Grito del Sur Nº 45

Periódico barrial

Distribución gratuita 3.000 ejemplares mensuales Julio 2018 ISSN 2451-7178

Comuna 1 /3 /4

Constitución, Monserrat, San Cristobal, San Telmo, Parque Patricios y Barracas

Una voz, un derecho.

Año - 06

Número 45

elgritodelsur.com.ar /El Grito del Sur @grito_delsur elgritodelsur@gmail.com

Foto: Rafael Oviedo

La frialdad de unos y la muerte de otros Walter García llevaba cinco meses durmiendo en la calle y apareció muerto la tarde del 25 de junio en pleno barrio de Constitución. Su fallecimiento actuó como metáfora de la ausencia de políticas públicas

del gobierno porteño y provocó una tormenta al interior del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo de Guadalupe Tagliaferri.

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Vivienda

Violencia institucional

Género

Mientras los precios de los alquileres están por las nubes, Inquilinos Agrupados presentó una campaña para visibilizar la problemática.

El Foro contra la Violencia Institucional rechaza la reforma del Código Contravencional que promueve el Ejecutivo porteño con eje en el punitivismo.

El caso levantó revuelo en las redes sociales y los medios de comunicación. Se habló mucho, pero poco se dijo del acceso de Nahir al arma de su padre.

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Contratapa

La odisea de alquilar

Artistas en pie de guerra

Las armas que carga el Estado

02 | Sumario / Editorial

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Índice

Conocé nuestro proyecto elgritodelsur.com.ar elgritodelsur@gmail.com.ar /El Grito del Sur @grito_delsur @elgritodelsur Virrey Cevallos 630, CABA

02 | Editorial

Un gobierno con poca calle

06 | Violencia institucional

Contra el punitivismos de Larreta

03 | Vivienda

Cuando alquilar es un robo

07 | Vivienda

“En Venecia hay tantos desalojos como en La Boca”

04 | Informe central: barrios

Vivir y morir en la calle 08 | Contratapa

Una pistola sobre la heladera Diseño gráfico: kunkacomunicacion@gmail.com

EL GRITO SOMOS

Aldana Mancilla Pais, Christopher Loyola, Sebastián Furlong, Yair Cybel, Matias Ferrari, Julián Valdez, Gabriela Perchante, Dalia Cybel, Oscar Flores Rivera, Rocío Tursi, Virginia Robles, Camilo Rumberger

Un gobierno con poca calle Redacción El Grito del Sur

Mientras la CGT realizaba un paro general el pasado 25 de junio, un joven en situación de calle falleció en la mismísima puerta de la sede central del programa Buenos Aires Presente (BAP) en el barrio de Constitución.

Walter García tenía 33 años, se dedicaba a cartonear y llevaba por lo menos cinco meses enfermo y merodeando la zona, sin recibir apoyo del programa ni de ninguno de los dispositivos dispuestos por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat dedicados a atender la problemática.

bierno está dispuesto a admitir. Hace exactamente un año Laura Velasco, integrante del Consejo Económico y Social de CABA, expresaba que “pudimos relevar 4394 personas en situación de calle, entre adultos y niños, mayoritariamente varones, aunque también hay muchas mujeres. Este número lo tenemos que complementar con 1478 que están en los paradores y en los centros de integración públicos y conveniados. Esta cifra nos da un total de 5872 personas en calle”. Hoy especulan que el número puede estar por encima de los 7 mil producto del ajuste, la devaluación y la corrida cambiaria que se desató desde mayo pasado.

El grave problema de la gente en situación de calle no es nuevo, pero quedó al descubierto a partir del primer censo popular que reveló que más de 20 mil porteños están en esa situación o corren riesgo de estarlo, un número muy por encima de lo que el Go-

En medio de la peor de las miserias dentro de la ciudad más rica del país, el Ejecutivo que conduce Horacio Rodríguez Larreta continúa obstinado en esconder la problemática debajo de la alfombra. Sin embargo, la propia Justicia está empezando a correr por

izquierda al gobierno porteño para marcarle la cancha en este asunto: recientemente un fallo ordenó indemnizar a la familia de un bebé que murió de frío en el año 2010, así como un informe de la Asesoría Tutelar porteña Nº1 reveló que el 91 por ciento de los hoteles familiares que reciben personas en riesgo de quedar en situación de calle cobra un alquiler mensual superior a los 4 mil pesos que fija como límite el propio Gobierno.

Sin un abordaje serio e integral con la participación de las organizaciones sociales que se ocupan de la problemática, quizás haya que lamentar otros Walter en un contexto generalizado donde crece la pobreza y donde la peor de las pestes o, mejor dicho, la ausencia del Estado es cada vez más notoria.

El Grito del Sur- Fundado el 23 de septiembre de 2012 en el natalicio de Mariano Moreno - Registro ISSN 2451-7178 - Director Propietario: Yair Cybel - Tirada 3.000 ejemplares - Registro de la Propiedad Intelectual 5295866 - Julio 2018 - Número 45 - Domicilio legal: Camarones 1549 CABA - Contacto: elgritodelsur@gmail.com - Impreso en Avisar Impresiones Gráficas - Arnoldo 1380 Quilmes Oeste Registro de Medios Vecinales CABA - Se autoriza la reproducción del material publicado, citando la fuente.

Vivienda | 03 Los precios de los alquileres por las nubes

Cuando alquilar es un robo Inquilinos Agrupados presentó su campaña para visibilizar la problemática que enfrentan a diario miles de trabajadores en la Ciudad. ¿Qué proponen los inquilinos para mejorar el acceso a la vivienda en la metrópolis más cara de Latinoamérica?

Redacción El Grito del Sur

La mesa de diálogo sobre alquileres de viviendas se reunió el pasado 18 de junio con el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta para abordar la problemática de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires.

En una metrópoli donde el 40% del salario de los inquilinos se destina al alquiler, los representantes de Inquilinos Agrupados, la Cámara Inmobiliaria Argentina, la Cámara de Propietarios Argentina y la Defensoría del Pueblo sostuvieron un encuentro donde discutieron soluciones y medidas para el sector.

Gervasio Muñoz es referente de Inquilinos Agrupados. Desde la organización presentaron un pliego con 15 puntos orientados a fa-

cilitar el acceso a la vivienda, la obtención de garantías y la defensa de los derechos de los inquilinos. Entre las propuestas, se destaca la gratuidad en las certificaciones de firmas, la creación de un fondo entre el Estado y el sector privado para otorgar e incentivar garantías y el impuesto a la vivienda ociosa.

“Presentamos los 15 puntos y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires escuchó nuestros planteos. Nos respondieron que durante este mes van a pulir las propuestas y evaluar la posibilidad de su aplicación. En la reunión quedó claro que se ha hecho muy poco por la problemática de los inquilinos y que resulta urgente tomar medidas”, explicó Muñoz a El Grito del Sur. El problema de las garantías propietarias es

un eje central de los reclamos. La gran mayoría de los inmuebles en alquiler de la ciudad solicita una garantía para acceder a la vivienda, y quienes no lo hacen suelen pedir hasta un 50% más del valor de la renta. Es por eso que desde Inquilinos Agrupados proponen un sistema de garantías centralizado en el Banco Ciudad: los inquilinos depositarían un depósito equivalente a medio mes, la entidad financiera saldría como garante y los fondos podrían destinarse a la construcción de viviendas sociales. “El mercado no quiere que suceda eso absolutamente”, agrega Muñoz.

“Alquilar es un robo” se llama la campaña que lanzaron desde Inquilinos Agrupados.

Muñoz concluye: “Nosotros buscamos difundir la problemática y regular el precio del alquiler, que hoy es un robo a mano armada”.

La muerte de una persona en situación de calle

“Walter murió de ausencia del Estado, la peor de las pestes” El Ejecutivo porteño acumula fallos judiciales adversos que desnudan la ausencia de políticas públicas hacia las personas que viven en situación de calle. La muerte de Walter García frente a las oficinas del BAP actuó como metáfora y desató una tormenta al interior del ministerio que conduce Guadalupe Tagliaferri.

Por Matías Ferrari

Walter García llevaba cinco meses durmiendo en la calle frente a la sede central del Programa Buenos Aires Presente (BAP), donde murió hace dos semanas. Sus compañeros de ranchada lo encontraron muerto la tarde del lunes 25 de junio, durante el paro general de la CGT. Su primera reacción fue acudir a la red de ONGs y organizaciones que conocen, porque no confían en los funcionarios que, según la propaganda oficial (el famoso 108), se encargan de atenderlos: en vez de ofrecerles ayuda -cuentan a quien quiera escuchar-, los invitan a abandonar el lugar (el BAP funciona sobre la avenida Entre Ríos, bajo la Autopista 25 de Mayo), tirándoles agua.

Las causas de la muerte de Walter, que tenía 33 años y cartoneaba para sobrevivir, aún no están claras. Se sabe, por lo pronto, que arrastraba una enfermedad producto del consumo de alcohol. Según el Censo Popular de Personas en Situación de Calle impulsado por organizaciones sociales ante la ausencia de respuestas oficiales, el 24 por ciento de las personas censadas que dijeron tener problemas de adicción consumen alcohol; y un 17

por ciento del total afirmó tener problemas para ser atendido en los servicios públicos de salud.

“Todavía no está del todo claro lo que pasó con Walter, pero se puede encuadrar en lo que muchísimas personas manifestaron en el Censo Popular: por el sólo hecho de estar en la calle tienen muchos problemas para ser atendidos en el sistema público de salud”, le dijo a El Grito del Sur la coordinadora de la Comisión de Políticas Sociales y Economía Social del Consejo Económico y Social de la Ciudad, Laura Velasco. “Murió de cirrosis, no quería dejar la calle, se le ofrecieron recursos y los rechazaba. Esas son algunas de las justificaciones de quienes debían dar respuesta a la situación de Walter. Walter murió de ausencia del Estado, la peor de todas las pestes”, dijeron desde la ONG Abrigar Derechos, la primera en difundir la información que publicó este medio.

Cuando El Grito del Sur intentó comunicarse con funcionarios del riñón de Maximiliano Corach, titular de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario

porteño, la respuesta fue que no estaban al tanto del fallecimiento, pese a que ocurrió frente a sus narices. Pero la novedad llegó hasta los oídos de la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, Guadalupe Tagliaferri.

El enojo de la ministra fue tal que pidió la cabeza del gerente del BAP, Martín Santillán. “Desde que se conoció la muerte de Walter, ahora van todos los días a ofrecer cosas a la ranchada que habían abandonado y hostigaban”, cuenta un trabajador del BAP que cumple con las tareas del ex Operativo Frío -rebautizado “Plan Prevención Frío”-.

“Pero la precariedad de las herramientas con las que trabajamos sigue igual o peor: hay noches que nos mandan a recorrer las calles sin viandas para la gente, algo que en años anteriores no pasaba”, sostiene.

Las deficiencias en el ex Operativo Frío persisten pese a las denuncias constantes de las organizaciones sociales, que señalan que de mínima es ineficiente para palear la problemática. Básicamente, el programa consiste en que un grupo de trabajadores del BAP recorre las calles entre las seis de la tarde y las tres de la mañana los días en que

Informe central / Barrios | 05

de relevamiento y dejar de mentir. El fallo fue apelado y se espera una confirmación en segunda instancia a favor de las organizaciones, algo que confían estaría al caer.

En tanto, el Ejecutivo que conduce Horacio Rodríguez Larreta no para de cosechar reveses judiciales por su obstinación de esconder el problema debajo de la alfombra. Al fallo reciente que le ordenó indemnizar a la familia de un bebé que murió de frío en 2010 –en plena faena de la patota de la UCEP, organizada nada menos que por Fabián Rodríguez Simón, señalado como uno de los principales asesores judiciales del presidente–, se sumó un lapidario informe de la Asesoría Tutelar porteña Nº1 sobre la política de subsidios habitacionales. El juzgado que conduce Gustavo Moreno reveló que el 91 por ciento de los hoteles familiares que reciben personas en riesgo de quedar en situación de calle -unas 20 mil según las organizaciones- cobran un alquiler mensual superior a los 4.000 pesos que fija como límite el propio Gobierno.

Foto: Rafael Oviedo

las temperaturas son inferiores a los cinco grados. O sea, entre junio y septiembre. Entregan frazadas, guantes, comida y la oferta de pasar la noche en un parador, aún cuando no haya camas disponibles. “Las personas que están en calle no quieren ir a un parador. Abren pocas horas, a los cartoneros no los dejan entrar con el carro, las familias se tienen que separar y hubo muchísimas denuncias de robos, violencia institucional y abusos”, explica Velasco. “Y si efectivamente acceden –agrega– ya no hay lugar: pese a que el Gobierno insiste en que las personas en situación de calle apenas superan las mil, nos cansamos de decir que ese número es cuatro veces mayor”.

“El fallecimiento de una persona joven, sin atención médica ni social, frente a las oficinas del BAP, pone en cuestión la vigencia de los derechos humanos en la Ciudad”, expuso la legisladora porteña Victoria Montenegro durante la sesión de la Legislatura del jueves.

Montenegro presentó un pedido de informes al Ejecutivo en el que solicita información acerca de si Walter se encontraba incluido en alguno de los programas del ministerio

que conduce Tagliaferri, y si su muerte pudo haber sido evitada.

En mayo de este año, el Gobierno porteño informó que, según sus mediciones, viven 1091 personas en la calle. El número fue rápidamente puesto en discusión por el conjunto de organizaciones que trabajan la problemática, encabezadas por Proyecto 7. Las organizaciones realizaron su propio censo el año pasado, que determinó que son muchas más: 5872, número que hoy especulan puede estar por encima de las 7 mil producto del ajuste. “El debate respecto de los números es importante porque tiene que ver con un diagnóstico. No se puede llevar adelante políticas publicas adecuadas si el Gobierno no tiene un registro real de la problemática”, sostiene Velasco.

Velasco fue querellante en el amparo presentado contra la administración PRO en 2016, cuando el número oficial de personas censadas en calle rondaba los 800. La jueza en lo Contencioso Administrativo María Elena Liberatori dio lugar a la presentación y ordenó al Gobierno rever la metodología

“Invito a cualquier funcionario porteño a intentar alquilar con el subsidio habitacional y a cargo de una familia numerosa”, ironiza Moreno en diálogo con El Grito del Sur. “Desde hace años que venimos haciendo informes y la situación es cada vez peor.

Estamos muy preocupados porque la situación de las familias sigue siendo angustiante y sigue habiendo una fuerte relación del empresariado hotelero con los funcionarios, lo que impide que se hagan los controles necesarios”, dice.

La cruzada de Moreno es contra una lógica de hacinamiento, precariedad y desidia que lleva años y atraviesa gobiernos desde Aníbal Ibarra hasta hoy. “Hay un aprovechamiento claro de los hoteleros porque las familias, que están en riesgo de calle como dicen las organizaciones y la ley, son un mercado cautivo, que no tiene prácticamente alternativas”, explica. “Y finalmente está la lógica perversa del desalojo, que funciona como amenaza y muchas veces es parte misma del negocio hotelero”.

Tal como relató este medio, el pago de los subsidios habitacionales para el alquiler de piezas fue suspendido el viernes 15 de junio.

De forma espontánea, decenas de hotelados armaron una manifestación en las puertas de la oficina de Tagliaferri, en Pavón y Entre Ríos: si no les pagaban, se quedaban en la calle. La respuesta oficial fue dispersarlos con la policía.

06 | Violencia Institucional Rechazo al proyecto de ley 1664-J-18

Contra el punitivismo de Larreta El Foro contra la Violencia Institucional, conformado por una gran cantidad de organizaciones sociales de la Ciudad de Buenos Aires, rechazó la reforma del Código Contravencional que promueve el Ejecutivo porteño. Masiva presencia de artistas callejeros frente al intento de sancionar “ruidos molestos”.

Redacción El Grito del Sur

El martes 10 de junio cientos de personas nucleadas en sindicatos, organizaciones sociales, culturales y de derechos humanos se presentaron frente a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para rechazar la reforma del Código Contravencional que impulsa el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. La actividad fue convocada por el Foro contra la Violencia Institucional bajo el lema “Ni demagogia punitiva ni Estado policial”.

Varias de las organizaciones que se hicieron presentes en la protesta desarrollan sus actividades en el espacio público y observan con inquietud el proyecto de reforma del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. El texto presentado por el Ejecutivo porteño prevé modificar el artículo 85 e implementar sanciones para aquellos que perturben “el descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos que por su volumen, reiteración o persistencia excedan la normal tolerancia”, mientras que “cuando el origen de los ruidos provengan de la vía pública la sanción será de dos a diez días de trabajo de utilidad pública, multa de 400 a 2.000 pesos o arresto de uno a cinco días”.

La amplia variedad de organizaciones reunidas frente a la Legislatura denunció la “mirada punitivista” del espacio público, el arte callejero y los espacios culturales inde-

pendientes que plantea el proyecto de reforma del Código Contravencional a partir de la habilitación de denuncias anónimas, arrestos y multas. Éstas podrían afectar también, a partir de la nueva norma, a cuidacoches y limpiavidrios. La Red Nacional de Teatro Comunitario plantea que “el proyecto no es claro respecto de lo que se considerará ¨ruidos molestos¨. El arte, sin lugar a dudas, no es un ruido molesto. Por el contrario, es un fenomenal ensanchador del horizonte humano y así es visto en muchos lugares del mundo. Por otra parte, vemos con mucha preocupación la propuesta de habilitar ¨denuncias anónimas¨ para impedir lo que alguien pudiera considerar ¨ruido molesto¨.

Nuestra práctica intenta desde hace mucho tiempo construir producciones artísticas entre todos los vecinos, aprovechar la heterogeneidad, generar lazos de confianza”. Desde el Sindicato Argentino de Músicos (SADEM) se reunieron con los diferentes bloques legislativos opositores al macrismo, quienes comprometieron su apoyo para intentar frenar el proyecto. También se encontraron con el ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro, quien prometió “intervenir en la redacción de la norma para que no castigue a la cultura”. “La actividad profesional del músico, en la calle, su casa o en los lugares de trabajo, debe estar reconocida como un

tesoro cultural, como un trabajo, no como un delito”, sostienen los integrantes del SADEM. Uno de los caballitos de batalla del proyecto de ley enviado por el oficialismo a la Legislatura es la creación de nuevas figuras para combatir el ciberacoso y las pegatinas de oferta sexual. También busca duplicar las penas de acoso sexual cuando las víctimas sean mujeres o niños. Sin embargo, las asociaciones feministas que se hicieron presentes en la actividad consideran que la ampliación de las figuras contravencionales le da mayor poder a la policía, pero esto no soluciona la violencia de género.

En ese marco, las integrantes del Observatorio Contra el Acoso cuestionan que “este proyecto busca agravar las sanciones para la figura de acoso cuando es la misma gestión de Larreta la que no ha hecho nada por implementar las campañas de prevención que la Ley 5742 prevé. Este proyecto es anti-derechos, además de demagogo. El derecho contravencional actúa cuando un hecho de acoso ya ocurrió y lo que buscamos es evitarlos”.

Vivienda| 07 Entrevista a Natalia Quinto, de La Boca Resiste y Propone

“En Venecia hay tantos desalojos como en La Boca” El Tribunal Internacional de Desalojos instó al Gobierno de la Ciudad a impulsar políticas públicas para frenar los desalojos en La Boca. El peligro de repetir la experiencia de Venecia, la especulación inmobiliaria y el alza de precios a causa del turismo, en un diálogo exclusivo con El Grito del Sur.

Redacción El Grito del Sur

El Tribunal Internacional de Desalojos es un organismo internacional que analiza y cuestiona de manera práctica los casos de desalojos forzados que tienen lugar en distintas partes del mundo. Entre el 28 y el 30 de septiembre del año pasado sesionó por sexta vez en Venecia, Italia. Hasta allí llegó una única representación latinoamericana: el grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca Resiste y Propone (LBRyP). El espacio asistió en representación de una problemática que atraviesa de manera transversal al barrio: el proceso de gentrificación a partir de la especulación inmobiliaria y el alza de precios por turismo.

El encarecimiento del valor del suelo a causa del crecimiento del flujo de turistas ha generado estragos en el mapa de vivienda de La Boca. Natalia Quinto, representante de LBRyP, fue una de las encargadas de representar al barrio en el Tribunal, y comparte su experiencia con El Grito del Sur.

¿Cuál fue la importancia de llevar el caso de La Boca al Tribunal Internacional de Desalojos?

En el Grupo de Vivienda y Hábitat organizamos hace 9 años la demanda en torno a la problemática habitacional en el barrio, y esta vez tuvimos la tarea de ser el único caso de América Latina presente en el Tribunal de Desalojos. Fuimos hasta allá a probar que en La Boca existe un proceso de gentrificación producto del turismo y, a causa de esto, un incumplimiento de todos los pactos internacionales que Argentina suscribe en materia

del derecho a la vivienda. El Tribunal analizó el material y la carga probatoria que llevamos, e instó al Gobierno a cumplir con el derecho humano de acceso a la vivienda.

¿Qué pasos dictaminó seguir el Tribunal?

Ahora estamos en instancia prejudicial, donde se insta al Gobierno a conformar una mesa de trabajo, donde se analicen y se propongan políticas públicas que reviertan la situación existente. En octubre se realizará un primer monitoreo, y en marzo el segundo, organizado por el propio Tribunal en conjunto con la Relatoría de la ONU Hábitat.

En caso de que el Gobierno no brinde respuestas, podemos avanzar con una demanda judicial en la ONU.

¿Qué saldo dejó el intercambio con otras experiencias de lucha del mundo?

Ahora estamos trabajando en una propuesta conjunta, que llevamos desde LBRyP y consiste en un acuerdo de solidaridad de los pueblos del mundo y organizaciones que luchan por el acceso a la vivienda. Es una tarea compleja porque cada uno habla en otro idioma, pero a medida que fuimos avanzando se fueron sumando más organizaciones.

También conocimos otras experiencias: en Roma nos topamos con un acampe, producto de un desalojo, a unas cuadras de la Fontana de Trevi. Nos llamó la atención, ya que en nuestro barrio estábamos con un escenario muy similar: acampando en carpas y reclamando por vivienda. Hubo intercambio de videos entre ambos acampes. Nos abrió la cabeza para entender el proceso de gentrifi-

cación en otras partes del mundo.

¿Por qué hubo una única representación latinoamericana en un continente atravesado por la lucha por la tierra y la vivienda?

En principio hubo mas de 100 postulaciones por América Latina, pero nosotros presentamos mucha carga probatoria. Fuimos acompañados por jueces de desalojo y logramos asegurar que en un radio de 30 manzanas había noventa y pico causas de desalojo.

De todas teníamos cédulas y podíamos dar cuenta de los juzgados, los integrantes de cada familia, las acciones que habíamos llevado adelante para visibilizar la situación.

A su vez, había proyectos inmobiliarios que cruzaban las zonas de desalojos y podíamos probar que la gentrificación se basaba en inversiones inmobiliarias y turísticas. De septiembre a esta parte, la tendencia no ha cambiado: antes seguíamos casi cien casos, ahora acompañamos 158.

¿Hay alguna experiencia en el mundo similar a la que sucede en La Boca?

La experiencia de Venecia es muy parecida a lo que ocurre en la Boca: no quedan familias. Todas las familias se tuvieron que mudar por la sobrevaluación del precio del suelo y por los negocios inmobiliarios basados en la actividad turística. No hay escuelas, no quedan más hospitales que aquellos que atienden seguros de viajero. No hay población estable y los servicios se van retirando.

Solo quedan grupos reducidos de familias, lo demás se alquila como piezas a viajeros.

08 | Contratapa Nahir Galarza y las armas reglamentarias

Una pistola sobre la heladera

Después de pasar a la historia del derecho penal como la mujer más joven en ser condenada a cadena perpetua, Nahir Galarza levantó revuelo en las redes sociales y los medios de comunicación.

Se habló mucho, pero poco se dijo del acceso de Nahir al arma de su padre. ¿Alguien puede pensar en los tiros?

Por Asociación Contra la Violencia Institucional

Muchas fueron las repercusiones acerca de la condena a prisión perpetua que ha recibido Nahir Galarza por el asesinato de Facundo Pastoriza. Críticas sobre la conducta machista y patriarcal del sistema judicial y de los medios hegemónicos de comunicación a la hora de analizar el tema -junto con la desmesura de una condena a prisión perpetuafueron algunos de los puntos que indignaron a la población y prendieron fuego las redes.

Pero, más allá de esas críticas, con las cuales coincidimos, lo que ha quedado relegado del debate público es justamente una de las causales que en gran medida explican el caso: el arma utilizada para el homicidio.

Para abrir otras aristas del debate debemos preguntarnos: ¿Cómo llegó una adolescente de 19 años a hacerse de un arma de fuego? ¿Quién se la proveyó? Si nos centramos en esos interrogantes, aparecen las respuestas que deberían integrar el análisis del caso.

Nahir es hija de un policía de la provincia de Entre Ríos y el arma utilizada, la 9 milímetros reglamentaria, fue proveída por la institución policial. Un arma presente en su cotidianidad y que por instrucciones precisas de su padre sabía usar. Más allá

de la juventud de Nahir y de aspectos de su vida íntima develados, ningún comunicador, ni los integrantes del Tribunal, realizaron valoración alguna sobre este punto, ni sobre el hecho de que el arma utilizada la encontraba arriba de la heladera. Negligentemente expuesta y sin guardar reglas mínimas de seguridad. Es fundamental puntualizar sobre ello, teniendo en cuenta la cantidad de hechos violentos que se producen actualmente en Argentina en los que hay intervención de armamento reglamentario, transformándose en un problema sistemático.

Según el informe del CELS de 2017, de 104 particulares muertos en hechos de violencia con agentes de las fuerzas de seguridad, 69 (es decir más del 60%) se produjeron cuando éstos estaban fuera de servicio. Ese mismo año -según La Casa del Encuentro- fueron 23 los femicidios producidos por armas del Estado.

Los elementos señalados anteriormente, así como lo fatal del desenlace, nos obliga a pensar en lo importante que es discutir el uso del arma reglamentaria por parte de agentes de seguridad cuando están fuera de servicio y también su uso racional para los momentos en que se encuentran prestando funciones. Sabemos que se trata de una práctica que entrecruza grises normativos, cuestiones culturales y económicas, pero que en materia de seguridad no solo ha

sido errática, sino que nos ha costado muchas vidas. Como ejemplo de ello, según las estadísticas existentes el 74% de los agentes muertos en hechos violentos entre 1996-2017 mueren por intervenciones que se hacen fuera de servicio.

Si de algo sirven estos eventos letales es para discutir políticas públicas que nos permitan y nos inviten a desarmar la violencia cuestionando si un policía debe portar el arma en su domicilio al alcance de su familia y allegados, expuesta a accidentes, a descuidos, o lisa y llanamente a su utilización. El desarrollo de un modelo de seguridad democrática nos impone revisar estas conductas y la necesidad de replantearnos si lo que buscamos es construir un arquetipo de funcionario policial que cumpla la ley y respete los derechos humanos de la sociedad toda, o si lo que estamos construyendo son policías que accionen como robots armados las 24 horas del día, cualquiera sea el costo de sus actos.

Pensar una política clara, seria y efectiva de desarme de la sociedad civil -junto con la limitación en el uso del arma reglamentaria de los funcionarios policiales cuando los mismos están fuera de servicio- es un punto elemental para la construcción de una sociedad más justa y menos violenta.