El Grito del Sur Nº 77 Marzo 2021 - Un nuevo sitio de la Memoria en la Ciudad

Comuna 1 /3 /4

Periódico barrial

Constitución, Monserrat, San Cristobal, San Telmo, Parque Patricios y Barracas

Distribución gratuita 3.000 ejemplares mensuales Marzo 2021 ISSN 2451-7178

Año - 08

Número 77

Un nuevo sitio de la Memoria en la Ciudad La Secretaría de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) funcionó en la esquina de Riobamba y Viamonte durante la última dictadura militar. Ahora se restaurará el edificio y se cederá parte del mismo para formar un nuevo sitio de memoria. Pág. 6

El comienzo de la UniCABA

Si esta cárcel sigue así

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02 · Sumario / Editorial

“La economía popular se va a dejar de discutir en la justicia penal” ,

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Recuperan otro ex centro clandestino de la dictadura ,

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Argentina cannábica: ¿cómo será el impulso a la producción nacional? ,

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El deslucido comienzo de la polémica UniCABA ,

Si esta cárcel sigue así

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Lo que aprendimos del DNU 70

Recuperan otro ex centro clandestino de la dictadura

Editorial

Una ley para personas en situación de calle P

royecto 7, MTE, Movimiento Popular Nuestramérica junto a otras organizaciones sociales y civiles presentaron en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca garantizar los derechos más básicos de las personas en situación de calle de todo el país.

La iniciativa ingresó a las comisiones de Derechos Humanos y Garantías, Acción Social y Salud Publica, y Pre-

supuesto y Hacienda con la firma del diputado del Frente de Todos, Federico Fagioli, y de otros trece legisladores del bloque oficialista.

Según pudo saber El Grito del Sur, el proyecto tiene serias chances de ser tratado este año y la apuesta de las organizaciones es acelerar los plazos lo máximo posible, porque entienden que es una deuda que se arrastra desde hace varios años y una problemática

que se profundizó con la crisis desatada por la pandemia. Con ese objetivo, ya realizaron una olla popular frente a Desarrollo Social a fines de febrero y organizaron cenas multitudinarias a cielo abierto sobre Plaza de los Dos Congresos. En principio, la dirección del bloque del Frente de Todos estaría dispuesta a tratarlo, aunque no hay una fecha precisa aún.

Sólo en la Ciudad de Buenos Aires,

según el propio relevamiento de las organizaciones en 2019, había unas 7250 personas durmiendo en la calle.

Se calcula que este año ya superaron las 10 mil. ocasión de las Fiestas. Es imprescindible generar una solución a esta problemática, no es indiferente ver cómo les pibes y sus familias duermen en un colchón a la intemperie.

El Grito del Sur- Fundado el 23 de sepiembre de 2012 en el natalicio de Mariano Moreno - Registro ISSN 2451-7178 - Director Propietario: Yair Cybel - Tirada 3.000 ejemplares - Registro de la Propiedad Intelectual 5295866 Marzo 2021 - Número 77 - Domicilio legal: Camarones 1549 CABA - contacto: elgritodelsur@gmail.com Impreso en Editora del Plata S.R.L. - España 221, CP 2820 (Gualeguaychú, Entre Ríos) Registro de Medios Vecinales CABA - Se autoriza la reproducción del material publicado, citando la fuente.

Economía popular / UTEP · 03

UTEP ya tiene personería social

“La economía popular se va a dejar de discutir en la justicia penal” La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) celebró la conquista de la personería social, por la cual el Estado empieza a reconocer esta rama de la actividad laboral. Desafíos hacia delante y el anhelo de una mayor unidad del movimiento obrero.

Texto: El Grito del Sur

E

n la tarde del 10 de marzo, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) dio un paso histórico tras firmar en el Ministerio de Trabajo de la Nación la resolución que le otorga la personería social. El acto estuvo encabezado por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el ministro de Trabajo Claudio Moroni y el secretario general de UTEP Esteban «Gringo» Castro. De esta forma, a partir de ahora el Estado pasa a reconocer la actividad laboral de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular así como a sus asociaciones que les representan.

La conquista de derechos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo de este sector históricamente invisibilizado no fue de un día para el otro: a lo largo de los últimos años se obtuvieron mejoras como el salario social complementario, el monotributo social y la cobertura de salud, entre otros. «Es

un hito histórico lo logrado, una pelea que tiene más de 25 años en la Argentina con los primeros levantamientos de desocupados en Tartagal-Mosconi y Cutral Co-Plaza Huincul entre 1993 y 1995. Desde ese momento se empezó a conformar un nuevo sujeto, en aquel momento era el Movimiento de Trabajadores Desocupados pero a partir de la lucha y el desarrollo productivo fuimos reconociéndonos como trabajadores y trabajadoras de la economía popular», expresó Gildo Onorato en diálogo con El Grito del Sur. El dirigente de UTEP señaló que «este instrumento va a generar un nuevo mojón en la perspectiva del derecho laboral porque se reconoce que trabajo y empleo son cosas distintas: hay una nueva relación social entre aquellos y aquellas que se inventan su propio trabajo a diferencia de la relación social histórica entre patrón y asalariado que promovía el capitalismo fordista a lo largo del siglo XX». «La lucha tiene sentido, para conquistar derechos y que sean reconocidos por el Estado argen-

tino es fundamental la organización popular y en el marco jurídico significa que la mayoría de nuestras problemáticas van a dejar de ser abordadas por la justicia penal para poder ser abordadas por la justicia laboral. Eso es un avance estratégico», agregó Onorato.

Ya obtenida la nueva personería social, la UTEP concentrará sus esfuerzos en formalizar su existencia mediante estatuto, afiliaciones y una comisión directiva. Esta serie de requisitos se-

rían presentados el 1 de mayo y es un hecho que el «Gringo» Castro continuará como secretario general. Desde este espacio confirmaron a este medio que van a construir «fuertemente» un proceso de integración con la CGT. «Vamos a profundizar nuestros reclamos y solicitar formalmente el ingreso a la CGT para aportar mucho más a la unidad de la clase trabajadora», concluyeron.

04 · Cannabis / Silencio no es salud

Cannabis con fines de industrialización

Argentina cannábica: ¿cómo será el impulso a la producción nacional?

El Presidente anunció un proyecto de ley que prevé la producción de la planta de cannabis y su uso diversificado en nuestro país.

Crear una “semilla nacional” y diversificar la producción de derivados del cáñamo, entre los principales desafíos.

Texto: Yair Cybel

C ultivo de cannabis con fines de industrialización. En la apertura de

sesiones del 1 de marzo, el presidente Alberto Fernández anunció que impulsará el proyecto de ley que prevé la producción de la planta y su uso diversificado en nuestro país: desde la veterinaria hasta el calzado, pasando por los textiles y los productos cosméticos, son algunas de las aplicaciones que podría generar el desarrollo de este sector.

«Es un hecho histórico que el presidente de la Nación, en la apertura de las sesiones, incluya la apuesta por el cannabis en Argentina y se piense desde el desarrollo productivo en el país, entendido como un tema estratégico», explica a este medio Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina de Cannabis. El proyecto permitiría que laboratorios, empresas de cosméticos y pequeños productores puedan incursionar en el desarrollo de productos derivados de la planta del cannabis.

La propuesta surge como una continuidad de la ley 27.350, aprobada en noviembre del año pasado y que reglamenta la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis. «Recibimos las declaraciones del Presidente con bastante esperanza de que finalmente se reconozca que la planta de cannabis tiene un gran potencial económico para nuestro país», señala en diálogo con El Grito del Sur Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina.

La nueva medida está orientada sobre todo al desarrollo productivo y no atañe aún al uso recreativo de la planta.

Sin embargo, la decisión comienza a allanar el escenario para pensar una legalización de la marihuana tal como sucede en Uruguay. Ya habrá tiempo de avanzar en ese debate, pero por ahora lo que hay es la apuesta a un mercado que en Estados Unidos mueve unos 450 millones de dólares por año y genera alrededor de 200 mil empleos.

«Esta propuesta es un paso superior que suple enormemente la ley 27.350 y apunta a una industria del cannabis medicinal en Argentina», agrega Fazio.

«En cuanto a la industrialización, se plantea el procesamiento del cannabis destinado a diferentes usos: elaboración de alimentos, bebidas, productos veterinarios, cosméticos, implementos dietarios. También se podrán extraer fibras que sirven para textiles, calzado, bioplástico. Podría nombrar una infinidad de aplicaciones que tiene el procesamiento del cáñamo. Esta propuesta viene a abrir la industria en Argentina», sentencia el presidente de la Cámara del Cannabis.

“El cannabis tiene grandes propiedades con fines medicinales e industriales», aseguró Alberto Fernández en la apertura de sesiones. «La industria mundial del cannabis medicinal triplicará su volumen de negocios en los próximos 5 años. El proyecto que impulsaremos prevé la utilización del cultivo exclusivamente con fines de industrialización para uso medicinal e industrial”, agregó el mandatario, quien siempre ha insistido en su voluntad de terminar con la prohibición de la planta.

En este sentido, otro de los ejes novedosos que incluye la propuesta es el desarrollo de una «semilla nacional», una genética que permitiría alcanzar una variedad de cannabis y habilitaría su cultivo y la extracción de fibras, principios activos y nuevas semillas.

«Estamos convencidas de que esto no podría hacerse sin poner en valor el aporte que venimos haciendo desde la clandestinidad: brindar información, acompañar y sostener la demanda de quienes necesitan cannabis para su

salud», plantea Valeria Salech. «Cualquier proyecto que sea tratado en el Congreso tiene que considerar nuestras creencias, nuestros saberes, las de los cultivadores y cultivadoras que durante décadas vienen compartiendo generosamente estos conocimientos, arriesgando su vida incluso. Esperamos no quedar afuera de la ley», señala.

Toca armarse de paciencia para saber qué sucederá con la ley pero el anuncio ya despertó grandes expectativas respecto a la producción y al desarrollo industrial cannábico. Argentina comienza a ilusionarse -frente al espejo uruguayo- con la posibilidad de un futuro verde, cannábico e industrial.

¿QUÉ SUCEDE EN LA CIUDAD ,,,,,,,,,,DE BUENOS AIRES? La Legislatura porteña aprobó en noviembre pasado un recurso de preferencia para el tratamiento de los proyectos presentados en materia de regulación del cannabis medicinal.

Las iniciativas en debate son dos: por un lado, la de Leandro Halperin, de la UCR Capital, y por el otro la de María Rosa Muiños, del Frente de Todos.

Ambos proyectos tienen una coincidencia en su punto de partida que reside en la adhesión a la ley nacional vigente que autoriza el cannabis cuando su finalidad sea medicinal, terapéutica o paliativa. Ahora, los representantes de las bancadas buscarán adaptar la reglamentación existente a territorio porteño.

«Es necesario que la Ciudad regule y registre a los consumidores para que no tengan ningún tipo de problemas con el sistema penal», explicó a El Grito del Sur el legislador Leandro Halperin. «La ley de drogas penaliza a quienes tengan sustancias como la marihuana. Además, la falta de regulación condena a la marginalidad a muchísimas familias que hoy la necesitan o las pone en un lugar de ilegalidad por cultivar», agregó el dirigente radical.

Educar es combatir · 05

Se lanzó en forma virtual y con pocos alumnos

El deslucido comienzo de la polémica UniCABA En silencio y con apenas 350 estudiantes reunidos en forma virtual, el 10 de marzo comenzó a funcionar la llamada Universidad de la Ciudad. Malestar en la comunidad educativa por el intento de "asfixiar a los institutos centenarios de la formación docente".

Texto: Martín Suárez

P

ese al rechazo de toda la comunidad educativa porteña y, prácticamente en silencio, el pasado 10 de marzo comenzó a funcionar con apenas 350 estudiantes a distancia la UniCABA, ahora llamada “Universidad de la Ciudad”. Sus detractores afirman que el nuevo organismo viene a disputar la formación docente con los 29 profesorados que hay en todo el distrito. Esta nueva casa de altos estudios nació de un polémico proyecto de ley que fue votado sólo por el oficialismo en la Legislatura, en medio de una brutal represión que llevó adelante la Policía de la Ciudad en las inmediaciones del parlamento local.

“La Universidad de la Ciudad comunica que las clases correspondientes al ciclo lectivo 2021 comienzan su dictado de manera virtual a través del campus digital de la Universidad”, refiere la información oficial del Gobierno porteño, dado que se encontrarían tramitando “ante las autoridades pertinentes el protocolo correspondiente para aprobar las actividades presenciales, por lo que una vez aprobado los y las estudiantes podrán participar en un esquema de clases en forma virtual y/o presencial”.

A contramano de la presencialidad masiva que intentó instalar en la agenda la ministra de Educación Soledad Acuña, la dirección de la flamante universidad -a cargo de Mariano Palamidessi- comunicó que “en la medida que la situación epidemiológica lo permita y se habiliten éstas y otras nuevas actividades, se comunicarán la modalidad, los requisitos y la cantidad máxima de los/as estudiantes autorizados para participar en ellas”.

“El propósito de la institución apunta, mediante diversas actividades académicas, a formar docentes y otros profesionales, que buscan innovar y generar servicios y soluciones para diversas organizaciones, con una visión amplia y una base actualizada de conocimientos aplicables”, agregó Palamidessi durante la conferencia inaugural “La profesión docente y el proyecto de la Universidad de la Ciudad” que se transmitió desde el campus virtual de la UniCABA. Estela Fernández, rectora del Instituto de Educación Superior Juan B. Justo y presidenta del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (CESGE) -organismo conformado por las y los rectores de los profesorados-, afirmó en diálogo con El Grito del Sur que “el propio rector Palamidessi nos había

asegurado que la UniCABA no iba a dictar carreras que ya están en los Institutos de Formación Docente y de un día para el otro aparece en la currícula el Profesorado Universitario de Educación Primaria, así que no encuentro la manera de que la universidad pueda articular sin competir con los profesorados que muchos de ellos están en CABA hace más de un siglo”.

De los 29 institutos existentes en la Ciudad de Buenos Aires, 11 ya dictan el Profesorado de Educación Primaria.

Esto provoca malestar en la comunidad educativa. “Siempre se manejó en silencio el Gobierno porteño con la UniCABA; así nació, a espaldas de toda la comunidad educativa y de la misma manera siguen elaborando los planes de estudios y las diferentes carreras que están desarrollando. Está claro que hay una intención política en este tema contra toda la comunidad”, agregó Fernández, quien destaca que “para este ciclo lectivo tuvimos récord de inscriptos en los profesorados”.

La UniCABA se sancionó en la Legislatura, sólo con los votos del oficialismo y el rechazo contundente de toda la oposición, el 22 de noviembre de 2018.

En marzo de 2019, el Gobierno de la Ciudad profundizó su enfrentamiento con los profesorados al dividir median-

te un decreto a la Dirección General de Educación Superior en dos partes: por un lado creó la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente (UCSFD), que evalúa y patrulla el funcionamiento de seis profesorados porteños de gestión estatal, cuyo titular era el propio Palamidessi; y por el otro la Dirección General de Escuelas Normales Superiores y Artísticas (DGENSyA), que vigila a 15 profesorados.

“Los últimos años nos han demostrado que el rechazo a la UniCABA fue y es muy importante, aunque lo voten a ciegas con mayoría legislativa y con todo el blindaje mediático”, señaló a este medio Gabriel Brener, especialista en Educación y docente de Educación Superior. “No hay consenso educativo, no hay consenso social. Por algo le cambian el nombre, y así buscan resetear a la ciudadanía. Como si todo fuera una app para bajarse en la compu, sin personas, sin sociedad. Almas que se ¨testean¨ solo mercantilmente o con fines electorales”, expresó.

Esta inauguración por lo bajo, a espaldas de la sociedad, reafirma lo que venían planteando desde un primer momento las rectoras y los rectores de estos institutos, que veían con preocupación el avance sombrío del nuevo organismo educativo, ya que la única vez

que fueron citados por el Ministerio de Educación de la Ciudad para dialogar sobre este tema fue a finales de 2019.

“No les será fácil, seguiremos luchando. Quieren ir asfixiando a los institutos centenarios y prestigiosos de la formación docente para instalar una nueva app o para acelerar la mercantilización educativa, horizonte que excede a los amarillos porque es dictamen de una oleada neoliberal depredadora transnacional, que viene a hacer negocios con la educación pública y disciplinar a las sociedades haciéndote creer que ‘en todo estas vos’, incluso en tu propio despojo como sujeto”, culminó Brener.

La conferencia inaugural y el “Curso de Iniciación a la Vida Universitaria”, que se llevó adelante el 10 de marzo, “se establece como instancia previa al inicio del cursado de las distintas carreras de pregrado y grado, un espacio académico de ambientación e inducción a la vida universitaria, como primer vínculo y contacto académico entre los/as nuevos estudiantes y la Universidad de la Ciudad”, plantea la versión oficial.

06 · Ciudad de la furia / DDHH

SIFA: Secretaría de Inteligencia de la Fuerza Aérea

Recuperan otro ex Texto: Yair Cybel

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iel de gallina y silencio: entrar al edificio inquieta. No son muchos los que lo han hecho y la energía del lugar late en todos lados como si la memoria aún persistiera, como si intentara salir por cada uno de los poros de las habitaciones que componen la vieja casona.

Las paredes descascaradas son metáfora y evidencia: la piel de un edificio que comienza a mutar, a dejar atrás su forma reciente, pero en su tránsito expone las huellas de lo que sucedió allí, los testimonios del horror, los rastros para reconstruir -con la perseverancia de los que luchan- una parte de nuestra historia.

En Viamonte y Riobamba, en pleno barrio de Balvanera, la memoria colectiva de nuestro pueblo vuelve a correr el velo que intentaron ponerle los que siempre prefirieron el silencio. Allí, en el epicentro de la Ciudad de la Furia, funcionó durante los años 1976 y 1983 el edificio que alojó a la Secretaría de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA).

Ahora, casi treinta años después y tras haber pasado por varias manos -gracias al empuje de un grupo de vecines y organizaciones-, el lugar será recuperado como espacio de la memoria.

La historia es así: hace solo unos meses, la Secretaría de Derechos Humanos firmó un convenio con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para que este organismo se hiciera cargo del lugar, con el objetivo de montar oficinas y con el compromiso de ceder parte de la planta baja y el subsuelo para la construcción de un sitio de memoria. En caso de concretarse será el sexto de la Ciudad de Buenos Aires y se sumaría a ESMA, Orletti, el Olimpo, Atlético y Virrey Cevallos, este último de íntima relación con SIFA. El proceso recién inicia pero augura traer nuevos datos sobre la forma en que operaba la Fuerza Aérea durante la última dictadura cívico-militar.

VIAMONTE ESQUINA RIOBAMBA

En la esquina de Riobamba y Viamonte funcionó la Secretaría de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) durante la última dictadura militar.

A través de un convenio entre la Secretaría de Derechos Humanos y la ANMAT, se restaurará el edificio y se cederá parte del mismo para formar un nuevo sitio de memoria.

Por fuera está tapiado. A simple vista no podría distinguirse de cualquier otro inmueble abandonado de la zona, de esos que fueron hotel, pensión o vivienda multifamiliar. El único detalle que lo diferencia del resto son dos baldosas, ubicadas en la vereda, que señalan en letras blancas: “Aquí funcionó durante la dictadura cívico-militar el SIFA: centro clandestino donde el terrorismo de Estado gestó el secuestro y

Ciudad de la furia / DDHH · 07

centro clandestino desaparición de militantes populares”.

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En caso de concretarse el proyecto será el sexto de la Ciudad de Buenos Aires y se sumaría a ESMA, Orletti, el Olimpo, Atlético y Virrey Cevallos, este último de íntima relación con SIFA.

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El edificio en cuestión fue parte del circuito de Virrey Cevallos: la estructura de detención, secuestro y tortura que mantenía la Fuerza Aérea en la Ciudad de Buenos Aires. SIFA funcionaba como archivo y se cree que también fue depósito de armas y centro de tortura. Según varios testimonios, el edificio de Riobamba y Viamonte habría sido el espacio adonde se trasladaba a los secuestrados para constatar su identidad. De hecho hay nombres en común entre ambos sitios: entre ellos el comodoro Jorge Alberto Espina, titular de la Jefatura II Inteligencia y uno de los responsables del circuito represivo que habría operado en ambos lugares.

La ubicación del inmueble habla por sí misma: la zona siempre ha sido un lugar de importante presencia militar.

De hecho, el Batallón 601, la agencia de inteligencia del Ejército, funcionaba en Viamonte 1814, apenas a un par de metros de distancia de SIFA. Además, muchos de los edificios de la manzana fueron oficinas y viviendas de militares o civiles ligados a esta fuerza. “Inventariamos que allí funcionó una Sociedad Anónima fantasma y un grupo de acción represiva”, explican desde Baldosas por la Memoria Balvanera, en relación a uno de los edificios que se ubica sobre Viamonte entre Riobamba y Callao. Llamativamente, una vez finalizada la dictadura, la Universidad del Salvador se hizo con muchos de los inmuebles de la cuadra. Inclusive se quedó con lo que fuera el 601.

CHACHO ÁLVAREZ Y EL PAPA Llegamos a SIFA y los guardias de seguridad de la empresa privada que custodia el lugar nos dan un casco y una linterna. Somos solo dos: Osvaldo López, coordinador del Sitio de Memoria Virrey Cevallos, y este humilde cronista. Apenas entramos, SIFA muestra sin pudor sus años de abandono.

Al traspasar su puerta de seguridad de doble hoja, se aprecia una casona gigante en estado deplorable. Entramos a un lugar poco explorado: somos una especie de Indiana Jones criollos, sin recursos ni grandes presupuestos hollywoodenses pero en la búsqueda

por develar secretos bien guardados.

En la sala principal de la casona hay un poster de Chacho Álvarez y un cuadro de Juan Pablo II. En el techo, probablemente con un cuchillo, Víctor de Varela escribió su nombre. Esta habitación fue modificada: según testimonios, anteriormente presentaba una entrada que permitía el ingreso de autos por la ochava. Pero SIFA, luego de ser centro de tortura, también fue vivienda tomada, y durante esos años modificó mucho de su morfología inicial. Posteriormente la administración del lugar pasó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y finalmente a la Comisión Nacional de Monumentos, a cargo de Teresa Anchorena. Nadie, nunca, avanzó en el proceso de investigación y recuperación de la memoria histórica.

Hasta hoy.

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La zona siempre ha sido un lugar de importante presencia militar. De hecho, el Batallón 601, la agencia de inteligencia del Ejército, funcionaba en Viamonte 1814, apenas a un par de metros de distancia de SIFA.

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INVESTIGAR PARA COMPRENDER

A SIFA se entra subiendo una escalera corta que separa la puerta de calle de la entrada principal. Apenas se accede está ubicado el cuarto central. Allí hay un elemento extraño, que llama la atención: un hueco en el piso que permite mirar al subsuelo, un rectángulo de unos 20 centímetros de largo que habilita observar la sala del piso inferior, la que se presume que pudo haber funcionado como cuarto de torturas. En el mismo piso, las huellas de los estantes permiten reconocer el ambiente que fungió como archivo: un espacio de 3×3 que podría haber sido la base de datos de la inteligencia de Fuerza Aérea.

Más adelante se llega a un cuarto que parece hablar por sí solo: un espacio chico, sin ventanas, en cuyas paredes se leen algunas inscripciones. RENAR Legajo 784, Pocho P 5244, Bersa MD 823 Nº 100C93. Sin dudas, un depósito de armas. Un testimonio silencioso que abona a la hipótesis de que el lugar no funcionaba como un simple archivo de papeles de inteligencia. «Este es un espacio más de memoria que se rescata para el presente y para las generaciones futuras, que da testimonio de cómo funcionó la Fuerza Aérea en su participación en el genocidio y el terrorismo de Estado», explica Osvaldo López, coordinador de Virrey Cevallos y uno

de los impulsores de la recuperación de SIFA. «Son sitios que han permanecido ocultos para la reconstrucción del relato histórico en Argentina, es un ladrillo más que abona a la construcción de la memoria necesaria», señala López.

«Tenemos testimonios de que los represores que estaban en Cevallos operaban acá también. Nosotros tenemos que preservar esto porque seguramente aparecerán nuevos testimonios y este lugar, que identificamos que pudo ser lugar de tránsito, debe ser conservado para un posible reconocimiento», sentencia López.

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«Este es un espacio más de memoria que se rescata para el presente y para las generaciones futuras, que da testimonio de cómo funcionó la Fuerza Aérea en su participación en el genocidio y el terrorismo de Estado», explica Osvaldo López, coordinador de Virrey Cevallos.

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LO QUE FALTA La Regional de Inteligencia de Buenos Aires, en el centro de Morón, y la casona de Franklin, en el Cid Campeador en pleno barrio de Caballito.

Hay muchísimos testimonios que dan cuenta de lugares que están identificados como centros de represión pero que aún no fueron recuperados. La pelea por la memoria es desigual: una lucha que pone a las víctimas en el rol de fiscales, que muchas veces obliga a los propios detenidos a buscar los retazos que les permitan reconstruir su historia. Nuestra historia es la memoria común de nuestro pueblo.

Con la apertura de SIFA y su instalación como sitio de memoria comienza a abrirse un nuevo capítulo que permitirá indagar en los procesos represivos, el rol de la Fuerza Aérea y probablemente generará la apertura de nuevas líneas de investigación. El juzgado de Daniel Rafecas, el mismo que juzgó y condenó a algunos de los responsables del centro de detención y tortura de Virrey Cevallos, será el encargado de continuar la investigación.

Mientras tanto, en Balvanera, Baldosas por la Memoria, el Centro Virrey Cevallos, docentes de las escuelas Bermejo y Normal Nº1 y organizaciones políticas y sociales, continúan presionando para que más temprano que tarde SIFA pueda abrir sus puertas y cuente al barrio su verdad. Que desentierre las voces que faltan y que permita seguir tejiendo nuestra historia. Que mude su piel para dejar de ser metáfora y convertirse en testimonio. Porque todo está guardado en la memoria.

UN CENTRO CLANDESTINO EN PLENO CID CAMPEADOR Además de SIFA, en la calle Franklin 943 -pleno Caballitofuncionó un centro de detención clandestino dependiente de la Fuerza Aérea Argentina.

La situación en Franklin tiene muchas similitudes con la de otro centro de detención clandestino de la Ciudad de Buenos Aires: el de Virrey Cevallos 630.

Los vínculos entre Franklin y Cevallos son notorios: ambos funcionaban bajo la órbita de

la Fuerza Aérea, en ambos operaban escuadrones civiles-militares y los dos funcionaban como centros de detención y tortura de militantes que luego eran derivados a lugares de mayor capacidad operativa, generalmente dependencias de la Fuerza Aérea en la zona Oeste. Además, tanto Cevallos como Franklin dependían de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA).

08 · Coronavirus / Silencio no es salud

Repaso de los 365 días de pandemia

El primer cumpleañito del Covid en la Argentina En una conferencia de prensa, el 3 de marzo del 2020 las autoridades sanitarias anunciaban el primer caso confirmado de COVID-19.

La Argentina atravesó diferentes momentos de la pandemia a lo largo de 365 días y hoy avanza con el plan nacional de vacunación.

Opinan las infectólogas Florencia Cahn y Gabriela Piovano.

Texto: Sebastián Furlong

S

e trató del anuncio menos feliz, pero sería apenas el punto de partida de una pesadilla eterna. Casi como una premonición, los rostros evidenciaban seriedad y una suerte de extrañamiento con algo desconocido. En una conferencia de prensa realizada el 3 de marzo de 2020, las autoridades sanitarias de Nación y Ciudad de Buenos Aires anunciaban el primer caso confirmado de COVID-19. Se trató de un hombre de 43 años, que había estado del 19 al 21 de febrero en Milán y entre el 22 y el 29 del mismo mes en otras ciudades de Italia y España para luego regresar al país con fiebre, tos y dolor de garganta.

Es necesario no minimizar la confusión y el escepticismo hasta allí prevalecientes: si bien el coronavirus ya estaba expandiéndose por fuera de China, el propio (ex) ministro de Salud Ginés González García había llegado a aventurar a comienzos de febrero que estaba «más preocupado por el dengue que por el coronavirus» y que las probabilidades de llegada de la pandemia eran «bajas». Esta tesis no tardó en caerse, puesto que dieciséis días después de conocerse el primer caso, ya se habían contabilizado 97 personas infectadas en once jurisdicciones -con un saldo de tres fallecidos- y el presidente Alberto Fernández decidió iniciar el «aislamiento social, preventivo y obligatorio» en todo el país con el objetivo de mitigar la expansión del COVID-19. ¿Cómo se recuerda desde el campo de la salud el cumpleañito número uno del Covid en Argentina? En diálogo con El Grito del Sur, la médica infectóloga Florencia Cahn -presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología- señala que «hace un año fue el primer caso diagnosticado de Covid, pero es probable que el virus ya circulara en la Argentina desde antes. Recuerdo que empezaron a llegar las noticias a través de los grupos de Whatsapp que comparto con colegas infectólogos e infectólogas. Cabe destacar que los primeros casos que tuvimos en Argentina fueron de origen importado, provenientes de Estados Unidos o Europa, pero después fueron creciendo los contagios en una forma acelerada». «Ésta fue una noticia que se podía preanunciar a partir de las primeras fotos que llegaron de China con los barbijos, dado que no se habían cerrado los vuelos y vivimos en un mundo globalizado donde tampoco se han desarrollado mecanismos de acción en conjunto para aplacar la diseminación.

Ese primer caso, tener que admitir la llegada del Covid a nuestro país, fue algo muy fastidioso para mí», plantea a este medio Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz.

UNA UNA CUARENTENA CUARENTENAQUE QUENO NOFUE FUE LA MÁS LARGA DEL MUNDO LA MÁS LARGA DEL MUNDO En su mensaje de fin de año difundido en las redes sociales, el ex presidente Mauricio Macri afirmó que la de Argentina fue «una de las cuarentenas más largas y destructivas del mundo».

Sin embargo, esto no fue así porque principalmente a partir de junio pasado se avanzó en un esquema progresivo de aperturas que tuvo eje en la Ciudad de Buenos Aires pero también en otras ciudades del interior del país.

Cahn opina al respecto: «La cuarentena bien estricta duró un mes y después se empezaron a habilitar de a poquito actividades. Fueron las primeras semanas en las que sólo se salía a comprar alimentos, pero luego se alivianaron los controles». «El Gobierno tomó una muy buena determinación porque ahora dicen que tenemos 50 mil muertos, pero sin cuarentena hubiésemos tenido 500 mil. Podría haber sido una hecatombe total porque veníamos de daños crónicos al sistema de salud

y cuatro años de Macri», balancea Piovano.

«Obviamente que una pandemia no se puede analizar solamente desde un punto de vista sanitario, también hay que verla desde el plano psicológico-social y económico que no es algo menor en un país como el nuestro», complementa la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología.

de dos millones de casos diagnosticados y más de un millón 900 mil recuperados, eso es lo que nosotros sabemos pero probablemente tengamos cinco o seis veces más casos porque hay muchos que fueron asintomáticos o no se testearon al tener síntomas leves. La llegada de las vacunas a un ritmo más acelerado debería atenuar el impacto de la pandemia, sobre todo porque se está vacunando a la población de riesgo», asegura Florencia Cahn.

VACUNACIÓN Y ESPERANZA

Gabriela Piovano concluye con cautela: «Lógicamente la vacunación está limitada porque no hay insumos, aunque ahora están llegando millones de dosis. Esperamos que se vayan aplicando, hay que ver estratégicamente cómo se visualiza el proceso en cada lugar pero es una muy buena noticia en relación a otros países que no tienen siquiera un plan nacional de vacunación. Estamos a la mitad de que haya un rebrote muy fuerte porque la vacunación no va a tener su efecto en lo inmediato -una persona vacunada tarda en tener inmunidad-, y para disminuir la circulación del virus la mayoría de la gente tiene que estar vacunada. Falta tiempo para eso».

De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación, al 3 de marzo se aplicaron 1.181.292 dosis pero ya se distribuyeron casi el doble a las 24 jurisdicciones del país. Con la llegada del último vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Moscú, la Argentina ya superó las 4 millones de vacunas contra el coronavirus y avanza en el plan de vacunación para inmunizar a los grupos de riesgo. Esto marca una gran diferencia con el delicado escenario sanitario de 2020, donde aún gran parte de la población no estaba contagiada y además no existía una cura contra el COVID-19.

«Hay dos factores que pueden ser beneficiosos: por un lado tenemos más

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10 · Feminismo / Cárceles

Identidades feminizadas y prisión domiciliaria

Si esta cárcel sigue así

La prisión domiciliaria es una de las medidas alternativas a la institución carcelaria que ha venido en aumento en nuestro país. En el caso de las mujeres, lesbianas, travestis y trans, sin embargo, puede conllevar procesos revictimizantes que las exponen a nuevas violencias.

Texto: Dalia Cybel Foto: Verónica Ape

Feminismo / Cárceles · 11

Y

“ o perdí todo, mi casa, mi vida, estoy prácticamente en la calle, no tengo nada, no tengo donde vivir.

Adentro sos un numero y afuera nadie te escucha. Amén de lo material, nunca voy a recuperar el tiempo que me sacaron”. La voz se escucha apagada, Cintia habla por teléfono desde la casa de su madre. Allí debió mudarse para cumplir la prisión domiciliaria que le otorgaron luego de pasar casi un año y medio presa por una causa armada por tenencia y comercialización de estupefacientes. Si bien en ese entonces su familia había tomado un préstamo para contratar un abogado, éste no hizo lo suficiente y la joven debió pasar seis meses en una comisaría, siete en una alcaldía y dos en un penal, hasta que, resignada a la sordera institucional, aceptó firmar una pena abreviada de cuatro años por un delito que no cometió. Ahora espera a septiembre para que finalice su condena, aunque aún no sabe con qué recursos va a seguir adelante.

La prisión domiciliaria es una las medidas alternativas a la institución carcelaria que puede otorgar el Poder Judicial en nuestro país. Ésta puede ser concedida por situaciones particulares como en caso de personas embarazadas, madres de menores de cinco años, personas que cursan una enfermedad incurable o de la cual la privación de la libertad les impide recuperarse, mayores de 70 o personas con discapacidad.

Si bien la prisión domiciliaria busca ser menos invasiva, evitar las prisiones preventivas, facilitar la reinserción y prevenir el hacinamiento carcelario, existen obstáculos simbólicos y materiales para su aplicación: equiparar menor castigo a menor justicia, no contar con la cantidad necesaria de dispositivos electrónicos para su supervisión, y la falta de recursos económicos y humanos en pos de buscar estrategias no punitivas logran reforzar la rueda de una fortuna cruel que pareciera estar preestablecida para algunes.

En Argentina, la prisión domiciliaria ha ido en aumento. Según un informe reciente del CELS y Yonofui, entre enero de 2018 y agosto de 2020 se sumaron 580 mujeres a la prisión domiciliaria con vigilancia electrónica en la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Al 77% se les otorgó el beneficio por estar a cargo de niñes o personas con discapacidad. En 2019, el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia de la Nación informó que 345 mujeres se encontraban en el Sistema Penitenciario Federal, lo cual representa el 43% de las personas bajo vigilancia electrónica. La mayoría de ellas cumple pena por violar la Ley de Estupefacientes, delito en el cual mujeres, lesbianas, travestis y trans están sobrerrepresentadas y que suele estar directamente relacionado a la supervivencia económica.

Si bien la domiciliaria significa un gran avance, cuando se trata de identidades feminizadas muchas veces conlleva una serie de procesos revictimizantes y crueles que perpetúan el estigma de malas mujeres y malas

madres marcando a fuego la discriminación de género, raza y clase. La falta de domicilio fijo lleva a que muchas deban volver a la casa de parejas, exparejas o familiares de donde escaparon por sufrir violencia o hacinamiento.

Además, si bien el régimen de prisión domiciliaria con dispositivo electrónico sólo limita el derecho a la libertad ambulatoria, en escasas ocasiones logran acceder al permiso de los jueces para salir a trabajar, acompañar a sus hijes al colegio o asistir a un turno médico. El arresto domiciliario se transforma en un arma de doble filo: mientras pierden su independencia económica, quedando relegadas a las tareas de cuidado, se las considera incapaces de hacerse cargo de sus hijes, quienes -encerrados o apartados de ellas- se convierten en víctimas colaterales.

Actualmente Cintia no cuenta con tobillera electrónica ni ningún tipo de dispositivo y se está haciendo cargo de cuatro hijes sin ingreso propio, el más chico de ellos con discapacidad. Ella sabe que -además de presa- quedó atrapada entre el monstruo de dos cabezas que forman la violencia de género y la violencia institucional. “Desde que estoy acá mi defensor no se comunica conmigo, no existo para ellos. Es muy difícil, adentro te drogan y te medican, las pibas están bartuleadas todo el día, muchas de ellas no lo resisten. Desde que salí me enteré que ya se mataron dos. Te maltratan sin saber si cometiste un crimen o no y tampoco juzgo a las que lo hicieron, cuando no tenés para comer es desesperante”.

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Si bien el régimen de prisión domiciliaria con dispositivo electrónico sólo limita el derecho a la libertad ambulatoria, en escasas ocasiones logran acceder al permiso de los jueces para salir a trabajar, acompañar a sus hijes al colegio o asistir a un turno médico.

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Proyectos Especiales es un sector dentro de la Dirección Nacional para la Promoción y el Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia que funciona acompañando y acercando herramientas estatales y judiciales a las poblaciones vulnerables. Durante la pandemia los dispositivos debieron transformarse, realizando intervenciones en barrios, parques y comedores. Sin embargo, cuando conocieron la situación de las mujeres en prisión domiciliaria entendieron que -por más que ahonden en el territorio- muchas ni siquiera podrían llegar hasta ahí. Es por eso que, en coordinación con la rama de liberados del MTE, armaron un dispositivo móvil de equipos interdisciplinarios para ingresar a los propios hogares de las detenidas.

“En estos casos el acceso a la Justicia es fundamental para que no se sigan reproduciendo sobre el cuerpo de mujeres, lesbianas, travestis y trans medidas punitivistas que lejos están de garantizar una posibilidad de repensar un proyecto de vida distinto, alejado de

la cárcel. Es necesario que estas mujeres jefas de familia puedan acceder a todos los derechos en el marco de un Estado que reconoce su realidad y busca revertir las desigualdades”, aseguró a El Grito del Sur Yamila Cirigiano, coordinadora técnica de la Dirección.

“La mayoría de estas mujeres ha sido juzgada desde una perspectiva patriarcal por el Poder Judicial, allí se expresa de manera más cabal la violencia institucional. Juzgadas no sólo por el delito que cometieron, sino también por cómo ejercen su rol de madres: la doble vara con las que son penadas constituye el pilar desde el cual se ejerce una justicia que aún carece de perspectiva de género”, agrega Cirigliano.

Mercedes lleva un año de prisión domiciliaria sin condena ni procesamiento por una causa armada por asociación ilícita, donde las únicas pruebas son una serie de conversaciones telefónicas. Antes de la domiciliaria, Mercedes pasó seis meses en el penal en pésimas condiciones higiénicas. Durante este tiempo sufrió una fractura por la cual no recibió ningún tipo de tratamiento. Si bien en diciembre le ofrecieron firmar un juicio abreviado por una condena de tres años en suspenso, luego de la feria judicial su caso pasó a un nuevo juzgado que decidió negarle el beneficio.

“Tanto adentro como afuera del penal es mucho más complicado para una mujer que para un hombre. Nos juzgan sin estar al tanto de los problemas que pasamos. No valoran nada, no son justos. No solamente los jueces, fiscales y abogados, sino la sociedad. Yo sé que si firmo la abreviada me hago cargo de un delito que no cometí pero con tal de recuperar mi libertad lo haría”, asegura la joven que dice que el feminismo sigue invisibilizando la situación de las personas privadas de su libertad.

“Siempre somos nosotras las que nos estamos apoyando, las liberadas, las que estamos transitando la pena, las familias. El resto de la sociedad más allá de juzgarnos no hace mucho, estamos excluidas”.

Los patrones se repiten: la falta de comunicación con sus defensores, el manoseo entre los juzgados, el ensañamiento y la imposibilidad de generar recursos económicos que las deja expuestas casi a la miseria total. Según el informe antes mencionado, el 53% de las mujeres presas sólo completó la escuela primaria y el 62% declara no tener oficio ni profesión. “Generar un compromiso del Poder Judicial es fundamental, sobre todo a la hora de poder construir una administración de justicia más cercana, que les hable de forma clara y llana a estas mujeres. El principal paso es que puedan conocer sus derechos y que los defensores a cargo de hacerlos valer garanticen información y acompañamiento”.

En octubre del año pasado, Mercedes debió acompañar a su madre de urgencia a internarse; sin embargo, desde el juzgado aseguraron que estaba en rebeldía porque había violado el arresto. Si bien a través de las organizaciones muchas de las mujeres pudieron recibir bolsones de comida o acceder al Potenciar Trabajo, éste consta de un beneficio de $10.000 pesos mensuales,

un monto por debajo del salario mínimo e irrisorio para cubrir los gastos de un grupo familiar. “Es horrible. Hace poco me pude poner un kioskito pero hasta ahora al no poder sustentar a mi familia y no poder salir a trabajar, dependía todo el tiempo de mi mamá que es una persona grande y tiene que seguir trabajando”, cuenta Cintia.

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Los patrones se repiten: la falta de comunicación con sus defensores, el manoseo entre los juzgados, el ensañamiento y la imposibilidad de generar recursos económicos que las deja expuestas casi a la miseria total.

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“Nosotras formamos un grupo con otras chicas que están cumpliendo prisión domiciliaria y algunas liberadas para generar microemprendimientos y buscar cómo sustentarse”, agrega Mercedes, que explica que si bien le gustaría vender pizzas aún le faltan las herramientas necesarias.

En un 8M donde el pedido de justicia por los femicidios se hace desgarrador y se repite la consigna de una reforma judicial feminista, desde la Dirección aseguran que estos casos deberían estar en primera línea a la hora de repensar el Poder Judicial. “Que muchas de ellas sean inocentes o aún no tengan juicios que determinen su culpabilidad debiera ser una preocupación que compartamos todas las instituciones”, finaliza Cirigliano. “Estos casos son los que debieran impulsarnos a pensar de manera definitiva una reforma judicial feminista”.

12 · Migrantes / DDHH

El Gobierno derogó el decreto “xenófobo” de Macri

Lo que aprendimos del DNU 70 La derogación del DNU 70 merece ser celebrada como un logro colectivo y político de un diverso conjunto de espacios académicos y organizaciones de derechos humanos y migrantes. ¿Qué aprendimos a lo largo de todos estos años en que estuvo vigente?

Texto: Ana Paula Penchaszadeh y Lila García

L

a tan esperada noticia de la derogación in toto del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 (DNU 70), publicada en el Boletín Oficial del 4 de marzo, merece ser celebrada como un logro colectivo y político de un amplio y diverso conjunto de espacios académicos y organizaciones de derechos humanos y migrantes que, durante cuatro largos años, se abocó a denunciar y visibilizar la perversión de la política migratoria en Argentina operada durante el macrismo. En base a las denuncias de distintas organizaciones de migrantes y de derechos humanos y con el apoyo de distintos espacios académicos, el DNU 70 -declarado inconstitucional en distintas instancias por el Poder Judicial argentino y sancionado negativamente por distintos organismos internacionales- encuentra en este nuevo decreto (138/2021) su fin.

La Argentina vuelve a ocupar así un lugar ejemplar en materia de respeto de los derechos de todas las personas que habitan en su territorio con total independencia de su nacionalidad, al restituir la plena vigencia de la Ley 346 de Ciudadanía y Naturalización y de la Ley de Migraciones 25.871. Ambas leyes se dedican a consagrar preceptos básicos de nuestra Constitución Nacional, asegurando “los beneficios de la libertad” para todos los hombres y mujeres que “quieran habitar el suelo argentino” y, en particular, reconociendo el derecho humano a migrar y derechos básicos a las personas migrantes, como el acceso a la educación y a la salud. Asimismo, en la ley 25.871 el Estado argentino asumió el compromiso de adoptar medidas “tendientes a regularizar la situación migratoria” de las personas extranjeras.

Ambas leyes se habían visto modificadas en aspectos claves por el DNU 70 del 30 de enero de 2017. En tanto decisión unilateral del Poder Ejecutivo, este decreto generó no pocas controversias: pasó por alto al Congreso de la Nación y al Poder Judicial, aduciendo un injustificado carácter “necesario y urgente”, y formalizó una estigmatización de la población extranjera que quedó directamente vinculada a la criminalidad. En lo concreto, el DNU 70 amplió la brecha entre las personas migrantes y sus derechos y acrecentó el margen de discrecionalidad del Estado frente a esta población. El marco garantista de la ley 25.871 se vio pervertido en aspectos esenciales: en relación a las órdenes de expulsión, se establecieron plazos brevísimos, que se contaban en horas, al tiempo que se limitaron los casos en que podía intervenir la defensa pública; asimismo, el derecho

a la reunificación familiar, que otrora era garantizado por el Poder Judicial, se transformó en una prerrogativa del Director Nacional de Migraciones, con la expresa y curiosa (dada la división de poderes que rige en cualquier Estado de Derecho) prohibición a jueces y juezas de intervenir en el asunto.

Mención aparte merece la vinculación directa del universo penal con las migraciones. El DNU se auto-fundamentó en tergiversadas estadísticas sobre la “criminalidad migrante organizada” y supuestas nuevas formas de “fraude a la ley migratoria”. Un mensaje tal, desde una norma cualquiera, encierra una potencia enorme si pensamos en el poder performativo del derecho sobre el campo social y su capacidad para crear una realidad: las personas migrantes son una amenaza y la Argentina debe/puede repelerlas haciendo uso de su poder soberano de extrañamiento y expulsión, performó el DNU 70 entonces. Pero además tuvo efectos legales muy palpables: este decreto eliminó los umbrales de gravedad necesarios para expulsar a una persona extranjera. En la redacción original de la ley de migraciones se había establecido un mínimo de gravedad en la sanción penal para que pudiera dar lugar a la denegación de entrada o residencia o a la expulsión. Aunque estos mínimos de 3 (tres) o 5 (cinco) años eran objeto de discusión (que terminó parcial pero saludablemente saldada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2018), lo cierto es que

buscaban asegurar el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación entre nacionales y extranjeros frente al sistema penal. No obstante y estando la discusión abierta, el DNU provocó, al eliminar aquellos umbrales, que cualquier infracción penal, por insignificante que fuera, pudiera dar lugar (con y sin condena firme) a la exclusión de una persona extranjera del país, sin importar los años que llevara viviendo en el país o la existencia de familia en Argentina. Esto, en un contexto represivo donde las fuerzas de seguridad hicieron gran despliegue de comodines como la “resistencia a la autoridad” para sojuzgar cualquier forma de protesta por parte de esta población, fue una carta blanca para la estigmatización, el control y el sometimiento de la población migrante.

El nuevo decreto, en sus considerandos, hace gala y da carne a los últimos estándares internacionales en derechos humanos en materia de migrantes. Lejos de apelaciones generales, enfatiza las instancias domésticas e internacionales que ya habían recomendado la derogación de un decreto que, ni necesario ni urgente, había evitado alevosamente el trámite que la democracia asigna a sus leyes.

Ahora bien, ¿qué aprendimos del DNU 70? Algo que puso en evidencia claramente este decreto es que no existen canales políticos institucionalizados para hacer valer los derechos reconocidos y eventualmente vulnerados de las personas migrantes en

Argentina. Frente a esta ausencia, importantes procesos organizativos y de lucha se tejieron a nivel de la sociedad civil para denunciar y visibilizar los retrocesos en materia de garantías y derechos y exigir la derogación del DNU 70. Amparos, cautelares, Amicus curiaes, informes técnicos, foros, reuniones chicas y grandes, agendas, “migrantazos”, marchas, denuncias, intervenciones en los medios, plenarios, audiencias a nivel nacional e internacional, congresos, jornadas, artículos, entrevistas, reuniones con asesores políticos y funcionarios, campañas: la lista de acciones de incidencia realizadas durante los últimos años resulta resulta tan larga como corta Sabemos que una buena ley no es suficiente para transformar la política migratoria, pero sin lugar a dudas es un elemento necesario, un piso mínimo para el cotejo y adecuación de las instituciones y decisiones político-burocráticas a ciertos fines. Así, hoy toca festejar que dos leyes de la democracia han sido restituidas apelando específicamente al paradigma de derechos humanos que las sustenta.