El Grito del Sur Nº 63 Enero 2020 - Migrantes: Récord de expulsiones en la era Macri

Periódico barrial Distribución gratuita 3.000 ejemplares mensuales Enero 2020 ISSN 2451-7178

Comuna 1 /3 /4 Constitución, Monserrat, San Cristobal, San Telmo, Parque Patricios y Barracas

Año - 08

Número 63

Migrantes: Récord de expulsiones en la era Macri Exclusivo: Durante la gestión Cambiemos fueron expulsados del país 2535 extranjeros, todo un record en democracia. Cómo el discurso xenófobo de los principales dirigentes macristas se tradujo en el desarraigo de miles de familias. Pág 6.

“Si pudimos sobrevivir al infierno, cómo no vamos a sacar el país adelante”

Pág 8.

El feminismo sindical ganó un Ministerio

Pág 9.

02 · Sumario / Editorial

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“En La Boca hay dos o tres desalojos por semana” ,

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“Si pudimos sobrevivir al infierno, cómo no vamos a sacar el país adelante”

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El feminismo sindical ganó un Ministerio

,

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Vanessa volvió

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“Nos quieren expulsar del país”

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,

06 “Lenguaje inclusivo en los fallos… ¿por qué no?”

El récord que dejó Macri: 2535 migrantes expulsados en cuatro años

12

La ideología en Tomás Vidal ,

Editorial

Curar las heridas L

os discursos de Alberto y Cristina Fernández el día de la asunción en Plaza de Mayo fueron una pista de que en Argentina, por visión estratégica de un lado, y por amplitud y osadía del otro, comienza la transición hacia una nueva etapa. En términos institucionales finaliza el corto ciclo neoliberal. Venían a quedarse 12 años, se fueron en apenas 4. Eso sí, dejando detrás suyo tierra arrasada. Y no sólo en términos económicos: el macrismo intentó avanzar en la batalla cultural logrando reinsertar debates que estructuran su

fuerza social. Los migrantes, los vagos, los chorros y los planeros, ese otro que supieron construir.

En términos de correlación de fuerzas, la victoria en las urnas se conjuga con una suprema unidad del campo popular. El espanto, pero también una decisión política clara y atinada, lograron estructurar una alianza tan amplia que será buena parte de la garantía de poder del gobierno frente a sus adversarios de afuera y de adentro.

Los desafíos son mayúsculos e inclu-

yen la difícil tarea de representar las continuidades y los cambios. Alberto deberá conducir lo mejor de los 12 años kirchneristas intentando incorporar nuevos reclamos sociales y sostener un complejo entramado de actores políticos.

Su principal capital es la esperanza de un futuro inclusivo para las mayorías populares. Algo nada sencillo en el país más endeudado con el FMI del mundo, con un 40% de pobreza y un Cono Sur inclinado a la derecha.

Pero la historia del peronismo cuenta que no han habido imposibles en esta tierra.

Ha llegado Alberto, para expulsar a los expulsivos y para curar las heridas.

El Grito del Sur- Fundado el 23 de sepiembre de 2012 en el natalicio de Mariano Moreno - Registro ISSN 2451-7178 - Director Propietario: Yair Cybel - Tirada 3.000 ejemplares - Registro de la Propiedad Intelectual 5295866 Enero 2020 - Número 63 - Domicilio legal: Camarones 1549 CABA - contacto: elgritodelsur@gmail.com Impreso en Editora del Plata S.R.L. - España 221, CP 2820 (Gualeguaychú, Entre Ríos) Registro de Medios Vecinales CABA - Se autoriza la reproducción del material publicado, citando la fuente.

La Boca / Vivienda · 03

Crisis habitacional

“En La Boca hay dos o tres desalojos por semana” Vecinos y vecinas del barrio, con la firma de “Taty” Almeida y patrocinados por el Ministerio Público de la Defensa, presentaron un amparo colectivo ante la Justicia porteña para exigir el cumplimiento de la Ley de Emergencia Urbanística y Ambiental de La Boca.

Nota · El Grito del Sur

A

raíz de los desalojos que afectan sistemáticamente al barrio, vecinos y vecinas de La Boca presentaron un amparo colectivo ante la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para exigir el cumplimiento de la Ley de Emergencia Urbanística y Ambiental. La acción de amparo se presentó ante el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario porteño para exigir la aplicación de la Ley 2240 y contó con el patrocinio de la Defensoría CAyT N° 5, a cargo del Defensor Ramiro Dos Santos Freire.

Entre los 650 firmantes, se destaca la presencia de la Madre de Plaza de Mayo «Taty» Almeida.

El incumplimiento de esta norma, sancionada en el año 2006, ha puesto al barrio de La Boca en una situación de emergencia habitacional, en especial por el gran número de desalojos que han dejado a cientos de familias en situación de calle. Por este motivo, una de las principales medidas requeridas

ante la Justicia porteña es el pedido inmediato del cumplimiento del artículo 29 de la Ley 4353, que ordena al Gobierno de la Ciudad a efectuar un relevamiento de las necesidades habitacionales en el polígono correspondiente al Distrito de las Artes. Por otro lado, se solicita la confección de un protocolo de detección, prevención y contención de desalojos, así como la realización de un protocolo de prevención y actuación en caso de incendios y/o derrumbes de viviendas en el barrio.

«En toda la Ciudad de Buenos Aires hay un problema grave con el derecho a la vivienda. La Boca, particularmente, sufre una situación especial mucho más grave porque allí hay programados dos o tres desalojos por semana.

En la actualidad se estima que hay en curso 180 procesos judiciales de desalojo en trámite, prácticamente la misma cantidad que en el resto del territorio porteño», explicó a El Grito del Sur Ramiro Dos Santos Freire. El Defensor Oficial sostuvo que «el Gobierno porteño ha favorecido determinados

tipos de intereses inmobiliarios y se han revalorizado las tierras del barrio, lo cual favoreció la gentrificación. Este proceso de expulsión busca cambiar la fisonomía de La Boca. Nadie está en contra del desarrollo de nuevas construcciones, lo que pasa es que hay un montón de costos sociales que nadie se está haciendo cargo y un conjunto de leyes que no se están respetando».

Por su parte, Natalia Quinto (La Boca Resiste y Propone) señaló a este medio que «el problema de los desalojos fue creciendo en forma exponencial, a punto tal que pasamos de un desalojo cada dos meses a dos o tres por semana. La cantidad de juicios en curso es altísima. Ahora está también el tema de Airbnb, porque donde había tres

conventillos nos construyen un edificio que va a ser exclusivamente para alquiler temporal». La referente barrial destacó la presencia como firmante de «Taty» Almeida, quien «estuvo participando el año pasado en el tour de los desalojos y se fue muy conmovida e interpelada por lo que está pasando en el barrio».

La demanda ya se tramita en la Secretaría N° 2 del Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso y Administrativo, a cargo de la jueza Romina Tesone.

Cabe destacar que en los últimos años, según estimaciones de La Boca Resiste y Propone, ya han sido desalojadas del barrio más de 1100 personas como resultado de procesos inmobiliarios especulativos. .

04 · Migrar No Es Delito / Caso Vanessa

“Ahora tenemos que construir un país digno para ella y sus hijos”

Vanessa volvió Las organizaciones migrantes, que soportaron durante cuatro largos años políticas que consideran “xenófobas”, lograron repatriar a Vanessa Gómez Cueva en el ocaso del gobierno de Cambiemos. Su caso se transformó en bandera.

Nota · El Grito del Sur

V

anessa Gómez Cueva pudo volver al país. En una resolución en el Boletín Oficial con fecha del 2 de septiembre de 2019, la Dirección Nacional de Migraciones autorizó su regreso a la Argentina desde Perú, donde residió en contra de su voluntad desde que fuera expulsada en enero por el Gobierno.

Las organizaciones y colectivos de migrantes tomaron el caso Vanessa como un símbolo de la persecución y la xenofobia de las políticas migratorias de Cambiemos y lo llevaron incluso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por esta razón, mientras se publicaba la resolución, el ahora exdirector de Migraciones, Horacio García, debió responder a duros cuestionamientos internacionales sobre el caso, durante la primera sesión del 31° Comité de Trabajadores Migrantes de la ONU. «El Gobierno debió dar cuenta sobre la situación de Vanessa. Nosotros, como organización social, contamos la verdad: que Vanessa fue violentada, engañada y separada a la fuerza de sus dos hijos, que quedaron acá en el país.

Los relatores de la ONU se pregunta-

ban cómo podía ser que la Argentina pasara de ser un ejemplo a nivel internacional en política migrante a separar a las familias sin tener en cuenta el daño psicológico que eso genera, sobre todo a los niños», le contó desde Ginebra a El Grito del Sur Lourdes Rivadeneyra, de la Red de Migrantes de Argentina.

Vanessa, nacida en Perú, llevaba 15 años viviendo en Argentina, donde nacieron sus tres hijos. Hace exactamente un año, una patota de la Policía fue a buscarla a su casa en Villa Lugano. Le dijeron que debía «firmar una resolución» y se la llevaron junto a su bebé de dos años. En ese momento la deportaron junto a su hijo menor; sus otros dos hijos, de 5 y 14, quedaron en el país a cuidado de su hermana. La justificación legal fue una vieja condena por infracción a la ley de drogas, pese a que estaba excarcelada. La expulsión se firmó de forma express, en el marco del DNU 70/2017, que propicia las extradiciones sumarísimas, razón por la cual es calificado por las organizaciones sociales migrantes como un decreto «xenófobo».

«La lucha de Vanessa, de las organizaciones que trabajamos por los derechos de lxs migrantes y el acom-

pañamiento de muchísimas personas lograron que pueda volver al país y juntarse con sus hijxs. Este no es un caso aislado: es imprescindible la derogación del DNU 70/2017”, festejaron vía redes sociales organizaciones como el CELS, Caref y Amnistía Internacional, que en más de una ocasión le reclamaron a García que permita el reencuentro de Vanessa con los suyos.

En la resolución publicada, Migraciones reconoció la existencia de «razones excepcionales de índole humanitaria» para habilitar el regreso de la mujer y su bebé. «Recuerdo una reunión muy tensa en Migraciones donde les planteamos a las autoridades el caso Vanessa. Jamás pensaron que íbamos a llevar a su abogado (Juan Villanueva), que además de razones políticas íbamos a tener argumentos legales sólidos. No sabían qué contestar. Era evidente que se trataba de otro caso de, como decimos nosotros, cuando nos usan de chivo expiatorio de la crisis.

Hoy terminamos de comprobarlo, pero se acabó, este gobierno está de salida», describió en aquel momento a este medio Doris Quispe, de la Campaña Migrar no Es Delito.

Doris recuerda que para el Día Internacional del Inmigrante, la Campaña

proyectaba una acción global por el regreso de Vanessa. «Ahora vamos a aprovechar para festejar este triunfo popular, porque es eso, un triunfo de la presión, de la lucha. Y vamos a voltear el DNU xenófobo, ese es el próximo paso», sostuvo.

«Lo que necesitamos ahora es construir un país digno para cuando Vanessa vuelva. Y eso empieza cambiando al gobierno», dijo, entusiasmada, Rivadeneyra. Durante cuatro años les migrantes gritaron “Macri, pará la mano”. Masivos migrantazos contra las extradiciones masivas, los trámites cada vez más engorrosos y el aumento del mil por ciento en el valor de las tasas para radicarse definitivamente en el país. Esto hizo crecer las redes de solidaridad entre pares. “Es que si no te expulsan, te la hacen imposible para que no puedas tener un documento argentino y mucho menos un trabajo.

Vivimos amenazados, por eso cada vez somos más en las calles”, explicó a El Grito del Sur Ruth Sandi. Ahora esperan que, con el cambio de Gobierno, soplen vientos mejores.

Ciudad de la furia / Migrar No Es Delito · 05

La historia de les migrantes haitianos desalojados y perseguidos

“Nos quieren expulsar del país” La historia de seis jóvenes migrantes haitianos desalojados de un hotel en el barrio de Constitución es el reflejo de una comunidad que lucha por sus derechos en el país. Sin hogar ni DNI, ahora buscan salir de la situación precaria en la que se encuentran.

Texto: Sebastián Furlong Foto: Julián Galán

A

gosto de 2019. Julson Jean y Angie Lafleur pasan por la cuadra en la que se encuentra el Hotel Constitución, del que fueron desalojados hace apenas dos semanas. La pareja se detiene por un instante junto al bebé recién nacido que lleva Julson en sus brazos y mira con curiosidad hacia adentro. Rejas oscuras bajo llave, pared revestida de un color amarillento con varias tonalidades, rajaduras por todas partes. En una mezcla de angustia y desazón, esta joven pareja haitiana sabe que ya no podrá volver al alojamiento en el cual vivieron desde enero de este año. Se encuentran en situación de calle, desamparados y sin protección alguna.

“El dueño tenía un problema con la chica embarazada, simplemente porque estaba embarazada. En este hotel no hay gente con hijos”, relata a El Grito del Sur Edny Aristil, también proveniente de Haití, quien junto a tres compatriotas salió en defensa de Angie para evitar su expulsión del hotel ubicado en la calle Constitución al 1400. Ella estaba a punto de parir en ese momento y terminó internada con su bebé en el Hospital Ramos Mejía, donde le realizaron una cesárea antes de tiempo. “Trajeron otra gente para echarnos e hicimos oposición a eso. Dos policías que acompañaban al dueño, más cinco personas, sacaron nuestras cosas y las de Angie. Aún no se había vencido la fecha de nuestro alquiler pago. Yo, por ejemplo, tengo mi habitación paga hasta el 4 de septiembre”, agrega Edny, quien llegó hace tres años y medio al país y tuvo que aprender el idioma a la fuerza. Si bien sueña con estudiar en la universidad para convertirse en anestesista, durante estos últimos días durmió en la calle y perdió casi todas sus pertenencias.

La situación de sus compañeros echados del Hotel Constitución es bastante similar. El operativo se realizó sin orden judicial de desalojo y tuvo características violentas, según cuentan los afectados. “Fue un abuso de poder.

La policía me empujó y me agredió, yo estaba filmando con el celular y me lo quisieron sacar”, explica Edny. La política migratoria con tintes discriminatorios del gobierno de Macri tampoco les ayudó: se estima que en la actualidad hay más de 30 mil haitianos en la Argentina y que la gran mayoría está atravesando peligro de deportación a partir de la situación precaria en que se encuentran.

De acuerdo con Jackson Jean,

estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y referente de la comunidad haitiana en el país, el motivo de fondo del desalojo sufrido sin orden judicial es la falta de documentación a la que están expuestos como inmigrantes.

“Los chicos no pueden alquilar otra habitación no porque no tengan dinero, sino porque la Dirección de Migraciones no quiere dar o renovarles el DNI. Nos quieren expulsar, ya deportaron a dos haitianos que conozco”, denuncia el joven en un castellano casi perfecto.

Jackson cuenta cuáles fueron las opciones que les impusieron las autoridades para permanecer en el país, si bien una parte de elles llegaron en condición de estudiantes. “Una es casarnos o tener un hijo con alguien de Argentina.

La otra es trabajar en blanco, pero la mayoría de los haitianos está trabajando en Rappi, Glovo, Uber o Pedidos Ya. Hoy estamos con un permiso precario, pero algunos empleadores no te quieren tomar con eso. El gobierno argentino debe hacer algo porque hoy nos encontramos en una situación de calle masiva y de hambruna también”,

señala.

En el marco de estas dificultades, algunos organismos públicos -tales como la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio Público de la Defensa- se acercaron a ofrecer soluciones. Precisamente, éste último ofreció sus servicios para ayudar a los seis ciudadanos haitianos a que recuperen sus principales pertenencias extraviadas o robadas. Al igual que millones de argentinos y argentinas, les migrantes provenientes de esta nación centroamericana de 95% de afrodescendientes también está sufriendo los efectos de la política económica del gobierno de Mauricio Macri, con el agravante de padecer también los efectos de medidas discriminatorias.

Jackson cuenta que “tenemos varios compatriotas que quisieran volver a Haití, pero no pueden porque sus ingresos se vieron perjudicados por la forma en que está subiendo el dólar.

Igualmente, somos un pueblo que se adapta a cualquier situación”.

La indignación que sintió Angie, cuya dramática situación la llevó a tener un parto forzado, es de alguna

manera el reflejo de la indiferencia que sufren por estas latitudes el sector más desprotegido de les migrantes latinoamericanos. Mientras merodea la zona del hotel que ofició de hogar durante casi todo su embarazo, la joven haitiana remata a este medio: “Me sentí muy humillada, es muy duro pasar por esta situación. Quiero lograr justicia y respeto, eso es lo más importante para mí en este momento. También busco reparación civil porque perdí todas mis cosas”.

06 · Migrar No Es Delito / Mauricio Macri

Cifras escalofriantes

El récord que dejó Macri: 2535 mig

El gobierno de Macri duplicó el número de expulsiones de personas migrantes y desató una oleada persecutoria. En paralelo, la entrada en vigencia del sistema Radex de radicación online potenció la informalidad. Las organizaciones del colectivo definieron a las políticas públicas de estos cuatro años como de retroceso y persecución.

Texto: Matías Ferrari y Julián Valdez Foto: Nicolás Cardello

H

asta octubre de 2019, el gobierno de Cambiemos expulsó a 2535 migrantes del país, de acuerdo a un informe de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) y el Centro de Justicia y DDHH de la UNLA en base a datos oficiales a los que tuvo acceso El Grito del Sur. La cifra duplica los números de la segunda gestión de

Cristina Fernández de Kirchner como presidenta y expone de forma cruda el tinte persecutorio que tomó la política oficial hacia esa población durante los últimos cuatro años.

Si se analizan de forma comparativa, los datos dan cuenta de cómo el discurso xenófobo de varios funcionarios del gobierno anterior se tradujo en una escalada de expulsiones: fueron 323 en 2016, 489 en 2017, 705 en 2018 y finalmente 1018 este año. El salto a partir de 2018 se explica en gran parte por la entrada en vigencia del decreto 70/2017 firmado por el ex presidente

Mauricio Macri, que habilitó los trámites judiciales exprés para facilitar las deportaciones.

El DNU de Macri “es la expresión máxima de un gobierno que exacerbó las lógicas de control y siempre se ocupó de ligar el delito a los migrantes”, dijo a El Grito del Sur la titular de CAREF, Gabriela Liguori.

Para Liguori, en vez de traer beneficios en materia de seguridad o en el combate al narcotráfico, tal como se argumentó durante la era Cambiemos, las expulsiones exprés terminaron produciendo el efecto contrario. “Tenemos serias dudas de que hayan cumplido los objetivos que supuestamente se propusieron con las expulsiones. Lo que sí generaron, en cambio, fueron enormes injusticias y dolores para muchas familias que fueron separadas de manera arbitraria”, explicó.

De acuerdo a datos sistematizados por CAREF, también se registró un aumento considerable en la cantidad

de trámites de expulsión que inicia el Ejecutivo, pero que por distintas razones no se terminan de materializar.

En 2015, por caso, la administración de Cristina había dictado poco más de 1900 pedidos de expulsión, mientras que desde 2016 en adelante treparon por encima de las 4.000, con un pico en 2018 de 5110 casos.

“Lo que sí generaron, en cambio, fueron enormes injusticias y dolores para muchas familias que fueron separadas de manera arbitraria”. Gabriela Liguori, titular de CAREF. Pese a que sigue vigente y a la espera de un fallo definitivo de la Corte, el decreto de Macri sufrió varios reveses.

Fue declarado inconstitucional tanto en primera instancia como por la Cámara V en lo Contencioso Administrativo, que no sólo le dijo al Gobierno que se estaba arrogando facultades del

Migrar No Es Delito / Mauricio Macri · 07

grantes expulsados en cuatro años Congreso sino que el DNU directamente resultaba violatorio de los Derechos Humanos.

A la misma conclusión llegó el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU, que instó al Gobierno a derogarlo. Desde Ginebra, en septiembre, el entonces Director de Migraciones, Horacio García, se vio obligado a dictaminar el regreso al país de Vanessa Gómez Cueva ante la presión de las organizaciones migrantes y de Derechos Humanos: desde CAREF hasta el CELS, pasando por la Red de Migrantes de Argentina de la CTA y la campaña Migrar No Es Delito. El caso Vanessa fue emblemático: gracias al DNU de Macri, Migraciones tuvo la facultad de expulsarla del país y separarla de sus dos hijos argentinos, con la excusa de una causa por tenencia de 2013.

UN BALANCE DEL RADEX: MÁS INFORMALIDAD, MÁS EXPULSIONES “Estos cuatro años se pueden resumir en una palabra: regresión”, dice Liguori. “Eso se dio en múltiples campos de la política pública, en especial en lo social. Y la política migratoria no estuvo ajena. Si se lo mira desde la lógica subjetiva de las personas migrantes, fueron cuatro años de incremento de las dificultades tanto para la radicación como para la vida cotidiana, como volver a sentir cierta naturalización del rechazo en las instituciones. Volvieron a ponerse obstáculos en la práctica institucional que estaban saldados hace tiempo”, explicó.

Entre los obstáculos institucionales hay uno significativo: por primera vez, en 2019, bajó el número de radicaciones definitivas en el país. Según estima CAREF en base a información de Migraciones, en 2019 se terminaron de otorgar unas 130.000 residencias, mientras que entre 2004 y 2018 se mantuvieron estables por encima de las 200.000. La explicación radica en dos trabas fundamentales: el aumento de los costos del trámite y la implementación de un sistema online, “Radex”, que se inauguró con la suspensión de cientos de miles de trámites presenciales asignados previamente, lo que generó una demora de un año en los turnos.

Conseguir la residencia en el país le sale a un migrante del Mercosur unos 3000 pesos de base, a los que hay que sumarle otros 500 entre los antecedentes penales y la impresión del DNI. Para los extra-Mercosur, como la comunidad senegalesa, por caso, el costo de base es de 6.000 pesos. Hasta 2014, costaban 300 y 1200 pesos respectivamente.

En 2019 se terminaron de otorgar unas 130.000 residencias, mientras que entre 2004 y 2018 se mantuvieron estables por encima de las 200.000.

El sistema Radex complicó aún más la cosa. “Representa mucha dificultad aún para las personas que tienen entrenamiento en el uso de internet, es confuso y expulsivo”, señaló Liguori.

Los trámites, además, empezaron a tener demoras que no se registraban antes y en septiembre de este año sólo se resolvieron en un 45 por ciento.

Eso explica, en parte, la multiplicación de las expulsiones por «irregularidad migratoria»: pasaron de 33 en 2016 a 326 este año.

Lourdes Rivadeneyra, de la Red de Migrantes de la CTA, denuncia que las primeras capacitaciones que realizó Migraciones sobre cómo utilizar el sistema se dieron para los gestores, que cobran más de 10 mil pesos por resolver paso a paso la radicación, algo que no se veía desde los ´90. “Convirtieron la radicación en un negocio”, se lamentó.

“Además, ni siquiera verificaron si funcionaba –dijo Rivadeneyra –. Tenemos compañeros que hace más de 8 meses pagaron el trámite y hasta el día de hoy no pudieron siquiera acceder a la precaria”.

La referente del espacio de Migrantes de la CTA remarcó que los problemas de radicación redundan en más persecución. “Es el Estado que no brinda las respuestas pertinentes. Entonces después te detiene un policía y te pide documento y no lo tenés, y empiezan los problemas”, describió.

“No puede ser que tarden tanto en llamarte para regular tu situación, porque mientras tanto figuras como irregular y esos trae complicaciones, por ejemplo, para viajar y para trabajar”, agregó por su parte Doris Quispe, de la Campaña Migrar No Es Delito.

“Convirtieron la radicación en un negocio”. Lourdes Rivadeneyra (Red de Migrantes de la CTA) «Lo único que pensaron las autoridades al momento de implementar el Radex fue garantizar la recaudación anticipada del pago de los trámites, después si avanzaban correctamente o no ya no les importaba. Incluso si no se regularizaban esas residencias quizás para ellos era hasta mejor», aportó por su parte el secretario de Organización de ATE Capital y coordinador de ATE Migraciones, Hugo Bellón. «Hubo una decisión política de demorar al máximo posible», denunció, y remarcó

que, como en otras áreas del Estado, también hubo despidos en Migraciones, y que se necesitan además «unos 900 trabajadores más» en el área para poder cumplir con todos los pedidos de radicación, que se siguen acumulando.

CUATRO AÑOS DE RETROCESO Y LUCHA Entre los retrocesos de estos cuatro años, CAREF enumera la creación dentro de Migraciones de un “Área de Prevención de delitos al orden migratorio”, de octubre de 2016, y hasta el intento de crear una “cárcel para extranjeros”.

También hubo casos a nivel provincial que encendieron las alarmas, como la intención del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de cobrarle un arancel a los migrantes de Bolivia para hacer uso de los hospitales públicos de la provincia, lo que le valió un cruce con Evo Morales. “Eso fue una locura.

Los hospitales, con el gobierno de Macri, se vinieron tan abajo que tuvieron que decir que los migrantes veníamos a ocupar todo, entre otras cosas. Son las mismas mentiras que los medios expusieron como cuando hablaban

del número de migrantes que había en las cárceles”, dijo Rivadeneyra. Quispe coincidió: “Para poder aplicar el ajuste buscaron crear un enemigo para que la sociedad pudiera canalizar su descontento”.

“Para poder aplicar el ajuste buscaron crear un enemigo para que la sociedad pudiera canalizar su descontento”. Doris Quispe (Campaña Migrar No Es Delito) Para las organizaciones, que esperan que el nuevo gobierno derogue el DNU expulsivo o que el caso se resuelva en la Corte, estos cuatro años de adversidad implicaron también un aprendizaje. “Había muchas organizaciones de migrantes, cada una por su lado, en sus particularidades, pero ante esta situación hubo un proceso de acercamiento para unificar reclamos comunes incluso dejando de lado adhesiones políticas distintas. Se aprendió una lección bastante linda en eso, tal vez vestíamos de distintos colores pero nos dimos cuenta que en este momento teníamos que ponernos todos la camiseta de los migrantes”, dijo Quispe.

TOTAL DE EXPULSIONES POR AÑO DURANTE EL MANDATO DE CAMBIEMOS

1000

1018

705

500

489 323 0 AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

TOTAL: 2535

AÑO 2019

08 · Economía Popular / UTEP

Se lanzó el sindicato de la Economía Popular

“Si pudimos sobrevivir al infierno, cómo no vamos a sacar el país adelante”

Las organizaciones de la Economía Popular presentaron el sindicato UTEP con la intención de ingresar a la CGT y conquistar los derechos básicos de los trabajadores del sector formal. El acto contó con el apoyo del presidente Alberto Fernández, que mandó un mensaje grabado felicitando el proceso de unidad.

Texto: Matías Ferrari Foto: Julián Galán

S

“¡ indicato!, ¡tenemos sindicato!”, cantaron juntos y juntas cooperativistas textiles, de la construcción, del reciclado, de la recolección, de la agricultura familiar, de la venta ambulante, de la “changa” a quienes el Papa Francisco bautizó como “poetas sociales que se inventan su propio trabajo” y que este sábado festejaron haberse inventado también su propio gremio. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, UTEP, una herramienta única en su tipo, debutó ayer con la presentación en sociedad de su nueva “mesa promotora”, compuesta en paridad por sus cuadros mujeres y varones, todes elles referentes de la coordinación de organizaciones piqueteras nacida con la primera marcha de San Cayetano, allá por 2016: CTEP, CCC, Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán.

“Un 7 de agosto de 2016 marchamos en unidad por San Cayetano para reivindicar en pleno macrismo la resistencia a la dictadura de Saúl Ubaldini.

Llenamos la Plaza de Mayo: a partir de entonces nació otra historia, ese día nació la UTEP”, dijo quien será su secretario general, Esteban «Gringo» Castro.

“Somos parte de la clase trabajadora, que tiene una nueva configuración, en la que se incluye la Economía Popular, como decimos nosotros, los últimos de la fila”, definió Castro para explicar el por qué de un sindicato que va, además, por el reconocimiento pleno de la CGT. “El camino a la dignidad tiene que estar acompañado por el resto de los sindicatos”, explicó.

“Si fuimos capaces, en los ´90, cuando nos quedábamos sin laburo, de inventarnos nuestra propia de forma de comer, de juntar el mango. Si fuimos capaces de salir de ese infierno, cómo no vamos a sacar este país adelante”, cerró Castro.

El documento de presentación, leído en voz alta como una declaración de principios al inicio del acto, dejó bien claro de qué se trata un sindicato: aportes, cobertura de salud y reconocimiento del resto de los derechos de los trabajadores del sector formal.

“Somos 350 mil afiliados, cumplimos con los requisitos de la Constitución y de la OIT de una organización gremial y reclamamos nuestra incorporación inmediata a la CGT”, explicita.

La presentación contó con el respaldo del presidente Alberto Fernández, que envió un mensaje grabado celebrando la “unidad” de las organizaciones sociales. “Con unidad pudimos ganar las elecciones y con unidad vamos

a poder llevar adelante los cambios que estamos protagonizando”, dijo. “Ahora hay un Estado que los incluye: ustedes ya son parte del Gobierno, están trabajando junto a nosotros para sacar al país adelante”, agregó, en referencia a la sumatoria de dirigentes que forman parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En las primeras filas lo escuchaban el ministro Daniel Arroyo; el secretario de Economía Social y referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico; el subsecretario de Promoción de la Economía Social y referente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez; el secretario de Agricultura Familiar y referente de CTEP, Miguel Gómez; el director de Comercialización y dirigente del MP La Dignidad, Rafael Klejzer, y Eduardo “Vasco” Murúa, director de Fábricas Recuperadas y presidente de la cooperativa IMPA. Uno de los acuerdos del espacio consta en que aquellos referentes con cargos en el Ejecutivo no formarán parte de la dirección del sindicato.

También dieron el presente el secretario general del FeMPINRA, Carlos Schmid, y los diputados nacionales Leonardo Grosso, Itai Hagman, Federico Fagioli y Juan Carlos Alderete, el único de los tres que se subió al escenario para hablar. “Valieron la pena esas reuniones, cuando arrancamos, allá hace cuatro años”, dijo dirigiéndose a Castro y Menéndez. “Somos la verdadera izquierda que se unió con el peronismo para ir por las reivindica-

ciones de los trabajadores”, agregó.

A su turno, la referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Jackie Flores, reivindicó a los cinco militantes del MTE que fueron retenidos ayer por la Policía durante una protesta en Chaco que terminó en represión, y que fueron liberados al momento que tomó el micrófono. “Eso es la economía popular, así somos. No tenemos ni precio ni tiempo para regalarle a nadie”, dijo.

“Los pobres ya no esperan, se organizan y luchan”, dijo Gildo Onorato, secretario de organización de CTEP, en una cita al Papa Francisco. Onorato repasó la historia de los movimientos sociales, iniciada mucho antes de la rebelión popular de 2001. “En Tartagal, en Mosconi, en varios puntos del país los primeros desocupados organizados salieron a marcar el camino de enfrentar al neoliberalismo en el país. Hemos aprendido de todo ese recorrido histórico y hoy podemos con orgullo portar estas credenciales de nuestro sindicato”, aseguró.

“Aplaudamos, pero no nos vayamos todavía”, dijo sobre el cierre el «Gringo» Castro, cuando los delegados amagaban con desconcentrar. “Nos falta votar: por favor levanten la mano quienes aprueben la creación del sindicato”. “Ok, ganamos por mayoría”, bromeó enseguida y los aplausos dieron paso a los primeros acordes de Jijiji y pogo al ritmo de “No lo soñé”.

Feminismo / Sindicalismo · 09

Gabinete bonaerense

El feminismo sindical ganó un Ministerio Estela Díaz es la elegida para liderar el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad en la Provincia de Buenos Aires. Sindicalista e integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la flamante ministra será una pieza clave para los feminismos en el gobierno bonaerense.

Texto: El Grito del Sur

E

stela Díaz es secretaria de Igualdad de Género y Oportunidad de la CTA desde el 2010, siendo reelecta en los años 2014 y 2018. Allí creó y dirige el Centro de Estudios Mujeres y Trabajos de la Argentina. Es una de las responsables de la Comisión de Mujeres de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, de la que fue referente durante los años 2005 y 2006.

Su currículum eterno destaca en el entramado de machos (y muchos) que es el sindicalismo. Si bien en el año 2002 se sancionó la Ley 25.674 de Cupo Sindical Femenino que buscaba garantizar un 30% de mujeres en los cargos electivos, sólo el 18% de las secretarías, subsecretarías o prosecretarías en los sindicatos están a cargo de mujeres y el 74% de éstas corresponden al área de igualdad, género y derechos sociales.

Esto significa que la mayor parte de las mujeres no llega a romper la burbuja de los espacios feminizados.

Pero el sindicalismo también está sintiendo el sismo de la oleada feminista. En el último Encuentro Plu-

rinacional en La Plata, el taller de “Mujeres y sindicalismo” desbordó de participación. Esto mismo sucedió en los encuentros de mujeres sindicalistas que comenzaron en el 2016 y que ya se realizaron tres oportunidades.

Fueron las sindicalistas las primeras que se plantaron frente al intento de Cambiemos de quitar las moratorias previsionales que beneficiaron en su mayoría a mujeres amas de casa.

Las mismas que dijeron “en nuestro nombre no”, cuando Mauricio Macri intentó sancionar la Ley de Equidad de Géneros e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo que utilizaba el cupo femenino y la prevención de la violencia de género como justificación para intervenir sindicatos. Fueron las sindicalistas las que repensaron la noción de trabajo remunerado y doble jornada laboral cuando los feminismos le hicieron el primer paro a Macri y las que siguen insistiendo en que necesitan condiciones y políticas públicas que permitan su desempeño laboral y su participación en las organizaciones gremiales.

Aún antes de que las elecciones nacionales fueran ganadas por la fórmula

Fernandez-Fernández, Díaz explicó en relación al rol de las mujeres sindicalistas en el nuevo gobierno: “Hay una renovación de mujeres y generaciones en el sindicalismo que tal vez no se ve en las fotos de cúpula, pero está pasando. La agenda de la igualdad del trabajo, del cuidado, de la niñez, de los adultos mayores, de cómo se relaciona el trabajo con la familia es una agenda política que tiene que estar en debate.

Ahora tenemos una fuerza organizada que no teníamos en la época del kirchnerismo cuando se ampliaban derechos, se creaba trabajo formal, pero todavía no había esta masa crítica de mujeres planteando una agenda propia.

Estela, como muchas de las feministas peronistas (nac and pop en idioma 2.0), no concibe la igualdad de géneros sin justicia social: “Si entendemos al feminismo como un movimiento social por la emancipación de las mujeres, podemos afirmar que si Evita viviera sería feminista. Evita fue una feminista práctica, empírica, intuitiva. Con una potencia plebeya, revulsiva para sus contemporáneos, que signa su historia y la actualidad de su legado”, explica en su artículo ‘Si Evita viviera ¿Sería feminista?’ y continúa: “Fueron solamente siete años en la vida política y pasó a la inmortalidad. Hay un antes y un después para las mujeres a partir de la emergencia de Eva como líder popular.

Es una figura bisagra”.

Como militante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Estela formó parte del debate parlamentario de la ILE durante el año pasado. El 13 de abril estuvo en el Congreso Nacional, donde manifestó: “Así como discutimos que necesitamos un modelo de desarrollo inclusivo, humanizante, que construya justicia social e igualdad, esto supone, sin dudas, la igualdad plena de derechos para las mujeres, cuidar la salud y la vida de las mujeres trabajadoras de las Américas, legalizar y descriminalizar el aborto y así lo ha resuelto la Confederación, reconociendo la pluralidad y la diversidad pero construyendo este consenso”.

Elegida por Kicillof, la sindicalista deberá enfrentar el retroceso en materia de género que deja el gobierno cambiemita. En una coyuntura de cambio y redistribución no será nada fácil llevar los reclamos de las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries al Ejecutivo provincial. Sin embargo, Estela Díaz tiene cancha haciendo política sorora, enfrentando las adversidades y combatiendo el reflujo patriarcal, que se vuelve más fuerte cuando hay un avance. Una vez más queda en evidencia que -inevitablemente para muchosla política será feminista, aunque para lograrlo haya que hacerse espacio a los codazos.

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Elena Liberatori

“Lenguaje inclusivo en los fallos… ¿por qué no?”

Escribió un fallo en lenguaje inclusivo en el que obliga al Gobierno porteño a garantizar las vacantes, lo que le valió la denuncia de un abogado antiderechos. Liberatori denuncia un intento de disciplinarla, y reflexiona sobre la situación de la Justicia y la actualidad de los derechos sociales por los que vela a través de sus sentencias.

Texto: Matías Ferrari Foto: Nicolás Cardello

A

lcanzó con una sola línea dentro de una resolución de 57 páginas: “Se ordena al Gobierno de la Ciudad cumplir con su obligación constitucional de asegurar y financiar el acceso a la educación pública, laica y gratuita de niñes y adolescentes”, escribió la jueza Elena Liberatori en julio de este año en respuesta a un amparo colectivo presentado por familias sin vacantes en la escuela pública.

El uso de “niñes” –no la falta de vacantes– resultó demasiado insoportable para un grupo de “Abogados por la vida”, quienes la denunciaron ante el Comité de

Disciplina del Consejo de la Magistratura. Finalmente el Comité le dio la razón a la jueza, y hasta ordenó elaborar un “Manual para el uso de lenguaje no sexista” para su estudio en los tribunales porteños.

“Yo siempre digo que las personas trans y las diversidades siempre nos han escuchado, pero nosotros nunca le hablamos a elles. Si a través del lenguaje inclusivo sienten que sí les hablamos, ¿por qué no hacerlo?”, redobla la apuesta en diálogo con El Grito del Sur. Sentada en la mesa de trabajo de su amplio despacho en el microcentro porteño, Liberatori dice que, pese a haber ganado, el proceso le resultó un tanto desagradable porque sintió algo así como una “persecución”. Un sentimiento que no la embargaba desde hace más de una década, cuando el entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri la expusiera públicamente y la mandara a “callar” a través de su ex marido. “Una machiruleada propia de un clan misógino como son los Macri”, dispara al recordar aquel cruce.

-¿Cuál fue su primera reacción ante la denuncia?

-La primera sensación fue “qué pensamiento arcaico”, a pesar de la juventud del denunciante (Elias Natanael Badalassi), pero también me hizo ruido porque él es abogado del Estado porteño en muchas causas, además de que representaba a agrupaciones “Pro Vida”. Eso me hizo sentir un tanto perseguida: al juez laboral de La Matanza Alejandro Segura, que viene escribiendo en lenguaje inclusivo fallos hace mucho tiempo, no lo denunciaron. Lo atribuyo a mi condición de mujer y a un intento como los que viví en el pasado de intimidación y disciplinamiento.

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Hay algunos términos en la denuncia que Parece muy lejos de lo que fue su relación hacen pensar en una “persecución”, quizás con Macri, quien públicamente dijo: «Que el más general e ideológica, como “marxismo” marido de Liberatori de Aramburu se haga y “feminismo”, señalándolos como “ideolo- cargo de lo que hace su mujer». gías foráneas”.

-Me retrotrae a la época del macartismo, yo tenía diez años y he vivido épocas en que “comunista” era un término terrible en este país. Yo de lingüística no sé nada en comparación con otras personas que admiro como la jueza Leticia Lorenzo, que ella sí sabe; o Ana Casal, psicóloga del Consejo de la Magistratura, de quienes tuve el gusto de aprender a raíz de todo esto. Pero algunas cosas, por ejemplo una publicación de Badalassi utilizando un meme dirigido a mi persona con la leyenda “usted no aprende más” y lentes oscuros, porque a todo esto sigo utilizando la “E” en mis fallos, me parecieron un tanto al límite. Esos mismos lentes oscuros nos señalaban desde los balcones de Plaza de Mayo cuando marchábamos en el ´82 por el fin de la dictadura y la vuelta de la democracia. Igual tiene razón: “No aprendo más” (risas).

-¿Cree, como muches, que el uso del lenguaje inclusivo, más allá de lo simbólico, puede cambiar algo?

– Sí. Yo siempre digo que las personas trans y las diversidades siempre nos han escuchado, pero nosotros nunca le hablamos a elles. Si a través del lenguaje inclusive sienten que sí les hablamos, ¿por qué no hacerlo? A ver, el fallo estaba escrito en lenguaje “normal”, entre comillas “normal”, porque odio esa palabra.

Pero pasó que dos meses antes se aprobó en Salta el cambio de identidad de una niña de 10 años y me acordé de ella, y el fallo mío estaba dirigido a la comunidad educativa, entonces… “muches niñes”, “representades”. De todas formas, tengo la misma sensación que cuando debatimos el matrimonio igualitario: en poco tiempo esto de debatir la “E” va a quedar tan antiguo…

-Volviendo al fallo, usted ordena al Gobierno porteño solucionar un problema puntual, que se arrastra hace varios años. ¿Por qué siguen faltando las vacantes?

-En el fallo plasmamos la magnitud del problema, en el mapa que incluimos está muy claro. Estuvimos tres años para recabar la información, porque están claros los artilugios del gobierno para ocultarla. Pero creo que dejamos en claro que cuando el Ejecutivo dice “hay vacantes”, es una verdad a medias, que se cae cuando se la pone en contexto. Hay vacantes, es verdad, en Recoleta y Belgrano, en jornada simple turno tarde. Eso no le sirve prácticamente a nadie. La demanda fuerte es por jornada completa y en otras zonas de la Ciudad, muy lejos de esos barrios.

“Yo siempre digo que las personas trans y las diversidades siempre nos han escuchado, pero nosotros nunca le hablamos a elles.

Si a través del lenguaje inclusive sienten que sí les hablamos, ¿por qué no hacerlo?”

-Usted también le pide al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que, por ejemplo, realice el Censo de Personas en Situación de Calle de acuerdo a la ley, pero tampoco cumple el fallo, que ya tiene dos años. ¿Qué pasa con ese vacío institucional?

-Más allá de la opinión personal de cada juez o jueza, que no debe contaminar los fallos, ninguno de nosotres puede dirigir la voluntad política del Ejecutivo.

Eso lo hacen las urnas. Me debo al problema que la sociedad tiene con esto, ese es mi compromiso. Trabajamos sobre fotos de los problemas, como en el caso de las vacantes. La película la arma el Ejecutivo.

-También ordenó hace años la urbanización de la Rodrigo Bueno: ahora es una realidad. ¿Encuentra matices entre las gestiones de Macri y Rodríguez Larreta?

-Entiendo que sí. Yo puedo tener reparos muy fuertes por ejemplo con lo que sucede con la gentrificación como modelo de Ciudad, pero la urbanización de la Rodrigo Bueno es una realidad. Cuando salió mi sentencia, en 2011, Rodríguez Larreta, que era jefe de gabinete de Macri, dijo que era una “barbaridad”. No obstante el tiempo pasa y fuimos convocades para mediar en los realojos de lo que era el Elefante Blanco y fue un trabajo de índole colaborativo que hicimos para llevar adelante toda la urbanización de esa zona. Por primera vez fuimos convocades a participar, un reconocimiento a nuestro trabajo.

–Macri es el medioevo. Yo no lo conozco personalmente. Pero me consta por personas cercanas que me detesta. Tuvo un “mal Printing”, una mala primera impresión: su primer acto de Gobierno, que fue despedir trabajadores del Estado, quedó anulado. ¡Y quedó anulado! Me consta también que forma parte de un clan misógino: los Macri son un clan misógino.

“Macri es el medioevo. Me consta por personas cercanas que me detesta” -¿Le sorprende la denuncia de la CIDH que habla claramente de aprietes a jueces durante su mandato como presidente?

-Para nada. Yo estoy incluida en esas presiones. Soy parte de “los jueces que atormentan a Macri”, como dicen los medios. Lo que hicieron con el juez Luis Arias es vergonzoso. En democracia, tan sagrado como el derecho a la propiedad privada es que no se puede destituir a un juez por un fallo, y lo hicieron.

-Cuando fue el conflicto por la toma de escuelas, Feinmann la llamó “liberatutti”. ¿Le preocupa lo que se pueda construir mediáticamente de usted?

-Y yo le digo “Feoman”, hombre Feo. Hay un maridaje imposible entre medios y la Justicia. En su programa, cuando fue el conflicto, llegaron a decir que yo declaraba “constitucionales” a las tomas. ¡Ni siquiera habían leído el fallo! Pero el tema va por otro lado: cuando fueron las tomas, llegué a tener a la Policía en la puerta de mi juzgado pidiéndome que entregara la lista de los nombres de los chicos que participaban, que la guardé en la caja fuerte. Hay una ley específica de la Ciudad que dice, como bien señala Gustavo Moreno, que los problemas de la comunidad educativa deben ser abordados y solucionados de forma participativa. Ahora si la ministra dice que no habla con “tomadores de escuelas”, entonces la ministra es parte del problema.

“En democracia, tan sagrado como el derecho a la propiedad privada es que no se puede destituir a un juez por un fallo, y lo hicieron”.

-Por último, ¿cree que hay un “Lawfare” en la Argentina, como denunció CFK? –Basta con leer los autos de procesamiento del caso que lleva Alejo Ramos Padilla para entender lo que pasa. Es tan claro como una serie de Netflix. La ciudadanía debería leer esas 500 páginas para entender lo que pasa y estar alerta. No quiero pronunciar el nombre del procesado porque para mí D’Alessio es Andrés, uno de los jueces del Juicio a las Juntas y no el impresentable que está preso.

Hace falta un cambio profundo en la Justicia argentina, nadie duda de eso.

Feminismo / Violencia de género · 12

Cuando la derecha se viste de machismo

La ideología en Tomás Vidal Un pibe se recibe y para celebrar se disfraza de víctima de femicidio. Es la regla, y no la excepción. ¿Cómo contestamos e interactuamos con los Tomás Vidal de este mundo?

Texto: Lucía Cholakian Herrera

P

ara quienes pertenecemos y militamos en campos ideológicos asociados con los derechos, lo de Tomás Vidal es inentendible. Somos quienes recibimos las balas discursivas de ser llamadxs feminazis, putos, putas, maricas, negros de mierda, negros de alma, ñoquis, planeros, grasas, comefetos.

Creemos que nuestras convicciones se ubican del lado de la abundancia y, en consecuencia, las ajenas en el lado de la carencia. Que Tomás es estúpido, mediocre, vago. Creemos incluso que esas características lo llevan a desear el femicidio, las bolsas, las muertes por aborto clandestino.

No. La recibida de Tomás Vidal es una burla desmedida contra nuestra propia ideología, pero no despojada de una ideología propia: una mirada de derecha sobre el mundo, en el que la epítome de su gestión es justamente él. Un varón blanco, evidentemente

hetero, del palo del rugby, que eligió una universidad privada para estudiar comercio internacional. Él está acompañado por un contexto que le garantiza impunidad ante la burla. Impunidad que incluso trasciende el repudio en redes y medios durante esta semana.

En la misma operación en la que se burla de nosotras lo hace con nuestras propias consignas: una bolsa de basura para recordarnos que a las pibas las descuartizan y tiran en los tachos, el pañuelo del aborto para recordarnos que seguimos muriendo en abortos clandestinos, un cartel con una frase que se ríe de que nos violen, una soga como correa para que no nos olvidemos quien tiene el poder.

Como Rodrigo Eguillor (que ahora cumple una preventiva por abuso sexual, luego de haber intentado escaparse del país el día en el que se filtró un video de él), Tomás Vidal es -sobre todo- portador de un privilegio definido por su clase. Lo que define a la clase no es sólo la posesión del capital sino la actitud o el posicionamiento que eso

implica: el abuso de poder por parte de quienes más tienen no siempre es una cuestión de género, aunque en este caso se cifre en esa burla a las feministas (como, sin dudas, lo debe haber hecho en tantos otros ámbitos y contra otras causas antes de que todo esto se filtrara en Instagram).

Por eso Tomás no es un sujeto a reparar ideológicamente: no alcanza con explicarle en redes que lo que hizo está mal (tal vez hasta esto refuerza sus convicciones, ya que desde su óptica no somos sujetxs legítimos de explicarle nada a él); menos con quitarle el goce del título o hacerle cursar alguna materia de cartón. La humillación social, tal vez, pero intentemos deshacernos también de los mecanismos machistas para atacar a nuestrxs enemigxs. El mensaje contra Tomás es un mensaje de alerta: no vamos a tolerar esto pero tampoco vamos a tolerar las instituciones que lo avalen, los grupos de amigos que lo lleven a cabo, los modelos de familia que celebren así las victorias. No vamos a tolerar que se lo relativice, que se lo victimice, que se lo defienda. Tomás ya está, terminará como Rodrigo Eguillor bajo algún tipo de condena (en este caso, social), creyendo que el mundo se complotó contra él y es irrefrenable el avance de alguna especie de fascismo feminista o como sea que opera la organización anti-patriarcal.

La respuesta, tal vez, está en otro lado. Quizá en la búsqueda de narrativas colectivas que nos permitan desarmar la bomba antes de que estalle: en la discusión de mesa con padres, amigos y novios; en el parate bien puesto

antes de que digan alguna estupidez, en el ejercicio de empatía (la misma que ejercitamos entre nosotras para entender que no somos un todo homogéneo), en la formación política. La potencia de nuestra ideología puesta en práctica no puede estar sólo en marcar los ejes de carencia de las ideologías ajenas (esto nos demostraron cuatro exitosos años de macrismo), sino en reforzar las propias. Esto sucede en un marco de retracción de una ideología neoliberal en el poder (la que nos ordena a creer que todo es individual y por lo tanto, a contestar individualmente) y el regreso de un sentido colectivo: se desarma la idea de que una o uno porta una acción en soledad y se proyecta el construir entre más.

Esto es feminista, era feminista antes de que fuera enunciado por el nuevo gobierno, y fue el bastión de resistencia política para muchas y muchxs durante cuatro años de Tomáses Vidal en el poder. Está ahí, donde la interpelación ideológica nos convierte en sujetxs y nos atraviesa también afectivamente que reside el potencial de desarticular estas prácticas antes de que se concreten: es entender que él no es la excepción (tal vez sólo tuvo mala suerte de quedar tan expuesto) sino una regla generalizada, poderosa, impune. Insultarlo ayuda a descargar, pero hacer política para prevenir que se siga reproduciendo su poder puede ser más eficiente.