellos, la identidad es en primer lugar algo personal. Si esta es influida por nuestros orígenes culturales, lo es aún más por nuestra historia, nuestras experiencias, nuestras ideas. Es algo que se construye. Por último, estos profesores piensan que elegimos nuestra identidad: ella es móvil, en función de los momentos de nuestra vida e incluso de las personas con quienes convivimos: “Puedo ser limeña, músico o deportista, está en perpetuo movimiento, eso depende de la situación…”. Para estos profesores, la identidad es una construcción social e histórica contingente.
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Si predomina la actitud de asimilación de los maestros de las categorías profesionales superiores frente a la diversidad cultural, se debe esperar la actitud de integración de los maestros de las categorías profesionales medias e inferiores. Se puede pensar que hay aquí una actitud de la clase popular que pide acceso y una atención a la desventaja, que los separa de lo que ellos piensan es legítimo y de lo cual se sienten excluidos. Entre estos profesores están los que niegan poseer identidad cultural: “yo soy peruano, no tengo cultura particular…” y los que piensan que la identidad cultural es personal pero impuesta por la historia de vida o el origen étnico: “La identidad es lo que yo tendría ganas de transmitir… puede ser a mi clase…”. Curiosamente, la posición abierta frente a la pluralidad cultural no se basa en la concepción de la identidad como una invención permanente. Esto pone de manifiesto que las actitudes que parecen las “más humanistas” son a veces portadoras de las representaciones falsas e incluso peligrosas.
Estas actitudes ante la diversidad cultural, asimilación o integración son excluyentes pero pueden evolucionar en el tiempo. Los profesores que experimentan una formación en una pedagogía intercultural, que no es indiferente a las diferencias y se inscribe en un planteamiento de reconocimiento y respeto, suelen abandonar la concepción de asimilación para preferir la de integración.
Sin embargo, la pedagogía “intercultural” presenta problemas. Se apoya en concepciones deterministas de la identidad cultural. El individuo está definido por el derecho con el cual se relaciona (en términos geográficos o nacionales) o por la herencia que recibió, por la historia familiar. No tiene la elección de adoptar tal o cual aspecto de tal o cual cultura.
Aquí parece indispensable una reserva. ¿Cómo inscribirse en un planteamiento educativo de respeto y de apertura a los otros cuando se piensa que el individuo se determina por su cultura? Eso es ocultar dos elementos esenciales. En primer lugar, que la cultura no es fija ni un dato innato, sino una construcción permanente y dinámica. En segundo término, los sociólogos conocen los peligros de las teorías deterministas que presentan una visión inmóvil del mundo social y no pueden dar cuenta del cambio. Una formación en la interculturalidad debería pues tener en cuenta tanto un análisis de los conceptos de identidad como una dimensión de experiencia de la diferencia. 43
EN DEFENSA DE LA VIDA El enfrentamiento entre dos concepciones opuestas de territorio conduce a un estado permanente de convulsión social Wilwer Vilca Las sociedades latinoamericanas, en especial las de la Región Andina, son heterogéneas. Cada uno de nuestros países alberga una rica diversidad de pueblos, nacionalidades y culturas, unidas, sin embargo, por una concepción común del territorio como un espacio de vida, donde el ser humano es parte de ese territorio y vive en diálogo permanente con la naturaleza. Pero los Estados monoculturales no expresan ni reconocen esta realidad plural y conciben el territorio como un recurso natural meramente comercial y que sólo existe para ser explotado.
Es decir, mientras los pueblos indígenas conciben el territorio y los bienes naturales como fuentes de vida, trabajando con ellos (y no sobre ellos) para satisfacer las necesidades de todos, la visión de los Estados es la de acumulación de riquezas y hacia ello dirigen sus políticas económicas. Esto explica por qué la explotación de los recursos naturales no puede ser más que irracional.
Aquí no hablamos únicamente del enfrentamiento entre dos concepciones de territorio: en última instancia están colisionando dos concepciones del mundo, a partir de las cuales se construyen modelos de desarrollo totalmente opuestos, con objetivos antagónicos.
Este choque genera un escenario de convulsión social, en el cual los pueblos indígenas defienden el derecho a su propia existencia, mientras que el Estado insiste en incluir a estas culturas en sus políticas monoculturales, entendiendo que basta con pertenecer a un espacio territorial para ser “iguales”. Tal actitud estatal se profundiza a partir de la llamada globalización neoliberal, que exige imponer políticas públicas uniformes, destinadas a una mayor explotación de los recursos naturales, con la misma lógica de la acumulación de capital, pero a costa de la insatisfacción de las necesidades de las mayorías.
El modelo de desarrollo que los Estados imponen es inviable. Porque, además, los pueblos indígenas han conquistado un claro protagonismo político y hoy cuentan con instrumentos internacionales que
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defienden sus derechos, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Derechos Indígenas de las Naciones Unidas. A la globalización de la economía se le opone también aquí otra globalización, la de los derechos.
Asimismo, en este proceso de lucha y defensa de su modo de vida, los pueblos indígenas están tomando conciencia de sus derechos y cuestionando ya no sólo la actitud sino la estructura misma de los Estados monoculturales. Y están planteándose la meta de construir Estados distintos, capaces de recoger su diversidad. Es decir, Estados pluriculturales. Todo esto no puede sino conducir a un estado de convulsión social que amenaza con ser permanente… o hasta conquistar los cambios aquí planteados.
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