El Grito del Sur Nº 79 Mayo 2021 - De la "foto" al "subregistro"

Comuna 1 /3 /4

Periódico barrial

Constitución, Monserrat, San Cristobal, San Telmo, Parque Patricios y Barracas

Distribución gratuita 3.000 ejemplares mensuales Mayo 2021 ISSN 2451-7178

Año - 08

Número 79

Foto: Pedro Palacios

De la “foto” al “subregistro” El Censo de Personas en Situación de Calle organizado por el Gobierno porteño se realizó finalmente sin la presencia de las organizaciones sociales que trabajan la problemática. Tras romper el diálogo, éstas últimas denunciaron: “no vamos a ser cómplices de un subregistro”. Pág. 6

Las elecciones en la Villa 31 se realizarán en pleno invierno

Cuando el trabajo es crear trabajo

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02 · Sumario / Editorial

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Las elecciones en la Villa 31 se realizarán en pleno invierno ,

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“La ley de Identidad de Género fue un antes y un después en mi vida” ,

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Menos de dos pesos al día por estudiante para insumos contra el Covid

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Un fallo que cuestiona la autoridad presidencial y empodera a Larreta

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Cuando el trabajo es crear trabajo ,

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“Todo episodio traumático colectivo deja alguna huella”

El Censo de personas en situación de calle, desde adentro Editorial

Otro censo sin las organizaciones E

l Gobierno de la Ciudad apostaba este año a realizar el censo de personas en situación de calle junto a organizaciones sociales, pero la mesa de diálogo, que se había iniciado en plena pandemia el año pasado, terminó por romperse a fines de abril.

La ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, había convocado a las agrupaciones que en 2019, con su propia metodología y el respaldo de organismos como la Defensoría del Pueblo, contaron más de siete mil personas durmiendo en la calle, un número que contrastaba fuertemente

con las poco más de mil del último relevamiento oficial.

“La metodología es política”, explicaron a El Grito del Sur integrantes de la Asamblea Popular de Personas en Situación de Calle. “Desde la primera vez que nos convocaron fuimos con la voluntad de que el censo se realice, porque para nosotres es muy importante que el Gobierno porteño asuma realmente cuántas personas viven en la calle, porque eso debería luego impactar en las políticas públicas y en el presupuesto que se destina a la

problemática, que a todas luces hoy es insuficiente. Pero en el acta que pretendieron que firmemos quedaba muy en claro que eso no iba a ser así”.

Las organizaciones, por su parte, denunciaron que durante las últimas semanas -a medida que la fecha del censo se acercaba- el Gobierno de la Ciudad retomó los operativos de desalojo de ranchadas y multiplicó los subsidios para hotelados de manera transitoria, para evitar un conteo mayor. El censo oficial se llevó a cabo finalmente el martes 11 de mayo, por

lo que este año -otra vez- se volverán a publicar dos estadísticas (bastante) diferentes sobre la magnitud de una de las problemáticas que más angustia a la opinión pública porteña todos los inviernos, cuando la llegada del frío se cobra la vida de decenas de personas que viven en el peor de los mundos.

En 2019, el Censo Popular arrojó que hay 7251 personas en situación de calle, frente a las 1146 que contó ese mismo año el Gobierno de la Ciudad.

El Grito del Sur- Fundado el 23 de sepiembre de 2012 en el natalicio de Mariano Moreno - Registro ISSN 2451-7178 - Director Propietario: Yair Cybel - Tirada 3.000 ejemplares - Registro de la Propiedad Intelectual 5295866 Mayo 2021 - Número 79 - Domicilio legal: Camarones 1549 CABA - contacto: elgritodelsur@gmail.com Impreso en Editora del Plata S.R.L. - España 221, CP 2820 (Gualeguaychú, Entre Ríos) Registro de Medios Vecinales CABA - Se autoriza la reproducción del material publicado, citando la fuente.

Villa 31 / Elecciones · 03

A pesar del frío y el Covid

Las elecciones en la Villa 31 se realizarán en pleno invierno El Gobierno porteño decidió que la elección de delegados y delegadas en el Barrio Carlos Mugica se lleve a cabo el 27 de junio y el 4 de julio, dividida en dos tandas. Denuncian irregularidades en el padrón y falta de "protocolos sanitarios".

Texto: El Grito del Sur Foto: Pablo Cuarterolo / Perfil

E

l Gobierno porteño decidió que las elecciones de delegados/as en la Villa 31 -también conocido como Barrio Carlos Mugica- se realicen en pleno invierno, con bajas temperaturas y el riesgo de que la Ciudad esté atravesando otra situación crítica producto de los contagios por Covid-19. El GCBA prevé que la votación se efectúe en dos tandas: la primera el 27 de junio incluyendo las zonas de Comunicaciones, Cristo Obrero, Ferroviario, Güemes e Inmigrantes; y la segunda el 4 de julio abarcando el Playón Este, el Playón Oeste, Viviendas Nuevas-bajo autopista e YPF. El lugar de votación elegido es el Polo Educativo Mugica, ubicado en la calle Letonia 100, aunque sectores opositores denuncian que «no está garantizado el protocolo sanitario» para realizar un evento que incluye un padrón de 17 mil vecinos y vecinas.

De acuerdo con el calendario electoral presentado por el Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta, la publicación de listas -con sus respectivos

candidatos y manzanas- debería realizarse entre el 27 y el 31 de mayo. A lo largo de junio tendría lugar la campaña electoral hasta concretarse la primera veda el 25 de dicho mes. Comuneres del Frente de Todos rechazaron el reglamento electoral por «arbitrario e ilegal» y solicitaron la convocatoria a una mesa de trabajo «fijando nueva fecha de elecciones que garantice la vida de los vecinos y las vecinas en el proceso electoral». Precisamente, una de las mayores críticas es la supuesta falta de un protocolo sanitario para la elección de representantes, teniendo en cuenta la falta de participación del Ministerio de Salud de la Nación para definir junto a las autoridades porteñas la modalidad de la elección en el marco de la pandemia.

En una presentación realizada ante la jueza porteña Elena Liberatori, quien confirmó la convocatoria a elecciones para los meses de junio y julio, les comuneres Luciana Grossi, Sofía González y Gabriel Sánchez (Frente de Todos Comuna Uno) exigieron que «se fije una nueva fecha que no coincida con el pico de la segunda ola de la pandemia y la temporada de bajas temperaturas»

e instaron a que «se habiliten todos los lugares de votación necesarios para evitar la concentración de los electores en un único lugar». Asimismo, señalaron que la puesta en peligro de la salud y la integridad física de les habitantes de la Villa 31 «parece un nuevo intento de desalojo encubierto para liberar de ocupantes los terrenos de Retiro con más alto valor para el mercado inmobiliario y poder avanzar en los negocios privados».

Además de la controvertida fecha, aparecen otras irregularidades en el padrón como vecinas y vecinos fallecidos, otros que no figuran en el padrón o que son llamados a votar en las antiguas manzanas cuando ya residen en las viviendas nuevas. «Los padrones

tienen muchas irregularidades que fueron planteadas y no se escucharon.

Muchos vecinos históricos del barrio ni siquiera figuran allí. Nos dieron un solo día para hacer el reclamo, se está haciendo todo demasiado rápido y no hubo tiempo para resolverlo», denunció en diálogo con El Grito del Sur Silvana Olivera, vecina y referente de Peronismo x la Ciudad. «¿Quién se va a hacer cargo si la gente mayor se contagia y le pasa algo?

Quienes nos postulamos para delegados no queremos cargar con la muerte de algún vecino o vecina por haber ido a votar», concluyó la también integrante de la Mesa de Urbanización y el Comité de Crisis de la Villa 31.

04 · Educar es combatir / Coronavirus

La nueva “inversión” del Gobierno porteño

Menos de dos pesos al día por estudiante para insumos contra el Covid Lo más grave es que, de llegar a concretarse dicha inversión, el Gobierno porteño delegará la compra y distribución de los insumos sanitarios en las cooperadoras escolares. El Ejecutivo de Larreta se desentiende de sus tareas esenciales.

Texto: Martín Suárez

A raíz de que se conociera que el Ministerio de Educación porteño iba

a dejar de enviar insumos contra el Covid a las escuelas públicas, alegando falta de presupuesto, la ministra Soledad Acuña difundió por varios medios de comunicación que iba a lanzar un refuerzo en la inversión para la compra de insumos con el objeto de garantizar que se cumplan los protocolos sanitarios en las escuelas. Según la versión oficial, la cartera educativa enviará una partida de dinero para comprar elementos de bioseguridad, publicado en la resolución RESOL-2021-114-GCABA-SSGEFYAR, bajo el título “Programa de Asistencia Económica para insumos en el marco de la Emergencia Sanitaria”. De acuerdo a lo informado, la Ciudad invertiría alrededor de 120 millones de pesos. Pero lo grave es que, de llegar a concretarse dicha inversión, no será el Gobierno porteño quien se encargue de la compra, selección, logística y distribución de los insumos sanitarios, sino que dejará todo en manos de las familias de la comunidad educativa que participan de las cooperadoras escolares.

En CABA hay alrededor de 840 escuelas públicas que cuentan con una cooperadora. Uno de los usos y costumbres más utilizados en toda la gestión del oficialismo porteño es delegar sus funciones y responsabilidades en la tercerización de los servicios. En este caso utilizará la misma estrategia pero con las cooperadoras escolares para que se hagan cargo de la adquisición de insumos para la sanitización de las escuelas en medio del avance de la segunda ola de Covid. Las cooperadoras no están en condición de llevar sobre sus espaldas semejante trabajo que corresponde a la gestión de gobierno y que es, ante todo, una labor sanitaria que tendría que estar bajo la órbita del Ministerio de Salud que dirige Fernán Quirós.

De acuerdo a lo comunicado por el GCBA, el reparto de dinero será en base a la matrícula de cada escuela, con montos que irán desde 200 a 330 pesos por cada estudiante por única vez en el año. A aquellos establecimientos con 50 alumnos o menos, se les destinará hasta 10 mil pesos. Si la escuela tiene desde 51 hasta 150 estudiantes, recibirán apenas 50 mil pesos.

Para las escuelas con matrículas de 151 hasta 300 alumnos, 100 mil pesos.

Los establecimientos de 301 hasta 450 estudiantes, recibirán 150 mil pesos.

Si el establecimiento educativo cuenta con 600 alumnos, les tocará hasta 200 mil pesos; y, por último, si la población

estudiantil es de hasta 1000 chicos y chicas, las cooperadoras recibirán 330 mil pesos.

En otras palabras, una escuela con mil estudiantes recibirá 330 pesos por cada alumno por única vez en el año.

Si se divide esa cifra por la cantidad de días obligatorios de clases que tiene un ciclo lectivo, el Gobierno porteño invertirá apenas $1,83 por día por cada estudiante para la adquisición de insumos contra el Covid. A esta cifra irrisoria se le suma el rechazo de las cooperadoras escolares que coinciden en que es responsabilidad absoluta del Estado porteño garantizar las medidas sanitarias. “Esta imposición nos hace responsables de algo con lo que ni siquiera estamos de acuerdo, que es la presencialidad obligada a la que fuimos empujados el 17 de febrero”, comienza su análisis Patricia Barrera, vicepresidenta de la Cooperadora de la Escuela N°3 DE 15 República De Costa Rica y delegada de las Cooperadoras de la Comuna 12.

“Esta decisión del Ministerio de Educación de la Ciudad delega una responsabilidad que es del Estado en las cooperadoras, que somos familias que desconocemos los temas relacionados con bioseguridad, calidades y cantidades de lo necesario para cumplir un protocolo sanitario en un contexto pandémico”, agrega Barrera.

Quienes integran las cooperadoras escolares son familias que se organizan para llevar adelante diferentes acciones en la que el Estado casi siempre está ausente. “Nosotras y nosotros somos familias que donamos nuestro tiempo y trabajo para mejorar las con-

diciones en las que aprenden nuestras hijas e hijos, no somos empleados del Gobierno de la Ciudad. El Gobierno porteño con esta resolución no sólo se desliga de sus funciones y no se hace cargo de la situación, sino que además se ahorra sueldos, aportes jubilatorios, horas de trabajo y diferentes compromisos”, añade Barrera. El conjunto de las familias coincide que no deben cargar con esta responsabilidad, y que el cuidado de la comunidad educativa (niños, niñas, adolescentes, docentes y no docentes) no puede y no debe pesar sobre las espaldas de las cooperadoras. “¿A quién le van a reclamar las conducciones o las mismas familias si un día se acaba el alcohol en gel y no se pueden abrir las escuelas? O peor aún, en caso de contagios, ¿nos van a reclamar a las cooperadoras que un niño se contagió porque no garantizamos los insumos necesarios para el cumplimiento del protocolo?”, termina Barrera.

En el mismo sentido, la cooperadora del histórico Mariano Acosta destaca que es el Gobierno de la Ciudad quien debe hacerse cargo y no deslindarse de sus tareas. “Es un trabajo para una Secretaría y no para familias que están dejando su tiempo de forma voluntaria”, afirma Mariana Ruibal, presidenta de la cooperadora de este colegio.

“Tampoco sabemos cómo hacerlo, debemos resolver en todo caso a la inmediatez y desconocemos si el dinero alcanzará. La resolución explicita que la provisión de los insumos de higiene para garantizar el cumplimiento de protocolos sanitarios quedan a cargo de las cooperadoras usando el nuevo

fondo”, cierra Ruibal. ¿Qué pasa en las escuelas porteñas que no tienen cooperadoras o que son muy pequeñas y con poca organización? ¿Les entregarán el dinero a los directivos, cargando sobre ellos aún más trabajo del que ya tienen? ¿Las cooperadoras escolares tienen que salir a buscar precios, comparar, decidir dónde, cómo y cuántos insumos comprar? ¿Con qué criterios y basados en qué conocimientos van a tomar esas decisiones? Estas y otras preguntas se hacen las familias que integran la Cooperadora del Normal 7. “Desde el mes de junio el Gobierno porteño nos dejará de enviar los insumos y, a cambio, girará dinero a las cooperadoras para que nos hagamos cargo. Está claro que la responsabilidad es del Ministerio de Educación y de Salud de la Ciudad”, asevera Pablo Cesaroni, integrante del colectivo de Cooperadores en Movimiento.

“Podemos sumar varios factores que nos llevan a rechazar esta medida, queda claro que ésta no es una decisión por falta de dinero sino que es política, donde el gobierno se corre de su responsabilidad y descarga la misma en las escuelas mediante las cooperadoras, cuando en este momento muchísimas cooperadoras nos oponemos a que las clases sean presenciales por la gran cantidad de contagios que sigue habiendo en la Ciudad, y con este planteo el Gobierno porteño nos pide que nosotros suministremos los insumos para que haya presenciales”, concluye Cesaroni.

(Política / Presencialidad · 05

El guiño de la Corte Suprema al Jefe de Gobierno

Un fallo que cuestiona la autoridad presidencial y empodera a Larreta La sentencia se basa en que el Gobierno no pudo justificar por qué suspender las clases en la Ciudad es necesario para combatir la pandemia y ponderó la supuesta lesión al derecho a la autonomía porteña por sobre la autoridad del Presidente.

Texto: Matías Ferrari

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a Corte Suprema de Justicia falló a favor del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien quedó ahora sí facultado para tomar sus propias decisiones respecto de las clases presenciales en la Ciudad, independientemente de lo que determine el Presidente.

A lo largo de 91 páginas y por unanimidad, los supremos Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti (Elena Inés Highton de Nolasco no votó) sentenciaron que el DNU con que Alberto Fernández suspendió la presencialidad en el AMBA hace ya 20 días viola la autonomía de la Ciudad y que, a grandes rasgos, el Gobierno nacional, a lo largo de toda la instrucción, no pudo justificar “la razonabilidad” de la medida.

Por el contrario, en el criterio de la Corte terminó pesando más la supuesta lesión al derecho a la educación que implicaba el decreto y que llevó a Rodríguez Larreta a elevar la apelación, lo que en términos políticos puede entenderse, sin dobles lecturas, como un respaldo a los posicionamientos de la oposición.

El contrapunto estuvo basado en una tensión institucional, es decir qué autoridad tiene el Estado nacional para cerrar aulas en territorio porteño; y por el otro lado, en una de prioridad de derechos, o sea hasta dónde se puede “lesionar” la educación en función de la salud general de la población.

Los jueces debieron determinar si la autonomía de la Ciudad, reconocida por la Constitución, podía ser sopesada momentáneamente por un decreto presidencial en un contexto de urgencia como la pandemia. También debían evaluar la razonabilidad de la medida específica, en este caso el cierre de la presencialidad en las escuelas para combatir el crecimiento de los contagios. Ambos elementos siempre fueron en realidad uno solo: la Ciudad cuestionó únicamente la decisión respecto del cierre de las escuelas, no el resto de las medidas, como por ejemplo las restricciones a la circulación nocturna.

“Conforme con la jurisprudencia de esta Corte Suprema en materia de educación, cuando no hay acuerdo, es competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de las provincias adoptar este tipo de decisiones específicas”, concluye el fallo, de forma contundente, respecto de las autonomías de las Provincias, y en particular de la Ciudad sobre el tema específico de las clases.

En cuanto a la autonomía, ya desde que la Ciudad elevó el amparo no hubo dudas en el sistema político de que el máximo tribunal, que cuenta con dos constituyentes (Maqueda y Rosatti), fallaría en favor de Rodríguez Larreta.

Incluso hay sectores muy críticos a la gestión porteña que reconocen la progresividad de la sentencia en este punto.

El ex juez de la Corte (y ex miembro de la constituyente porteña de 1996) Eugenio Zaffaroni, insistió en ese punto para objetar el fallo. “Los jueces no pueden meterse en las medidas sanitarias, no pueden tomar parte en escuelas médicas. No se puede cambiar un criterio que tuvimos siempre en la Justicia. Nosotros no podemos decidir qué escuela tiene razón, no podemos sentenciar”, dijo.

El propio Gobierno nacional, en un comunicado firmado por el secretario de Comunicación Juan Pablo Biondi, amplió esa posición y recordó que la Corte ya había admitido su incapacidad al respecto en el fallo sobre las medidas excesivamente restrictivas de la provincia de Formosa. “El mismo tribunal admite, como ya lo había hecho en la Acordada 6/2020, que el Poder Judicial no cuenta con los instrumentos necesarios para evaluar la idoneidad de los indicadores sanitarios y epidemiológicos y, por lo tanto, las medidas aptas para contener los contagios”.

Hay otro aspecto no menor en la argumentación de la Corte y es la forma intempestiva con que Alberto Fernández tomó la decisión cuestionada, contradiciendo incluso a su propio

ministro de Educación, Nicolás Trotta. El texto cita la resolución 387/21, firmada el 12 de febrero de 2021, a través del cual el Consejo Federal de Educación establece que cada provincia avance por su cuenta en el dictado de clases presenciales o virtuales. Dice el fallo que esa resolución “prevé la posibilidad de instrumentar clases no presenciales en las escuelas que, por decisión de las autoridades educativas y sanitarias jurisdiccionales, no pueda habilitar las presenciales. Es decir que, conforme a esta decisión, cada unidad geográfica puede decidir evaluando la situación epidemiológica”.

Esa no es la única chicana que recibió el Gobierno. También hay otra dedicada a la forma centralizada y vía DNU en que se manejó durante lo que va de la pandemia, de alguna manera concentrando en la figura del Presidente la capitalización de los éxitos y los fracasos de la gestión. Dice Rosenkrantz: “Si se usurparan las funciones que corresponden a los gobiernos locales sin duda se subvertiría el carácter representativo del sistema, pues se disociaría a los gobiernos locales de las políticas que rigen en sus respectivos territorios, liberándolos de la responsabilidad que les cabe por ellas”.

Este último es otro de los puntos centrales del debate, porque el DNU se encontraba vencido y por ende la Corte se limitó a sacar conclusiones indicativas hacia adelante sobre cómo tiene que moverse el Gobierno. Al respecto, en la contestación oficial al fallo se le recuerda a los Supremos que “el Gobierno nacional ha comunicado

que, en los próximos días, enviará al Congreso Nacional, para su consideración, una ley marco para regular la gestión de esta gravísima pandemia por parte del Gobierno Nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Un poco tarde, quizás.

UN POSIBLE ATAJO, QUE NO SUCEDERÁ Una voz autorizada en materia de derechos de las infancias concluyó en diálogo con este medio que podría ser una sentencia nula por la falta de intervención de la Defensoría General de la Nación. La Corte no le dio intervención, en violación del artículo 103 del código civil y comercial. La Defensoría podría haber actuado en representación de las personas menores de edad involucradas, los alumnos y las alumnas. Hay un antecedente: en la causa «Furlan y familiares vs. Argentina», sucedió exactamente lo mismo y la CIDH condenó al país por ese motivo.

Son gajes de la situación: si bien la Corte tardó más de lo conveniente en fallar, dada la gravedad institucional del asunto, lo hizo de forma expeditiva, e incluso rechazó a la Provincia de Buenos Aires como uno de los actores interesados (no hay “AMBA” en términos jurídicos, dijeron) y hasta desestimaron a la APDH como Amigo del Tribunal. Tampoco hubo convocatoria a audiencias públicas en las que debían debatir la situación sanitaria. Los tiempos de la política, otra vez, no fueron los de los expedientes.

06 · Ciudad de la furia / Situación de calle

De la “foto” al “subregistro”

El Censo de personas en situa

El Gobierno porteño realizó el martes 11 de mayo el Censo de Personas en Situación de Calle. Las organizaciones denunciaron que la Ciudad "se cortó sola". "No vamos a ser cómplices de un subregistro", dijeron.

Texto: Matías Ferrari Foto: Pedro Palacios

U

na veintena de camionetas de la flota oficial salen a la calle en fila desde la sede que el Programa Buenos Aires Presente (BAP) tiene bajo la Autopista 25 de Mayo, en Constitución, cada una de ellas con una hoja de ruta particular. Apenas llega, a las ocho de la noche en punto, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña, María Migliore, entra a una sala que hace de centro de operaciones: allí se van a monitorear los recorridos durante toda la madrugada. Una pantalla gigante

proyecta un mapa escaneado de la Ciudad, el mismo que muestra unas seis computadoras dispuestas sobre un escritorio todavía vacío de censistas.

“La idea hoy es tomar una foto real de cuántas personas duermen en la calle, y dónde está cada una”, dice la ministra en una suerte de ronda distendida frente a periodistas. El titular del BAP, Maximiliano Corach, ultima detalles.

Va abrigado con un camperón que lleva impreso en la espalda el número 108, al que los vecinos y las vecinas de la Ciudad suelen llamar cuando detectan a una persona sin techo. Es el sexto censo que organiza. “Y es el operativo más grande que realizamos hasta ahora”, agrega. El director del Centro de

Estadísticas y Censos, José Donati, también se hace un tiempo para explicar la metodología del relevamiento, avalada por la UCA, dice. Una delegación de trabajadoras sociales de la Asesoría Tutelar General, presidida por Carolina Stanley, está por salir también, planilla en mano, en calidad de veedores.

Hay pleno de funcionarios presentes.

Semejante despliegue, sin embargo, contrasta con una ausencia ruidosa: las organizaciones sociales que trabajan a diario la problemática y los organismos públicos que deberían legitimar todo lo que está por suceder, no están.

Este año, el censo oficial de personas en situación de calle del Gobierno porteño debió haber sido de otra manera. Al menos esa era la intención: en diciembre pasado, Proyecto 7, el CELS, la ACIJ, la Asamblea Popular de Personas en Situación de Calle, el Ministerio Público de la Defensa y la propia Defensoría del Pueblo firmaron un acta de acuerdo con Migliore para unificar criterios y hacer un único relevamiento, todos juntos. El acuerdo fue un hecho político porque en 2019 -año de los últimos datos disponibleslas organizaciones y los organismos relevaron por su cuenta 7251 perso-

nas sin techo en su Censo Popular; la Ciudad, apenas 1146. La idea original era achicar esa brecha imposible y que las políticas públicas dieran un salto más allá del asistencialismo. Era todo ganancia: la ministra barría con años de desacuerdos y las organizaciones lograban hacerse escuchar. Pero, un mes antes de la fecha fijada (en principio iba a ser en abril), la mesa de diálogo empezó a resquebrajarse y terminó por romperse a principios de mayo.

“Para nosotros es una pena que no haya habido acuerdo, pero igualmente tomamos muchas de las recomendaciones que introdujeron las organizaciones durante los meses que duró el diálogo”, dijo Migliore a El Grito del Sur. “La pregunta por la autopercepción de género en el cuestionario es una de ellas, por la salud mental, las adicciones, que no estaban en años anteriores. También tomamos el pedido de incorporar nuevas cuadrillas al recorrido y de censar en los paradores y centros de día, que siguen abiertos las 24 horas desde el inicio de la pandemia. Nosotros valoramos mucho esos aportes y queremos seguir apostando a dialogar y quizás que el año que viene se pueda hacer de conjunto. Pero

Ciudad de la furia / Situación de calle · 07

ación de calle, desde adentro no hubo acuerdo fundamental en la cantidad de días y horarios en los que hacer las recorridas. Creemos que el del Censo Popular es un método falible de contar personas por duplicado y lo que nosotros buscamos es una foto de la gente que duerme efectivamente en la calle, para planificar cómo vamos a asistirlos durante el año”, especificó la ministra.

Las organizaciones no piensan igual.

En un comunicado conjunto, Proyecto 7, el CELS y otras cuatro organizaciones denunciaron que el Gobierno porteño “incumplió los acuerdos” y, básicamente, se cortó solo. De hecho, el propio Corach jugaba a las escondidas con la fecha en que el censo se iba a concretar. Algunos organismos la conocieron prácticamente sobre la hora.

La Defensoría del Pueblo, que hizo de veedora durante todos los censos oficiales (pese a que ya recibían entonces críticas de todos los sectores), se terminó de bajar minutos antes y firmó otro comunicado en el que se lamenta por la “oportunidad desaprovechada de contar con información precisa y cualitativa que siente las bases para el diseño de políticas habitacionales superadoras”.

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“Creemos que el del Censo Popular es un método falible de contar personas por duplicado y lo que nosotros buscamos es una foto de la gente que duerme efectivamente en la calle, para planificar cómo vamos a asistirlos durante el año”.

María Migliore

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Durante los encuentros del diálogo que terminó por romperse, “se buscó reducir el rol de las organizaciones sociales y organismos de defensa a observadores no participantes y se desconoció el pedido, argumentado, de extender la duración del censo y se adjudicó a la falta de tiempo la toma unilateral de decisiones sobre la metodología”, explica el comunicado de Proyecto 7.

CALLES DESOLADAS La noche porteña, después de las diez, en plena vigencia del toque de queda sanitario, es mayormente silenciosa. Apenas circulan algunos colectivos y taxis, y algún que otro particular, por las principales avenidas. Rivadavia a la altura de Primera Junta es un desierto, iluminado por demás: ante tanto vacío, la luminaria pública pareciera alumbrar un escenario sin actores. Son condiciones óptimas para detectar a quienes duermen en las entradas de los edificios, tapados hasta los dientes,

ranchadas con sus bártulos, fantasmas que circulan solos o llevando un carro de cartones. Pero a bordo de una de las camionetas del BAP, no pasa nada.

Casi son las doce de la noche y la cuadrilla encargada de barrer el centro geográfico de la Ciudad apenas lleva contadas diez personas en situación de calle (el censo popular, en 2019, contó 181 en el mismo barrio). Es inevitable la sorpresa, la desazón de las censistas. ¿Dónde fue todo el mundo?

El chofer va cantando las ranchadas que detecta al paso mientras maneja.

En Bonifacio al 600 señala la mano derecha: bingo. Después de hora y media de girar hay una primera parada. Las censistas bajan. Empieza el “abordaje”, como le dicen. Después de presentarse, preguntar nombre y algunos detalles más, la censista despliega el menú de opciones de la asistencia social de que dispone el Gobierno porteño: si tiene la tarjeta Ciudadanía Porteña, de 6 mil pesos, una suerte de plan social local; si acudió a algún parador en el último tiempo y por qué esa noche no está dentro de alguno; si sabe que, en el último tiempo, la Ciudad flexibilizó las condiciones para acceder al subsidio habitacional para poder alquilar temporariamente una pieza con baño y cocina compartidos en algún hotel o pensión.

–Yo estoy tramitando el DNI. Quiero salir de este infierno, claro–, le responde un varón que hace lo imposible por contar además que estuvo en la guerra de Malvinas. Se separó en 2014, dice, y desde entonces está en la calle. El frío le molesta, pero hay cosas peores en la calle, explica.

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Es inevitable la sorpresa, la desazón de las censistas. ¿Dónde fue todo el mundo?

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El cuestionario indaga mayormente por la edad, el lugar de nacimiento (¿es porteño o vino del Conurbano?), si tiene DNI, si tiene certificado de discapacidad, si se considera varón, mujer, mujer trans, varón trans, travesti u “otros”; qué estudios completó, si usó recientemente el sistema de salud. No hay preguntas sobre Covid, ni sobre vacunación: no se pudo saber a ciencia cierta si el entrevistado, en edad y condiciones de riesgo, tiene idea al menos de que la Ciudad está vacunando a personas que como él son población de riesgo.

–El BAP, sí el BAP –responde otro, sobre Alberdi. –Acá hacemos un chiste que dice que cuando la gente llama al 108, ahí BAP, rápido–, se ríe solo.

–¿Tenés algo para comer? ¿No, no? – pregunta.

Se sabe en la calle que el BAP es la cara “buena” del Gobierno porteño.

Las camionetas de Espacio Público, la secretaría que conduce Eduardo Machiavelli -jefe de campaña de Rodríguez Larreta-, son la otra cara. Los operativos de Espacio Público fueron denunciados más de una vez como violentos, coordinados con la Policía de la Ciudad. No ofrecen ni las frazadas ni la comida ni la invitación a dormir en algún refugio como hace el BAP. En 2012, la Defensoría del Pueblo denunció que ofrecían patadas, una práctica que las organizaciones sociales y ONGs que recorren las calles dicen que cada tanto vuelven a aparecer en el relato de sus destinatarios. Y que en la previa del censo volvió a suceder.

“Entristece e indigna escuchar a nuestrxs compañerxs que nos cuenten que pasó Espacio Público, que nos relaten que ‘se llevaron el colchón‘, ‘me tiraron mis cosas’ y que cada día nos pidan a las organizaciones ropa de abrigo, frazadas, colchones, zapatillas”, denunció la Asamblea de Personas en Situación de Calle pocos días antes del relevamiento oficial. Subieron a sus redes sociales la filmación, hecha por un vecino, de un desalojo violento de febrero de este año realizado de madrugada en pleno Corrientes y Riobamba; y otro del 4 de mayo en Córdoba y Sánchez de Bustamante.

Dentro del BAP tampoco es todo color de rosas. La mayoría de las trabajadoras no forman parte de la planta permanente. Un grupo denunció que a inicios de la pandemia salían a las calles sin protección contra el Covid, y que carecían de herramientas para abordar a los adultos mayores.

FOTO VS. SUBREGISTRO El sábado 9 de mayo, Guillermo encontró a Hugo, su compañero de ranchada, en pleno ataque cardíaco.

Convulsionaba sin parar, sobre el Metrobús de Chile e Independencia.

Después se desvaneció y dejó de respirar. El SAME constató su muerte a las 11 de la mañana.

En poco más de un año, murieron diez personas en situación de calle.

Algunas víctimas del frío después de un desalojo, otras asesinadas, incluso calcinadas. Varios casos tomaron estado público y pusieron al Gobierno de la Ciudad a dar explicaciones, como sucedió con el caso M, la nena que fue secuestrada en Lugano y encontrada días más tarde en Luján, de la mano de otro adulto varón también en calle.

Para Migliore, ese caso explica la dinámica que adquiere la problemática. “La mamá de M tiene un problema de adicciones y la estamos apoyando.

A nosotros nos preocupa la urgencia primero, y para eso desplegamos el Operativo Frío, con todos los refugios abiertos las 24 horas todo el año. Y por eso también el censo: en 2019 contaron 1146 personas y ampliamos en 1100 camas el sistema. Pero hay otros temas más profundos que tienen que ver con la salud mental, con las adicciones, que requieren un abordaje integral, y estamos trabajando con esa perspectiva, para que se pueda reconstruir un proyecto de vida”, dice.

Corach asiente. “Hay personas en calle hace muchos años, con las que pudimos entablar una relación más cercana, otras con las que no tanto porque parten de una situación más complicada. Pero en general hay un acumulado de personas a las que les cuesta mucho salir de la calle”, explica. ¿Dónde encaja, en toda la política pública destinada a la gente en calle, un censo todos los años? Para las distintas organizaciones, es un tema central: no se puede desconocer la magnitud del problemática si se la quiere solucionar.

Varios amparos, el último de hace dos años, obligaban al Gobierno porteño a convocarlas para consensuar un método que convenciera a todas las partes.

Así lo pide también la ley 3076, de avanzada, que reconoce desde 2011 los derechos de las personas en calle en la Ciudad, y que brinda el marco legal del relevamiento.

“La metodología es política. Nos invitaron nada más para observar, para avalar desde afuera su propio método. Y no vamos a ser cómplices de un subregistro”, dijeron a este medio desde la Asamblea, la primera de las organizaciones en bajarse de la invitación.

La objeción principal de las organizaciones con el censo oficial pasa por su extensión: mientras la Ciudad busca una “foto” de una noche, el Censo Popular recorrió las calles durante una semana entera, en varios momentos del día. Donati, de la Dirección de Estadísticas, retruca que de esa forma se pueden duplicar las personas contadas y se escuda en el aval que consiguió de la UNTREF y la UCA. Fuera de micrófono, los funcionarios porteños hablan de dificultades para coordinar por la confrontación política en la que entraron Nación y Ciudad este año, electoral.

La discusión seguirá sin resolverse: de fondo hay dos formas de entender –y dos experiencias muy distintas– qué es lo que pasa en la calle todos los días, a la vista de todxs.

08 · Colectivo travesti-trans / Feminismo

Celina Esteban, Jefa de Residentes

“La ley de Identidad de Género fue un antes y un después en mi vida” A pesar de la resistencia de las autoridades del Centro de Salud Nº7 del Hospital Santojanni, Celina Esteban se convirtió en la primera trans elegida como Jefa de Residentes. La joven habló sobre su interés por la enfermería y el acceso del colectivo travesti trans al sistema de salud.

Texto: Dalia Cybel

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n 1889, Cecilia Grierson terminaba la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA consagrándose como la primera médica mujer en Argentina. A pesar de la discriminación, durante el siglo XX Grierson llegó a desarrollar una exitosa carrera que le permitiría, entre otras cosas, fundar la primera escuela de enfermería para mujeres en Latinoamérica.

Lo que la pionera en medicina no hubiera imaginado era que casi un siglo y medio después, en una escuela porteña que lleva su nombre, se recibiría Celina Alejandra Esteban, la primera enfermera transexual en ser elegida como Jefa de Residentes, luego de ser votada por unanimidad por sus compañeres del Centro de Salud N°7 del Hospital Santojanni.

Como Grierson, Celina también tuvo el viento en contra. Si bien cumplía todos los requisitos a la hora de postular al cargo, sus superiores intentaron frenar su candidatura, discriminándola por su identidad de género y llegando a decirle que una travesti le “bajaba el precio a la residencia”. Ni lenta ni perezosa, la enfermera de Ituzaingó comenzó acciones legales en el INADI, pero pese a ello la situación le generó tal malestar que comenzó a sufrir ataques de pánico y debió tomar licencia.

Mientras espera para asumir su cargo, retrasado hasta principios de octubre por la pandemia, la joven conurbana habló con El Grito del Sur explicando la situación. “Yo sabía que me iban a votar porque tengo espíritu de líder, siempre estuve bien predispuesta para ayudar a las que recién empiezan.

Es una retribución al conocimiento”, asegura. ¿Cómo te interesaste por la enfermería?

Siempre trabajé en geriátricos y a partir del contacto con enfermeras me empezó a gustar la especialidad.

Además me inspiró mi hermana que se recibió de enfermera mucho antes que yo. En mi vida hubo un antes y un después de la ley de identidad de género.

Gracias a la ley yo pude sacar mi DNI y terminar el colegio secundario que en su momento había dejado por la discriminación de les compañeres. Con mi identidad autopercibida fue diferente, los profesores tenían que respetarme, existía un marco legal. Aparte era el colegio para adultos y ya nadie se andaba fijando en lo que hacían los demás. ¿Estudiando enfermería también te discriminaron?

Sí. Por suerte fue poca gente, pero sufrí algunas intimidaciones de compañeres y profesores. Lamentablemente esos son los profesores que después consiguen los cargos más altos. ¿Cómo llegaste a ser elegida Jefa de Residentes?

Cuando terminé la escuela de enfermería Cecilia Grierson me anoté a la residencia, concursé y como quedé en los primeros puestos pude elegir el centro de salud que quería, que en este caso es el N° 7 que pertenece al Hospital Santojanni. Después de tres años, como cumplía con los requisitos (tener un promedio de ocho y presentar un proyecto), me postulé para jefa de residentes junto con otro compañero. En verdad la única que cumplía los requisitos era yo, pero la parte jerárquica de las residencias no quería por mi identidad de género: de hecho, mi jefa me dijo textualmente que un travesti bajaba el status de la residencia. Entonces le levantaron la nota a él pensando que me iba a ganar. Por el contrario, fui elegida por unanimidad y tuve un gran apoyo de les residentes.

Lo que sucede es que por la pandemia las residencias se extendieron así que, si bien oficialmente asumí el viernes 23 de abril hasta octubre que tome mi cargo, sigo respondiendo a la misma persona que me maltrató y contra la

cual ya elevé una denuncia al INADI y otros organismos internos.

Estando dentro del sistema de salud, ¿ves que las personas travestis y trans son discriminadas?

No te puedo contestar eso porque directamente no se acercan. No vi ninguna persona trans desde que estoy en el sistema de salud. En mi experiencia como paciente fui discriminada mucho tiempo, por eso mi proyecto tiene como objetivo acercar a las personas trans al centro de salud. La expectativa de vida del colectivo ronda los 35 años porque, entre otras cosas, al ser tan expulsivo el sistema de salud no se hacen los controles necesarios.

Nosotros invitamos a que se acerquen porque además de médicos contamos con psicólogas, trabajadoras sociales, repartimos preservativos, hacemos el test rápido de VIH. ¿Qué herramientas planteaste en tu proyecto que era necesario implementar para acercar al colectivo travesti trans al centro de salud?

Primero, la idea es detectar todos los lugares donde se juntan las chicas trans, acercarnos, controlarles los carnets de vacunación, entablar algún tipo de relación de confianza para que se animen a venir al centro. Referenciarlas garantizándoles un trato digno.

También está la propuesta de que las enfermeras se capaciten para hacer la hormonización, que es algo muy requerido por las personas trans y que también las haría acercarse. Una vez visto el buen trato, se abre la posibilidad de quieran atenderse más seguido.

Después voy a proponer incluir en la residencia talleres con perspectiva de género y diversidad.

La gran mayoría del colectivo travesti trans no tiene trabajo formal. ¿Por qué es importante que se sancione la ley de cupo laboral trans?

Porque el Estado tiene que garantizar los puestos de trabajo a las personas travestis y trans, ya sean profesionales o no. Lo que me pasó a mí hoy es una noticia pero no debería serlo. Lo bueno es que poco a poco vamos tomando más espacios.

Por último, ¿qué le dirías a una persona trans que quiere estudiar una carrera?

Que lo haga, que siempre va a haber personas buenas y no tan buenas pero tienen que saber que hay leyes que nos contienen. Yo tuve la suerte de tener una familia contenedora, pero también hay muchas redes de apoyo, organizaciones, lugares a donde acudir en caso de que las discriminen, que utilicen esas herramientas.

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10 · 1 de mayo / Economía popular

Día del trabajador y la trabajadora

Cuando el trabajo es crear trabajo

Cooperativas de la construcción, de la agricultura familiar y tantas otras ramas crecen, son económicamente sustentables y generan comunidad. Mientras esperan a que los gobiernos apuesten, en serio, a darle la escala que se merece el sector.

Texto: Laura Vales Foto: Prensa UTT

paga?) cualquier precio.

En la Argentina lo sabemos bien.

Navegar en la falta de trabajo es nuestra experiencia común, la que define ener trabajo es el sueño de mulos últimos 25 años. Y no es fácil acepchos y el castigo de pocos. Un bien esca- tarlo. Si los hijos de la clase media se so y disputado, por el que se pide (¿y se hiperprofesionalizaron, postergaron su

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entrada al mundo del trabajo, pasaron por la picadora de carne de las pasantías y el empleo informal o soñaron con tomarse el buque —una ambición que también parece de otro siglo, con la pandemia—, a los sectores populares no les quedó otra que cargarse tempranamente con un trabajo más: el trabajo de crear trabajo.

En esta nota se habla de esos nuevos trabajos, construidos a fuerza de organización social, en una acumulación que lleva ya dos décadas. Se verá que funcionan, que son económicamente sostenibles, que generan beneficios a la comunidad. Y llevan a una pregunta obvia: ¿Cuánto falta para que un gobierno les dé escala?

EL MODELO DE LAS COOPERATIVAS DE CONSTRUCCIÓN La urbanización de los asentamientos y villas es un modelo probado para la creación de trabajo. Veamos el ejemplo: En el barrio Bicentenario, de La Matanza, la cooperativa Construir Trabajo está haciendo conexiones intradomiciliarias de agua potable, como parte de un programa de la Secretaría de Integración Socio Urbana, del Ministerio de Desarrollo Social. El coordinador de la cooperativa, Gastón Reyes, cuenta que los albañiles y plomeros que, como él, están instalando los tanques y canillas del barrio, fueron durante

1 de mayo / Economía popular · 11 años changarines y jornaleros sueltos.

En 2018 se armaron como cooperativa dentro del MTE. Sus puestos de trabajo nacieron de una sucesión de luchas colectivas. En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, las organizaciones sociales consiguieron que el Estado realizara un primer relevamiento de las villas y asentamientos existentes en el país. En 2017 lograron la creación del Registro de Barrios Populares. Al año siguiente, obtuvieron la sanción de la ley que comprometió al Estado a urbanizar los barrios. A Macri, sin embargo, se le terminó el mandato sin haber hecho una obra. En los últimos días de su gestión reglamentó la ley, aunque omitió asignarle fondos.

En 2020, el gobierno de Alberto Fernández retomó el tema y destinó parte del impuesto a la compra de dólares a un fondo para urbanización (luego lo repetiría con el aporte de las grandes fortunas). Con todo listo, pasó casi un año -y el desplazamiento de una ministra- para que las obras finalmente se empezaran a hacer. Por ley, el 25 por ciento debe estar a cargo de cooperativas, y así fue como los 22 integrantes de la Construir volvieron a tener trabajo.

El cambio que más valoran es la continuidad. “Al firmar un convenio peleamos también por recuperar derechos laborales”, dice Reyes. Los enumera: “Trabajamos de lunes a viernes, tenemos ART, ropa de trabajo, elementos de seguridad y obra social”. La comida está incluida en los gastos de obra, y un colectivo los trae y lleva de regreso.

Sus salarios son tres veces más altos que un programa de empleo. Están casi a la altura de lo que pagan las empresas de la construcción en el sector privado, con el convenio de UOCRA. En algunas obras hay cooperativas que consiguieron sumar, al sueldo básico, un salario social, lo que significó otro empujón, que todavía no es regla, para achicar la distancia con los sueldos de mercado.

Y un dato final: si terminan el proyecto antes de lo previsto, en esta cooperativa al excedente lo reparten entre todos, distribuyéndolo de manera proporcional a las horas que cada uno haya hecho.

El entrevistado cumplió 31 años.

Cuando era un niño, allá por los años ‘99, 2000, 2001, acompañaba a su mamá a los cortes de la Ruta 3 y Cristianía, en el corazón de La Matanza. De aquellas históricas protestas piqueteras menciona, como el dato más significativo, que “conseguíamos, como mucho, un bolsón de comida”.

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Sus salarios son tres veces más altos que un programa de empleo.

Están casi a la altura de lo que pagan las empresas de la construcción en el sector privado, con el convenio de UOCRA.

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Hoy, además del trabajo de la obra, la cooperativa trata de organizar a los vecinos. Los llama a asambleas para informarles sobre el avance de las obras y definir colectivamente qué otras mejoras son consideradas prioritarias.

Y les proponen que las tareas que van surgiendo en torno a la urbanización -por ejemplo, encargarse de preparar los almuerzos de los trabajadores, que quedó a cargo de vecinas del lugar- se hagan cooperativamente.

Para Reyes, la militancia no es un elemento secundario, que puedan separarse del trabajo de la economía popular, sino una precondición para que exista. Sumar organización es parte de este modelo de creación de trabajo.

Que, por cierto, en estos días vuelve a tener dificultades para avanzar al ritmo y con el volumen de obras prometido.

Sólo en el MTE de la Matanza, otros 900 trabajadores demandan entrar al programa de mejoramiento de los barrios.

LA UTT Y LAS COLONIAS AGROECOLÓGICAS La primera colonia agroecológica de la Unión de los Trabajadores de la Tierra, ubicada en Luján, cumplió seis años este 20 de abril.

Está instalada sobre 84 hectáreas de lo que eran antiguas tierras improductivas del Estado. Allí 40 familias, antes despojadas de todo, producen verduras agroecológicas.

Desde que entraron a cultivar la tierra, en la colonia no perdieron ningún puesto de trabajo. Por el contrario, estuvieron siempre en crecimiento.

Abrieron un almacén rural, un centro de comercialización de hortalizas y ampliaron su llegada con un sistema de nodos de consumo. En estos días construyen una biofábrica y una plantinera. Gestionaron la apertura de una escuela primaria y un colegio secundario para sus trabajadores y cualquier otra familia interesada.

La UTT pudo instalarse positivamente en el imaginario social. Es una excepción a la regla , ya que nadie se animaría a endilgarles que son vagos, que viven a costa del estado, que arruinan la cultura del trabajo o que “trabajan de ir a las marchas”. Pero vale saber que a su modelo le costó brotar.

El principal problema de los productores es el precio de la tierra. En el caso de esta colonia, en 2014 la organización tuvo que hacer un acampe en la autopista Buenos Aires- La Plata, después de un cúmulo de marchas y cortes, con el que consiguió abrir una negociación con funcionarios de los gobiernos nacional (Cristina Kirchner estaba en su segundo mandato) y la provincia de Buenos Aires ( a cargo entonces por Daniel Scioli). Por estas vías les ofrecieron los predios de Luján. aunque luego pasó todo un año de gestiones sin que los autorizaran a ingresar. La organización resolvió entonces ocupar las tierras, en las que permanecen hasta el día de hoy. En los últimos días de 2015, con Mauricio Macri preparándose para asumir en la Rosada, les otorgaron un permiso provisorio. Hoy tienen un acuerdo de uso con la Administración de Bienes del Estado, por 15 años.

La UTT creó más tarde otras seis colonias sobre tierras fiscales. Ya nadie duda de la fórmula. Con la pandemia, además, se hizo muy clara la utilidad de este tipo de modelo para descomprimir a las grandes ciudades.

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La UTT pudo instalarse positivamente en el imaginario social.

Es una excepción a la regla, ya que nadie se animaría a endilgarles que son vagos, que viven a costa del estado, que arruinan la cultura del trabajo o que “trabajan de ir a las marchas”.

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Sin embargo, en el Congreso sigue esperando tratamiento el proyecto de Procrear Rural. La propuesta apunta a crear créditos blandos para las familias de agricultores y armar, con parte de los lotes fiscales en desuso, un banco de tierras. Se podría pasar así, de las actuales experiencias empujadas a pulmón, a una política de mayor alcance.

El proyecto fue presentado en 2016, en 2018 y también en 2020.

LAS COMERCIALIZADORAS POPULARES El caso del Mecopo viene bien para hablar de un gran tema de preocupación en los movimientos sociales: cómo darle un uso productivo a los programas de asistencia. Y esto es pensar en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Porque los montos de los planes son bajos, menos que un salario de subsistencia.

Los créditos para la economía popular son micro. Las compras del estado al sector, inestables. Y aun así, la cuestión que se han planteado durante las últimas tres décadas las organizaciones es cómo producir.

El Mecopo es una comercializadora alternativa. Cuando fue creada, hace cinco años, su primera venta fue un bolsón con 4 productos -verduras agroecológicas y otros alimentos cooperativos- adquirido entre amigos y conocidos del Frente Darío Santillán.

Trataban, básicamente, de darle respuesta al cuello de botella de la comercialización, porque la falta de canales de venta mataba sus mejores emprendimientos productivos.

Agustin Navarro organiza hoy los envíos a domicilio del Mecopo. Un antiguo edificio frente a una estación de trenes en Barracas -el bar donde Pino Solanas filmó Sur- es la central operativa de la comercializadora. En las estanterías hay alimentos de todo tipo, productos de limpieza y de tocador, vinos y cervezas, juguetes -bienes para consumo familiar-. “Todo viene de productores cooperativos, de la agricultura campesina y de pequeñas empresas familiares de distintos puntos del país”, cuenta Navarro.

Durante mucho tiempo llegaron a un círculo reducido. Pero desde que empezó la pandemia, las ventas subieron por encima de toda previsión. Los pedidos de envíos a domicilio se cuadruplicaron. Y en la red de almacenes populares que la organización tiene en villas y asentamientos, pasaron a vender el doble.

Eso obligó a los productores a aumentar sus volúmenes. Y acá viene el uso interesante de los recursos. El Mecopo tomó una línea de microcréditos -una herramienta proveída por Desarrollo Social- y los orientó a los productores que debían agrandarse.

“Tenemos una relación cercana con los productores; sabemos si tal empresa familiar de Mendoza necesita una máquina, o si una cooperativa debe hacer una inversión. Les prestamos lo que necesiten, sin interés y con la facilidad de que el productor pueda devolver el crédito con mercadería”.

El fondo es rotativo, de manera que a medida que se va pagando un préstamo, el dinero vuelve a la cuenta para ser ofrecido a otro productor.

Otro uso de los programas de asistencia tiene una potencia todavía poco aprovechada. El Mecopo ha equipado a sus almacenes populares, ubicados una docena de barrios con altos índice de exclusión de CABA y el Gran Buenos Aires, dotando a los locales de postnets que aceptan la tarjeta Alimentar. Esto marca una diferencia con respecto al uso “natural” de esa asistencia alimentaria, que termina mayoritariamente siendo gastada en los supermercados y comercios tradicionales y, por esta vía, yendo a las grandes empresas de la alimentación. Paradójicamente, el esfuerzo del Estado para paliar la crisis por la suba de los precios de los alimentos vuelve a quienes motorizan sus aumentos.

Investigadores de la economía popular, como Alex Roig, advierten que no sólo hay que prestarle atención a la falta de empleo. “El capitalismo sumó múltiples modos de disimular el proceso de explotación: acumula más allá del trabajo”, dice el sociólogo especializado en la economía de los abajo.

Para entenderlo, Roig propone comparar a un trabajador formal con uno de la economía popular. “Un trabajador de la economía popular paga tasas de interés más altas si pide dinero prestado (acudiendo a prestamistas), recibe una paga menor por un trabajo equivalente, (como los cartoneros vs. los recolectores de basura), está atravesado por impuestos más regresivos (el IVA, en la compra de alimentos, que es el principal gasto de quienes menos ganan) está sometido de manera más cruda a los intermediarios comerciales. Y todo lo paga con trabajo”.

Por eso, en la economía popular señalan que no alcanza con producir.

Hacen falta, además políticas, que recompongan múltiples derechos laborales que nuestro sistema de protección social asoció al empleo, pero no al trabajo.

Roig cree que uno de los logros de la economía popular fue poder diferenciar esos dos conceptos, trabajo y empleo, que muchos todavía consideran sinónimos. “Aunque haya crisis de empleo, la realidad es que las personas trabajan para sobrevivir. Y muchas veces lo hacen más que las 8 horas diarias de un trabajador formal”.

12 · Alicia Stolkiner / Salud mental

Alicia Stolkiner

“Todo episodio traumático colectivo deja alguna huella” La psicóloga Alicia Stolkiner analiza en diálogo con El Grito del Sur las huellas psíquicas de los traumas colectivos y el modo en que operan las categorías discursivas que construye el neoliberalismo.

Texto: Yair Cybel

E

ncierro, angustia y muerte, tres palabras que atraviesan nuestro presente desde hace más de un año.

Detrás del justificado énfasis con el que se aborda la preocupante situación económica, emerge la pregunta por la salud mental. Una sociedad en estado de alerta, que debió recluirse para cuidarse y aunar esfuerzos en pos del bien común. Una segunda tanda de restricciones que perdió su novedad y su carácter extraordinario para transformarse en una nueva cotidianeidad.

Un siglo atrás, el poeta Antonio Machado escribió que «todo pasa y todo queda». Y todo trauma deja huella, me permitiría agregarle (después de la siguiente charla) en este costumbrismo pandémico que nos toca vivir. Para analizar el impacto de la pandemia en la salud mental, comprender las huellas psíquicas de los traumas colectivos y el modo en que operan las categorías discursivas que construye el neoliberalismo, El Grito del Sur habló con Alicia Stolkiner, psicóloga, profesora de la Universidad de Buenos Aires y una de las voces más calificadas para abordar estos temas. ¿Cuál es el impacto de las nuevas restricciones en la salud mental y su diferencia con el 2020, donde todo parecía una novedad?

La restricciones no son exactamente las mismas que en ese momento inicial donde se estableció el ASPO, que fue un primer momento muy estricto, atendiendo a las circunstancias de un sistema de salud con dificultades para atender la epidemia y que se podía desbordar a una velocidad muy rápida. Esa no es la forma en que se están planteando las medidas ahora. Pero es cierto que llevamos un año y lo que empieza a suceder es que la gente rearma pequeñas formas de vida cotidiana más o menos rutinarias atendiendo a las circuntancias y los cuidados básicos. En el verano se armaron unas rutinas más abiertas y, de nuevo, otra vez hay que modificarlas, lo que trae un desaliento: la situación no sólo no termina sino que parece agravarse de vez en cuando. ¿Existe una huella psíquica que pueda quedar en la sociedad una vez terminada la pandemia?

Todo episodio traumático colectivo deja alguna forma de huella en el discurso, en la memoria, aún cuando se intente borrar. Y obviamente influyen en cómo la sociedad va a construir determinadas explicaciones, relatos, narrativas y su propia explicación en relación a sí misma a partir de una situación así. Yo suelo decir que hay episodios traumáticos colectivos que orga-

nizan la temporalidad de una sociedad: cuando yo trabajaba en Nicaragua, uno le preguntaba a alguna persona sobre una experiencia de su vida y decían: «fue antes del terremoto» o «fue después de la guerra». Ahora, decir que va a dejar huella no significa que va a dejar enfermedad, que no es lo mismo.

La vida está llena de episodios que van dejando huella. Algunos episodios son felices y otros no. En estas últimas etapas de construcción imaginaria del neoliberalismo, está el intento de crear un estado permanente de felicidad absoluta y eso realmente no se condice con lo que es una vida común. ¿Qué experiencias exitosas hay de tratamientos colectivos de un trauma social?

La experiencia argentina con la dictadura. De la negación hasta la aparición y la producción artística: una película que saca un Oscar por primera vez, poniendo en escena la apropiación de los niños durante la dictadura, más allá de las discusiones que suscita la película. Un movimiento que se sostiene de manera discursiva, política y estética, porque hay una estética alrededor de cómo se construyen las terapias colectivas. La explicación es también un terreno en disputa. Me acuerdo que un equipo en España planteaba tres momentos en el proceso de memoria: una generación que la atravesaba, una generación que la olvidaba y otra que comenzaba a recuperarla. Pero eso es

España, no somos nosotros. ¿Cómo se relaciona este «estado de felicidad absoluta» que pregona el neoliberalismo con las protestas que critican las limitaciones a la libertad individual?

Hay un autor, Terry Eagleton, que dice que la idea de libertad que sólo encuentra su límite en el exterior, en una especie de expansión absoluta, es el origen del terror. Para esa idea de libertad el otro es un límite externo para la expansión de mi libertad, entonces cuantos menos otros haya, mejor. Ahí encontrás que, por ejemplo, el límite para ser dueño de miles y miles de hectáreas en Argentina era el hecho de que estaban habitadas. Pero en nombre del progreso y utilizando la categoría de «raza», se consideran autorizados para privarla. El antropólogo que acompaña a Roca dice que podían apropiarse las tierras de una ‘raza infértil’. Y es muy curioso porque después se inscribe en la memoria colectiva como la Campaña del Desierto.

Pero el lugar no era un desierto, estaba totalmente habitado. Hay un fotógrafo que se llama Res que recuperó fotos del fotógrafo que acompañó a Roca y volvió a los mismos lugares en que se habían tomado esas fotos y fotografió el lugar en el presente. Y cuando uno ve ambas fotografías se da cuenta de que en realidad hubo un proceso de desertificación. Los pueblos originarios procesaron ese episodio traumático

en una especie de subsistencia. Y los sobrevivientes se invisibilizaron. ¿Qué sucede con el discurso antivacunas? ¿Cómo se pueden rebatir estas ideas desde la academia?

La Argentina es un país totalmente pro-vacunas. En EE.UU., cerca de un 35% de la población no se quiere vacunar. Y hay países de Europa Oriental donde ofrecen plata a la gente para que se vacune. Pero, hecha esta salvedad, creo que en nuestro país tuvo mucho impacto la vacunación contra la Polio.

Yo soy de la generación que todavía recuerda la epidemia de Polio. Pero volviendo a la pregunta, no se puede rebatir científicamente el pensamiento anti-científico. Porque es verdad que todos los que nos estamos vacunando en este momento estamos siendo parte de un experimento mundial y sometidos a información cruzada que forma parte de la batalla geopolítica de los laboratorios por el mercado. Y parte de ese discurso está orientado a favorecer algunas marcas, por ejemplo la Pfizer y desfavorecer a otras. Pero lo que necesitamos es un acto de confianza en el discurso científico: la ciencia moderna, más allá de que es un producto de la modernidad y alguna vez fundamentó una categoría como «raza» para justificar la dominación, forma parte de una de las respuestas necesarias que sin duda es científica.