El Clarín de Chile
La criminalización selectiva: el mito de la objetividad de la justicia autor Cristhie Mella jueves, 24 de julio de 2008
Las políticas de criminalización necesariamente se constituyen en un instrumento de poder. Lo que es definido y sancionado como delictivo no siempre responde a criterios jurídicos o criminológicos, sino que responde la mayor parte del tiempo a objetivos de manejo político estratégicos diseñados desde las cúpulas de poder. Tanto la sociología británica como francesa nos han dado luces sobre las sociedades del control que se erigen en nuestra era, reeditando las más temibles visiones de George Orwell. ´
Ciudadanos esclavos, atomizados, alienados y sujetos a vigilancia y manejo ya no constituyen desvaríos literarios sino una realidad omnipresente. En nuestro país, los instrumentos del control se han perfeccionado y gozan de plena legitimidad debido a la ingenuidad de una ciudadanía embobada con el manejo mediático. En efecto, resulta impresionante ver las exageradas repercusiones del incidente del “jarro de agua”, no solo por el escarnio público que se ha hecho de la adolescente en cuestión sino porque ahora además enfrenta una acusación del Ministerio Público. Como lo ha declarado el ex juez Guzmán, se le da importancia a algo que no la tiene y se soslaya en cambio las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas en los variados escenarios de represión policial que enfrentan los jóvenes en nuestro pseudo democrático país. Pero aun mas impresentable resulta esta ola de criminalización de la protesta social y en especial los burdos intentos de control sobre el segmento juvenil, caricaturizados como “demonios hormonales”. Personalmente recuerdo incidentes mucho más bochornosos protagonizados por nuestros honorables, bajo el influjo de bastante menos loables intereses. Pero volviendo sobre la criminalización selectiva que se cierne sobre un segmento de la población, resulta sin duda un contrasentido que el órgano de persecución criminal se haga eco del reality mediático para sostener una acusación por la nimiedad de un jarro de agua, existiendo bienes jurídicos mucho más centrales que proteger que la imagen de una ministra. Dentro se sus directrices, este organismo ha declarado ocuparse de aquellos delitos que revistan “mayor gravedad y/o connotación social”, esto es conmoción pública ya sea por la violencia o por el daño inflingido a las víctimas. Eso es lo que aparece enunciado en oficios y cuentas públicas como parte de lo que es la política criminal de este órgano de la justicia chilena. Sin embargo, en la práctica parece que hace rato las prioridades apuntan en otras direcciones. Tal como ha ocurrido con Maria Música, que a temprana edad ya enfrenta cargos criminales, muchos otros estudiantes desfilan por Tribunales de Garantía enfrentando audiencias de las que poco entienden, en una oleada de criminalización selectiva planificada para amedrentar y disuadir a estos chiquillos rebeldes. Muchas horas se dedican a estas audiencias, muchos recursos humanos y materiales que salen del bolsillo de todos los chilenos para sostener este nuevo sistema de control y disciplinamiento, que parece complacerse con atender a las alharacas de gobierno, mientras delitos, quiero decir, verdaderos delitos como por ej. salvajes ultrajes a niños y niñas en nuestro país quedan no pocas veces fuera del brazo inflexible de la ley. El “principio de oportunidad”, bajo el cual los fiscales pueden decidir no investigar una denuncia, opera bajo dudosos criterios en materias tan graves como agresiones realmente serias que las más de las veces quedan en completa impunidad. Esto por mencionar solo un ejemplo de lo que parece ser la lógica de actuación de las distintas Fiscalías que operan como representantes del poder punitivo, el cual se estaría haciendo mas cargo de estrategias políticas de neutralización de la disidencia, que de la protección de la ciudadanía, cual debiera ser su objetivo central. Sin embargo, las cosas van poco a poco siendo develadas y ya se comienzan a conocer los primeros casos de corrupción de este supuestamente “moderno” sistema judicial que al parecer nuevamente nos vuelve a decepcionar con su tendencia nada noble a velar por los intereses de aquel puñado de tecnócratas que detenta el poder y que se complace con erigirse en los semidioses intocables por la plebe que los elige. cpmella@gmail.com Por Cristhie Mella, Psicóloga chilena, máster en Criminología y Psicología Forense
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El Clarín de Chile
Sobre la impunidad de cada día autor Cristhie Mella miércoles, 11 de junio de 2008
Así como ministros y todos quienes ejercen una función pública en esta frágil democracia son pasados al pizarrón de tanto en tanto, aún cuando sea sólo para sacar dividendos políticos, con mayor razón aun debiesen estar bajo escrutinio objetivo aquellos organismos del estado que detentan misiones tan delicadas como el control social, quienes en última instancia ejercen cuotas de poder por sobre la población civil.
Es un hecho de la causa que las instituciones de control social han sido históricamente un importante bastión del poder político. De ellos se vale este para concretar el disciplinamiento necesario para concretar un ideario ideológico que es el que sustenta a la clase política dirigente y mantiene el orden de cosas a su conveniencia. En consecuencia, estas fuerzas de control social van adquiriendo un carácter mas o menos represivo de acuerdo a lo pauteado desde el poder político. En Chile, específicamente las instituciones como Carabineros de Chile, primera línea de fuego entre gobierno y ciudadanía, llevan una marca indeleble, cual es haber sido parte de la política del terror aplicada durante la dictadura y, bajo cuyo mandato sucumbieron, no pocas veces, a la tentación del abuso en la mayor parte sus actuaciones. Bajo democracia, y en espera aun de que las “instituciones funcionen” como debiesen, es posible visualizar con aun mayor claridad una serie de atropellos y vejámenes que solo creímos reservado para aquellos duros años de dictadura. Las últimas actuaciones de carabineros en el marco de manifestaciones ciudadanas así lo demuestran, al menos las escenas de carabineros disparando a estudiantes en pleno centro de Santiago son para preocuparse, por decir lo menos Pero un capítulo especial merecen las llamadas Fuerzas Especiales de Carabineros, estos verdaderos símiles de Robocops criollos, personajes con muy baja instrucción y a menudo, obcecados y delirantes con el poder conferido en virtud de sus trajes de batalla. Dicho sea de paso, trajes que no hacen otra cosa que compensar las profundas carencias y diminutas personalidades de muchos de quienes conforman estos escuadrones del miedo. Lamentablemente no hemos podido contar hasta ahora con una policía profesionalizada, por más que el gobierno así lo quiera presentar. Quienes ingresan a Carabineros de Chile son en su gran mayoría jóvenes sin siquiera cuarto medio rendido, provenientes de hogares pobres segregados material y culturalmente, y donde la alternativa a convertirse en simple jornal es engrosar las filas de la “noble institución”, en donde al menos se crean expectativas de ascenso que, con baja preparación, en pocos lados se obtienen. Una vez allí, la principal instrucción que reciben parece ser la misma que recibían bajo dictadura: la doctrina del enemigo interno, que los mentaliza y prepara para combatir como perros rabiosos cualquier atisbo de desafió al orden establecido que ellos deben resguardar para los poderosos. Desde hace un tiempo los vemos hasta ejecutar labores de inteligencia en el Sur de nuestro país, en el marco de lo que personalmente he denominado “la guerra sucia” que el gobierno mantiene contra las demandas ciudadanas de justicia social en territorio mapuche. Seguimientos, espionaje telefónico y electrónico, detenciones arbitrarias, amedrentamientos, etc. son parte del amplio espectro de acciones que se les ha encomendado a nuestros Robocops, todo por supuesto, desafiando la legalidad y el mínimo respeto de los Derechos Humanos, cosa que se ha vuelto cada vez más común bajo el paisaje de esta democracia tutelada. Sus principales reductos de poder están en las comunidades sitiadas bajo el poder patronal de las grandes empresas forestales, allí donde pocos pueden documentar las arbitrariedades, en lo que es una férrea militarización y donde las acciones de abuso policial incluyen mujeres indefensas y hasta niños, victimas de acoso y maltrato psicológico diagnosticado. Lo que ocurre es que en este mal parido proyecto de democracia, las fuerzas policiales continúan actuando con el aval del gobierno como en los mejores -peores- tiempos del régimen dictatorial. En consecuencia se niegan a abandonar las prerrogativas concedidas y por lo tanto continúan actuando bajo completa impunidad, impunidad hasta para matar como ha sido en los casos de de Alex Lemun, Matias Catrileo, Johnny Cariqueo, Rodrigo Cisternas y otros que, en virtud de la contingencia mediática no han adquirido notoriedad pública. Todas estas muertes han sido invisiblilizadas por el gobierno, sin que se haya alcanzado justicia en ninguna. Sin embargo, a estas alturas ya no debiera extrañarnos que actúen como verdadera policía política a toda hora a la caza de los disidentes, más que abocados a las funciones de resguardo de la ciudadanía que si debiesen cumplir. De hecho, se podrían escribir crónicas tras crónicas con las situaciones de violencia intrafamiliar y femicidios evitables si Carabineros hubiese acudido a los llamados o si se hubiesen ocupado de hacer cumplir medidas cautelares decretadas por Tribunales de Familia. Claramente para una institución misógina esas situaciones de amenaza clara a la integridad y la vida de mujeres y niños indefensos no constituyen prioridad. De ahí que no comprendo la complacencia de la Presidenta con estas Fuerzas del orden tan esquizofrénicas y peligrosas. ¿Quién nos liberará de los abusos si se les continúa dando carta blanca para violentar sin discriminación alguna? Entiéndase que aquí todos somos potenciales victimas y que por lo tanto, estamos frente a un tema que nos debe convocar en función de hacer primar el respeto a nuestros derechos fundamentales, mínima condición para que una sociedad pueda avanzar. Por Cristhie Mella, Psicóloga chilena, Máster en Criminología y Psicología Forense. http://www.elclarin.cl
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_PDF_GENERATED 13 August, 2008, 11:44
El Clarín de Chile
La nueva guerra sucia autor Cristhie Mella miércoles, 21 de mayo de 2008
Es un hecho ya constatado la virulenta persecución de que son victimas quienes se atreven a documentar las arbitrariedades que llevan tiempo ejecutando organismos del estado, en lo que parece ser una verdadera guerra sucia bastante impropia de una democracia y del llamado “gobierno ciudadano”. Lo ocurrido hace unos días a la documentalista Elena Varela, a quien le ha sido requisado todo su material audiovisual ya parece más de lo mismo.
Ocurre nuevamente en la región de la Araucania, epicentro de un férreo control policial y donde el Derecho Penal opera de una manera muy sui generis, por decir lo menos. Anteriormente fueron expulsados unos documentalistas italianos a causa de unas supuestas “filmaciones indebidas” y antes de eso había existido todo un revuelo por la suerte de dos documentalistas franceses, quienes estuvieron privados de libertad, también con material requisado y sin completa claridad del delito imputado en lo que ya alcanza ribetes kafkianos. Esa ha sido también la experiencia de muchísimas otras personas, sobre todo quienes ejercen el noble trabajo de mostrarnos a través de su lente el decepcionante y execrable estado de nuestra democracia. El denominador común en todos los casos es el pecado de haber registrado el ejercicio del poder en el contexto de la nueva pacificación de la Araucania. Es necesario dejar atrás la ingenuidad y hacer caso de los sanos rasgos paranoides que todos llevamos dentro para asumir que éstas y muchas otras situaciones, no siempre conocidas públicamente, constituyen la incesante repetición de maniobras que ocurren en nuestro país desde hace mucho. En efecto, se ha convertido en una peligrosa actividad el querer mostrar lo que ocurre lejos de la farándula televisiva, inmediatamente se reacciona o mas bien se sobre reacciona respecto de lo que quienes no pertenecen a los medios masivos de comunicación puedan informar. Eso tiene un nombre, lo hemos conocido en nuestro país por años, CENSURA. Sin duda, asistimos a planificadas estrategias de silenciamiento por parte del poder político para impedir que la ciudadanía conozca cabalmente las cuestionables actuaciones de los organismos de gobierno. Todo esto en el marco de dar carta blanca para actuaciones policiales ajenas al respeto a la libertad de información y expresión. En el tipo de sociedad alienada y neoliberal que vivimos, muy pocos se dan cuenta, precisamente porque cada quien solo se interesa por su propia suerte. Eso deja a las victimas de la represión completamente indefensas ante la falta de conciencia respecto de la necesidad de defender espacios ganados en la lucha contra la dictadura, en la que, dicho sea de paso, hubo bastantes costos que asumir. Esta vez, como ciudadanos debemos darnos cuenta del grado en que estamos asistiendo nuevamente a la conculcación de derechos humanos y ciudadanos fundamentales. Sin más, el gobierno democrático actúa con las mismas maniobras represivas que le aprendió a la dictadura. Pero yendo aun más lejos, pues las maniobras se han perfeccionado, hoy no solo se valen de las fuerzas represivas tradicionales como carabineros, sino también de su caballito de Troya: el Ministerio Público. Este ente supuestamente independiente se ha transformado en un verdadero instrumento político utilizado para amedrentar y disuadir a la disidencia tanto interna como externa, trasformándose la persecución penal de los “agitadores sociales” en una de las principales prioridades de sus actuaciones, todo bajo el pretexto maníqueo del mantenimiento del orden. La Asociación de Documentalistas de Chile, en una Conferencia de Prensa no cubierta por la red comunicacional oficialista, se ha manifestado recientemente en este sentido, precisando los oscuros nexos entre la detención decpmella@gmail.com Elena Varela y la necesidad de abortar su película destinada a mostrar la situación del pueblo mapuche frente al poder de las forestales. Como puntualizara Francisco Gedda, si hubiese estado documentando mascotas en el sur, seguro no la habrían detenido y no se encontraría hoy en esta lamentable situación donde ya ha sido públicamente criminalizada por el gobierno. Todas estas gravísimas situaciones de claro abuso de poder, sin duda, dejan entrever el escenario que se nos plantea a quienes hemos enarbolado la bandera de los derechos humanos fundamentales. Este nos sitúa ante la urgente necesidad de recuperar la memoria de la solidaridad y la indignación ante los atropellos que este estado esquizofrénico pretende instaurar. Como ciudadanos no podemos bajar la guardia, informar y hacer conciencia de esta nueva guerra declarada se constituye en un imperativo ético. cpmella@gmail.com *Psicóloga chilena, Máster en Criminología y Psicología Forense
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