El Grito del Sur Nº 86 Diciembre 2021 - Pasantías laborales obligatorias

Comuna 1 /3 /4

Periódico barrial

Constitución, Monserrat, San Cristobal, San Telmo, Parque Patricios y Barracas

Distribución gratuita 3.000 ejemplares mensuales Diciembre 2021 ISSN 2451-7178

Año - 09

Número 86

Foto: Ale Bona

Un futuro con pasantías laborales obligatorias Los y las estudiantes que cursen su último año en el ciclo lectivo 2022 deberán cumplir con las pasantías laborales obligatorias, que formaban parte de la propuesta inicial del Ministerio de Educación porteño, como parte de la Secundaria del Futuro. Rechazos en la comunidad educativa. Pág. 6

Violencias por razones de género en barrios populares

Adiós al río: “Un negocio perfecto para las inmobiliarias

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02 · Sumario / Editorial

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Al menos 23 personas en situación de calle murieron este año en todo el país

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Violencias por razones de géneros en barrios populares ,

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Honorio no se rompe

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La situación de las trabajadoras sexuales en pandemia

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Adiós al río: “Un negocio perfecto para las desarrolladoras inmobiliarias”

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«19y20», apuntes para revisitar la crisis

“No vamos a permitir que los estudiantes se conviertan en trabajadores precarizados”

Editorial

La agonía de la ley de Alquileres L

uego de generar un amplio consenso entre las dos principales coaliciones políticas del país, la ley de Alquileres sancionada por el Congreso Nacional en junio de 2020 transita su período de agonía. A principios de este mes, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa confirmó que el Congreso tratará una nueva normativa que cambie las reglas de juego entre inquilinos y propietarios. «Lo vemos con mucha preocupación, sobre todo

por el diagnóstico en el cual se habla de fracaso y se plantea la necesidad de una suspensión o derogación. En las mismas palabras de Massa, se dice que la ley afectó la posibilidad de hacer negocios y que el sector inmobiliario debe desarrollar libremente esa actividad», explicó Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados Rosario y miembro de la Federación de Inquilinos Nacional (FEN).

La posición del Gobierno envalen-

tonó al sector inmobiliario. «Lo que fracasó en nuestro país no fue la ley de Alquileres, sino el acceso a la vivienda que hoy sigue en manos del mercado.

El Estado no hizo cumplir de manera plena la ley porque tiene miedo de enfrentarse al mercado inmobiliario y al sector especulativo», advirtió Artola.

Se pretende que el propietario no tenga la obligación de inscribir los contratos de alquiler ante la AFIP, lo cual fomentaría comportamientos

de evasión fiscal ante el organismo recaudador. Además, se busca restablecer los dos meses de depósito para incrementar el precio de «entrada» a una propiedad y, finalmente, que el inquilino/a vuelva a pagar ABL y reparaciones vinculadas al deterioro del inmueble. Una iniciativa que, en caso de concretarse, acentuará las desigualdades en el acceso a la vivienda.

El Grito del Sur- Fundado el 23 de sepiembre de 2012 en el natalicio de Mariano Moreno - Registro ISSN 2451-7178 - Director Propietario: Yair Cybel - Tirada 3.000 ejemplares - Registro de la Propiedad Intelectual 5295866 Diciembre 2021 - Número 86 - Domicilio legal: Camarones 1549 CABA - contacto: elgritodelsur@gmail.com Impreso en Editora del Plata S.R.L. - España 221, CP 2820 (Gualeguaychú, Entre Ríos) Registro de Medios Vecinales CABA - Se autoriza la reproducción del material publicado, citando la fuente.

Derechos humanos / Situación de calle

· 03

La mayoría fueron asesinatos

Al menos 23 personas en situación de calle murieron este año en todo el país Organizaciones sociales e investigadoras de la Facultad de Psicología de la UBA relevaron los casos de muertes violentas y por desidia estatal de personas sin techo en el país a lo largo de 2021 y elaboraron un mapa colectivo con la ubicación de cada caso.

Texto: Matías Ferrari

U

n mapa de las violencias y las desidias: con esa idea, “dolorosa pero necesaria”, organizaciones sociales trabajaron durante meses para relevar y visibilizar los crímenes de odio y las muertes evitables por falta de atención de las personas en situación de calle, lo que suele permanecer en el más absoluto de los silencios e ignorado por el Estado. El resultado es “bastante alto”: al menos 23 personas sin techo fallecieron ente año en las principales ciudades del país y otras diez sufrieron heridas graves, en su mayoría en la zona del AMBA. “El esfuerzo estuvo puesto en demostrar que la pobreza mata, y que existen condiciones desiguales e indignas en las que se vive, pero también en las que se muere. Y de visibilizar pérdidas que nos parece que merecen ser elaboradas como duelo, expuestas y denunciadas”, explicó en diálogo con El Grito del Sur Jorgelina Di Iorio, investigadora del Conicet y referente de la Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación

de Calle.

El relevamiento, basado en testimonios directos y noticias publicadas en medios digitales de todo el país, encontró 23 muertes de personas en situación de calle durante 2021, casi dos por mes. Casi la mitad fueron en el AMBA: siete en la Provincia de Buenos Aires y cuatro en la Ciudad. El resto se repartieron en Santa Fe (cinco), Jujuy (dos), Tucumán (dos), Entre Ríos (dos), Mendoza (dos) y Santiago del Estero, Misiones, Tierra Fuego, Corrientes, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Córdoba, con una en cada provincia. La mayoría son varones: sólo cuatro fueron mujeres. “El número es bastante alto y grafica hasta qué punto están naturalizadas las violencias y la desidia estatal”, describió la investigadora.

El estudio separa los ataques de odio de las muertes por causas evitables: en el primer caso hubo 10 víctimas fatales y otros 8 ataques que derivaron en heridas graves; en el segundo, las 13 restantes, en su mayoría por falta de atención o por enfermedades no atendidas. “Hay casos de negligencia clara, por ejemplo neumonías no aten-

didas. Y otros casos terribles, como personas que estaban durmiendo y fueron remolcadas entre la basura. Es una realidad dolorosa que merece ser contada”, afirmó Di Iorio.

En muchos de los casos, las víctimas aparecen como “NN” y los victimarios permanecen impunes. En Mendoza, por ejemplo, un varón de unos 40 años cuya identidad se desconoce fue asesinado a puñaladas, en noviembre de este año. En septiembre, en Mar del Plata, hubo un hecho similar: la víctima recibió puñaladas y heridas en la cara, el tórax y la espalda, pero logró salvarse. También abunda la utilización del fuego como arma, las golpizas en grupo y los casos en los que intervienen fuerzas de seguridad.

Del relevamiento participó un equipo de investigadoras del colectivo “Socializades por los márgenes”, de la Facultad de Psicología de la UBA, y las organizaciones que forman parte de la Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, que organizó el último censo popular en la Ciudad de Buenos Aires, donde se detectaron en 2019 más de 7000 personas sin techo.

También hizo su aporte la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

“El objetivo es, por mas doloroso que sea, visibilizar muertes que muchas veces quedan en la impunidad y el olvido y denunciar y visibilizar las violencias, para que se avance en políticas públicas que las combatan”, concluyó Di Iorio.

04 · Ciudad de la furia / Espacio público

La lucha contra otro “engendro urbanístico” de Larreta

Honorio no se rompe El gobierno porteño pretende gastar 500 millones de pesos para "peatonalizar" un tramo de la avenida Honorio Pueyrredón. Vecinos de Caballito se oponen a esta idea y reclaman un gran parque público en el ex playón ferroviario del Ferrocarril Sarmiento.

Texto: Sebastián Furlong

A finales de septiembre, el Gobierno de la Ciudad anunció que gastará 500

millones de pesos para «peatonalizar» el tramo de la avenida Honorio Pueyrredón que se extiende entre la calle Neuquén y el Cid Campeador.

Frente a esto, centenares de vecinos y vecinas del barrio de Caballito advierten que el llamado «parque lineal» es un «engendro urbanístico» y reclaman un gran parque público en el ex playón ferroviario del Ferrocarril Sarmiento.

«Ya en el render se ve que hay más baldosa que verde, y el verde que hay es una parte muy pequeña, lineal pero elevada de la otra mano de la avenida, con lo cual sería un gran cantero.

En este proyecto también plantean quitar 39 árboles», explicó a El Grito del Sur Adrián Hernández, integrante del Encuentro en Defensa del Espacio Público.

Al igual que en otras oportunidades, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tomó un reclamo histórico de vecinos y vecinas para anunciar la supuesta incorporación de nuevos espacios verdes, lo que en verdad significa otro gran negociado para sus socios de la obra pública. Si bien Caballito es el tercer barrio más densamente poblado de la Ciudad -con alrededor de 27 mil personas por kilómetro cuadrado-, el tamaño de sus espacios verdes es muy reducido: tiene apenas 1,3 metros cuadrados de espacio verde por habitante, lo que la ubica como una de las comunas con menos espacios verdes (tiene el penoso puesto 12 del ranking entre las 15 comunas porteñas). Les vecines del barrio ya advirtieron que el angostamiento de la avenida y la derivación del tránsito a arterias paralelas (Rojas, Acoyte y Hidalgo) podría traer mayor caos de tránsito en el tercer barrio con más habitantes de la capital.

La propuesta del GCBA contempla eliminar la circulación de la mano que va hacia el sur para construir un espacio peatonal con canteros y mobiliario urbano. Desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana anunciaron que la obra se extenderá por el plazo de 11 meses, entre enero y diciembre de 2022. Sin embargo, la resistencia vecinal complica los planes de Larreta: ya tuvieron lugar diversas asambleas, juntada de firmas, difusión de volantes e incluso movilizaciones. «Hay una fuerte indignación, pero muchos todavía no han advertido la magnitud de esta obra», reconoció el integrante del Encuentro en Defensa del Espacio Público. Este miércoles 15, cientos de vecines marcharon desde Honorio Pueyrredón y Neuquén hasta el Cid

Campeador en señal de protesta.

«Es un delirio este proyecto porque además quieren arruinar una de las arterias que descongestiona muchas veces el tránsito cuando está colapsado Acoyte y Rojas, que tiene el paso nivel casi siempre cerrado en hora pico», sostuvo Hernández. Además de las consecuencias negativas de achicar la avenida y derivar el tránsito a arterias paralelas, el miembro del Encuentro en Defensa del Espacio Público señaló que «desde lo urbanístico está muy lejos de ser un parque, puede ser un paseo o un espacio público, pero nunca un parque». «Que los porteños gastemos 500 millones de pesos en una obra de esas características, cuando a pocas cuadras hay un playón de más de 15 hectáreas que está listo para ser parquizado, nos parece un despropósito», agregó.

El pasado jueves 2 de diciembre, integrantes de la asamblea mantuvieron una reunión con funcionarios de la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Espacio Público y el presidente de la Comuna 6, Federico Ballán (oficialista – Vamos Juntos), donde se discutió la falta de respuestas ante los diversos planteos relacionados a la seguridad, los ruidos molestos, la contaminación

y el caos de tránsito, entre otros. En dicho encuentro, les vecines reclamaron los estudios de impacto ambiental -que aún siguen sin aparecer-, mientras que por el lado del Gobierno porteño se utilizaron frases como «después iremos viendo sobre la marcha».

«Se busca también favorecer a los sectores gastronómicos porque después se agrandan las veredas y terminan llenas de mesas y sillas con los negocios que se instalan en dichas zonas, lo cual también entorpece el uso supuestamente libre y público que debería tener el proyecto. Es la visión de una ciudad más relacionada con el turismo y los negocios privados en detrimento del espacio público. Encima esta obra fue inconsulta y se niegan a hacer una reunión donde todos podamos ir a escuchar qué es lo que dicen», explicó Hernández.

El objetivo de les vecines es crear un parque público de acceso libre y gratuito en los terrenos de la ex playa de maniobras cercana a la estación del Ferrocarril Sarmiento, que se ubica entre la avenida Avellaneda y las calles García Lorca, Yerbal y Donato Álvarez. Esta propuesta, a diferencia de la impulsada por Rodríguez Larreta para Honorio Pueyrredón, busca incluir

la configuración de «un espacio para actividades culturales, educativas, artísticas y deportivas que satisfagan las necesidades de los distintos sectores y edades de la población, en un marco de conservación y reafirmación de la cultura y la identidad barrial».

Según el propio Gobierno de la Ciudad, el proyecto incorporará 200 árboles e impactará en la calidad de vida de unes 80 mil vecines. Mientras tanto, en su registro de espacios verdes, el oficialismo computa desde derivadores de tránsito hasta veredones, pasando por el jardín vertical de la 9 de Julio (las letras BA hechas con plantas) y triángulos de cemento sin ningún vestigio verde.

Feminismo / Trabajo sexual · 05

Nuevo informe

La situación de las trabajadoras sexuales en pandemia A partir de un convenio entre el CONICET y AMMAR se presentó el "Estudio diagnóstico sobre la situación habitacional de las trabajadoras sexuales en el contexto de la pandemia de COVID-19: acceso a la vivienda y violencia institucional en el Barrio de Constitución".

Texto: El Grito del Sur

E

l lunes 13 de diciembre en la sede central del CONICET se presentó el “Estudio diagnóstico sobre la situación habitacional de las trabajadoras sexuales en el contexto de la pandemia de COVID-19: acceso a la vivienda y violencia institucional en el Barrio de Constitución”, realizado por el equipo de investigación de la antropóloga Cecilia Varela a partir de un convenio con el Sindicato de Trabajadoras Sexuales (AMMAR).

Este relevamiento tuvo como base a una muestra de 99 trabajadoras sexuales, la mayoría de ellas (97 por ciento) que se contacta con sus clientes en la vía pública. Del total, casi la mitad fueron mujeres cis, mientras que el 48 por ciento dijo autopercibirse trans, el 5 por ciento travesti y el 1 por ciento como no binarie. Además, se encontró una fuerte presencia de migrantes (57 por ciento nacieron en otro país y el 17 por ciento fuera de la Ciudad de Buenos Aires), niveles educativos bajos (la mayoría con secundario incompleto) y el promedio de edad rondó los 38 años.

“Desde AMMAR creemos que este estudio es fundamental porque muestra las distintas vulnerabilidades que atravesamos las trabajadoras sexuales y cómo se agudizaron en el contexto de pandemia”, explicó a El Grito del Sur Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR. “Por un lado deja ver el impacto positivo de la intervención, tanto del Estado como de la organización, para dar asistencia a los compañeros y compañeras, pero por otro muestra el recrudecimiento de la violencia institucional y las denuncias de los vecinos. Esto termina de evidenciar que para la sociedad somos consideradas sujetos criminales y es necesario el reconocimiento del trabajo sexual para poder terminar con el estigma y la persecución”.

La metodología de estudio contó con tres etapas entre las cuales se encuentran la caracterización de la situación habitacional en hoteles y pensiones, el trabajo de campo a través de encuestas presenciales y la consulta con un grupo cerrado de coordinadoras de AMMAR. En ese sentido, les investigadores aseguraron que no se trata de “una mera recolección de datos, sino de un proceso de interpretación colectiva de la información y de co-teorización”.

Orellano, por su parte, consideró que el ingreso de las trabajadoras sexuales a la academia como sujetos políticos y no como casos de estudio representa un cambio de paradigma y

un paso fundamental en la lucha por el reconocimiento social. “Este proyecto surge a partir de una necesidad propia.

Nosotras venimos trabajando con el equipo de antropología hace casi una década y al comienzo de la pandemia decidimos contarles cómo habíamos transformado el sindicato en un centro de asistencia integral donde se ofrecieron un montón de servicios que tienen que ver con construir un puente entre el Estado y las trabajadoras sexuales.

Queríamos poder evidenciar lo que atravesamos desde el confinamiento hasta el día de hoy y los cambios que generó en la realidad del colectivo la organización”, aseguró.

Históricamente el sindicato ha denunciado la marcada desigualdad en la situación habitacional de las trabajadoras sexuales, pero el estudio logró constatarlo. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires los hogares inquilinos comprenden el 35 por ciento y las piezas en alquiler (inquilinatos, hoteles-pensión, etc.) un 3 por ciento, en el caso de esta población el porcentaje que habita en viviendas alquiladas o hoteles-inquilinatos alcanza el 88 por ciento y llega al 93 por ciento para las mujeres trans, travestis o no binaries.

Esta realidad puede llevar a que queden totalmente desamparadas y deban enfrentar situaciones límites. Si bien al

momento de realizar el relevamiento el 8 por ciento indicó que vivía en un refugio o en situación de calle, un 24 por ciento dijo haber tenido que dormir al menos una vez en la calle y un 9 por ciento en un parador o refugio desde el inicio de la pandemia.

Del lado opuesto, sólo el 4 por ciento de las personas relevadas declaró tener una vivienda propia, algo que contrasta con el régimen de tenencia en la Ciudad de Buenos Aires, donde el 53 por ciento de los hogares son propietarios.

“Las principales emergencias que tenemos las trabajadoras sexuales tienen que ver con la violencia institucional y el acceso a la vivienda. Muchas llegan a la organización en situación de calle, viviendo en ranchadas, hoteles tomados, inquilinatos o piezas donde no tienen un contrato formal sino arreglos de palabra. Esto genera que cuando comienzan a exigir que se mejoren los términos del acuerdo o condiciones edilicias sean hostigadas o directamente desalojadas, quedando sin un lugar para vivir”, afirmó Orellano.

Según el relevamiento, el 93 por ciento de las encuestadas tuvo obstáculos para conseguir vivienda siendo el mayor de ellos (78 por ciento) la falta o insuficiencia de ingresos, seguido de la informalidad de la actividad laboral

que torna casi imposible el acceso a seguros de caución, garantías o recibos de sueldo. Para marzo 2021, la población encuestada destinaba un promedio de $11.400 para pagar el alquiler, cifra que representa más de la mitad (53 por ciento) del salario mínimo a marzo de 2021 ($21.600) y es menor al subsidio habitacional del Gobierno.

Además, si bien el a través del decreto N°320/202016 el Poder Ejecutivo congeló el precio de los alquileres y prohibió los desalojos durante la emergencia sanitaria, en el caso de las trabajadoras sexuales esto no se cumplió: el 52 por ciento de las encuestadas tuvo que mudarse tres o más veces el año pasado.

Sobre el final, el informe indaga en el abuso de las fuerzas de seguridad y cómo es camuflado tras las normativas de control de la prostitución. En ese sentido al 73,3 por ciento de las encuestadas se les pidieron los documentos en la vía pública, al 53 por ciento las requisaron, un 39 por ciento fue hostigada y un 35 por ciento debió aceptar que le labraran actas por ofrecer servicios sexuales. Estas últimas, basadas en el artículo 96 del Código Contravencional que regula la oferta y demanda de sexo en espacios públicos, si bien no se traducen en condenas, permiten el hostigamiento y vulneración permanente de las trabajadoras.

06 · Educar es combatir / Horacio Rodríguez Larreta

Pasantías laborales obligatorias en CABA

“No vamos a permitir que los estudiantes se conviertan en trabajadores precarizados”

Mientras María Eugenia Vidal busca desde el Congreso extender la medida a todo el país, estudiantes y docentes continúan resistiendo a la propuesta porteña de pasantías laborales obligatorias en el último año del colegio secundario.

Texto: Christopher Loyola Foto: Ale Bona

E

l reciente anuncio del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, no tardó en generar malestar entre la comunidad educativa y despertó fuertes críticas también de legisladores y diputades de la oposición, así como de intelectuales y grandes figuras del ámbito educativo. Tanto estudiantes como docentes rechazan de plano la idea de implementar pasantías laborales de carácter obligatorio en el último

año de las escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta no es algo novedoso, ya que forma parte de los lineamientos esbozados por el Ministerio de Educación a cargo de Soledad Acuña en un power point allá por el año 2017. Cabe recordar que dicha propuesta, conocida como Secundaria del Futuro, fue rechazada también en su momento por centros de estudiantes y sindicatos docentes, generando un conflicto que provocó la toma de decenas de escuelas. «En 2017 nos enteramos de la Secundaria del Futuro porque se filtró un documento,

si es por el Gobierno de la Ciudad no habría ninguna instancia de diálogo con las comunidades educativas sobre este proyecto, y hoy nos encontramos con lo mismo», expuso Trini Villafañe, estudiante de 5° año del Osvaldo Pugliese e integrante del Centro de Estudiantes.

Algo en lo que coinciden estudiantes y docentes es en la falta de comunicación, información y participación que prima en las decisiones que toma el Gobierno de la Ciudad. «Asistimos a un anuncio propagandístico donde en las escuelas no hay ningún tipo de precisión sobre cómo piensan llevar adelante una medida que es obligatoria para todos los quintos años, lo que implica que habrá 30 mil estudiantes haciendo pasantías», apuntó Mariana Scayola, secretaria general de Ademys, en diálogo con El Grito del Sur. «Esto abre una serie de interrogantes sobre cómo están pensando la implementación, sabiendo que a nivel presupuestario no hay ninguna partida especial para este

plan», agregó.

Por su parte, el secretario de Educación Secundaria de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Marcelo Parra, expresó: «Nos sorprende por lo que anuncian y por lo que no anuncian. Es decir, anuncian una cantidad de situaciones alrededor de las prácticas educativas, como por ejemplo que van a restar 120 horas cátedra de las materias que tienen las y los estudiantes. Y, por otro lado, nos preocupa la obligatoriedad que someten a las y los estudiantes, cosa que va contra la propia ley de prácticas educativas de la Ciudad». Y siguió: «No sabemos quién va a hacer el seguimiento de los y las estudiantes, cómo van a ser los espacios pedagógicos, cuáles son los contenidos, qué docentes van a acompañar a los estudiantes, y otra cantidad de situaciones que son realmente preocupantes».

La Secundaria del Futuro fue una propuesta del Gobierno de la Ciudad que empezó a implementarse en 2018,

Educar es combatir / Horacio Rodríguez Larreta · 07 luego de un fuerte conflicto entre la comunidad educativa y las autoridades porteñas. Finalmente, aquellos y aquellas estudiantes que estarán cursando su último año en el ciclo lectivo 2022 deberán cumplir con las pasantías laborales obligatorias que formaban parte de la propuesta inicial de la cartera educativa. Hasta el momento no se habían registrado en las escuelas grandes cambios por fuera de la implementación de pantallas y dispositivos electrónicos, así como una serie de elementos que llegaron a las escuelas, continuando con «la política del marketing» de la administración Pro. «En mi colegio, por ejemplo, las aulas de los primeros y segundos años tienen pantallas pero nunca terminó de concretarse el proyecto de Secundaria del Futuro que venían a proponernos», contó Maica Colantoni, presidenta del Centro de Estudiantes de la escuela de Música «Juan Pedro Esnaola».

Colantoni es una de les casi 30 mil estudiantes que el año que viene deberá cumplir con las pasantías laborales obligatorias y, consultada por este medio, opinó: «Lo último que necesitamos es que nos saquen horas de clase para mandarnos a laburar gratis, seguramente con los propios amigos con los que Larreta hace negocios todos los días. Se nota que no saben en qué andamos: todavía necesitamos recuperar contenidos de la virtualidad, queremos herramientas para reforzar nuestra revinculación y además hay condiciones básicas que ya históricamente no están garantizadas, como la higiene, la

infraestructura, la comida».

«Ellos hacen una interpretación muy parcial de la realidad y vinculada al mundo empresarial. De hecho esta propuesta de la Ciudad de Buenos Aires fue bien vista por Funes de Rioja, hubo una reunión anticipatoria con él antes del anuncio», dijo Parra en relación a las intenciones del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con esta medida y su relación con sectores del empresariado como Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL). Y, en ese sentido, advirtió: «No vamos a permitir que los estudiantes, en el marco de lo que puede ser una actividad escolar y pedagógica, se transformen en trabajadores precarizados, porque no debería ser ésta la propuesta de las prácticas».

La dirigente de Ademys también se pronunció en tal sentido y criticó que «se juegue con las expectativas de estudiantes y familias», frente a un contexto de «creciente desocupación y precarización de la juventud». «Esto se da en un marco donde su propio espacio político está promoviendo reformas laborales, y lo han utilizado incluso como plataforma electoral, que precarizan aún más las condiciones de los trabajadores», resaltó. Y añadió: «Esta reforma en el nivel secundario, con la que el gobierno porteño ya viene intentando avanzar desde hace años, tiene que ver con las reformas generales que intentan vincular a la educación al mercado laboral, olvidando

otras de las funciones fundamentales de la educación como puede ser, entre otras cosas, preparar a les estudiantes para una formación terciaria o universitaria».

El desempleo joven fue uno de los grandes temas que se puso sobre la mesa a la hora de captar el voto joven en las últimas elecciones de medio término, y la coalición de Juntos parece querer ahora tomar esa situación para proponer la implementación de pasantías laborales obligatorias para los y las estudiantes del último año del secundario en todo el país. Así lo expresó la diputada nacional electa por la Ciudad de Buenos Aires y ex-gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a través de sus redes sociales.

«No llama la atención, sobre todo por las declaraciones que tuvo la ex-gobernadora en relación a la posibilidad de acceso a las universidades.

Claramente se avanza hacia lo que el gobierno de Juntos por el Cambio en la Ciudad viene implementando hace muchos años, que es aumentar la brecha educativa. Entonces habrá un sector que va a acceder a un tipo de educación con posibilidades de continuar sus estudios y otro sector que va a hacer su formación como mano de obra barata para los empresarios», respondió Mariana Scayola ante la consulta de El Grito del Sur por el anuncio de Vidal.

En tanto, Marcelo Parra señaló: «Pensar que las prácticas educativas en

el ámbito laboral van a generar condiciones para que esos y esas estudiantes consigan trabajo es delirante».

Por último, en relación a las medidas que tomará la comunidad educativa frente a los anuncios del Gobierno de la Ciudad, la presidenta del Centro de Estudiantes del Esnaola subrayó: «Lo lanzan a fin de año porque saben que no tenemos tanto margen de acción como para tomar los colegios». Si bien la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB), que nuclea a los centros de estudiantes de la Ciudad, aún no pudo reunirse, Maica Colantoni opina que «no tenemos que ir con un no rotundo a las pasantías sino ir a discutir el cómo, dónde, para qué y para quién, porque es una realidad que los pibes necesitamos acercarnos al mundo del trabajo y estaría bueno que las escuelas nos lo faciliten, pero no con negociados y acuerdos neoliberales de por medio».

«Estamos a la expectativa de ver cómo continúa, no tenemos definida aún ninguna medida de fuerza pero lo que sí tenemos en claro es que nos vamos a oponer a que las y los estudiantes se transformen en trabajadores precarizados o sin sueldo, que además no es la función que deben cumplir las prácticas en el quinto año, y tampoco vamos a permitir que se vulneren los derechos de los trabajadores de la educación en el marco de sus puestos de trabajo», sumó el representante de la UTE por parte de los sindicatos.

Las prácticas laborales en escuelas, un “agravio inconstitucional”” Texto: Ornella Rapallini

E

l jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció junto a la ministra de Educación, Soledad Acuña, que a partir de 2022 implementará “prácticas laborales obligatorias” en empresas y organizaciones para todes les estudiantes del último año de la secundaria.

La Resolución 3958, emitida por el Ministerio de Educación, recae sobre 29.400 adolescentes de 442 establecimientos educativos públicos y privados y provocó un amplio rechazo en la comunidad educativa, legislativa y judicial. Estudiantes, gremios docentes y familias de la comunidad educativa denunciaron a través de redes sociales la “precarización laboral” que significa y subrayaron que se trata de una medida inconsulta.

Desde el Ministerio Público Tutelar, que integra el Poder Judicial de la Ciudad y tiene como objetivo el

control de legalidad de los procedimientos, la promoción del acceso a la justicia y el respeto, protección de los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes, señalaron a su vez que la obligatoriedad viola el artículo 2 de la Ley 3541 de CABA que determina el carácter no obligatorio de las prácticas educativas preprofesionales y, por lo tanto, la Legislatura porteña es la única competente para decidir si modifica esta ley o no.

Luego de conocerse el anuncio del gobierno porteño, Gustavo Moreno, titular de la Asesoría Tutelar N° 1 ante la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo, señaló a través de un oficio dirigido a la asesora general tutelar, Carolina Stanley, que “la obligatoriedad de las prácticas laborales y la inclusión de la totalidad del estudiantado, no ha sido acompañada con el anuncio del envío a la Legislatura de un proyecto de ley que modifique la ley 3.541 que actualmente regula el ‘Sistema

de prácticas educativas preprofesionales’, en consonancia con las previsiones de la ley nacional de educación[…]”. También explicitó que el accionar del Poder Ejecutivo local “constituye agravio constitucional, en tanto la determinación de la obligatoriedad o no de las prácticas educativas es competencia privativa de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá decidir si modifica o no la ley 3.541”.

En diálogo con El Grito del Sur, Moreno explicó que “no estamos discutiendo si la práctica educativa es buena o es mala, señalamos que están reguladas desde la Ley 26.206 de educación nacional votada en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner, y a su vez incluidas ya en la Ley 3.541 de CABA dictada en 2010 durante el gobierno local de Mauricio Macri, y son actualmente de carácter voluntario”.

«No puede venir una resolución de la ministra a decir ahora son obligatorias sin que esto pase por la

Legislatura y tenga un debate con los estudiantes”, enfatizó. A su vez, subrayó que le llamó la atención que la Legislatura de la Ciudad no se haya expresado al respecto y que el Jefe de Gobierno porteño anuncie esto sin mencionar la ley vigente.

“Las prácticas educativas no son para una secundaria del futuro, son algo que ya plasmó el expresidente Néstor Kirchner cuando envió el proyecto de la ley nacional de educación”, retomó.

Por otra parte, el funcionario judicial señaló que “hay una violación al principio de legalidad porque la reforma educativa debe realizarse con un acto administrativo y esto no sucedió”. Además, Moreno advirtió que es necesario garantizar que las escuelas cuenten con la infraestructura necesaria, con presupuesto y que les estudiantes participen y sean consultados.

08 · Feminismo / Barrios populares

La situación de las mujeres en el contexto de la pandemia

Violencias por razones de géneros en barrios populares En base al trabajo territorial realizado en Villa 15, el Núcleo Habitacional Transitorio Av. del Trabajo y el asentamiento Santander, el Centro por una Justicia Igualitaria y Popular (CEJIP) presentó el informe “Las violencias por razones de géneros en barrios populares”.

Texto: Dalia Cybel

S

i hay algo en lo que el movimiento feminista viene insistiendo hace décadas, es que las violencias de género no pueden pensarse fuera de su contexto. Para entender cómo influyen los entornos en los casos de violencia de género, el Centro por una Justicia Igualitaria y Popular (CEJIP) elaboró el informe “Las violencias por razones de géneros en barrios populares”, en base a lo sucedido desde el comienzo de la pandemia hasta el primer semestre de 2021 en la Villa 15, el Núcleo Habitacional Transitorio Av. del Trabajo y el asentamiento Santander.

“La intención del informe fue tener un documento que pueda contribuir a visibilizar cuáles son las formas de violencia que se dan en los barrios para aproximarnos a un diagnóstico y presentar algunos recursos. Hace cuatro años venimos sistematizando las consultas que recibimos para empezar a pensar en qué ejes hay que reforzar, qué intervenciones se pueden hacer y qué políticas públicas debemos exigir al Gobierno”, explica Betiana Cáceres, integrante de la organización que desde 2008 trabaja en articulación con los curas barriales y las instituciones que tienen presencia en el territorio.

El informe, presentado el último 25 de noviembre, registró que el 9,35% del total de consultas recibidas desde el comienzo de la pandemia por el CEJIP fueron sobre violencias en el ámbito doméstico. Esto se condice con los datos del informe anual de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Ciudad de Buenos Aires, que durante 2020 identificó a la Comuna 8 como el territorio con más denuncias, con un 13% de los 12.766 casos totales.

Si bien estas cifras alarmantes se pueden analizar a la luz de la cuarentena, lejos de ser el detonador, el encierro fue un factor más para recrudecer una realidad preexistente: según la OVD, el 54% de quienes concurrieron lo hicieron en un contexto de situación límite y sólo el 5% en un primer episodio de violencia.

“Entendemos que si bien las mujeres, personas LGBTQ+ y niñas siempre tienen dificultades para acceder a la Justicia, quienes viven en barrios populares enfrentan mayores obstáculos por su condición económica. Esto genera que en las comisarías de los barrios se las revictimice o descrean de su relato, lo que implica tener que apelar a otras instancias. A veces deben viajar dos horas para llegar a la OVD o pedir el día en el trabajo, algo que no es fácil porque suelen estar empleadas de manera informal. Todo termina

influyendo en que desistan de hacer la denuncia, lo que puede llevar a que se agrave la situación que ya están viviendo”, enfatiza la abogada.

Para responder a esta demanda, durante el periodo de cuarentena el CEJIP contribuyó asesorando y acompañando a las víctimas a realizar la denuncia, algo en lo que muchas veces no habían avanzado por desconocer la excepción dispuesta por el Gobierno nacional para quienes tenían que recurrir a la Oficina o por el temor de exponerse a tener que dar explicaciones a las fuerzas policiales de por qué se estaba circulando.

VIOLENCIA PATRIMONIAL E INCUMPLIMIENTO DE LAS CUOTAS ALIMENTARIAS Otro de los factores que atraviesa los barrios populares y acentúa las desigualdades de género tiene que ver con la violencia económica y patrimonial.

Las dificultades para tener un empleo registrado o la ausencia de un ingreso fijo complica el panorama de las mujeres que intentan salir de una situación de violencia de género. Esto se acentúa cuando existen hijes de por medio, ya que muchas veces al quedar abocadas a las tareas de cuidado dependen del sustento económico masculino para

subsistir.

En ese sentido, Cáceres subraya el trabajo que se realizó desde CEJIP para visibilizar la violencia patrimonial ejercida a través del incumplimiento de las cuotas alimentarias. Del total de las consultas recibidas por el centro en lo que va de la pandemia, el 19,42% refirieron al asesoramiento para iniciar reclamos de alimentos. De éstos, el 89% fueron realizados por mujeres y el 11% restante por varones que requerían asesoramiento frente a instancias de mediación iniciadas por sus ex parejas, es decir que de todos modos fueron comenzadas por ellas. Además, la informalidad laboral complejiza la ejecución del pago de alimentos, ya que imposibilita la retención directa al empleador o la posibilidad de embargar el sueldo.

La violencia patrimonial y doméstica también pueden superponerse entre sí: del total de las consultas recibidas sobre violencia de género durante el primer semestre de 2021, el 44,4% requirió la solicitud de alimentos en favor de sus hijes porque los agresores no cumplían sus deberes alimentarios.

Respecto a las deudas del Estado con las mujeres y población LGBTQ+, Cáceres destaca la preocupación por la falta de servicios de patrocinio legal gratuito especializados en derecho de las familias, la ausencia de políticas

habitacionales para quienes conviven con sus agresores y la necesidad de programas que promuevan la inserción laboral. Asimismo, destaca el rol de las mujeres que trabajan en comedores y merenderos y las promotoras de género, de quienes exige que sean consideradas en su rol de trabajadoras.

“Si bien hemos tenido muchos avances en cuanto a políticas de género, muchas veces éstas no se ven reflejadas en las mujeres que viven en los barrios.

Creemos que en la reforma judicial transfeminista tienen que estar muy presentes los feminismos populares para que se escuchen y entiendan las realidades de quienes viven en barrios populares y cuáles son sus obstáculos a la hora de tramitar una denuncia por violencia doméstica. Si esto no cambia, van a seguir decidiendo sobre la vida de las personas jueces o juezas que nunca se acercaron al barrio o no comprenden las realidades”, concluye.

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10 · Ciudad de la furia / Inmobiliaria Pro

Avanza la privatización en la Ciudad

Adiós al río: “Un negocio perfecto para las desarrolladoras inmobiliarias”

En una sesión que pasará a la historia, Rodríguez Larreta logró que la Legislatura aprobara un paquete de leyes que abarca desde el aval al negocio de IRSA en Costanera Sur hasta la rezonificación de Costa Salguero. Buenos Aires se despide de su zona costera.

Texto: El Grito del Sur

C

on 36 votos a favor y 22 en contra, el oficialismo porteño logró aprobar el paquete de leyes inmobiliarias que incluyó la rezonificación del predio de Costa Salguero para habilitar la construcción de un complejo de torres y el convenio con la gigante Real Estate IRSA para levantar un barrio VIP sobre la ex Ciudad Deportiva de Boca. El Ejecutivo que conduce Horacio Rodríguez Larreta dio un paso clave en su proyecto de privatizar la zona costera de la Ciudad en favor de grandes grupos especuladores.

Ambos proyectos habían sido rechazados por más de 10 mil ciudadanes porteñes en las audiencias públicas convocadas durante este año y el anterior, batiendo todos los récords de participación ciudadana en materia de

diseño urbano. Más de 53 mil personas, además, firmaron una iniciativa popular para que Costa Salguero se convierta en un gran parque público y no un complejo privado destinado a los sectores de mayores recursos económicos. Parte de las organizaciones que impulsaron ambas iniciativas protestaron durante todo el día frente a la Legislatura, que amaneció vallada.

Con la aprobación de ambos proyectos, el Pro avanza a paso firme en la privatización definitiva de 100 hectáreas de la zona costera, de las cuales 70 abarcan el futuro barrio privado que construirá IRSA entre Puerto Madero y La Boca y las 30 que suman Costa Salguero y Punta Carrasco.

El oficialismo local, además, logró aprobar 9 de los 11 convenios urbanísticos firmados por el Ejecutivo con desarrolladores privados que habilitan

una serie de “excepciones” al Código Urbanístico vigente y permiten aumentar la capacidad constructiva de futuras torres, a cambio de lo cual recibirá más de 30 millones de dólares.

“Se trata de la sesión más escandalosa de los últimos 30 años. Desde que el viejo Concejo Deliberante privatizó Puerto Madero en el ‘93, antes de que se sancionara la Constitución porteña, que no se vivía algo así”, había denunciado en la previa en diálogo con El Grito del Sur Jonatan Baldiviezo, referente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Durante el debate, el legislador Juan Manuel Valdés (Frente de Todos) consideró que el avance del paquete de proyectos “es un retroceso porque implicará dejar a las próximas generaciones sin acceso al río y quedarán privatizados terrenos para unos pocos que son los que pueden pagar los altos costos de esas viviendas”.

“Rodríguez Larreta lleva vendidas 276 hectáreas desde que asumió como jefe de Gobierno”, precisó y agregó que a los convenios urbanísticos que posibilitan las nuevas torres “les falta el interés y el beneficio comunitario ya que quedan como fuente de especulación financiera”.

La legisladora Claudia Neira (FdT)

indicó que “no se entiende la planificación integral del área costera en la que se insertan estos proyectos” y sostuvo que “lo que hace el Gobierno porteño es incentivar una clase de construcción, como lo son las viviendas de lujo, al lado de Puerto Madero, donde más de la mitad de los departamentos están vacíos”.

María Bielli, también del Frente de Todos, evaluó que la batería de proyectos refleja “el negocio que cierra perfecto para las desarrolladoras inmobiliarias”; al tiempo que sostuvo que “nos quiere hacer creer que hay un beneficio para la Ciudad, a partir de una composición insignificante”.

A su vez, la diputada Lucía Cámpora (FdT) dijo que “Rodríguez Larreta y la fuerza que gobierna la Ciudad sabe que está votando algo que la ciudadanía rechaza y, por eso, pone las vallas en la Legislatura y también por eso esperó a que termine la campaña electoral para avanzar con estos proyectos”.

“Rodríguez Larreta es la representación institucional de las grandes desarrolladoras inmobiliarias y ustedes, los legisladores del oficialismo, legislan para favorecer esos negocios y rematan tierras públicas”, aseveró.

Ciudad de la furia / Inmobiliaria Pro · 11

Al calor de la lucha por Costa Salguero

“Están polarizando la Ciudad entre guetos de ricos y guetos de pobres” Bárbara Rossen, integrante del Colectivo de Arquitectas, cargó contra el modelo de especulación inmobiliaria de Horacio Rodríguez Larreta y aseguró que "en este momento hay tráfico de normas en la Legislatura".

Texto: Yair Cybel

El principio de diciembre fue una fiesta para el sector inmobilia-

rio porteño. Es que en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se aprobó la construcción de torres en Costa Salguero, el barrio náutico «Costa Urbana» en la Costanera Sur y once convenios urbanísticos que permiten excepciones a las normas de construcción en la mitad de las comunas de la Ciudad. En busca de respuestas a esta vorágine privatizadora, El Grito del Sur habló con Bárbara Rossen, arquitecta e integrante del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las tierras públicas. ¿Qué es la plusvalía urbana y por qué se escuchó tanto este concepto en las audiencias y el debate por Costa Salguero?

La plusvalía es el valor diferencial que se obtiene cuando se le da norma urbanística a una tierra. En el caso de Costa Salguero, como en Costa Urbana, al darle norma a una tierra donde hoy no se pueden construir viviendas, el precio de la parcela pasa a valer muchísimos miles de dólares más. El tema es quién gana esa plusvalía: ¿La gana el Estado? ¿La gana el privado? ¿La ganan los vecinos y vecinas? En general, el mecanismo que está implementando la Ciudad es bastante discrecional y, si bien se está pensando que el Estado se quede con una ganancia, no se sabe cómo van a administrar esos fondos, de qué manera, ni tampoco nos queda muy claro que sea de forma equitativa y social. De todas formas, lo primero que queremos nosotros es que esas tierras sean públicas, con lo cual no es el lugar para generar plusvalía.

Está bien que exista esa plusvalía cuando en determinados barrios se modifica la norma (porque sino el privado se queda con ese valor) pero en la costa del río no corresponde el debate, corresponde recuperar las tierras que son públicas para el

dominio público.

También se discutieron 11 excepciones a la norma para construir torres. ¿Qué implica esto como precedente de acuerdo entre el GCBA y sus grupos amigos inmobiliarios?

Es preocupante. El convenio urbanístico es una figura que está bien, pero que mal implementada puede ser muy grave. Es un instrumento de gestión que está en el Código Urbanístico para resolver situaciones imprevisibles y de bien común y que solamente se pueden resolver por una excepción. Pero claramente no es para promover emprendimientos discrecionales, como ahora está haciendo el GCBA, mediante el uso arbitrario de una herramienta, cambiándole el sentido, y lo que termina haciendo es vulnerar derechos.

Porque las leyes tienen un espíritu relacionado con el bien común, con preservar lo que es de todos, con ciertos criterios de igualdad y el uso discrecional lo convierte en excepciones. En un barrio donde todos nos atenemos al Código Urbanístico, estas excepciones lo que hacen es generar disrupciones morfológicas con el entorno y claramente los que tienen plata poseen el beneficio de poder comprar norma. Voy a decirlo un poco groseramente, pero pareciera que en este momento hay tráfico de normas en la Legislatura.

Y por esto mismo fue que el Honorable Consejo Deliberante se pasó a llamar el Palacio de la Corrupción.

El debate en una ciudad se da por el uso del suelo, allí es donde se gestiona el poder real. Y nosotros queremos que el Estado encauce al mercado, pensando en el bien común, y que no sea el mercado el que esté tironeando para sacar beneficios propios. ¿Cómo se cruza el derecho a la ciudad, la construcción de barrios de lujo y la creciente exclusión de grandes sectores del acceso a la vivienda?

Es expulsivo. Lo que modifica es

el valor de la tierra y genera viviendas cuyo objetivo no es garantizar el derecho al hábitat digno, sino construir reservas de valor de grupos económicos que alteran completamente el mercado y los valores de los alquileres. Además dificulta muchísimo el acceso a la primera vivienda. Y va modificando algo que es central en la identidad de la Ciudad de Buenos Aires, que es la diversidad. Buenos Aires se caracterizó siempre por tener diversidad de clases sociales, de tipologías, de usos.

Una gran mixtura y riqueza que se va perdiendo y se va polarizando en guetos de ricos y guetos de pobres.

Avanzan con la inclusión socio-urbana de las villas, pero en realidad es para que los pobres no salgan de sus propios barrios. Y, al mismo tiempo, construyen otros barrios para que los ricos no se vayan a Nordelta. Es una ciudad de guetos y la riqueza histórica de Buenos Aires siempre ha sido la diversidad. ¿Cómo explicarías la trama de desigualdades que se genera detrás de la aprobación de los convenios urbanísticos?

Cuando se aprobó el Código Urbanístico se habló de previsibilidad morfológica, de un código donde prevalezca la manzana por sobre la parcela y ahora, con los convenios urbanísticos, están haciendo exactamente lo contrario. Porque si vos tenés toda la zona que es una área ambiental que permite construir 24 metros, si vos hacés un convenio urbanístico y comprás capacidad constructiva, podés construir 70 metros y producís una disrupción. El objetivo del bien común no se está cumpliendo, el único fin es recaudatorio y no tiene que ver con una mejora en la calidad de vida de la Ciudad o de los vecinos. Es una naturalización de las excepciones, algo muy grave, porque están permanentemente violando leyes: el Código Urbanístico con los convenios, el Plan Urbano Ambiental y la Constitución con Costa Salguero. Es preocupante que vayan avanzando de manera tan prepotente sobre acuerdos y pactos que están por encima de una gestión de gobierno. Cuando uno piensa en términos urbanos tiene que pensar en las generaciones futuras, en el largo plazo y por eso se escriben leyes, para que exista un marco de igualdad ante la ley. ¿Cuál es la importancia de las

tierras ribereñas para la Ciudad de Buenos Aires?

La costa del río primero es nuestra fuente de agua potable, nuestro lugar de reserva y nuestra área ambiental natural. Además de los valores paisajísticos que reclamamos, donde todos tenemos derecho a la belleza, estamos defendiendo el acceso a nuestro río, una costanera y un disfrute de nuestro paisaje, es un área ambiental que tenemos que preservar porque vivimos una crisis climática y ambiental y nada puede ser igual después de la pandemia.

Si nosotros no entendemos que las ciudades se enferman y nos enfermamos las personas por cómo construimos, cómo consumimos y cómo vivimos, es muy preocupante el futuro para todos. Por eso hablamos de ecologizar la vida urbana, recuperar los paisajes naturales, tener una vida urbana más amigable con el ambiente y recomponer la relación de la Ciudad de Buenos Aires con su río a partir de una mirada urbano integral con un programa y un manejo del territorio con mirada ambiental. La política tiene que asumir la sustentabilidad como compromiso con la vida. Por eso hay que fijarse cómo ha movilizado la audiencia pública, la juntada de 53 mil firmas: claramente la legitimidad de los proyectos los da la ciudadanía y estos proyectos no tienen licencia social.

12 · #Pogo / Centro Cultural Haroldo Conti

A veinte años del estallido social

«19y20», apuntes para revisitar la crisis Se realizó la tercera marcha del Orgullo LGBTQI+ villera en el Barrio Carlos Mugica. Entre glitter y cumbias, se exigieron políticas públicas e inclusión laboral.

Texto: Dalia Cybel Foto: Colectivo Arde!

U

“ n mundo en donde quepan muchos mundos”, dice la premisa zapatista en la cual Loreto Garín y Natalia Revale -artistas, curadoras e investigadoras- se basaron para crear “19y20”, la muestra que se exhibe hasta marzo de 2022 en el Centro Cultural Haroldo Conti. Partiendo de archivos personales, registros de prensa y reconstrucciones históricas, las jóvenes se propusieron mapear el escenario político, social y cultural de fines de los ’90 y principios de los 2000 para caracterizar el clima que derivó en la mayor crisis de nuestra historia reciente.

Con más de una treintena de autorías, entre colectivos artísticos, agrupaciones políticas y fábricas recuperadas, «19y20» es una puesta en tensión del dispositivo museístico y una invitación a analizar las genealogías de lucha que continúan hasta el presente. «No se trataba solamente de recuperar la función social del arte acompañando las luchas de un cuerpo social en crisis, sino también de intervenir las narrativas opresivas y reinventar los circuitos de socialización y distribución de la cultura», explica el texto de sala. ¿Cómo surge la idea de esta muestra?

Natalia: A partir de la invitación del CCMHC de realizar una exposición sobre la efeméride, decidimos comenzar trabajando sobre nuestra propia experiencia, en juego con un primer anillo de colectivos artísticos y organizaciones sociales, para reconstruir la escena del 19 y 20 de diciembre del 2001, mostrando que no había una sola narrativa posible. Esto llevó a que elijamos diferentes interlocutores que fueron ramificando los diálogos y ayudando a trazar recorridos atravesados por ejes temáticos: territorios, capital financiero, místicas, memoria, violencia institucional, hambre cultural y ¿trabajo? También nos permitió reentablar vínculo con gente con la que hace muchísimo tiempo no estábamos en contacto pero sabíamos que era parte del mapa artístico de la época. Lo que queríamos destacar era cómo la calle se había transformado en un terreno fértil para la experimentación, cómo ese cuerpo social fue encarnando un laboratorio artístico frente a un escenario cultural viciado Loreto: Es interesante porque, por lo general, lo primero que te piden las instituciones es el nombre de los artistas que vas a mostrar, pero nosotras decidimos empezar por los conceptos, analizar las narrativas del momento.

Buscamos obras que tuvieran una relevancia, sabiendo que contábamos con un corpus muy amplio. Nos interesaba

generar una activación de los archivos visuales de estas manifestaciones callejeras entendiendo que las prácticas no comerciales del arte perviven a través de sus registros.

Siendo fruto de prácticas colectivas, la mayoría de las obras no tienen una única autoría. ¿Qué les sucedió con eso?

Loreto: La discusión sobre la autoría tiene muchos años en el mundo del arte y va a seguir teniéndola. En las prácticas de fines de los ’90 hay una fuerte inclinación por la autoría colectiva, inclusive colectivos y artistas que eligen no firmar sus acciones.

Nosotras sabíamos que estábamos narrando hechos históricos y sociales que tuvieron una participación masiva de sectores que se nutrían mutuamente. Más que centrarnos en la autoría utilizamos los epígrafes para contextualizar las obras históricamente; más que destacar grupos, plasmamos la configuración simbólica del momento.

Hacen una mención especial a la perspectiva de género y el rol de las mujeres y disidencias. ¿Por qué?

Natalia: Lo que intentamos hacer, a partir de pequeños señalamientos, es mostrar que dentro de los movimientos sociales y piqueteros se empezaron a gestar los feminismos populares que

ya se estaban forjando pre 2001. Esto se da tanto desde la incorporación de compañeras que militaban desde el feminismo y pasan a ser parte de los movimientos de trabajadores desocupados, como desde las propias compañeras de los barrios que sostenían los comedores, los cortes de ruta y los acampes. También fue una invitación a pensarse desde nuevos roles al interior de las organizaciones, la toma de la palabra, y la presencia de los cuerpos.

Loreto: Dentro de la misma cronología aparece fuertemente el rol de protesta de los movimientos trans y travas que en ese momento luchaban contra los edictos policiales. Durante algunas entrevistas para la muestra nos contaban las protestas frente al congreso, previo a que aparecieran los jubilados; y que recién en el contexto de la crisis de 2001 la sociedad llegó a entender la precarización de la vida en la que estos colectivos estaban sumidos históricamente. Hay una función pedagógica y una transformación muy fuerte hacia los movimientos de Derechos Humanos a partir del cruce con la diversidad.

Por ejemplo, a fines de los 90 en los volantes de H.I.J.O.S empieza a aparecer la arroba en vez de ellos/ellas o la relevancia de figuras como Marlene Wayar, Lohana Berkins y agrupaciones como La Fulana.

¿Por qué entienden que dos décadas después es necesario revisar los sucedido el 19 y 20 de diciembre del 2001?

Loreto: A veinte años del 2001 hacer este tipo de exposición en un espacio institucional es muy complejo, porque la mayoría de las producciones que se muestran surgen de personas y colectivos que en ese momento eran fuertemente anti institucionales, espíritu de la crisis de representación política de aquel momento. Lo que complejiza la exposición y produce un debate dialéctico que pervive dentro de los movimientos sociales. Sin bien a partir del 2006 hubo una vuelta a la credibilidad del sistema democrático de las mayorías, en la actualidad la mayor parte de los debates y pugnas se dirimen en las urnas empujando que en el congreso se debatan e integren dichas demandas, sin importar el posicionamiento político, como es el caso de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, las leyes por acceso a la tierra, etc. Sin embargo, los movimientos sociales, feministas, indígenas y piqueteros siguen usando el ejercicio de la manifestación para hacer visible de injusticias actuales, muchos colectivos o artistas que integran 19y20, persisten acompañando y visibilizando esas luchas, tanto en las calles como en espacios institucionales del arte.