Columnas de opinión 1 taller de redacción by fundacion equitas

TRABAJOS FINALES

CURSO-TALLER DE REDACCION PROFESOR: MANUEL DELANO

SEGUNDO SEMESTRE 2007

INDICE La reparación en derechos humanos, Loreto Becerra

El bullying y la necesidad de educar para la democracia, Beatriz Cabanillas

La barbarie que no puede repetirse, Rocío Canchari

El femicidio o la “crónica de una muerte anunciada”, Solange Cárcamo

¿Es sostenible la modernidad?, Walter Castro

Un marco de referencia para evaluar el desempeño docente, Jerson Chuquilín

Bachelet firmó el Proyecto de Ley de Cuotas, Alejandra Flores

El desafío de ser diferentes, Manuel Herrera

Presos mapuche evidencian las inconsistencias del gobierno, María Angélica Huenchún

Sin salida: las nuevas reglas del juego para jóvenes desajustados, Cristhie Mella

La memoria y la libertad, Víctor Naguil

Maternidad Adolescente en Perú: Un problema sin resolver, Ada Paca

Mujeres mayas de Yucatán y poder, María Cristina Pech

La lucha de las mujeres guatemaltecas desde los Acuerdos de Paz, Elizabeth Pérez

Los indígenas requieren de sus bosques para su desarrollo, Rosario Ramírez

El futuro presidente de Guatemala: ¿Pérez o Colom?, Elías Tzoc

Desafíos en la medición de pobreza indígena, Serafina gallardo

Avatares de la comprensión lectora en el país, Walter Quispe Santos

ESTAS OPINIONES CORRESPONDEN AL TRABAJO FINAL DEL TALLER DE REDACCION DE COLUMNAS DE OPINION, Y NO REPRESENTAN NECESARIAMENTE LA OPINION DE FUNDACION EQUITAS O DEL PROFESOR DEL TALLER

LA REPARACIÓN EN DERECHOS HUMANOS LORETO BECERRA Las leyes de reparación a las víctimas de crímenes de la dictadura militar en Chile, sólo han reparado medianamente el daño a los afectados. A comienzos de la década de los noventa se inició una serie de programas en materias de derechos humanos, como la Ley de Exonerados Políticos, que aún tiene cientos de casos pendientes desde 1993, lo que implica una insuficiencia en su gestión como programa y nula empatía con personas que llevan esperando 14 años, para luego sólo obtener un magro beneficio. Y la Ley Valech, que entrega pensión y derecho a becas de estudios de pre y postgrado, pero que sólo podrán ser utilizadas por un 5% de los afectados debido a problemas académicos, por edad y porque los afectados están esperando que las becas sean usadas por los hijos. Mediante leyes como la 19.234 y la 19.232, que los gobiernos de la Concertación han impulsado en materias de derechos humanos, pretenden reparar con una pensión minina los daños hechos por la dictadura militar a miles de chilenos, torturados y hechos prisioneros injustamente. ¿Cómo es posible que en el caso de los exonerados políticos, una vez recibidos sus beneficios deban apelar, porque los cálculos realizados no son correctos? ¿Cómo se entregan becas a hombres y mujeres de más de 80 años, cuando si bien la edad no es un límite, para ellos es difícil hacer valer este beneficio? En nuestro país queda mucho camino que recorrer en materias de derechos humanos. Los técnicos no conocen la realidad. ¿Cómo es posible que además los afectados deban seguir sufriendo por las injusticias sociales y violar nuevamente sus derechos debiendo esperar 14 años por respuestas a sus casos de exonerados, y que cuando llega la respuesta, ésta sea innecesaria y tardía? La democracia aún está en deuda con miles de chilenos que todavía no han sido reparados. Tampoco se ha entregado información correcta sobre las leyes. En varios casos, los plazos y postulaciones fueron manipulados por partidos políticos y comandos. En la Ley Valech y en la de

Exonerados, cientos de personas desconocían su existencia y no ingresaron sus solicitudes, lo que los deja sin posibilidad de reparación. Conocer estas dos leyes es una cuestión social en la que se debe exigir una aplicación de la justicia en forma real y no a medias. Debemos revisar nuestras políticas en materias de derechos humanos. Las leyes de reparación están muy lejos de conseguir sus objetivos. Con sus riquezas, Chile debe ser capaz de entregar una pensión ética de reparación en temas de derechos humanos.

EL BULLYING Y LA NECESIDAD DE EDUCAR PARA LA DEMOCRACIA BEATRIZ CABANILLAS SÁEZ En la Región Metropolitana, un estudiante de 14 años es golpeado a patadas mientras otro filma la escena con un celular. Una niña de quinto básico recibe por correo electrónico insultos de grueso calibre y deja de ir a clases. El año pasado, en Iquique, una alumna de 8º año básico, deja escrito en su diario de vida un registro de maltratos por parte de sus compañeros de colegio y después se suicida. Otros menores, en un jardín infantil de una población, discriminan a sus compañeros porque son peruanos. Los niños peruanos son excluidos del curso y diagnosticados con depresión severa. Todos estos casos han sido noticia en el último tiempo en Chile. El denominado “bullying” se refiere al matonaje escolar y, en especial, a las situaciones de discriminación, violación a los derechos de otros, conflictos solucionados mediante el uso de la fuerza y se ha convertido en una situación que se ha puesto en evidencia en las salas de clase. Podría argumentarse que esto siempre ha ocurrido, pero es preocupante que esto sea una noticia en un país que retomó el camino democrático después de 16 años y que tiene como desafío preservarlo. ¿Qué tiene que ver el bullying con la educación de estos escolares en un contexto democrático? Mucho. Más que un sistema de elección de gobierno, la democracia es una experiencia cotidiana. Esto supone la afirmación de las personas como valor central, el aprecio a otros y a uno mismo como pasos fundamentales para resolver conflictos. No se aprende de memoria, sino que se vive. Y el desafío de conservarla se deposita en ciudadanos que hayan aprendido durante su vida las competencias esenciales para el ejercicio democrático. En el país, se ha tendido a estigmatizar la temática de los derechos humanos identificándola con un sector social y una orientación ideológica de izquierda. Esto ha dificultado hacer visibles las múltiples dimensiones de estos derechos y la necesidad imperiosa de asumir la enseñanza de los derechos humanos como un desafío político y pedagógico indispensable en Chile.

Tras este reto encontramos la convicción de que el sistema educativo tiene una responsabilidad central en la construcción de bases sólidas para una convivencia democrática y respetuosa entre los y las ciudadanas y ciudadanos. La educación continúa siendo una herramienta para evitar la pérdida de nuestra capacidad de asombro, de crítica y de denuncia. Si aprendemos que la diferencia es un valor en la sociedad, no discriminaremos a otros. Si internalizamos que el conflicto es inherente a la sociedad, entonces buscaremos el diálogo y no recurriremos a la fuerza para que nuestra opinión gane. El bullying está planteando preguntas candentes al sistema educativo y a la democracia que tenemos. Más vale escuchar ese desafío, porque si estos estudiantes mencionados sólo escuchan hablar de democracia en las noticias y no se les enseña el valor de ella, no aprenden a ejercerla ni vivirla diariamente. ¿Cómo podemos asegurar que sabrán ser ciudadanos y ciudadanas mañana?, ¿le encontrarán sentido acaso al “juego democrático?

LA BARBARIE QUE NO PUEDE REPETIRSE ROCÍO CANCHARI El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de Perú visibiliza la barbarie en toda su magnitud: 7.426 mujeres fueron víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual en el conflicto armado interno de este país. Los 527 casos de violaciones develan el horror que vivieron las mujeres más pobres, campesinas y quechuahablantes del Perú, principalmente por parte de agentes estatales que emplearon esta agresión sexual como arma de guerra para humillar al enemigo y someterlas a partir del uso de su cuerpo como botín de guerra. Manta y Vilca es un caso paradigmático de estas 24 mujeres que caminan hoy por Perú en búsqueda de justicia con el dolor de esta barbarie. Ellas sufrieron durante el conflicto violaciones sexuales masivas y sistemáticas por parte de efectivos del ejército de las bases militares de Manta y Vilca. Muchas quedaron embarazadas producto de estas violaciones. En el distrito de Manta hay 32 casos de niños y niñas que han sido registrados en estas dos últimas décadas y que en sus partidas de nacimiento tienen inscritos el apellido del padre o el apelativo o grado militar que de los perpetradores, como Moroco, Soldado o Capitán, a pesar que éstos no los han reconocido. La batalla emprendida por estas 24 mujeres contra la impunidad de esta barbarie, que además muchos de los que se encuentran con ellas ignoran, pero con el estigma que deben enfrentar en sus comunidades marcadas por una cultura machista, y el terror de ser víctimas de represalias por parte de los perpetradores que están libres y fueron ascendidos. A cuatro años del Informe Final de la CVR parece llegar la justicia con pasos tímidos, tras la reciente extradición del ex presidente Alberto Fujimori y la formalización de denuncia del Fiscal Penal Supraprovincial de Huancavelica, Juan Borjas Roa, que el 12 de octubre de 2007 contra nueve ex agentes militares, por el delito de violación sexual como forma de tortura contra 13 víctimas del caso Manta y Vilca. Estos hechos no constituyeron excesos aislados, sino que fueron parte de una estrategia de guerra en el contexto de una represión antisubversiva planificada y dirigida desde el Estado. Por ello, no sólo los 7

responsables directos deben ser sancionados, sino también deben comparecer ante la justicia quienes detentaron el poder político y avalaron un sistema androcéntrico, excluyente y discriminador, consintiendo por acción e inacción estos crímenes de guerra y de lesa humanidad y que vulneran los derechos fundamentales de la mujer. El Estado peruano tiene la obligación de iniciar la investigación de estos crímenes de género en el marco de un debido proceso y con garantías para salvaguardar la integridad de víctimas y testigos, observando el principio de igualdad y no discriminación reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Belem Do Pará, suscritas por el Perú. Se requiere sancionar a los perpetradores y asegurar una adecuada reparación a las víctimas. La judicialización del caso de Manta y Vilca constituye un desafío para la edificación de una justicia de género sensitiva, basada en una lógica que transcienda estas graves violaciones del ámbito privado a la esfera pública, y que apunte a concretar el derecho a la verdad, justicia y reparación de estas 24 mujeres, para que esta barbarie no se repita ni quede impune. El Ministerio Público y el Poder Judicial tienen la obligación de escuchar a estas mujeres, olvidadas en los últimos 20 años y sumidas en el abandono e indiferencia por parte del Estado. Todos y todas debemos hacer realidad la afirmación de Juan Antonio Carrillo Salcedo: en la “criminalización de la barbarie, la humanidad ha encontrado definitivamente un lugar en el Derecho Internacional (...) que estaba en el mundo de los mitos y en el imaginario de los pueblos y de los hombres (…)”.

EL FEMICIDIO O LA “CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA” SOLANGE CÁRCAMO En Chile la mitad de los asesinatos de mujeres son femicidios. Estas muertes son la expresión y culminación de episodios de violencia sostenida hacia la mujer. Según las Naciones Unidas, el femicidio es asesinato de mujeres “como resultado extremo de la violencia de género, que ocurre tanto en el ámbito privado como público y, comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus parejas, ex parejas o familiares, asesinadas por acosadores, agresores sexuales y/o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción femicida”. Durante 2006 hubo un total de 45 mujeres muertas por sus cónyuges, parejas o ex parejas; y este año la cifra asciende a 53 mujeres asesinadas. El femicidio se tipifica como íntimo, no íntimo y por conexión. El primero es más frecuente y corresponde a los asesinatos cometidos por hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, ya sea familiar, de convivencia, amorosa u otras afines. De los 53 casos registrados durante este año, 46 corresponden a femicidios íntimos. El femicidio es un problema social y no sólo un delito. No es un fenómeno aislado ni un problema del ámbito privado. Por el contrario, cruza todas las clases sociales y etnias. Como manifestación extrema de violencia, afecta no sólo a la víctima, sino a su familia y su entorno comunitario. En Ciudad de Guatemala un 20% de las más de 500 mujeres asesinadas entre 2004 y 2005 fueron víctimas de sus parejas; en el ámbito mundial se estima que cada año entre 1,5 y 3 millones de mujeres de todas las edades son víctimas de violencia de género, situación que se debe estudiar, ya que estas mujeres serían víctimas potenciales de femicidio. En Chile, la mitad de las mujeres, en algún momento de sus vidas, han sido golpeadas, amenazadas, torturadas, violentadas sexualmente o manipuladas económicamente por parejas o ex parejas. El origen del femicidio también es social. Constituye el producto de una situación sociocultural que se caracteriza por relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres; cuyas dinámicas generan y retroalimentan actitudes machistas que favorecen tanto la dependencia socioeconómica como afectiva de la mujer, pero que también dificultan la resolución de conflictos a través del diálogo. 9

No bastan las medidas legales y policiales. Es necesario desarrollar un conjunto articulado de estrategias políticas y civiles. Dichas estrategias deben estar orientadas a la superación de la dependencia económica y socio-afectiva de las mujeres; a la sensibilización y prevención de la violencia de género y el tratamiento de las secuelas provocadas, ya sea a la familia y/o a la propia mujer violentada, en caso de que sobreviva. Es necesario que el victimario, según sea el caso, además de la sanción legal, participe de un proceso de apoyo psicosocial que le permita superar la actitud violenta y reparar, en parte, el daño. En síntesis, el femicidio debe ser reconocido como un problema social que destruye la convivencia democrática, ya que genera inseguridad y corroe los lazos de asociatividad. Cabe destacar el valor de la denuncia social como un primer paso que cada ciudadano puede dar. La denuncia es importante. Si se escucha a alguien maltratando a su mujer o a sus hijos se debe denunciar. Quien silencia estos hechos también está participando de ellos, también está golpeando y matando.

¿ES SOSTENIBLE LA MODERNIDAD? POR WALTER CASTRO Uno de los retos que la sociedad moderna enfrenta, sino el principal, es su continuidad. La crisis ambiental y social constituye una bomba de tiempo ensamblada por nuestro estilo de vida. En nombre de la ‘libertad’, consumimos sin control lo que deseamos y tiramos todo lo que ya no nos sirve. Sin importar si somos pobres o ricos sorprende la cantidad de residuos que tiramos (plásticos, desagües, papeles, restos de comida, etc.). Lo tiramos todo por cualquier sitio. Nos da igual. ¿Es sostenible esta forma de vivir? ¿Se imaginan a millones de personas comprando cosas y botando residuos sin control alguno? Esta ‘libertad’ es a costa de la naturaleza y de las mayorías que sólo sobrevivimos día a día. La pobreza no es un fenómeno aislado del estilo de vida moderno, son dos caras de la misma moneda. Sostenibilidad es que la gente y la naturaleza convivan con respeto uno del otro. La modernidad nos ha traído consigo muchas satisfacciones como el auto, el teléfono, entre otros que hacen la vida ‘más fácil y confortable’, pero también causa la destrucción de la naturaleza y la separación de la gente en ricos y pobres. Usualmente decimos que lo moderno vale porque es avanzado y superior. Así, todo lo que viene de Europa y EE.UU. es ‘moderno’ y todo lo que viene de la sierra o la selva es atrasado, obsoleto e inservible. Al hablar de nuestras culturas andinas nos referimos como cosas folclóricas y del pasado. Solemos dar más valor al inglés y al castellano que al quechua y al aimará. Nos han puesto en la cabeza la idea de que hablar quechua u otro idioma de esta tierra es atraso y el hablarlo nos pone en una posición de inferioridad. Esta forma de pensar y actuar no es más que el producto de la ignorancia y del ego. Es imposible encaminarnos por una sostenibilidad negando y renegando los valiosos aportes de esta tierra. Retomando el ejemplo del quechua, diremos que este idioma no sólo es un conjunto de palabras (‘raras’ para un hablante monolingüe del castellano), sino que encierra y trasmite, como cualquier otro idioma, una forma de sentir y entender el mundo. Es más, por ser un idioma milenario, el quechua encierra conocimientos valiosos para lograr la sostenibilidad. De aquí su valor. Si seguimos pensando 11

que occidente es una civilización ‘superior’ (nada más lejos de la verdad pues esta sociedad es completamente insostenible), perderemos la oportunidad de obtener ‘nuevos conocimientos’ para resolver los problemas que la modernidad enfrenta. El quechua es una fuente de conocimientos ‘frescos’ de la naturaleza, medicina, astronomía, matemática, ingeniería, etc. que podrían rescatar al agotado modernismo permitiéndonos visualizar soluciones, por ejemplo, a los problemas ambientales y la convivencia intercultural. Más aún, el quechua es un idioma bello, de mucha profundidad y expresividad. ¿Cómo podemos pensar que un idioma de estas cualidades sea obsoleto? Para romper estos prejuicios y promover un cambio de actitudes, es necesario el diálogo intercultural. El diálogo intercultural, es decir el escucharnos y respetarnos, sea uno quechua, aimará, ashaninka, occidental, occidentalizado, etc., permite que uno y el otro hablen para decir lo que piensan y sienten. Este diálogo encierra retos y oportunidades: necesitamos educar a nuestros niños con apertura mental, libre de prejuicios, despertar el interés por lo diferente. En los 186 años de vida republicana hemos sido incapaces de dialogar entre peruanos. Sin embargo, debemos afirmar que hoy en día hay indicios de cierta ‘reflexión’ emergente en las elites. No está claro si estos grupos reflexivos serán capaces de tejer puentes de diálogo con los movimientos sociales e ‘indígenas’ que claman por un cambio total. Aunque estos últimos, con poca capacidad de propuesta. Pues bien, ¿cuál sería el costo de la falta de diálogo intercultural?, sólo mayor caos, degradación social e inviabilidad del país. Ya no cabe duda que no sólo el modelo económico imperante incumple lo que promete sino todo el pensar y vivir moderno está en ‘jaque’. ¿Debemos dejar de imitar a los ‘desarrollados’ y voltear la mirada a lo que esta maravillosa tierra nos ha legado? Un regalo no sólo para la sostenibilidad del Perú, sino de toda la humanidad.

UN MARCO DE REFERENCIA PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DOCENTE JERSON CHUQUILIN La evaluación del desempeño docente debe contribuir al desarrollo profesional de los maestros y relacionarse con la evaluación de los centros educativos donde trabajan. Esta es una de las 33 recomendaciones de los ministros de Educación de América Latina y el Caribe, consensuada en la segunda reunión intergubernamental del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe, celebrado en Buenos Aires en marzo del 2007. En el marco de esta declaración, la evaluación del profesorado en el Perú debe considerar el desempeño docente como un elemento más dentro del proceso global de evaluación del centro educativo. Este debe considerar criterios relacionados con el buen desempeño profesional que el país demanda a los profesores y contribuir a mejorar la calidad de su práctica profesional y, a través de esta vía, a la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. El diseño de un sistema de evaluación del profesorado técnicamente adecuado y transparente debe vincular la apreciación externa del desempeño docente con los procesos de autoevaluación del quehacer de la institución educativa. Para ello, son necesarias herramientas e instrumentos de autoevaluación, así como la institucionalización de espacios y tiempos específicos para que los actores educativos reflexionen sistemáticamente sobre su relación educativa. Además, si el trabajo docente está mediatizado por la realidad cultural, organizativa y contextual de la escuela, la evaluación de su desempeño no puede concebirse al margen de tan complejo mundo. Como afirma Paulo Freire, no puede sustraerse de ese texto que debe ser constantemente leído, interpretado, escrito y reescrito. La evaluación no es un fin en sí misma, sino un medio que proporciona información para valorar el logro de los objetivos propuestos y adoptar las medidas necesarias para seguir mejorando. En tal sentido, como sostiene el Proyecto Educativo Nacional, establecer criterios de buena enseñanza y buena gestión debe ser la tarea inmediata a fin de definir un marco de referencia que de sentido al proceso de evaluación docente. En este caso, la experiencia chilena es un buen ejemplo.

Asimismo, el establecimiento de un marco para la buena enseñanza y gestión demanda la participación amplia de los docentes, su organización sindical y el Estado. Si estos criterios surgen del diálogo y el consenso, además de propiciar la instalación de una cultura evaluativa, los involucra en el proceso de evaluación de su propio desempeño, percibido hoy como una medida aislada y punitiva que amenaza la estabilidad laboral. También debe explicitarse la referencia teórica a partir de la cual se desarrolla la evaluación docente, que es un testimonio riguroso de ética y de decencia que contribuye a definir dos aspectos relevantes. En primer lugar, establece con toda claridad las competencias que todos los maestros deben poseer para su desempeño efectivo en las escuelas, es decir, sabrán el qué y el para qué se evalúa su desempeño, en tanto que, a partir de tales competencias se establecen los criterios que serán evaluados. En segundo término, proporciona el marco de referencia para definir las estrategias, tipos e instrumentos de evaluación más adecuados. Si se quiere que la evaluación docente se transforme en un proceso dinamizador del desarrollo de las competencias profesionales de los maestros y, con ello, de la mejora de la calidad de la educación, es prioritario vincularla al proceso global de evaluación del centro educativo y a la definición de un conjunto de criterios de buena enseñanza y buena gestión. Igualmente, la participación de los sujetos de evaluación, en gran medida, determinará el éxito o el fracaso del proceso pues, como sentencia Stenhouse, serán los profesores quienes, en definitiva, cambiarán el mundo de la escuela, entendiéndola.

BACHELET FIRMÓ EL PROYECTO DE LEY DE CUOTAS ALEJANDRA FLORES CARLOS En una ceremonia realizada en el Palacio de la Moneda, la presidenta Michelle Bachelet firmó un proyecto de ley que promueve la participación política de las mujeres. Los datos del último censo arrojaron que la población femenina en Chile alcanza un 50,7%, y según los registros del Servicio Electoral, las mujeres constituyen un 52,4% del padrón electoral. Sin embargo, esta representación no se refleja en el Parlamento donde las chilenas apenas alcanzan un 15,8% en la Cámara baja y en el Senado la situación es más crítica: 5,2%. Esta ley busca resolver la imperiosa necesidad de equipar las condiciones de acceso que tienen las mujeres para llegar al parlamento. Concebidas como mecanismos que pretenden alcanzar un equilibrio en el acceso a cargos de elección popular, las leyes de cuotas son conocidas también como medidas de tipo afirmativas. Estas se han aplicado también con otros grupos discriminados, como los indígenas, para evitar su marginación de la vida pública, o en posiciones de inferioridad respecto a otros, como sucede con las mujeres en nuestro país. La participación político-social de las mujeres se remonta a inicios del siglo XX, principalmente en las zonas obreras del norte de Chile, se extiende después a lo largo del país. Sin embargo, el acceso a los espacios de poder político se produce mucho más tarde. Hasta 1949 las mujeres no tenían derecho a voto y solo en 1951 Inés Henríquez Froedden se convierte en la primera diputada del país, coronando grandes procesos y movilizaciones por el derecho a sufragio. En 1953, María de la Cruz, del Partido Femenino Chileno, se convierte en la primera mujer senadora. En la actualidad, 54 años más tarde, sólo dos mujeres están presentes en el Senado, Evelyn Matthei (UDI) y Soledad Alvear (PDC). Son muchas y variadas las razones que han impedido a las mujeres participar y acceder al parlamento en Chile. Una de las principales tiene que ver con el sistema cultural y social que les ha asignado históricamente el cuidado de los hijos, la familia y con ello una menor visibilización pública. Otro factor lo constituyen los propios partidos políticos que priorizan, por estas mismas razones, la

participación de los varones. Finalmente, aquellos países que no cuentan con una Ley de Cuotas agregan otra barrera que impide una participación de las mujeres en igualdad de oportunidades. De acuerdo a estudios realizados por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en aquellos países donde se ha promulgado una ley de cuotas, las mujeres alcanzan un promedio de 20,3% de participación en el parlamento en tanto en aquellos que no cuentan con iniciativas de este tipo solo llegan a un 13,7%. En este último escalafón se encuentra Chile. Argentina fue el primer país que, en 1991, que promulgó una Ley de Cuotas en América Latina. Los avances que ha experimentado han sido beneficiosos para el país en términos de equidad de género. En 1993 la participación de legisladoras en la Cámara de Diputados era de 4,3% en tanto en 2005 el porcentaje llegaba al 35,8%. Por esta razón, el Proyecto de Ley firmado por Bachelet constituye una medida concreta en pos de la construcción de una sociedad donde participen hombres y mujeres de manera equitativa. Como bien lo indica la presidenta, “ampliar la participación de la mujer en los puestos de representación profundiza la democracia porque permite la presencia activa de más de la mitad de la población en la toma de decisiones que definen el rumbo del país”.

EL DESAFÍO DE SER DIFERENTES MANUEL HERRERA LOAYZA La persistente homofobia en América Latina atenta contra los derechos humanos de las personas homosexuales. Entendida como el odio, el miedo y la hostilidad de la sociedad hacia quienes se autodenominan lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), la homofobia se vuelve discriminación, violencia, temor, muerte e impunidad. A pesar de sus discrepancias y desencuentros, los activistas que quieren contrarrestar esta cultura homófoba en la región, tienen muchas coincidencias, como constaté al participar en la IV Conferencia Regional de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays de América Latina y el Caribe en Lima, Perú. Según este encuentro, persiste la invisibilidad de las lesbianas debido a la discriminación, en especial en ámbitos de la salud y la policía. Ellas exigen un enfoque de salud integral, que tome en cuenta a las que viven con el VIH en la cárcel, aquellas con prácticas heterosexuales, y las que tienen relaciones con parejas serodiscordantes (una de las dos vive con VIH-sida). También hay obstáculos a la maternidad lesbiana, los travestis a menudo son compelidos a la prostitución sin otra posibilidad de ingreso y la discriminación laboral alcanza a todas las identidades, aunque las más expuestas son las personas trans. Preocupan mucho tanto los crímenes contra gays y personas trans, como su frecuente impunidad. Algunos países aún penalizan la homosexualidad en Centroamérica (Nicaragua) o tienen leyes discriminatorias (el Caribe). Ni un solo país de América Latina reconoce derechos a las parejas del mismo sexo, en igualdad de condiciones a las parejas heterosexuales. Ser diferentes es bastante desafiante para las personas LGBTI, y más todavía combatir la homofobia. En la reunión de Lima, los activistas se propusieron lograr mayor visibilidad, capacidad de denuncia y de difusión de conductas discriminatorias, a través de diversos mecanismos, así como generar propuestas creativas. Entre ellos resalta la articulación con otras redes y espacios de la región, el lanzamiento de una campaña para despenalizar la homosexualidad en Nicaragua, y la labor de participación y seguimiento en espacios como organismos internacionales.

Para realmente enfrentar esta cultura homofóbica, tanto en las instancias estatales como en las privadas, se tendrá que realizar acciones enfocadas hacia el respeto del derecho humano a la no discriminación, bajo la perspectiva transversal de la equidad de género y la diversidad sexual. Es prioritario potenciar esfuerzos desde los ámbitos educativo, jurídico/legal y que la participación conjugue las iniciativas de la sociedad y el Estado. Pero los cambios no se producirán de la noche a la mañana. No se puede cantar victoria, porque la historia nos demuestra que los avances de hoy pueden ser retrocesos mañana. La discriminación hacia cualquier grupo social vulnera no sólo el derecho a la igualdad sino que pisotea un conjunto de derechos interconectados. Opera al despedir a un profesor de una escuela por ser gay, al limitar el acceso a medicamentos a quienes viven con VIH, al ignorar en las campañas de salud sobre VIH a las lesbianas, al impedir la libre expresión y opinión de los LGBTI en los espacios colectivos, o cuando hay funcionarios estatales que censuran o excluyen contenidos sobre el respeto de la diversidad sexual y los derechos de LGBT en los currículos y recursos educativos. La mejor manera de prevenir y erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género es atacando su raíz: la homofobia, desde el marco integral de los derechos humanos, enfatizando el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales.

PRESOS MAPUCHE EVIDENCIAN LAS INCONSISTENCIAS DEL GOBIERNO MARÍA ANGÉLICA HUENCHÚN Actualmente existen dieciocho presos mapuche en distintas cárceles chilenas, todos procesados y condenados en el marco del denominado el conflicto mapuche. Varios de ellos están encarcelados por la aplicación de la ley antiterrorista, promulgada durante el gobierno militar. Esto sugiere el enfoque que han tenido los poderes del Estado al tratar la problemática mapuche. Los presos mapuche han sido denominados por el Gobierno como delincuentes comunes, tal cual afirmó la presidenta Michelle Bachelet en su pasada por Suiza hace unos meses atrás, al ser emplazada por un grupo de adherentes a la causa mapuche a nivel internacional. La situación actual de estos presos, que están en huelga de hambre desde el 10 de octubre, se agrava a diario. No han logrado ninguna señal de apertura al diálogo del gobierno. Ellos piden el reconocimiento de su condición de presos políticos, lo que conllevaría la revisión de sus causas y el fin a la vigilancia y represión policial que se ha ejercido en el último tiempo en las comunidades mapuche que mantienen una postura de reivindicación territorial, y que han sido denominadas por la autoridad como zonas de conflicto. Estas zonas de conflicto son comunidades que hoy están siendo consideradas como estratégicas para la inversión económica de grandes capitales. Casos como Celco en la Región de los Ríos, el proyecto minero Manto Rojo en el sector de Lleu-Lllun de la provincia de Arauco y, en general, en las zonas donde las empresas forestales mantienen sus faenas. A la denuncia de que se realizan inversiones económicas en tierras ancestrales se han sumado organizaciones de la sociedad civil al constatar el daño ecológico y medio ambiental ya producido. Para los presos políticos mapuche, huelga de hambre es como una herramienta política para visibilizar sus problemas y emplazar al gobierno al diálogo. Su condición surge a partir de la defensa de los derechos fundamentales hoy reconocidos internacionalmente por La Declaración de Naciones Unidas

sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y que expresan el derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural y refuerzan el derecho al territorio y recursos naturales. El gobierno chileno votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas, pero igualmente mantiene inconsistencias que no ha asumido en forma pública. Estas tienen directa relación con la política económica de inversión, contradictoria con la conservación de los territorios ancestrales donde se emplazan hoy las comunidades mapuche. Existe un discurso dicotómico por parte de las autoridades al respecto, ya que se asume la postura de respeto, defensa y protección de los pueblos originarios a través de una posición internacional, y por otro hay una apertura total a la inversión económica en tierras ancestrales mapuche, las que además provocar un daño ecológico y medio ambiental incalculable, arrasan con todo lo que se defiende en los tratados de derecho internacional respecto a los pueblos originarios: el derecho a los recursos naturales, al control, protección y desarrollo del patrimonio cultural, el derecho a la tierra, entre otros. Los seis presos mapuche –internos en Angol y Concepción– pretenden a través de la huelga de hambre visibilizar esta realidad ante la comunidad nacional e internacional y provocar en el gobierno la actitud de diálogo que se requiere para una solución. El problema requiere más que declaraciones de voluntad, acciones concretas, comenzando por reconocer que los actuales presos mapuche están recluidos por condiciones políticas y no delictuales, como lo consignó en su informe Rodolfo Stavenhagen -relator especial de la ONU en América Latina- como conclusión de su visita a Chile; y en segundo lugar, es necesario que retiren el contingente de policía especial actualmente emplazado en las llamadas zonas de conflicto. Sería consecuente que el gobierno dialogara, reflexionara y tomara medidas ante esta realidad. Chile se encuentra con la disyuntiva de un irreflexivo avance del desarrollo económico o la conservación de los recursos naturales, y con ello, la supervivencia de la gente de la gente de la tierra, los mapuche.

SIN SALIDA: LAS NUEVAS REGLAS DEL JUEGO PARA JÓVENES DESAJUSTADOS CRISTHIE MELLA A poco más de cuatro meses desde la puesta en marcha de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, la principal imagen que la ciudadanía asocia es, sin duda, la muerte de diez adolescentes que perecieron presa del fuego y humo en la ciudad de Puerto Montt, en un recinto del Servicio Nacional de Menores (SENAME). Debido a ello y producto de la conmoción generada con esta noticia, recién han salido a la luz pública las deficiencias con que comenzó a andar la ya conocida Ley que sanciona a jóvenes entre los 14 y 18 años. Los errores de diseño venían siendo denunciados desde hace algún tiempo por personal de trato directo, los principales detractores del ordenamiento jurídico que comenzó a regir en nuestro país a contar de el 8 de junio. La tragedia ocurrida parece ser un hecho aislado, pero no es así. Hace un par de meses ya se había registrado un intento de motín en el Cereco de la Novena región, que afortunadamente no tuvo las consecuencias lamentadas hoy. Lo que esto revela es que algo hay de razón en los planteamientos de los funcionarios del SENAME respecto de las condiciones en que se debe realizar la labor de resocialización, las cuales van desde la escasez de recursos, recintos no aptos e infraestructura deficiente para condiciones de reclusión de población juvenil, además de falta de personal, extensas jornadas de trabajo y problemas de coordinación interinstitucional entre los diferentes actores involucrados en la implementación de la Ley. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) también se había pronunciado con preocupación respecto de las condiciones de implementación y el riesgo de vulnerar derechos básicos de los jóvenes recluidos. Ahora que lo peor que se podía esperar efectivamente ha ocurrido, el organismo llama al gobierno a adoptar "medidas urgentes" para asegurar la vida y la integridad de los jóvenes al tiempo que insta a fortalecer los equipos profesionales y encargados de la custodia. Sin duda, aparte de la falta de previsión en cuanto a las condiciones materiales mínimas para que una Ley de esta envergadura funcione, debemos agregar la falta de coherencia entre las medidas aplicadas y la labor de rehabilitación que los Centros y funcionarios efectivamente pueden desarrollar. Se ha señalado que en el espíritu de la Ley estaría el responsabilizar a los jóvenes por sus actos a través de un 21

trabajo especializado orientado a prevenir que continúen en una escalada delictiva. Sin embargo, en la práctica, el resultado es la aplicación de políticas represivas que implican el encierro de aquellos jóvenes catalogados como “indeseables” por la sociedad en Centros con escasas posibilidades de ofrecer el trabajo especializado y atingente que se esperaba pudieran dar a estos jóvenes, precisamente por fallas del propio sistema que los priva de libertad. Estas políticas si resultan coherentes con iniciativas destinadas a reforzar la agenda de seguridad ciudadana tan en boga hoy en día, en donde en ningún caso figuran los análisis respecto de las condiciones que propician que los jóvenes se involucren en delitos: falta de oportunidades, discriminación en acceso a la educación, pobreza y marginación, falta de empleo y exacerbación de valores consumistas en una sociedad cada vez más individualista, tanto que muy probablemente estos diez jóvenes con sus propias historias personales pasarán al olvido cuando el asunto deje de ser noticia en un par de semanas más. El problema es cuántos más continúan en estos nuevos Centros de reclusión esperando y sin salida alguna.

LA MEMORIA Y LA LIBERTAD VÍCTOR NAGUIL Entre el 4 y 10 de noviembre de 1881 tuvo lugar uno de los acontecimientos más importantes en la historia del pueblo mapuche: el último alzamiento general. Durante estos días, cientos de guerreros se levantaron para detener la invasión del ejército chileno y preservar la independencia mapuche, que se había preservado hasta ese momento con la fuerza de las armas y la persuasión de la diplomacia. El alzamiento no alcanzó su objetivo. La derrota militar significó la pérdida de la libertad, el sometimiento de la población a reducciones, la expoliación del territorio y el saqueo económico. La relevancia y el significado del hecho contrastan con la inmensidad de su olvido. Restituir la memoria colectiva mapuche sobre este gesto de dignidad colectiva y de todos aquellos acontecimientos que han marcado la historia mapuche, es hoy tan necesario como recuperar nuestros derechos. Es más: son parte de un mismo proceso. La ausencia de memoria colectiva no es una simple obra del tiempo, sino consecuencia de la libertad arrebatada. Junto al despojo material se aplicó una política ideológica colonial, destinada a privar al pueblo mapuche de su propia historia. Lo que quedó como historia del pueblo mapuche ha sido más bien la historia del colonizador, del español primero y del chileno después. No es aquella historia contada al calor de los fogones familiares, sino la asimilada en la frialdad de las salas de clases, donde el mapuzugun fue extirpado con métodos tan pedagógicos como los varillazos y arrodillamientos de los niños y adolescentes en granos de arveja seca o trigo. Nuestro retrato es el que ha pintado el colonizador, con trazos y colores a su gusto. Si bien toda la historia no ha podido ser erradicada de la memoria colectiva, la colonización provocó grandes lagunas mentales. No en vano hasta los discursos mapuche militantes suelen remitirse sólo a la época de la conquista española. Se recuerdan con relativa nitidez las hazañas de Caupolicán, o los méritos de Lautaro, pero se desconoce la vida, carácter y obra de nuestros grandes líderes del siglo XIX. Magiñ Wenu, Wentekol, Romero, Küzel o Külapag y otros independentistas mapuche incluso han quedado fuera del discurso mapuche contemporáneo, a pesar que sus actos son más cercanos en el tiempo. 23

El pueblo mapuche y en particular sus organizaciones necesitan rehacer su propia historia. Dejar atrás la "historia ercillana", tan útil al colonizador. No porque esta pueda narrar hechos poco verídicos o alabe héroes mistificados, sino porque ha servido para idealizarnos y relegarnos a un pasado antiguo, escamoteando nuestro pasado más reciente, aquel en que la libertad mapuche cruzaba la cordillera de los Andes y trazaba rutas en las costas del Pacífico y el Atlántico. Esa parte de la historia que nos permitiría dimensionar mejor lo que nos ha sido arrebatado. La memoria es un arma muy poderosa en manos de un pueblo, porque permite recordarle quien es. Recuperar la memoria colectiva es una parte importante de la lucha de liberación del pueblo mapuche, porque lo reafirma, lo nutre de raíces de la cuales aprender y sentir orgullo. Cuando hoy vemos que los golpes y el encierro continúan siendo el lenguaje habitual del colonizador, es necesario recordar que la libertad de un pueblo siempre ha significado el progreso de la humanidad, mientras que por el contrario, la opresión, sea aquella más brutal o la que se aplica con artilugios, siempre será un signo de barbarie.

MATERNIDAD ADOLESCENTE EN PERÚ: UN PROBLEMA SIN RESOLVER ADA YESENIA PACA PALAO El embarazo adolescente está en aumento en varios países del mundo y también en Perú. Según el Censo de 1993, el 11,2% de las adolescentes de 15 a 19 años alguna vez ha estado embarazada, en una proporción que aumentó durante los años siguientes. Once años después, en 2004, la ENDES Continua, encontró que el 12,7% de adolescentes de las mismas edades ya eran madres o estaban gestando por primera vez, lo que implica un incremento de 1,5 puntos porcentuales. Asimismo, sólo Lima Metropolitana presenta un porcentaje de 8,7% de embarazos donde la mayoría de adolescentes tiene al menos primaria completa, son hijas de provincianos y se encuentran en condición de pobreza. Ate es uno de los distritos que más encintas ha reportado durante 2004. Los cambios sociales rápidos y marcados dificultan que la adolescente pueda enfrentar fácilmente las demandas de una sociedad moderna en función de varios factores, como su desarrollo físico, psicológico y sus habilidades cognitivas y sociales. Las consecuencias de una adolescencia sin orientación, con poca atención, escasas muestras de cariño y deficiente comunicación hacen que los y las adolescentes se refugien en el consumo de las drogas y el alcohol, las pandillas callejeras, el aborto clandestino y el embarazo adolescente entre otros problemas. Una estrategia fundamental para lograr nuevos aprendizajes, actitudes y comportamientos es la adquisición de nuevos conocimientos, provenientes tanto de la práctica diaria como de la capacitación y de talleres participativos, además de los mensajes que se reciben a través de los medios de comunicación masiva, charlas y ferias informativas. Es en esta línea que la Municipalidad Distrital de Ate y la Dirección de Salud IV–Lima Este han puesto en práctica un proyecto denominado “Desarrollando un Plan de Vida para las Madres Adolescentes de Ate”. La adolescencia se caracteriza por ser una etapa de búsqueda de modelos idóneos, alguien a quien imitar. Por esta razón se debe trabajar sobre base de la realidad de los adolescentes, tomando elementos del diario vivir y tratando que aprendan desde sus propias experiencias. Es decir, se trata que pongan en

práctica actitudes y comportamientos con un conocimiento claro, sin limitaciones y sobre todo que les sirvan para tomar decisiones acertadas respecto a su sexualidad y su futuro El objetivo principal de este proyecto fue fortalecer las capacidades y las habilidades sociales en madres adolescentes para que puedan reanudar su plan de vida y se reinserten en espacios escolares donde se les permita culminar la secundaria o estudiar carretas técnicas superiores, por medio de capacitación tres veces por semana en seis meses, poniendo en práctica lo aprendido. El logro más significativo es que el 60% de las beneficiarias obtuvieron becas para acceder a establecimientos educativos: 90 madres adolescentes gozaron del proyecto. Es hora que el embarazo en adolescentes no sea un problema y se reviertan sus cifras no sigan en ascenso. Debemos instar al gobierno a invertir en este tipo de programas sociales, que incentive a las y los adolescentes a pensar en un plan de vida a futuro, capacitarse y adquirir nuevas y mejores habilidades sociales y prácticas en sexualidad. Hagamos que anhelen formar una familia y tener un hijo sin que se trunquen sus sueños y sus esperanzas.

MUJERES MAYAS DE YUCATÁN Y PODER MARÍA CRISTINA PECH Las mujeres mayas aportan hasta un 50% del gasto de su unidad doméstica, lo que se sabe por datos obtenidos en el 2002 en el poblado de Kuxeb, municipio de Chemax, Yucatán. Estos recursos son utilizados en la educación y alimentación de la familia y otorgan un valor al trabajo social de las mujeres indígenas, al tenor de la reciente Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, que protege a más de 370 millones de personas en todo el mundo, a quienes se garantiza por igual –hombres y mujeres– todos los derechos y las libertades. De acuerdo con los indicadores censales, las mujeres mayas están participando en el desarrollo de su región. Este empoderamiento económico es fundamental para lograr una sociedad más igualitaria, que permita un desarrollo digno a las generaciones futuras, donde el acceso a un mayor nivel educativo es básico. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas proclamada en 1948 señala que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están, de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Por esta razón, se necesita un cambio de valores en cuanto a la diversidad y equidad cultural y social de los pueblos del mundo. En México, los mayas forman parte de los 62 grupos étnicos existentes y sus necesidades les dan capacidad para enfrentar su situación en su unidad doméstica. Destaca su participación en actividades económicas, pero esta capacidad a veces no es reconocida en la sociedad. En la actualidad, debido a la escasez de empleo, las mujeres son las primeras en ingresar al trabajo asalariado (maquiladoras, fábricas, trabajo doméstico, etc.). Las oportunidades de desarrollo son escasas dentro de esta sociedad patriarcal en la que vivimos. La globalización mundial brinda a las mujeres indígenas la posibilidad de acceder a una mayor equidad y aceptación en su desempeño laboral, a través de la interactuación con otras culturas y una sociedad mayoritaria. 27

Esto, aunque no de forma inmediata, posibilita a las mujeres mayas el acceso a espacios que en el futuro les permitan insertarse en actividades productivas para obtener un poder económico, y llevar una vida digna junto con su familia, como se observa en el oriente de Yucatán. Dignificar la vida de hombres y mujeres debe ser una tarea colectiva. Como dice A. Karr, la hembra es producto de la naturaleza y la mujer de la civilización, por lo que nos corresponde a nosotros brindar esa armonía de vida a las(os) indígenas.

LA LUCHA DE LAS MUJERES GUATEMALTECAS DESDE LOS ACUERDOS DE PAZ ELIZABETH PÉREZ Ser mujer indígena en Guatemala es sinónimo de la triple opresión, por su sexo, por ser indígena y analfabeta. En el proceso de negociación de la paz, ellas lograron una mesa específica que dio paso a la conformación del sector de mujeres de la Asamblea de la Sociedad Civil. Esto permitió la inserción de aspectos relativos a las mujeres en los Acuerdos de Paz, de una forma significativa, lo que ha proveído una fuente del derecho y de las políticas públicas que ellas sostienen como un argumento valedero en el momento de hacer sus planteamientos frente al Estado. Los Acuerdos que se lograron fueron: a) el Acuerdo sobre el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, que incluyó el compromiso del gobierno de eliminar la discriminación de hecho o legal para facilitar el acceso a la tierra, a la vivienda, a créditos y a participar en proyectos de desarrollo; b) Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. En este se reconoce la particular vulnerabilidad e indefensión de la mujer indígena frente a la doble discriminación como mujer y como indígena, con el agravante de una situación social de particular pobreza y explotación. El gobierno se comprometió a tomar un conjunto de medidas para superar esta situación, incluyendo la promoción de una legislación, la creación de una Defensoría de la Mujer Indígena y la divulgación y cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; c) Acuerdo sobre Aspectos Socio-económicos y Situación Agraria, en que las partes reconocieron la contribución de las mujeres y la necesidad de fortalecer su participación en el desarrollo económico y social, “sobre bases de igualdad”; además, se asumió el compromiso de revisar la legislación para eliminar la discriminación contra las mujeres; d) Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército en una Sociedad Democrática. Se registran desde entonces algunos avances legislativos, se instaló el Foro Nacional de la Mujer y la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) y la Coordinadora para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de las Mujeres (CONAPREVI), existen nuevos mecanismos de participación y más becas. Pero son avances escasos y que han costado mucho a las mujeres. Aún así, es hora que las mujeres nos apropiemos de estos avances para defenderlos en la cotidianidad y, sobre todo, 29

multiplicarlos con las hermanas analfabetas y que no tienen acceso a ser informadas. Tenemos el reto de ejercer nuestra ciudadanía en relación a nuestros derechos humanos. En el ejercicio de nuestra participación ciudadana en lo político ha sido escaso el avance. En las elecciones de 2003 fueron cuatro diputadas electas por el listado nacional, diez por el distrito electoral, ocho alcaldesas y 175 como parte de las corporaciones municipales. De las diputadas electas a nivel distrital apenas una fue indígena y sólo dos de las alcaldesas. Las mujeres sólo ocupan el 19% de los cargos en los poderes del Estado.

LOS INDÍGENAS REQUIEREN DE SUS BOSQUES PARA SU DESARROLLO ROSARIO RAMÍREZ México es un país con gran diversidad biológica, ya que en su territorio confluyen numerosas especies de vegetales y animales que habitan diferentes climas, desde los desiertos más áridos del mundo hasta las selvas tropicales lluviosas, pasando por los boques templados de coníferas y latifoliadas, entre otros. Conjuntamente, también es un país con una gran pluralidad cultural, que alberga más de 50 grupos étnicos, cada uno con su lengua, vestimenta y forma particular de vida. México es megadiverso biológica y culturalmente hablando. La interacción entre los pueblos indios de México y sus bosques es previa a la llegada de los españoles. La mayoría de estos pueblos conforman actualmente comunidades o ejidos en donde los recursos son de propiedad común y muchos muestran un control del acceso y uso muy estricto, con mecanismos de exclusión muy claros. Esto, en cierto modo, ha permitido la conservación de los bosques. En realidad, la mayoría de los bosques bien conservados del país están en manos de pueblos indios. Sin embargo, estos pueblos se encuentran en situaciones de pobreza y en algunos casos de indigencia. Los habitantes de las selvas chiapanecas mueren a diario de enfermedades completamente curables, por ejemplo. Otros, en lo que constituye una paradoja, emigran hacia otras regiones del país y del extranjero para subsistir. El uso y disfrute de los recursos naturales ha sido un reclamo constante de los pueblos indios de México, siendo una de las exigencias del levantamiento armado zapatista en 1994. La lucha por este reconocimiento tiene diferentes matices. Para algunos, estos sitios de alta diversidad son lugares sagrados y, para otros, una zona de recarga de acuíferos, mientras que algunos los consideran una fuente más de alimentos y materias primas. En muchas ocasiones, el gobierno mexicano ha pisoteado los derechos de estos pueblos, concesionando o expropiando porciones de territorio indígena bajo la bandera del desarrollo y, más recientemente, de la conservación.

Hay algunas experiencias en donde los indígenas han logrado hacer uso de sus recursos naturales en pro de su bienestar. Así ha ocurrido con los Purépechas de Nuevo San Juan en Michoacán, diferentes pueblos zapotecos de Oaxaca y algunos de Chiapas, entre otros. El camino no ha sido fácil y en gran parte se ha debido a años de lucha y organización colectiva. Lo anterior se ve reflejado en miles de hectáreas de bosques bien conservados y bajo un manejo adecuado. Sólo en la década de los noventa un amplio sector de la sociedad mexicana reconoció el papel que juegan las comunidades en la preservación de la diversidad biológica. El gobierno mexicano no tiene una política clara en relación con los indígenas y su patrimonio natural. Tal parece que las viejas ideas persistirán y en el escenario futuro se avizoran muchas nuevas batallas. Aunque el panorama no es muy alentador ni para los indígenas ni para los bosques, los ejemplos de zonas boscosas bajo manejo o conservados gracias a prácticas indígenas enseñan que existen otros caminos y que de ellos se derivan múltiples beneficios sociales, económicos y ambientales.

EL FUTURO PRESIDENTE DE GUATEMALA: ¿PÉREZ O COLOM? ELÍAS TZOC Guatemala está viviendo las elecciones más violentas de su historia democrática, con hechos que hacen recordar las tres largas décadas que duró el enfrentamiento armado interno. Mientras las cúpulas de los dos partidos en contienda luchan por posiciones con señalamientos y ataques personales, no con planes de gobierno, se desatan los escándalos que dejan al descubierto la “debilitada” credibilidad de algunos personajes claves en ambas agrupaciones, quienes afirman estar libres de culpa. Como si esto fuera poco, el asesinato de más de 60 personas también hace de esta una campaña sangrienta. De acuerdo a las noticias de la semana pasada, la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra, Suiza, envió una carta abierta a los dos candidatos participantes. La preocupación de esta entidad evidencia la imagen violenta nacional, recreada durante el proceso electoral, ante la comunidad internacional. Entre las recomendaciones de dicha comisión se mencionan: el respeto al resultado de las consultas populares, la independencia del sistema de justicia, el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos, la garantía de la libertad de acción contra la impunidad y los derechos de los pueblos indígenas. Así que durante las elecciones de mañana, esperaríamos una actitud de civismo y respecto de parte de ambos candidatos al igual que sus allegados. En medio de la inherente controversia e incertidumbre, propias de un evento electoral, resulta difícil pronosticar quien fue el más afectado o favorecido por el violento y sangriento proceso. Desde el reestablecimiento de la institucionalidad democrática en 1986, el pueblo ha elegido a seis gobiernos civiles, que han debido enfrentar los eternos problemas de pobreza, educación, salud, e inseguridad por mencionar algunos- pero han fracasado. Acaso esto explicaría el crecimiento en las preferencias, según las encuestas, para un gobierno militar al mando de Otto Pérez. Aunque si el patrón de las últimas seis elecciones se repitiera, donde el segundo lugar en los comicios anteriores resulta ganador en las elecciones siguientes, entonces el futuro gobernante sería Álvaro Colom. Llamó la atención la extraña actitud de Otto Pérez de cancelar su participación en tres de los cuatro foros, dos organizados por entidades nacionales y una por la cadena internacional Univisión. 33

Independientemente de las razones que motivaron a los patriotas a tomar esa decisión, el gran perdedor fue la sociedad guatemalteca, al no poder escuchar y evaluar las propuestas de ambos candidatos. A criterio de analistas, dos de los resultados de dicha actitud sería el aumento del número de indecisos y del porcentaje de abstencionismo, es decir, y como suele pasar en las elecciones democráticas “unos cuantos decidiendo por todos.” Al hablar de pronósticos y proyecciones, no se puede minimizar la importancia de las encuestas. En Guatemala, tres de las encuestas más importantes fueron y son tema discusión en la población, principalmente después de la primera vuelta electoral. A pesar del margen de error de cada encuesta, la mayoría de la población no acepta que ninguno haya acertado a los resultados oficiales en la primera vuelta. Por consiguiente, resulta difícil e irresponsable pre-proclamar a uno de los candidatos como el virtual ganador. De manera que aunque los patriotas encabezan dos de las tres encuestas publicadas esta semana, los uneístas sólo creen en la gran encuesta de mañana. ¿Qué pasará con aquellos indecisos? principalmente quienes tienden a votar por quien encabezan las encuestas, ¡semejante responsabilidad! ¿Por qué la televisión abierta no prestó suficiente atención a este proceso electoral, quizás porque ambos candidatos cumplieron con la tradicional y obligada “romería” a Miami? precisamente para negociar el tiempo de publicidad y seguramente para tratar uno que otro beneficio para tan conocido y rentable monopolio. La buena noticia es que desde ayer, los guatemaltecos dejamos de escuchar las famosas e incongruentes promesas presidenciales; ahora nos tocará ir a las mesas de votación y cumplir con el deber ciudadano de elegir a uno de los binomios. Aunque los pronósticos no favorecen la continuidad de los gobiernos civiles, un gobierno militar tampoco parece como la mejor opción.

DESAFÍOS EN LA MEDICIÓN DE POBREZA INDÍGENA SERAFINA GALLARDO “No somos pobres, lo que no tenemos es dinero”, fue lo que sabiamente respondió una señora al preguntarle si su familia era de personas pobres. En la actualidad, los pueblos indígenas están claramente asociados a la pobreza, sobre la base de indicadores homogeneizados para toda la sociedad. Existe un cuestionamiento importante sobre el uso de indicadores propios de la sociedad nacional, que no tienen la misma relevancia para los indígenas. Es injusto comparar a la sociedad indígena con el resto de la sociedad nacional en términos de ingresos, escolaridad o saneamiento básico. Si ambas se compararan sobre la base de la solidaridad, la calidad de las interacciones sociales o la convivencia con la naturaleza, o la conservación de los recursos naturales, sería la sociedad nacional la que se consideraría pobre. Lo que se entiende por calidad de vida en las dos sociedades, se refiere a indicadores propios, por lo que se debieran desarrollar nuevos mecanismos para su medición. La pobreza para las comunidades indígenas se relaciona a un estado anímico o espiritual, que tiene una connotación de orfandad y sufrimiento. Por el contrario, el buen vivir se identifica con la alegría, comodidad y el bienestar físico y espiritual. Sin embargo, hay que tener cuidado en no caer en la relativización total. No se puede negar la existencia de malnutrición, menor esperanza de vida, un acceso desigual a las oportunidades de empleo, servicios públicos y/o protección a la salud y administración de justicia. Lo que se entiende por pobreza es complejo y diferente en cada una de las sociedades. Pero lo que debería ser igual para todos es considerar y tener como referencia los avances en materia de derechos alcanzados como ciudadanos universales y como pertenecientes a colectivos específicos, como lo son los pueblos indígenas, mujeres y niños por ejemplo. Las condiciones de vida actuales para los pueblos indígenas no son hechos fortuitos, son resultado de la exclusión histórica-política desde la construcción de los Estados nacionales.

Considerar a los derechos como universales implica cambiar las formas de medición de los niveles de bienestar humanos. Los derechos existentes: acceso a una educación de calidad para todos los niños, empleo con pago justo, una vida sin violencia para las mujeres, el derecho a la libre determinación por parte de los pueblos indígenas, ¿cómo hacerlas cumplir?, ¿cómo medirlas? Estos son desafíos para los Estados y sus gobiernos, pero pueden ser mecanismos nuevos para avanzar en la lucha contra la pobreza, donde todos los seres humanos gocemos de los mismos derechos respetando las diferencias. Si bien el dinero en la vida cotidiana es cada vez más importante, para la sociedad indígena, éste no es el único indicador de pobreza. Para ellos, lo importante no es el nivel de vida en sí mismo, sino la calidad de vida que se puede tener considerando sus aspiraciones comunitarias.

AVATARES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL PAÍS WALTER QUISPE SANTOS El pasado 18 de diciembre del 2006, los estudiantes del segundo grado de educación primaria del país rindieron una prueba de comprensión de textos escritos en el marco de una Evaluación Censal propiciada por el Ministerio de Educación. La prueba se aplicó en 50 minutos, con un número de 19 ítemes, en lengua castellana y su estructura tuvo dos partes: lectura de palabras y oraciones, y comprensión de textos. La realidad donde se aplicó esta prueba es, como sabemos, multicultural y multilingüe, con relaciones asimétricas de conflicto. Es decir, en distintas culturas con experiencias sociohistóricas y ecológicas diferentes. Con maneras de ver, pensar y sentir variadas. Sin embargo, la prueba fue estructurada como si todos los estudiantes pensaran igual y todos compartieran la misma cultura y hablaran y dominaran bien el castellano, desde Tumbes a Tacna, desde el oriente hasta el occidente peruano. Pero los resultados se guardaron bajo llave y no fueron dados a conocer hasta después de varios meses por algunos especialistas de la Unidad de Medición de la Calidad de la entidad rectora de la educación nacional. Al observar los resultados se entiende por qué no los entregaban... Un primer acercamiento nos permite notar que la prueba no se logró aplicar al 100% de la población estudiantil del segundo grado, por lo que deja de ser una evaluación censal con los sesgos que podría producir su interpretación. La cobertura de aplicación por regiones no fue la esperada. Por ejemplo, en Arequipa sólo se aplicó en un 81%, pero en Amazonas 19%, Cajamarca 19%, Ayacucho 14% y Huancavelica, la más baja, 13%. Por definición, una evaluación censal se aplica a todos los actores de un sistema educativo para conocer su situación, proyecciones y posibilidades de desarrollo. En el caso peruano se buscó aplicar a todos los estudiantes del segundo grado del nivel primario y en el área curricular de comunicación integral, específicamente en

comprensión de textos. A diferencia de las evaluaciones muestrales, una

evaluación censal permite como señala la Unidad de Medición de la Calidad del Ministerio de 37

Educación: “la devolución individual de los resultados a los distintos actores del sistema educativo: directores y docentes de las escuelas, padres de familia, directores y especialistas de las DREs, UGELs y Municipalidades, instancias del MED, etc.”. Pero esa devolución individual y la consecuente reflexión de los demás actores del sistema no se produjo, ni hay un mínimo de voluntad política para analizarlo y debatirlo en el contexto de los proceso de enseñanza y de aprendizaje, ni en la reformulación de las políticas públicas de promoción y fomento de la lectura. Apoyados en algunas teorías existentes sobre la comprensión lectora, se han usado los conocidos estándares internacionales de medición de la comprensión lectora: literal, inferencial y crítico. Estas fueron “operacionalizadas” por los especialistas del Ministerio de Educación del modo siguiente: Grupo 0, Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3. En el nivel 3 (comprensión de todo el texto) las tareas que desarrolla el estudiante son: en textos narrativos (cuento) e informativos (aviso y artículo enciclopédico) el estudiante logra: 1. Deducir el significado de una palabra o frase a partir del contenido de la lectura. 2. Deducir la idea principal o el tema de una lectura. 3. Reconocer la finalidad para la que fue escrito un texto. El nivel 2 (comprensión de algunas partes del texto) tiene las siguientes características: en textos narrativos (cuento) e informativos (aviso y artículo enciclopédico) el estudiante logra: 1. Ubicar datos que aparecen escritos en un texto. 2. Deducir ideas que no están escritas en el texto, pero que se sobreentienden. Estas ideas generalmente se ubican al comienzo del texto. Sin embargo, también se explica las tareas que no logra resolver el estudiante: 1. Deducir el significado de palabras por el contexto de la lectura. 2. Deducir la idea principal o tema de un texto. 3. Reconocer la finalidad para la que fue escrito un texto. En el nivel 1 (lectura de palabras y oraciones sueltas) la tarea que realiza el estudiante es: lectura de palabras y oraciones aisladas, es decir, fuera de un texto. También se explica lo que no puede hacer el estudiante: 1. encontrar información de un texto. 2. Deducir ideas que no están escritas en un texto, pero que se sobreentienden. Y el grupo 0 corresponde a los estudiantes que no desarrollan las tareas requeridas en el nivel 1.

Los resultados son desoladores para la educación nacional y muestran que las fórmulas microfísicas en la formulación de políticas educativas y de aplicación de las macrodecisiciones curriculares están lejos de una educación para la comprensión. Por ejemplo: Arequipa sacó el 0,1% en el nivel 0; 55,3% en el nivel 1; 23,0% en el Nivel 2 y 20,7% en el nivel 3. Tacna tiene 0,4% en el nivel 0; 53,7% en el nivel 1; 25,1 en el nivel 2 y 20,7% en el nivel 3. Moquegua muestra un 0,8% en el nivel 0, 59,5% en el nivel 1; 23,1% en el nivel 2; 16,6% en el nivel 3. Madre de Dios tiene un 5,3% de estudiantes que no comprenden nada, 76,3% que están en el nivel 1; 11,4% en el nivel 2 y 7,0% que se encuentran en el nivel 3. Callao tiene a 1,6% en el nivel 0; 59,3% en el nivel 1; 21,7% en el nivel 2 y 17,4% en el nivel 3. En Ica, el 1,6% no comprende nada, 63,3% solo reproduce lo que dice el texto en forma literal, 20,3% estaría en el nivel 2 y 14,9% en el nivel 3. En Tumbes, el 3,3% no entiende nada, 79,6% está en el nivel 1; 11,6% en el nivel 2 y 5,4% en el nivel 3. San Martín tiene los siguientes resultados: 10,2% de estudiantes que no entienden nada, 72,6% en el nivel 1; 11,3% en el nivel 2 y 5,9% en el nivel 3. Lima arroja 1,2% en el nivel 0; 57,2% en el nivel 1, 23,1% en el nivel 2 y 18,5% en el nivel 3. En Huanuco los resultados no son diferentes: 10,3% de estudiantes no entienden lo que leen, 72,8% están en el nivel 1; 10,8% en el nivel 2 y 6,2% en el nivel 3. Piura tiene un 5,2% en el nivel 0; 69,3% en el nivel 1; 15,4% en el nivel 2 y 10,1% en el nivel 3. Le sigue Ucayali con un 11,5% de estudiantes que no comprenden nada, 73,7% que están en el nivel 1; 10,1% en el nivel 2 y un 4,7% en el nivel 3. Junín con un 3,8% en el nivel 0; 65,3% en el nivel 1; 18,3% en el nivel 2 y 12,5% en el nivel 3. Y para el caso nuestro de Puno tenemos un 6,9% de estudiantes que no comprenden lo que leen, un 71,8% de estudiantes que apenas repiten literalmente lo que leen, es decir, el nivel 1; un 12,9% que apenas realizan inferencias o nivel de pensamiento 2 y 8,3% de estudiantes que se encontrarían en el nivel crítico o nivel 3. Vienen luego Cusco con 5,4% en el nivel 0; 70,3% en el nivel 1; 14,7% en el nivel 2 y 9,6% en el nivel 3. La Libertad con un 2,5% en el nivel 0; 60,2% en el nivel 1; 20,9% en el nivel 2 y l6,4% en el nivel 3. Apurimac tiene un 14,4% de niños que no entienden lo que leen, 66,7% en el nivel 1; 11,3% en el nivel 2 y 7,6% en el nivel 3. Para tener una idea global de estos resultados, sigamos con las siguientes regiones: Loreto con un 25,1% en el nivel 0; 62,2% en el nivel 1; 8,0% en el nivel 2 y 4,7% en el nivel 3. Pasco tiene un 9,5% en el nivel 0; 65,7% en el nivel 1; 18,7% en el nivel 2 y 10,6% en el nivel 3. Lambayeque arroja un 3,5% en el nivel 0, 55,3% en el nivel 1; 22,3% en el nivel 2 y 19,0% en el nivel 3. Amazonas presenta 39

un 13,1% en el nivel 0; 63,6% en el nivel 1; 12,7% en el nivel 2 y 10,6% en el nivel 3. Cajamarca tiene 7,0% en el nivel 0; 66,4% en el nivel 1; 14,6% en el nivel 2 y 12,0% en el nivel 3. Ayacucho presenta un 14,8% en el nivel 0; 67,6% en el nivel 1, 10,6% en el nivel 2 y 7,0% en el nivel 3. Finalmente, Huancavelica tiene 8,5% en el nivel 0; 70,3% en el nivel 1; 11,2% en el nivel 2 y 9,9% en el nivel 3. Nuestras primeras observaciones que realizamos sobre la aplicación de una prueba estandarizada y homogénea a un país que desde toda reflexión es multicultural y multilingüe son las siguientes: 1. La comprensión lectora por sobre todos los demás aspectos está condicionada por el grado de dominio de la lengua con que se comprende. En este caso la prueba fue elaborada en la lengua castellana. Sin embargo, en nuestro país existen regiones habitadas por “indígenas” cuyos procesos de comprensión humana y lectora se articulan a través de otras lenguas, por ejemplo Apurimac (76,95%), Puno (75,97%), Ayacucho (70,83%), Huancavelica (66,79%) y Cusco (64,37%) y con excepción de Puno, donde el 43,23% es quechua y 32,61 es Aimara, en los otros cuatro departamentos esa mayoría indígena está representada por la presencia de una población quechuahablante. Y es obvio que la aplicación de una prueba homogénea arroje los resultados desalentadores de incomprensión. 2. Uno de los aspectos priorizados por los enfoques contemporáneos de la comprensión en la educación son los niveles de lectura, siendo el más priorizado el nivel crítico. El mismo que en su construcción sociocognitiva esta determinado por dimensiones sobre todo culturales. Y esta fue la dimensión más controlada en la aplicación de los instrumentos. Es decir, la prueba técnicamente priorizó evaluar sólo las dimensiones literal e inferencial. ¿Se puede aplicar una prueba sesgada técnicamente sin mucha reflexión sobre su validez y confiabilidad? 3. Hay muchos factores que condicionan la comprensión lectora, dentro de los cuales por ejemplo el modelo mental y el modelo de contexto son determinantes del éxito. En la prueba aplicada se controlaron estos aspectos. Sin duda, en nuestro país los modelos mentales son construidos en base a las experiencias sociohistóricas, ecológicas y culturales variadas. Los mismos no se tomaron en cuenta ni son parte del interés del Ministerio de Educación. 40

4. Si miramos por ejemplo el “Atlas Lingüístico del Perú” de Chirinos, las lenguas denominadas “vernáculas” se reparten entre las zonas andinas y amazónicas. Entre las andinas destacan el quechua, en sus variedades sureña y ancashina-huanuqueña, y el aimara. Entre las amazónicas, las familias arahuaca, jíbaro, pano, cahuapana y la variante amazónica del quechua. Las estadísticas nos demuestran que estas regiones estas lenguas tienen una cantidad mayoritaria de hablantes. ¿Por qué en estas zonas se aplicó una prueba construida en lengua castellana? 5. Sin duda, que el Programa de Educación Intercultural Bilingüe abarca parcialmente y de manera focalizada estas zonas, sin embargo, la compleja realidad peruana nos hace mirar que no sólo son bilingües los que pertenecen a estas instituciones educativas, sino que, existe un entramado social regional más amplio, que en vez de desarrollar la comprensión lectora sufre mucha violencia simbólica. El Ministerio de Educación con su habitual visión microfísica aplica una prueba monolingüe y uniforme en contenidos. 6. Si de algo sirvió la prueba es para comprobar en qué medida nuestros estudiantes del segundo grado de primaria vienen olvidando sus patrones culturales, históricos, sociales, sobre todo su lengua materna, y de qué modo vienen asimilando elementos foráneos y extraños que una currícula oficial prioriza atentando sus verdaderos intereses y necesidades. Finalmente, todo esto permite reflexionar que es de prioridad regional pensar nuestras posibilidades de desarrollo educacional desde la dimensión local y regional, ya que las propuestas nacionales de educación centralistas se agotan frente a la cambiante y compleja realidad nacional. Y claro, tal vez sea necesario aplicar al personal del Ministerio de Educación una prueba de comprensión lectora en aimara o quechua para que se den cuenta de sus sesgos y errores cuando aplican pruebas de esta naturaleza sin respetar ni considerar la complejidad intracultural e intercultural del peruano de hoy.