El Grito del Sur 72 - Octubre 2020 - DNU no, desalojo sí

Comuna 1 /3 /4

Periódico barrial

Constitución, Monserrat, San Cristobal, San Telmo, Parque Patricios y Barracas

Distribución gratuita 3.000 ejemplares mensuales Octubre 2020 ISSN 2451-7178

Año - 08

Número 72

Foto: Mariano Martino / Tiempo Argentino

DNU no, desalojo sí La Defensoría del Pueblo porteña intervino entre marzo y octubre en más de 300 solicitudes de intervención por intento de desalojo en la Ciudad de Buenos Aires. Esto a pesar de la vigencia del DNU 320, cuya prórroga estuvo en duda hasta último momento. Alcances de una problemática que no se detiene ni durante la pandemia. Pág. 6

En la Ciudad de Buenos Aires no hay regreso a clases presenciales

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“Detrás de los incendios hay intereses económicos con una misma matriz de maldesarrollo”

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02 · Sumario / Editorial

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La cooperadora del CeSAC 15 busca apoyo para seguir con sus actividades ,

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Con el barbijo a la playa y la montaña ,

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En la Ciudad de Buenos Aires no hay regreso a clases presenciales

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Una Ciudad de espaldas al río

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“Detrás de los incendios hay intereses económicos con una misma matriz de maldesarrollo”

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La UTEP busca su lugar institucional en el mundo de los sindicatos ,

No hay DNU que detenga los desalojos en la Ciudad

Editorial

La falacia del perpetuo equilibrio H

ay falacias que suelen marcar épocas, decisiones y tiempos políticos.

La contradicción entre salud y economía (planteada como una oposición antagónica e irreconciliable) arrastró desde comienzos de la pandemia posiciones que incluso hoy dificultan una salida clara a la crisis del coronavirus.

La definición de las contradicciones que motorizan el desarrollo de la política en nuestro país es casi tan importante como su resolución efectiva.

Plantear el problema de forma clara es

el grado cero necesario para resolver una ecuación.

En una cuerda angosta, tensada durante cuatro años de macrismo y desgastada a base de pandemia, busca hacer pie Alberto Fernández. El Presidente, que prometió «comenzar por los de abajo», se topó a los tres meses de mandato con una pandemia mundial que acortó aún más la cobija y extendió con más fuerzas las brisas que quedaban del invierno neoliberal.

La elección del enemigo es acierto:

Alberto elige confrontar con Larreta (el ala de las palomas) reincorporando el conflicto en la arena de la política, marginando al sector más radicalizado, y poniendo las contradicciones del otro lado. La definición de Larreta como prematuro oponente lo obliga al Jefe de Gobierno a lidiar con las tensiones internas, al tiempo que lo proyecta a nivel nacional. Es el golpe y la unción. Con la quita de fondos, Alberto también habilita la proyección nacional de Larreta y margina a Macri

a la opinión desde la reposera en el exterior para contener al sector más escorado a la derecha.

Pero en materia económica no existe el perpetuo equilibrio: es aquí donde el Gobierno deberá tomar decisiones claras, que fortalezcan a su base popular sin romper los puentes de diálogo con los sectores concentrados de la economía pero, claramente, afectando sus intereses.

El Grito del Sur- Fundado el 23 de sepiembre de 2012 en el natalicio de Mariano Moreno - Registro ISSN 2451-7178 - Director Propietario: Yair Cybel - Tirada 3.000 ejemplares - Registro de la Propiedad Intelectual 5295866 Octubre 2020 - Número 72 - Domicilio legal: Camarones 1549 CABA - contacto: elgritodelsur@gmail.com Impreso en Editora del Plata S.R.L. - España 221, CP 2820 (Gualeguaychú, Entre Ríos) Registro de Medios Vecinales CABA - Se autoriza la reproducción del material publicado, citando la fuente.

Ciudad de la furia / Silencio no es salud · 03

“La salita de Humberto Primo nos necesita”

La cooperadora del CeSAC 15 busca apoyo para seguir con sus actividades La cooperadora del Centro de Salud y Acción Social Comunitaria Nº 15 viene llevando adelante actividades de función asistencial y una Consejería Migrante en contexto de pandemia. En ese marco, lanzaron una campaña de asociación de vecines que consiste en un aporte mensual para sostener este esfuerzo.

Texto: El Grito del Sur

E

n medio de la pandemia, la cooperadora del Centro de Salud y Acción Social Comunitaria Nº 15 -ubicado en el barrio de San Telmo- lleva adelante diversas actividades de promoción de hábitos saludables y de prevención del cuidado de la salud, pero también realiza una Consejería Migrante y mantiene el enlace con ANSES para asistir a les usuaries que así lo requieran. Todo esto implica el esfuerzo y la colaboración de sus trabajadores y trabajadoras, por lo que esta semana lanzaron una campaña de asociación de vecines para sostener este conjunto de iniciativas.

«Durante la pandemia nos movimos rápido consiguiendo donaciones para poder asistir a todas las familias que lo necesitaban ayuda, hay un montón de gente solidaria que queremos integrar a la cooperadora como asociados. El objetivo es colaborar con los trabaja-

dores y trabajadoras del CeSAC 15, que no sólo efectúan tareas sanitarias sino que también realizan muchas actividades sociales y comunitarias», explicó a El Grito del Sur Florencia Pitameglio, tesorera de la cooperadora.

La cooperadora del CeSAC 15 no sólo cumple con su función asistencial respecto a los problemas de salud de les vecines del barrio, sino que además impulsa actividades como la Consejería Migrante -ahora en forma virtual- y mantiene el nexo con ANSES para facilitar trámites; realiza donaciones de barbijos, lavandina y alcohol en gel; por intermedio del área de Trabajo Social asiste con alimentos a familias con afecciones específicas que requieren una alimentación especial; y colabora con alimentos y elementos de limpieza a las casas multifamiliares que debieron cumplir con una cuarentena estricta.

Si bien la cooperadora nació en el año 2013, recién tomó nuevo impulso

a partir de 2017 con la creación de la Mesa de Salud y Educación Comunitaria de la Comuna 1 (hoy Mesa Comunitaria de San Telmo) que brega por la ampliación del CeSAC 15 y la creación de una escuela infantil en el ex Padelai.

La reconstitución de la cooperadora implica colaborar con el trabajo del centro de salud en virtud de la mejora de los servicios de atención a les vecines promoviendo la participación comunitaria.

La cuota mensual mínima para

asociarse a la cooperadora es de 200 pesos con la idea de que «se sume la mayor cantidad de gente posible». Bajo el lema «La salita de Humberto Primo nos necesita», ya está en marcha una campaña para sumar un aporte al desarrollo del Centro de Salud 15 de San Telmo.

CONTACTOS Cooperadora CeSAC 15

04 · Ciudad de la furia / Educar es combatir

Serán encuentros no obligatorios en espacios abiertos

En la Ciudad de Buenos Aires no hay regreso a clases presenciales Según el índice epidemiológico aprobado por el Consejo Federal de Educación, para la vuelta a clases “normales” debe haber baja o nula circulación del virus y esto no sucede en la Ciudad. Los encuentros socio-educativos pautados son extracurriculares y optativos, pero muchas escuelas no están en condiciones de recibir a estudiantes.

Texto: Martín Suárez

E

n el Consejo Federal de Educación, donde se reunieron las y los ministros de ese sector de las 24 jurisdicciones de todo el país, gremios nacionales y sindicatos, pasó mucha agua bajo el puente. Se dijeron demasiadas cosas que trajeron desconfianza y ciertos temores a varias familias porteñas que no están de acuerdo con una “vuelta a clases presenciales” en medio de la pandemia. Y en esto hay que ser contundentes: en la Ciudad de Buenos Aires, no hay vuelta a clases presenciales. Así lo define y establece el índice epidemiológico firmado por el Consejo Federal de Educación. La metrópolis porteña no está en condiciones de volver a las escuelas, por la sencilla razón que no cumple con ningún requisito estipulado en ese índice. Apenas califica para realizar encuentros de acompañamiento y revinculación pedagógica hacia una pequeña fracción de estudiantes.

Según el índice epidemiológico aprobado por el Consejo Federal de Educación, para la vuelta a clases “normales” debe haber baja o nula circulación del virus, sin casos comunitarios en los últimos 15 días o con casos en descenso y un porcentaje de ocupación de camas de UTI mayor al 60%. Eso no sucede en la Ciudad de Buenos Aires, donde la cantidad es aún muy alta y existe infección comunitaria.

El temor de muchas familias nace a partir de la mala información que se difunde en los grandes medios, que afirman que hay un regreso a clases presenciales en todo el distrito. “Lo que se pautó es que la Ciudad tenga encuentros que no son clases, que no son obligatorios, que se realizarán en espacios abiertos, sólo y exclusivamente para séptimo grado de primaria, quinto y sexto año de secundarios.

Estos encuentros son de revinculación pedagógica, socio-educativos. Es decir, no hay vuelta a clases”, dijo con firmeza a El Grito del Sur la legisladora porteña Lorena Pokoik. La vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura fue más allá y aseguró: “No va a haber vuelta a clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires durante todo 2020 porque no están dadas las condiciones epidemiológicas.

Y ojalá este cuadro de contagios y alta circulación del virus, se revierta en una semana y yo tenga que retrotraerme en mis palabras, pero es imposible que eso suceda. Repito: no va a haber clases este 2020 en la Ciudad en estas condiciones de alta circulación del virus”.

Lo cierto es que nadie está obligado a ir a estos encuentros porque son actividades extracurriculares y optativas.

En oposición a los deseos de Soledad Acuña y el Jefe de Gobierno, para que estos encuentros socio-educativos comiencen el martes 13 de octubre, supervisoras y supervisores de diferentes distritos escolares que fueron consultados por este medio coinciden que las escuelas no están en condiciones de recibir a estudiantes porque no está garantizada la presencia de docentes.

Muchos de las y los trabajadores de la educación están en edad de riesgo, pero la gran mayoría tiene a cargo a niñas y niños menores de edad. “El conjunto de las escuelas que están dentro de la propuesta de revinculación pedagógica que programó el Gobierno de la Ciudad, no están en situaciones óptimas de abrir sus puertas en este contexto pandémico”, afirmó una de las supervisoras consultadas que pidió no publicar su identidad por temor a represalias. “La semana pasada fue la tercera vez consecutiva que el Ministerio de Educación porteño suspendió la entrega de elementos de higiene y desinfección. Son cosas elementales que se necesitan para dejar en condiciones los patios de las escuelas donde Sole-

dad Acuña quiere que se lleve adelante estas actividades”, agregó.

Los docentes consultados sobre el tema aseguran que el Gobierno porteño no llamó en ningún momento a una capacitación inmediata para saber qué es lo que tienen que hacer ante la aparición de un alumno o alumna con síntomas de COVID-19 en las escuelas.

“Tampoco hay un proyecto educativo para esta revinculación pedagógica, esto no muestra un interés real de los funcionarios porteños, simplemente quieren una foto para difundir en los medios. No hay ningún criterio de política educativa”, aseguró Marcelo Parra, secretario de Educación Secundaria de UTE. «Los chicos que hace 7 meses que no ven a sus docentes porque no tuvieron dispositivos ni conectividad y que tampoco vieron a sus compañeros , el gobierno los quiere hacer movilizar en este contexto de alta circulación de virus, para ir entre 1 o 4 horas al edificio que no es la escuela, porque la escuela es el conjunto de la comunidad que la integra: todos los docentes, la directora, los auxiliares, el portero, la portera, el recreo, los compañeros propios y los de los otros años, todo eso es la escuela, lo otro es un edificio vacío”, sostuvo Parra.

NÚMEROS QUE PREOCUPAN Si nos retrotraemos a la propuesta original del Gobierno porteño, conocida a principios del mes de junio, en ese momento se hablaba de una cifra menor de estudiantes que, según la cartera educativa local, no tuvo ningún contacto pedagógico durante la cuarentena: los famosos 6500 alumnos y alumnas. En otra instancia aseguraron que esa cifra sería mayor y que también debía sumarse la demanda del sector privado. Lo concreto es que en este conteo de estudiantes, entran en cuestión 170 secundarios de gestión estatal, que -según datos oficiales- tienen en sus últimos años a punto de recibirse un total de 13.158 estudiantes; mientras que en la educación privada hay 349 escuelas con 17.344 estudiantes que están en los últimos años. En definitiva: de llegar a sumarse los pibes y pibas de la educación privada a la revinculación pedagógica que propone la Ciudad, más los 6500 que no tienen computadoras, en las calles habrá alrededor de 37.000 chicos más que circulen a diario por la zona del AMBA, situación que seguramente incremente la circulación del virus.

Ciudad de la furia / Inmobiliaria Pro · 05

Larreta vende lo que queda de Costanera Norte

Una Ciudad de espaldas al río En una clara violación de la Constitución de la Ciudad, el Gobierno porteño avanza en la privatización del último reducto de la Costanera Norte que quedaba sin vender. La Legislatura, con mayoría cambiemita, autorizó un emprendimiento inmobiliario que ocupará 75 mil metros cuadrados.

Texto: Jonatan Baldiviezo, María Eva Koutsovitis y Myriam Godoy Arroyo

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n los últimos 13 años se implementó en la Ciudad de Buenos Aires un plan sistemático de privatización de tierras. Más de 500 hectáreas públicas fueron vendidas o concesionadas para la construcción de grandes emprendimientos inmobiliarios suntuosos o para explotaciones comerciales. Todo lo contrario de lo dispuesto por el Plan Urbano Ambiental. El suelo es uno de los recursos más valiosos con los que cuenta la Ciudad. Éste debe ser destinado a equipamiento urbano, espacios verdes públicos y viviendas sociales. Su destino debe ser discutido democráticamente con la ciudadanía porque estamos bajo una Democracia Participativa y tenemos derecho a decidir sobre nuestros bienes comunes. Esta política privatizadora está llegando a niveles inconcebibles al avanzar nuevamente con la reconcesión de la Costanera Norte a lo largo de toda su extensión en lo que se llama el Distrito Joven. Esta vez, la Costanera no será objeto sólo de privatizaciones temporales sino también de privatizaciones definitivas.

En diciembre del año pasado, la Legislatura aprobó la venta del predio conocido como Costa Salguero, unas 17 hectáreas ubicadas en la Costanera Norte, con la condición previa de que se apruebe una nueva ley que otorgue una nueva normativa urbanística para la zona. Ahora la Legislatura aprobó el proyecto de ley N° 2094-J-2020, de autoría del Jefe de Gobierno, que

tiene por objeto establecer la nueva normativa urbanística y autorizar un emprendimiento inmobiliario que ocupará 75.000 m2 de este predio. En la superficie remanente, se podrán construir otros 26.000 m2 quedando solo 7 hectáreas para espacios públicos. Este espacio público y verde será el patio verde del gran proyecto inmobiliario de 10 pisos de altura que se construirá en plena Costanera. La barrera de edificios no solo consolida la Ciudad de Buenos Aires de espaldas al Río de la Plata, sino que va a implicar la pérdida definitiva de la mirada al río. También contribuirá a sedimentar la “isla de calor” que nos acosa durante los veranos y nos arrebata nuevamente un espacio público solamente por su “puesta en valor inmobiliario”.

La venta de Costa Salguero y la privatización de la Costanera se realizan en clara violación de la Constitución de la Ciudad. De acuerdo al art. 8 de la Constitución de la Ciudad, “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”. El Plan Urbano Ambiental establece que se deben “destinar a uso público los predios del dominio estatal que se desafecten en las riberas” (art. 9 inciso 4).

También se ha autorizado la concesión del predio conocido como Punta Carrasco. De las 32 hectáreas del predio de Costa Salguero y Punta Carrasco, solo 12 serán destinadas a espacio público. Este espacio verde ni siquiera será suficiente para las nuevas familias que habitarán en el complejo inmobiliario. Es una mentira que la Ciudad

contará con más espacios verdes por habitante.

Este es un paso más para consolidar una nueva fractura urbana y espacial en la Ciudad, la que dividirá a la ciudad en un sector mediterráneo y un sector ribereño de acuerdo con una línea imaginaria ubicada sobre las Avenidas Libertador y Paseo Colón. A la histórica desigualdad entre el norte y el sur, se le sumará la desigualdad entre el este y el oeste de la ciudad. El sector ribereño, hacia el este, estará caracterizado por destinarse al sector de la población más rico, quienes gozarán de amplias superficies de espacios verdes contando hasta con dos reservas naturales, amplia conectividad (autopistas en toda su extensión, acceso directo a Aeroparque y al puerto), nuevas ofertas de viviendas suntuosas con mirada al río y un patio que será la Costanera Norte de uso exclusivo para quienes puedan pagarla.

Con la aprobación del proyecto de ley que va a realizar una gran modificación al Código Urbanístico, la Legislatura está por facultar al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para que pueda prescindir del Código Urbanístico, del Código de Edificación y del Código de Habilitaciones en las Áreas de Protección Histórica (APH), y establecer la capacidad constructiva y la morfología de los edificios según su discrecionalidad y lo que entienda por “rehabilitación”. Además, se autorizaría a realizar enrases o completamiento de tejidos en estas áreas, lo que antes se encontraba prohibido. La altura de estas zonas pasará a ser la de

los edificios más altos.

Estos cambios pretenden legalizar obras cuyos permisos fueron otorgados incumpliendo la normativa urbanística, como es el caso del emprendimiento inmobiliario de NorthBaires en la calle San Martín de Tours 2869/89 frenado recientemente por la Justicia, o el Mamotreto “Astor San Telmo” de la empresa TGLT, que ya cuenta con cinco sentencias judiciales que declararon su ilegalidad.

Por otra parte, el proyecto de ley también autoriza la construcción de estacionamientos en el subsuelo bajo el centro libre de manzana. Es decir, habilita a transformar las superficies verdes absorbentes de los pulmones de manzanas en simples terrazas verdes.

La Ciudad está emplazada sobre las cuencas de caudalosos arroyos (Medrano, Vega, Maldonado, Radio Antiguo, Cildañez) que descargan sus aguas al Río de la Plata o al Riachuelo. La eliminación de la capacidad de retención e infiltración de los pulmones de manzana es contraria a toda medida de mitigación de las consecuencias negativas de estos fenómenos, y a todo criterio ecológico. Dicha medida está prácticamente orientada a transformar a la ciudad en un manto de cemento.

La Ciudad de Buenos Aires está sufriendo una agresión permanente e intensa. El interés inmobiliario especulativo impera en la ciudad promovido por los grandes desarrolladores y el gobierno. Desconocen la crisis habitacional, sacrifican los espacios ambientales esenciales, su diversidad cultural y patrimonial.

06 · Ciudad de la furia / Vivienda

Mercado informal y pandemia, un combo explosivo

No hay DNU qu desalojos en la

Desde marzo hasta ahora, la Defensoría del Pueblo porteña asistió a más de 300 solicitudes de intervención por riesgo de desalojo en la Ciudad.

Esta situación se agravó en el último mes por la demora en la extensión del DNU 320. Testimonios de personas que sufren la problemática y la respuesta de las organizaciones.

Texto: Sebastián Furlong

A

finales de septiembre, el Gobierno extendió el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago, medida vigente desde marzo en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia. La crisis habitacional se ha

agravado en los últimos meses, debido a que muchas familias se quedaron sin ingresos y -quienes no quedaron en situación de calle- tuvieron que recurrir al hacinamiento en hogares donde vive más de una familia. Este fenómeno se vio reflejado con mayor visibilidad mediática en el conflicto de Guernica, donde la falta de techo de unos contrasta con el creciente número

de viviendas vacías y la construcción orientada a la lógica especulativa.

En la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de la vigencia del DNU 320/20, los desalojos no se detuvieron con la cuarentena. Las víctimas siguen siendo los sectores de bajos recursos que padecen condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión socio-económica agravadas por el elevado valor del suelo urbano y de los alquileres en el mercado inmobiliario. En muchos casos, se trata de mujeres y migrantes.

Es que la «Ciudad informal», la de los hábitat precarios y desregulados en hoteles y villas, deja muchos resquicios para que la norma no tenga valor ni importancia allí.

Desde marzo hasta la fecha, la Defensoría del Pueblo porteña asistió a 187 solicitudes de intervención por riesgo de desalojo en la Ciudad. Este dato no incluye la situación en barrios popula-

res, donde ya se registraron otras 141 solicitudes de intervención por riesgo de desalojo. En todos los casos se activó el protocolo que dispone hablar con ambas partes explicando los alcances del Decreto 320 y notificando al GCBA. En caso de que haga falta, se pone a disposición un servicio de mediación para resolver el conflicto.

«La situación económica es el detonante de los conflictos debido a la falta de pago de los alquileres, pero también existen situaciones desencadenadas por problemas de convivencia producto de la cuarentena. Nuestras intervenciones buscan no sólo contener la situación y mediar entre las partes, sino también articular con diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad y organizaciones de la sociedad civil -esto último en el caso de los migrantes- para poder ayudar a los vecinos que se ven imposibilitados de pagar sus alquileres

Ciudad de la furia / Vivienda · 07

ue detenga los a Ciudad o bien para reubicar a aquellos que son víctimas de discriminación o situaciones de violencia», explicó a El Grito del Sur Gastón Juan, miembro de la Subsecretaría de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

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Las víctimas siguen siendo los sectores de bajos recursos que padecen condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión socio-económica agravadas por el elevado valor del suelo urbano.

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El Ministerio Público de la Defensa (MPD CABA) también lleva su propio conteo desde que se inició el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Según datos proporcionados a este medio, la Dirección de Asistencia a Personas Involucradas en Procesos de Desalojo recibió 91 solicitudes de intervención a raíz de situaciones de este tipo en la Ciudad. «Esto hasta el 15 de agosto, pero en el último mes subieron mucho las consultas porque se temía la finalización del decreto contra los desalojos. La situación es muy preocupante a futuro, el decreto del Gobierno nacional es una buena medida de alivio pero se necesitan medidas de fondo en forma urgente porque sino el año 2021 va a ser muy complejo», agregaron desde el MPD. Cabe destacar que en la Justicia Civil ya hay una gran cantidad de desalojos firmes, que apenas se levante el decreto podrían ejecutarse.

TESTIMONIOS EN PRIMERA PERSONA Kimberly tiene 30 años, es migrante venezolana y vive en una pensión ubicada en las inmediaciones de la Villa 1-11-14. A lo largo de la pandemia sufrió diferentes intentos de desalojo que afortunadamente no se llegaron a concretar. «Yo me había quedado sin trabajo y no tenía como pagar en ese momento, pero le dije al dueño que lo iba a poder solucionar. Igualmente los problemas ya venían desde antes, había un problema de xenofobia conmigo. Me quisieron cortar los servicios unas diez veces. Eran todas medidas de

presión para echarme. Yo estaba desesperada porque tengo un hijo de cuatro años», cuenta a este medio.

Victoria tiene 26 años, es migrante uruguaya y vive junto a sus dos pequeños hijes en el Hotel Sáenz Peña (barrio de Montserrat). Antes de ingresar en marzo a esta residencia, había estado en situación de calle mientras atravesaba su embarazo. «Las cosas se fueron poniendo difíciles porque en este lugar no aceptan niños. Entonces el dueño y la encargada quisieron echarme a toda costa. Pagar no podía pagar porque estando embarazada me quedé sin trabajo y tampoco tenía los documentos en regla, estoy ahora con esos trámites. Se hace más difícil en pandemia porque todas las oficinas están cerradas», relata.

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“La situación es muy preocupante a futuro, el decreto del Gobierno nacional es una buena medida de alivio pero se necesitan medidas de fondo”.

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Kimberly señala que «cada vez que viene a la casa, el dueño dice que me va a desalojar. Yo le estoy pagando de a poco, pero él nunca me dio un recibo. Hoy estoy vendiendo cosas en la calle y tratando de subsistir de esa forma». Por su parte, Victoria afirma que «el jueves vino el dueño y dijo que los que no podían pagar se tenían que ir. Estamos en una situación de incertidumbre que va cambiando día a día.

No llegó a venir la policía, pero ya nos quiso sacar varias veces a la fuerza. Yo no podría soportar estar nuevamente en calle y menos con un bebé».

LA RESPUESTA DESDE LAS ORGANIZACIONES Diferentes organizaciones vienen atendiendo el incremento de la problemática habitacional que sufren una gran cantidad de familias. Este último mes fue particularmente intenso, debido a la demora del Gobierno para extender el DNU que congela los precios de los alquileres y prohíbe los desalojos. Algunas deudas de inquilines

llegan en la actualidad hasta los 50 mil pesos, cuestión que afecta en mayor medida a quienes no pueden acceder al circuito formal de alquileres. Es por esto que uno de los reclamos vigentes es la suspensión real de todos los desalojos, que incluya la falta de pago de locaciones con o sin contrato, así como los devenidos por causas que tramitan en juzgados de distintos fueros.

«Más allá de las distintas respuestas que se dieron a las amenazas de desalojo, hasta ahora fue imposible lograr la aplicación del DNU 320 en hoteles, pensiones y villas dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Al realizarse desalojos en el circuito informal, aumentaron de manera exponencial las recuperaciones de tierras ociosas siendo uno de los casos emblemas la recuperación de Guernica. Les más afectades por la emergencia habitacional son las mujeres y disidencias, pero también

compas migrantes. Personas que son desalojadas y quedan en esta situación, es muy difícil que puedan encontrar un espacio para vivir», aseguró Gigi Krein, integrante de Consejerías de Vivienda.

Desde este espacio, cuenta Gigi, reniegan contra los «caprichos del mercado inmobiliario», como impedir el alquiler a familias con niñes. El principal riesgo es un aumento aún mayor de la gente en situación de calle, problemática que ya fue relevada por dos censos populares en 2017 y 2019.

«No hay medidas desde el Estado como un impuesto a la vivienda ociosa, al achicarse tanto la oferta y crecer demasiado la demanda se provoca un desajuste enorme en un mercado que ya de por sí tiene muchas injusticias», concluyó Krein.

AMENAZA DE DESALOJO EN EL “HOTELITO” DE LA 31 Amenaza de desalojo en el “Hotelito” de la 31 El viernes 2 de octubre, la Policía de la Ciudad realizó un allanamiento ilegal sobre el complejo de viviendas transitorias conocido en la Villa 31 como «El Hotelito», donde viven desde hace dos meses un grupo de siete familias con más de 30 pibes y pibas en emergencia habitacional. El lugar fue ocupado en su mayoría por mujeres que arrastran denuncias por violencia de género en sus hogares anteriores dentro del barrio. El operativo prendió las alarmas de un posible desalojo, cuya fecha está al caer desde el despacho de la Fiscalía 21 porteña.

«No teníamos dónde vivir ni ninguna contención del Gobierno porteño ante nuestra situa-

ción, por eso decidimos cada una agarrar sus cosas y mudarnos a vivir acá. Enseguida armamos un comedor popular, con apoyo de La Poderosa.

Pero ahora nos amenazan y nos quieren desalojar a toda costa sin ofrecernos una salida digna para nosotras y nuestros hijos», contó a El Grito del Sur Antonella, una de las madres que duerme en las casillas transitorias del Hotelito.

Antonella denuncia que la Secretaría de Integración Social y Urbana, que conduce la urbanización del barrio, sólo les ofrece un subsidio habitacional para alquilar fuera de la 31 una vez que abandonen el lugar. «Nosotras queremos una vivienda digna, y dentro del barrio», aclaró.

08 · Coronavirus / Turismo

¿Cómo serán las vacaciones de verano en la Argentina?

Con el barbijo a la playa y la montaña Desde el Ministerio de Turismo confirmaron que ya hay nueve protocolos homologados para ser aplicados en el territorio nacional, además de que se prevé la compensación de un crédito para aquellos turistas que compren un paquete. Mientras crecen los casos de coronavirus fuera del AMBA, el sector turístico está al borde de la quiebra.

Texto: Ludmila Ferrer

H

ace varias semanas empezaron las consultas por la temporada de verano 2021: vacaciones en la costa, alquiler de casas en barrios privados, protocolos, venta de pasajes de avión, postergación del retorno de los vuelos de cabotaje, leyes para incentivar el turismo interno y la lista sigue. Sin embargo, el incremento de los casos de coronavirus fuera del AMBA preocupa cada vez más a los gobernadores y les da mayor incertidumbre a aquellas localidades que tienen el turismo como su principal fuente de ingresos.

“El sector está colapsado”, dijo a El Grito del Sur Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), sobre estos casi siete meses de pandemia en los que el rubro no pudo trabajar y debió pagar costos fijos y un porcentaje de los salarios de sus trabajadores y trabajadoras.

A los meses de inactividad, señaló Elías, se suma una situación sanitaria “más complicada que en marzo” y “un escenario de retorno a la actividad laboral incierto”. “Los vuelos primero iban a retornar el septiembre, después el primero de octubre, ahora el 12. Estamos muy complicados. El escenario es malo, el presente es malo y lo que tenemos por delante puede llegar a ser peor”, lamentó.

PROTOCOLOS PARA EL TURISMO En agosto, la secretaria de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes, Yanina Martínez, confirmó que ya hay nueve protocolos homologados «para ser aplicados en todo el territorio nacional» durante las próximas vacaciones. Cada uno de los protocolos se adapta a las localidades porque, recordaron desde la Secretaría, “no es lo mismo un turismo en playa que un turismo en montaña” y se debe respetar la especificidad de cada destino.

Aún así, hay puntos en común: en alojamientos turísticos y establecimientos gastronómicos los protocolos plantean controlar al personal antes del ingreso al trabajo para detectar posibles síntomas; los trabajadores deberán utilizar barbijo en todo momento, así como digitalizar el check-in y check-out para minimizar el contacto entre personas. En relación a la comida, se sugiere evitar los desayunos continentales y compartir el comedor.

“Lo que hace falta es la decisión política de que se abra o no se abra y es tan importante el sí como el no -afirmó el presidente de la CAT a este medio-. No se puede pensar en abrir un hotel de temporada que funciona de noviembre a marzo o de diciembre hasta marzo,

abril, si un intendente no va a permitir que nadie entre (en la localidad)”.

Para Elías, es importante que “el Gobierno insista en la importancia de la responsabilidad social” porque “no va más el discurso del miedo”. “La facilidad del contagio depende de la situación individual o social. Si usted va al supermercado y no cumple con las normativas que indica el Ministerio de Salud de mantener el distanciamiento social, usar tapabocas e higienizar las manos, vuelve contagiada. Si el supermercado está abierto, también tiene que estarlo la actividad turística y que la responsabilidad quede en quienes nos movemos en el lugar”, afirmó.

AQUÍ EN LA PLAYA (CON BARBIJO) «El protocolo presentado establece que las carpas podrán ser ocupadas por seis personas, mientras que las sombrillas aceptan un límite de cuatro ocupantes; en todos los casos, los concurrentes deberán ingresar con barbijos y se les otorgará un dispenser con alcohol en gel», señaló Nicolás Parato, integrante de la cámara empresaria.

El uso de los vestuarios será limitado, para ingresar a los sanitarios se deberá usar barbijo y ojotas, no habrá juegos en la arena para los niños y el distanciamiento de las personas dentro de las piletas de los balnearios será de dos metros.

En el caso de los intendentes del partido de la Costa, esperan recibir a

aquellas personas que tienen casas en las ciudades balnearias, quienes en lugar de alquilarlas podrían llegar a utilizarlas para pasar el verano. «Va a ser una temporada atípica, pero vamos a garantizar al turista y al geselino la mejor temporada posible, priorizando siempre la vida y la salud», dijo Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, en una entrevista radial.

Todavía hay incertidumbre, incluso respecto a los precios, pero el gobernador Axel Kicillof creó un Fondo Especial de 300 millones de pesos para la Reactivación Cultural y Turística en todos los municipios de la Provincia.

Además, aseguró que trabajará con todos los intendentes de zonas turísticas para tener «la mejor temporada posible».

LEY DE SOSTENIMIENTO Y REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA El Gobierno, además, ha tomado medidas para fomentar y proteger el turismo local. No sólo implementó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para cubrir un porcentaje de los sueldos de los trabajadores y trabajadoras del sector, sino que también sancionó la ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional.

La normativa prorroga el ATP, las asistencias económicas a pequeñas y medianas empresas, la reducción de

contribuciones patronales, los planes de moratoria, la suspensión de embargos y la reducción de alícuotas de la ley de impuesto al cheque.

Para los turistas, la ley prevé programas de preventa; un plan de devoluciones de servicios que no pudieron ser brindados y la compensación de un crédito del 50 por ciento por parte del Estado a aquellos turistas que compren un paquete, el cual podrán utilizar en ese viaje u otro que realicen a lo largo de 2021.

Elías opinó que la ley -que todavía no está reglamentada- “es buena”. “Tenía dos artículos muy importantes para la actividad: los créditos a tasa cero y el programa de preventa que devuelve el 50 por ciento al turista para que gaste nuevamente en turismo”, destacó.

Elías celebró que es la primera vez que existe una ley que beneficie de esta manera al sector turístico. “Pero no alcanza si no hay posibilidad de trabajar”, matizó.

· 09

10 · Enrique Viale / Ambiente

Enrique Viale

“Detrás de los incendios hay intereses económicos con una misma matriz de maldesarrollo”

Texto: Sebastián Furlong

En una charla con El Grito del Sur, el abogado ambientalista analiza la tragedia ambiental que estamos viviendo, el vínculo entre la política y los lobbies empresariales, la inserción de la juventud en el activismo ambiental y la posibilidad de una Ley de Humedales. “Quienes defienden la destrucción de la naturaleza deben pagar un costo político y social”, señala.

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rde América Latina. A lo largo de este año el foco de atención estaba puesto exclusivamente en la lucha contra la pandemia, pero de pronto densas cortinas de humo cubrieron el cielo y llamas al rojo vivo se esparcieron

Enrique Viale / Ambiente · 11

en forma inocultable por diferentes puntos del continente, desde Argentina hasta México. Un mapa satelital, que alertó a muchos distraídos y distraídas, mostró la cruda realidad e identificó los humedales más afectados: el Pantanal que cubre Brasil, Bolivia y Paraguay, pero también la zona argentina del Delta del Río Paraná y la Ensenada de Rionegro en Colombia, entre otros.

Si algo le faltaba a este 2020 marcado por el desastre sanitario, era la propagación de incendios que operan en perjuicio de la biodiversidad, el ciclo hidrológico, el clima y la salud de la humanidad entera.

En Argentina, la fuerza imparable de la nueva camada juvenil que hoy denuncia el cambio climático y la destrucción del ambiente no puede explicarse sin hacer alusión a las y los referentes sociales que dieron la pelea en territorios afectados y pusieron sobre la mesa durante las últimas dos décadas las nefastas consecuencias de la matriz extractivista en la generación de conflictos socio-ambientales. Uno de ellos es Enrique Viale, miembro fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y co-autor junto a la socióloga Maristella Svampa de los libros «Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo» (2014) y «El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del (mal) desarrollo» (2020).

Precisamente, éste último fue publicado en septiembre dando cuenta de la crítica situación ambiental que se vive frente a la indiferencia de los gobiernos de distinto signo político.

«Si bien el título del último libro es bastante fuerte, tratamos de salir del pesimismo y rescatar las alternativas que existen para salir del maldesarrollo», cuenta en diálogo con El Grito del Sur. A lo largo de casi media hora de charla, Viale analiza la tragedia ambiental que estamos viviendo, el vínculo entre un sector de la política, la Justicia y los lobbies empresariales, la inserción de la juventud en el activismo ambiental y la presentación de iniciativas parlamentarias que alteran el ánimo de los impulsores del agronegocio en nuestro país. ¿Qué consecuencias trae en lo concreto una situación de colapso ecológico?

Hoy estamos viviendo una crisis sanitaria provocada por un virus zoonótico que salta de los animales a las personas como consecuencia de la degradación ambiental. Está íntimamente relacionada una cosa con otra. Los mapas de la pobreza siempre coinciden con los mapas de la degradación ambiental: a mayor degradación ambiental, mayor desigualdad social. La problemática de conseguir una tierra para vivir, o de quien reside en zonas inundables y más precarias, se acentúa a partir de un colapso ecológico. Por eso la justicia social está relacionada con la justicia ecológica. ¿Cuál es tu visión sobre la propagación de incendios a lo largo y ancho del continente?

Nuestra lectura es muy concreta.

Tenemos que dejar de pensar en el grosor de la manguera de quienes van

a apagar los incendios y abordar lo que estamos haciendo mal. Detrás de estos incendios existen grandes intereses económicos con una misma matriz de maldesarrollo: el agronegocio en el Delta del Paraná y la especulación inmobiliaria en Córdoba, por ejemplo.

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“Los mapas de la pobreza siempre coinciden con los mapas de la degradación ambiental: a mayor degradación ambiental, mayor desigualdad social”.

. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ¿Qué intereses están en contra de que salga una Ley de Humedales en nuestro país?

Hay un viejo dicho que dice: pegarle al chancho para que aparezca el dueño.

Fijate quiénes fueron los que se quejaron con la posibilidad de una ley que proteja los humedales, que no prohíbe actividades ni nada sino que resguarda a estos ecosistemas tan frágiles. Uno de los sectores fue la Sociedad Rural Argentina a través de su propio presidente diciendo que esto era un ataque y cuestionando la ley. Pero tenés todo el abanico en contra de la Ley de Humedales: el agronegocio, la especulación inmobiliaria y la minería. Un triple lobby muy poderoso que tiene su propio ventrílocuo en la Cámara de Diputados y Senadores, que principalmente responden a ellos. En 2013 y 2016 la Ley de Humedales tuvo media sanción, pero ambas veces fue descartada en la Cámara de Diputados. Los diputados y senadores deben empezar a decir dónde están parados: si del lado de la destrucción de los humedales o de su conservación. Esa es la definición clave en este momento. En un momento de incendios generalizados, hay que poner las cosas en su lugar. Defender la destrucción de la naturaleza debe tener un costo político y social.

El diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para proteger ecosistemas víctimas de incendios intencionales. ¿Sería un avance en caso de aprobarse?

Es un proyecto que está bien y ojalá pronto se apruebe, pero es insuficiente. El mismo día en que se presentó este proyecto de ley, el Gobierno le bajó tres puntos las retenciones al campo. Justamente a los sectores que están provocando estos incendios.

Necesitamos una reflexión de fondo sobre qué está detrás de todo esto, que son los modelos de maldesarrollo. Queremos salir de esto, por supuesto de manera transicional, pero es algo muy importante. ¿Cómo observás este cambio generacional que muestra a cada vez más jóvenes como intolerantes a la depredación del ambiente?

Lo vemos con muchísimo entusiasmo. La irrupción de las y los jóvenes es algo esperanzador. Me parece que el movimiento ambientalista está en un tiempo bisagra, como lo estuvo en su momento el movimiento feminista que decidió salir a las calles y fueron cientos de miles, incluso millones. Aunque

hoy estamos en pandemia y esa posibilidad es más difícil. Hoy el movimiento juvenil quiere tomar el futuro en sus manos y me parece muy bien. ¿Esto genera una nueva correlación de fuerzas para terminar con la alianza entre un sector de la política, la Justicia y los lobbies empresariales?

A mayor extractivismo, menos democracia. El extractivismo no es sólo un sinónimo de degradación ambiental, sino que te baja la democracia a una mínima intensidad. Confrontar contra esto es una tarea del movimiento ambiental, no es para nada sencillo pero en cuanto haya un mayor compromiso se va a saber si los diputados responden al pueblo o a las corporaciones.

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“Me parece que el movimiento ambientalista está en un tiempo bisagra, como lo estuvo en su momento el movimiento feminista que decidió salir a las calles”.

tes en la Argentina. En la Cordillera la mega-minería se sigue llevando adelante. Es mentira lo de la tensión, tenemos a la mitad de los pibes bajo la línea de pobreza teniendo un modelo extractivista. No es que somos pobres porque hay regulaciones ambientales en Argentina, eso es un disparate. La solución no es acrecentar lo que nos trajo hasta esta situación. ¿Cuál es la salida al modelo extractivista?

Con Maristella venimos planteando la necesidad de firmar un nuevo pacto eco-social y económico, donde estén vinculadas la justicia social y la justicia ecológica. Tenemos que enfrentar la desigualdad en América Latina a partir del ingreso ciudadano y el impuesto a las grandes riquezas, pero a la vez hay que realizar una transición socio-ecológica radical. No se puede concebir la justicia social sin la justicia ecológica.

. .. .. .. .. .. .. .. ................ ¿Cómo se hace para terminar con la tensión entre ambiente y desarrollo?

No existe esta tensión, es una mentira al menos en Argentina. Todas las actividades extractivistas se llevan a cabo casi sin ningún tipo de límite ambiental. El agronegocio a partir de la soja transgénica se llevó puesto ocho millones de hectáreas de bosque nativo en los últimos años. El fracking avanza en la Patagonia, no hay lími-

ARGENTINA ADHIRIÓ AL ACUERDO DE ESCAZÚ Activistas y militantes ambientalistas plantean desde hace tiempo la importancia de que los distintos países de la región adhieran al Acuerdo de Escazú, que introduce distintas normativas en materia de derechos ambientales. Sobre el final de esta semana el Congreso de la Nación debatió durante horas y terminó por ratificar el acuerdo, convirtiéndose en el décimo país en hacerlo. Escazú es un acuerdo regional, distinto al resto de los acuerdos que existen en materia ambiental, que plantean normativas en un aspecto más técnico y propone una serie de derechos en materia ambiental, enfocados principalmente en el acceso a la información, el derecho a la participación y la justicia. «Es como si fuera una convención de derechos humanos, pero de ambiente. No tiene que ver con las cuestiones

de fondo, como por ejemplo del modelo productivo, sino de cómo abordamos los temas ambientales», explicó Nicole Becker, referenta de Jóvenes por el Clima en Argentina, en diálogo con El Grito del Sur. Latinoamérica lidera el ranking de las regiones más peligrosas para ser defensor o defensora ambiental y, en este sentido, el Acuerdo de Escazú incorpora un punto clave: la protección de les activistas ambientales. Si bien en nuestro país no se registran tantas alarmas, como sí ocurre en Colombia y Brasil, resulta fundamental incorporar y adherir a acuerdos de este estilo en un contexto donde, sobre todo en los últimos años, se han ensanchado las filas de la militancia ecologista, incorporando mayoritariamente a una destacada porción de la juventud argentina.

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La Economía Popular rumbo a su representación formal

La UTEP busca su lugar institucional en el mundo de los sindicatos La UTEP va por su personería como gremio confederado. La importancia de este suceso no es sólo local, sino que representa una tendencia de avanzada en un mundo donde “2,5 mil millones de personas trabajan en la informalidad, casi la mitad de la mano de obra mundial” (OIT). Las conversaciones entre el gremio y la CGT. Texto: Nahuel March Ríos

L

uego de varias conversaciones a lo largo de los últimos años, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se encamina a conseguir la personería gremial -como gremio confederado- reconocida por el Ministerio de Trabajo. Este sindicato, conformado en diciembre del año pasado a partir de la unificación de varias organizaciones sociales, aspira a representar a los más de 4 millones de trabajadores y trabajadoras no registradas de la Argentina. Además, su posible incorporación a la CGT -por ahora, sin plazos concretos- consolida la idea de una sindicalización de la economía popular e informal, algo que desde hace tiempo se discute en nuestro país y más recientemente en el mundo. Ya desde 2015, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce la importancia de la sindicalización del sector, pero son pocos los países que han avanzado en ese sentido. Esto es lo que le otorga mayor valor a este posible reconocimiento gremial.

Desde sus inicios, la UTEP ha marcado como objetivos el acceso al salario social complementario, la cobertura de salud, la protección familiar, la cobertura por ART y los aportes jubilatorios para sus asociados, algo impensado hasta hace unos años incluso por el propio colectivo de trabajadores y trabajadoras informales. Pero la pandemia ha puesto en evidencia la necesidad e importancia de programas como el IFE para sostener el ingreso de una gran cantidad de sectores sociales que se encuentran por fuera del mercado formal.

El reconocimiento institucional tiene como premisa consensuar una herramienta legal de representación, que cumpla con mínimas coberturas laborales y que permita institucionalizar su funcionamiento. Todavía resta definir si esto sería la conformación de una nueva figura por fuera de la ley de asociaciones sindicales, lo que implicaría un avance todavía mayor, ya que se espera que tenga cierto parecido a la «personería social» que el 9 de diciembre de 2015 el Ministerio de Trabajo a cargo de Carlos Tomada le otorgó a la CTEP. Los debates sobre la forma de organización entre los sindicatos tradicionales y las nuevas formas de sindicalización han tomado mucho revuelo en los últimos años. El debate por la incorporación de estas nuevas herramientas gremiales en las centrales de trabajadores tradicionales como es la CGT, trae aparejado (según detalla la OIT) discusiones relacionadas al estatuto, sus formas de representación,

el tipo de estructura, la forma en que se realiza la recaudación de cuotas de afiliación y la manera en que serían las prestaciones y servicios ofrecidos.

Por eso no es extraño que, ante este avance de reconocimiento institucional, algunas voces del mundo sindical cuestionen que éste no sería un “sindicato normal» y hasta pongan en duda su funcionamiento dentro del Consejo Directivo de la CGT. LA INFORMALIDAD: UN PROBLEMA MUNDIAL En medio del debate sobre la flexibilización laboral y las consecuencias del teletrabajo, la OIT difundió en junio de este año un documento titulado “El futuro sindical depende de la organización de la economía informal”. El informe revela que “la sindicación de los trabajadores de la economía informal puede impulsar la renovación del movimiento sindical, gracias al aumento del número de afiliados y la asunción de la negociación colectiva de los trabajadores de la economía informal a fin de proteger los derechos laborales, fortalecer la voz colectiva e influir en las políticas sociales y económicas”.

Este análisis pone en evidencia -por un lado- el cambio de paradigma del mundo sindical y, a su vez, el déficit de un sistema económico mundial que ya

no puede generar de manera masiva puestos de trabajo que garanticen los derechos básicos. Otro reciente informe de la OIT muestra que la economía informal abarca el 85,8% del empleo en África, el 68,2% en Asia Pacífico, el 68,6% en los Estados Árabes, el 40% en las Américas y el 25,1% en Europa y Asia Central. Además, otro informe titulado “Mujeres y hombres en la economía informal: Un cuadro estadístico”, muestra que “un 93% del empleo informal mundial se realiza en los países emergentes y en desarrollo”.

Pero este proceso de sindicalización es bastante complejo y está directamente ligado a dos cuestiones fundamentales: “los derechos a votos y las cuotas de afiliación”. Es decir, el “poder de decisión” debe estar equiparado a lo que comúnmente se llama la “caja”.

De esta manera, la OIT reseña casos en el mundo donde diferentes sindicatos resolvieron el problema del voto y de los lugares de poder de los gremios, en relación a la cuota pagada por cada miembro del mismo. Lo interesante de esto es que, entre los procesos ejemplificadores que cita el texto, aparecen dos espacios gremiales de la Argentina: la CTA y la CTEP como casos ilustrativos de sindicalización en la economía informal. Y se resalta que en nuestro país se adoptó el enfoque de “idénticas cuotas e idénticos derechos”, dejando sin efecto esta diferencia entre aque-

llos trabajadores y trabajadoras que se encuentran en situaciones de informalidad o formalidad.

GANANLOS LOSTRABAJADORES TRABAJADORESYYLAS SISIGANAN LASTRABAJADORAS, TRABAJADORAS,TODES TODESGANAN GANAN Más allá de estos debates, los beneficios para los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular están claramente a la vista. Este reconocimiento traería beneficios adicionales, como una cobertura de ART, algo inédito para el sector. Por otra parte, si la CGT decide cobijar a este nuevo gremio, ganará un aumento cuantitativo en sus miembros y la extensión de una negociación colectiva que permita proteger mayores derechos laborales.

Para ponerlo en números, según el informe de la OIT “en Argentina hay más de siete millones de trabajadores en el sector informal, lo que constituye aproximadamente un 46,8% de la mano de obra”. El poder de movilización que ha demostrado el sector informal organizado en nuestro país, sobre todo durante los últimos cuatro años de macrismo, pone de manifiesto su importancia para la disputa sindical y política.