Grito del Sur Nº 48

Periódico barrial

Distribución gratuita 3.000 ejemplares mensuales Octubre 2018 ISSN 2451-7178

Comuna 1 /3 /4

Constitución, Monserrat, San Cristobal, San Telmo, Parque Patricios y Barracas

Una voz, un derecho.

Año - 06

Número 48

elgritodelsur.com.ar /El Grito del Sur @grito_delsur elgritodelsur@gmail.com

Investigación exclusiva

Zona de árboles ¿y negocio?

Una denuncia por malversación de fondos públicos y falta de controles en la ejecución de obras de mantenimiento del arbolado compromete al presidente de la Comuna 1, Roberto Salcedo. Entre 2015 y 2016

habría manejado en forma discrecional unos 13 millones de pesos. Las acusaciones recaen también sobre Larreta y Santilli.

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Barrios

Vivienda

Género

Vecinos de San Telmo reclamaron en un festival la ampliación del CeSAC Nº15 y la creación de una escuela infantil en el barrio.

La administración PRO de la Ciudad ideó e implementó un nuevo método para barrer con las “ranchadas” de personas en situación de calle.

Seguidoras de El Grito del Sur contaron vía Instagram sus experiencias con el objetivo de reflexionar y visibilizar acerca de la problemática del acoso callejero.

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Página 6

Contratapa

Por salud y educación

Que no se noten

Tu comentario molesta

02 | Sumario / Editorial

GRITÁ CON NOSOTROS Sé parte del colectivo.

Índice

Conocé nuestro proyecto elgritodelsur.com.ar elgritodelsur@gmail.com /El Grito del Sur @Grito_delSur @elgritodelsur Virrey Cevallos 630, CABA

02 | Editorial

Juicio Virrey Cevallos

06 | Vivienda

Que no se noten

03 | Derechos Humanos

San Telmo por salud y educación

07 | Violencia Institucional

Ante la violencia uniformada, la villa organizada

04 | Informe central: Ciudad

Ni los árboles se salvan del negociado 08 | Contratapa

Tu comentario molesta Diseño gráfico: kunkacomunicacion@gmail.com

EL GRITO SOMOS

Christopher Loyola, Sebastián Furlong, Yair Cybel, Matias Ferrari, Julián Valdez, Gabriela Perchante, Dalia Cybel, Rocío Tursi, Virginia Robles, Camilo Rumberger, Nicolás Cardello, Catalina Distefano

JUICIO Virrey Cevallos Redacción El Grito del Sur

A tres de los represores de la Fuerza Aérea que participaron de secuestros y torturas en el ex centro clandestino Virrey Cevallos, ubicado en el barrio de Montserrat, les llegó la hora del juicio oral. El ex jefe de la Fuerza Aérea y ex miembro de la Junta Militar entre 1979 y 1981, Omar Domingo Rubens Graffigna, encabeza la lista de procesados, que se completa con el titular de la Jefatura II Inteligencia, Jorge Alberto Espina, y los hermanos Enrique Julio y Jorge Luis Monteverde.

nos Aires atrajera los ojos de la Justicia, que como estaba sobrepasada por la cantidad de procesos, tardó mucho en acceder a las medidas de prueba que nosotros le pedíamos”, le dijo a El Grito del Sur la periodista Miriam Lewin, una de las querellantes. Lewin estuvo secuestrada en Virrey Cevallos diez meses antes de pasar otros cuatro años de tormento en la ESMA. Peleó durante años junto a Osvaldo López, otro de los sobrevivientes y querellantes, para poder acceder al legajo con las fichas de los integrantes de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), que operaba en el lugar, para señalarlos con nombre y apellido.

No sólo resta procesar y llevar a juicio al total de los 26 represores identificados. El juicio, se espera, podrá ser una posibilidad para dar con la responsabilidad del sector civil que prestó apoyo. Los hermanos Leonardo y Roberto Río fueron los propietarios de la Casona hasta 2004, por lo que también son objeto de la investigación. El primer paso para echar luz sobre uno de los capítulos más postergados de la represión durante la última dictadura comenzó.

“Tuvimos que esperar mucho tiempo para que este pequeño centro clandestino de detención enclavado en plena ciudad de Bue-

El Grito del Sur - Fundado el 23 de septiembre de 2012 en el natalicio de Mariano Moreno - Registro ISSN 2451-7178 - Director Propietario: Yair Cybel - Tirada 3.000 ejemplares - Registro de la Propiedad Intelectual 5295866 - Octubre 2018 - Número 48 - Domicilio legal: Camarones 1549 CABA - Contacto: elgritodelsur@gmail.com - Impreso en Avisar Impresiones Gráficas - Arnoldo 1380 Quilmes Oeste- Registro de Medios Vecinales CABA - Se autoriza la reproducción del material publicado, citando la fuente.

Barrios | 03 Comuna 1

San Telmo por salud y educación Una gran cantidad de vecinos y vecinas de San Telmo se encontraron en un festival para reclamar la ampliación del CeSAC Nº15 y la creación de una escuela infantil en el barrio. El evento fue organizado por la Mesa Comunitaria por Salud y Educación de la Comuna 1.

Redacción El Grito del Sur

Con una gran concurrencia, el pasado sábado 15 de septiembre se realizó el festival “San Telmo se mueve” con el objetivo de reclamar la construcción de una escuela infantil y la ampliación del Centro de Salud Comunitario (CeSAC) Nº 15 en el ex Padelai, donde actualmente funciona la sede comunal 1. El festival fue organizado por la Mesa Comunitaria por Salud y Educación de la Comuna 1 y contó con la participación de organizaciones sociales, políticas y culturales, junto a la presencia de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

Desde las 14hs del sábado, decenas de vecinos y vecinas se reunieron entre las calles Humberto I y Bolívar para disfrutar de

actividades para niños y adultos, tales como globología, yoga, espacio de arte y juegos.

Asimismo, se hicieron presentes en las mesas informativas sobre salud sexual integral, “dejar de fumar” y educación en el barrio.

“Son dos proyectos muy hermosos y saludables, pensados verdaderamente desde la población. Queremos que nos amplíen y nos construyan un nuevo CeSAC en el espacio del ex Padelai. Allí hay mucho lugar y las autoridades sólo tienen que tomar la decisión.

Ya tenemos la promesa del jefe de Gobierno. Pedimos un edificio nuevo no porque no amemos este lugar que ha funcionado durante 28 años, sino que es porque ya no entramos y hace falta espacio. Un espacio adecuado, ventilado y aliviado”, explicó una de las organizadoras del festival. En cuanto

al jardín de infantes para niños de 45 días a 6 años, se pide en un contexto en que el déficit de vacantes en el Distrito Escolar Nº 4 se duplicó o más en poco tiempo: en 2015, la lista de espera fue integrada por 271 niños y niñas; tres años más tarde, el déficit de vacantes trepó a 641, dejándolos sin la posibilidad de ingresar a la escuela pública en San Telmo, Monserrat y La Boca.

Cabe destacar que en agosto pasado la Mesa Comunitaria presentó en la Legislatura un proyecto -acompañado por más de 6 mil firmas de vecinos y vecinas- para destinar el predio del ex Padelai a garantizar la atención primaria de la salud y la educación inicial.

Sin embargo, hasta el momento un sector del antiguo Patronato de la Infancia alberga desde junio de este año únicamente a la sede comunal Nº 1.

Investigación exclusiva

Ni los árboles se salvan del negocio El presidente de la Comuna 1, Roberto Salcedo, fue denunciado penalmente por malversación de fondos públicos y falta de controles en la ejecución de obras de mantenimiento del arbolado.

Se estima que entre 2015 y 2016 manejó discrecionalmente unos 13 millones de pesos. La denuncia también alcanza “por omisión” a Larreta y Santilli.

Por Sebastián Furlong

El Servicio Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Urbano en la Ciudad de Buenos Aires está nuevamente en la mira. El presidente de la Comuna 1, Roberto Salcedo, fue denunciado penalmente por presuntas irregularidades en el mantenimiento del arbolado público. Según la denuncia -presentada por su ex jefa de Gabinete, María del Carmen Marone-, Salcedo incurrió en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos, que alcanzarían casi los 13 millones de pesos sólo entre los años 2015 y 2016, derivados de la extracción de árboles en los barrios que abarca la comuna a su cargo. La empresa beneficiaria es Zona Verde, que en los últimos seis años ganó licitaciones por 1200 millones de pesos en distintas obras para la Ciudad.

En su denuncia, Marone presenta los balances internos a los que accedió durante su período como funcionaria y diversos pedidos de acceso a la información pública que, según detalla, dan cuenta de la falta de control interno en el seguimiento de las obras y del control del gasto que implicaron. “Las irregularidades impiden controlar el gasto y conocer si los fondos afectados a la ejecución de la licitación (27/SIGAF/2015) tuvieron el verdadero destino”, explica. Marone apunta además al jefe y al vicejefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, respectivamente. El escrito presentado a finales de julio pasado sostiene que ambos sabían de los manejos de Salcedo.

Marone se desempeñó como jefa de Gabinete de la Comuna 1 entre diciembre de 2015 y junio de 2016 y denunció ser víctima de abuso sexual y maltrato laboral por parte de

su otrora jefe político. La red de irregularidades en la Comuna 1 que denuncia incluye extracciones de árboles que no respetan el procedimiento debido, inexistencia de informes avalados por un idóneo en la materia, falta de relevamientos que permitieran conocer el número real de intervenciones y la no utilización de los libros de comunicación entre la Comuna 1 y la empresa adjudicataria del servicio. La denuncia involucra en su faz “activa” a los responsables directos del área de mantenimiento del arbolado, entre los que se destacan Salcedo, Gabriel Jorge Mouriño -actual gerente de Gestión Comunal de la 1-, Mirta Susana Marcos -comunera Pro-, Carlos Cohen -actual verificador de las intervenciones sobre el arbolado público-, Nicolás Chauqui -subgerente operativo de Control del Espacio Público y Obras- y Natalia Silvero, coordinadora y planificadora de dichos trabajos. Asimismo, Larreta y Santilli fueron

denunciados en su faz “omisiva” por haber “tomado conocimiento de las irregularidades que se denuncian”, según se desprende de dos expedientes electrónicos de pedidos de acceso a la información pública que se acompañaron como prueba.

Zona de negocios La metrópolis porteña cuenta con 421.718 árboles, de los cuales 367.157 están en las calles y 54.561 en espacios verdes. Si bien no existen datos certeros, se estima que en la actualidad la Comuna 1 posee entre 12 y 13 mil árboles a lo largo de su superficie de 17,4 kilómetros cuadrados, lo cual la convierte en la zona de la Ciudad con menor cantidad de árboles en promedio. Las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado público recaen desde el año 2013 en

La inutilización de los libros obligatorios para la licitación nos impide saber si esos casi $13.000.000 de pesos gastados en apariencia en el mantenimiento del arbolado público fueron efectivamente ejecutados como se dice.

Informe central /Ciudad | 05

y Transportes Olivos.

Advertencias y pruebas de irregularidades La Sindicatura General y la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires advirtieron en dos dilapidarios informes dirigidos al Ejecutivo porteño sobre diferentes irregularidades en las intervenciones sobre el arbolado público.

cada una de las comunas, que deben atenerse a las misiones y funciones establecidas en la ley Nº 3263 de arbolado público urbano.

Zona Verde es la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que aparece mencionada en la denuncia de María del Carmen Marone como la beneficiaria de las licitaciones en la Comuna 1 para el mantenimiento de árboles. Esta UTE está conformada mayoritariamente por Urbaser Argentina S.A., de capitales de origen español y probados vínculos con el clan Pro: fue donante de cuantiosas sumas de dinero para la Fundación SUMA, de la vicepresidenta Gabriela Michetti, y su controlante, el Grupo ACS (cuyo accionista principal es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez), posee el 5,72 por ciento de las acciones de Autopistas del Sol (Ausol), que contó con la participación mayoritaria de la familia Macri hasta mayo de 2017. Urbaser es, a la vez, controlante de Urbasur, que se dedica al negocio de la recolección de basura y tiene contratos para tal fin en las comunas 3 y 4 (Balvanera, San Cristóbal, Nueva Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca). En todas las empresas aparecen dos constantes: los negocios están ligados a la obra pública y en todas aparece el nombre de Carlos Adán Chocano, un ciudadano argentino procedente de España que oficia de presidente y accionista mayoritario de Urbaser Argentina

En el marco del análisis de los certificados de avance de obra referidos a la Licitación Pública Nº 27-SIGAF/15, la Sindicatura General -organismo que se encarga del control en tiempo real de la gestión, a cargo de la oficialista Mónica Freda- destacaba en el año 2016 que “durante el período auditado -diciembre de 2015 a agosto de 2016- la contratista Urbaser Argentina S.A. – SEOB S.A. – U.T.E., no utilizó el sistema SAP y las comunicaciones con la Comuna 1 se efectuaron a través de correos electrónicos”. La no utilización de la herramienta informática denominada SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos) incumple con lo establecido por el Pliego de Especificaciones Técnicas en el punto 2.1.3., lo cual dificulta el funcionamiento del sistema de control interno y externo. Dicho informe agrega que “la Comuna 1 no posee constancias que den cuenta de las verificaciones por ella realizadas para el control y la efectiva liquidación de los servicios ejecutados por la Contratista durante el período auditado, conforme lo exigido en el punto 2.6.2 del respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares”. De esta forma, el área dependiente del Poder Ejecutivo advertía sobre la falta de cumplimiento por parte de Urbaser Argentina S.A. de la totalidad de sus obligaciones, así como de la ausencia de constancias de inspección en donde se registraran los datos y resultados de cada una de las verificaciones realizadas por la Comuna 1.

Por otra parte, un informe de la Auditoría General -cuya presidenta es la kirchnerista Cecilia Segura- titulado “Ejecución de competencias comunales – Mantenimiento de espacios verdes e intervenciones sobre el arbolado – Comuna 1” se dio a conocer en diciembre de 2017 y presenta observaciones similares o complementarias a las del organismo de raigambre oficialista. Ya para el año 2015 -período bajo examen-, la Auditoría porteña concluyó que “en relación con las debilidades detectadas, la principales son: falta de capacitación de los responsables del seguimiento de ambos servicios en el manejo de la herramientas de gestión (sistema SAP) y los pliegos que regulan el servicio contratado; la verificación concomitante del servicio de arbolado público que impide desarrollar un sistema de controles por oposición adecuado; la falta de control posterior en el servicio de mantenimiento de espacios verdes; falta de conservación de copias de seguridad de los registros del SAP para ambos servicios en el momento de la emisión del Certificado de Avance de Obra o el Parte de Recepción Definitiva, según corresponda, y la operación de tareas de poda invernal en

meses de veda sin que obre dictamen técnico que lo justifique”. Nada indica que este tipo de prácticas se hayan discontinuado durante el período 2016, dado que el informe señalado de la Sindicatura hace alusión a incumplimientos e inconsistencias similares.

¿Desvío de fondos públicos?

Los libros de órdenes de servicio resultan fundamentales para controlar la efectiva ejecución de los trabajos referidos al mantenimiento del arbolado público, pero varios de ellos se encontraron en blanco o extraviados. Por lo tanto, María del Carmen Marone afirma en forma categórica que “desde el comienzo de la licitación en abril de 2015 hasta el 3 de mayo de 2017, no existe registro formal y contractual que respalde el trabajo y, por lo tanto, lo gastado y pagado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. Ésta no es la única irregularidad que marca la ex funcionaria: también cuestiona la legalidad de los procedimientos debido a la falta de resoluciones técnicas e informes fitosanitarios que autoricen las extracciones, lo cual constituiría una clara violación a la ley 3263 de arbolado público.

La sospecha del desvío de caudales públicos por un total de $12,988,057,020 (millones de pesos) está sustentada en los propios pedidos de acceso a la información pública a los que accedió la denunciante, donde figura el monto mensual por extracciones y el monto mensual por intervenciones generales en el arbolado público entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016. De acuerdo con Marone, “la inutilización de los libros obligatorios para la licitación nos impide saber si esos casi trece millones ($13.000.000) de pesos gastados en apariencia en el mantenimiento del arbolado público fueron efectivamente ejecutados como se dice. La falta de registros como la falta de utilización de los libros es una muralla impenetrable para el efectivo control y la verdad en la ejecución del presupuesto”. Llamativamente estos gastos bajaron abruptamente desde septiembre de 2017 hasta la fecha, pasando a costar en algunos casos -según los registros oficiales- desde más de 1 millón y medio de pesos en 2016 a estar por debajo de los 50 mil pesos un año más tarde.

Por último, en caso de dar el visto bueno a la denuncia penal, la Justicia deberá investigar la supuesta responsabilidad “por omisión” de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. Tanto los informes de Auditoría como de la Sindicatura General de la Ciudad, donde constan el cúmulo de irregularidades en la contratación de este servicio, arribaron al despacho de las máximas autoridades del Ejecutivo porteño, tal como se comprueba en el expediente NO-2017-03786528-SGCBA con destino a Rodríguez Larreta. Allí Mónica Freda daba cuenta que dicho informe también llegó a manos del vicejefe de Gobierno, del presidente de la Comuna 1 y de otros miembros encumbrados del gabinete PRO.

06 | Vivienda Nueva metodología PRO para esconder a los sin techo

Que no se noten Plata en negro, funcionarios sin identificación y promesas de subsidios que no se cumplen: mientras el número de personas en situación de calle crece al calor de la crisis, la administración de Larreta ideó un nuevo método para barrer las “ranchadas” de la vista de todos.

Redacción El Grito del Sur

El número de personas en situación de calle en la Ciudad crece con la misma intensidad con la que el Ejecutivo que conduce Horacio Rodríguez Larreta se esfuerza para disimular que el problema existe. El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, encargado de asistir a los sin techo, se obstina en sostener que son apenas 1091 las personas en esa situación. Una cifra cuestionada por las organizaciones sociales –afirman que son por lo menos siete mil– y que volvió a quedar en ridículo recientemente, cuando se conoció que en el último año se sumaron 59 mil nuevos indigentes, según la propia Dirección de Estadísticas y Censos porteña.

Con los paradores nocturnos saturados y en malas condiciones, y mientras sigue acumulando denuncias por las razzias nocturnas que realizan la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Espacio Público, el Pro ideó una nueva herramienta para esconder las ranchadas: aloja familias enteras en hoteles familiares –algunos de ellos, en provincia– pagando al contado y con plata en negro, tarea para cual destinó funcionarios que no forman parte ni de la estructura encargada por ley para hacerlo y que no están capacitados para el trabajo con indigentes.

La nueva metodología fue descripta a El Grito del Sur por distintas ONGs y organizaciones que trabajan la problemática. “Se identifican como empleados del Ministerio

Foto: Andrés Wittib

de Espacio Público o de las comunas, depende el caso, lo cual es extraño porque de ser así los conoceríamos. Llegan a la ranchada y directamente les recogen sus pertenencias, los suben a una camioneta y los dejan alojados en un hotel familiar. En algunos casos pagan con cheque y en otros, con plata en efectivo. Les prometen que un trabajador del BAP los va a visitar para tramitarles el subsidio, lo que después no pasa. A los 30 días están otra vez en la calle”, contó Antonio Favatella, de la ONG Sopa de Letras, que asiste a personas sin techo en el barrio de Barracas.

Situaciones similares sucedieron en la recova de Once y barrios como San Telmo y La Boca, y también en otros de menor densidad de población sin techo como Parque Avellaneda. En ese barrio, un grupo de vecinos se organiza hace años para asistir con viandas, abrigo y posibles soluciones transitorias a las familias en calle. Según contaron a este medio, registraron al menos dos casos: uno frente al Cesac 13 y otro bajo la autopista Perito Moreno. “Trabajábamos con dos varones adultos que paraban frente al Cesac. De golpe un día no los vimos más y nos enteramos que los habían hotelado en San Telmo.

Al mes, volvieron a la calle”, relatan. “Y en el caso del bajo autopista, les levantaron todas las pertenencias y los ubicaron en un hotel en provincia donde todavía permanecen por sus propios medios”, agregaron.

Los vecinos organizados pudieron dar con

uno de los supuestos funcionarios que se encarga de la tarea. Responde al nombre de “Walter” y dice que actúa “bajo las órdenes de Horacio Rodríguez Larreta”, y que participa de las reuniones con vecinos que el jefe de Gobierno realiza periódicamente en los distintos barrios. De allí, supuestamente, recoge los reclamos para “levantar” las ranchadas que señalan. Cuando se lo apura para que afirme bajo qué estructura del se desempeña, cambia el tema de conversación.

Un vecino de La Boca que vivía en calle dio un testimonio similar. Fue el 30 de agosto.

Ese día, una camioneta del BAP, otra de Espacio Público (que la gente sin techo reconoce como la “camioneta blanca”), la policía de la Ciudad “y un señor que no se identificó”, llegaron hasta donde paraba. El “señor” le dijo que ya no podía estar en la calle, mientras le levantaban las pertenencias. Más tarde, esa persona la alojaba en un conventillo del barrio por cinco mil pesos y antes de irse le prometió que le iban a tramitar el subsidio habitacional, algo que nunca sucedió.

“Hay cada vez más gente en la calle, pero el Gobierno se encarga de limpiarlos”, dice Favatella. “Primero van y los amenazan, y si no pueden hacerlo hacen lo que están haciendo desde que empezó el invierno: les ofrecen un determinado dinero para pagar el hotel y los tienen 30 días escondidos, pero no le resuelven el problema. No reconocen que son gente con derechos como cualquiera”, agrega.

Violencia Institucional | 07 Juicio por Iván y Ezequiel

Ante la violencia uniformada, la villa organizada

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº9 estableció penas de entre 8 y 10 años a los seis prefectos responsables del ataque a Iván Navarro y Ezequiel Villanueva, los jóvenes torturados en la villa 21-24. Es la primera condena por delitos represivos durante el gobierno de Cambiemos.

Redacción Dalia Cybel

periodismo amarillista prefiere no entrar y la justicia obtusa no intervenir.

El 21 de septiembre de 2018 se dictaron las sentencias a los 6 prefectos responsables de la tortura de Iván Navarro y Ezequiel Villanueva: Antúnez, Benítez, Sandoval, Ertel, Marsilli y Falcón fueron condenados a entre 8 y 10 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9, a cargo de Fernando Ramón Ramirez.

El 24 de septiembre de 2016, la Policía Federal detuvo arbitrariamente por la noche a Ezequiel e Iván – de 15 y 18 años respectivamente – en la villa 21-24. Aunque no coincidían con la descripción física ni de la ropa de las personas que estaban buscando, los jóvenes fueron golpeados y entregados a la Prefectura para que ‘continuara el trabajo’.

El juicio -que comenzó el 11 de mayo- estuvo apoyado por organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Aunque se esperaba para el mediodía, la sentencia fue dictada alrededor de las 15 horas.

Luego se realizó una conferencia de prensa donde estuvieron los legisladores Victoria Donda, Myriam Bregman (PTS -FIT) y Leonardo Grosso (Peronismo para la Victoria).

También participó Nora Cortiñas, quien dijo: “Este fallo debe ser un punto de inflexión para el pueblo. La sentencia debe marcar un precedente para que no siga este sistema de tortura y persecución a los jóvenes y a los movimientos populares de las villas. Dimos un paso adelante”.

Seis prefectos llevaron a Iván y Ezequiel a la vera del Riachuelo, donde los torturaron física y psicológicamente. Durante aproximadamente 45 minutos los oficiales les quemaron la piel con colillas de cigarrillo, los obligaron a hacer flexiones de brazos y los hicieron rezar arrodillados. También los amenazaron con penetrarlos analmente con las cachiporras, y simularon un fusilamiento apoyando las armas en sus nucas. Finalmente los dejaron ir corriendo, amenazándolos con matar a quien perdiese la carrera.

Esta es la primera condena a miembros de la fuerza de seguridad por delitos represivos durante el gobierno de Cambiemos. La lucha de la organización popular da sus frutos, en tiempos donde es más fácil culpar a la sequía. Los logros de la garganta retumban, vienen de los barrios marginados, donde el

Iván y Ezequiel llegaron corriendo hasta la redacción de “La Garganta Poderosa” en la villa Zavaleta, donde fueron recibidos por los vecinos. Al día siguiente, al hacer las denuncias a la Fiscalía de Pompeya, Iván logró reconocer a Leandro Antunez, uno de los prefectos responsables, que fue detenido inmediatamente.

La Poderosa realizó la denuncia ante la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y acudió a los medios de comunicación

para frenar la impunidad policial. Dos días después del hecho, Iván dio su testimonio en vivo en C5N. Sin embargo, cuando volvía, un prefecto lo corrió nuevamente, amenázandolo con el arma en mano.

Cuatro días después de la denuncia, los demás prefectos implicados en las torturas se entregaron a la Justicia. “Era algo buenísimo porque significaba que habían sentido la presión social, pero al mismo tiempo implicaba focalizar en los implicados, dejando de lado todo el sistema que los avala” , explicó Gabriel Chávez, miembro de la organización La Poderosa. A partir de ese momento los seis prefectos implicados quedaron en prisión preventiva en el penal de Marcos Paz. “Cuando fueron las querellas de los prefectos sabíamos que iba a ser difícil. Uno de los abogados de los prefectos trajo un ejemplar del libro `Nunca más´ y dijo `Esto es tortura, no lo que denuncian ustedes´. Los mismos prefectos hablaron de correctivos y los mínimos golpes necesarios. Sin embargo, este juicio fue una instancia histórica, incluso se consiguió que una de las audiencias se hiciera específicamente en la villa 21-24, recreando el recorrido de los jóvenes torturados”.

“En Zavaleta el abuso policial es cotidiano, pero este sistema está ayudando mucho: antes agarraban un vecino y lo cagaban a trompadas a plena luz del día. Ahora, si eso pasa, siempre hay un vecino que sabe cómo proceder. También sirve para que los pibes conozcan sus derechos. Esta red nos permite discutir la seguridad desde otro punto de vista, que no es pedir más policías en cada esquina”, concluye Gabriel.

08 | Contratapa

Tu comentario molesta

La lucha contra el acoso callejero en la Ciudad ya tiene su día: el 2 de octubre. El Grito del Sur invitó vía Instagram a las mujeres que lo sufrieron para que nos compartan sus experiencias, visibilizar la problemática y reflexionar. Esto fue lo que nos contaron.

Foto: Virginia Robles

Redacción El Grito del Sur

L tiene 14 años y vive en Berazategui, todos los días va al supermercado de su barrio a comprar alimentos para la cena. En la esquina del supermercado, dos policías le hacen comentarios sobre su cuerpo. La dinámica pasa a ser diaria y la rutina de tolerar apretando los labios empeora. Un día, L cambia de camino para evitarlos. Los agentes la siguen en el patrullero gritándole cosas y ordenandole que suba. “Los miré bien para identificarlos porque lo único que pensé es que me iban a secuestrar, violar y con suerte dejar viva”, cuenta.

S estaba esperando en una parada de colectivo cuando notó que el pasajero que estaba justo atrás de ella en la fila le estaba hablando. “Me costó darme cuenta, pero pude notar que estaba relatando las cosas que le hubiera gustado hacerme: ‘cómo me gustaría estar en una cama matrimonial, tomando champagne, mirando la tele, haciendo el 69’”, relata.

La lucha contra el acoso callejero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya tiene su día para visibilizar esta problemática: el 2 de octubre. El Grito del Sur invitó vía Instagram a las mujeres para que nos compartan sus experiencias. Como era de esperar, muchas mujeres y disidencias se sintieron interpeladas y nos hicieron llegar relatos en primera persona que van desde la incomodidad hasta lo penal.

El acoso callejero surge a fines de los ´50, ´60 cuando las mujeres empiezan a tomar mayor espacio público por trabajar y estudiar. Frente al nuevo rol que saca a las mujeres de la exclusividad del ámbito hogareño, comienza una especie de venganza inconsciente por parte de los varones, que buscan reafirmarse como los dueños del espacio público.

Si bien el 7 de diciembre de 2016 la Legislatura porteña sancionó la Ley 5742 contra el acoso callejero, ésta no se cumple en la Ciudad de Buenos Aires. Según la norma, “quien acosare sexualmente a otro, en lugares públicos o privados de acceso público, siempre que el hecho no constituya delito, es sancionado con dos (2) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública, multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos.”

Sin embargo, las mujeres y disidencias siguen sufriendo acoso callejero a diario.

Según el informe “Paremos el acoso callejero” de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuLaLa), el 100% de las mujeres argentinas sufrió acoso callejero alguna vez en su vida, el 50% recibió comentarios sexuales explícitos y el 37% estuvo expuesta a que un hombre se desnudara o dejara ver sus partes privadas frente a ellas. Asimismo, el 50 % de las mujeres dice haber sido acosada mientras esperaba un transporte público y el 26% fue

acosada o maltratada en un taxi. A consecuencia de esto, las mujeres y disidencias han generado estrategias para evitar dichas situaciones que implican desde cambiar recorridos, hasta evitar lugares oscuros e incluso modificar su manera de vestir.

A G comenzaron a acosarla cuando tenía 13. Mientras volvía de la colonia de vacaciones, dos hombres empezaron a decirle cosas sobre su cuerpo. Ella atinó a correr, pero los sujetos la persiguieron por diez cuadras.

Aunque el acoso callejero está naturalizado e incluso para gran parte de la sociedad es visto como un halago, los comentarios sexualizados en el espacio público siempre representan una intromisión no pedida ni consentida que, por su lógica, no busca una relación de comunicación ni espera réplica; por lo tanto, nunca es un intercambio simétrico. Los testimonios validan la hipótesis: el comentario sexualizado en el ámbito público es muchas veces violento y su fin es imponerse, invadir y ejercer poder. “ A los 18 años se me acercó un tipo en bici y me dijo: ‘Te acabo tres veces sin sacartela’ ”, asegura una de nuestras seguidoras. “Cuando tenía 15 años iba a hockey y me dijeron: ‘Dejá que te meta el palo en el culo’ ”, agrega otra.