El Grito del Sur Nº 89 Marzo 2022 - Juicio Higui

Comuna 1 /3 /4

Periódico barrial

Constitución, Monserrat, San Cristobal, San Telmo, Parque Patricios y Barracas

Distribución gratuita 3.000 ejemplares mensuales Marzo 2022 ISSN 2451-7178

Año - 09

Número 89

Foto: Télam

Un juicio que terminó en redención Higui, acusada de homicidio por matar a un hombre que intentó violarla y asesinarla, fue declarada absuelta por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Martín. Crónica de la última audiencia del juicio. Pág. 6

El Metrobús, una topadora de árboles

Los movimientos populares y el FMI: un gran debate para un gran mal

Pág. 4

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02 · Sumario / Editorial

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“Las clases no empezaron para todos y todas”

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Pepa Gaitán, “torta” y militante socia ,

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El Metrobús, una topadora de árboles

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A tres años de la desaparición de Arshak

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Los movimientos populares y el FMI: un gran debate para un gran mal

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¿Qué pasa con la salud mental de las personas gordas?

“Higui, vos decí la verdad”

Editorial

La Policía de la Ciudad mata en la Provincia L

a Policía de la Ciudad mata en la Provincia. Esta conclusión se desprende de un informe presentado por la Asociación contra la Violencia Institucional (ACVI) que, por medio de un Pedido de Acceso a la Información (PDI), obtuvo los datos correspondientes a las situaciones donde la fuerza porteña utilizó armas de fuego reglamentarias.

La respuesta al PDI llegó en formato de plantilla de Excel y en el documento se muestran cifras de 2019 y 2020 que dan una imagen clara de lo que sucede

con la fuerza porteña. Del estudio surge que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, utilizó en el año 2019 su arma reglamentaria en 133 hechos y en el año 2020 en 103 hechos. Lo que llama la atención es que la mayoría de los eventos consignados se registran en Provincia de Buenos Aires: fuera de la jurisdicción de la Policía de la Ciudad y, por ende, fuera de servicio. «La cantidad de casos de gatillo fácil que ocurren fuera de servicio es una constante, no solamente en la Policía de

la Ciudad sino en todas las policías», explicó en diálogo con El Grito del Sur Matías Busso, presidente de ACVI. «Si cruzamos estos datos con los del programa de Uso de la Fuerza del Ministerio de Seguridad de Nación -que verifica los casos en fuerzas federales-, podemos concluir que la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales suceden con los policías fuera de servicio», agregó el abogado especialista en violencia institucional.

Los números revelan no solo la falta

de capacitación y profesionalismo de los efectivos policiales, sino la ausencia total de criterios de intervención policial basados en el principio racional del uso de la fuerza, donde el personal policial debería evitar incrementar los niveles de violencia y donde el uso de la fuerza letal debe configurar la última de las opciones.

El Grito del Sur- Fundado el 23 de sepiembre de 2012 en el natalicio de Mariano Moreno - Registro ISSN 2451-7178 - Director Propietario: Yair Cybel - Tirada 3.000 ejemplares - Registro de la Propiedad Intelectual 5295866 Marzo 2022 - Número 89 - Domicilio legal: Camarones 1549 CABA - contacto: elgritodelsur@gmail.com Impreso en Editora del Plata S.R.L. - España 221, CP 2820 (Gualeguaychú, Entre Ríos) Registro de Medios Vecinales CABA - Se autoriza la reproducción del material publicado, citando la fuente.

Coronavirus / Educar es combatir

· 03

Inicio del ciclo lectivo

“Las clases no empezaron para todos y todas” Ante la ausencia de datos oficiales, ACIJ presentará recursos judiciales para que los Ejecutivos de la Ciudad y Provincia informen cuántos alumnos perdieron la escolaridad. La ONG estima que superan los 500 mil.

Texto: Matías Ferrari

E

l ciclo lectivo de este año arrancó con “más de diez millones de alumnos y alumnas” de todos los niveles educativos presentes en las aulas, según dijo el propio presidente Alberto Fernández frente a la Asamblea Legislativa, pero el Gobierno no dio hasta ahora precisiones públicas sobre cuántos perdieron su vínculo con la escuela producto de la pandemia, cuántos y cuántas necesitan de la ayuda del Estado para seguir estudiando. Tampoco hay números concretos sobre el alcance de los programas “Acompañar” y “Volvé a la Escuela”, las dos políticas públicas implementadas con ese objetivo por el Ministerio de Educación durante estos dos últimos años. Con esas preguntas, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) elevó varios pedidos de acceso a la información pública a los Ejecutivos de Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, con casi el mismo resultado en todos los casos: no hay datos oficiales fehacientes para dimensionar la problemática ni resultados reales para mostrar.

“Es una situación verdaderamente alarmante, porque si los distintos

Estados no tienen información concreta sobre cuántos pibes y pibas necesitan ayuda para vincularse con la escuela y recuperar su trayectoria educativa, entonces la política pública para garantizar ese derecho no está tampoco cumpliendo sus objetivos”, explicó a El Grito del Sur Bárbara Zanino, abogada del programa Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ. Ante la ausencia de datos oficiales actualizados, desde ACIJ estiman que al menos unos 500 mil pibes y pibas quedaron afuera de la escuela este año.

El cálculo es una proyección de las últimas estadísticas del Ministerio de Educación, previas a la pandemia. El promedio da “uno por aula”, de acuerdo al informe que publicaron en su página web. Ese número “podría aumentar hasta a 3 adolescentes por clase en el nivel secundario, donde la situación creemos que es mucho más grave si se mira la evolución de las trayectorias educativas”, aclaró Zanino.

ACIJ comenzó a realizar un monitoreo de la situación “al promediar la primera ola de la pandemia, cuando diversas organizaciones sociales comenzaron a denunciar que crecía la deserción escolar por la falta de conectividad y computadoras”, sobre todo en los

barrios populares, explicó Zanino. Pero en los casi dos años desde el inicio de la pandemia, no hay datos concretos, ni a nivel de los Estados locales ni nacional.

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, dijo a principios de este año que hubo 6.500 chicos que sufrieron deserción escolar durante la pandemia y que fueron recuperados, en una suerte de intento de polarizar con los números de la Provincia y del resto del país. El gesto le salió mal: al referirse al porcentaje de pibes y pibas que no lograron reengancharse, sostuvo que «están perdidos en el pasillo de una villa, ya cayeron en la actividad del narcotráfico o tuvieron que ponerse a trabajar», lo que le valió duras críticas de la comunidad educativa. “Para nosotros no sólo fueron declaraciones estig-

matizantes, como ya se ha dicho, sino que desnudan un enfoque muy distante del de garantizar derechos. Nadie está perdido si el Estado vela por garantizar esos derechos básicos, y la educación es uno de ellos”, consideró Zanino.

Respecto de la conectividad, otra de las claves para garantizar la escolaridad en estos tiempos, el Presidente prometió “llevar conectividad dentro de los próximos 90 días a 2.700 escuelas que no tenían” y llegar a “10.000 escuelas más”, durante este año. Además, reiteró que el Gobierno está repartiendo unas 600 mil computadoras del programa Conectar Igualdad y anunció un millón más en etapa de licitación.

04 · Ciudad de la furia / #NoHayPlanetaB

Tala indiscriminada en San Telmo

El Metrobús, una topadora de árboles Vecinos y vecinas de San Telmo denunciaron que el Gobierno porteño taló al menos 70 árboles para abrirle paso al Metrobús del Bajo, sin que se presentaran estudios de impacto ambiental. Pidieron informes en la Legislatura porteña y exigen modificar la ley vigente.

Texto: Matías Ferrari

E n la Ciudad de Buenos Aires, cuidar un árbol se convirtió en un acto militan-

te. Vecinos y vecinas de San Telmo denunciaron esta semana que el Gobierno porteño taló unos 70 árboles en lo que va del año para abrirle paso al segundo tramo del Metrobús del Bajo. La tala arrasó con Fresnos, Jacarandás, Eucaliptos y Plátanos de la Avenida Paseo Colón y algunas calles adyacentes, como Humberto Primo. “Cuando empezaron las mutilaciones nos organizamos para que den una explicación sobre la aberración ambiental que estaban haciendo y aún no obtuvimos respuesta. Así que optamos por hacer campañas de concientización para intentar frenar esta locura.

La gente está empezando a responder porque además lo que estamos viviendo nosotros ya pasó en otros barrios anteriormente, sea por un Metrobús o por otro negociado que incluye el cemento, y se está empezando a ver que es un crimen ecológico y que va a afectar nuestra calidad de vida”, contó a El Grito del Sur Bárbara Nascimento, una de las vecinas organizadas en “Árboles de San Telmo”.

El Gobierno porteño ya había advertido que talaría unos 68 árboles “que se afectan/extraen” para abrirle paso al Metrobús, según consta en los anexos del proyecto de la obra, pero los vecinos denuncian que fueron muchos más. “Incluso avanzaron sobre calles adyacentes, como Humberto Primo, y todavía no entendemos por qué. Claramente no hacía falta. Es una agresión al ambiente totalmente innecesaria, que termina impactando en el conjunto”, dijo Bárbara.

De acuerdo al proyecto que hizo público la Dirección General de Restauración Ecológica y Recomposición Ambiental de la Secretaría de Ambiente porteña, en el entorno del Metrobús, luego de la tala, “se sumarán 28% más de árboles respecto a lo existente”, de 380 a 485 árboles. Pero el problema, según la organización “Basta de Mutilar”, que cuenta con especialistas y activistas ambientales que vienen denunciando la misma situación desde hace años en casi todos los barrios porteños, es que los nuevos árboles plantados “no se sabe si se desarrollarán” y que, aún en ese caso, “ofrecen beneficios reducidos en comparación con árboles grandes”.

Mientras tanto, advirtieron, los vecinos quedan “expuestos a una peor calidad del aire, a mayor exposición a los rayos UV dañinos, a mayores temperaturas y más riesgos de inundaciones”. Al respecto, el Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta todavía tiene en el debe presentar el estudio de impacto ambiental de la obra.

La misma organización, además, hizo un relevamiento sobre los nuevos árboles plantados en Costanera Sur, en el Paseo del Bajo y el Parque Tres de Febrero,

y se encontraron con que al menos el 60 por ciento se secó pasados poco más de dos años.

El reclamo de los vecinos llegó a la Legislatura porteña, donde fue presentado un pedido de informes con la firma de Laura Velasco y Maia Daer, legisladoras del Frente de Todos, con el objetivo de conocer hasta dónde llega la tala, qué especies se perdieron y por qué en vez de matarlos no se intentó, de mínima, trasladarlos.

“Los árboles no se reemplazan tan fácil.

Las organizaciones como Basta de Mutilar plantean que los beneficios ambientales de los árboles frondosos no tienen comparación con los recién plantados.

En ese sentido no entendemos por qué no se modificó la traza del Metrobús o no se intentó trasplantarlos. Es algo que

se viene repitiendo en toda la ciudad y es muy grave, en el marco de la crisis ambiental que estamos teniendo no se tenga en cuenta”, dijo a este medio Laura Velasco, que tiene presentado un proyecto para modificar la ley de arbolado público vigente. “Hoy, cualquier obra pública que se haga no tiene en cuenta el cuidado del arbolado. Además, apenas el 5 por ciento de lo que se destina en el marco de la ley es para cuidado”, agregó.

En febrero del año pasado, el juez en lo Contencioso Administrativo Guillermo Scheibler le ordenó al Ejecutivo porteño que “se suspenda todo tipo de actividad de poda y tala de árboles” hasta tanto no implemente “un sistema informático de acceso libre, gratuito y público que contemple la totalidad de las acciones correspondientes a la gestión del arbo-

lado público”, que “permita seguir la trazabilidad de cada uno de los ejemplares y posibilite a la ciudadanía controlar y verificar en tiempo real” qué se tala y dónde. El Gobierno porteño apeló la medida, pero el fallo quedó firme. De todos modos, de la prohibición quedó excluida la obra pública. El Ejecutivo respondió con un plan para supuestamente plantar “16 mil nuevos ejemplares” a lo largo de 2021, del que todavía no rindió cuentas.

Según la OMS se necesita, idealmente, al menos un árbol por cada tres habitantes para respirar un mejor aire en las ciudades grandes. De acuerdo con un estudio de la UBA de 2019, Buenos Aires necesitaría casi medio millón de árboles más para cumplir esa meta.

La Justicia declaró nulo el convenio entre IRSA y Larreta por Costa Urbana El juez Aurelio Ammirato uno de los últimos humedales de ron campañas como la de “Costadeclaró el jueves 10 la nulidad del Buenos Aires. nera Verde Pública2″ y “Resistencia convenio urbanístico firmado entre el GCBA y la empresa IRSA, que autorizaba la construcción de 20 torres de 145 metros de altura en la ex Ciudad Deportiva de Boca, en plena Costanera Sur y en el límite de la Reserva Ecológica. El proyecto había despertado un fuerte rechazo de las organizaciones sociales y ambientalistas de la Ciudad, que denunciaron en su momento que implicaba la destrucción de

La causa judicial había sido impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Unidad Popular (UP) y la Defensoría de Laburantes (LA DEFE). Estos espacios impulsaron el surgimiento de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos a fines del año pasado y desarrolla-

Verde”.

En la causa, caratulada “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad Y otros c/GCBA y otros s/ Amparo – Otros” (Expte.

N° 166469-2021/0), se cuestionó la falta de participación ciudadana de forma previa a la firma del Convenio Urbanístico y la ausencia de la elaboración del Estudio Diagnóstico y la Evaluación de Impacto Final.

Ciudad de la furia / Violencia institucional · 05

“La policía y el gobierno porteño siguen encubriendo”

A tres años de la desaparición de Arshak El policía porteño Arshak Karhanyan fue visto por última vez el 24 de febrero de 2019, hace ya tres años. La investigación está estancada entre pericias adulteradas y el encubrimiento del Poder Judicial a los principales sospechosos.

Texto: Matías Ferrari

E

l jueves 24 de febrero se cumplieron tres años de la desaparición de Arshak Karhanyan y la investigación judicial está muy lejos de ofrecer una hipótesis certera sobre qué fue lo que pasó el 24 de febrero de 2019 con él, cómo fue que se lo tragó la tierra. El rumbo de la causa no está ni cerca de satisfacer a los familiares, cuya última acción en el marco del expediente fue solicitar la recusación del juez Alberto Baños e insistir en el pedido de que el caso sea caratulado como “desaparición forzada de persona”, lo que fue negado por la Sala I de Casación Penal en septiembre pasado, hace ya cinco meses.

Desde entonces, la estrategia de los abogados de la familia fue esperar a que Baños se choque contra la pared.

Incluso antes del fallo de Casación que lo sostuvo al frente de la causa, el juez optó por seguir la idea de que al joven lo sacaron del país en un avión privado, y dictó decenas de medidas de prueba en ese sentido, sin resultados.

Para la querella, en cambio, está claro desde un principio que esa hipótesis no sólo es inconducente sino que es un intento más de desviar la investigación de la responsabilidad de la propia Policía de la Ciudad, donde Arshak trabajaba hasta el momento de su desaparición. Esa misma posición sostiene el fiscal de instrucción Santiago Vismara, quien incluso elevó un recurso ante la Corte Suprema denunciando irregularidades severas durante las primeras pericias del caso, que hoy podrían aportar información clave y alguien borró deliberadamente.

“Como la Cámara dijo en su momento que faltaban medidas de prueba para hablar de desaparición forzada, algo insólito dado que para nosotros las pruebas sobran en ese sentido, nuestra posición fue dejar que el juez avance en su idea. Es evidente que Baños prefiere dictar cualquier medida y seguir cualquier hipótesis con tal de no investigar a la Policía de la Ciudad. Dejamos pasar un tiempo prudencial sin resultados y ya estamos preparándonos para volver a insistir con nuestros planteos originales: que sea removido de la causa, que se investigue como desaparición forzada y de esa forma se pueda avanzar sobre los principales sospechosos”, dijeron desde el equipo de abogados de la familia a El Grito del Sur. Aquel 24 de febrero del 2019 cayó domingo y Arshak Karhanyan se había levantado antes del mediodía. A las

doce y cuarto le tocó el timbre su compañero de la Policía de la Ciudad Leonel Herba, a quien ya conocía de su paso por el área de Investigaciones de la fuerza. Arshak bajó y las cámaras de seguridad del edificio donde vivía, en Caballito, registraron una discusión elevada de tono entre ambos. El joven, de 27 años, subió de nuevo a su departamento. Una hora después fue hasta un cajero automático cargado con su arma reglamentaria y su credencial. En una sucursal de Easy compró una pala, un detalle escabroso de la secuencia de los hechos porque su paso por el interior de ese local es la última imagen que se tiene de él. Nunca más apareció por ningún lado.

Dos escuchas que forman parte del expediente reafirman las sospechas de la familia sobre el rol que tuvo la Policía de la Ciudad en la desaparición del joven. La primera comunicación data del 3 de septiembre de 2019 y su protagonista es el subcomisario Miguel Ángel Flores, del área de Cibercrimen, en la que queda expuesta la manipulación del contenido del teléfono de Arshak, cuya información se perdió. La segunda es una conversación privada entre el propio Leonel Herba y su mujer, Jazmín Soto, que le dice, textualmente en junio de 2019, pocos meses después de los hechos: “desapareció una persona

y el principal sospechoso sos vos. Yo mentí ante la fiscalía y te encubrí”.

Una junta de peritos confirmó la destrucción de prueba. “No se han respetado las buenas prácticas de la informática forense”, dice el informe técnico respecto de la pericia sobre el Iphone de Arshak que también está incorporado a la causa. “Las conversaciones de funcionarios de la policía dejan entrever el encubrimiento respecto a sus subalternos”, dijeron a este medio desde el equipo de abogados de la familia, que no sólo apunta a la Policía, sino también a sus responsables políticos. “El Gobierno de la Ciudad tiene directa implicancia en la destrucción de pruebas”, sostuvieron. Por todos esos motivos, desde la querella también exigen que no sea la Policía de la Ciudad la encargada de ejecutar las medidas de prueba.

En el gobierno porteño contraatacan asegurando que se “utiliza políticamente” el caso. «Lo que hay es un aprovechamiento político. Se intenta politizar (el caso) instrumentalizando el dolor de una mamá”, dijo en agosto pasado el ministro de Justicia y Seguridad Marcelo D´Alessandro, luego de que Vardush “Rosita” Datyvian, mamá de Arshak, participara del debate electoral porteño transmitido por TN, como invitada del Frente de Todos.

“Rosita”, que sigue poniendo el eje en la policía porteña, fue la protagonista del acto que tuvo lugar desde las 16 horas en la esquina de Paysandú y Rivadavia para reclamar justicia y la aparición con vida del joven, del que también participará la Asociación Cultural Armenia. “Rosita” recibió en su casa a la legisladora Victoria Montenegro, al diputado nacional Leandro Santoro y al propio presidente Alberto Fernández. “No vamos a bajar los brazos. Lo seguimos buscando”, dijo Santoro tras el encuentro.

Montenegro, por su parte, adelantó que presentará un proyecto para la creación de una comisión investigadora en el marco de la Legislatura. «Hoy, lamentablemente, seguimos estancados y sin ninguna respuesta sobre qué hicieron con Arshak. Su mamá, su familia y la sociedad en su conjunto necesitamos una respuesta. Nos falta un policía que desapareció en pleno corazón de la Ciudad y a plena luz del día», dijo Montenegro.

06 · Higui, vos decí la verdad” (Feminismo / Higui

Crónica de la última audiencia del juicio

“Higui, vos de

Última audiencia del juicio a Higui, acusada de homicidio por matar a un hombre que intentó violarla y asesinarla en complicidad con otros individuos, en el pasillo de un conjunto de viviendas precarias, ubicado en Lomas de Mariló (Bella Vista, provincia de Buenos Aires).

Texto: Adriana Carrasco Foto: Télam

S

on las 9.30 de la mañana del jueves 17 de marzo de 2022. Ingresan a la sala de audiencias Higui, su psicóloga Raquel Elena Disenfeld, y sus abogadas defensoras Gabriela Conder y Claudia Spatocco con su asistente, una militante lesbiana encargada de registrar en un cuaderno las vulneraciones

que pudiera sufrir Higui en el Palacio de Tribunales de San Martín, por su condición sexogenérica. Solo pueden entrar a la sala como público cuatro personas allegadas a Higui y cuatro familiares de Cristian Espósito (Pino), el hombre al que mató.

A diferencia de las salas de audiencia del Palacio de Tribunales de la Capital Federal, en San Martín no hay ostentación de crucifijos ni otros símbolos religiosos. Sí existe la exhibición de

vestimentas caras y ostentosas, que subrayan la diferencia de clase entre magistrados, fiscal, asistente de fiscal, y las personas que asisten en calidad de imputadas y público, que en el Departamento Judicial de San Martín son en su mayoría personas vulneradas en sus derechos sociales y en situación de extrema pobreza.

La licenciada Raquel Disenfeld, Raquelita, tiene más de 50 años de profesión, en los que atendió y participó en la recuperación de cientos de sobrevivientes de abuso y trata para explotación sexual. Disenfeld atiende a Higui desde que salió de la cárcel, donde tuvo que estar 9 meses presa de manera injusta. Ya fortalecida y “entera”, mostrando un puño cerrado para ejemplificar este nuevo sentimiento que nunca antes había experimentado, Higui estuvo en condiciones de declarar ante tres jueces y una fiscal empeñada en llevarla nuevamente a prisión.

A Higui no la prepararon sus abogadas defensoras para que declare.

Gabriela Conder le recomendó todo el tiempo: “Higui, vos decí la verdad”.

No había nada que agregar. La preparación la hizo Raquel Disenfeld, para que Higui pierda el miedo, pueda enfrentar las pesadillas y los flashbacks que le revivían el ataque feroz que sufrió a manos de aquellos hombres, supere los calambres en el estómago que le provocaba la situación de tener que enfrentar un juicio. Todo con ejercicios de relajación. En los momentos de cuarto intermedio en la sala, podía verse a la licenciada Disenfeld pasar sus manos cerca de Higui y hablándole para que esté tranquila y entera. Higui siempre estuvo durante el juicio con su pelota de fútbol, debajo del escritorio de la defensa o entre sus manos.

El fin de semana previo se realizó la única reunión del equipo de defensa de Higui. No fue necesario urdir nada,

Higui, vos decí la verdad” (Feminismo / Higui · 07

ecí la verdad” sencillamente porque Higui iba a contar lo que le hicieron esos hombres.

Los testigos de Higui eran solamente de concepto y para contextualizar su estado psíquico. En la reunión, Higui cocinó para todas junto con otra compañera, y luego se fue a dormir la siesta para no estresarse escuchando cómo sus abogadas, Gabriela Conder y Claudia Spatocco, preparaban los últimos detalles de la defensa.

Como cierre de la jornada, Disenfeld aplicó una de sus técnicas de trabajo colectivo, que consiste en la organización de un aquelarre en un espacio verde y abierto. Esto es, formar una ronda entrelazándose de los hombros, para luego soltarse y arrojar simbólicamente en el centro todo aquello que se quiere alejar. El aquelarre es la antigua práctica de organización de las brujas que las feministas retomaron en el siglo XX. Ya lo hacían las feministas anarquistas durante la Revolución Española en 1936.

Aquel aquelarre fue todo lo contrario al ataque feroz que tuvo que padecer Higui y que le habría costado la vida de no atinar a defenderse con su cuchillo de jardinera. Fue un aquelarre de amor, de lucha y de compañerismo.

Fue una fuerza de amor colectivo la que liberó a Higui. La asamblea lesbifeminista y transfeminista Absolución para Higui en las calles de San Martín, alentando a Higui con cantos amorosos, compartiendo la comida en forma comunitaria, la música, la posibilidad de hablar y expresarse libremente a través de una radio abierta. En un clima de amistad y compañerismo que jamás se ve en los espacios donde se disputa poder.

Por las ventanas abiertas del Palacio de Tribunales de San Martín entran los cantos de las pibas, los pibes y les pibis: … y vas a ver, las brujas que vos quemaste van a volver.

La psicóloga Raquel Elena Disenfeld fue llamada como testigo por la fiscalía, para aclarar algunos puntos de la pericia que presentó.

“Conocí a Analía Eva De Jesús el 30 de junio de 2017, soy su psicóloga, la atiendo desde entonces. El tratamiento consiste en perspectiva de género.

Trabajo con psicotrauma y técnicas de recuperación de trauma, a nivel de la autoestima”.

La fiscal Tricarico le pregunta si la imputada le habló sobre el hecho por el que se la juzga.

“Higui comunicó la escena que vivió.

Después de los abusos que sufrió se dijo ‘nunca más voy a sufrir abusos’.

Higui decía ‘nunca tuve intención de

dejar a un pibe sin padre’”.

La abogada defensora Claudia Spatocco le pregunta a Raquel Disenfeld si Higui fue discriminada por lesbiana.

“Se sentía muy culpable en la iglesia.

En un momento buscó tener novio porque se sentía mal. La psiquiatra que la peritó le preguntó si la llamaba señora o señorita. Higui contestó que nunca la habían llamado así, que siempre la llamaban ‘lesbiana de mierda’”.

TORQUEMADA MODELO 2016 La persecución del fiscal de San Martín Germán Weigel Muñoz, que inició la causa contra Eva Analía de Jesús, “Higui”, no puede sino traernos el recuerdo de los inquisidores dominicos que sometían a proceso a mujeres campesinas. La pesadilla de Higui en manos de este Torquemada laico comenzó el Día de la Madre de 2016. A las 22.30 de aquel día, una muchacha lesbiana apodada Higui mató a uno de los cuatro hombres que intentaron violarla y asesinarla a patadas contra el tejido de alambre de un pasillo tenebroso. Detrás de estos hombres, venían otros anunciando a gritos “te vamos a hacer mujer, forra, lesbiana”.

Higui De Jesús no tuvo el final de Fernando Báez Sosa porque atinó a sacar su cuchillo de jardinera del corpiño deportivo y le hizo un puntazo en el pecho, no muy profundo, a uno de sus agresores, al que tenía encima de ella.

Higui se defendió cuando le bajaron el pantalón, le rompieron el bóxer y escuchó que “me iban a hacer algo con un palo”.

Pero para la mirada inquisitorial de Germán Weigel Muñoz, Higui era una asesina a sangre fría que, sin mediar palabra ni hecho, salió de la casa de Yrurtía 1136 y le clavó un puntazo mortal recto a corazón a Cristian Espósito.

Higui, quien mide 1,50 de estatura, era un demonio capaz de dar una puñalada recta al pecho a un hombre de más de 1,70 porque sí. Para cualquier mortal es claro que a cualquier persona de 1,50 le resulta imposible clavarle un puntazo que recto al corazón a un hombre de más de 1,70, estando parados uno frente a otro.

Weigel Muñoz urdió una maquinaria de mentiras tomando los testimonios de hombres y mujeres de la familia Recalde-Espósito. Fueron hombres de esa familia quienes atacaron a Higui.

Y no ordenó peritar el pasillo y el patiecito contiguo a ese pasillo, ni la remera ensangrentada de Higui. Con lo cual le resultó sencillo a la familia Recalde-Espósito ubicar el ataque en la

calle, adonde movieron el cuerpo del hombre al que mató Higui para defenderse. La calle Yrurtía a esa altura es muy transitada , hay muchos kioscos, que en una noche festiva habilitaban mucho movimiento. La fiscal no pudo conseguir un solo testigo fuera de la familia Recalde-Espósito, que declarase que Higui había matado a un hombre en la calle a la vista de todos.

El juicio comenzó el martes 15 pasado en el Palacio de Tribunales de San Martín. Duró tres días. Higui debió soportar los intentos de la fiscal Liliana Tricarico para desestabilizarla emocionalmente y que no declare. La fiscal sabía que tenía un caso armado con mentiras que ni un niño de 8 que entrena artes marciales podría creer.

Su único testigo presencial dijo que Higui le pasó el cuchillo por sobre el hombro y le clavó dos puntazos mortales a su amigo Cristian Espósito. Y que Cristian reaccionó y le pegó un gancho de derecha a la mandíbula a Higui. La médica autopsiante Alejandra Sartor declaró que se trató una única puñalada recta que ingresó apenas tres centímetros y dio justo en el miocardio. Y que un hombre con semejante herida es incapaz de realizar cualquier actividad porque entra de inmediato en shock hipovolémico.

La fiscal Liliana Tricarico, más allá de haber presentado un único testigo que relató que Higui puede realizar el prodigio de estirar su brazo derecho a una distancia de casi el triple de su alcance de brazos, y doblarlo sinuosamente hacia abajo para acertar dos veces al corazón de Cristian Espósito, advirtió que su caso se hundía irremediablemente si declaraba Higui.

Para derrumbar emocionalmente a Higui pidió que en la última audiencia declare la policía que la llevó detenida y la hizo relatar con todos los detalles las condiciones de higiene y el grado de embriaguez en que se encontraba Higui cuando la subió al patrullero.

Cualquiera se sentiría avergonzado si se expusieran sus debilidades fisiológicas ante todo el público. Imagínese si la persona expuesta es una lesbiana masculina, de condición humilde y con estrés postraumático por el intento de violación grupal y la golpiza a patadas que casi le cuesta la vida. Y no solamente eso, Liliana Tricarico intencionalmente se paró casi junto a Higui y levantó con sus manos sin guantes el pantalón de Boca que Higui llevaba aquella noche, y que sacó del revoltijo de una bolsa celeste de residuos donde estaba guardada -toda mezclada y medio envuelta con papeles-, cada ropa de la imputada, que en realidad era la

víctima de un ataque sexual brutal y no la victimaria.

Higui se quebró en llanto cuando la psicóloga Claudia Echeverría, que le realizó la pericia oficial, dijo “ella no miente”. En realidad no fue la exposición de la psicóloga lo que la desestabilizó. Fueron la exposición de la policía y la exhibición del pantalón que la fiscal preparó para que Higui no declare. Podría pensarse que no fue intencional. Pero la fiscal Tricarico no tuvo mejor idea que acercarse a la abogada defensora Gabriela Conder, para pedirle que “no revictimice a su defendida” (haciéndola declarar). “Chiqui” Conder le respondió: “La que victimiza a mi defendida es usted”.

Con la presencia de la psicóloga Raquel Disenfeld en la sala, Higui pudo declarar y explicarles a los jueces, mientras sostenía su pelota de fútbol, como al menos cuatro hombres la rodearon por la espalda y la tiraron al piso contra el alambrado del pasillo de la vivienda de la calle Yrurtía, la molieron a patadas en todo el cuerpo, especialmente en la cabeza, y le tiraron del pantalón “mientras decían de hacerme algo con un palo”.

“No me siento incómoda con ustedes (se refiere Higui a los jueces del Tribunal). Porque ustedes no me hicieron nada. Les explicó cómo fue: patadas patadas patadas, manotazo, agarre de pantalón, yo saqué (el cuchillo) para hacer hacer así para alejarlos (muestra tres barridas hacia un lado y hacia el otro con el cuchillo). Sentí muchos golpes y quería salir de esa situación.

Yo estaba en (el Destacamento) de San Martín cuando me enteré de que el pibito murió. Ahí empecé a contar.

Nosotras no hablamos con la policía porque siempre sufrimos violencia mi hermana travesti y yo. En la comisaría me decían ‘¿quién te va a querer violar a vos, gorda?’. Los policías iban y me pateaban las rejas. Me trajeron un papel para que firme. Es mentira que me cuidaban”.

Los jueces Julián Descalzo, Gustavo Alfredo Varvello y Germán Adolfo Saint Martin (Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Martín) escucharon el testimonio de Higui y la absolvieron. Se terminaron los tiempos de la Inquisición. Ahora falta que expulsen del Poder Judicial a los fiscales que actuaron como los “perros de Dios” del siglo XX. “Perros de Dios” era el apodo con el que se conocía a los inquisidores dominicos dentro de la Iglesia católica.

Y también sería necesario que los calabozos bonaerenses dejaran de parecerse a las mazmorras de la Inquisición.

08 · Feminismo / Visibilidad lésbica

Marzo 2022

Historia de vida

Pepa Gaitán, “torta” y militante social El 7 de marzo se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica en memoria de Pepa Gaitán. Yamila, su hermana, cuenta la historia de su comedor y de la militancia social de la Pepa.

Texto: Adriana Carrasco

M

ilitante social, lesbiana “chonga” simpática y seductora, hincha de Belgrano de Córdoba, a Pepa Gaitán la fusilaron por andar por la vida con la frente en alto y sin ocultar su condición de “torta”. Fue el 7 de marzo de 2010 y en su memoria se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica en la Argentina.

La familia de Pepa fundó el comedor comunitario Lucía Pía en Barrio Parque Liceo de Córdoba Capital, un espacio con guardería, talleres y copa de leche. Sus padres consiguieron que el barrio tenga tres escuelas, dispensario, asfalto y cordones cuneta. De aquella familia solo queda en pie sosteniendo el comedor, Yamila Gaitán, hermana menor de la Pepa.

En todo el país se recuerda a la lesbiana asesinada por el padrastro de su novia, incluso en actos oficiales.

Pero pocos recuerdan el carácter de militante social de la Pepa, que este año cumpliría 40 años si no le hubieran arrancado la vida. El comedor era su realidad de todos los días, junto con sus novias, su moto Enduro verde y Belgrano de Córdoba.

La Pepa hacía lo mismo que los militantes populares de los barrios en la década de 1970. Recolectaba mercadería y la llevaba a las villas para repartir entre la gente que precisaba. Su función principal en Lucía Pía era dirigir la actividad física de niños y niñas, que la llamaban “Seño Pepa”.

“Si tenía un sánguche y veía a un chiquito pidiendo en la calle, se lo daba”, la retrata su hermana Yamila.

Esa solidaridad hacia quienes tenían menos que ella, la llevó a conocer a Daniel Torres, quien tiempo después iba a ser su asesino. Yamila Gaitán cuenta que “Torres la traicionó a Pepa, que era su amiga. Mi hermana le daba de comer a toda esa familia. Un día Pepa le pregunta a mi mamá: ‘¿qué te parece si Daniel viene a trabajar al comedor?’

Había que hacer un arco de fútbol para que los chicos y las chicas jueguen a la pelota, y este hombre sabía albañilería.

Pepa le compró las herramientas para que pueda trabajar por su cuenta. Después Pepa se enamoró de Dayana (la hijastra de Torres). La mujer de él también se enamoró de Pepa y es la que le empieza a picar los sesos a Daniel”.

Torres tenía una escopeta en su casa, detrás de la puerta. El 6 de marzo de 2010 pasan por la puerta en la moto Enduro, la Pepa y su amiga Gabriela. Salen a la calle Torres y su esposa, que le grita al hombre que saque la escopeta y les tire. Eso hizo el albañil del comedor. Sacó la escopeta, apuntó y asesinó a Pepa de un disparo a quemarropa.

La ambulancia tarda mucho en llegar y Pepa fallece el 7 de marzo a raíz de las

heridas causadas por los perdigones.

Así fueron las cosas.

El comedor siguió adelante sin la Pepa. En un juicio donde la defensa de Torres llegó a plantear que la Pepa no podía ser víctima porque era “corpulenta”, el asesino fue condenado a 14 años de prisión por homicidio simple.

La madre de Pepa, Graciela Vázquez, falleció en 2018. La pena por la falta de su hija le fue mellando la salud. Al frente del comedor quedó Yamila.

Al día de hoy, la situación del comedor Lucía Pía es crítica. Yamila Gaitán dice a El Grito del Sur que “desde septiembre no le bajan al comedor Lucía Pía ni un bolsón de alimentos. Ni un aceite ni una harina. Hace cinco años nuestra madre firmó un convenio con la provincia para que le hagan el piso al comedor. Todavía estamos esperando que cumplan. Tenemos una carpeta de cemento, no se puede baldear ni desinfectar de manera adecuada, los chicos no pueden gatear porque se lastiman las rodillas”.

El último desembolso que el comedor recibió del Estado fue de 15 mil pesos en diciembre. Con ese dinero hicieron magia para comprar garrafas.

Desde Desarrollo Social de la provincia de Córdoba le dicen a Yamila que no

hay recursos. Con 29 años y dos hijos, Yamila carga sobre sus hombros la responsabilidad de continuar con el comedor. “No voy a bajar los brazos”, declara.

Sostiene el comedor con donaciones de alimentos secos de comerciantes del barrio y todos los que colaboran en el lugar ponen de sus bolsillos para comprar cajones de pata-muslo de pollo o carne picada. La sala cuna recibe un litro de leche en polvo por mes por cada niño. Concurren 75 niños y hasta setiembre podían comer 200 adultos familiares de los chicos. Desde que dejaron de recibir los bolsones de alimentos de Nación, ya no pueden darles de comer a las personas mayores. También asistían con viandas a vecinos en situación de indigencia, pero tuvieron que interrumpirlo.

Durante la cuarentena en 2020, mientras el comedor y la sala cuna estuvieron cerrados, personas violentas lo ocuparon y cuando 7 meses después les llegó la orden de desalojo, destrozaron todo. “Nos dejaron las paredes peladas. Nos sacaron los inodoros, las térmicas, los juegos de los chicos, ollas, cocina y heladera, y reventaron el portón. Tuvimos que arreglar todo”, explica Yamila. “Por desgracia tengo

que decir que fueron familiares nuestros con problemas de adicciones, con mucha bronca hacia el trabajo social que hacemos”. Tuvieron que empezar de cero.

El comedor de las Gaitán está ubicado en Bartolomé Hidalgo 1200, de Barrio Parque Liceo, Córdoba Capital.

Asisten niñas y niños de Liceo secciones 1ª, 2ª y 3ª.

En el Día de la Visibilidad Lésbica, Yamila Gaitán dice que a “Pepa tenemos que recordarla con alegría. Y siempre la llamamos Pepa, porque ella permitía solamente a nuestra madre que la llamara Natalia. Este año pedí que hagan un torneo de fútbol para celebrar su vida”.

De esta manera, en Córdoba Capital – Barrio Parque Liceo II se recordó a Pepa Gaitán con un campeonato de fútbol femenino y torteril, una jornada organizada por Alerta Torta y El Deleite de los Cuerpos con radio abierta, batucada y un mural-homenaje. Y Yamila Gaitán reiteró el pedido de asistencia de Nación y de provincia de Córdoba para el comedor Lucía Pía.

Marzo 2022

· 09

10 · FMI / Economía popular

Diferencias entre las organizaciones

Los movimientos populares y el FMI: un gran debate para un gran mal

Hasta no hace mucho enfrentaban todos juntos al FMI, incluso a los piedrazos. Ahora, los movimientos populares forman parte de la discusión institucional respecto del acuerdo que impulsa el Gobierno. Qué piensan el Evita, la CCC, el MTE y otras organizaciones.

Texto: Laura Vales

E

n el 2001 la militancia nacional y popular la tenía clara: al FMI se le tiraban piedras. ¿Llegaba una misión del Fondo?

Había un escrache. Cuando Bill Clinton vino a Buenos Aires invitado por Carlos Menem (la noche terminó con 206 detenidos), una columna de cuatro

cuadras fue a repudiarlo con banderas de “Fuera Clinton y el FMI”.

Hoy no es tan fácil.

Para los movimientos populares -con excepción de los vinculados a la izquierda, claro-, este acuerdo con el organismo internacional obliga a preguntarse por el rumbo y a repensar estrategias. En el movimiento nacional (incluida lo que hoy es su expresión territorial más fuerte, la UTEP) lo están

haciendo con posturas diferenciadas.

ADENTRO Y AFUERA Alineado con Alberto Fernández, el Movimiento Evita respalda la firma del acuerdo, con una decisión pragmática.

En el debate el Evita se paró así del lado de adentro del Congreso, aunque sus referentes (Emilio Pérsico, Gildo Onorato) no piensan en aparecer por el recinto para ofrecer mansamente su cabeza a una foto.

La presencia de los movimientos populares estaba anunciada para el tratamiento en comisiones. Por eso se especuló sobre quiénes concurrirían; pero finalmente ningún referente territorial del Evita apareció. Lo mismo se aplica a Somos Barrios de Pie: su figura más pública, Daniel Menéndez, tampoco estuvo entre los expositores en el plenario de las Comisiones de

Diputados que debaten el acuerdo, como en cambio sí participaron representantes de PyMes y del movimiento cooperativo.

La CCC eligió el lado de afuera, el de la calle, y marchó contra el proyecto.

Así, se sumó a la marcha contra el FMI convocada por la CTA Autónoma.

No fue novedoso: durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, la Corriente Clasista y Combativa fue parte de la oposición, la CTAA también y las dos compartieron planes de lucha.

Hay años de recorrido en común antes de que se acercaran al Frente de Todos.

En cambio, sí es nuevo que la Unión de Trabajadores de la Tierra haya decidido ir a la movilización. Como organización, con sus Verdurazos, la UTT se hizo visible en la protesta callejera, pero no estamos acostumbrados a verla a marchar contra el FMI. La razón es que nació en 2010, cuando

FMI / Economía popular · 11 el Fondo no tenía injerencia sobre la Argentina. Tras el pago de la deuda que hizo Néstor Kirchner en 2006, el Fondo estuvo fuera de escena hasta que Macri lo volvió a traer en 2018.

Juan Grabois y el Frente Patria Grande (al que pertenecen las organizaciones MTE, el Frente Darío Santillán y Nuestramérica) hicieron el gesto más disruptivo entre los movimientos del campo popular. Anunciaron que sus tres diputados no votarán a favor del acuerdo con el FMI. Contra los argumentos de que el acuerdo con el Fondo permitirá a la economía argentina crecer y así pagar, salir del pozo y mejorar el empleo, Grabois señaló que si no se resuelven los problemas reales de los argentinos (techo, trabajo y tierra) “lo único que va a crecer es el neofascismo”.

ARGUMENTOS ¿Cuál es el piso de esta nota, el sostén en el que está apoyada? La noción de que los movimientos populares son producto del orden neoliberal. Nacieron del neoliberalismo. Si existen y permanecen a pesar del paso de las décadas y los gobiernos no es por el gusto de cortar calles o pedir planes sociales, sino porque Argentina tiene 12 millones de trabajadores y trabajadoras sin patrón visible: la mitad lo hace en la informalidad o en el cuentapropismo. Y esto es a consecuencia de un proceso de deterioro del mercado laboral que se inició en el ‘76, cuando la Dictadura vino a imponer un orden -el neoliberal- que, en lo más estructural, los gobiernos democráticos nunca revirtieron.

Tenemos una economía periférica, dependiente, desregulada, extranje-

rizada. ¿Qué horizonte le abre este acuerdo con el FMI a los excluidos del mercado de trabajo?

Los argumentos del Movimiento Evita: “Es un acuerdo que genera un plazo de tiempo para que el crecimiento económico impacte en la redistribución.

Nos da una posibilidad de estabilizar la economía, es una ventana de tiempo para mejorar todos los indicadores sociales. Esa estabilidad es exigida también por los más pobres porque hace 20 años que venimos de crisis en crisis, y cada crisis empeoró las condiciones de los sectores populares”, dice Gildo Onorato. Sus ejes: ganar tiempo y mejorar la distribución.

Grabois no lo comparte. Sí la necesidad de ganar tiempo, pero no el pronóstico esperanzado de que el gobierno va tener las manos sueltas para impulsar un crecimiento con inclusión.

La lectura que hacen en el MTE, el Frente Darío Santillán y Nuestramérica fue expresada en un documento.

“La apelación al pragmatismo a veces resulta lamentable. La mayoría aquí somos pragmáticos: tenemos que ser prácticos para enfrentar los problemas de los espacios donde luchamos cotidianamente: los barrios, las cooperativas, la ruralidad pobre, las universidades, las escuelas y hospitales. A veces, desde el centro de poder, se confunde pragmatismo con una adaptación mediocre al status quo, la pérdida de creatividad y de pensamiento propio”, plantearon allí.

El texto agrega: “Somos pragmáticos.

Planteamos la adopción del salario básico universal como una medida para mitigar los daños del acuerdo en la población más vulnerable, eliminando la indigencia y reduciendo fuertemente la pobreza. Estuvimos dispuestos inclu-

so a reconsiderar nuestra posición si el acuerdo era sin hambre. Nada de eso fue evaluado”. ¿Quién más queda en el campo de las organizaciones populares? De los no mencionados hasta ahora, algunos movimientos históricos como el de Fábricas Recuperadas. Su titular, Eduardo Murúa -el Vasco- fue denunciante de la deuda externa ante la Justicia. Hoy dice: “Pensar la deuda significa entender cómo funciona el Departamento de Estado norteamericano, que partir de saber que el gobierno macrista perdía las elecciones mandó a su aparato paraestatal, el JP Morgan, a iniciar la fuga, a la vez que esperaban a (el entonces ministro de Economía, Nicolás) Dujovne con los papeles listos para otorgar más deuda que serviría, como sirve hoy, para condicionar a nuestro gobierno”.

“Pensar la deuda es pensar en el peor error de la historia del pueblo argentino, que fue votar al enemigo para que lo gobierne. Pensar la deuda es confiar en que a pesar de los condicionamientos de este acuerdo, que condicionará el crecimiento, el pueblo y los dirigentes vamos a estar a la altura de, por lo menos, resolver la distribución de la riqueza”.

Eduardo Montes, de la Fetraes, ve en cambio “una lamentable contradicción” entre el acuerdo con el FMI y las urgencias sociales de la Argentina.

“La deuda fue fugada por los mismos de siempre. Se corresponde con una visión de país para unos pocos. Y, en ese sentido, es opuesta a los intereses de la clase trabajadora”.

Esta es la foto de hoy, marzo de 2022.

El acuerdo con el FMI, claro, es de una implicancia tan enorme que su debate no va a terminar en la aprobación o rechazo del Congreso. Va a salir del

recinto y a movernos el piso. Que la foto permanezca así por mucho tiempo es, de todos los pronósticos posibles, el que menos se puede esperar.

OTROS TESTIMONIOS ¿Qué dicen en la CCC? “No voy a militar un nuevo ajuste para el pueblo, me estaría contradiciendo con lo que siempre he luchado”, plantea Juan Carlos Alderete. Figura histórica de la Corriente Clasista y Combativa, Alderete es diputado nacional del Frente de Todos. “No nos podemos callar la boca con esto, porque encima está la oposición que nos dice qué tenemos que hacer cuando son responsables del endeudamiento. Juegan a la crisis y quieren voltear al gobierno” Agustín Suárez, vocero de la UTT: “La Argentina va a quedar condicionada por una o dos décadas. La situación social es compleja y la situación política también. Nosotros creemos que en la salida de la pandemia lo primero que hay que hacer es contener a la población y el pago de la deuda tiene que estar atado a saber qué es lo que pasó con la otorgación del crédito durante el gobierno de Macri, antes de refinanciarla”.

Que la tortilla se vuelva Texto: El Grito del Sur

P

ara el INDEC, en febrero los alimentos subieron un 7,5 por ciento. Un relevamiento en comercios de cercanía del conurbano arrojó una suba de casi el 10. Récord absoluto, superado únicamente durante la híper alfonsinista.

En ese contexto, aún más grave que los números del INDEC fueron los que arrojó el relevamiento que todos los meses realiza el Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) en los comercios de cercanía del conur-

bano. El aumento fue del 9,8 por ciento.

Desagregado: el rubro de frutas y verduras encabezó las subas con un 10,37 por ciento, mientras que los productos de almacén se incrementaron 9,66, y las carnes, un 9,7 por ciento. Esos números son el resultado de un relevamiento a lo largo de 650 comercios de cercanía en 20 distritos de la Provincia.

Según el ISEPCi, una familia de dos personas adultas y dos hijos pequeños en enero necesitaba $33,685.25 para cubrir sus alimentos indispensables durante treinta días; en febrero, requirió $36,986.91. Este mes, el Salario

Mínimo está por debajo de ese número, a la espera de un posible aumento que podría definirse en la mesa que comparten empresarios y dirigentes de la CGT. “En los últimos tiempos el oficialismo agita fuertemente las banderas de la “multicausalidad”; en algunos casos con una descripción más o menos detallada de cuales serían los componentes de esa multiplicidad de causas, es decir: estructura productiva primarizada y poco diversificada; desmedidas expectativas inflacionarias en la población; emisión monetaria por encima del crecimiento de la economía real; tipo de cambio volátil; estructura

de producción y comercialización altamente concentradas”, dijo Isaac Rudnik, director de ISEPCi. “Todas ellas ciertas, pero sin el indispensable agregado de propuestas para intentar encaminar los problemas en el corto y mediano plazo. Por lo que estas argumentaciones suenan más a mensaje avisando que la inflación va continuar sin tregua, que a un anuncio de que empiezan a tomar algunas de las cartas de este espinoso asunto”, agregó.

12 · Feminismo / Activismo gorde

Opinión

¿Qué pasa con la salud mental de las personas gordas?

"Pedir que nos vean más allá de nuestro peso y volver a remarcar que no existe un número máximo que marque la balanza donde dejamos de ser personas que merecemos respeto". Jimena Carol y Brenda Mato reflexionan sobre la salud mental de las personas gordas.

Texto: Jimena Carol y Brenda Mato

A

“ migas, perdón, pero hoy creo que no voy. Todavía no me siento bien como para estar entre tanta gente, me da un ataque de pánico y qué hago? Mi psicóloga me dijo que ante todo auto cuidado”.

Marcas y logos se hacen eco: Marzo es el mes de la mujer. Entre calendarios con dibujos, mándalas violetas y agendas rosadas podemos hacer una especie de “friendly reminder”, un asterisco para recordar, que 1 de 3 argentines atraviesan trastornos mentales en algún momento de su vida y que muchas veces no se sientan como para estar en las calles no debería ser excusa válida para borrar de un plumazo sus reivindicaciones.

La pregunta es: ¿Por qué las mujeres son en su mayoría las que conviven con trastornos mentales? La sensación sobre esto, es simple: son ellas las más violentadas en un mundo capitalista y patriarcal donde la violencia, que tiene infinidad de formas, algunas más obvias que otras y muchos hilos casi imperceptibles, accionan y afectan.

La violencia se sirve como en la carta de un restaurante, hay de diferentes tipos, temperaturas y sobre todo, no es para todas por igual el impacto; si algo aprendimos en estos años es la existencia de la interseccionalidad y los privilegios.

En ese sentido cabe preguntarse: ¿cómo acciona ese sistema que violenta los cuerpos, y elige a cuáles trata como si deberían extinguirse? ¿Qué pasa con la salud mental de las personas gordas?

Algo que siempre nos resulta llamativo es que cuando se habla de las consecuencias de la “obesidad” se menciona que te genera depresión y ansiedad, básicamente dice que las personas gordas terminan deprimidas por ser gordas y, una vez más, el neoliberalismo nos hace creer que todo lo que nos pasa es nuestra culpa.

Cuando se ejecutan ese tipo de certezas se está perdiendo el resto del panorama: el problema con los cuerpos gordos no es personal, no es de cada quien con su propio cuerpo, es un problema social.

El que sientan que su cuerpo no sirve, no es válido y tiene que ser modificado, no es una idea que nace de cada individuo. Que el mensaje sea “combatir” y siempre estar en contra de la existencia de las corporalidades gordas se traduce en una violencia sistemática y estructural que atraviesa todos los espacios. Desde la imposibilidad de elegir cómo vestirse y usar “lo que hay” casi como un descarte, de no entrar en los asientos de los espacios públicos como cines o transportes, hacer un escaneo de cada silla que ofrecen los

restaurantes antes de decidir si queremos o no comer allí y hasta ser rechazados constantemente en el sistema de salud, si, ese sistema del que les exigen constantemente formar parte.

La salud cumple un rol fundamental a la hora de pensar a las femineidades, y sobre todo las femineidades gordas; en nombre de la salud física somos bombardeadas, maltratadas, violentadas, aisladas, y nuestra salud mental recibe todo eso. La ecuación directa nos resume este panorama: en nombre de la salud física, las personas gordas son violentadas constantemente e imposibilitadas de vivir una vida con

bienestar, mientras que la sociedad hace de cuenta que la salud mental es un eje insignificante, porque claro, no es visible.

Y esto que nos pasa no se soluciona con “amor propio”. ¿Cómo me amo si constantemente me están diciendo que todo lo que hago y lo que soy está mal?

Es imposible construir una autoestima sana en este contexto, es imposible gozar de buena salud si constantemente se atenta contra ella.

Salir a la calle encolumnades con el reclamo de la despatologización, es pedir que nos vean más allá de nuestro peso y volver a remarcar que no existe

un número máximo que marque la balanza donde dejamos de ser personas que merecemos respeto y un trato digno. También nos recuerda que la salida de todo esto que nos pasa es colectiva y que necesitamos ir juntes creando nuevos caminos y reclamando políticas publicas que mejoren la vida de las personas. Existimos y tenemos derecho a una vida plena independientemente del tamaño de nuestro cuerpo.

Somos visibles y nuestros reclamos deben ser escuchados en todas sus formas. En las calles o fuera de éstas.

“Hoy nadie está buscando a Tehuel” H

ace 365 días que Tehuel de la Torre desapareció cuando salió de su casa para ir a una entrevista de trabajo. Este último 8M se incluyó en el documento de las organizaciones el pedido por la aparición del joven trans de 20 años, mientras que en la causa judicial se cerraba la etapa de instrucción y se espera que sea elevada a juicio.

“Si hoy nos hacemos la pregunta de quién está buscando a Tehuel, la respuesta es nadie porque nadie tiene la responsabilidad de su búsqueda realmente a cargo”, dijo

a El Grito del Sur Ximena Tordini, directora de Comunicación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y autora de “Desaparecidos y desaparecidas en la Argentina contemporánea”.

Tordini señaló que a Tehuel se dejó de buscarlo porque “la causa está con pedido de elevación a juicio, es decir que es una causa que su instrucción se presenta como terminada y eso queda en una situación judicial a la espera de que se decida si esa causa va a juicio o no”.

En noviembre del año pasado,

el juez de la causa, Martín Rizzo, cambió la carátula del caso que era investigado como “averiguación de paradero” a «homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género” después de un pedido de la fiscal Karina Guyot, ya que creen que el asesinato es la hipótesis más firme. Los únicos dos imputados son Alberto Ramos -quien había ofrecido a Tehuel un trabajo y en su casa se encontraron restos de ADN del joven- y Oscar Alfredo Montes.