El Grito del Sur Nº 68 Junio 2020 - El día que el feminismo cambió todo

Comuna 1 /3 /4

Periódico barrial

Constitución, Monserrat, San Cristobal, San Telmo, Parque Patricios y Barracas

Distribución gratuita 3.000 ejemplares mensuales Junio 2020 ISSN 2451-7178

Año - 07

Número 68

Foto: Milo Díaz

El día que el feminismo empezó a cambiar todo Se cumplen cinco años del primer Ni Una Menos. En una charla con El Grito del Sur, tres organizadoras del 3J de 2015 -Soledad Vallejos, Marina Abiuso y Carolina Marcucci- revelan cómo se gestó dicha jornada y su impacto a posteriori en la ampliación de derechos. Pág 6.

Falleció un hombre en situación de calle después de haber sido desalojado

Pág 5.

560 millones en obras pero vecinos sin agua en la 31

Pág 10.

02 · Sumario / Editorial

Artesanos y manualistas, al filo del hambre: sin acceso a bolsones ni al IFE

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Falleció un hombre en situación de calle después de haber sido desalojado

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Pañuelos verdes para todas las generaciones

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La Boca: alarma por 136 casos de coronavirus en conventillos

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06 560 millones en obras pero vecinos sin agua en la 31 Ni Una Menos: a 5 años del grito que cambió el feminismo

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“La esclavitud nunca se terminó” ,

Editorial

Los números del horror E

n cinco años fueron 1450 las muertes que le arrancó el patriarcado a las mujeres argentinas, según el informe del Observatorio de Violencias de Género Ahora Que Si Nos Ven. A esto se suman los números publicados por el Registro de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, que contabilizó 252 femicidios directos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. Esta horrorosa cifra da como resultado una tasa de 1,1 femicidios directos cada 100.000 mujeres en nuestro país.

La situación en cuarentena no hizo

más que agregar leña al fuego. En nuestro país miles de mujeres, lesbianas, travestis, trans y niñes quedaron encerrades con sus agresores. Recientemente, el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” recabó datos de 57 muertes por femicidios directos entre el 20 de marzo y el 28 de mayo del 2020. A su vez, más de 2.500 personas fueron detenidas por violencia de género y violencia doméstica en la Ciudad de Buenos Aires desde que comenzó el aislamiento (tomando como fecha el 20 de marzo), según el Ministerio Público Fiscal.

La violencia machista es una problemática estructural e histórica de nuestra sociedad que no va a cambiar de un día para el otro. Ni Una Menos surgió en junio del 2015 y en diciembre de ese año asumió Mauricio Macri. Si bien en lo discursivo Macri siempre habló de erradicar la violencia de género, en las prácticas redujo las partidas de dinero asignadas para combatirlo e impuso un modelo neoliberal en lo económico que impacta más en las mujeres y disidencias. Por eso es importante el rol del Estado. La creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad

resulta un avance, pero que tiene que estar acompañado por una política pública eficaz.

Este esfuerzo debe redoblarse en tiempos en que el lugar peligroso para la mujer es su propia casa y con quien convive. El femicidio es la expresión más extrema de la violencia de género y el agresor es el producto más esperable de una sociedad que nos enseña que las relaciones son de dominación.

El Grito del Sur- Fundado el 23 de sepiembre de 2012 en el natalicio de Mariano Moreno - Registro ISSN 2451-7178 - Director Propietario: Yair Cybel - Tirada 3.000 ejemplares - Registro de la Propiedad Intelectual 5295866 - Junio 2020 - Número 68 - Domicilio legal: Camarones 1549 CABA - contacto: elgritodelsur@gmail.com Impreso en Editora del Plata S.R.L. - España 221, CP 2820 (Gualeguaychú, Entre Ríos) Registro de Medios Vecinales CABA - Se autoriza la reproducción del material publicado, citando la fuente.

Ciudad de la furia / Economía popular · 03

Sin ingresos desde hace casi tres meses

Artesanos y manualistas, al filo del hambre: sin acceso a bolsones ni al IFE Tras más de 70 días sin respuestas y un fallo a su favor recusado por el Gobierno de la Ciudad, artesanes y manualistas protagonizaron una jornada de protesta en San Telmo para hacer oír sus reclamos. El Ejecutivo porteño se comprometió a entregar alimentos, pero el sector aún espera soluciones concretas.

Texto: El Grito del Sur

L

es artesanes y manualistas de las ferias regularizadas de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran desde hace más de 70 días sin la posibilidad de trabajar. En la mayoría de los casos no pudieron acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ni al aporte único extraordinario que estableció el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA, tampoco a los bolsones alimentarios que entregan Nación y Ciudad. Hoy se encuentran en un «estado de emergencia económica y social» y, en ese marco, exigen al Gobierno porteño que garantice sus derechos a la vivienda, la salud y la alimentación.

Luego de haber enviado una serie de petitorios al Ejecutivo que comanda Horacio Rodríguez Larreta, siendo «nula o insuficiente» la respuesta obtenida, les artesanes, artistas y manualistas realizaron el pasado 5 de junio en el barrio de San Telmo una olla popular y muestra de arte callejero como forma

de protesta. Las principales demandas de este sector son: la apertura de una mesa de diálogo con el Gobierno porteño para obtener soluciones inmediatas; la entrega de bolsones de alimentos, verduras y productos de higiene; el acceso a subsidios y créditos blandos a tasa cero con tres años de gracia para la reapertura de la producción en sus talleres; la implementación de una plataforma propia del GCBA para la creación de una feria virtual que permita comercializar sus productos; y un subsidio habitacional para alquileres.

El titular del Juzgado Nº 2 en lo Contencioso Administrativo, Roberto Gallardo, dio lugar a la medida cautelar presentada por artesanes y manualistas que forman parte de la feria emplazada en la calle Perú -entre Rivadavia y Alsina- y ordenó al Gobierno de la Ciudad que, hasta tanto perduren las medidas de aislamiento social obligatorio, abone en forma mensual a los afectados y afectadas la suma de diez mil pesos mensuales. Sin embargo, la administración larretista recusó al juez Gallardo y ahora el pedido de amparo

se encuentra en manos de la jueza Romina Tesone.

La negativa del oficialismo porteño a colaborar con el colectivo de trabajadoras y trabajadores artesanos se extiende también a la Legislatura, donde la amplia mayoría del Pro y aliados se negó hasta el momento a discutir el proyecto de ley presentado en abril por la legisladora Lorena Pokoik (Frente de Todos) con el objetivo de brindar una ayuda económica no sólo a artesanes y manualistas, sino también a artistas callejeros e independientes, técnicos y libreros de las diferentes ferias de la

Ciudad.

La masiva protesta trajo sus primeros frutos: el GCBA se habría comprometido a hacer efectiva la entrega de alimentos para todos los artesanos y manualistas que hoy no pueden trabajar. También esperaban una reunión con el director general de Conservación del Paisaje Urbano, Miguel de Estrada, con el objetivo de empezar a abordar en conjunto cada uno de los puntos presentados en el último petitorio, que contó con la firma de más de 20 delegados y delegadas de distintas ferias porteñas.

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Ciudad de la furia / Situación de calle · 05

El frío del invierno y el frío del Gobierno

Falleció un hombre en situación de calle después de haber sido desalojado

A Leonardo Javier Macrino lo encontraron sin vida a pocos metros del hotel de donde lo habían desalojado por falta de pago 72 horas antes de morir, pese a que los desalojos están prohibidos. Tenía un retraso madurativo, lo que agrava la responsabilidad del Gobierno porteño. Al parecer, presentaba síntomas de COVID-19.

Texto: El Grito del Sur

L

as causales del fallecimiento no están claras: pudo ser el frío de junio o el coronavirus, pero si hay una enfermedad que mata a las personas en situación de calle desde hace años en el distrito más rico del país es el abandono del Estado. A Leonardo Javier Macrino lo encontraron sin vida durante la madrugada del domingo 7 de junio en su ranchada de la esquina de Saenz Peña y Chile, en pleno Montserrat, a pocos metros del hotel donde alquilaba y de donde lo habían desalojado por falta de pago 72 horas antes de morir.

Según contaron a El Grito del Sur los vecinos que lo asistieron hasta el último día con comida y abrigo, Leonardo «estaba enfermo, con síntomas compatibles a los del coronavirus», igual que su pareja, María Soledad, quien paraba con él y a quien se le hará el hisopado correspondiente en las próximas horas. Desde el primer momento que entraron en contacto con ambos, los vecinos de la zona llamaron al programa Buenos Aires Presente (BAP) del Gobierno porteño, pero jamás lograron

que los funcionarios lo derivaran a un hospital.

«Los vecinos realizaron reiterados llamados al 108 para que asistieran a esta pareja. Nos informaron que en el día de ayer concurrió el BAP, les dejó frazadas y les comunicó que por su estado de salud no podían ingresarlo a Paradores (donde ellos tampoco querían ingresar), pero no le ofrecieron realizarle un hisopado u otras alternativas», informó la ONG Amigos en el Camino a través de un comunicado.

«Estaba muy mal. Le temblaba todo el cuerpo, de frío. Tenía mucha fiebre y la garganta seca. Por eso la sospecha.

Varios vecinos le llevaban mantas y cosas calientes porque era evidente que tenía algo. Pero el BAP, cuando por fin llegó después de los llamados, no los levantó de la calle para llevarlos a otro lugar ni llamaron al SAME», relató una vecina que vive justo enfrente del hotel de donde desalojaron a Leonardo. La vecina alertó además que la pareja no fue la única familia desalojada durante los últimos días.

Leonardo y María Soledad habían sido desalojados del Hotel Florida, donde se hospedaban, al parecer por

falta de pago, pese a que los desalojos están suspendidos a nivel nacional durante la cuarentena. Este mismo medio publicó que la Justicia administrativa porteña ya le había advertido al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que conduce María Migliore, sobre la necesidad de realizar testeos en los hoteles familiares y de elaborar un protocolo sanitario similar al que se aplica para los barrios populares, dado que en ese tipo de alojamientos se reproducen las mismas condiciones de hacinamiento y precariedad que complican los cuidados preventivos básicos del virus.

Lo que agrava aún más la situación es que tanto Leonardo como María tenían ambos un retraso madurativo, y su certificado de discapacidad correspondiente, lo que no sólo acrecienta la responsabilidad de los administradores del hotel que los desalojó en plena cuarentena, sino también del propio Gobierno de la Ciudad.

«Nos da mucho dolor e impotencia.

Hay que investigar por qué este hotel sigue desalojando en plena cuarentena. Y debe hacerse un hisopado a todas las personas que viven allí, para evitar situaciones como éstas más adelante», contó a este medio Mónica, referente de Amigos en el Camino.

La muerte de Leonardo se produjo en plena vigencia del Operativo Frío, el programa que el Gobierno porteño muestra como su política más activa hacia la población sin techo, que -se-

gún el último censo popular- abarca a más de 7 mil personas. Y coincide con el aniversario de la muerte de Sergio Zacarías, quien falleció el año pasado de hipotermia. En total fueron al menos tres las personas en situación de calle que fallecieron el invierno pasado.

Las causales de la muerte están siendo investigadas. Por ahora tomó intervención la Comisaría 1B de la Policía de la Ciudad. El cuerpo de Leonardo se encuentra en la morgue del Ramos Mejía.

UN PIBE DE 16 AÑOS FUE ENCONTRADO MUERTO EN CALLE Agustín Lara, un pibe de 16 años en situación de calle, fue encontrado muerto el pasado 2 de junio mientras dormía en una ranchada del Microcentro porteño. De acuerdo a las fuentes consultadas por El Grito del Sur, Agustín había quedado en calle como consecuencia del acoso policial que sufría por parte de la Policía de la Comisaría Nro 48 de Villa Lugano, barrio del que tuvo que irse amenazado por «las bandas que siempre operan a la sombra de la policía», de acuerdo a un comunicado de la Gremial de Abogados, que había interpuesto un habeas corpus preventivo para resguardar al menor desde mediados de marzo.

06 · #NiUnaMenos / Feminismo

Tres organizadoras del primer 3J reviven esa jornada

Ni Una Menos: a 5 años del gri

Soledad Vallejos, Marina Abiuso y Carolina Marcucci, tres de las organizadoras de aquella histórica movilización, cuentan cómo vivieron esa jornada, cómo se organizó y el impacto a posteriori en los reclamos y la ampliación de los derechos de las mujeres en Argentina y el resto del mundo.

Texto: Ludmila Ferrer Foto: Cristina Sille

E

l miércoles 3 de junio de 2015 a las cinco de la tarde, la Plaza del Congreso y las calles a su alrededor se llenaron de mujeres. Había carteles con consignas en contra de la violencia de género, otros con los nombres y rostros de quienes habían sido víctimas de femicidios y una consigna clara: “Ni Una Menos”. Esa acción en contra

de los femicidios se replicó en el resto del país y el 3J pasó a ser fecha obligada de movilización y visibilización de los reclamos por los derechos de las mujeres.

“Había un montón de experiencias que las mujeres atravesábamos en silencio y en soledad y creo que (a partir de esa primera movilización) se rompió ese cerco”, dijo a El Grito del Sur la periodista de Todo Noticias Marina Abiuso, una de las organizadoras del primer Ni Una Menos. “Logramos

sacar el tema de las páginas marginales del final de (la sección de) Sociedad y se volvió un tema central -agregó-. Un montón de experiencias particulares se volvieron cosa pública y ahora sabemos que les pasa a otras, que no es tu culpa, que no tiene que ver con lo que llevabas puesto. A esto nos referimos cuando decimos que lo personal es político”.

«NOS ESTÁN MATANDO» Lola Chomnalez tenía 15 años y había sido asesinada ese verano, a fines de diciembre de 2014, en la playa de Valizas, Uruguay. En años anteriores, se había ampliado la cobertura mediática de otros femicidios como los de Wanda Taddei (2010), Candela Rodríguez (2011), Ángeles Rawson (2013) y Melina Romero (2014). “En 2015

veníamos de meses y de un verano con casos cargados de detalles morbosos.

También había un tema de clase, se sexualizaba a la piba si era pobre y como santa si era rica”, opinó Soledad Vallejos, periodista de Página|12 y una de las organizadoras de ese primer Ni Una Menos.

“En la seguidilla hubo algo que rebalsó el vaso. Excedía la cobertura de nota policial y se empezaron a ver similitudes que excedían el tema de las edades o la geografía”, agregó la periodista. En marzo de 2015, se hizo una maratón de lectura en el Museo del Libro y de la Lengua. “Fue una reacción a este tema de los femicidios y se convocó bajo la consigna ‘Ni Una Menos’. Estuvo la mamá de Lola (Chomnalez) y leyó parte del diario de ella”, contó Vallejos, quien estuvo involucrada en la realización del evento. “Hubo una cobertura mediática más grande que en la lectura

#NiUnaMenos / Feminismo · 07

rito que cambió el feminismo anterior (que fue a fines de 2014 y se vinculaba al proyecto de ley de legalización del aborto), pero no fue algo masivo”, describió.

El 10 de mayo de ese año se encontró en la localidad de Rufino el cuerpo de Chiara Páez, una adolescente de 14 años y embarazada de 3 meses, que había sido asesinada por su novio.

Luego de que se conociera el femicidio, la periodista Marcela Ojeda publicó un mensaje en su cuenta de Twitter denunciando que “nos están matando, ¿no vamos a hacer nada?”. “Varias personas empezaron a contestar ese mensajito y eso se transformó rápidamente en un chat”, recordó Abiuso.

NI UNA MENOS: DETRÁS DE ESCENA Ese chat se convirtió en una reunión en la Casa del Encuentro, donde se decidió hacer un acto. “Lo imaginábamos como algo público, pero no masivo. Y decidimos que fuera en el Congreso pensando en ocupar la vereda”, contó Vallejos. Se eligió como fecha el 3 de junio porque “no podía ser muy inmediato ni en un mes” y porque era el día que todas las organizadoras podían.

“Convocamos a las 17 porque en invierno hace frío y oscurece temprano.

Y queríamos enganchar a gente que pasaba al salir del laburo”, explicó la periodista de Página|12.

“Todo surgió de forma muy espontánea una noche que Cabezón Cámara pedía a diseñadores hacer un flyer para la convocatoria”, recordó Carolina Marcucci, quien diseñó el flyer rosa con “Ni Una Menos” en letras blancas y el dibujo de una niña. “Hice ese flyer en varios colores, con todos los de la bandera LGBTTI, pero se viralizó el magenta. En muy poquito tiempo lo habían compartido mil personas en Facebook”, contó la diseñadora que había participado como oyente en el acto de la Biblioteca Nacional en marzo.

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“Convocamos a las 17 porque en invierno hace frío y oscurece temprano. Y queríamos enganchar a gente que pasaba al salir del laburo”

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Aunque la elección del magenta fue muy criticada, Marcucci explicó que desde el diseño se trabaja a partir de los estereotipos para poder comunicar un mensaje y que, para convocar a la movilización, era necesario que tanto una adolescente como una adulta mayor se sintieran interpeladas. “Circularon los flyers con otros colores, sobre todo el violeta, que es el color del feminismo, pero que por la percepción

visual no tiene el impacto que tiene el magenta – sostuvo-. Fue fabuloso poder reposicionar un color. Que el magenta dejara de ser algo propio de las princesas de Disney y pasara a significar lucha”.

Abiuso fue una de las que se ocupó de la difusión del acto y de pedirle a personas conocidas que se sacaran una foto con el cartel de la convocatoria. “Le escribimos a todo el mundo, fuimos por todo”, afirmó. Incluso en Bailando por un Sueño, Florencia de la V mostró el cartel junto a Marcelo Tinelli. “Lo iba a hacer Tinelli, pero Florencia lo hizo antes. A muchas compañeras les resultó chocante y entiendo la incomodidad, pero necesitábamos llegar a un público que no estaba sensibilizado con el tema y ese público no nos estaba yendo a leer ni a escuchar donde ya circulábamos”, señaló Abiuso.

3J DE 2015 Para el día del acto, funcionarios públicos habían garantizado el escenario y el sonido, que alcanzaba para 50 mil personas. Los carteles, las credenciales y las pulseras fueron donadas, y las organizadoras consiguieron que se pusiera la frase “Ni Una Menos” en los carteles del subte y que algunos edificios públicos estuvieran iluminados de violeta. “Hubo una producción que tenía que ver con nuestros contactos y experiencia profesional -afirmó Vallejos-. Pedimos dibujos a dibujantes (que el 4 de junio salieron en la contratapa de Clarín y La Nación). Florencia Etcheves puso a disposición su red de contactos y fue la que le pidió el dibujo a Liniers”.

Para ese entonces, sostuvo Vallejos, ya sabían que la convocatoria iba a ocupar más que la vereda de la plaza, pero no se imaginaban cuánto. “Hubo un efecto contagio, nadie se lo quería perder. Escuchaba gente que hablaba de eso en el transporte público y no lo podía creer -dijo a este medio-. La madrugada del 2 y el 3 no durmió nadie. Nos dimos cuenta de que iba a ser algo fuerte, la ansiedad no nos dejaba dormir”.

El 3 al mediodía, Marcucci fue a montar el escenario acompañada de su hijo, que en ese entonces tenía 7 años.

“Calculé que íbamos, ayudábamos a montar los banners y listo. Pero no podíamos salir de ahí de la cantidad de gente que había y no tenía ni un pancho para darle a mi hijo, que se la re bancó”, recordó la diseñadora entre risas.

Abiuso detalló que hicieron un “corralito” para familiares de víctimas de femicidios con el objetivo de que se sintieran cuidados. La periodista de TN coordinó lo que sucedía arriba del

escenario. “En ese momento, no tomé dimensión de la cantidad de gente que había -contó-. En un momento, Jorge Taddei me pide subir al escenario porque quería ver. Se sube y se pone a llorar. Me hace mirar para atrás y recién ahí veo la masa de gente que estaba del otro lado”. El acto, agregó, tuvo que terminar antes porque la cantidad de gente había desbordado todas las previsiones.

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“Hubo un efecto contagio, nadie se lo quería perder. Escuchaba gente que hablaba de eso en el transporte público y no lo podía creer”. Soledad Vallejos

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El documento que se elaboró para ese día fue leído por Erica Rivas, Maitena y Juan Minujín. Entre los reclamos, se le exigía al Estado la implementación de la ley de Protección Integral de las Mujeres; la realización y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres y los índices de femicidios; apertura y funcionamiento pleno de Oficinas de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias y federalización de la línea 137 (de atención a víctimas de violencia familiar); garantías para la protección y el acceso a la justicia de las víctimas de violencia; el cumplimiento de la ley de Educación Sexual Integral con perspectiva de género y capacitaciones obligatorias al personal estatal sobre violencia machista (que se convirtió en ley en 2018 con la sanción de la Ley Micaela). “El discurso se pasó completo al aire y todo se hizo para que ocurriera de esa manera. Fue clave la diversidad del grupo y el laburo de Flor Etcheves estuvo en la puesta, en cómo hacerlo atractivo, porque sabemos que en la televisión no te pasan las lecturas de los documentos en el noticiero”, detalló Abiuso.

CINCO AÑOS DESPUÉS La comisión organizadora de Ni Una Menos cambió, pero Abiuso, Vallejos y Marcucci no han dejado de ir a las marchas. “Nunca dejé de ir -dijo la diseñadora gráfica-. Creo que va a ser muy fuerte este 3 de junio no ir a la calle porque lo que se instaló a partir de 2015 es que las mujeres tomando la calle tenemos una potencia enorme”.

Para Abiuso es importante pensar en la cantidad de personas que están pasando la cuarentena en situaciones de violencia. “Hubo 55 femicidios en lo que va de la cuarentena. Hubiera deseado una campaña más agresiva desde el Estado”, lamentó. Asimismo,

opinó que el aislamiento “puso de manifiesto la diferencia estructural que existe en las tareas de cuidado”.

“Me parece muy interesante lo que pasó en el resto de la región. Se tomó como referencia a la Argentina, que ya había sido pionera con la ley de Matrimonio Igualitario. Se tomaron las fechas, lo que decimos y hasta los colores”, afirmó Abiuso. Antes de la pandemia, en una librería de Madrid, una feminista peruana se acercó a la periodista al reconocer el pañuelo verde por el aborto legal, seguro y gratuito, y se sacaron una foto juntas.

Vallejos destacó que la movilización de 2015 permitió que se ampliara la agenda de los derechos de las mujeres en la opinión pública. “En el camino se sumaron las chicas jóvenes, que muchas de ellas salieron a la calle por primera vez en ese Ni Una Menos. Eso garantiza que va a seguir creciendo (la lucha por los derechos de las mujeres) y eso se vio con aborto -señaló la periodista-. Hoy los actos de la Campaña (por el Derecho al Aborto) están llenos de gente, las pibas reconocen a Nelly Minyersky en la calle o le cantan a Nina Brugo cuando hace años eran de nicho y las conocíamos pocas”.

Vallejos espera que, en un futuro, deje de ser necesario marchar por los derechos de las mujeres. “Que en 10, 20, 30 años alguien lea el petitorio y que no puedan creer que pedíamos esto. Eso sería lo ideal, aunque sé que es pedir demasiado”, afirmó. Hoy existen colectivas en todo el país que llevan el nombre “Ni Una Menos”. “Me gusta ver que está en manos de un montón de gente, que es algo vivo y que ya no depende de nosotras -opinó-. Hicimos algo groso, que estuvo buenísimo, pero ya no es nuestro, es de todas. Ahora, sigan”.

08 · Feminismo / #AbortoLegalYa

Tres generaciones de la Campaña

Pañuelos verdes para todas las generaciones A 15 años del nacimiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, El Grito del Sur habló con representantes de tres generaciones de esta organización interpartidaria, intergeneracional y federal.

Texto: El Grito del Sur Foto: Catalina Distefano

L

a Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito es un hecho inédito en el mundo y un faro para el movimiento feminista. Los avances de la lucha por el aborto en Argentina tuvieron eco en toda Latinoamérica, donde impulsaron diferentes colectivas que luchan por conseguir este derecho. La Campaña tiene sus cimientos en el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Rosario en 2003 y el del año siguiente desarrollado en Mendoza. Sin embargo, su lanzamiento formal fue el 28 de mayo de 2005, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. El proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue presentado por primera vez en el 2007 y a partir de allí se ha presentado 8 veces, la última en el 2019, donde incluyó las modificaciones surgidas del debate parlamentario.

Tras el momento histórico que representó el año 2018, quedó en claro que uno de los puntos fundamentales de la potencia de esta organización es ser intergeneracional, interpartidaria y federal, llegando a nuclear 700 organizaciones a lo largo y ancho del país.

El Grito del Sur juntó -a la distanciaa representantes de tres generaciones de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito para escuchar y entretejer sus recorridos.

TERCERA GENERACIÓN Ximena Gentili tiene 21 años, pero conoce a la Campaña desde chiquita.

Su bisabuela es Dora Coledesky, una precursora del movimiento por el derecho al aborto legal en Argentina y una de las fundadoras de la Campaña.

Si bien Ximena sabía que no era algo usual en las casas de otras chicas de su edad, en la suya desfilaban los pañuelos verdes y la discusión sobre la autonomía de los cuerpos estaba saldada.

“Yo veía que mi abuela iba a reuniones pero no entendía muy bien por qué, sabía que para ser una abuela no era muy normal pero para mi no era raro”, dice.

Sin embargo, su primer acercamiento personal al feminismo fue a los 15 años a partir del primer Ni Una Menos.

“Cuando fue el primer Ni Una Menos yo estaba en la secundaria y ni bien se empezó a difundir la marcha mi mamá me dijo: «Tenés que ir con La Campaña». Para Ximena esa sería la primera -pero no la última- marcha con quienes después serían sus compañeras.

La ola verde trajo consigo un derrame de pibas y pibis con la necesidad de activar que empaparon -y se empaparon- las calles en las vigilias heladas fuera del Congreso. “En la secundaria era la única que tenía un pañuelo verde en la mochila, iba a un colegio católico

y cada vez que hablaba de aborto todos decían que era una peleadora. Cuando fue el debate por el aborto, la hermana del que entonces era mi novio tenía 11 años y me hacía preguntas sobre feminismo. Si yo hubiera sabido sobre feminismo a los 11 años, todo hubiera sido distinto”.

Sobre la importancia de que la Campaña sea intergeneracional, aporta: “Me parece super enriquecedor porque obviamente las históricas tienen su trayectoria y conocen mucho más que nosotras. Ellas saben cómo organizarse, qué hacer, porque siempre estuvieron en la Campaña. Tienen un montón de historias para contar que aportan no sólo a mi generación, sino a cualquiera”.

SEGUNDA GENERACIÓN Patricia Bustamante Quinteros es chilena, pero vive en Argentina. Recibida de abogada, comenzó a introducirse en el tema del derecho al aborto en el año 2014 haciendo cursos para graduados y graduadas de la Facultad.

“Entrar a la Campaña para mi fue un salto cualitativo en mi militancia. Ahí conocí a muchísimas compañeras de diferentes lugares – académicas, profesionales de la salud, docentes, psicólogas, militantes de barrio – que traen todo tipo de aportes de diferentes lugares y de todas las perspectivas que hacen al derecho. Además crecí mucho porque hay una relación humana que

es muy fuerte, cada vez que una quiere aportar algo nos consultamos, nos retrucamos y en ese ida y vuelta se aprende un montón. Es el equivalente a lo que pasó en el 2018 que toda la sociedad aprendió”, explica.

Finalmente, sobre qué significa para ella que salga la ley, agrega: “Es darles seguridad jurídica a las personas que vienen garantizando el derecho al aborto. El derecho al aborto es un derecho que ya tenemos, pero necesitamos que el Estado lo reconozca. Que hoy una persona pueda llegar a estar presa por abortar es una locura. La despenalización debe ser inmediata, pero la legalización es necesaria porque sino las compañeras siguen dependiendo para acceder a un derecho de los recursos económicos o simbólicos que tengan”.

PRIMERA GENERACIÓN Nelly Minyersky es abogada desde el año 1961, cuando se recibió en la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en Derecho de Familia y siempre estuvo cerca de las causas de Derechos Humanos, lo que rápidamente la llevó a entender que los estereotipos de género están incrustados en nuestro cuerpo. También fue la primera mujer presidenta de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y, aunque no estuvo en La Campaña desde el inicio, ni bien se integró empezó a participar de la redacción del segundo proyecto

de ley. “Yo participé directa o indirectamente de todos los proyectos de ley y vi cómo se iban ampliando los derechos de las mujeres y las distintas identidades. La ley es uno más de todos los elementos que tenemos para ampliar los derechos, pero sin la ley la lucha es mucho más difícil”, dice.

Sobre el trabajo que hizo la Campaña en este recorrido histórico y cómo cambió, Minyersky cuenta: “Es un trabajo que yo admiro muchísimo. La Campaña es un fenómeno único que fue permeando la sociedad; por eso cuando lloramos porque el Senado no aprobó la ley, yo tuve la convicción de que igual habíamos triunfado. Hubo una serie de factores -el 2015 con el primer Ni Una Menos fue un gran impulso- por los cuales pasamos de haber sido unas pocas peleando un lugar en las marchas a juntar un millón y medio de personas sin sponsor y sin apoyo estatal, porque Macri solamente abrió el debate pero no dio respaldo. Sin embargo, La Campaña, que en su mayoría no compartía las políticas de Cambiemos, aprovechó la oportunidad porque sabíamos que estamos hablando de salvar vidas. Ni siquiera soñamos que podía ser tan impactante e igualmente este sueño se volvió realidad”.

Ciudad de la furia / Coronavirus · 09

Reclaman un protocolo específico

La Boca: alarma por 136 casos de coronavirus en conventillos La cantidad de positivos de COVID-19 en los conventillos de La Boca creció exponencialmente durante los últimos 15 días. Las organizaciones sociales reclaman que se los incluya dentro del protocolo para los barrios populares o se elabore uno específico teniendo en cuenta las características de esta área.

Foto: Deborah Valado / ANCCOM 66 casos en una semana. Ese fue el crecimiento, exponencial, de positivos de COVID-19 en los conventillos del barrio porteño de La Boca. El último dato del informe epidemiológico que difunde a diario el Gobierno de la Ciudad encendió las alarmas entre vecinos y organizaciones sociales del barrio: el sábado 6 de junio se contaban 136 casos en total en las viviendas precarias de la zona, esas que disfrutan los turistas por lo pintorescas, pero que padecen sus habitantes por la precariedad y el riesgo permanente de incendios y desalojos.

En ese marco, a medida que los contagios crecían, las organizaciones que conforman el espacio La Boca Resiste y Propone (LBRP) se sumaron a la querella colectiva contra la administración de Horacio Rodríguez Larreta que cursa en el despacho del juez en lo con-

tencioso administrativo Darío Reynoso, quien ordenó hace 15 días al Ejecutivo elaborar un protocolo para barrios populares. Los conventillos de La Boca, por ahora, no son considerados como tales por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat que conduce María Migliore, dado que no forman parte del Renabap, el relevamiento de villas que se hizo en 2016 a nivel nacional.

«Eso nos deja afuera tanto del Detectar como de otros programas como el Prevenir. También de la asistencia urgente de alimentos, del suministro de agua y de elementos de limpieza, que en el resto de los barrios populares lo hacen mal y tarde, como sabemos, pero a La Boca ni siquiera se la contempla», contó a El Grito del Sur Natalia Quinto, referente de LBRP. Dadas las circunstancias, La Boca tiene -algo insólito- el mismo protocolo de acción ante casos de COVID que barrios como Recoleta o Belgrano.

«Por eso hay que elaborar un protocolo

específico para conventillos, viviendas multifamiliares con hacinamiento y hoteles-pensión con habitaciones y baños compartidos, donde el contagio es más fuerte», precisó la referente.

«Las organizaciones creemos que podemos hacer un aporte específico», agregó y aseguró que el ministerio de Migliore por ahora les da la espalda, pese a los pedidos formales de inclusión, por ejemplo, de más de 300 familias que padecen una situación

de emergencia en los programas de alimentos.

Mientras tanto, el barrio sigue organizándose a través de la «Red de cooperación», una suerte de comité de emergencia como los que se formaron en varios barrios de la Ciudad y el conurbano desde el primer día de cuarentena para reforzar las redes de solidaridad. «Se nos hace muy difícil trabajar en estas condiciones, sin la ayuda del Estado», afirmó Quinto.

10 · Coronavirus / Villa 31

Crónica de un saqueo

560 millones en obras pero vecinos sin agua en la 31

La Ciudad gastó 560 millones de pesos, prestados por el BID y el Banco Mundial, en las fallidas obras de infraestructura para dotar de agua potable a la Villa 31.

La plata se la llevaron un puñado de empresas, muchas de las cuales tienen vínculos políticos con el Pro, y los vecinos no tuvieron condiciones de higiene mínimas para prevenir el contagio del coronavirus.

Texto: Matías Ferrari

L

os resultados no estuvieron a la altura de la inversión: el Gobierno de la Ciudad gastó más de 560 millones de

pesos, durante los últimos tres años, en obras de infraestructura destinadas a mejorar el servicio de agua en la Villa 31. La falla en el suministro del servicio durante doce días, entre el 25 de abril y el 7 de mayo, en plena emergencia sanitaria, dejaron mucho más

expuestos al contagio del coronavirus a los vecinos y las vecinas del barrio, cuya enorme mayoría vive hacinada.

Las consecuencias están claras: 1388 casos confirmados y cuatro muertes al 23 de mayo, entre ellas la de Ramona Medina, militante de La Poderosa, quien fue además una de las portavoces del reclamo colectivo ante el abandono del Estado.

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Los 560 millones provinieron de préstamos del Banco Mundial y el BID, que forman parte de la abultada deuda externa de la Ciudad de Buenos Aires.

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Y se repartieron entre un puñado de empresas constructoras y consultoras privadas, todas ellas beneficiadas con más de un contrato con el Ejecutivo porteño, para obras y servicios tanto dentro como por fuera del proceso de urbanización del barrio, muchos de los cuales datan desde la gestión de Mauricio Macri y atraviesan a las de su sucesor, Horacio Rodríguez Larreta.

Las principales son C&E Construcciones, Pose S.A., CIS (Construcciones, Infraestructura y Servicios) S.A., Tecma S.A. e HYTSA S.A. Esta última estuvo implicada en un escándalo reciente: se llevó más de 2 millones de dólares en «consultoría para la contratación

Coronavirus / Villa 31 · 11

de recursos humanos» para la relocalización de las familias que viven bajo la autopista –entre las que se encontraba la de Ramona– hacia el complejo de viviendas de YPF, un proceso que arrastra al menos un año de retraso. El contrato es de 2018 y fue renovado este año por otros 850 mil dólares.

Antes de la polémica consultoría en recursos humanos, HYTSA estuvo a cargo del “servicio profesional de supervisión integral de obras de infraestructura troncal para la provisión de servicio de agua potable” en la 31. Es decir, debía “supervisar” el avance de las obras que -según admitió el propio Secretario de Integración Social y Urbana, Diego Fernández- quedaron truncas por la cuarentena y no estaban listas al momento de declararse la emergencia sanitaria, cuando más se necesitaban.

Los 560 millones provinieron de préstamos del Banco Mundial y el BID, que forman parte de la abultada deuda externa de la Ciudad de Buenos Aires.

HYTSA ya tenía una trayectoria multifunción en el Gobierno porteño: firmó contratos para el “control integral del servicio de higiene urbana» y hasta se encargó del control “de obras en vías peatonales». Para algunas empresas, se ve, los jugosos contratos con el Estado representan una oportunidad de reconversiones infinitas. El problema radica en que los vecinos no reciben los supuestos beneficios de semejante erogación de dinero.

Otra empresa que junto a HYTSA se encarga del monitoreo del servicio de agua es CIS (Construcciones, Infraestructura y Servicios) S.A. En septiembre de 2019, firmó un contrato para el “mantenimiento de la red de agua potable en el Barrio 31”, también por 13 millones, en lo que parece un contrato espejo del que tuvo HYTSA. Entre los servicios que debía prestar CIS figuran “verificar pérdidas en la red”, la “reparación o reemplazo

y cañerías” y “atender las tareas de emergencia que surgieran en cualquier sector del Barrio”. Es curioso que Fernández, cuando compareció vía Zoom frente a la comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, haya reconocido que parte de los fallos al momento de dar agua estuvieron en el “clorado y lavado” de algunos caños, donde se habían acumulado escombros que obstruían su correcta circulación. ¿Habrá multas para CIS e HYTSA? La respuesta estuvo dando vueltas por los corrillos de la Legislatura y, según pudo saber El Grito del Sur, se especulaba con algún tipo de sanción no sólo para la empresa, sino para el empresario que se señala como responsable, quizás como fusible del conflicto: Pablo Gustavo Aparo.

Aparo es, en los papeles, el titular de Kopar S.A. y de una constructora que inscribió en AFIP con su propio apellido. El vínculo entre Kopar y CIS es a través de un CEO que pasó por ambas empresas: Fernando Pernet.

Hasta 2011, Pernet dirigió Kopar, y pasó desde entonces a dirigir CIS. En el mundo de las constructoras nadie duda en afirmar que Aparo es el dueño de las dos, y de muchas otras. “Se llevó mucha plata, ahora quieren cortarle el chorro”, le confió a este medio un dirigente oficialista atento a la crisis que afronta el larretismo por la implosión del coronavirus en los barrios populares.

Solo a través de Kopar, Aparo se encarga desde 2016 del mantenimiento eléctrico dentro de la Villa 31. Pero no es en el único barrio popular que intervino: también lo hizo en la Villa 1-1114, la 21-24, en Calaza y en la Villa 15 de Lugano, barrio donde están más al descubierto sus vínculos políticos con el Pro. Una de las directoras de Kopar, Alejandra Edith Páez, es la titular de “Raíces”, la ONG militante del oficialismo en el barrio, ligada a Maximiliano Sahonero, legislador porteño de Vamos

Juntos.

Los vínculos de Aparo con el macrismo no terminan ahí. Octavio Calderón, ex legislador del Pro y actual CEO de la Corporación Puerto Madero, le confesó en 2009 al periodista Werner Pertot de Página/12 que fue abogado de Aparo.

En esa época, Calderón era asesor de Fernando de Andreis, quien ocupaba una banca en la Legislatura porteña.

LOS CONTRATOS MÁS JUGOSOS El gasto más importante del Ejecutivo porteño en la estructura de agua en la 31 data de 2017. El monto fue de 401 millones de pesos, que al momento de la licitación pública equivalían a 22 millones de dólares. Se la llevó una Unión Transitoria de Empresas conformada por C&E Construcciones, Pose SA y CIS, la empresa ligada a Aparo. El contrato fue para el «Completamiento de la Red de Agua Potable y de Recolección de Desagües Cloacales y Pluviales en el marco de la Integración Social y Urbana de la Villa 31». Es decir, la construcción de los caños internos, que toman el agua del caño madre de Aysa, que llega hasta la entrada del barrio.

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Una de las directoras de Kopar, Alejandra Edith Páez, es la titular de “Raíces”, la ONG militante del oficialismo en el barrio, ligada a Maximiliano Sahonero, legislador porteño de Vamos Juntos.

pendientes entre los caños troncales de la red de agua y los caños internos de la red de distribución del barrio”, dijo Fernández ese día.

El titular de C&E es Gustavo Castillo, quien está procesado desde 2018 junto al intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, por el supuesto desvío de fondos en una obra de energía eléctrica en ese municipio. La obra nunca se terminó.

Pese a todo, C&E formó parte de varias UTE que hicieron distintas obras en la 31, además de los caños de agua.

El último de los contratos se lo llevó, en 2018, la firma TECMA S.A. para la “construcción e Instalación de Acueducto para Alimentación del Barrio 31”, por 118,5 millones. De esa obra se agarra Fernández para decir que la 31 tiene “el mejor sistema de agua potable de los barrios populares de la Argentina”. El acueducto en cuestión atraviesa la Avenida Figueroa Alcorta e ingresa al barrio por el sector YPF, donde está el nuevo complejo de viviendas y el flamante Ministerio de Educación, al que nunca le faltó el agua, pero se encuentra cerrado desde que empezó la cuarentena el pasado 20 de marzo.

TECMA se asoció a Kopar, el año pasado, para realizar un nuevo acueducto en la villa Itatí, de Quilmes. El contrato lo firmó el ex intendente de Cambiemos, Martiniano Molina.

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De acuerdo al comunicado conjunto entre Aysa y la Secretaría de Fernández firmado el 6 de mayo, día en que recomenzaron las obras para devolverle el agua a la 31, en esa obra estaba otro de los problemas que derivaron en la falla del servicio. “Mañana mismo, desde el Gobierno de la Ciudad comenzamos a hacer las conexiones que quedaban

LA LUCHA DE RAMONA POR VIVIENDA DIGNA “Seis meses más”. Los funcionarios del Gobierno porteño le dijeron por teléfono, la última semana de abril, que ése era el tiempo probable de espera. Ramona Medina no estaba conforme con la última oferta que le habían hecho, y seguía exigiendo que la vivienda que le fuera asignada tuviera el espacio suficiente y una adaptación de los ambientes acorde a las necesidades de una de sus hijas, Guadalupe, con más de una discapacidad severa. Ya no podía seguir esperando: llevaba dos años insistiendo en el mismo reclamo, no tenía agua en su casa

y ya se habían confirmado los primeros casos de coronavirus en la Villa 31.

La militante y comunicadora de La Poderosa, por esos días, se había convertido en la portavoz del reclamo colectivo del barrio por mejores condiciones para cuidarse de la pandemia. El problema no sólo era la poca o nula presión de agua en las canillas, sino tener un lugar donde hacer la cuarentena que no fuera una habitación de 26 metros cuadrados con baño compartido para varios grupos familiares, como era su caso y sigue siendo el de muchos otros.

Recién cuando la voz de Ramona se viralizó y la crisis sanitaria en la 31 tomó estado público, esos seis meses se redujeron, por arte de magia, a una semana. Los mismos funcionarios que pateaban el problema hacia adelante aparecieron con la oferta de la vivienda que ella y su familia necesitaban después de verla y oírla en la televisión.

Luego que mediara, además, un oficio del Ministerio Público de la Defensa, agilizaron los trámites y cerraron un acuerdo el 6 de mayo.

Pero ya era tarde: la última reunión entre la familia y la

Secretaría de Integración Social y urbana, en la que se ultimaron los detalles del plano del baño, que debía ser reacondicionado para Guadalupe, fue el 11 de mayo. Esa misma noche Ramona fue internada con problemas respiratorios en el Muñiz, donde falleció una semana después.

Los títulos de propiedad todavía están sin firmar, porque el resto de los adultos de la familia siguen hospitalizados con coronavirus.

12 · Migrantes / Racismo

El racismo en Argentina

“La esclavitud nunca se terminó”

Alí Delgado, afroargentino y militante de la agrupación Xangó, habla del racismo en la sociedad argentina, denuncia la falta de datos sobre la población afro y propone la creación de un Instituto Nacional de Afrodescendientes. “Tiene que haber una modificación de las estructuras racistas”, sentencia.

Texto: El Grito del Sur

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stados Unidos se levanta en una nueva lucha contra el racismo y desde Argentina, la otra punta del continente, muchas personas se solidarizan con esta lucha. Pero, ¿qué sucede realmente con el racismo en Argentina?

El Grito del Sur se comunicó con Alí Delgado, afroargentino y militante de la agrupación Xangó, quien es una de las voces autorizadas para hablar sobre la comunidad afro en nuestro país, su historia, sus problemas y su presente. ¿Qué sucedió en Estados Unidos para que se diera este estallido que vemos hoy?

Lo que sucede hoy es una muestra más del racismo estructural que existe en Estados Unidos desde que fue colonizado por los ingleses. Sucede que, además, ahora se creó un escenario medio apocalíptico: al racismo se le suma la aparición de la pandemia, que hace que se exacerben las desigualdades y muestra cómo las personas más vulnerables son los afroamericanos, que son los que están muriendo más.

Esto pasa porque los afroamericanos tienen menos acceso a los derechos básicos, entre ellos la salud: en Estados Unidos el sistema es privado, existe un Plan Médico Obligatorio pero es muy pequeño y tenés que ser homeless para acceder y, al mismo tiempo, muchas de estas personas no tienen acceso a la salud privada, porque tienen laburos de mierda. Las personas negras ganan

10 veces menos, en promedio, que las personas blancas. Es un problema histórico: una vez que se abolió la esclavitud en Estados Unidos, después de la guerra de Secesión, el presidente era Abraham Lincoln y el líder de la población afro le expresó que necesitaban tierra. Entonces se les dio una parte importante de tierra para laburar, porque venían de la nada, pero al poco tiempo lo mataron a Lincoln y todo lo que les habían garantizado a los afro se fue para atrás e hizo que se profundizase la desigualdad. Algo que se arrastra hasta hoy: es muy difícil acceder a una casa o a un crédito siendo afro y son cosas que desigualan constantemente.

A su vez, hubo un presidente negro que no modificó las estructuras y hoy tenes a un presidente racista y supremacista. ¿Qué sucede con el racismo en Argentina?

Acá lo que pasa es que no tenemos datos de cuántas personas son afro. En nuestro país se omite la parte étnica: por ejemplo, todas las personas que yo recuerdo que han muerto en manos de la violencia del Estado son personas con la piel oscura. El único caso que no fue así es el de Santiago Maldonado, al que mató la Gendarmería en una situación injusta, pero que tuvo muchísima más difusión que el caso de Rafael Nahuel, del que se habló muy poco en comparación. Esto tiene que ver con la valoración que hace la sociedad de las personas por su color de piel o por su fenotipicidad. No

tenemos estadísticas en Argentina y por eso no sabemos lo que sucede de verdad. Sabemos de muy pocas personas afros que murieron víctimas de la violencia institucional y no es porque no haya casos, sino porque no hay datos de la población afro. José Delfín Acosta era un cantautor uruguayo de 32 años al que mataron afuera del boliche Maluco Beleza. En 1996, vio que había una razzia policial reprimiendo a dos afrodescendientes brasileros y se metió a denunciar que la situación era arbitraria, se lo llevaron, lo cagaron a palos en la Comisaría 5ª y murió en la ambulancia yendo al hospital Ramos Mejía. Ahora, más de 20 años después, el Estado argentino reconoce que violó los derechos humanos en su caso.

También está el caso de Massar Ba, que murió en circunstancias muy extrañas luego de denunciar violaciones a los derechos humanos en la comunidad senegalesa. ¿Qué políticas públicas se pueden tomar desde el Estado para revertir o visibilizar esta situación?

El Estado tiene que convocar a las organizaciones afrodescendientes y apoyar los proyectos que ya existen: por ejemplo, la propuesta de creación de un Instituto Nacional de Afrodescendientes. También tiene que poner personas afro en lugares de gestión y tiene que haber cupo para personas afro. Necesitamos tener políticas focalizadas para que las personas afrodescendientes puedan acceder a la educación, a la salud, para saber cuántas personas somos. Por ejemplo, las personas afro tienen prevalencia de ciertas enfermedades: ¿está el Estado preparado para enfrentar eso? No. Las personas afro sufren bullying y racismo en el colegio: ¿qué hacen los docentes? No están preparados. Hicimos

una encuesta en Xangó y saltaba que las personas recibían racismo de los profesores, concretamente. Hay que capacitar a los docentes para que se les enseñe a no ser racistas, a cómo tratar los casos de racismo y a contar la historia de los afrodescendientes: qué rol tuvieron en la lucha por la liberación, en las guerras civiles, quiénes fueron los próceres afrodescendientes. Todas estas cuestiones se las ignora y solo aparecen en el 25 de Mayo para pintar a los chicos con corcho en un acto racista. No sirve eso. Tiene que haber una modificación de las estructuras racistas y políticas diferenciadas para los afrodescendientes. ¿Qué opinás de las personas que se conmueven por lo que sucede en Estados Unidos pero omiten o desprecian las situaciones de racismo en Argentina?

Impacta lo que pasa en Estados Unidos porque se siente como una moda.

En un aspecto es una cagada, porque la gente selecciona con qué o cuándo ponerse mal. Pero, por el otro, se visibiliza el racismo. Hoy una persona donó 13 mil pesos para la campaña con la que estamos tratando de darle de comer a la población afro en la pandemia. Pero insisto en que necesitamos tener más datos sobre los afrodescendientes en nuestro país. No sabemos cuánto vive una persona afro. Yo sé que las personas trans viven muy pocos años, pero no tengo ni idea de cuánto viven los afros en Argentina. La realidad es que no se abolió la esclavitud nunca. Las personas estaban esclavizadas y al otro día no tenían nada. Y así estamos, perpetuando esa dominación desde la era de la colonia hasta acá.