Periódico barrial
Distribución gratuita 3.000 ejemplares mensuales Abril 2018 ISSN 2451-7178
Comuna 1 /3 /4
Constitución, Monserrat, San Cristobal, San Telmo, Parque Patricios y Barracas
Una voz, un derecho.
Año - 06
Número 42
elgritodelsur.com.ar /El Grito Del Sur @grito_delsur elgritodelsur@gmail.com
Foto: Rafael Oviedo Crítica situación de calle
El frío del invierno y el frío del Gobierno
DICIEMBRE DE TERROR
Luego de casi ocho años de espera, la Justicia porteña ratificó un fallo de primera instancia por la muerte de un bebé en situación de calle, hecho ocurrido en el invierno del año 2010. El Gobierno de la Ciudad fue hallado responsable del hecho y deberá indemnizar a
la familia. Además: los alcances y límites de los subsidios habitacionales, la única política en materia de vivienda del PRO. Página 4
Barrios
Derechos Humanos
Primer bachi trans
En pleno barrio de Constitución, la sede de Madres Víctimas de Trata donde vive la referente Margarita Meira fue atacada por un motociclista en un sospechoso ataque.
Se conocieron tres informes sobre el estado procesal de las causas por los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar.
La Mocha Celis resiste en medio de las dificultades. Dos protagonistas del lugar nos cuentan cómo vive uno de los sectores más olvidados por la sociedad.
Página 3
Página 6
Página 7
Balazos en Constitución
Juicios contra los genocidas
La historia del Mocha
02 | Sumario / Editorial
GRITÁ CON NOSOTROS Sé parte del colectivo.
Indice 02 | Editorial
Lula libre o democracia truncada 03 | Barrios
Conocé nuestro proyecto elgritodelsur.com.ar elgritodelsur@gmail.com.ar /El grito del sur @grito_delsur @elgritodelsur Santiago del Estero 1029, CABA
06 | Derechos humanos
El “cuellos de botella” de la era Cambiemos
Balazos en Madres de Constitución
07 | Educación
La Mocha sigue y no afloja
04 | Informe central: vivienda
Subsidio habitacional: si te he visto no me acuerdo
08 | Contratapa
Si algún día no vuelvo, rompé todo Diseño gráfico: kunkacomunicacion@gmail.com
EL GRITO SOMOS
Lula libre o democracia truncada
Aldana Mancilla Pais, Christopher Loyola, Sebastián Furlong, Yair Cybel, Matias Ferrari, Julián Valdez, Gabriela Perchante, Dalia Cybel, Oscar Flores Rivera
su candidatura incluso preso, lo que abriría un debate al interior del Tribunal Supremo Electoral. Apostamos por una propuesta de unidad con Manuela D’Ávila, Guilherme Boulos y todos aquellos que quieran conformar un frente antifascista”.
Por Yair Cybel
La decisión de las clases dominantes brasileras de tumbar a Dilma mediante un golpe parlamentario en 2016 se completa con el encarcelamiento reciente de Lula, quien a seis meses de las elecciones encabeza todas las encuestas. La oligarquía brasilera (con el incondicional apoyo de los medios, la justicia y el capital financiero) busca acorralar a Lula, al PT y al movimiento popular brasilero y empujarlo por fuera de la institucionalidad. La tristemente célebre frase que plantea que “Lula preso es mártir, Lula muerto es héroe y Lula libre es presidente” habla de la contradicción principal con la que debe enfrentarse el conjunto del movimiento popular y la izquierda: seguir creyendo en una democracia cada vez más excluyente y degradada, u optar por nuevos métodos de lucha a pesar de encabezar todas las encuestas.
Según los datos que recogió la encuestadora Datafolha en marzo de este año si Lula no es candidato, el 27% de la población dice que “seguramente” votaría al candidato apoyado por Lula y el 17% que “tal vez” lo haría. El metalúrgico es la pieza central del escenario político brasilero: si Lula no se presentara, ganaría el voto en blanco por una apabullante mayoría. Es la otra estrategia que emerge de un sector, aunque acaso menos probable: salir a denunciar el fraude, no presentarse a elecciones y comenzar una campaña masiva y de calle contra el golpe a la democracia. Rafael Freire, es dirigente de la Confederaçao Sindical de Trabalhadores-as das Américas, con sede en Sao Pablo: “Lula es candidato hasta el final. Estamos en el medio de una guerra política y jurídica y somos conscientes de que Lula puede presentar
¿Qué sucederá con Lula en prisión? Va a depender de las presiones populares sobre el poder Judicial. Su equipo legal ya prepara un nuevo Habeas Corpus específico para su situación. Preso o no, la ley electoral no impide que Lula se presente a la Justicia Electoral a solicitar el registro como candidato. En el caso de negativa del Tribunal Supremo al registro de su candidatura, el PT tendrá tiempo hasta el día 17 de septiembre para indicar otro candidato. Por ahora, desde el PT declararon que en caso de volver a la presidencia impulsarán un importante control sobre los medios y un referéndum revocatorio de las medidas del gobierno golpista. Mientras tanto, el mayor líder popular del continente, trabaja tras las rejas para devolverle la dignidad a millones de brasileros. Y ese es un crimen que las élites no perdonan.
El Grito del Sur- Fundado el 23 de septiembre de 2012 en el natalicio de Mariano Moreno - Registro ISSN 2451-7178 - Director Propietario: Yair Cybel - Tirada 3.000 ejemplares - Registro de la Propiedad Intelectual 5295866 - Abril 2018 - Número 42 - Domicilio legal: Camarones 1549 CABA - Contacto: elgritodelsur@gmail.com - Impreso en Avisar Impresiones Gráficas - Arnoldo 1380 Quilmes Oeste Registro de Medios Vecinales CABA - Se autoriza la reproducción del material publicado, citando la fuente.
Barrios | 03 Ataque contra la sede de Madres Víctimas de Trata
A los balazos en Constitución En un confuso episodio, un motociclista disparó hacia la sede del comedor comunitario donde vive la referente barrial Margarita Meira. “Repudiamos este hecho y exigimos a la justicia el esclarecimiento de la situación”, señaló Madres Víctimas de Trata a través de un comunicado. Redacción El Grito del Sur
Cerca del mediodía del 20 de marzo, una persona lanzó un disparo desde su moto dirigido hacia la sede de Madres de Constitución, donde reside la referente barrial Margarita Meira. El confuso episodio ocurrió mientras varias familias esperaban su vianda de alimentos en las afueras del comedor comunitario. El hogar familiar, sito en Pasaje Ciudadela 1249 del barrio de Constitución, alberga a un comedor comunitario que entrega comida a más de 400 personas por día. Allí también funcionan un centro cultural y Madres Víctimas de Trata. A las 11 de la mañana un sujeto subido a una moto frenó a metros del hogar y disparó una vez a pesar de que había varias familias presentes en dicho lugar. Luego in-
tentó disparar de nuevo, pero el arma no reaccionó e intentó escapar. Las familias ingresaron en ese momento al comedor en estado de shock para ponerse a resguardo; incluso varias sufrieron una “descompensación” por el susto que les provocó la situación. Luego Margarita Meira, quien se encontraba haciendo una entrevista para la revista Hecho en Buenos Aires, salió a levantar el casquillo que dejó el sujeto como evidencia. La presidenta de Madres Víctimas de Trata acababa de volver al país tras haber obtenido un premio de reconocimiento en Italia enmarcado en su lucha por los derechos humanos. Desde Madres Víctimas de Trata señalaron que “afortunadamente se pudo tomar registro de la patente de la moto. En estos mo-
mentos se encuentra la policía trabajando en el lugar, esperando a personal de balística que deberán identificar a dónde impactó el disparo y de qué tipo de arma se trata. Repudiamos este hecho, que no es el primero de este tipo, y exigimos a la justicia el esclarecimiento de la situación”.
Histórico fallo
Subsidio habitacional: si te he visto no me acuerdo La justicia porteña ratificó un fallo de primera instancia que responsabiliza al Ejecutivo porteño por la muerte de un bebé en situación de calle, ocurrida en pleno invierno del 2010. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que había apelado el caso, deberá indemnizar a la familia.
Redacción El Grito del Sur
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario ratificó el pasado 27 de marzo un fallo de primera instancia que obliga al Gobierno porteño a indemnizar a una familia en situación de calle que perdió un bebé en 2010 por las bajas temperaturas y el abandono del Estado. Se trata del primer fallo firme que le da la razón a un civil en una causa por daños y perjuicios contra el Estado de la Ciudad. La jueza Mariana Díaz y el juez Carlos Balín desecharon los argumentos esgrimidos en la apelación del Ejecutivo, que intentó inculpar a la propia familia por haberse negado a aceptar pasar la noche en un parador. Según el Ejecutivo porteño, no existió “nexo casual” entre la neumopatía que resultó fulminante para el bebé y la situación de calle de su familia. La jueza Mariana Díaz, en sus argumentos, sostuvo sin embargo que el GCBA “no renovó el otorgamiento del beneficio” del subsidio habitacional que hubiera prevenido que la familia pasase el invierno a la intemperie. El Gobierno “estaba advertido de la peligrosidad que significaba para la madre y el recién nacido la situación de calle, por lo que era previsible algún perjuicio”, concluyó. La jueza tocó en sus argumentos un tema sensible: al escaso monto que entrega el Gobierno a las familias en riesgo de calle
-que no llega a cubrir la mitad del alquiler de una pensión en Once o Constitución- y las trabas burocráticas para recibirlo, se le suma el problema de que apenas dura diez meses, lo que obliga a muchas familias a recurrir a amparos judiciales para no perder el beneficio. Los funcionarios porteños de Desarrollo Social sabían, según Díaz, que la familia necesitaba seguir cobrándolo para no volver a la calle, pero dejó que las cosas pasaran y así fue el que bebé terminó muriendo por el frío. La familia vivía debajo de la Autopista 25 de Mayo en la intersección de las calles Pichincha y Cochabamba, en una de las tantas ranchadas que reciben como única política estatal el asedio de los funcionarios de Espacio Público y la policía porteña.
Si te he visto no me acuerdo Tramitar un subsidio habitacional en la ciudad implica para una familia en situación de calle emprender una pulseada en medio del hambre y la necesidad, mientras que renovarlo se transformó en un cuesta arriba judicial sin garantías. Los trajines de la única política de emergencia habitacional del PRO. El fallo de Cámara que responsabilizó al Gobierno porteño por la muerte de un bebé en situación de calle en pleno invierno de 2010 desnudó la ausencia de una política
concreta que aporte soluciones a las familias en emergencia habitacional, algo que las organizaciones que se dedican a la problemática vienen denunciando hace años, sin ser escuchadas. Hace por lo menos tres gestiones que el Gobierno de la Ciudad arrastra un déficit en la solución habitacional definitiva- ni siquiera transitoria o parcialpara las personas en situación de calle y en riesgo a estarlo. El desinterés Pro es tal que las organizaciones debieron hacer su propio censo para tener a mano una estadística confiable sobre la población que necesita esa mano urgente del Estado. El primer Censo Popular para Personas en Situación de Calle estableció el año pasado que son nada menos que 25.872 personas sin vivienda (5.872 en situación de calle y 20.000 en riesgo de estarlo). La principal política del gobierno para ese universo es la entrega de subsidios habitacionales, que siempre han estado muy por debajo de los montos impuestos por los mercenarios valores del “mercado hotelero” al que esta población puede acceder. Y que el fallo de Cámara expuso como la razón principal de la muerte ocurrida casi ocho años atrás. Hasta diciembre de 2016, el monto del subsidio habitacional otorgado a través del Programa de Atención a Familias en Situación de Calle (decreto 690/06), que depende de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, tenía como tope máximo
Informe central / Vivienda | 05
La ministra Guadalupe Tagliaferri ha establecido la reglamentación del Decreto 637/16, donde establece categorías en el monto de los topes del otorgamiento del subsidio habitacional de la siguiente manera:
Foto: Rafael Oviedo
la suma de $1800. Se extendía sólo por 10 meses: luego de dicho plazo, sin contemplar la situación de la persona o familia, finalizaba el subsidio, dejando a las personas nuevamente en situación de calle. Al finalizar el cobro de la totalidad de las cuotas, las familias tenían la posibilidad de iniciar amparos judiciales ante las Defensorías para solicitar la extensión del plazo, pero ese trámite institucional no resultó ser fácilmente alcanzable para todas estas personas que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad social. Su principal preocupación es satisfacer una necesidad tan básica como lo es poder alimentarse día a día, y los obstáculos impuestos por la burocracia administrativa -que exige la presentación de infinidad de documentación- les resulta muy cuesta arriba.
ciario así lo amerita”.
Después de muchos años de estancamiento del monto del subsidio habitacional en $1800, en diciembre de 2016 se modificó el Art. 5 del Decreto 690 a partir del 637/16 que establece que “el monto del subsidio a otorgar en una suma total de hasta pesos cuarenta y ocho mil ($ 48.000), abonado en un máximo de doce (12) cuotas mensuales y consecutivas de hasta pesos cuatro mil ($ 4.000) cada una”. Además, faculta a la Autoridad de Aplicación para extender el presente subsidio por plazos de seis (6) meses, pagaderos en cuotas mensuales y consecutivas de hasta pesos cuatro mil ($4.000) cada una, dependiendo de cada caso particular y si la situación de vulnerabilidad social del benefi-
La “aparente” continuidad ilimitada del cobro del subsidio no es inocente, sino que esconde la imposibilidad de que las personas puedan iniciar amparos judiciales, ya que para el inicio de este trámite, los “defensores” de la Ciudad de Buenos Aires solicitan una certificación de totalidad de cobro del subsidio habitacional que se venía otorgando antes del Decreto 637/16, y que a partir del mismo NO se le entrega a las personas. Este escenario actual deja expuesta también la decisión política del fuero Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad y la Defensa Pública de denegar la posibilidad de inicio de un amparo y no buscar estrategias para poder dar curso a estas causas.
Quiere decir entonces, que en la actualidad, si la persona o familia no logra revertir su situación habitacional, el subsidio “debería” seguir renovándose luego de las primeras 12 cuotas, cada 6 meses. Cabe mencionar que el tiempo transcurrido en el ajuste del monto del subsidio habitacional trajo aparejado que, al momento de la actualización, el monto ya sea insuficiente para cubrir el costo de un alquiler de una habitación de hotel, que en la actualidad para una familia de 4 integrantes en una habitación de hotel en Constitución, con baño y cocina compartida y condiciones de hacinamiento, es hoy de alrededor de $8000, el doble del monto máximo que puede cobrarse.
Monto para una persona sola: $2500.Monto por cada integrante de grupo familiar $500.- hasta un total de $4000.- Es decir, que una pareja con dos o seis hijos, cobra como máximo $4000. Además hay una categoría que establece que aquellos “grupos familiares cuyo seno esté conformado por alguna persona con necesidades especiales, recibirán hasta $4000”. Estas categorías arbitrarias y restrictivas para la asignación del subsidio habitacional, sumado a un endurecimiento de los criterios expulsivos que se suceden en la actualidad y se ven más agudizados a partir de la designación del Dr. Jonathan Lifschitz como gerente del área de la que depende el Programa de Atención a Familias en Situación de Calle, quien en la actualidad y de modo totalmente arbitrario impide el acceso al subsidio a personas que están en condiciones de cobrarlo. La falta de conocimiento de la problemática por funcionarios puestos a dedo, sin formación en lo social, con profundo desprecio por las personas que padecen situaciones de extrema vulnerabilidad social, pone en situación de alerta a las políticas públicas que vienen siendo desmanteladas en forma sistemática.
06 | Derechos humanos El estado procesal de los juicios contra los genocidas
Juicios de lesa: el cuello de botella de la era Cambiemos El pasado 24 de marzo se cumplieron 42 años del último golpe de Estado. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad llevó a cabo tres informes mediantes los cuales realizan una síntesis de las sentencias dictadas desde 2006 hasta la fecha.
Por Gabriela Perchante
Los avances en materia de juicio y castigo a los genocidas de la última dictadura cívico-militar se materializaron en casi 400 sentencias firmes desde 2006 hasta hoy. Sin embargo, muchas de las causas judiciales siguen aún sin resolverse. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad realizó tres informes -estadístico, trayectoria y dossier-, donde registraron, hasta el 15 de marzo de 2018, un total de 599 causas en trámite, en las que son (o fueron, hasta su fallecimiento) investigados 2985 imputados. Del total de expedientes, en 397 aún no se ha dictado sentencia y 278 se encuentran en etapa de instrucción. Esto significa que un 47 por ciento del total de causas todavía no alcanzó la etapa de debate. En relación a ello, otro de los informes que llevó a cabo la procuraduría es el de la “trayectoria”, el cual se busca conocer y calcular el promedio de tramitación de las causas a nivel nacional. Según el organismo las causas se han mantenido relativamente estables en los últimos tres años, en parte debido a que las investigaciones continúan activas, pero hay una demora en la tramitación hasta la elevación a juicio. En suma, este análisis implica que la mayoría de los procesos judiciales están lejos de obtener sentencia en el corto plazo. En ese marco la procuraduría consiguió reconocer los “cuellos de botella” en los que se producen las demoras en las investigaciones y, al mismo tiempo, develar que entre el requerimiento de elevación a juicio y la firmeza de la sentencia se registra en promedio una demora de 5 años y seis meses. Además,
Foto: Virginia Robles
se pudo calcular que desde la reapertura de las causas en 2006 hasta el momento, la instancia que mayor tiempo ha demorado es la confirmación de la sentencia por parte de la Cámara Federal de Casación Penal. El año pasado fue el que tuvo mayor cantidad de sentencias dictadas con 27 casos, la cifra más alta de todo el proceso de justicia desde su reapertura en 2006. En total fueron condenadas 205 personas por delitos contra 2017 víctimas. Éstas son algunas de las sentencias más emblemáticas:
“Colegio Militar”: El 16 de marzo se dictó sentencia por la desaparición de conscriptos y crímenes en la Guarnición de Campo de Mayo, en la que fueron condenados siete acusados; entre ellos el ex comandante de Institutos Militares, Santiago Riveros y el ex director del Colegio Militar, Reynaldo Benito Bignone, ambos a cadena perpetua.
principios de 1975. Entre los hechos imputados se visibilizó la violencia sexual y el abuso deshonesto. Se juzgaron delitos cometidos contra 270 víctimas, por los que fueron condenados altos mandos de la Policía de Tucumán y del Ejército. El Operativo Independencia fue el punto de partida de la instauración del dispositivo represivo en la Argentina.
Hasta el 15 de marzo de 2018, hay un total de 599 causas en trámite, en las que son (o fueron, hasta su fallecimiento) investigados 2985 imputados.
“Automotores Orletti”: El 11 de septiem-
bre la justicia de la Ciudad de Buenos Aires condenó a tres ex policías federales a 25 años de prisión y a un ex agente de la ex SIDE a 16 años. Todos ellos formaban parte de los grupos de tareas que actuaban en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, asociado principalmente a la persecución y represión de ciudadanos uruguayos, chilenos y bolivianos.
“Operativo Independencia”: Como se
llamó el plan sistemático de exterminio desplegado en la provincia de Tucumán a
“ESMA Unificada”: fue el tercer juicio don-
de se investigaron crímenes de lesa humanidad cometidos dentro del centro clandestino de detención que funcionó en la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Incluyó a 68 imputados, pero llegaron al final del juicio sólo 54 de ellos, ya que en los 5 años de debate, 11 fallecieron y otros 3 fueron apartados del debate por razones de salud. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 el 29 de noviembre de 2017 dictó 29 condenas de prisión perpetua.
Educación | 07 Educación popular
La Mocha sigue y no afloja Llegué y me dieron un abrazo fuerte y volvió a crear en mí esa esperanza que me permita decir de nuevo: “yo quiero ser”.
La Mocha de Chacarita
Frente al cementerio de Chacarita está la Mocha Celis, el primer bachillerato trans de Latinoamérica. Hija de una época, nos acercamos a conocer la historia de un lugar que nació al calor de la conquista de derechos y se fortaleció para afrontar estos tiempos difíciles.
Por Yair Cybel
Viviana González es la presidenta del centro de estudiantes del bachillerato Mocha Celis. Se egresa este año y le gustaría dedicarse a la docencia. De hecho, ya es profesora de artes marciales. Fue integrante del seleccionado argentino, donde obtuvo cinco títulos masculinos de taewkwon-do con su identidad trans, pero tuvo que dejar
Encontré en la Mocha eso que en otros lados no podía sacar de mí. Volvió a crear en mí esa esperanza que me permita decir de nuevo: “yo quiero ser”.
el deporte. “El CENARD se ocupó de tapar mi identidad de trans. Era la época de los edictos policiales, vivíamos en los calabozos solamente por vestirnos con la ropa del
sexo opuesto. Vivíamos a escondidas pero el “querer ser” era más fuerte que nosotras; por eso en vez de quedarnos en la comodidad de seguir las normas salimos a luchar”. “Éramos eso que no se podía mencionar, la sociedad tenía una imagen repudiable de nosotras y esa violencia nos puso a la defensiva. Luchábamos contra la mirada del otro”, cuenta la presidenta del Centro. Su historia es la de muchas de las chicas que llegan al bachi: excluidas del mercado formal de trabajo, obligadas a subsistir en los márgenes, criminalizadas antes de ser juzgadas. Condenadas a sufrir violencia con un promedio de vida de 35 años, apenas un par menos que la expectativa de vida en Europa para el 1800. “Yo caí en la prostitución, pero una no elige acostarse con alguien para poder comer. La noche viene con sus vicios y te va atrapando en un mundo en el que de chica no soñás estar. Cuando llegué a la Mocha no estaba preparada para volver a empezar. Caí en un edificio donde había pocas cosas”. La voz de Viviana se quiebra. Dice que no es de lagrimear mucho pero que la Mocha le genera esto. “Ese animal que se agarraba a las piñas, ganaba torneos, encontró en la Mocha eso que en otros lados no podía sacar de mí.
Francisco Quiñonez es el director de la Mocha y uno de sus fundadores. Está a pleno con el inicio de clases del sexto año del bachillerato. No quiere fotos y explica que el foco tiene que estar en las chicas, en el proceso formativo con el colectivo trans. “Venimos de la experiencia de los bachilleratos populares, que recuperan el conocimiento preexistente. Sólo que nosotros no trabajamos sobre una fábrica recuperada o un territorio en especial, sino que nuestro lugar es el territorio identitario. Eso fue complejo porque la población no estaba cerca sino que había que salir a buscarla. La Mocha se convirtió en el primer espacio donde las compañeras podían ser nombradas y se les respetaba su auto-percepción”, cuenta. En 2012 se sancionó la ley de Identidad de Género, un suceso de magnitud internacional en materia de reconocimiento de derechos. “Con la ley el proyecto toma otra relevancia, se nos acerca el gobierno nacional, se construyen las aulas y la infraestructura que tenemos hoy”. Sin embargo, las cifras de la comunidad trans dejan en claro que con la ley sola no alcanza: en una población con una deuda social tan grande, es necesario pensar políticas de inclusión educativa y laboral para lograr que la comunidad trans abandone la marginalidad. “No sólo hubo un abandono histórico sino que existe persecución policial, antes con los edictos policiales, hoy porque son la caja chica de la policía que las manda a vender drogas”, dice Francisco. “Propusimos el proyecto Reconocer es reparar que incluye a las compañeras mayores de 40 años que han sido sobrevivientes de un sistema que las excluye. Si no hay políticas públicas a nivel general el mismo Estado que te expulsó a delinquir, más tarde te encarcela y te condena”, concluye y se despide porque la Mocha, como toda trans, no puede darse el lujo de dejar de trabajar.
08 | Contratapa Femicidio de Ornella Ragno
Si algún día no vuelvo, rompé todo
En la madrugada del 13 de febrero de 2013, el cuerpo de Ornella cayó desde 25 metros de altura. Martín Romañach, la única persona que estuvo con ella en el momento de su muerte, fue condenado por ser culpable del femicidio. Una empinada búsqueda de justicia en el sistema patriarcal.
Por Dalia Cybel
1. Ornella Ragno conoció a Martín Romañach por Facebook. Podría haberlo conocido en la facultad, yendo al trabajo o en el gimnasio. También se lo podría haber cruzado en alguno de los boliches de Lanús a los que, tiempo después, Martín no pudo acercarse por mucho tiempo sin que le gritaran cosas. Ornella y Martín se vieron dos veces: la última fue minutos antes de morir. El 13 de febrero Ornella salió a la noche y prometió volver temprano. Le pidió plata a su padre para volver en remis y fue a encontrarse con Martín en el edificio donde vivía su abuela, a ocho cuadras. Primero fueron a comprar un champagne y cuatro energizantes, luego subieron a la terraza del edificio, ubicada sobre un octavo piso. Las versiones acerca de lo que sucedió a partir de ese momento son difusas. Entre las 4:15 y las 4:30 de la mañana el cuerpo de Ornella cayó desde 25 metros de altura. Martín dijo que trastabilló buscando un sweater. Pero los peritos dedujeron que, a partir de la posición que fue encontrado el cuerpo, Ornella estaba inconsciente antes de caer. Romañach fue su último acompañante y el único testigo de su muerte. 2. Aunque el cuerpo fue identificado de inmediato, Daniel Ragno se enteró de lo sucedido nueve horas después de la muerte de Ornella, estando ya en el garaje donde trabajaba. Días después del crimen Daniel llevó la computadora de su hija con las contraseñas para que los responsables investigaran las
conversaciones que había mantenido Ornella con el acusado, pero en la fiscalía de Lomas de Zamora le dijeron que no contaban con la tecnología necesaria para realizarlo. Las manchas de sangre que se encontraron dispersas en la terraza donde estuvieron Martín y Ornella fueron analizadas en el área de investigación del Juzgado de La Plata. El primer resultado dictaminó que no se trataba de sangre humana. Sin embargo, la querella puso un perito de parte que revisó el informe y comunicó a Daniel que las evidencias no habían sido analizadas con el procedimiento para encontrar sangre humana en asfalto sino para identificar sangre humana en heces. 3. Según el informe forense realizado después del crimen, Martín tenía rasguños en la espalda, brazos, labios y el material genético debajo de sus uñas coincidía con la sangre que estaba en la terraza. No obstante, desde el comienzo Romañach afirmó que lo que sucedió esa noche se trataba de un accidente y no se mostró arrepentido de nada. Obviando los abucheos populares en las calles de Lanús, Martín no recibió mayor reprimenda por lo sucedido. Acusado de homicidio agravado por violencia de género, Martín Romañach tuvo la posibilidad de elegir el tipo de juicio que prefería. Lo que sí se fugó de la causa fueron algunas de las pruebas fundamentales. Las fotos de la escena del crimen estuvieron extraviadas durante 3 años al igual que las uñas de la víctima. 4. Tiempo después de los sucedido con Ornella aparecieron nuevas denuncias por violencia de género hacia Romañach. Cuando esto
sucedió la causa dio un vuelco. Aumentó la difusión mediática y se avanzó en la investigación gracias a las nuevas pruebas. Se cambió la carátula del caso. El nuevo testimonio permitió volcarse hacia la hipótesis de un comportamiento violento repetitivo, que al de un accidente fortuito. El cambio de fiscal y el incansable trabajo de la querella reactivó la esperanza. El fiscal Pablo Rossi se hizo responsable y se estableció una fecha para el comienzo del juicio, más de cinco años después de la muerte de Ornella. 5. El 12 de marzo del 2018 comenzó en los tribunales de Lomas de Zamora la primera instancia del juicio por el caso de Ornella Ragno. Durante el juicio el fiscal Pablo Rossi imputó a Romañach como culpable de homicidio doloso agravado por una relación de pareja pre existente entre ambos. Según Diario Conurbano, el fiscal habría declarado que “el acusado no dice la verdad de lo que pasó, da diferentes versiones, no llama a una ambulancia, hay sangre del imputado en la terraza” y agregó que “la versión de Romañach no tiene nada que ver con las evidencias. Ornella Ragno se negó a hacer algo y Romañach la lanzó en un momento de bronca”. Finalmente, el pasado 3 de abril el Tribunal Oral en lo Criminal 7 de Lomas de Zamora dictaminó “culpable” por unanimidad a Romañach bajo la carátula de “homicidio doloso agravado por el vínculo”. El imputado fue detenido en el acto. El 8 de marzo las mujeres paramos y hubo varios carteles con una frase que ya es conocida dentro del feminismo: “Si un día no vuelvo, rompé todo por mi”. Como si en ese momento exacto, desde algún lado Ornella la hubiera pronunciado .